Por Juan Bolívar Díaz
Sin eufemismos ni contemplaciones, la sociedad dominicana debe reclamar que se llegue hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de todo lo concerniente al llamado Programa de Evaluación Mínima de Empleo (PEME) que dirigía el ex-secretario de Estado Luis Incháusti, que contiene elementos verdaderamente escandalosos..
La lucha contra la corrupción administrativa en todas sus expresiones tiene que ser privilegiada como forma de saneamiento moral y de recuperar los cuantiosos recursos que cada año van a engrosar el patrimonio privado o son utilizados abusivamente en actividades partidistas.
Pero también es necesario dejar claramente establecido y sancionado el abuso de los recursos estatales, ya sean por el Poder Ejecutivo, las cámaras legislativas, los municipios o las instituciones descentralizadas, o a través de fantasmas organizaciones sin fines de lucro.
Un sistema de reparto
El mayor escándalo, hasta ahora, del gobierno recién concluido ha sido el del PEME, por lo que se le investiga actualmente a Incháusti a nivel del departamento anticorrupción de la Procuraduría General de la República.
Independientemente de que el ex-funcionario se haya enriquecido o no a costa del Estado, o de que puedan o no demostrárselo, ese programa constituye un bochorno para el gobierno del Presidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comprometidos durante tantos años en las denuncias de corrupción y tráfico ilícito.
Los de mala memoria sólo tienen que recordar los albumes de la corrupción publicados por el vocero peledeista Vanguardia del Pueblo, especialmente en los ocho años de gobierno del PRD, y las prédicas escrupulosas del fundador y líder del partido morado, profesor Juan Bosch.
La primera implicación moral al respecto es que el gobierno no hizo transparente la asignación mensual para el PEME, lo que en unos 3 años del programa, supone una erogación superior a mil millones de pesos.
En principio se dijo que la asignación era de 25 millones de pesos mensuales, lo que sumaría 300 millones al año. Pero en la entrevista concedida a El Siglo (lunes 4 de septiembre, página 4-A) Incháusti dice que tenía dos nóminas, una de 25 millones y otra de 5 y pico millones, que sumaban en número redondo 31 mil millones de pesos mensuales, que en tres años montarían a mil 116 millones de pesos.
En la citada entrevista el director del PEME detalló parte de su nómina de pago, mensual de la siguiente forma: 1070 de a 200 pesos; 11292 de 250 pesos; 9667 de 300 pesos; 156 de 400 pesos; 790 de 500 pesos; 70 de 600 pesos; 42 de 700 pesos; 52 de 800 pesos; y 1174 de a 1,500 pesos mensuales. “Y así sucesivamente”, agregó.
El reportero debió darle crédito a la excelente memoria del ex-funcionario. La entrevista fue telefónica y quedó transcrita con preguntas y respuestas.
¿50 mil parásitos y tigres?
Todos esos números dan el siguiente resultado: Una nómina de 24 mil 313 “asalariados” para un total de 8 millones 268 mil 500 pesos, y un promedio de 340 pesos por persona. Se descubre entonces que la memoria de Incháusti no le permitió llegar muy lejos, pues esas cantidades apenas con el 26.67 por ciento, poco más de la cuarta parte, del monto total mensual del programa. Le quedaban aún cada mes 22 millones 731 mil 500 pesos.
Es posible que esos otros 22 millones y pico también se repartieran. Pero sería interesante saber entre cuántos más, y en qué montos, para establecer cuantos miles más de beneficiarios hay que sumar.
Si se asume que las tres cuartas partes del programa se repartieran entre una cantidad similar a los beneficiarios de la cuarta parte, a un promedio casi triple de 934 pesos con cincuenta centavos por persona, se podría descubrir que el Incháusti solo, sin un aparato administrativo ni equipos de contabilidad y auditoría, manejaba la segunda nómina más abultada del gobierno. Sólo superada por la Secretaría de Educación, gracias a los cerca de 50 mil maestros que paga.
Para un cálculo más conservador, asumiendo un promedio de mil pesos per cápita para los 22 millones y pico de pesos, los beneficiados adicionales serían 22 mil 731, para un gran total de 47 mil 144. Con promedio de 2 mil pesos per cápita, la nómina quedaría en 35 mil 579. Pero en la citada entrevista se dijo que las ayudas fluctuaban entre 200 y mil 500 pesos, lo que quiere decir que hay que dividir los 22 millones y pico no especificados entre mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a 15 mil 154, para un total general de 39 mil 467
Pero sean los 47 mil y pico, o los 35 mil y pico, los 39 mil y pico, o los 24 mil 313 que memorizó Incháusti, la pregunta básica que se fluye en todas las conversaciones de estos días es si en realidad hay tantos tigres, subversivos, insurgentes o huelguistas en el país, y si pudieron llegar a todos, y todos se vendieron.
