El consenso es una ilusión

Por Juan Bolívar Díaz

            De la seis semanas de gobierno del presidente Hipólito Mejía se desprende la preocupación de que el mandatario quiera extender demasiado el manto de su apertura frente a mansos y cimarrones y que concluya haciendo honor al viejo refrán de que quien mucho abarca poco aprieta.

            Se comprende y pondera la inclinación del agrónomo Mejía por la concertación y su carácter afable que le permitió estructurar en dos décadas el pedestal que lo subió al poder, pero hay quienes temen que el empeño por lograr un consenso total le consuma excesivas energías y termine atándole las manos.

            Por demás, al meter a los cimarrones en el mismo saco que a los mansos se corre el riesgo de perder legitimidad ética o por lo menos enviar mensajes equívocos que podrían debilitar el discurso contra la corrupción y ser mal captados por ese considerable porcentaje que ve la función pública como oportunidad para el enriquecimiento.

Un equipo heterodoxo

            El criterio básico con que se ha conformado el equipo de gobierno del primer gobierno dominicano de este siglo ha sido el mérito acumulado en las luchas internas y en la campaña electoral. El mismo Presidente lo ha repetido en diversas ocasiones, los que se fajaron serán premiados.

            Lo mismo se dice de los dirigentes reformistas que fueron más abiertos al entendimiento con Mejía, o por lo menos que fueron más refractarios a nuevos pactos con el Partido de la Liberación Dominicana.

            A diferencia de los gobiernos perredeistas de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, en este casi todos los altos funcionarios corresponden al patrón de haber contribuido al éxito de la campaña electoral. Y son contados los que no son dirigentes políticos o asociados oportunos del primer mandatario.

            De ahí que puedan conformar el equipo económico personajes políticos tan disímiles como Fernando Alvarez Bogaert y Angel Lockward, Frank Guerrero Prats y Rafael Calderón.

            La medida de la amplitud con que Hipólito Mejía ha concebido su gobierno la da el hecho de que persistiera en designar como secretarios sin cartera a ex-militares como Elías Wessin y Wessin y Ramón Emilio Jiménez, y que colocara a este en el mismo banco que a Jesús Féliz, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República.

            Para los malos observadores políticos, debe consignarse que el abogado Féliz fue probablemente la voz más cantante de la parte civil constituída en el juicio por el asesinato de Orlando Martínez, al que el ex-vicealmirante Jiménez concurrió primero como testigo y luego en persistente calidad de oyente, recibiendo agudos dardos de la parte acusadora.

            A la luz de los papeles desempeñados por ambos personajes en el sonado juicio resultó una sorpresa que ambos fueran incorporados, pocos días después, al mismo tiempo al nuevo gobierno. Se pensó que uno de los dos podría haber esperado por lo menos algunas semanas, siquiera para que se enfriaran los ánimos o en aras del disimulo. Pero el mandatario los quería a los dos.

Chivas a diestra y siniestra

La amplitud de Hipólito Mejía se ha manifestado también en sus visitas y reuniones, lo mismo con altos empresarios, que con técnicos en comunicaciones como Frank Cabral, o banqueros en desgracia como Leonel Almonte. La visita pública a éste último no encontró explicación política. No tanto por las acusaciones que lo llevaron a la cárcel junto al ex-presidente Jorge Blanco, como por los cientos de ahorrantes que lo responsabilizan de la pérdida de sus haberes.

En círculos políticos se ha debatido la laxitud mostrada por el Presidente Mejía y algunos consideran que en realidad hace tiempo que el viene amarrando sus chivas en muchos patios, lo que hasta el momento le ha dado resultado. El mejor ejemplo al respecto es el del caudillo Joaquín Balaguer. Muy poco después de ser electo candidato presidencial, en 1999, Mejía visitó al líder reformista y dijo en público que había ido donde aquel a “amarrar la chiva”. No hay duda que en pura política fue un gran acierto.

            Otros, menos políticos, atribuyen esa amplitud a la generosidad del agrónomo y empresario. Sobre todo a su capacidad para agradecer las distinciones y favores recibidos, y su disposición a retribuirlos en atenciones aún tenga que meter la mano en el fuego y correr el riesgo de alguna quemadura.

            Pero las amplitudes del Presidente Mejía ya comienzan a ser mal interpretadas, y hasta en su propio gobierno hay quienes creen que no se llegará muy lejos en la sanción de la corrupción. Guido Gómez Mazara, el consultor jurídico, y el mismo Jesús Féliz reciben frecuentes advertencias de que podrían quedarse solos o ser sacrificados en el altar de las conveniencias políticas.

