La precaria cultura democrática no es patrimonio exclusivo de los políticos dominicanos y alcanza al liderazgo de las organizaciones empresariales, sindicales, sociales, y eclesiásticas que se asocian al poder político para buscar o preservar privilegios    

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            En amplios estamentos sociales se descalifica a los partidos políticos, como si fueran los únicos responsables del atraso institucional dominicano, cuando la responsabilidad es compartida por gran parte del liderazgo social que se asocia al poder político en búsqueda de privilegios o para preservarlos. 

            Es obvio que el partidarismo político carga un enorme y justificado descrédito, pero no se quedan muy lejos las organizaciones empresariales, sindicales y profesionales, que tendrían que desatar un gran empuje para contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional.    

Gobierno lanzaría desafío

            Compelido por la triple crisis de salubridad  económica y social, y atendiendo al compromiso de cambios postulado en su campaña electoral, el presidente Luis Abinader estaría preparando un gran desafío a la sociedad dominicana con un conjunto de reformas administrativas, estructurales y legales que mejoren la calidad del gasto, fortalezcan la institucionalidad democrática y preserven la estabilidad político-social en el próximo 2021 que se pinta crucial por las consecuencias del coronavirus.

Son muchos los que creen que el gobierno debería extender el próximo año todos los programas de asistencia a los que han perdido el empleo o lo tienen suspendido, que en principio no se contemplaban en el proyecto de presupuesto del 2021, mientras los planificadores tratan de reducir gastos para poder mantener los programas “Fase” “Quédate en casa” y Pa-ti”, al menos en el primer trimestre. Lo que desde el principio se contempla es el incremento del programa “Comer es Primero”, que pasaría de 811 mil a un millón de familias beneficiarias, duplicando el monto mensual para cada una de 830 a mil 600 pesos. 

Fuentes de crédito aseguran que se busca reducir  gastos no esenciales por unos 50 mil millones de pesos, implicando programas de gastos de todos los ministerios, de los poderes públicos, incluyendo el Congreso, y la reducción al 50% de la asignación a los partidos, equivalente a $630 millones, lo que estaría siendo resistido en la comisión bicameral que analiza el proyecto de presupuesto 2021.

El presidente Abinader contempla apelar a la comprensión y el sacrificio de todos los sectores, comenzando por las dependencias del Gobierno Central donde se impondría un plan de absoluta austeridad, con controles y sanciones a quienes lo desconozcan. También tocaría a los organismos autónomos y descentralizados, incluyendo a los que tienen proporciones fijas del presupuesto.

Los números no mienten

Los planificadores del Gobierno tendrán que hacer mayor esfuerzo para que la población pueda digerir la  magnitud de la crisis fiscal, arrastrada por una década y multiplicada este año por el Covid-19, cuando  el financiamiento pasará de 8 mil 300 millones de dólares. A agosto había alcanzado 300 mil millones de pesos y desde entonces a diciembre se calculan otros 185 mil millones de pesos. La deuda consolidada del Estado estaría ya sobre el 60 % del PIB. 

El proyecto de presupuesto 2021 prevé ingresos por $746 mil millones y los gastos por $706 mil, de los cuales casi un tercio, el 31.9, se irán en pago de deuda pública, 19.2% para educación, 9.4 para administración, 9.2 para protección social y 7.2 para salud. Ahí se va el 76.9%, y el restante 23.1 para energía, justicia, orden público, seguridad, protección ambiental y otros servicios. 

La rigidez del presupuesto es mayor cuando se verifica que hay 23 leyes que establecen porcentajes del presupuesto para entidades autónomas y descentralizadas del Estado, que en realidad nunca se cumplen por completo, pero las instancias de más poder defienden cada peso resistiendo reconocer la gravedad de la crisis fiscal. En virtud de las mismas se irá en el 2021 el 6.7% del PIB o el 37% del gasto, que alanzaría al 62% si se cumplieran al pie de la letra.

