Por Juan Bolívar Díaz
Con la vuelta al poder después de 14 años en la oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) afronta el reto de responder a las expectativas de cambios y justicia social que ha encarnado a lo largo de las últimas cuatro décadas.
La primera prueba para los perredeistas será demostrar que son capaces de controlar ímpetus y ambiciones grupales, asumiendo las lecciones de su paso por el poder en el período 1978-86, para actuar con coherencia y eficiencia empujando el país hacia el progreso y el desarrollo.
Esta vez el perredeismo no tendrá el mínimo pretexto para no cumplir sus compromisos históricos, ya que los electores le han dado una amplia mayoría en los poderes legislativo y municipal y un claro mandato presidencial con la mitad de los votos, y asumirá el poder en un contexto internacional favorable.
Arraigo histórico
Los resultados de los comicios del mes pasado han relevado nuevamente el profundo arraigo nacional del partido blanco, fundado en el exilio antitrujillista hace 61 años y vigente en el país desde 1961. Se trató de la quinta victoria electoral del PRD, casi todas con más de la mitad de los votos. Así ocurrió en las elecciones generales de 1962 y 1978 y en las legislativas y municipales de 1998. Esta vez quedó apenas a 13 centésimas (4 mil votos) del 50 ciento del sufragio. En 1982 consiguió el 47 por ciento.
El partido blanco es la organización política de más larga vigencia en la historia dominicana, y también la de mayor infortunio, habiendo sido víctima de un golpe de Estado y una intervención militar norteamericana, del suicidio de un presidente en ejercicio, de varias divisiones, incluso protagonizadas por dos de sus mayores líderes. Es la única que ha tenido un expresidente democrático preso y hace apenas dos años sobrevive con éxito a la muerte prematura de su gran líder José Francisco Peña Gómez.
Sólo en 1963 alcanzó el PRD el poder con mayor proporción que ahora, (59 apor ciento de los votos) pero entonces en condiciones mucho más adversas, cuando la región caribeña se convertía en campo de batalla fundamental de la guerra fría, con un ejército trujillista y una nación sin la mínima institucionalidad democrática, lo que determinaría el golpe de Estado acaecido 7 meses después.
Aunque en 1978 ganó los comicios con más de la mitad de los sufragios, le fue amputada la mayoría congresional con el despojo de 4 senadores lo que dejó en manos del balaguerismo el control de la justicia, de la cámara de cuentas, y de la elección de la Junta Central Electoral.
Pese a todo eso el gobierno que encabezó don Antonio Guzmán es recordado como uno de los mejores que ha tenido el país, básicamente por haber realizado importantes cambios políticos que dieron fundamento al proceso democrático, institucionalizando las fuerzas armadas y poniendo fin a la persecución política.
Le tocó gobernar al perredeismo en el último tramo de la guerra fría y uno de los peores períodos de la economía mundial que en América Latina se recuerda como la “década perdida”. Para el país se tradujo en petróleo por encima de 30 dólares el barril, caída de los precios de las exportaciones de las que dependía enteramente la nación, endeudamiento externo y luego tasas e interés que pasaron por encima del 20 por ciento.
El gobierno de Salvador Jorge Blanco y el perredeismo fueron víctimas de los graves desequilibrios derivados de la crisis económica y de los consiguientes ajustes impuestos por los organismos internacionales, a lo que se sumó un proceso de extensas luchas internas y divisiones, así como expresiones de la corrupción que generaron profundo malestar social.
Escenario más propicio
El PRD vuelve al poder el próximo 16 de agosto después de 14 años de oposición y cuatro tropiezos electorales, en un escenario más propicio que en las ocasiones anteriores, con un país más receptivo a los avances democráticos, más deseoso de cambios socioeconómicos y con una economía más diversificada y estable.
Con las cuatro quintas partes del senado y la mitad de los diputados, con el control de 95 de 115 municipios, el Poder Ejecutivo tendrá las mayores oportunidades de concretar sus programas , ahora con un Poder Judicial más transparente y libre y sin fuerzas armadas beligerantes. Tendrá como compensación otras fuerzas políticas más organizadas y una sociedad civil exigente del cumplimiento de los preceptos democráticos.
