Por Juan Bolívar Díaz
La aprobación del conjunto de reformas fiscales y arancelarias propuestas por el gobierno del presidente Hipólito Mejía, en el breve plazo que demandan los apremios económicos dependerá en gran medida de su capacidad para las concesiones y transacciones, aunque manteniendo una cohesión que no debilite sus fortalezas.
Las primeras reacciones ante el paquete de reformas muestran una mayor madurez y disposición de la sociedad dominicana a aceptar mayores sacrificios en orden al desarrollo y el equilibrio social, pero también más clara conciencia de que conllevan reformas institucionales que garanticen un mejor uso de los recursos públicos.
Con un paquete menos pesado que en 1996, beneficiado por cuatro años de debates, gravoso costo del petróleo, y más necesidad de inserción en esquemas de libre comercio, las reformas fiscales y arancelarias están llamadas a pasar esta vez, a menos que el gobierno y su partido pierdan el rumbo de la oportunidad y la sensatez.
Primeras reacciones
Las primeras reacciones ante los proyectos sometidos a consideración de las cámaras legislativas el pasado jueves 9 de noviembre, tras su anuncio oficial dos días antes, revelan condiciones maduras para que las reformas puedan ser ejecutadas, con algunas concesiones previas.
Sectores hay que han discutido si pagan un ITBIS del 12 por ciento que a la vez elimina impuestos previos del 10, como el de los seguros, o de importadores de vehículos que pretenden que no se debe imponer un impuesto selectivo al consumo en escalas acordes a los costos, o de quienes interpretaron que se gravaría el alquiler de viviendas, la generalidad de las reacciones han sido razonables.
Las críticas parecen concentradas en el proyecto de adelanto del 2 por ciento de las ventas, como mínimo de impuesto sobre la renta y en las escalas del impuesto selectivo para cervezas y cigarrillos y, en menor medida, en el nivel propuesto para el ITBIS.
Aunque ha formulado sus observaciones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se manifestó “muy consciente de la necesidad de apoyar la puesta en vigencia de un conjunto de medidas fiscales, orientadas a consolidar la estabilidad macroeconómica, así como a modernizar el sistema tributario”.
El organismo cúpula del empresariado entiende que algunos de los proyectos presentados “merecen ser revisados para que incorporen un conjunto de observaciones”. La más importante es la reducción al 1 por ciento del anticipo sobre las ventas netas. Se queja de una sobrecarga en los impuestos selectivos a bebidas y tabacos, pero sin especificar una contrapropuesta.
Ha llamado la atención la lentitud en reaccionar de los partidos políticos, que una semana después del anuncio oficial no habían fijado posición al respecto, más allá de algunos declaraciones individuales de sus dirigentes más accesibles a los medios de comunicación.
Situación dificil
Aunque las primeras reacciones peledeista, como la de su secretario general, llamaban a un frente opositor a las reformas, parece que al partido morado le ha resultado difícil la situación. Y no es para menos si se compara este paquete con el que introdujo el gobierno del presidente Leonel Fernández en diciembre de 1996. Son demasiado parecidos para negar el de ahora radicalmente, sin caer en la incoherencia.
Con el agravante de que el proyecto del PLD era más fuerte en los aspectos básicos: un radical desmonte de los aranceles para unificarlos en 10 por ciento en dos años, un Itbis al 14 por ciento en el mismo período, y una tasa única de impuesto sobre la renta del 10 por ciento, lo que “igualaba” a ricos y pobres, obreros y empresarios, empleados públicos y privados.
En cuanto al Partido Reformista Social Cristiano(PRSC), no es sorprendente su lenta y cuidadosa reacción. Incluso se duda que vaya a colocarse de frente al paquete de Hipólito Mejía, quien sigue alimentando “la chiva que amarró” desde finales del año pasado en el patio de la Máximo Gómez 25. El domingo último tuvo su último encuentro allí con el expresidente Joaquín Balaguer, a propósito del bautismo de un par de hermanos, “hijos de una balaguerista y un hipolitista”.
Los reformistas, con Balaguer a la cabeza, parecen inscritos en la línea de negociación con el gobierno. Harán de abogados de intereses empeñados en concesiones, que ellos reivindicarán, como nueva bisagra del sistema partidista. Por eso se apresuraron en negar toda posibilidad de participar en el frente sugerido por José Tomás Pérez.
A los reformistas les conviene más bien que los peledeistas hagan el papel de opositores a lo que ellos mismos tanto promovieron, para dejarlos aislados, ya que será dificil conseguir quorum para un enfrentamiento del programa gubernamental en las presentes circunstancias. Se ha tomado nota de la prudencia con que el movimiento popular y sindical ha reaccionado ante los ajustes propuestos.