Una cultura dura de roer 

Urge al Gobierno convencer a los sectores políticos y a su propia base de funcionarios sobre la necesidad de extremar el ahorro para afrontar la crisis y preservar la estabilidad fiscal y social, pues se enfrenta a una cultura política dura de modificar, donde muchos de los que recién llegan a los cargos públicos, al igual que los legisladores, y los funcionarios de3 los organismos autónomos y descentralizados, no muestran disposición a ceder parte de sus beneficios. Por el contrario hay quienes buscan ampliarlos y extenderlos a sus familiares y relacionados.

El aprovechamiento de lo público, la malversación y la concepción del Estado como botín de ganadores de elecciones, constituyen una cultura política vista como normal en amplios estamentos de la sociedad. Pero cada vez es mayor la proporción poblacional que muestra fatiga ante esas prácticas, coronadas por inmensa corrupción, especialmente en las nuevas generaciones y en las clases medias, como se evidenció en la Marcha Verde entre 2017-18 y en las plazas de las grandes ciudades en la primera mitad de este año.

Pero en estos segmentos crece un sentimiento de rechazo a la política y los políticos que puede convertirse en negativa y tiene que ser vencida con decisiones firmes y gran coherencia. Es lo que trata de mostrar el presidente Abinader que desde su juramentación encamina esfuerzos para controlar y sancionar la corrupción y para reducir el dispendio y mejorar la calidad del gasto público.

No son sólo los políticos

            Las inmensas legiones de los insatisfechos con la forma en que se ha administrado el país tienen que mantener un activismo crítico pero también propositivo, realista, estimulando y aferrándose a los esfuerzos de cambios que parten del ámbito gubernamental o congresual, asumiendo que los problemas no son sólo responsabilidad de los políticos, que de ser así hace tiempo que habrían sido relevados. 

            Las investigaciones sociales diagnostican el gran descrédito de los partidos, de los poderes públicos, legisladores, de la justicia, la policía y, militares y hay razones para eso, pues son a quienes la población elige para encargarle la cosa pública, pero ellos no hubiesen llegado tan lejos si no contaran con la complicidad y la participación de los demás actores sociales, especialmente de los empresarios, sindicalistas, eclesiásticos, intelectuales, académicos, comunicadores. Estos y sus organizaciones se acomodan a los gobernantes para reclamar participación directa o indirecta en el reparto del Estado y en la corrupción y para buscar compensaciones y favores, defender exenciones y evasiones impositivas. La asociación comienza en las campañas electorales cuando se adscriben al “rentismo”, financiando políticos como inversión.

Hasta líderes religiosos  

            La institucionalidad democrática y la transparencia superan con mucho el ámbito partidista y se interna en la sociedad. Las organizaciones empresariales, profesionales, sindicales, sociales y religiosas reproducen los vicios de la política, porque sus estructuras no suelen ser democráticas ni participativas, sus líderes se anquilosan y se aferran a los puestos. En todos esos segmentos se cuentan divisiones, hasta en el Country Club, o el Club Naco, en los colegios profesionales y las centrales sindicales. 

            Ni hablar de las iglesias, en cuyas bases hay una inmensidad de personas dedicadas a servir a la sociedad, incluso a los más necesitados, pero sus jerarquías se confunden con los poderes públicos y empresariales. En el liderazgo religioso no se advierte una militancia con los cambios profundos que requiere la sociedad dominicana. Aunque están prestos a encabezar movilizaciones para que se mantenga absoluta penalización del aborto aún si mediara una violación o esté en peligro la vida de una mujer.    

            Con el Covid-19 cientos de miles de personas quedan sin empleo y se demuestra la vulnerabilidad social dominicana, con indicadores de que sin cambios profundos el país se encamina a la insostenibilidad financiera y a la inestabilidad social. Para evitarlo se requiere no sólo la voluntad política, sino de todo el liderazgo nacional. Pendientes están dos de los tres pactos fundamentales planteados en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que en enero cumple 8 años: el eléctrico para hacer eficiente  ese servicio y economizar un subsidio que en una década consumió miles de millones de dólares, y el fiscal para controlar el dispendio público, reducir exenciones privadas y la extrema desigualdad, y elevar la contribución de los más pudientes.