Hay muchas otras preguntas que seguramente las autoridades formularán a Incháusti, como por ejemplo: En qué edificio operaba para dar atención a tantos cobradores. Cuáles eran los mecanismos de seguridad para evitar que ese dinero del Estado se distribuyera justamente, sin que algunos de esos mismos tigres cobraran varias veces.
El escándalo tiene muchas otras implicaciones. Como, por ejemplo, si con ese dinero se compraba la conciencia sólo a tigres y maleantes, o si también a jóvenes que reclamaban justamente obras y atenciones del gobierno para sus comunidades.
¡Eso no es corrupción?
Se ignora si a la hora de un interrogatorio judicial Incháusti será tan expresivo como lo fue por teléfono con el reportero de El Siglo, Lauterio Vargas, a quien precisó que entre enero y mayo de este año, justamente en la campaña electoral, el PEME que el administraba dispuso de 172 millones de pesos, es decir 17 millones más para pagar “salarios atrasados”, de marzo y octubre del año pasado. Con ello demostró que el gobierno fue más fiel pagando las deudas atrasadas con “el tigueraje”, que con los productores y suplidores de bienes y servicios.
Falta ver si las autoridades tendrán la suficiente voluntad para llegar hasta el final en un caso de obvias implicaciones políticas, por los que se pueden sentir sancionados y por los que serían advertidos. Entre los primeros se podría llegar muy alto si se fuera a establecer las responsabilidades, lo que explica que el ex-candidato presidencial Danilo Medina saliera de su mutismo para defender a Inchaústi y que lo mismo se apresuraran a hacer diversos dirigentes del partido morado antes de que sus organismos discutieran la política a seguir.
La convicción generalizada, aún entre dirigentes y simpatizantes del PLD es que ese programa no sólo financió el tigueraje, sino también actividades políticas partidistas, posiblemente incluso en la campaña electoral.
Los primeros que acusaron a Incháusti fueron dirigentes y militantes peledeistas, a raíz de la campaña interna para escoger candidato presidencial. Entonces se decía a “sotto voce” que el funcionario palaciego manejaba una bolsa infinita para la compra de indecisos. Un dirigente llegó a vaticinar entonces que “si perdemos, ese será el primero en caer preso”.
El lunes 11 de septiembre, entrevistado en el telediario Uno más Uno, el doctor Franklin Almeyda, que figura entre los abogados de Incháusti, precisó que lo que él puede asegurar es que su defendido no se cogió esos cuartos.
El abogado y dirigente peledeista no tuvo argumentos para responder el cuestionamiento de por qué cada beneficiado no cobraba su cheque y lo cambiaba donde le diera la gana, en vez de endosarlo para que les dieran el dinero en efectivo y el cheque fuera a una cuenta de la hermana del funcionario que pagaba, lo que viola el más elemental procedimiento de contabilidad y transparencia.
Otro agravante fue que dos semanas después de concluido el gobierno, las autoridades incautaron a Incháusti 135 mil pesos y numerosos cheques que “ya habían sido pagados, pero no habían sido firmados por los beneficiarios”, de acuerdo a las explicaciones recogidas en la crónica de Vargas.
Independientemente de la voluntad política que puedan mostrar las autoridades para establecer alguna sanción al abuso de fondos públicos, y de que su responsable haya o no sacado provecho personal de esos cuantiosos fondos, lo que hay en la opinión pública es convicción de que ese programa fue utilizado para financiar actividades políticas.
Es cierto que no es el primer caso y que si se hurga a fondo se encontrarán otros abusos a niveles congresionales y municipales, como de instituciones descentralizadas. Pero el volumen de dinero involucrado y la urgencia de contener el uso político de los recursos estatales, recomiendan ir hasta el fondo de este caso.
El abuso de recursos públicos en otras campañas electorales y en el pasado no justifica que se repitiera ahora. El PLD llegó al gobierno con el compromiso de extirpar la corrupción administrativa y el abuso de los recursos del Estado. Tenía un compromiso adicional, que le debe ser tomado en cuenta.
La justicia podrá o no proceder, hallar o no culpables. Pero ante el tribunal de la opinión pública, toca a los dirigentes del PLD invertir la carga de la prueba y demostrar que esos más de mil millones de pesos se utilizaron correctamente.-