Por Juan Bolívar Díaz

               La aprobación del conjunto de reformas fiscales y arancelarias propuestas por el gobierno del presidente Hipólito Mejía, en el breve plazo que demandan los apremios económicos dependerá en gran medida de su capacidad para las concesiones y transacciones, aunque manteniendo una cohesión que no debilite sus fortalezas.

            Las primeras reacciones ante el paquete de reformas muestran una mayor madurez y disposición de la sociedad dominicana a aceptar mayores sacrificios en orden al desarrollo y el equilibrio social, pero también más clara conciencia de que conllevan reformas institucionales que garanticen un mejor uso de los recursos públicos.

            Con un paquete menos pesado que en 1996, beneficiado por cuatro años de debates, gravoso costo del petróleo, y más necesidad de inserción en esquemas de libre comercio, las reformas fiscales y arancelarias están llamadas a pasar esta vez, a menos que el gobierno y su partido pierdan el rumbo de la oportunidad y la sensatez.

Primeras reacciones

            Las primeras reacciones ante los proyectos sometidos a consideración de las cámaras legislativas el pasado jueves 9 de noviembre, tras su anuncio oficial dos días antes, revelan condiciones maduras para que las reformas puedan ser ejecutadas, con algunas concesiones previas.

            Sectores hay que han discutido si pagan un ITBIS del 12 por ciento que a la vez elimina impuestos previos del 10, como el de los seguros, o de importadores de vehículos que pretenden que no se debe imponer un impuesto selectivo al consumo en escalas acordes a los costos, o de quienes interpretaron que se gravaría el alquiler de viviendas, la generalidad de las reacciones han sido razonables.

            Las críticas parecen concentradas en el proyecto de adelanto del 2 por ciento de las ventas, como mínimo de impuesto sobre la renta y en las escalas del impuesto selectivo para cervezas y cigarrillos y, en menor medida, en el nivel propuesto para el ITBIS.

            Aunque ha formulado sus observaciones, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se manifestó “muy consciente de la necesidad de apoyar la puesta en vigencia de un conjunto de medidas fiscales, orientadas a consolidar la estabilidad macroeconómica, así como a modernizar el sistema tributario”.

            El organismo cúpula del empresariado entiende que algunos de los proyectos presentados “merecen ser revisados para que incorporen un conjunto de observaciones”. La más importante es la reducción al 1 por ciento del anticipo sobre las ventas netas. Se queja de una sobrecarga en los impuestos selectivos a bebidas y tabacos, pero sin especificar una contrapropuesta.

            Ha llamado la atención la lentitud en reaccionar de los partidos políticos, que una semana después del anuncio oficial no habían fijado posición al respecto, más allá de algunos declaraciones individuales de sus dirigentes más accesibles a los medios de comunicación.

Situación dificil

            Aunque las primeras reacciones peledeista, como la de su secretario general, llamaban a un frente opositor a las reformas, parece que al partido morado le ha resultado difícil la situación. Y no es para menos si se compara este paquete con el que introdujo el gobierno del presidente Leonel Fernández en diciembre de 1996. Son demasiado parecidos para negar el de ahora radicalmente, sin caer en la incoherencia.

            Con el agravante de que el proyecto del PLD era más fuerte en los aspectos básicos: un radical desmonte de los aranceles para unificarlos en 10 por ciento en dos años, un Itbis al 14 por ciento en el mismo período, y una tasa única de impuesto sobre la renta del 10 por ciento, lo que “igualaba” a ricos y pobres, obreros y empresarios, empleados públicos y privados.

            En cuanto al Partido Reformista Social Cristiano(PRSC), no es sorprendente su lenta y cuidadosa reacción. Incluso se duda que vaya a colocarse de frente al paquete de Hipólito Mejía, quien sigue alimentando “la chiva que amarró” desde finales del año pasado en el patio de la Máximo Gómez 25. El domingo último tuvo su último encuentro allí con el expresidente Joaquín Balaguer, a propósito del bautismo de un par de hermanos, “hijos de una balaguerista y un hipolitista”.

            Los reformistas, con Balaguer a la cabeza, parecen inscritos en la línea de negociación con el gobierno. Harán de abogados de intereses empeñados en concesiones, que ellos reivindicarán, como nueva bisagra del sistema partidista. Por eso se apresuraron en negar toda posibilidad de participar en el frente sugerido por José Tomás Pérez.

A los reformistas les conviene más bien que los peledeistas hagan el papel de opositores a lo que ellos mismos tanto promovieron, para dejarlos aislados, ya que será dificil conseguir quorum para un enfrentamiento del programa gubernamental en las presentes circunstancias. Se ha tomado nota de la prudencia con que el movimiento popular y sindical ha reaccionado ante los ajustes propuestos.

Lo que más presiona al PLD es la situación en que su gobierno dejó las finanzas nacionales, que a la vez allana el camino para el programa de ajustes. En lo que parece un respaldo de lo denunciado por el presidente Mejía en el primero de sus dos discursos de la semana pasada, en su página de El Siglo de este lunes 13 de noviembre (14-A), el CONEP dice lo siguiente:

“Es bien cierto que la economía dominicana fue sometida, hasta agosto del año 2000, a un penoso y lamentable proceso de desajuste fiscal y monetario que erosionó las bases de la estabilidad, obligó a la emisión de pesos inorgánicos, al sobregiro de cuentas en el Banco de Reservas, a la elevación desproporcionada de las tasas de interés, afectó las posibilidades de expansión sana de la economía al consumir el grueso de las magras reservas internacionales hasta entonces acumuladas”.

Por demás, al PLD no le viene demasiado bien el enfrentamiento ahora con el PRD y su gobierno, dado que penden sobre varios de sus dirigentes, incluyendo de alto nivel, investigaciones sobre graves irregularidades de su gobierno. El nuevo régimen parece utilizar esos expedientes como espada de Damocles para mantener bajo presión al partido morado. Es la explicación que algunos perredeistas han dado a la lentitud en resolver sobre algunas investigaciones gruesas, negando que hayan cambiado borrón y cuenta nueva por consenso sobre las reformas.

Conceder es transar

            Una de las razones del fracaso de las reformas en 1996, además de la oposición de gran parte del PRD, fue la incapacidad del PLD y su gobierno para hacer concesiones, para transar. Sobre todo en el ámbito político. Quien no respaldaba el cien por ciento del paquete era tildado de “enemigo de las reformas”.

En esa clasificación cayeron hasta quienes de buen grado formularon líneas de transacciones, como fue el caso del movimiento cívico Participación Ciudadana. Todavía ahora Carlos Dore sostuvo que ese grupo se opuso a las reformas peledeistas, aunque en enero de 1997 pidió su aprobación, aunque mediante un proceso democrático.

El gobierno de Mejía no está por caer en ese radicalismo, según lo ha indicado el propio presidente Mejía. La vicepresidenta Milagros Ortiz, dijo en un concurrido almuerzo que la instancia del Congreso Nacional es la indicada para las transacciones y el consenso. Más aún, hay quienes creen que desde el principio el paquete fue preparado con la consciencia de que tendrían que hacer concesiones.

En el gobierno no lucen sorprendidos con la oposición al adelanto del dos por ciento de las ventas netas como mínimo de impuesto sobre la renta. Un funcionario adelantó que eso podría terminar en uno y medio, partiendo la diferencia con el CONEP y otros sectores empresariales que han ofertado el 1 por ciento.

El gobierno haría bien en aceptar algunas otras transacciones, en aras de un acuerdo rápido, que cierre los huecos que amenazan la estabilidad económica y le permitan comenzar el año con un presupuesto y una situación definida. Se dice que en esa perspectiva el Itbis podría quedar en 11 por ciento. Lo mismo pondría deducirse algunos puntos a los impuestos selectivos a las cervezas y a los cigarrillos, reconociendo que E. León Jiménes tiene razón al protestar que los impuestos a sus productos representen el 24 por ciento de las nuevas cargas, cuando ya pagan casi el 10 por ciento de todos los ingresos tributarios.

En orden a las compensaciones a los sectores sociales de bajo ingreso, el gobierno podría acentuar programas directos, con partidas y actividades más específicas, en su oferta de ventas de alimentos y suministros de medicamentos hasta entrega de materiales para la reparación de viviendas.

Otras de las áreas de concesión ha sido señalada por el mismo CONEP y por líderes de opinión pública y del ámbito político: un adelanto de aprobación de nuevos mecanismos de control del gasto público, modificando la ley de presupuesto y la de concursos públicos, permitiendo la transparencia en la información sobre pago de impuestos, y aprobando nuevos estatutos para la Contraloría General de la República y el ministerio público.

De lo que se trata es de atender la demanda, bien generalizada, de que se creen lo mecanismos institucionales para impedir que siga el desorden presupuestario, el dispendio y la corrupción, además de las inversiones sin prioridades. Un compromiso de esa naturaleza allanaría en mucho el camino a las reformas.

Las primeras señales son positivas. Sólo es cuestión de reconocer que la vida toda es una sucesión de transacciones, que nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la razón. Y que los tiempos no auspician revoluciones, sino simples avances, pero que son preferibles al estancamiento, que en este caso bien podría significar retroceso.-

Por Juan Bolívar Díaz

            El paquete económico del gobierno del Presidente Hipólito Mejía, muy similar al presentado hace cuatro años por el presidente Leonel Fernández, tiene muchas más posibilidades de ser puesto en vigor, entre otras razones porque ahora son mayores los apremios de la economía nacional.

            Presentado el proyecto de reformas fiscales, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) está obligado a aprobarlo en breve plazo si quiere evitar un mayor deterioro de la estabilidad macroeconómica y el crecimiento de los últimos años, y para evitar una grave fracturación en el seno del mismo gobierno.

            Resulta evidente que para obtener al menos la colaboración, comprensión o la tolerancia de diversos sectores, el gobierno tiene que empujar paralelamente en dirección de la austeridad, la racionalidad y la prioridad en la inversión, la transparencia y honestidad en la gestión, eliminando todo discrecionalidad en el gasto.

Similar al de 1996

            Los reajustes económicos anunciados esta vez por el presidente Mejía son casi idénticos a los presentados a mediados de diciembre de 1996 por el presidente Fernández. Ambos han pretendido elevar la tasa fiscal, mediante el incremento de la tasa del impuesto a los Bienes Industrializados y Servicios (Itebis), y su ampliación, gravando las ventas brutas de las empresas y elevando las tasas del impuesto selectivo al consumo.

            El proyecto de 1996 pretendió llevar el Itebis al 14 por ciento(luego fue reducido al 12) pero solo planteaba el adelanto del 1 por ciento de las ventas brutas, como mínimo de impuesto sobre la renta. Las tasas de elevación de los impuestos selectivos eran similares a las de ahora, con escala del 20 al 50 por ciento, liberando los automóviles utilitarios o de bajo costo. En ambos se ha propuesto aumentar la franja de excepción del impuesto sobre la renta a los salarios, beneficiando a los de menor nivel.