            A todo el liderazgo nacional tendría que apelar el presidente Abinader, quien pretende erigirse en un refundador del Estado, planteado en su programa de gobierno, con pasos firmes  en sus primeros tres meses, con el Ministerio Público, la transparencia y rendición de cuentas, la prevención de la corrupción, eliminación de botellas y malversaciones, y con la elección de una Junta Central Electoral con personalidades independientes.- 

La gestión de los proyectos liberales democráticos ha constituido un fracaso desde la fundación de la República, que fueron efímeros y abonaron la anarquía  o sucumbieron a la tentación autoritaria, al presidencialismo caudillista y al continuismo en el poder 

                                                Por Juan Bolívar Díaz

            La experiencia histórica presenta un desafío al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en su primera experiencia de gobierno de desarrollar una gestión democrática que comience en sus propias estructuras y su capacidad para renovar su dirigencia y pasa por una relación constructiva entre los poderes del Estado.

            La historia política dominicana registra un fracaso de los proyectos más democráticos y liberales, comenzando por el de los fundadores de la República, permitiendo que predominara la anarquía o prolongados gobiernos conservadores, tanto que 8 presidentes han gobernado el 69% de los años de independencia.

Las advertencias al PRM 

Aunque todavía los  motivos son poco significativos, ya se han formulado advertencias al PRM para que no repita la constante histórica de los liberales de fracasar en su autogestión para dar paso al autoritarismo o a la anarquía y permitir el predominio de los regímenes autoritarios que no han auspiciado la fortaleza institucional de la nación. Fue relevante que sectores perremeístas insistieran en pretender llevar a la Junta Central Electoral al vocero del expresidente Hipólito Mejía desafiando el reiterado compromiso del presidente Luis Abinader de no auspiciar dirigentes políticos en los organismos estatales de control.

Menos significativo, pero se han dado manifestaciones de dirigentes locales pretendiendo que los nuevos gobernantes se inclinen ante la concepción del Estado como botín partidista, lo que también ha sido rechazado por Abinader, quien se propone convertirse en cimentador de la institucionalización democrática. Lo prometió y consagró en documentos a lo largo de su exitosa campaña electoral, y entiende  que eso contribuyó a la avalancha de votos que este año catapulto su partido en los cuatro niveles de elección.

El presidente Abinader ha conformado un gabinete equilibrado con profesionales y empresarios sin tradición partidista, pero predominan los dirigentes perremeistas en ministerios claves como el de la Presidencia, Economía y Planificación, Obras Públicas, Educación, Energía y Minas, Turismo, Medio Ambiente y otros, y son tantos en cargos medios que el PRM tendrá que afrontar el problema que debilitó al PLD, cuando toda su dirección pasó al gobierno, para terminar empeñados en la búsqueda de beneficios políticos o personales, olvidándose de los compromisos con la sociedad. Los gobiernos exitosos son los que generan algún nivel de coordinación y separación entre las funciones gubernativas y la labor del partido, como el PRI mexicano, lo que contribuyó al más largo período de gobierno en la etapa universal de construcción democrática. 

Autoritarismo y anarquía

            En la historia de la RD los proyectos más liberales y democráticos han fracasado reiteradas veces, desde el origen mismo de la República, por las divisiones internas o la incapacidad para afianzar proyectos, dando oportunidad al predominio de los que nunca han creído en las capacidades del pueblo dominicano para generar instituciones sólidas y desarrollarse sin proteccionismo extranjero. 

