Por Juan Bolívar Díaz

            Transcurridos dos meses y medio de la actual gestión perredeistase generaliza la convicción de que las máximas autoridades han decretado otro borrón y cuenta nueva frente a la corrupción del pasado reciente, lo que desalienta las limitadas expectativas de que ese mal pudiera ser contenido.

            Lo que más ha contribuido a esa convicción es la investigación sobre la abusiva distribución de 999 taxis de los popularmente denominados “pollitos”, en torno a la cual el propio Presidente Hipólito Mejía declaró una “amnistía” después que se comprobó que las dos terceras partes fueron entregados por simple clientelismo político y familiar.

            Mientras tanto, las iniciativas legislativas anunciadas para combatir a fondo la corrupción, duermen el sueño eterno en el Congreso Nacional, sin que nadie parezca reclamara su paternidad, y se deja de lado -una vez más- la eterna promesa política de anular mecanismos de tráfico como la factura consular.

Mucha espuma y poco chocolate

            Desde comienzo del gobierno se han formulado numerosas denuncias sobre corrupción y manejos indecorosos atribuidos al pasado régimen, que van de asuntos tan gruesos como el “programa de evaluación mínima de empleos” que manejaba Luis Incháusti, la quiebra de la Lotería Nacional, o el funcionario que depositaba 220 mil dólares mensuales en una cuenta bancaria del exterior, hasta las vacanales de las tarjetas de crédito, las becas para familiares y amigos, las tierras estatales y los apartamentos.

            El consultor jurídico del Ejecutivo y el secretario de la Presidencia han llevado la voz cantante en las denuncias, de las que han participado muchos otros funcionarios, especialmente dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano.

            Desde el principio, también, se ha dicho que algunos funcionarios podrían ser dejados solos y hasta sacrificados, porque no existe real interés en llegar más allá de un uso político de las denuncias contra connotados peledeistas. Más aún se arfirmó hace ya un mes que a Guido Gómez Mazara le estaban recomendando que encausara sus energías y capacidades para propósitos “más viables”.

               Funcionarios hubo que se perdieron en denuncias de casos individuales, que si bien podrían constituir irregularidades hasta penalizables, pasaban por “pecata minuta” en un medio donde la corrupción pública y privada está tan entronizada y legitimada. Hasta el punto de que un joven general, por cierto de magnífica imagen pública, pudo declarar una fortuna de 22 millones de pesos y luego reivindicar que “le habían sido regalados”.

            Algunas de esas denuncias, como la más reciente, relativa a la beca que Alejandrina Germán otorgó a una hija, sólo han servido para dejar en ridículo al gobierno. En este caso, la ex-secretaria de la Presidencia desafió abiertamente al gobierno al negarse a acudir a una cita para que respondiera sobre el caso. Y una vez más el discurso ambivalente dejó el asunto en el aire.

               Pero con tantas denuncias gruesas pendientes, como las que involucran cientos de millones de pesos del patrimonio nacional, quién digeriría una orden de conducencia contra una dama en razón de favoritismo en la concesión de una beca. Hubiese sido un segundo error, después del primero, que fue haberla requerido para interrogarla sobre el particular.

            Mientras la opinión pública espera los resultados de la investigación sobre los cientos de millones de pesos manejados por el asistente presidencial Luis Incháusti, que fue la primera denuncia gruesa formulada tan pronto los nuevos funcionarios se posesionaron. Al comienzo de la segunda semana de octubre se llegó a decir que la orden de conducencia contra Incháusti estaba hecha y que habría sido retenida.

            Otro tanto ha pasado con la orden de prisión contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, ex-director de la Autoridad Portuaria y ex-jefe de la campaña electoral de Danilo Medina, Francisco Javier García, a quien se investiga por los depósitos de 220 mil dólares mensuales, no se sabe durante cuanto tiempo, en un banco en el exterior.

Los pollitos voladores

            La amnistía parece haber sido el destino definitivo de la investigación sobre los pollitos en la cual el gobierno llegó al grado de involucrar no solo a cinco organismos públicos, sino también a unos seis sindicatos de choferes, entre ellos uno tan persistente y serio como Juan Hubieres, para al final echarle agua al fuego y declarar posición anterior.

            Los sindicatos han tenido toda la razón en denunciar el tráfico de los taxis pollitos. Sobre todo el grupo de Hubieres que llegó a la crucifixión pública en sus múltiples formas de reclamar al gobierno del PLD que le pagaran más de un centenar de micro y minibuses entregados para ser sustituídos por nuevos y retirados de circulación.