            Al mismo tiempo se plantearon la reforma arancelaria, el del PLD proponía reducir la tasa máxima del 35 al 20, al 15 un año más tarde, y al 10 por ciento al segundo año, siempre con una sola tasa. En las negociaciones y reformas que originaron el rechazo del proyecto original se establecieron varias tasas. El proyecto de ahora solo contempla un tramo de reducción con un máximo del 20 por ciento y escalas de 14, 8,3 y 0.

            Hace 4 años, el paquete económico contemplaba también el aumento de los precios de los combustibles, como ahora con un mecanismo de ajustes automáticos en virtud del precio del petróleo para fijar un impuesto rígido, lo que luego fue separado y ejecutado por resolución administrativa.

            Tal vez la mayor diferencia ha sido que en diciembre del 1996 el paquete llegó al Congreso atado al proyecto de presupuesto para el año siguiente, como expresión de la conciencia peledeista de su condición de extrema minoría parlamentaria, entonces con 1 senador y 14 diputados. Se creía que de esa forma obligarían a los opositores a aprobarlo en breve plazo, bajo la amenaza de aplicar en 1997 el presupuesto del año anterior, como finalmente ocurrió, ampliando la discreción en el gasto y la inversión.

            El paquete de 1996 llegó al Congreso la semana de Navidad, después de tres discursos del presidente Leonel Fernández que siguieron, como ahora, a un ciclo de reuniones con los más diversos sectores sociales y económicos. El 2 de enero quedó virtualmente derrotado en una vista pública del Senado, donde de 70 expositores, sólo lo defendieron los funcionarios del gobierno y Andy Dauhajre, el eterno promotor de ese tipo de reformas.

Entonces el gobierno inició un nuevo ciclo de negociaciones, esta vez sólo con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, (CONEP), hasta reformularlo y enviarlo luego al congreso, donde durmió el sueño eterno, con evidente desprecio de los perredeistas que ahora lo promueven y de los reformistas que nunca se comprometieron con el mismo..

Condiciones diferentes

            El actual gobierno tiene mayores posibilidades de concretizar su paquete económico. Primero por tener fuerza congresional propia, con el 80 por ciento del Senado y la mitad de los diputados, por disponer del respaldo del partido más grande y con más experiencia de negociación. Y porque su principal oposición en cl Congreso no podrá hacer una oposición fuerte al respecto, dado que ya antes propuso lo mismo.

            En segundo lugar, porque ahora urge para el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, en peligro por la gestión de los últimos meses del gobierno anterior, con grave déficit fiscal, con cientos de obras inconclusas, endeudamiento interno, reducción de reservas internacionales, alzas desmesuradas de las tasas de interés y expectativas inflacionarias, todo lo cual amenaza el crecimiento sostenido de los últimos 8 años, alto en los últimos 5.

            En tercer lugar, porque esta vez los precios internacionales del petróleo, alrededor de 33 dólares el barril, determinan graves apremios para los países importadores, que sólo los muy ignorantes y mezquinos pueden desconocer, lo que juega en favor de las reformas y los aumentos de las tasas impositivas.

Y en cuarto lugar porque 4 años después hay más comprensión y hasta resignación sobre la necesidad de reformas económicas y sociales en la sociedad dominicana, con mayores compromisos internacionales, como los implicados en los tratados de libre comercio firmados por el gobierno del PLD.

               Tal como ha sostenido el gobierno y lo reconoce el CONEP en su página de El Siglo (14-A) de este lunes 6 de noviembre, “el país se encuentra al borde de una importante desestabilización económica, a no ser que se adopte cuanto antes una serie de correctivos en materia fiscal y monetaria”.

            Desde luego, eso no impide que el mismo CONEP, e innumerables organizaciones de todos los sectores, productivos y sociales, políticos y sindicales, hayan salido a rechazar las partes del paquete que no convienen a sus intereses.

            El paquete, no hay dudas, sumirá de nuevo a la nación en un debate de ciegos y sordos. Solo hay que advertir que hasta la Sociedad Interamericana de Prensa se ha hecho presente para pretender que la publicidad debe seguir sin pagar impuestos.

            Se correrá el riesgo de un agravamiento de la situación económica, con las incertidumbres que caracterizarán el período y las expectativas de devaluación e inflación que lo acompañarán, a menos que se produzca el milagro de la caída de los precios del petróleo, cosa muy lejos de las posibilidades, ya que el aumento de la producción de la OPEP en 500 mil barriles diarios no produjo ni asombro la semana pasada.

Urgentes compensaciones   

Dentro de ese cuadro y a la luz de las resistencias y el ruido que meterán los más diversos intereses, desde los de los grandes productores, hasta los grupos populares, la situación conlleva un grave desafío para el PRD, que puede jugarse la suerte de su gobierno.

            La prolongación del debate nada aportará, que no sea claudicación y mayores distorsiones económicas. Esas tasas se han debatido durante por lo menos 4 años, de manera que no se trata de un paquete sorpresa que se intenta meter de contrabando.

            Si los perredeistas se dividen debilitarán temprano y precipitadamente su gobierno de apenas dos meses y 3 semanas y pagarán el costo con la pérdida de la estabilidad macroeconómica, lo que a su vez agravará la pobreza, en vez de facilitar el compromiso de combatirla.

            Por demás, luce difícil que se den condiciones más favorables para dar un empujón a las reformas fiscales y sociales que se han discutido durante años en el país, comprometidas para dar vigencia a los acuerdos de libre comercio.

            Lo que es urgentes es que el gobierno perfile claramente las compensaciones que conllevará su paquete de reformas. Pero no solamente en materia de subsidio al gas propano, alzas salariales y distribución de alimentos, sino también en señales inequívocas de racionalidad y honestidad en el manejo estatal.

            La sociedad aceptará los sacrificios si son compartidos por el gobierno y sus funcionarios, con sincera austeridad , congelación de nóminas, y efectivos mecanismos de control y penalización. Así mismo con estrictos criterios de prioridad en la inversión pública y cerrando las puertas al uso discrecional de los recursos por los tres poderes del Estado y los municipios.

            Para ello el gobierno tiene que dar rango de importancia a los proyectos de reforma de la ley de presupuesto, a los que confieren autonomía al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República y el que crea la Fiscalía anticorrupción, por lo menos. Los legisladores oficialistas tendrían que mostrar compromiso con esos proyectos.

            Tendría también el gobierno que convertir en realidad el reciente decreto que crea los Consejo de Desarrollo, nacional, regionales, provinciales, y municipales para no dejar dudas de que las inversiones serán determinadas por las demandas comunitarias.

            El tropiezo del paquete económico atado al presupuesto marcó indeleblemente el gobierno de Leonel Fernández y lo impulsó por rumbos de confrontación que empantanaron el “nuevo camino”. El de ahora podría ser más desastroso si se toma en cuenta los peligros mayores que acechan a la economía nacional. Podría poner en grave riesgo “la esperanza de la gente”.

            Pero esta vez el éxito del paquete de reformas depende más que hace cuatro años del partido y el equipo de gobierno ya que dificilmente se produzca un mayor o menor consenso sobre las reformas. Y a ellos se cobrará por su fracaso o se premiará por el éxito. No tienen escapatoria y tendrán que jugárselas todas a esta altura del juego.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Transcurridos dos meses y medio de la actual gestión perredeistase generaliza la convicción de que las máximas autoridades han decretado otro borrón y cuenta nueva frente a la corrupción del pasado reciente, lo que desalienta las limitadas expectativas de que ese mal pudiera ser contenido.

            Lo que más ha contribuido a esa convicción es la investigación sobre la abusiva distribución de 999 taxis de los popularmente denominados “pollitos”, en torno a la cual el propio Presidente Hipólito Mejía declaró una “amnistía” después que se comprobó que las dos terceras partes fueron entregados por simple clientelismo político y familiar.

            Mientras tanto, las iniciativas legislativas anunciadas para combatir a fondo la corrupción, duermen el sueño eterno en el Congreso Nacional, sin que nadie parezca reclamara su paternidad, y se deja de lado -una vez más- la eterna promesa política de anular mecanismos de tráfico como la factura consular.

Mucha espuma y poco chocolate

            Desde comienzo del gobierno se han formulado numerosas denuncias sobre corrupción y manejos indecorosos atribuidos al pasado régimen, que van de asuntos tan gruesos como el “programa de evaluación mínima de empleos” que manejaba Luis Incháusti, la quiebra de la Lotería Nacional, o el funcionario que depositaba 220 mil dólares mensuales en una cuenta bancaria del exterior, hasta las vacanales de las tarjetas de crédito, las becas para familiares y amigos, las tierras estatales y los apartamentos.

            El consultor jurídico del Ejecutivo y el secretario de la Presidencia han llevado la voz cantante en las denuncias, de las que han participado muchos otros funcionarios, especialmente dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano.

            Desde el principio, también, se ha dicho que algunos funcionarios podrían ser dejados solos y hasta sacrificados, porque no existe real interés en llegar más allá de un uso político de las denuncias contra connotados peledeistas. Más aún se arfirmó hace ya un mes que a Guido Gómez Mazara le estaban recomendando que encausara sus energías y capacidades para propósitos “más viables”.

               Funcionarios hubo que se perdieron en denuncias de casos individuales, que si bien podrían constituir irregularidades hasta penalizables, pasaban por “pecata minuta” en un medio donde la corrupción pública y privada está tan entronizada y legitimada. Hasta el punto de que un joven general, por cierto de magnífica imagen pública, pudo declarar una fortuna de 22 millones de pesos y luego reivindicar que “le habían sido regalados”.

            Algunas de esas denuncias, como la más reciente, relativa a la beca que Alejandrina Germán otorgó a una hija, sólo han servido para dejar en ridículo al gobierno. En este caso, la ex-secretaria de la Presidencia desafió abiertamente al gobierno al negarse a acudir a una cita para que respondiera sobre el caso. Y una vez más el discurso ambivalente dejó el asunto en el aire.

               Pero con tantas denuncias gruesas pendientes, como las que involucran cientos de millones de pesos del patrimonio nacional, quién digeriría una orden de conducencia contra una dama en razón de favoritismo en la concesión de una beca. Hubiese sido un segundo error, después del primero, que fue haberla requerido para interrogarla sobre el particular.

            Mientras la opinión pública espera los resultados de la investigación sobre los cientos de millones de pesos manejados por el asistente presidencial Luis Incháusti, que fue la primera denuncia gruesa formulada tan pronto los nuevos funcionarios se posesionaron. Al comienzo de la segunda semana de octubre se llegó a decir que la orden de conducencia contra Incháusti estaba hecha y que habría sido retenida.

            Otro tanto ha pasado con la orden de prisión contra el ex-administrador de la Lotería Nacional, ex-director de la Autoridad Portuaria y ex-jefe de la campaña electoral de Danilo Medina, Francisco Javier García, a quien se investiga por los depósitos de 220 mil dólares mensuales, no se sabe durante cuanto tiempo, en un banco en el exterior.