            Lo más relevante es que RD ha contado más de un centenar de presidentes, sobre todo en sus primera mitad, cuando hubo un promedio de uno por año, porque muchos duraron apenas meses y semanas, en constante anarquía, para aterrizar en caudillos redentoristas que devenían en dictadores y tiranos, que se prolongaban en el poder o volvían una y otra vez, desde  el primero, Pedro Santana. Pero sólo 8 de ellos gobernaron el país por más de dos tercios de su historia, descontando los 11 años de eclipse de la independencia, por la reanexión a España y las dos ocupaciones norteamericanas.

El régimen más prolongado ha sido la tiranía de Trujillo, de 31 años, la dictadura de Balaguer por 22, Ulises Hereaux por 14 años, una década dictador,  Santana 10, Buenaventura Báez sumó 9, Horacio Vásquez 7 y más recientemente Leonel Fernández se inscribió con 12 años y Danilo Medina con 8. Se dividieron y no predominaron los trinitarios fundadores ni luego los restauradores de la República. Algunos como Vásquez, Leonel y Danilo comenzaron enarbolando los valores democráticos y concluyeron renegándolos y secuestrando la institucionalidad democrática, como precio para prolongarse en el poder. En ese empeño Vásquez creó las condiciones para el advenimiento de la más prolongada tiranía de la historia nacional, desde 1930 al 1961, dejando una impronta que décadas después todavía lastra zonas del alma nacional. 

Juan Bosch y F. Espaillat

            Como ejemplo del fracaso de los liberales dominicanos se citan los efímeros gobiernos de Ulises Francisco Espaillat, en 1876 y el de Juan Bosch, nueve décadas después en 1963, señalados como los más grandes civilistas, teóricos de la democracia social, e incorruptibles que han alcanzado el poder en RD. El primero, auspiciado por el líder restaurador Gregorio Luperón, apenas duró 6 meses, preso de la anarquía que devastó el país en esas décadas. 

Juan Bosch fue derribado a los 7 meses, por el golpe de Estado de septiembre de 1963 que tuvo la desgracia de reunir a políticos derechistas y hasta teóricos izquierdistas, como Juan isidro Jiménes Grullón, al alto empresariado y a la jerarquía eclesiástica, graduados en los privilegios e incapaces de entender un discurso propulsor de libertades, institucionalidad democrática y equidad, aunque no hubiese pasado del texto constitucional y algunas disposiciones. 

Pero el caso de Bosch es relevante por cuanto él mismo agregó ingredientes que facilitaron su desplazamiento. No logró entenderse ni siquiera con su propio partido, el PRD, donde muchos dirigentes no atinaron a entender el proceso histórico que vivían, y llegó al extremo de disponer que cerraran sus locales o los destinaran a escuelas. Se peleó también con sectores sindicales y sociales cercanos a sus planteamientos y quedó tan solo que al día siguiente de su derrocamiento apenas unas decenas de jóvenes acudieron a protestar ante el Altar de la Patria.     

El triste historial del PRD

            Si algo muestra el infortunio de los liberales democráticos dominicanos es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más prolongada organización política nacional, que cuenta 81 años desde su fundación en Cuba en 1939 por los más prominentes exiliados de la tiranía trujillista. Durante décadas enfrentó las dictaduras de Trujillo y Balaguer, una invasión norteamericana, un golpe de estado a su primer ejercicio gubernamental y sobrevivió promoviendo normativas democráticas, durante cuatro gobiernos pero ninguno por más de 4 años, y sólo dos consecutivos, pero tan contradictorios como de dos partidos diferentes.

            Al PRD se le cuentan una decena de divisiones, dando origen a otros seis partidos, de los cuales los últimos, el PLD y el PRM, han alcanzado el poder y protagonizado el antagonismo político en los últimos años. Los tres dirigentes que lo trajeron al país en 1961, tras el ajusticiamiento de Trujillo, Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo, se distanciaron apenas meses después y los últimos dos con nuevos partidos.