Teniendo gran parte del poder en sus manos, los perredeistas tendrán que responder ante la nación por el rumbo que impriman al proceso de desarrollo nacional. Ningún pretexto podrán invocar para no cumplir los compromisos que históricamente han invocado con la justicia social y la redención de las mayorías de los dominicanos marginados de la repartición del ingreso.
Si en 1978 las expectativas eran básicamente de cambios políticos, ahora lo son de reformas económicas y sociales que impliquen un efectivo combate a la pobreza y promoción de un desarrollo equitativo, con prioridades muy claramente delimitadas en todos los programas partidarios y en las agendas de consenso y de los organismos internacionales. Se detallan en inversión en la educación, salud, seguridad social, medio ambiente, acueductos, servicios sanitarios y de transporte, vivienda y energía.
Para justificarse como partido “de la esperanza nacional” el PRD tendrá que mostrar enormes capacidades para negociar consensos y concretar reformas económicas que eleven la presión tributaria y permitan disponer de los recursos que demanda el reordenamiento socioeconómico, sin provocar alarmas ni desequilibrios macroeconómicos.
El agrónomo Hipólito Mejía asumirá el gobierno con limitaciones derivadas de centenares de obras públicas a medio construir, con un enorme endeudamiento interno no cuantificado y con el precio del petróleo rondando los 30 dólares el barril, lo que amenaza con secar la fuente de ingresos del diferencial de precios de los combustibles que en 1998 aportó más de 6 mil millones de pesos.
El talón de Aquiles
Ganadas las elecciones, el presidente electo Hipólito Mejía ha formulado positivos pronunciamientos en pro de la unidad nacional, de un gobierno de reformas y equidad social, de respeto a la pluralidad política y otros aspectos fundamentales que incentivan el optimismo.
Se cree que tiene capacidad para formar un buen equipo de gobierno y para imprimirle suficiente energías creadoras, así como para profundizar el saneamiento de la gestión pública, instaurando el concurso, auspiciando mecanismos de control independientes y promoviendo la sanción de la corrupción.
Sin embargo, las mayores interrogantes giran en torno a la capacidad del Partido Revolucionario para actuar con eficiencia y cohesión y para mantener bajo control las ambiciones grupales que tanto daño hicieron en sus 8 años de gobierno.
El primer desafío para Hipólito Mejía consiste en asumir un liderazgo al interior del partido que impida el desbordamiento de las ambiciones de grupos y los escándalos desconcertantes, sin perredeizar al extremo la administración pública y manteniendo la austeridad en el gasto que ha prometido antes y después de los comicios.
Predomina aún en la política dominicana la concepción del Estado como botín de triunfadores y los perredeistas no han sido ninguna excepción al respecto. Millares de ellos se consideran con los máximos derechos sobre todo cuando recuerdan “los 14 años abajo”.
Por de pronto ya están dando un espectáculo con el sistema del “dos por dos”, mediante el cual más de 30 diputados, 2 senadores, 6 síndicos y 4 regidores se comprometieron a renunciar en la mitad de su período para dar paso a sustitutos, poniendo el reparto por encima de la representación. Ahora los apoltronados descubren que tal compromiso es violatorio del mandato de los electores, pero sólo por quedarse con el botín.
El perredeismo tendría que proscribir pronto esas prácticas no institucionales, si quiere dar fundamento al desarrollo nacional y al fortalecimiento democrático. Pero para ello lo más pioritario sería institucionalizar el propio partido, procediendo a elegir sus dirigentes en todos los niveles, desde los comités de base hasta la presidencial del partido.
Hace un año, cuando eligieron a Mejía candidato presidencial, éste se vio forzado a apelar al sistema de repartición para vencer las renuencias al dictamen democrático de las bases partidarias, aún cuando este fue tan claro que le confirieron casi las tres cuartas partes de los votos.
Acuerdos no institucionales llevaron a Hatuey de Camps a la presidencia y a la Rafael Subervío Bonilla a la secretaría general del partido. Se dijo que hasta julio de este año, cuando se convocaría a elección democrática. De esto no se ha vuelto a hablar, en unos casos por temor a destapar esa “caja de pandora” y en otras por conveniencia o por no correr riesgos de desplazamiento.
Un partido con serias dificultades para regirse democráticamente, para priorizar el interés general sobre el particular o grupal, para aceptar el dictamen de sus propios miembros, es una estructura débil para responder a los grandes retos que tiene por delante la nación.-