Los pollitos voladores

            La amnistía parece haber sido el destino definitivo de la investigación sobre los pollitos en la cual el gobierno llegó al grado de involucrar no solo a cinco organismos públicos, sino también a unos seis sindicatos de choferes, entre ellos uno tan persistente y serio como Juan Hubieres, para al final echarle agua al fuego y declarar posición anterior.

            Los sindicatos han tenido toda la razón en denunciar el tráfico de los taxis pollitos. Sobre todo el grupo de Hubieres que llegó a la crucifixión pública en sus múltiples formas de reclamar al gobierno del PLD que le pagaran más de un centenar de micro y minibuses entregados para ser sustituídos por nuevos y retirados de circulación.

            Mientras no pudieron pagarle a esos pequeños propietarios de uno y dos minibuses destartalados, el gobierno firmó un crédito por 29 millones y medio de dólares con el gobierno español para importar dos mi taxis. La operación fue ejecutada en parte con la llegada de la primera mitad de los vehículos (aunque luego solo han aparecido 999), aunque todavía el Congreso no ha aprobado el contrato, lo cual constituye por lo menos un exceso de poder.

            Los comisionados oficiales llamaron públicamente a los beneficiarios de la distribución de los 999 pollitos, con el objetivo de verificar si eran choferes. Al cabo de varias semanas y plazos, el 10 por ciento (97)no compareció. Tras comprobar que el 64 por ciento no reunían la condición básica de ser taxistas ni trabajar como choferes, la comisión recomendó que les rescindieran los contratos y los vehículos fueran reasignados a reales trabajadores del volante.

            A esas alturas del juego, la pasión de las autoridades por deshacer el tráfico y la corrupción se había ido apagando. Hubieres tuvo que presionar para que se hiciera público el resultado de la investigación. Llegó a amenazar con darla a conocer por su cuenta, lo que persuadió a las autoridades de que por lo menos habría que responder al primer nivel de las expectativas públicas, saber qué ocurrió.

            Se hizo el 12 de octubre, 9 días después de entregado el informe, y el director de la Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Antonio Reynoso, llegó a afirmar la decisión de rectificar el enorme tráfico, que en su primera mitad envolvía casi dos mil 500 millones de pesos. El valor de cada taxis, de acuerdo al contrato, es de unos 14 mil 750 dólares. Los contratos con los beneficiarios le otorgaban el vehículo, financiado por el Estado, para que ellos pagaran mensualidades.

            Ya se ha conocido como el propio Presidente Mejía dictó el borrón y cuenta nueva, o la amnistía, en el caso de estos pollitos voladores.

¿Un trueque político?

            La significativa reducción de los ímpetus moralizadores de los funcionarios del actual gobierno hacen creer que podría estarse frente a otro clásico borrón y cuenta nueva y que podría tratarse de un trueque político, a cambio de una actitud generosa del Partido de la Liberación Dominicana frente a las reformas fiscales que a los perredeistas tanto les costó comprender.

            La versión tomó cuerpo a raíz de la reunión sostenida por el Presidente Mejía con el ex-presidente Leonel Fernández y el ex-candidato presidencial Danilo Medina el martes 10 de octubre, justamente cuando se decidía dar a conocer el informe sobre los pollitos, y cuando se llegó a asegurar que la orden de prisión contra Incháusti estaba lista.

            En la ocasión el presidente negó que en esa junta se hubiese discutido sobre los ámbitos de la justicia, pero fue de las filas peledeistas de donde trascendió que el tema de las acusaciones fue central, junto con el interés del gobierno de “lograr consenso” en torno a las reformas pendientes en el Congreso Nacional.

            Posteriormente, el presidente Mejía giró una visita al secretario general del PLD, José Tomás Pérez, quien reveló al menos parte de lo tratado, expresando satisfacción porque el mendatario “busca el diálogo y el consenso”. Declaró que se había conversado sobre las reformas económicas pendientes en el Congreso Nacional y otras que el gobierno se propone someter próximamente.

            En aras de un consenso entre los partidos políticos, sobre asuntos tan importantes como las reformas fiscales y sociales pendientes, cualquiera tiene la tentación de aceptar un trueque de amnistía por comprensión o tolerancia. Podría dar una ganancia neta.

            El problema es que una vez más se reafirmaría la impunidad en el manejo del patrimonio público, con el agravante que ello abre de par en par las puertas a la continuación de la fiesta. Ya el presidente Mejía anunció un plan de empleo para la temporada navideña a fin de beneficiar a las bases del PRD. ¿Sería otro programa similar al que manejó Incháusti? Similar o no sería otro tráfico clientelista a costa del patrimonio público.

            Y mientras tanto, nadie ha vuelto a hablar del proyecto de ley la fiscalía anticorrupción, o de la independiencia de la Contraloría General. Y ya se anunció que al igual que en con pasado régimen, quedarán en palabras las promesas de eliminar la factura consular. Eso sí reducirán de 190 a 105 dólares los impuestos por facturas para exportaciones hacia la República Dominicana. Obviamente los nuevos funcionarios empiezan a cogerle gusto a la cosa pública. Y reafirman que una cosa es desde la oposición y otra en el gobierno.-

Por Juan Bolívar Díaz

            De la seis semanas de gobierno del presidente Hipólito Mejía se desprende la preocupación de que el mandatario quiera extender demasiado el manto de su apertura frente a mansos y cimarrones y que concluya haciendo honor al viejo refrán de que quien mucho abarca poco aprieta.

            Se comprende y pondera la inclinación del agrónomo Mejía por la concertación y su carácter afable que le permitió estructurar en dos décadas el pedestal que lo subió al poder, pero hay quienes temen que el empeño por lograr un consenso total le consuma excesivas energías y termine atándole las manos.

            Por demás, al meter a los cimarrones en el mismo saco que a los mansos se corre el riesgo de perder legitimidad ética o por lo menos enviar mensajes equívocos que podrían debilitar el discurso contra la corrupción y ser mal captados por ese considerable porcentaje que ve la función pública como oportunidad para el enriquecimiento.

Un equipo heterodoxo

            El criterio básico con que se ha conformado el equipo de gobierno del primer gobierno dominicano de este siglo ha sido el mérito acumulado en las luchas internas y en la campaña electoral. El mismo Presidente lo ha repetido en diversas ocasiones, los que se fajaron serán premiados.

            Lo mismo se dice de los dirigentes reformistas que fueron más abiertos al entendimiento con Mejía, o por lo menos que fueron más refractarios a nuevos pactos con el Partido de la Liberación Dominicana.

            A diferencia de los gobiernos perredeistas de Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco, en este casi todos los altos funcionarios corresponden al patrón de haber contribuido al éxito de la campaña electoral. Y son contados los que no son dirigentes políticos o asociados oportunos del primer mandatario.

            De ahí que puedan conformar el equipo económico personajes políticos tan disímiles como Fernando Alvarez Bogaert y Angel Lockward, Frank Guerrero Prats y Rafael Calderón.

            La medida de la amplitud con que Hipólito Mejía ha concebido su gobierno la da el hecho de que persistiera en designar como secretarios sin cartera a ex-militares como Elías Wessin y Wessin y Ramón Emilio Jiménez, y que colocara a este en el mismo banco que a Jesús Féliz, el director del Departamento de Prevención de la Corrupción de la Procuraduría General de la República.

            Para los malos observadores políticos, debe consignarse que el abogado Féliz fue probablemente la voz más cantante de la parte civil constituída en el juicio por el asesinato de Orlando Martínez, al que el ex-vicealmirante Jiménez concurrió primero como testigo y luego en persistente calidad de oyente, recibiendo agudos dardos de la parte acusadora.

            A la luz de los papeles desempeñados por ambos personajes en el sonado juicio resultó una sorpresa que ambos fueran incorporados, pocos días después, al mismo tiempo al nuevo gobierno. Se pensó que uno de los dos podría haber esperado por lo menos algunas semanas, siquiera para que se enfriaran los ánimos o en aras del disimulo. Pero el mandatario los quería a los dos.

Chivas a diestra y siniestra

La amplitud de Hipólito Mejía se ha manifestado también en sus visitas y reuniones, lo mismo con altos empresarios, que con técnicos en comunicaciones como Frank Cabral, o banqueros en desgracia como Leonel Almonte. La visita pública a éste último no encontró explicación política. No tanto por las acusaciones que lo llevaron a la cárcel junto al ex-presidente Jorge Blanco, como por los cientos de ahorrantes que lo responsabilizan de la pérdida de sus haberes.

En círculos políticos se ha debatido la laxitud mostrada por el Presidente Mejía y algunos consideran que en realidad hace tiempo que el viene amarrando sus chivas en muchos patios, lo que hasta el momento le ha dado resultado. El mejor ejemplo al respecto es el del caudillo Joaquín Balaguer. Muy poco después de ser electo candidato presidencial, en 1999, Mejía visitó al líder reformista y dijo en público que había ido donde aquel a “amarrar la chiva”. No hay duda que en pura política fue un gran acierto.

            Otros, menos políticos, atribuyen esa amplitud a la generosidad del agrónomo y empresario. Sobre todo a su capacidad para agradecer las distinciones y favores recibidos, y su disposición a retribuirlos en atenciones aún tenga que meter la mano en el fuego y correr el riesgo de alguna quemadura.

            Pero las amplitudes del Presidente Mejía ya comienzan a ser mal interpretadas, y hasta en su propio gobierno hay quienes creen que no se llegará muy lejos en la sanción de la corrupción. Guido Gómez Mazara, el consultor jurídico, y el mismo Jesús Féliz reciben frecuentes advertencias de que podrían quedarse solos o ser sacrificados en el altar de las conveniencias políticas.

            Al respecto se indica que ya se apaciguaron los ánimos por los “taxis pollitos”, sin que se supiera de la menor rectificación en un asunto donde todo el mundo sabe que hubo excesos y abusos mayúsculos con un financiamiento de 29 millones de dólares. Se ha llegado a decir, sin confirmación, que Mejía habló hasta con Luis Incháusti, el responsable del programa para “financiamiento de tigres” que costó cientos de millones de pesos. Hay quienes creen que nunca se sabrá efectivamente la inversión.

Nada conflictivo

            El presidente anunció el pasado fin de semana en Santiago su disposición de observar la ley aprobada por el Congreso que regula las tarifas de los colegios privados. Días antes había dicho desde Guatemala que la promulgaría, pero expresó su disposición a reconsiderarla en aras de que se encuentre consenso al respecto.

            Es posible que dicha ley tenga imperfecciones y exageraciones o normativas impracticables, que ameriten revisión. En base a ellas se podría justificar una observación para devolverla al Congreso Nacional, pero no en el consenso, porque en este caso hubo una prolongada ponderación y se escucharon puntos de vistas diversos, algunos excluyentes y, por su radicalismo, imposibles de conciliar.

            Por demás, tal observación enviaría también señales equívocas al Congreso Nacional. Primero porque la falta de consenso no figura como causal de observación presidencial. Y segundo, porque justificaría la eterna paralización de otros proyectos que tocan intereses más difíciles aún de conciliar, por su magnitud.