            El primer gobierno perredeísta que completó su período, el de Antonio Guzmán, cumplió la misión de abrir la más prolongada etapa de construcción democrática y se le acredita por  ello, tras un legado autoritario que acumuló demandas sociales y económicas que apenas pudo afrontar. La gestión fue excesivamente personalizada en el mandatario que desde el primer momento selló que se trataba de “mi gobierno” y con un gabinete casi por completo extraño al PRD,  y tratando de evadir compromisos, incluyendo el histórico de no reelección, se distanció del partido y especialmente de su último gran líder José F. Peña Gómez. La prisa por el relevo interno, encarnado en Salvador Jorge Blanco, contribuyó al trágico final de la vida de Guzmán, pero también qu éste no se preparó para aceptar la alternabilidad que pregonaba el historial partidista.

Los otros dos gobiernos perredeístas, de Jorge Blanco e Hipólito Mejía también sucumbieron en parte por la división y la incapacidad para gestionar la democracia interna. El primero no pretendió la prolongación, pero fue víctima de la terrible “década perdida” de América Latina y las imposiciones fondomonetaristas que acarrearon un alto costo político. El de Hipólito Mejía sucumbió ante la crisis bancaria y se internó en otra división, por la ambición continuista que llegó a la modificación constitucional oportunista. Lo que siguió fueron dos divisiones, que originaron el PRSD y el PRM, reduciendo al viejo PRD a la insignificancia.

Lecciones que deja el PLD 

            Entre los desafíos que tiene el PRM y su gobierno, está interpretar correctamente el historial del PLD, para entender por qué fue desplazada la inmensa maquinaria de poder levantada por Leonel Fernández en 12 años de gobierno y perfeccionada en los últimos 8 por Danilo Medina. Ellos fueron herederos del legado de Bosch, quien abandonó su histórico PRD en 1973 para crear un partido de cuadros a su imagen y semejanza y promover la liberación nacional.

            Ambos gobernantes comenzaron reclamando el legado boschista pero terminaron hundiéndolo en el estiércol de la corrupción, la impunidad, el secuestro de las instituciones democráticas, la compra de conciencia, el clientelismo y le negación de  rendición de cuentas, que ni siquiera permitían preguntas de los periodistas. Se distanciaron tanto de la población que perdieron la brújula y se dividieron por  el poder ilimitado y eterno, sin dar paso a la menor renovación, secuestrando hasta el propio partido.            El PRM fue beneficiario de la hartura de la sociedad dominicana con los engaños que repiten la misma historia, expresada sobradamente en la Marcha Verde y en las plazas y cacerolazos. Ese sentimiento está vivo y deberá ser respetado y honrado, a no ser que los perremeistas se quieran conformar con un ejercicio gubernamental limitado a 4 años, como sus antecesores perredeístas y a repetir la historia de fracasos de los proyectos democráticos.-  

La Ley 105-13 fue ignorada por el presidente Danilo Medina, el mismo que la promulgó en agosto del 2013, tras más de dos décadas de ponderaciones, con financiamiento  internacional, manteniendo una enorme inequidad y desorden salarial en el Estado  

                                                Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende un reordenamiento del Estado, es el de rescatar la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, promulgada hace 7 años, pero que data de la década de 1991 cuando se aprobó la Ley 14-01 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Durante más de dos décadas, primero desde la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP)  y luego por el Ministerio de Administración Pública (MAP) se ponderó y consensuó la ley para regular los salarios públicos, dejada de lado por el mismo presidente que la promulgó, quien archivó sl proyecto de reglamento que le entregaron en el 2014.

Para reordenar el Estado

            El objeto consignado en la Ley 105-13 es establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano”. Es redundante en dejar claro que es para “todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, como reza su artículo 2, y el siguiente enumera primero los tres poderes clásicos del Estado, los entes y órganos constituidos con régimen propio, organismos autónomos y descentralizados, financieros y no financieros, de la seguridad social, los ayuntamientos y hasta las empresas públicas.