            Mientras no pudieron pagarle a esos pequeños propietarios de uno y dos minibuses destartalados, el gobierno firmó un crédito por 29 millones y medio de dólares con el gobierno español para importar dos mi taxis. La operación fue ejecutada en parte con la llegada de la primera mitad de los vehículos (aunque luego solo han aparecido 999), aunque todavía el Congreso no ha aprobado el contrato, lo cual constituye por lo menos un exceso de poder.

            Los comisionados oficiales llamaron públicamente a los beneficiarios de la distribución de los 999 pollitos, con el objetivo de verificar si eran choferes. Al cabo de varias semanas y plazos, el 10 por ciento (97)no compareció. Tras comprobar que el 64 por ciento no reunían la condición básica de ser taxistas ni trabajar como choferes, la comisión recomendó que les rescindieran los contratos y los vehículos fueran reasignados a reales trabajadores del volante.

            A esas alturas del juego, la pasión de las autoridades por deshacer el tráfico y la corrupción se había ido apagando. Hubieres tuvo que presionar para que se hiciera público el resultado de la investigación. Llegó a amenazar con darla a conocer por su cuenta, lo que persuadió a las autoridades de que por lo menos habría que responder al primer nivel de las expectativas públicas, saber qué ocurrió.

            Se hizo el 12 de octubre, 9 días después de entregado el informe, y el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Antonio Reynoso, llegó a afirmar la decisión de rectificar el enorme tráfico, que en su primera mitad envolvía casi dos mil 500 millones de pesos. El valor de cada taxis, de acuerdo al contrato, es de unos 14 mil 750 dólares. Los contratos con los beneficiarios le otorgaban el vehículo, financiado por el Estado, para que ellos pagaran mensualidades.

            Ya se ha conocido como el propio Presidente Mejía dictó el borrón y cuenta nueva, o la amnistía, en el caso de estos pollitos voladores.

¿Un trueque político?

            La significativa reducción de los ímpetus moralizadores de los funcionarios del actual gobierno hacen creer que podría estarse frente a otro clásico borrón y cuenta nueva y que podría tratarse de un trueque político, a cambio de una actitud generosa del Partido de la Liberación Dominicana frente a las reformas fiscales que a los perredeistas tanto les costó comprender.

            La versión tomó cuerpo a raíz de la reunión sostenida por el Presidente Mejía con el ex-presidente Leonel Fernández y el ex-candidato presidencial Danilo Medina el martes 10 de octubre, justamente cuando se decidía dar a conocer el informe sobre los pollitos, y cuando se llegó a asegurar que la orden de prisión contra Incháusti estaba lista.

            En la ocasión el presidente negó que en esa junta se hubiese discutido sobre los ámbitos de la justicia, pero fue de las filas peledeistas de donde trascendió que el tema de las acusaciones fue central, junto con el interés del gobierno de “lograr consenso” en torno a las reformas pendientes en el Congreso Nacional.

            Posteriormente, el presidente Mejía giró una visita al secretario general del PLD, José Tomás Pérez, quien reveló al menos parte de lo tratado, expresando satisfacción porque el mendatario “busca el diálogo y el consenso”. Declaró que se había conversado sobre las reformas económicas pendientes en el Congreso Nacional y otras que el gobierno se propone someter próximamente.

            En aras de un consenso entre los partidos políticos, sobre asuntos tan importantes como las reformas fiscales y sociales pendientes, cualquiera tiene la tentación de aceptar un trueque de amnistía por comprensión o tolerancia. Podría dar una ganancia neta.

            El problema es que una vez más se reafirmaría la impunidad en el manejo del patrimonio público, con el agravante que ello abre de par en par las puertas a la continuación de la fiesta. Ya el presidente Mejía anunció un plan de empleo para la temporada navideña a fin de beneficiar a las bases del PRD. ¿Sería otro programa similar al que manejó Incháusti? Similar o no sería otro tráfico clientelista a costa del patrimonio público.

            Y mientras tanto, nadie ha vuelto a hablar del proyecto de ley la fiscalía anticorrupción, o de la independiencia de la Contraloría General. Y ya se anunció que al igual que en con pasado régimen, quedarán en palabras las promesas de eliminar la factura consular. Eso sí reducirán de 190 a 105 dólares los impuestos por facturas para exportaciones hacia la República Dominicana. Obviamente los nuevos funcionarios empiezan a cogerle gusto a la cosa pública. Y reafirman que una cosa es desde la oposición y otra en el gobierno.-