            Tales serían los casos del código Financiero y Monetario, y de los proyectos de reforma fiscal y arancelaria, de leyes de Electricidad, de seguridad social, de hidrocarburos y otros que han tenido un curso excesivamente lento por los intereses encontrados que afectan.

            Si el presidente se propone el consenso, como condición para gobernar, difícilmente pueda realizar las grandes reformas que requiere el país para reunir las fuerzas necesarias para combatir efectivamente la pobreza que afecta a la mayoría, mediante una redistribución del ingreso, y que figura como compromiso número uno del perredeismo.

            Ante los más mínimos esfuerzos para redistribuir el ingreso nacional o aumentar la contribución fiscal de los que más tienen, el gobierno siempre encontrará resistencia, aquí y en cualquier país. No cabe el consenso absoluto.

            Si el gobierno se muestra solícito a detener hasta las leyes en aras de un consenso imposible, se repetirá consistentemente el caso de la Asociación de Distribuidores de Gas, que no sólo consiguió que le restituyeran parte del margen de beneficio que le habían reducido en la reciente resolución sobre los combustibles, sino que también logró que el gobierno revocara la autorización que estimulaba la competencia al eliminar los precios mínimos.

Ni tanto ni tampoco

            En los últimos años la nación dominicana ha avanzado en la búsqueda de consenso para enfrentar sus graves carencias y problemas. La consulta y la participación han llegado a grupos más allá de los tradicionales, de los dominantes social y económicamente. Pero con frecuencia los consensos logrados no se traducen en hechos concretos. Y más aún, a nombre de la falta de consenso se va creando una inmovilidad política y social. Es el caso de los proyectos de reformas económicas, políticas y sociales.

            El gobierno requiere con urgencia de muchas de esas reformas, incluso para cumplir los renovados compromisos internacionales en materia de libre comercio, ni hablar que para reunir mucho mayores recursos para financiar el desarrollo nacional y responder a las grandes expectativas de las masas populares.

            Muchos analistas temen que insistiendo en el consenso no se lograrán tales reformas., Y que ya el tiempo de la negociación se cumplió en casi todos los casos. No es que el gobierno arrase o pretenda un traje más grande de lo que le corresponde, que serían otros errores. Pero tiene que reunirse con su mayoría legislativa y tomar un curso de acción que parece dilatado.

            La nación puede celebrar el tener un presidente con espíritu abierto y generoso, que no intente aplastar ni avasallar, capaz de escuchar y hasta de rectificar, pero alguien tendrá que cuidar de que el gobierno no caiga en el inmovilismo. Debería ser la tarea de la unidad de análisis estratégico de la presidencia, junto al equipo de comunicación, con políticas definidas.

            Todos los extremos son peligrosos. La sociedad dominicana no está para radicalismos. Pero tampoco para inmovilismo. Y la pretensión de juntar amarrar excesivamente conduce a la nada.

Por Juan Bolívar Díaz

            Durante la última semana quedaron en evidencia dos dramáticas muestras del nivel de irracionalidad que ha caracterizado durante un cuarto de siglo las relaciones entre los partidos Revolucionario Dominicano (PRD) y de la Liberación Dominicana (PLD).

            Por un lado el Comité Central del partido morado emitió un extenso comunicado rompiendo lanzas contra el gobierno perredeista de Hipólito Mejía apenas a los 25 días de instalado, en un precipitado ejercicio opositor que no ha guardado ni siquiera los clásicos “cien días de gracias” para que un gobierno arranque y define su curso de acción.

            Y por el otro, el presidente Mejía hubo de proclamar que eran injustas y sectarias las críticas que se formularon a su antecesor Leonel Fernández por sus numerosos viajes al exterior durante su mandato de cuatro años, a la cabeza de las cuales estuvieron los perredeistas, muchos de los cuales no reconocieron nada positivo al pasado gobierno.

El PLD rompe lanzas

            Los líderes del PLD, con el presidente Fernández a la cabeza, habían prometido que observarían la tregua de los cien días frente al nuevo gobierno. Pero la pasada semana rompieron lanzas y se lanzaron al ruedo opositor, formulando críticas y demandas desproporcionadas a propósito de los aumentos de precios de los combustibles que toda la nación justificó.

            Las formulaciones peledeistas están contenidas en un comunicado fechado el 11 de septiembre, que en sí mismo es terriblemente contradictorio con las decisiones asombrosamente similares que adoptó en su arranque el gobierno del doctor Fernández.

            Dos días después, cuando el gobierno llegaba a su cuarta semana, y sin que hubiese arrancado definitivamente, ya el PLD le demandaba una cumbre de líderes políticos para debatir los problemas nacionales y buscar consenso para enfrentarlos.

            La evidente precipitación del partido morado parecía motorizada por lo que algunos de sus dirigentes han considerado una campaña de hostigamiento y hasta de persecución por parte de las nuevas autoridades.

            Pronunciamientos destemplados y denuncias han llovido por parte de los nuevos funcionarios. Pero no se podría hablar de persecuciones políticas, dado que hasta entonces ni un solo de los dirigentes del PLD estaba encarcelado o había sido forzado al exilio. A menos que se valide como persecución política la instancia del Consultor Jurídico Guido Gómez Mazara para que se investigue la forma en que Luis Incháusti manejó más de mil millones de pesos.

            Al finalizar la semana se produciría el primer encarcelamiento en la persona del ex-administrador de la Lotería Nacional, Aristipo Vidal, dictada por una jueza de instrucción, pero como fruto de una demanda particular en la que no ha mediado la acción del nuevo gobierno.

            En la opinión pública ha quedado la sensación de que efectivamente la ruptura de lanzas peledeista implica una determinación de ponerse a la ofensiva para obligar a las nuevas autoridades a reducir sus ímpetus de sancionar la corrupción administrativa. Existe la convicción de que las indagatorias sobre los fondos manejados por Incháusti en el Programa de Evaluación Mínima de Empleo (PEME) podrían salpicar figuras importantes.

            La ofensiva perseguiría también disminuir las denuncias sobre las precariedades con que los perredeistas recibieron muchas instituciones estatales, con un déficit fiscal que ha determinado un lento arranque de los programas que habían diseñado para los primeros cien días.

Posiciones contradictorias

            El comunicado del PLD, criticando los aumentos de los combustibles y de la tasa de cambio, fue abiertamente contradictorio de sus propias políticas al comienzo del gobierno en 1996, cuando también se vio precisado a elevaciones en proporciones mayores que ahora.

            En diciembre de 1996, el precio de la gasolina regular fue elevado en 30 por ciento, al pasar de 20 a 26 pesos el galón, mientras el gasoil subía en 40 por ciento. Esta vez las gasolinas subieron 22 y 25 por ciento y los gasoil 30 y 32 por ciento.

            Correspondió al gobierno de Fernández elevar la tasa de cambio del dólar, de 12 con 87 a 14 con 02, para un 8.9 por ciento. Esa tasa subió un 25 por ciento durante el cuatrienio para terminar en 16 pesos con 5 centavos. Al llevarla ahora a 16.40 pesos, las nuevas autoridades sólo han devaluado 2.2 por ciento, es decir la cuarta parte de la ejecutada el 19 de diciembre de 1996.

            La devaluación de hace 4 años como la de ahora no se le podría cargar a quienes la ejecutaron. En realidad de lo que se ha tratado es de “sincerar la tasa de cambio”, es decir reconocer el nivel que ya tenía en el mercado bancario. Y esta vez se hizo, incluso, en base a la misma resolución de la Junta Monetaria de diciembre de 1996 que disponía su reajuste semanal en función del valor proporcional prevaleciente en el mercado libre.

            Tampoco lució acertado que el PLD reclamara la reducción de la comisión cambiara del 5 al 1.75 por ciento, cuando precisamente fue su gobierno que la llevó a ese nivel en octubre de 1999, conjuntamente con un incremento del costo de los combustibles cuando el petróleo promediaba 24 dólares en el mercado mundial, cuando la semana pasada andaba sobre 34.

            Otra desproporción fue la de reclamar el pago de prestaciones laborales para todos los empleados estatales cancelados, lo que carece de precedente en el país y sería muy difícil de materializar para un gobierno que recibe el Estado con un fuerte endeudamiento interno y déficit fiscal.

            En el mismo sentido se puede razonar frente a la demanda de incremento del salario mínimo y un reajuste salarial en el sector público y sobre el reajusta de las pensiones con relación al salario mínimo. Todo ello fundamentado en el incremento de precios determinado por las alzas de los combustibles y la tasa de cambio.

            La noche del 19 de diciembre de 1996, en el primero de tres discursos consecutivos destinados a explicar su política económica y las alzas de precios, el presidente Fernández daba cuenta de las limitaciones fiscales del gobierno, de “cientos de obras de infraestructura, iniciadas por el gobierno de Balaguer, sin terminar”, y concluía rechazando que fuera posible un reajuste salarial siquiera moderado de los salarios de la administración pública.

Pareciéndose a Leonel

            La otra cara de la moneda la puso la semana pasada el presidente Hipólito Mejía al anunciar en Costa Rica, donde ejecutaba su segundo viaje internacional en menos de un mes de gobierno, que tendría otras 6 salidas del país en lo que falta de año.

            Con el sentido del humor que lo caracteriza, el mandatario dijo que ya se está pareciendo a Leonel Fernández, por la frecuencia de viajes internacionales. En realidad él se está adelantando bastando, porque la primera salida del presidente peledeista fue el 3 de octubre. Al finalizar el año, Mejía estaría duplicando la frecuencia de su antecesor.

            Si bien fue noble que el actual presidente reconociera los aciertos de la política internacional de Leonel Fernández, y prometiera gestionar la aprobación del tratado de libre comercio con Centroamérica que éste firmó y el congreso perredeista bloqueó, la ocurrencia puso de manifiesto nuevamente la irracionalidad que alcanza el enfrentamiento entre los dos partidos.

            Si algo fue contundentemente positivo e indiscutible en el último cuatrienio fue la política exterior y dentro de ella el haber abandonado el aislamiento de la República y haberla incertado en el mundo globalizado, a lo que contribuyeron preponderantemente los viajes presidenciales.

De los 32 viajes de Fernández al exterior a lo mejor pudieron evitarse cuatro o cinco, pero la gran mayoría fueron fruto de una política coherente y de compromisos inevitables, como los que lleva ahora Mejía y los que anuncia para el resto del año. Pero para los perredeistas y otros opositores aquellos viajes fueron simple turismo, derroche y vanalidades. La oposición llevada a sus extremos.

Como el PRD ganó las elecciones congresionales y municipales en 1998 y ahora las presidenciales, con márgenes del cincuenta por ciento, los peledeistas podría caer ahora en el espejismo y considerar que la oposición pura y simple siempre da resultados. Y corren el riesgo de no evaluar otros factores, correspondientes a su propia gestión, a las disímiles fuerzas electorales de los dos partidos, y a su incidencia en la opinión pública.