            La ley dispone, en su artículo 4, un sistema remunerativo para los servidores públicos integrado por un conjunto de principios, políticas y procesos para las prestaciones laborales, enumerando equidad, jerarquía, equilibrio, con un salario base y sólo el 13 navideño, y plantea la escala reglamentaria, revisable cada dos años. 

            Pero su mayor virtud, como también contradicción, es su capítulo VI, con 8 artículos, que comienzan con principios de incompatibilidad y conflictos de intereses y prohibiciones de carácter ético, que aunque muchas ya están en la Ley de Función Pública, son sistemáticamente ignorados y violados abiertamente. 

            Lo más relevante es que prohíbe los pagos adicionales por cumplimiento de los objetos de las funciones, por participar en juntas o comisiones, los aumentos salariales aislados, la asignación de tarjetas de crédito, exceptuando los presidentes de los poderes del Estado, limita el pago de gastos de representación y combustibles al 15% de los salarios, exclusivamente para los más altos funcionarios. Por demás, se prohíbe violar las escalas salariales, y el artículo 12 consigna un tope máximo inicial de $450 mil para el presidente y $400 mil para vicepresidente y los presidentes de los otros poderes del Estado.       

Data de 1991 y del 2008

            Desde el comienzo de la década de los noventa se discute en el país la necesidad de una legislación para promover salarios justos y equitativos que dignifiquen el servicio público e incentiven su eficiencia. Por eso en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, se instituyó la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), “que elaborará y desarrollará un sistema uniforme y equitativo de remuneraciones” para los empleados estatales, como se lee en sus artículos 14 y15.

Especialmente a partir del primer gobierno del PLD y Leonel Fernández 1996-00), se impulsa el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, y el Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública, que con la ONAP daría los primeros pasos para materializar la carrera administrativa instituida al final del régimen de Balaguer. Fruto de muchas inversiones, mayoritariamente de la entonces Comisión Europea y luego Unión Europea, del BID y la USAID y del gobierno nacional se promovió un gran debate con consultas a expertos internacionales. Todavía en el 2010 la Unión Europea aportó al programa $124.5 millones. 

Con altas y bajas siguieron las consultas y tras más de una década se logró aprobar la Ley de Función Pública 41-08, que crea la Secretaría de Estado de la Administración Pública, que la Constitución del 2010 convertiría en Ministerio. En sus artículos 8 y 31 la ley del 2008  encarga “elaborar y actualizar anualmente el  sistema retributivo del personal de la administración pública central y descentralizada” y su reglamentación.

LF la vetó en último día

El MAP, encabezado por Ramón Ventura Camejo, quien dirigió grandes esfuerzos desde la ONAP, prosiguió promoviendo la carrera administrativa y la ley de salarios tropezando con la resistencia de los funcionarios de los organismos descentralizados, que a toda costa querían quedar fuera de cualquier reglamentación que les restringiera los enormes privilegios de que disfrutan en materia salarial, de pensiones, gastos de representación, seguros internacionales, educación de los hijos,  y bonificaciones que en algunos casos alcanzan 15 y 16 salarios anuales, todo un mundo de distancia con el resto de los servidores públicos y desde luego de los empleados privados. 

Esos privilegios, que comenzaron hace décadas por el Banco Central, y el Banco de Reservas, se extendieron a todo el sector financiero estatal, incluyendo las superintendencias, y luego a órganos autónomos como JCE, TSE, Cámara de Cuentas, y alcanzaron altos niveles hasta del Ministerio Público, de algunos ministerios, como el de Hacienda, y hasta de direcciones generales, como Aduanas, Impuesto sobre la Renta y Portuaria.

Pese a todo, la ley fue aprobada por primera vez en el Congreso Nacional al finalizar el tercer período de gobierno de Leonel Fernández quien, contradiciendo  su inicio como  gran promotor de las reformas del Estado, la observó o vetó en su último día como presidente, el 15 de agosto del 2012, tratando de sembrar graciosidades. Se desperdició así el inicio de otro gobierno, momento más propicio para implementar restricciones que los nuevos funcionarios tendrían que aceptar.  

