Por Juan Bolívar Díaz

            El paquete económico del gobierno del Presidente Hipólito Mejía, muy similar al presentado hace cuatro años por el presidente Leonel Fernández, tiene muchas más posibilidades de ser puesto en vigor, entre otras razones porque ahora son mayores los apremios de la economía nacional.

            Presentado el proyecto de reformas fiscales, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está obligado a aprobarlo en breve plazo si quiere evitar un mayor deterioro de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de los últimos años, y para evitar una grave fracturación en el seno del mismo gobierno.

            Resulta evidente que para obtener al menos la colaboración, comprensión o la tolerancia de diversos sectores, el gobierno tiene que empujar paralelamente en dirección de la austeridad, la racionalidad y la prioridad en la inversión, la transparencia y honestidad en la gestión, eliminando todo discrecionalidad en el gasto.

Similar al de 1996

            Los reajustes económicos anunciados esta vez por el presidente Mejía son casi idénticos a los presentados a mediados de diciembre de 1996 por el presidente Fernández. Ambos han pretendido elevar la tasa fiscal, mediante el incremento de la tasa del impuesto a los Bienes Industrializados y Servicios (Itebis), y su ampliación, gravando las ventas brutas de las empresas y elevando las tasas del impuesto selectivo al consumo.

            El proyecto de 1996 pretendió llevar el Itebis al 14 por ciento(luego fue reducido al 12) pero solo planteaba el adelanto del 1 por ciento de las ventas brutas, como mínimo de impuesto sobre la renta. Las tasas de elevación de los impuestos selectivos eran similares a las de ahora, con escala del 20 al 50 por ciento, liberando los automóviles utilitarios o de bajo costo. En ambos se ha propuesto aumentar la franja de excepción del impuesto sobre la renta a los salarios, beneficiando a los de menor nivel.

            Al mismo tiempo se plantearon la reforma arancelaria, el del PLD proponía reducir la tasa máxima del 35 al 20, al 15 un año más tarde, y al 10 por ciento al segundo año, siempre con una sola tasa. En las negociaciones y reformas que originaron el rechazo del proyecto original se establecieron varias tasas. El proyecto de ahora solo contempla un tramo de reducción con un máximo del 20 por ciento y escalas de 14, 8,3 y 0.

            Hace 4 años, el paquete económico contemplaba también el aumento de los precios de los combustibles, como ahora con un mecanismo de ajustes automáticos en virtud del precio del petróleo para fijar un impuesto rígido, lo que luego fue separado y ejecutado por resolución administrativa.

            Tal vez la mayor diferencia ha sido que en diciembre del 1996 el paquete llegó al Congreso atado al proyecto de presupuesto para el año siguiente, como expresión de la conciencia peledeista de su condición de extrema minoría parlamentaria, entonces con 1 senador y 14 diputados. Se creía que de esa forma obligarían a los opositores a aprobarlo en breve plazo, bajo la amenaza de aplicar en 1997 el presupuesto del año anterior, como finalmente ocurrió, ampliando la discreción en el gasto y la inversión.

            El paquete de 1996 llegó al Congreso la semana de Navidad, después de tres discursos del presidente Leonel Fernández que siguieron, como ahora, a un ciclo de reuniones con los más diversos sectores sociales y económicos. El 2 de enero quedó virtualmente derrotado en una vista pública del Senado, donde de 70 expositores, sólo lo defendieron los funcionarios del gobierno y Andy Dauhajre, el eterno promotor de ese tipo de reformas.

Entonces el gobierno inició un nuevo ciclo de negociaciones, esta vez sólo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP), hasta reformularlo y enviarlo luego al congreso, donde durmió el sueño eterno, con evidente desprecio de los perredeistas que ahora lo promueven y de los reformistas que nunca se comprometieron con el mismo..

Condiciones diferentes

            El actual gobierno tiene mayores posibilidades de concretizar su paquete económico. Primero por tener fuerza congresional propia, con el 80 por ciento del Senado y la mitad de los diputados, por disponer del respaldo del partido más grande y con más experiencia de negociación. Y porque su principal oposición en cl Congreso no podrá hacer una oposición fuerte al respecto, dado que ya antes propuso lo mismo.

            En segundo lugar, porque ahora urge para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, en peligro por la gestión de los últimos meses del gobierno anterior, con grave déficit fiscal, con cientos de obras inconclusas, endeudamiento interno, reducción de reservas internacionales, alzas desmesuradas de las tasas de interés y expectativas inflacionarias, todo lo cual amenaza el crecimiento sostenido de los últimos 8 años, alto en los últimos 5.