Por ejemplo, sería provechoso que los peledeistas revisaran los pronunciamientos del desaparecido líder perredeista José Francisco Peña Gómez en los primeros meses del gobierno de Fernández. No encontrarán un comunicado parecido al del 11 de septiembre. Supieron guardar la mínima tregua, aunque luego cometieron numerosos excesos y bloqueos.

Si alguna reunión cumbre entre perredeistas y peledeistas serái recibida ahora con entusiasmo, sería aquella en que se propusieran discutir acerca de sus irracionales enfrentamientos. A lo mejor terminan declarándose empatados y por tanto dispuestos a un “borrón y cuenta nueva”.

Los peledeistas recordarán la oposición de los últimos cuatro años y los perredeistas la que ellos sufrieron en aquellos doce. Como recordarían también la alternativa falta de solidaridad ante los arrebatos electorales de 1994, de 1990 y de 1978.

Cuando hagan ese balance el país se lo agradecerá. Mientras tanto, se manifiesta cansancio.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Sin eufemismos ni contemplaciones, la sociedad dominicana debe reclamar que se llegue hasta las últimas consecuencias en el esclarecimiento de todo lo concerniente al llamado Programa de Evaluación Mínima de Empleo (PEME) que dirigía el ex-secretario de Estado Luis Incháusti, que contiene elementos verdaderamente escandalosos..

            La lucha contra la corrupción administrativa en todas sus expresiones tiene que ser privilegiada como forma de saneamiento moral y de recuperar los cuantiosos recursos que cada año van a engrosar el patrimonio privado o son utilizados abusivamente en actividades partidistas.

            Pero también es necesario dejar claramente establecido y sancionado el abuso de los recursos estatales, ya sean por el Poder Ejecutivo, las cámaras legislativas, los municipios o las instituciones descentralizadas, o a través de fantasmas organizaciones sin fines de lucro.

Un sistema de reparto

               El mayor escándalo, hasta ahora, del gobierno recién concluido ha sido el del PEME, por lo que se le investiga actualmente a Incháusti a nivel del departamento anticorrupción de la Procuraduría General de la República.

            Independientemente de que el ex-funcionario se haya enriquecido o no a costa del Estado, o de que puedan o no demostrárselo, ese programa constituye un bochorno para el gobierno del Presidente Leonel Fernández y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comprometidos durante tantos años en las denuncias de corrupción y tráfico ilícito.

Los de mala memoria sólo tienen que recordar los albumes de la corrupción publicados por el vocero peledeista Vanguardia del Pueblo, especialmente en los ocho años de gobierno del PRD, y las prédicas escrupulosas del fundador y líder del partido morado, profesor Juan Bosch.

La primera implicación moral al respecto es que el gobierno no hizo transparente la asignación mensual para el PEME, lo que en unos 3 años del programa, supone una erogación superior a mil millones de pesos.

En principio se dijo que la asignación era de 25 millones de pesos mensuales, lo que sumaría 300 millones al año. Pero en la entrevista concedida a El Siglo (lunes 4 de septiembre, página 4-A) Incháusti dice que tenía dos nóminas, una de 25 millones y otra de 5 y pico millones, que sumaban en número redondo 31 mil millones de pesos mensuales, que en tres años montarían a mil 116 millones de pesos.

En la citada entrevista el director del PEME detalló parte de su nómina de pago, mensual de la siguiente forma: 1070 de a 200 pesos; 11292 de 250 pesos; 9667 de 300 pesos; 156 de 400 pesos; 790 de 500 pesos; 70 de 600 pesos; 42 de 700 pesos; 52 de 800 pesos; y 1174 de a 1,500 pesos mensuales. “Y así sucesivamente”, agregó.

El reportero debió darle crédito a la excelente memoria del ex-funcionario. La entrevista fue telefónica y quedó transcrita con preguntas y respuestas.

¿50 mil parásitos y tigres?

Todos esos números dan el siguiente resultado: Una nómina de 24 mil 313 “asalariados” para un total de 8 millones 268 mil 500 pesos, y un promedio de 340 pesos por persona. Se descubre entonces que la memoria de Incháusti no le permitió llegar muy lejos, pues esas cantidades apenas con el 26.67 por ciento, poco más de la cuarta parte, del monto total mensual del programa. Le quedaban aún cada mes 22 millones 731 mil 500 pesos.

Es posible que esos otros 22 millones y pico también se repartieran. Pero sería interesante saber entre cuántos más, y en qué montos, para establecer cuantos miles más de beneficiarios hay que sumar.

Si se asume que las tres cuartas partes del programa se repartieran entre una cantidad similar a los beneficiarios de la cuarta parte, a un promedio casi triple de 934 pesos con cincuenta centavos por persona, se podría descubrir que el Incháusti solo, sin un aparato administrativo ni equipos de contabilidad y auditoría, manejaba la segunda nómina más abultada del gobierno. Sólo superada por la Secretaría de Educación, gracias a los cerca de 50 mil maestros que paga.

Para un cálculo más conservador, asumiendo un promedio de mil pesos per cápita para los 22 millones y pico de pesos, los beneficiados adicionales serían 22 mil 731, para un gran total de 47 mil 144. Con promedio de 2 mil pesos per cápita, la nómina quedaría en 35 mil 579. Pero en la citada entrevista se dijo que las ayudas fluctuaban entre 200 y mil 500 pesos, lo que quiere decir que hay que dividir los 22 millones y pico no especificados entre mil 500 pesos mensuales, lo que equivale a 15 mil 154, para un total general de 39 mil 467

Pero sean los 47 mil y pico, o los 35 mil y pico, los 39 mil y pico, o los 24 mil 313 que memorizó Incháusti, la pregunta básica que se fluye en todas las conversaciones de estos días es si en realidad hay tantos tigres, subversivos, insurgentes o huelguistas en el país, y si pudieron llegar a todos, y todos se vendieron.

Hay muchas otras preguntas que seguramente las autoridades formularán a Incháusti, como por ejemplo: En qué edificio operaba para dar atención a tantos cobradores. Cuáles eran los mecanismos de seguridad para evitar que ese dinero del Estado se distribuyera justamente, sin que algunos de esos mismos tigres cobraran varias veces.

El escándalo tiene muchas otras implicaciones. Como, por ejemplo, si con ese dinero se compraba la conciencia sólo a tigres y maleantes, o si también a jóvenes que reclamaban justamente obras y atenciones del gobierno para sus comunidades.

¡Eso no es corrupción?

            Se ignora si a la hora de un interrogatorio judicial Incháusti será tan expresivo como lo fue por teléfono con el reportero de El Siglo, Lauterio Vargas, a quien precisó que entre enero y mayo de este año, justamente en la campaña electoral, el PEME que el administraba dispuso de 172 millones de pesos, es decir 17 millones más para pagar “salarios atrasados”, de marzo y octubre del año pasado. Con ello demostró que el gobierno fue más fiel pagando las deudas atrasadas con “el tigueraje”, que con los productores y suplidores de bienes y servicios.

            Falta ver si las autoridades tendrán la suficiente voluntad para llegar hasta el final en un caso de obvias implicaciones políticas, por los que se pueden sentir sancionados y por los que serían advertidos. Entre los primeros se podría llegar muy alto si se fuera a establecer las responsabilidades, lo que explica que el ex-candidato presidencial Danilo Medina saliera de su mutismo para defender a Inchaústi y que lo mismo se apresuraran a hacer diversos dirigentes del partido morado antes de que sus organismos discutieran la política a seguir.

            La convicción generalizada, aún entre dirigentes y simpatizantes del PLD es que ese programa no sólo financió el tigueraje, sino también actividades políticas partidistas, posiblemente incluso en la campaña electoral.

            Los primeros que acusaron a Incháusti fueron dirigentes y militantes peledeistas, a raíz de la campaña interna para escoger candidato presidencial. Entonces se decía a “sotto voce” que el funcionario palaciego manejaba una bolsa infinita para la compra de indecisos. Un dirigente llegó a vaticinar entonces que “si perdemos, ese será el primero en caer preso”.

            El lunes 11 de septiembre, entrevistado en el telediario Uno más Uno, el doctor Franklin Almeyda, que figura entre los abogados de Incháusti, precisó que lo que él puede asegurar es que su defendido no se cogió esos cuartos.

El abogado y dirigente peledeista no tuvo argumentos para responder el cuestionamiento de por qué cada beneficiado no cobraba su cheque y lo cambiaba donde le diera la gana, en vez de endosarlo para que les dieran el dinero en efectivo y el cheque fuera a una cuenta de la hermana del funcionario que pagaba, lo que viola el más elemental procedimiento de contabilidad y transparencia.

Otro agravante fue que dos semanas después de concluido el gobierno, las autoridades incautaron a Incháusti 135 mil pesos y numerosos cheques que “ya habían sido pagados, pero no habían sido firmados por los beneficiarios”, de acuerdo a las explicaciones recogidas en la crónica de Vargas.

Independientemente de la voluntad política que puedan mostrar las autoridades para establecer alguna sanción al abuso de fondos públicos, y de que su responsable haya o no sacado provecho personal de esos cuantiosos fondos, lo que hay en la opinión pública es convicción de que ese programa fue utilizado para financiar actividades políticas.

Es cierto que no es el primer caso y que si se hurga a fondo se encontrarán otros abusos a niveles congresionales y municipales, como de instituciones descentralizadas. Pero el volumen de dinero involucrado y la urgencia de contener el uso político de los recursos estatales, recomiendan ir hasta el fondo de este caso.

El abuso de recursos públicos en otras campañas electorales y en el pasado no justifica que se repitiera ahora. El PLD llegó al gobierno con el compromiso de extirpar la corrupción administrativa y el abuso de los recursos del Estado. Tenía un compromiso adicional, que le debe ser tomado en cuenta.

La justicia podrá o no proceder, hallar o no culpables. Pero ante el tribunal de la opinión pública, toca a los dirigentes del PLD invertir la carga de la prueba y demostrar que esos más de mil millones de pesos se utilizaron correctamente.-

Por Juan Bolívar Díaz

            Si el gobierno del Presidente Hipólito Mejía y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) quiere ganar credibilidad en el combate a la corrupción administrativa tendrá que poner el acento más en instaurar medidas preventivas y correctivas que en las denuncias de las irregularidades del pasado.

            No es deseable ni conveniente tampoco un nuevo “borrón y cuenta nueva”, por lo que el camino correcto es traducir a la justicia, como ya se empezó a hacer esta semana, los casos en que se estime que hay indicios suficientes para sentar precedentes de sanción a las irregularidades administrativas.

            Las simples denuncias, a veces de asuntos discutibles de índole individual, o de circo político, pueden entretener, pero terminan viciando el ambiente, consumiendo excesivas energías y ahondando los enconos políticos que en el caso del que divide a perredeistas y peledeistas, ha constituido un enorme obstáculos a los avances de la sociedad dominicana.

De circo y justicia

            Los estrategas perredeistas, si los hay dedicados a analizar y planificar acciones, deberán tomar nota del hecho de que hasta en sectores refractarios a la impunidad que ha predominado en la cosa pública, se manifiesta cierto rechazo a la lluvia de denuncias sobre la administración que concluyó el 16 de agosto.