DM se guardó el reglamento

            La incubación de la ley de salarios prosiguió con nuevas consultorías internacionales, seminarios y transacciones hasta ser de nuevo aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina, al agotar su primer año de gobierno, en agosto del 2013. Fue celebrada en el MAP y por lo menos en Teleantillas, donde se le había promovido en paneles y entrevista con cuantos consultores fueron traídos al país con ese objetivo. 

            Ventura Camejo y sus técnicos del MAP se adelantaron al plazo de seis meses que la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público consignó para que se promulgara el reglamento complementario y la primera tarifa salarial, lo que llegó a manos del presidente Medina en enero del 2014 para quedarse allí en una gaveta, repitiendo la constante nacional de pasar años gastando recursos y buscando consensos para aprobar leyes que no se cumplen. Se juntó con la de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada un año antes, en el 2012. 

            Ya para entonces el PLD daba claras demostraciones de fatiga democrática, lo que lo conducía a gobernar mediante otra “normativa” nacional, “la ley de la conveniencia”, y lo que siguió fue el mayor desorden administrativo y salarial, duplicando la nómina pública, la multiplicación de organismos, sobrepuestos, el minifundio del Estado, en el que cada alto ejecutivo era dueño de su parcela y la sembraba de clientes de todos los niveles, para manipular conciencias y prolongarse indefinidamente en el poder.

            Pasaron 7 años desde la promulgación de la ley y de nada sirvieron los discretos recordatorios de los organismos internacionales que la patrocinaron, los ejecutivos del MAP se doblegaron y la opinión pública se fue olvidando de la normativa.

La nueva oportunidad

En las prioridades económicas y sociales, de los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Salarial” de la “Coalición Democrática por el Cambio” que ganó las elecciones de este año, se consigna el cumplimiento de la Ley Salarial del Estado, como la de Estrategia Nacional de Desarrollo. La crisis en que el Coronavirus ha sumido el país hace más perentoria la reorganización del Estado, planteada como fundamental por el presidente Luis Abinader.

            Para poner en vigencia la ley salarial habría que rescatar primero el proyecto de reglamento que quedó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y proceder a elaborar una nueva escala salarial, tomando en cuenta que en lo único que se aplicó la normativa del 2013 fue en ajustar hacia arriba los altos salarios que quedaron por debajo de la tarifa. 

Es de rigor romper la extrema desigualdad en un Estado donde alrededor del 50% de sus servidores tienen sueldos que no alcanzan al valor de la canasta familiar del quintil más pobre, que ya sobrepasa los $14 mil mensuales. El salario mínimo estatal apenas fue elevado hace dos años desde $5 mil a $10 mil. La tabla 12 del anteproyecto de presupuesto para el 2021, indica que el sueldo promedio de los tres poderes del Estado es de $28 mil 850, por debajo del promedio de los cinco quintiles que según el Banco Central está en $32 mil. 

Conviven con salarios y pensiones de cientos de miles de pesos y multiplicidad de privilegios prohibidos en la ley salarial, ya no sólo en organismos autónomos, sino también en el mismo gobierno central. Y las diferencias alcanzan hasta el doble entre lo que ganan funcionarios de idénticas responsabilidades, en un mismo ministerio o frente a otro, como documentó Participación Ciudadana en su estudio “Niveles de Diferencia en los Salarios de la Administración Públñica”. 

Por cierto que la tabla citada cuantifica los asalariados de los tres poderes del Estado y órganos especiales en 581 mil 109, lo que implica que la totalidad estatal ronda los 800 mil si se les suman los ayuntamientos, demás entidades descentralizadas y los pensionados.

La supresión de los privilegios extra salariales y la imposición de límites en todos los organismos del Estado, amparadas en mandatos constitucionales y legales podría constituirse en un crédito importante para el gobierno de Abinader, que deberá irse abriendo ventanas y luego puertas para el pacto fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, también en espera de rescate.-