Las luces y sombras del Gobierno que termina

Por Juan Bolívar Díaz

            El gobierno del Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pasará a la historia como el de las “soluciones viales” y la apertura al exterior por haber concentrado gran parte de sus energías e inversiones en esos ámbitos, con una política económica que logró un importante crecimiento sobre el 7 por ciento anual.

            Habiendo registrado importantes éxitos, deja, sin embargo, una estela de frustraciones tras haber quedado atrapado entre el discurso de modernidad, transparencia y reformas que no acabaron de cuajar, y su pacto político con el pasado que lo llevó a reproducir prácticas autoritarias y corruptivas, y maniobras contra importantes instituciones.

            Un manejo político caracterizado por la pugnacidad, tráfico de influencia y ausencia de prioridades e improvisación en la inversión mancharon la gestión del doctor Fernández que desperdició la oportunidad de superar para siempre el legado trujillo-balaguerista.

Expectativas frustradas

            Cuando el tiempo permita pasar revista con mayor objetividad a la gestión gubernamental del cuatrienio que concluye, el balance será probablemente más positivo. Se avanzó en múltiples aspectos, y contra la opinión generalizada, se verá que la corrupción administrativa disminuyó proporcionalmente. Muchas más personas sirvieron al Estado con honradez y mayor eficiencia que en el pasado.

El problema es que eran tan altas las expectativas que había cultivado el PLD durante más de dos décadas de pretendido puritanismo, hasta el grado de considerarse superiores al pueblo dominicano, que las frustraciones predominan sobre los éxitos. Y la prepotencia que caracteriza al partido genera rechazos que llegan a ser irracionales.

           El gran fracaso del gobierno peledeista fue no haber transitado definitivamente por un “nuevo camino” y haberse quedado entrampado en la ilusión de mantener la gracia circunstancial de ese rey de la manipulación y la autocracia que ha sido Joaquín Balaguer. Peor aún el presidente Fernández pareció dedicado a reproducirlo, mostrándose más alumno de él que del profesor Juan Bosch.

            De ahí que prefiriera la varilla y el cemento urbano a cualquier prioridad, racionalidad y justicia, que renegara de sólidos principios democráticos en intentos por imponer el poder presidencialista y que consumiera enormes energías por crear condiciones para el continuismo, que esta vez siempre tuvo el paso cerrado.

            Así el espejismo balaguerista llevó al doctor Fernández a concentrar la inversión y a improvisar con grandes obras físicas, fuera de presupuesto, como pedestal para un nuevo reinado, concentradas en el Distrito Nacional y Santiago, frustrando las promesas de campaña, su propio programa de gobierno, los estudios y planes de desarrollo, y a costa de paralizar millares de obras iniciadas en el primer año, antes de que se impusiera la política de los “mega-proyectos”.

            La asignación de las obras públicas sin concurso, al igual que las compras fueron el vivero donde se mantuvo la corrupción estatal, a lo que se sumó la falta de fiscalización, vigilancia y sanción que generaron todo tipo de tráfico. Las compras de políticos, o de sus parientes, de legisladores, comunicadores y dirigentes comunitarios, así como del tigueraje barrial son también pruebas de la supervivencia de la política balaguerista que justificaba la corrupción como método de gobierno.

            El dispendio vehicular, en gastos de representación, viajes, remodelaciones de oficinas, facturas telefónicas y en la creación de millares de puestos bien remunerados, y la súbita prosperidad exhibida por muchos funcionarios dirigentes del partido, contribuyeron también al deterioro de la imagen del gobierno.

Los mayores logros

            Los mayores logros de la gestión fueron el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con tasas de crecimiento sobre el 7 por ciento, aunque relativizado por una desproporcionada deuda interna generadora de conflictos, y el mejoramiento de la administración pública y de los trámites burocráticos en general y la tecnología, con zonas de brillante eficiencia como Impuestos Internos.

            Las comisiones presidenciales para reforma y modernización del Estado, reforma del sector salud, de apoyo a la reforma judicial y para el desarrollo barrial y provincial implicaron todo un esfuerzo de modernidad, de análisis y estudios. En algunos casos se excedieron en seminarios, viajes y publicaciones, pero de todas formas dejan un legado positivo.