            Se explicaría en parte porque algunos funcionarios, como el secretario administrativo de la Presidencia, Pedro Franco Badía, (cuestionado en el pasado por gestiones públicas) han llegado a utilizar altas tribunas de la comunicación nacional para denunciar prebendas individuales, del anterior entorno presidencial y hasta familiar.

            También porque se han producido en medio de un festival tan grande de cancelaciones masivas que sólo pueden ser aplaudidas por los interesados directos, y que no corresponden con las expectativas y anhelos de cambios sociales y políticos. La ácida reacción del presidente Mejía ante críticas sobre el particular, tampoco ayuda a mantener el ambiente de consenso que el gobierno precisa.

            Es cierto que los perredeistas encontraron las arcas del Estado vacías, con grave déficit fiscal, endeudamiento interno y cientos de obras inconclusas y que hubo un gran dispendio, especialmente en el último cuarto del gobierno del presidente Leonel Fernández, con manifestaciones de alguna corrupción.

            Pero por la misma delicada situación financiera, que pone en peligro la estabilidad macroeconómica de la última década, el gobierno tiene que manejarse con delicadeza política, para no enturbiar más el ambiente ni crear estados de pánico que en nada ayudarían a la recuperación económica.

            La tentación siempre se hace presente para los nuevos gobernantes. Se ha dicho, desde tiempo inmemorial que al pueblo hay que darle pan o circo para obtener su apoyo o su entretenimiento. Cuando se dificulta la distribución de pan, aumenta la tentación de apelar al circo. Algo de eso podría estar ocurriendo.

            Esa sensación pudo haber sido disminuida si las autoridades estuvieran más activas en la línea de la prevención y la corrección institucional de las situaciones que favorecen la corrupción. Como hechos positivos al respecto están el proyecto de ley para instituir la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción y la prohibición de hacer negocios estatales con empresas de funcionarios, familiares y relacionados.

            También el propósito de eliminar la factura consular y la advertencia de que no cobrarán los funcionarios que no presenten su declaración jurada de bienes, a tenor de la ley 82-79. Aunque estas dos medidas están pendientes de ratificación por los hechos. Los antecedentes al respecto alientan las dudas, las que no podrán ser disipadas hasta que no pasen los plazos de un mes y 15 días, respectivamente, otorgados para su ejecución.

           El fiscal del DN, Máximo Caraballo Aristy desperdició una oportunidad para dar ejemplo y demostrar que la persecución de las irregularidades no está marcada por el interés partidario, cuando aceptó la explicación de que fue una broma la alteración de un decreto presidencial para agregar a 4 abogados perredeistas como ayudantes fiscales, a pesar de que los “beneficiados” reclamaron ser juramentados.

            Claro que la administración perredeista apenas está en su tercera semana

por lo que no se le puede exigir demasiado. Pero también hay que comprender el descreimiento general sobre los esfuerzos contra la corrupción y la intención de las denuncias de los funcionarios precedentes, pues los antecedentes sobran.

Que actúe la justicia

            Pero el temor a la persecución política no debe llevar al extremo de no respaldar la penalización de graves irregularidades, utilizando el canal de la justicia, que está en las mejores condiciones para actuar independiente del poder político de turno.

            El inicio de acciones legales contra los ex-funcionarios palaciegos Luis Incháustegui y Danilo Pérez, mediante expedientes canalizados por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, parece justificado por la gravedad de las acciones puestas a su cargo, el primero de manejar a discreción unos 172 millones de pesos, entre enero y mayo pasado. El otro acusado de disponer del patrimonio inmobiliario del Consejo Estatal del Azúcar en favor de partidarios y relacionados.

            Nadie puede ni debe condenarlos a priori, respetando sus derechos individuales, entre ellos el de defensa. Están en proceso de instrucción y faltan muchas diligencias y un juicio público, justo y contradictorio, para que un juez determine si son culpables de los cargos.

            En los casos de distribución de automóviles y viviendas también denunciados, hay elementos que podrían avalar un proceso judicial. Pero lo procedente es que se investigue a fondo cada caso, y se proceda sólo cuando las sospechas estén fundamentadas y documentadas.

            También se justificaría plenamente que las autoridades requieran los vehículos y viviendas a las personas que no estaban calificadas para recibirlos. En el caso de los taxis denominados pollitos ya se ha documentado sobradamente que hubo distribución del patrimonio público en función política. Fue con un crédito español de 29 millones de dólares que el Estado contrató 2 mil de esos vehículos.

            Más aún, si no se hacen las rectificaciones correspondientes, se afianzará el temor de que se trate más de circo político que de real afán por sanear la administración pública.

            Hay otra categoría de denuncias que han ocupado la atención pública: las referentes al manejo abusivo del crédito financiero y la inversión pública, y a través de la compra de servicios, del endeudamiento irresponsable y del dispendio. Se trata de campos más difíciles de asimilar a simple corrupción.

            En tales casos lo más inteligente sería englobarlos en un solo expediente y darlo a conocer en uno o dos lanzamientos, evadiendo la tentación de las denuncias persistentes que crean un ambiente circense con simples objetivos políticos.

Esfuerzo propositivo

            Sin renunciar a la penalización de la corrupción, los mayores esfuerzos del gobierno tienen que dirigirse a crear un ambiente nacional de superación, a proponer metas y acciones, a sumar voluntades en aras de la recuperación y el desarrollo, a enfrentar las limitaciones que imponen realidades como el alza desmesurada del precio del petróleo. Y a las reformas pendientes imprescindibles.

            En esa dirección parecía andar el Presidente Mejía cuando el lunes se reunía con los senadores de su partido. Tiene que hacerlo también con los demás. Y motivar a todo el poder legislativo a que de salida a los proyectos pendientes, especialmente a aquellos dirigidos a sancionar más rigurosamente la corrupción administrativa, y los de reformas económicas que posibilitarán una mejor distribución del ingreso.

            Al respecto no hay razón para dar más largas a las reformas arancelaria y fiscal, al código monetario y financiero, a la ley de energía eléctrica, a la ley de seguridad social. Y enviar cuanto antes proyectos para crear un eficiente sistema de control administrativo, que fiscalice las operaciones de todo el Estado, desde el Poder Ejecutivo hasta el último ayuntamiento.

            Ya en este mes el gobierno tiene que empezar a elaborar el presupuesto para el próximo año. Lo ideal sería que estuviera precedido de las reformas arancelaria, con las correspondientes compensaciones, y fiscal para elevar la contribución de los sectores de mayores ingresos. No hay otra forma de combatir la pobreza, pues los recursos actuales son absolutamente insuficientes.

            La tentación de la retaliación política conduce a enfrentamientos que sólo sirven para consumir energías y perder tiempo, como se demostró que ocurrió al pasado gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. En los análisis de Rumbo hay innumerables advertencias al respecto.

            La bola está ahora en la cancha del PRD. Ya el abismo que separa a este partido del PLD es suficientemente ancho, y ha determinado mucho tiempo y energías perdidos. Sin el mismo, la nación hubiese avanzado mucho más en el orden democrático institucional y social.

            Los forjadores principales de ese abismo fueron los dirigentes del PLD, en su esfuerzo por negar todo lo que pudiera oler a perredeismo. Pero corresponde ahora al PRD demostrar que está libre de ese virus contagioso que tanto ha debilitado lo que debió ser el frente democrático-progresista para el desarrollo dominicano. –

Por Juan Bolívar Díaz

            Con su retorno al poder después de catorce años de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) enfrenta el desafío de romper el maleficio de su incapacidad para mantenerse unido y responder coherentemente a un proyecto de gobierno privilegiando los intereses nacionales y del partido a los grupales e individuales.

            Aún en círculos de la dirección perredeista existe el temor de que las luchas grupales puedan sobreponerse el proyecto global del partido, desatando los enfrentamientos que le debilitaron en 1963 y que tanto daño le hicieron en la experiencia de 1978-86, culminando en la división.

            Con todo el poder del Estado bajo su control, y lograda una relativa estabilidad democrática, el PRD está más obligado que nunca a responder las expectativas de justicia y redención social sobre las cuales ha edificado su predominio político y profundo arraigo nacional a lo largo de cuatro décadas.

Discreto arranque

            La estructura partidaria ha arrancado con calculada discreción en esta oportunidad de gobierno. Nadie ha disputado, al menos públicamente, al presidente Hipólito Mejía la autonomía en la formación del gobierno y no han trascendido los más mínimos roces entre los altos niveles partidistas.

            Más aún, no todos los dirigentes se han dedicado a los festejos. Algunos incluso han reflexionado y advertido que el perredeismo no puede reeditar los afanes divisionistas registrados en sus tres gobiernos anteriores.

            El actual presidente del PRD, Hatuey de Camps, su antecesor Enmanuel Esquea, el secretario general Rafael Subervía, y el diputado Rafael Fafa Taveras, se han adelantado, formulando que esta vez el desafío es tan grande que los perredeistas tienen que evadir toda tentación de adelantar activismos internos y grupales, en aras de la eficiencia.

            Por el lado del gobierno la consciencia no es menor. El presidente Mejía no sólo ha estructurado un gobierno de sello perredeista, sino que además ha rechazado referirse a cuestiones internas del partido, sosteniendo que mantendrá esa pauta a lo largo de su período.

            Se afirma que la colocación de tradicionales dirigentes perredeistas en puestos como la secretaría administrativa de la Presidencia y la dirección de Aduanas, obedece a la estrategia presidencial de evadir los conflictos con sus propios compañeros. Así Pedro Franco Badía y Vicente Sánchez Baret tendrán que lidiar con las presiones de las bases perredeistas en dos de las posiciones administrativas estatales que más empleos y favores manejan, después de la quiebra y el desmantelamiento del aparato empresarial.

            Estos, junto a Rafael Suberví, José Rodríguez Soldevilla, Tony Raful, Milagros Ortiz Bosch y otros “presidenciables” habrían sido expresamente encargados de secretarías de Estado y co-responsabilizados del gobierno como una forma de reducir su protagonismo al interior del partido.

            Quedó “libre” Hatuey de Camps, quien una vez más tiene la oportunidad -la desperdició lanzándose de precandidato en 1999- de poner en ejercicio sus habilidades políticas para apuntar a un gran liderazgo de partido, en vez de cabeza de un grupo.

            La presión de los perredeistas y aliados por empleos ha sido tan fuerte que llevó al propio presidente Mejía a pedir públicamente una tregua dos semanas antes de su juramentación. Un ministro de un área esencialmente técnica hubo de confesar un mes ante de la posesión que ya tenía casi dos mil curriculum de compañeros y amigos que deseaban ser tomados en cuenta.

               Como Mejía y otros dirigentes insistieron tanto en la campaña en que desmantelarían la estructura partidaria de vividores del Estado creada por gobiernos anteriores, denunciando hasta la exageración los cientos de secretarios sin cartera, ayudantes civiles y subsercretarios, ahora disponen de menos posiciones para satisfacer las demandas partidistas.