            Al respecto se indica que ya se apaciguaron los ánimos por los “taxis pollitos”, sin que se supiera de la menor rectificación en un asunto donde todo el mundo sabe que hubo excesos y abusos mayúsculos con un financiamiento de 29 millones de dólares. Se ha llegado a decir, sin confirmación, que Mejía habló hasta con Luis Incháusti, el responsable del programa para “financiamiento de tigres” que costó cientos de millones de pesos. Hay quienes creen que nunca se sabrá efectivamente la inversión.

Nada conflictivo

            El presidente anunció el pasado fin de semana en Santiago su disposición de observar la ley aprobada por el Congreso que regula las tarifas de los colegios privados. Días antes había dicho desde Guatemala que la promulgaría, pero expresó su disposición a reconsiderarla en aras de que se encuentre consenso al respecto.

            Es posible que dicha ley tenga imperfecciones y exageraciones o normativas impracticables, que ameriten revisión. En base a ellas se podría justificar una observación para devolverla al Congreso Nacional, pero no en el consenso, porque en este caso hubo una prolongada ponderación y se escucharon puntos de vistas diversos, algunos excluyentes y, por su radicalismo, imposibles de conciliar.

            Por demás, tal observación enviaría también señales equívocas al Congreso Nacional. Primero porque la falta de consenso no figura como causal de observación presidencial. Y segundo, porque justificaría la eterna paralización de otros proyectos que tocan intereses más difíciles aún de conciliar, por su magnitud.

            Tales serían los casos del código Financiero y Monetario, y de los proyectos de reforma fiscal y arancelaria, de leyes de Electricidad, de seguridad social, de hidrocarburos y otros que han tenido un curso excesivamente lento por los intereses encontrados que afectan.

            Si el presidente se propone el consenso, como condición para gobernar, difícilmente pueda realizar las grandes reformas que requiere el país para reunir las fuerzas necesarias para combatir efectivamente la pobreza que afecta a la mayoría, mediante una redistribución del ingreso, y que figura como compromiso número uno del perredeismo.

            Ante los más mínimos esfuerzos para redistribuir el ingreso nacional o aumentar la contribución fiscal de los que más tienen, el gobierno siempre encontrará resistencia, aquí y en cualquier país. No cabe el consenso absoluto.

            Si el gobierno se muestra solícito a detener hasta las leyes en aras de un consenso imposible, se repetirá consistentemente el caso de la Asociación de Distribuidores de Gas, que no sólo consiguió que le restituyeran parte del margen de beneficio que le habían reducido en la reciente resolución sobre los combustibles, sino que también logró que el gobierno revocara la autorización que estimulaba la competencia al eliminar los precios mínimos.

Ni tanto ni tampoco

            En los últimos años la nación dominicana ha avanzado en la búsqueda de consenso para enfrentar sus graves carencias y problemas. La consulta y la participación han llegado a grupos más allá de los tradicionales, de los dominantes social y económicamente. Pero con frecuencia los consensos logrados no se traducen en hechos concretos. Y más aún, a nombre de la falta de consenso se va creando una inmovilidad política y social. Es el caso de los proyectos de reformas económicas, políticas y sociales.

            El gobierno requiere con urgencia de muchas de esas reformas, incluso para cumplir los renovados compromisos internacionales en materia de libre comercio, ni hablar que para reunir mucho mayores recursos para financiar el desarrollo nacional y responder a las grandes expectativas de las masas populares.

            Muchos analistas temen que insistiendo en el consenso no se lograrán tales reformas., Y que ya el tiempo de la negociación se cumplió en casi todos los casos. No es que el gobierno arrase o pretenda un traje más grande de lo que le corresponde, que serían otros errores. Pero tiene que reunirse con su mayoría legislativa y tomar un curso de acción que parece dilatado.

            La nación puede celebrar el tener un presidente con espíritu abierto y generoso, que no intente aplastar ni avasallar, capaz de escuchar y hasta de rectificar, pero alguien tendrá que cuidar de que el gobierno no caiga en el inmovilismo. Debería ser la tarea de la unidad de análisis estratégico de la presidencia, junto al equipo de comunicación, con políticas definidas.

            Todos los extremos son peligrosos. La sociedad dominicana no está para radicalismos. Pero tampoco para inmovilismo. Y la pretensión de juntar amarrar excesivamente conduce a la nada.