            El haber insertado el país en el mundo exterior, haciendo presencia en múltiples escenarios, abriendo más relaciones diplomáticas, con Cuba y países árabes, protagonizando en los organismos internacionales, con notable mejoramiento del personal en la cancillería, las embajadas y consulados fue de los puntos más luminosos del período. Aunque el presidente parece haberse excedido un poco en el número de viajes, el volumen de las delegaciones y el gasto, sobre todo en la etapa final.

            El inicio de la capitalización de las empresas estatales, dañado por la extrema precariedad energética y el enorme aumento del costo del petróleo, fue una de las principales reformas, llamada a rendir frutos en el futuro próximo. Los apagones financieros de la recta final son un baldón

            Otras zonas de éxitos fueron el mejoramiento y limpieza del ministerio público, con logros extraordinarios en el Distrito Nacional, la ampliación del desayuno escolar y el incentivo a la superación estudiantil.

            Mejoró la inversión en educación y salud, en relación a las pioridades balagueristas, pero se quedó muy corto de cara a las demandas nacionales y a las recomendaciones internacionales.

            El transporte público fue también mejorado, aunque el esfuerzo fue manchado por algunas de las operaciones más turbias de la administración en la adquisición, asignación y administración de autobuses y taxis. La Autoridad Metropolitana del Transporte fue un éxito, aunque luego el gobierno pareció abandonarla.

               Las soluciones viales, túneles, elevados, y ampliación y rehabilitación de avenidas y carreteras son obras valiosas, especialmente para las clases medias y altas, pero la improvisación, la falta de planificación y el tráfico las hicieron muy costosas, aparte de que se cuestiona si precedían a muchos acueductos, alcantarillados, escuelas, hospitales y otros servicios para la mitad de la población que vive en la pobreza.

Las grandes debilidades

            Para un crecimiento económico sostenido se imponía una mejor redistribución del ingreso. La peor falla de la gestión está en haber concentrado su inversión en las dos principales urbes y en obras para beneficio fundamental de las clases medias y altas. Careció de una real política de combate a la pobreza. Fuera de Santo Domingo y Santiago, lo que deja son más de un millar de pequeñas y medianas obras paralizadas.

            Es válido el cargo de haberse olvidado del campo, y hasta haber sido negligente en la ejecución de proyectos de desarrollo y de combate a la pobreza con financiamiento externo, en muchos casos por no disponer de la contrapartida dominicana.

            La falta de empeño en el combate a la corrupción manteniendo mecanismos de escape, el dispendio y el uso de recursos estatales en las campañas políticas y la compra de conciencia son del haber negativo del gobierno.

            Graves déficits se acumulan al régimen peledeista por las agresiones a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, con la violación sistemática de derechos humanos con cientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional.

La permanente hostilidad hacia el Congreso Nacional y compra de legisladores para quitar poder a la oposición, el arrebato de la Liga Municipal Dominicana, la confrontación agresiva frente a la Junta Central Electoral, y las manipulaciones para imponer una Cámara de Cuentas y un Instituto de Telecomunicaciones a conveniencia partidaria, conformaron una imagen negativa del gobierno.

Quebrantaron mucho su imagen la aprobación al vapor de aquella ley de contrareforma judicial que restauraba la elección de los jueces cada cuatro años, y las agresiones verbales contra la Suprema Corte de Justicia, a la que voceros y funcionarios gubernamentales llegaron a acusar de perredeista, pese al mérito del presidente Fernández en su conformación en el primer año del período.

Lo mismo los intentos de reformar la Constitución de la República, buscando restaurar la reelección presidencial que se acababa de prohibir en aras del avance democrático nacional.

Todo ello se tradujo en permanente enfrentamiento con la principal fuerza de oposición, con gran parte de la Sociedad Civil, con el segmento más institucionalista y prodemocrático de la comunicación social y hasta con organismos y poderes internacionales, lo que a su vez congeló las reformas pendientes de aprobación legislativa, sobre todo en la segunda mitad del período, cuando el principal partido de oposición ganó el control del 80 por ciento del Senado y más de la mitad de la Cámara de Diputados.

En los primeros dos años el PLD pudo haber pactado algunas reformas con los reformistas que le dieron el poder, puesto que sumaban más de la mitad de los legisladores, pero ni con ellos supieron negociar. Prefirieron la confrontación al PRD, en lo que se consumieron hasta el doble desastre comicial.-