            En tercer lugar, porque esta vez los precios internacionales del petróleo, alrededor de 33 dólares el barril, determinan graves apremios para los países importadores, que sólo los muy ignorantes y mezquinos pueden desconocer, lo que juega en favor de las reformas y los aumentos de las tasas impositivas.

Y en cuarto lugar porque 4 años después hay más comprensión y hasta resignación sobre la necesidad de reformas económicas y sociales en la sociedad dominicana, con mayores compromisos internacionales, como los implicados en los tratados de libre comercio firmados por el gobierno del PLD.

               Tal como ha sostenido el gobierno y lo reconoce el CONEP en su página de El Siglo (14-A) de este lunes 6 de noviembre, “el país se encuentra al borde de una importante desestabilización económica, a no ser que se adopte cuanto antes una serie de correctivos en materia fiscal y monetaria”.

            Desde luego, eso no impide que el mismo CONEP, e innumerables organizaciones de todos los sectores, productivos y sociales, políticos y sindicales, hayan salido a rechazar las partes del paquete que no convienen a sus intereses.

            El paquete, no hay dudas, sumirá de nuevo a la nación en un debate de ciegos y sordos. Solo hay que advertir que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa se ha hecho presente para pretender que la publicidad debe seguir sin pagar impuestos.

            Se correrá el riesgo de un agravamiento de la situación económica, con las incertidumbres que caracterizarán el período y las expectativas de devaluación e inflación que lo acompañarán, a menos que se produzca el milagro de la caída de los precios del petróleo, cosa muy lejos de las posibilidades, ya que el aumento de la producción de la OPEP en 500 mil barriles diarios no produjo ni asombro la semana pasada.

Urgentes compensaciones   

Dentro de ese cuadro y a la luz de las resistencias y el ruido que meterán los más diversos intereses, desde los de los grandes productores, hasta los grupos populares, la situación conlleva un grave desafío para el PRD, que puede jugarse la suerte de su gobierno.

            La prolongación del debate nada aportará, que no sea claudicación y mayores distorsiones económicas. Esas tasas se han debatido durante por lo menos 4 años, de manera que no se trata de un paquete sorpresa que se intenta meter de contrabando.

            Si los perredeistas se dividen debilitarán temprano y precipitadamente su gobierno de apenas dos meses y 3 semanas y pagarán el costo con la pérdida de la estabilidad macroeconómica, lo que a su vez agravará la pobreza, en vez de facilitar el compromiso de combatirla.

            Por demás, luce difícil que se den condiciones más favorables para dar un empujón a las reformas fiscales y sociales que se han discutido durante años en el país, comprometidas para dar vigencia a los acuerdos de libre comercio.

            Lo que es urgentes es que el gobierno perfile claramente las compensaciones que conllevará su paquete de reformas. Pero no solamente en materia de subsidio al gas propano, alzas salariales y distribución de alimentos, sino también en señales inequívocas de racionalidad y honestidad en el manejo estatal.

            La sociedad aceptará los sacrificios si son compartidos por el gobierno y sus funcionarios, con sincera austeridad , congelación de nóminas, y efectivos mecanismos de control y penalización. Así mismo con estrictos criterios de prioridad en la inversión pública y cerrando las puertas al uso discrecional de los recursos por los tres poderes del Estado y los municipios.

            Para ello el gobierno tiene que dar rango de importancia a los proyectos de reforma de la ley de presupuesto, a los que confieren autonomía al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República y el que crea la Fiscalía anticorrupción, por lo menos. Los legisladores oficialistas tendrían que mostrar compromiso con esos proyectos.

            Tendría también el gobierno que convertir en realidad el reciente decreto que crea los Consejo de Desarrollo, nacional, regionales, provinciales, y municipales para no dejar dudas de que las inversiones serán determinadas por las demandas comunitarias.

            El tropiezo del paquete económico atado al presupuesto marcó indeleblemente el gobierno de Leonel Fernández y lo impulsó por rumbos de confrontación que empantanaron el “nuevo camino”. El de ahora podría ser más desastroso si se toma en cuenta los peligros mayores que acechan a la economía nacional. Podría poner en grave riesgo “la esperanza de la gente”.

            Pero esta vez el éxito del paquete de reformas depende más que hace cuatro años del partido y el equipo de gobierno ya que dificilmente se produzca un mayor o menor consenso sobre las reformas. Y a ellos se cobrará por su fracaso o se premiará por el éxito. No tienen escapatoria y tendrán que jugárselas todas a esta altura del juego.-