            Llegaron al poder con el compromiso de reducir el gasto corriente, el tráfico de influencia, el dispendio de recursos públicos y de imponer un régimen de austeridad que incluye la disminución de la nómina de casi 300 mil empleados estatales, entre un 5 y 10 por ciento.

            Tales compromisos no pueden ser obviados y la opinión pública contribuirá en la medida en que se mantenga alerta recordándolos y reclamando que hasta el último centavo se invierta para combatir la pobreza de las mayorías, no para satisfacer ambiciones individuales.

Historia del maleficio

            Las luchas internas han sacudido históricamente a todas las instituciones dominicanas, políticas, sindicales, profesionales, empresariales y hasta las puramente sociales, de todas las connotaciones ideológicas, con muy contadas excepciones.

            Con el predominio de una cultura autoritaria, presidencialista y providencialista, las organizaciones se han mantenido unidas en la medida en que un caudillo o líder fuerte, con poca o ninguna disensión, ha ejercido el poder.

            Las luchas se desatan en mayor medida cuando se intenta romper esa cultura de dominación y subordinación para dar paso a la participación democrática que con frecuencia degenera en democratismo, grupismo a ultranza y divisiones.

            Desde su fundación en el exilio antritrujillista, a partir de 1939, el PRD surgió con ímpetus democráticos y múltiple liderazgo. Los fundadores Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Cotubanamá Henríquez, Angel Miolán, Nicolás Silfa y otros prominentes luchadores democráticos, no pudieron mantener una unidad coherente ni siquiera enfrentados a una tiranía de la que no estaban libres aún viviendo en Cuba, Estados Unidos o México.

            Tan pronto llegaron al país en 1961 se dividieron y un año después llegaban a las urnas dispersos en tres o cuatro agrupaciones políticas, para poco después darse el absurdo de que algunos pactaron con los enemigos ideológicos para derrocar el primer ensayo de gobierno democrático nacional luego de las tres décadas de tiranía.

            Con Bosch en el poder no hubo coherencia entre gobierno y partido. El líder llegó a recomendar que pusieran en receso la maquinaria partidista y que los locales fueron dedicados a escuelas de alfabetización. El golpe de Estado de septiembre de 1963 separó para siempre a Bosch y Miolán.

            En vez de amainar las luchas intestinas perredeistas fueron más frenéticas a partir de su vuelta al gobierno en 1978, de uno y otro lado. El gobierno de don Antonio Guzmán se vio enfrentado al líder del partido, y quien lo había llevado al poder, José Francisco Peña Gómez, al mismo tiempo que a Salvador Jorge Blanco que había encarnado la opción alternativa al elegirse el candidato. Hasta el grado degenerativo de que Peña llegó escondido a las elecciones de 1982, con su partido en el poder, y denunciando planes para eliminarlo, aunque él ni siquiera intentó la candidatura.

            Con Jorge Blanco en el poder, los esfuerzos parecían empeñados fundamentalmente en cerrarle el paso a Jacobo Majluta, y éste a su vez no tuvo el mínimo rescato en convertir su fracción legislativa en oposición abierta, hasta de los proyectos de desarrollo energético o para el acueducto capitalino.

El final fue el enfrentamiento entre este y Peña Gómez, hasta aquel desorden mayúsculo del Hotel Concord que tanto los disminuyó y terminó dividiéndolos irremisiblemente. Fue el caldo de cultivo no solo para que perdieran el poder en 1986, sino para que Joaquín Balaguer los persiguiera hasta reducirlos al mínimo, con gran indiferencia de la sociedad dominicana, para entonces harta de las luchas grupales perredeistas.

Debilidades persistentes

            Aunque aparentemente más conscientes del peligro que los acecha, especialmente ahora que no tienen un líder unificador, como Bosch o Peña en el pasado, los poerredeistas mantienen una gran debilidad institucional. En más de una década no han podido renovar la dirección de sus organismos.

            Así uno de los partidos más democráticos de la historia nacional, no logra aferrarse al procedimiento democrático para escoger sus dirigentes. Y se ha instaurado un sistema de repartición y compensaciones, ejemplo de lo cual es la división del período de muchos legisladores y autoridades municipales en dos mitades, que no ha podido ser solucionado por completo ni ahora que se le adicionó la fuente de empleos del gobierno central.

            Tal circunstancia afectó algunos ayuntamientos, generó violencia en Haina y retrasó el inicio de la legislatura, para dar oportunidad a los perredeistas para que lograran acuerdos y evitaran el espectáculo de varias curules disputadas materialmente por los reclamantes.

            Desde que Peña Gómez cayó gravemente enfermo en 1994, en el PRD se debate la necesidad de una elección de dirigentes, desde los comités de base hasta el Comité Ejecutivo Nacional, peor no lo han logrado. Ningún momento ha sido oportuno. La última vez, cuando se escogió candidatura presidencial en mayo de 1999, se anunció que en julio del 2000, durante el período de transición, se convocaría a elección de dirigentes. Ahora nadie se ha atrevido a reclamarlo en serio, pues parece que sería abrir las compuertas a la lucha grupal y el divisionismo.

            Con una unidad y coherencia tan precaria es que el PRD enfrenta su nuevo desafío histórico.-

Por Juan Bolívar Díaz

            La reivindicación de los derechos humanos ante la Policía Nacional, el inicio de la reforma policial y militar y las primeras disposiciones en orden a combatir la corrupción son los puntos más luminosos de las dos primeras semanas del gobierno perredeista del presidente Hipólito Mejía.

            Las cancelaciones de empleados para ser sustituidos por militantes del partido de gobierno, que en algunas áreas han sido verdaderamente masivas, son el baldón mayor, al reafirmar la concepción del Estado como botín de campañas electorales, con su secuela de ineficiencia y tráfico de influencia.

            El período de arranque muestra inconsistencia en la relación del gobierno y su partido, que no ha podido superar la garata del “dos y dos”, lo que ha incidido en que para los diputados la nueva legislatura comenzara con dos semanas de atraso, y en que el gobierno elevara el impuesto a los combustibles por una vía no institucional.

Signos muy positivos

Diez días laborables constituyen un período muy breve para interpretar los caminos por donde transitará el nuevo gobierno. Sin embargo, en materia de Policía Nacional y Fuerzas Armadas se han registrado varios acontecimientos llamados a incidir positivamente. Lo mismo en los primeros pasos para combatir la corrupción administrativa.

El presidente Hipólito Mejía comenzó su primera semana completa el lunes 21 con una temprana visita a la sede central de la Policía Nacional para ratificar como su jefe al general Pedro de Jesús Candelier, reconociéndole haber mantenido a la institución fuera del marco de la política en la pasada campaña electoral.

            Lo más importante fue que el presidente Mejía se expresó contundentemente en la desaprobación de la vieja política policíaca de eliminación de delincuentes y presuntos delincuentes, afirmando que la credibilidad de la PN está bajo cuestionamiento de propios y extraños y que el orden no se puede defender “a patadas y tiros”.

            Es relevante la drástica reducción en las últimas semanas de las muertes “en intercambios de disparos con agentes policiales”.

            Debe esperarse que oficiales y agentes policiales tomen en serio la advertencia, sobre todo cuando dos días después del pronunciamiento presidencial, el Procurador General, Virgilio Bello Rosa, un abogado por tanto tiempo vinculado a la defensa de derechos humanos, reaccionó rápidamente ante la muerte a manos de agentes policiales de tres reclusos de la cárcel de Najayo.

            La masacre, ocurrida en la madrugada del sábado 19 de agosto, que incluyó heridas de balas a otros tres prisioneros, fue una prueba para Bello Rosa, a menos de 48 horas de asumir el cargo. El mismo se puso al frente de las investigaciones y el dictamen fue la recomendación de someter a la justicia ordinaria a los responsables por “homicidio voluntario”, ya que los hombres fueron muertos dentro del patio del penal, lo que indica que no habían escapado y podían haber sido controlados.

            Planteamientos de reformas policiales y militares esbozados por Candelier como por el nuevo secretario de las Fuerzas Armadas, general Miguel Angel Soto Jiménez, fueron reforzados por los decretos presidenciales que crean el Instituto Militar de los Derechos Humanos y el Instituto de Altos Estudios para la Defensa y la Seguridad Nacional. Otro instituye un programa de educación y capacitación profesional para los institutos castrenses y la Policía Nacional.

            Otra reforma importante está contenida en el proyecto de ley introducido al Congreso Nacional para crear la Fiscalía Nacional Anti-Corrupción, cuyo titular sería elegido por Senado, de una terna propuesta por el Poder Ejecutivo, por un período de 5 años, y con carácter de inamovible, para darle autonomía.

            También creó expectativas el anuncio del Consultor Jurídico, Guido Gómez Mazara, de la próxima emisión de un decreto suprimiendo la factura consular y fijando salario a los cónsules para suprimir el tráfico de los consulados dominicanos, fuente de enriquecimiento al vapor.

            No es que estas disposiciones por sí solas constituyan una revolución, pero prometen y deben ser acogidas por la ciudadanía, como forma de promover el compromiso de transparencia, de justicia y reformas para el fortalecimiento institucional de la nación y reducción de la corrupción, como expresaba el Movimiento Participación Ciudadana.

Arrasan la administración

            El lado crítico, lo censurable en el inicio del gobierno ha sido la política de despidos para dar empleos a los perredeistas y aliados electorales, que en algunas áreas de la administración ha sido verdaderamente masiva y sin observar los más elementales criterios de justicia y eficiencia.

            Tal fue el caso del Ministerio Público. En la Fiscalía del Distrito Nacional se ignoró el magnífico trabajo realizado por un conjunto de jóvenes abogados y abogadas sin filiación ni criterios partidistas. Simplemente porque había que dar los cargos a militantes y amigos, aún cuando la aplanadora afectó el desenvolvimiento de la justicia. Lo mismo ocurrió en la Procuraduría General. A último momento se dijo que un grupo de las cancelaciones serían revocadas.

            En tales circunstancias, las injusticias han estado a la orden del día, como ocurrió cuando fue relevada en una unidad estatal de asistencia a minusválidos la señora Brunilda Amaral, quien quedara en silla de rueda tras ser baleada en la columna vertebral durante el ametrallamamiento de una manifestación estudiantil frente al Palacio Nacional el 9 de febrero de 1966. Esa dama, además, tiene el mérito de haberse superado y dedicado parte de su vida a luchar por los derechos de los impedidos físicos motores. Luego se informó que la destitución había sido revocada.

            En áreas de la administración se ha traficado con cartas de recomendaciones de dirigentes perredeistas, de primera línea como de los comités de base. En algunas provincias, ejemplo Santiago, han tenido lugar enfrentamiento cuando dos personas han sido señaladas para el mismo cargo por parte de instancias diversas del gobierno y o el partido.

            Esa política de arrasamiento sustenta el Estado como botín de repartición por los triunfadores en campañas electorales. Además de graves injusticias, conlleva un costo alto en ineficiencia, en pérdida de los entrenamiento y experiencias acumulados y alienta el tráfico de influencia y la corrupción.