Lo que más presiona al PLD es la situación en que su gobierno dejó las finanzas nacionales, que a la vez allana el camino para el programa de ajustes. En lo que parece un respaldo de lo denunciado por el presidente Mejía en el primero de sus dos discursos de la semana pasada, en su página de El Siglo de este lunes 13 de noviembre (14-A), el CONEP dice lo siguiente:
“Es bien cierto que la economía dominicana fue sometida, hasta agosto del año 2000, a un penoso y lamentable proceso de desajuste fiscal y monetario que erosionó las bases de la estabilidad, obligó a la emisión de pesos inorgánicos, al sobregiro de cuentas en el Banco de Reservas, a la elevación desproporcionada de las tasas de interés, afectó las posibilidades de expansión sana de la economía al consumir el grueso de las magras reservas internacionales hasta entonces acumuladas”.
Por demás, al PLD no le viene demasiado bien el enfrentamiento ahora con el PRD y su gobierno, dado que penden sobre varios de sus dirigentes, incluyendo de alto nivel, investigaciones sobre graves irregularidades de su gobierno. El nuevo régimen parece utilizar esos expedientes como espada de Damocles para mantener bajo presión al partido morado. Es la explicación que algunos perredeistas han dado a la lentitud en resolver sobre algunas investigaciones gruesas, negando que hayan cambiado borrón y cuenta nueva por consenso sobre las reformas.
Conceder es transar
Una de las razones del fracaso de las reformas en 1996, además de la oposición de gran parte del PRD, fue la incapacidad del PLD y su gobierno para hacer concesiones, para transar. Sobre todo en el ámbito político. Quien no respaldaba el cien por ciento del paquete era tildado de “enemigo de las reformas”.
En esa clasificación cayeron hasta quienes de buen grado formularon líneas de transacciones, como fue el caso del movimiento cívico Participación Ciudadana. Todavía ahora Carlos Dore sostuvo que ese grupo se opuso a las reformas peledeistas, aunque en enero de 1997 pidió su aprobación, aunque mediante un proceso democrático.
El gobierno de Mejía no está por caer en ese radicalismo, según lo ha indicado el propio presidente Mejía. La vicepresidenta Milagros Ortiz, dijo en un concurrido almuerzo que la instancia del Congreso Nacional es la indicada para las transacciones y el consenso. Más aún, hay quienes creen que desde el principio el paquete fue preparado con la consciencia de que tendrían que hacer concesiones.
En el gobierno no lucen sorprendidos con la oposición al adelanto del dos por ciento de las ventas netas como mínimo de impuesto sobre la renta. Un funcionario adelantó que eso podría terminar en uno y medio, partiendo la diferencia con el CONEP y otros sectores empresariales que han ofertado el 1 por ciento.
El gobierno haría bien en aceptar algunas otras transacciones, en aras de un acuerdo rápido, que cierre los huecos que amenazan la estabilidad económica y le permitan comenzar el año con un presupuesto y una situación definida. Se dice que en esa perspectiva el Itbis podría quedar en 11 por ciento. Lo mismo pondría deducirse algunos puntos a los impuestos selectivos a las cervezas y a los cigarrillos, reconociendo que E. León Jiménes tiene razón al protestar que los impuestos a sus productos representen el 24 por ciento de las nuevas cargas, cuando ya pagan casi el 10 por ciento de todos los ingresos tributarios.
En orden a las compensaciones a los sectores sociales de bajo ingreso, el gobierno podría acentuar programas directos, con partidas y actividades más específicas, en su oferta de ventas de alimentos y suministros de medicamentos hasta entrega de materiales para la reparación de viviendas.
Otras de las áreas de concesión ha sido señalada por el mismo CONEP y por líderes de opinión pública y del ámbito político: un adelanto de aprobación de nuevos mecanismos de control del gasto público, modificando la ley de presupuesto y la de concursos públicos, permitiendo la transparencia en la información sobre pago de impuestos, y aprobando nuevos estatutos para la Contraloría General de la República y el ministerio público.
De lo que se trata es de atender la demanda, bien generalizada, de que se creen lo mecanismos institucionales para impedir que siga el desorden presupuestario, el dispendio y la corrupción, además de las inversiones sin prioridades. Un compromiso de esa naturaleza allanaría en mucho el camino a las reformas.
Las primeras señales son positivas. Sólo es cuestión de reconocer que la vida toda es una sucesión de transacciones, que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la razón. Y que los tiempos no auspician revoluciones, sino simples avances, pero que son preferibles al estancamiento, que en este caso bien podría significar retroceso.-