            Y ello en una nación que en 1991 aprobó una Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, llamada precisamente a evitar ese tipo de abusos. Nueve años después la legislación se ha implementado apenas en un 5 por ciento de la administración pública, pues ha prevalecido el criterio de repartición del Estado.

Solución no institucional

            Otro elemento negativo ha sido que el gobierno reeditara la solución no institucional de aumentar los impuestos a los combustibles por resolución administrativa, luego que el mismo primer mandatario había reiterado que se haría a través del canal constitucional, que es el Congreso Nacional.

            Esos aumentos estaban sobradamente justificados con el petróleo a 32 dólares el barril en el mercado mundial y sobre 28 dólares en el cartel de la Organización de Países Productores, OPEP.

Recibida la administración pública con un déficit fiscal que se estima alcanzaría hasta 9 mil millones de pesos al finalizar el año, con las reservas de divisas cayendo aceleradamente, con graves problemas de iliquidez, fuerte deuda internas y millares de obras a medio construir, el gobierno se vio urgido a buscar por lo menos los recursos para comprar los dólares con los que se paga la deuda externa y para evitar mayores desequilibrios que pudieran afectar la estabilidad macroeconómica.

Lo que no se comprende es que siguiera la senda marcada por otros gobiernos de establecer impuestos por resolución administrativa, cuando tenía toda la posibilidad de una aprobación congresional y de resolver así difinitivamente ese problema institucional.

Eso se pudo haber justificado en el pasado gobierno, que siempre tuvo minoría en el Congreso Nacional. Pero ahora que el Partido Revolucionario Dominicano tiene control de casi todos los poderes del Estado, debe esperarse y reclamarse que aplique los mecanismos institucionales.

Después de instalada la legislatura el 16 de agosto, las cámaras legislativas no han dado un solo paso que se corresponda con las urgencias del gobierno. Más aún, la Cámara de Diputados no sesionó en los primeros diez días. Se espera que lo haga este miércoles 30.

La parálisis de la cámara baja se atribuye a los casos aún no solucionados del “dos y dos”, como a una ausencia de la presidenta del organismo, Rafaela Alburquerque. Ninguna de las dos explicaciones tiene justificación. Y resurge la voracidad por los cargos públicos y la irracionalidad del sistema partidario.

En cualquier caso, esa circunstancia indica una escasa sintonía partido-gobierno, la ausencia de un liderazgo capaz de imponer soluciones en las divergencias perredeistas y el predominio de intereses individuales y grupales sobre las urgencias nacionales.-

Por Juan Bolívar Díaz

            El gobierno del Presidente Leonel Fernández y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) pasará a la historia como el de las “soluciones viales” y la apertura al exterior por haber concentrado gran parte de sus energías e inversiones en esos ámbitos, con una política económica que logró un importante crecimiento sobre el 7 por ciento anual.

            Habiendo registrado importantes éxitos, deja, sin embargo, una estela de frustraciones tras haber quedado atrapado entre el discurso de modernidad, transparencia y reformas que no acabaron de cuajar, y su pacto político con el pasado que lo llevó a reproducir prácticas autoritarias y corruptivas, y maniobras contra importantes instituciones.

            Un manejo político caracterizado por la pugnacidad, tráfico de influencia y ausencia de prioridades e improvisación en la inversión mancharon la gestión del doctor Fernández que desperdició la oportunidad de superar para siempre el legado trujillo-balaguerista.

Expectativas frustradas

            Cuando el tiempo permita pasar revista con mayor objetividad a la gestión gubernamental del cuatrienio que concluye, el balance será probablemente más positivo. Se avanzó en múltiples aspectos, y contra la opinión generalizada, se verá que la corrupción administrativa disminuyó proporcionalmente. Muchas más personas sirvieron al Estado con honradez y mayor eficiencia que en el pasado.

El problema es que eran tan altas las expectativas que había cultivado el PLD durante más de dos décadas de pretendido puritanismo, hasta el grado de considerarse superiores al pueblo dominicano, que las frustraciones predominan sobre los éxitos. Y la prepotencia que caracteriza al partido genera rechazos que llegan a ser irracionales.

           El gran fracaso del gobierno peledeista fue no haber transitado definitivamente por un “nuevo camino” y haberse quedado entrampado en la ilusión de mantener la gracia circunstancial de ese rey de la manipulación y la autocracia que ha sido Joaquín Balaguer. Peor aún el presidente Fernández pareció dedicado a reproducirlo, mostrándose más alumno de él que del profesor Juan Bosch.

            De ahí que prefiriera la varilla y el cemento urbano a cualquier prioridad, racionalidad y justicia, que renegara de sólidos principios democráticos en intentos por imponer el poder presidencialista y que consumiera enormes energías por crear condiciones para el continuismo, que esta vez siempre tuvo el paso cerrado.

            Así el espejismo balaguerista llevó al doctor Fernández a concentrar la inversión y a improvisar con grandes obras físicas, fuera de presupuesto, como pedestal para un nuevo reinado, concentradas en el Distrito Nacional y Santiago, frustrando las promesas de campaña, su propio programa de gobierno, los estudios y planes de desarrollo, y a costa de paralizar millares de obras iniciadas en el primer año, antes de que se impusiera la política de los “mega-proyectos”.

            La asignación de las obras públicas sin concurso, al igual que las compras fueron el vivero donde se mantuvo la corrupción estatal, a lo que se sumó la falta de fiscalización, vigilancia y sanción que generaron todo tipo de tráfico. Las compras de políticos, o de sus parientes, de legisladores, comunicadores y dirigentes comunitarios, así como del tigueraje barrial son también pruebas de la supervivencia de la política balaguerista que justificaba la corrupción como método de gobierno.

            El dispendio vehicular, en gastos de representación, viajes, remodelaciones de oficinas, facturas telefónicas y en la creación de millares de puestos bien remunerados, y la súbita prosperidad exhibida por muchos funcionarios dirigentes del partido, contribuyeron también al deterioro de la imagen del gobierno.

Los mayores logros

            Los mayores logros de la gestión fueron el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con tasas de crecimiento sobre el 7 por ciento, aunque relativizado por una desproporcionada deuda interna generadora de conflictos, y el mejoramiento de la administración pública y de los trámites burocráticos en general y la tecnología, con zonas de brillante eficiencia como Impuestos Internos.

            Las comisiones presidenciales para reforma y modernización del Estado, reforma del sector salud, de apoyo a la reforma judicial y para el desarrollo barrial y provincial implicaron todo un esfuerzo de modernidad, de análisis y estudios. En algunos casos se excedieron en seminarios, viajes y publicaciones, pero de todas formas dejan un legado positivo.

            El haber insertado el país en el mundo exterior, haciendo presencia en múltiples escenarios, abriendo más relaciones diplomáticas, con Cuba y países árabes, protagonizando en los organismos internacionales, con notable mejoramiento del personal en la cancillería, las embajadas y consulados fue de los puntos más luminosos del período. Aunque el presidente parece haberse excedido un poco en el número de viajes, el volumen de las delegaciones y el gasto, sobre todo en la etapa final.

            El inicio de la capitalización de las empresas estatales, dañado por la extrema precariedad energética y el enorme aumento del costo del petróleo, fue una de las principales reformas, llamada a rendir frutos en el futuro próximo. Los apagones financieros de la recta final son un baldón

            Otras zonas de éxitos fueron el mejoramiento y limpieza del ministerio público, con logros extraordinarios en el Distrito Nacional, la ampliación del desayuno escolar y el incentivo a la superación estudiantil.

            Mejoró la inversión en educación y salud, en relación a las pioridades balagueristas, pero se quedó muy corto de cara a las demandas nacionales y a las recomendaciones internacionales.

            El transporte público fue también mejorado, aunque el esfuerzo fue manchado por algunas de las operaciones más turbias de la administración en la adquisición, asignación y administración de autobuses y taxis. La Autoridad Metropolitana del Transporte fue un éxito, aunque luego el gobierno pareció abandonarla.

               Las soluciones viales, túneles, elevados, y ampliación y rehabilitación de avenidas y carreteras son obras valiosas, especialmente para las clases medias y altas, pero la improvisación, la falta de planificación y el tráfico las hicieron muy costosas, aparte de que se cuestiona si precedían a muchos acueductos, alcantarillados, escuelas, hospitales y otros servicios para la mitad de la población que vive en la pobreza.

Las grandes debilidades

            Para un crecimiento económico sostenido se imponía una mejor redistribución del ingreso. La peor falla de la gestión está en haber concentrado su inversión en las dos principales urbes y en obras para beneficio fundamental de las clases medias y altas. Careció de una real política de combate a la pobreza. Fuera de Santo Domingo y Santiago, lo que deja son más de un millar de pequeñas y medianas obras paralizadas.

            Es válido el cargo de haberse olvidado del campo, y hasta haber sido negligente en la ejecución de proyectos de desarrollo y de combate a la pobreza con financiamiento externo, en muchos casos por no disponer de la contrapartida dominicana.

            La falta de empeño en el combate a la corrupción manteniendo mecanismos de escape, el dispendio y el uso de recursos estatales en las campañas políticas y la compra de conciencia son del haber negativo del gobierno.

            Graves déficits se acumulan al régimen peledeista por las agresiones a la institucionalidad democrática y la separación de poderes, con la violación sistemática de derechos humanos con cientos de ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía Nacional.

La permanente hostilidad hacia el Congreso Nacional y compra de legisladores para quitar poder a la oposición, el arrebato de la Liga Municipal Dominicana, la confrontación agresiva frente a la Junta Central Electoral, y las manipulaciones para imponer una Cámara de Cuentas y un Instituto de Telecomunicaciones a conveniencia partidaria, conformaron una imagen negativa del gobierno.

Quebrantaron mucho su imagen la aprobación al vapor de aquella ley de contrareforma judicial que restauraba la elección de los jueces cada cuatro años, y las agresiones verbales contra la Suprema Corte de Justicia, a la que voceros y funcionarios gubernamentales llegaron a acusar de perredeista, pese al mérito del presidente Fernández en su conformación en el primer año del período.

Lo mismo los intentos de reformar la Constitución de la República, buscando restaurar la reelección presidencial que se acababa de prohibir en aras del avance democrático nacional.

Todo ello se tradujo en permanente enfrentamiento con la principal fuerza de oposición, con gran parte de la Sociedad Civil, con el segmento más institucionalista y prodemocrático de la comunicación social y hasta con organismos y poderes internacionales, lo que a su vez congeló las reformas pendientes de aprobación legislativa, sobre todo en la segunda mitad del período, cuando el principal partido de oposición ganó el control del 80 por ciento del Senado y más de la mitad de la Cámara de Diputados.

En los primeros dos años el PLD pudo haber pactado algunas reformas con los reformistas que le dieron el poder, puesto que sumaban más de la mitad de los legisladores, pero ni con ellos supieron negociar. Prefirieron la confrontación al PRD, en lo que se consumieron hasta el doble desastre comicial.-