En estos días en que la nación demanda de políticos enteros de cuerpo y alma, capaces de subordinar sus ambiciones para actuar con integridad y honradez en medio de las peores penalidades de nuestra época, la memoria nos remite a la figura de la profesora Ivelisse Prats-Ramírez de Pérez, ejemplo de coherencia, de tenacidad y de grandilocuencia ideológica que cultivó la nobleza política.
A punto de entrar en la novena década, nuestra querida profesora libra una difícil y penosa batalla contra las adversidades físicas a las que ha sabido sobreponerse desde joven. Ella, de estructura física endeble, con escoliosis y asmática de siempre, ha sufrido incremento de sus antiguas dificultades visuales, demasiado gravoso para quien se ha leído bibliotecas enteras. Su indeclinable magisterio también le fue consumiendo las cuerdas vocales y hace algún tiempo casi queda sin la voz.
El indomable espíritu de Ivelisse ha logrado vencer todas las limitaciones físicas, pero hace unos tres meses, alrededor de su 89 cumpleaños, una caída le rompió un fémur y desde entonces ha quedado postrada y adolorida, más espiritual que físicamente.
Desde aquí, en la distancia que imponen las circunstancias, hay que expresar solidaridad y los mejores augurios para la maestra, ideóloga, articulista, dirigente política, gremialista, legisladora, funcionaria, forjadora de líderes, madre y esposa.
Una mujer tan extraordinaria, un dechado de virtudes sociales, una maestra como Ivelisse no merece una larga postración ni sufrimiento, por lo que debemos encomendarla al Dios de los justos para que le haga leve la etapa de transición en que se encuentra.
Y para que compense sus penalidades con la firme conciencia de los sembradores e iluminadores colocados mucho más allá de las infinitas limitaciones de la condición humana. Ojalá que muchos de los compañeros de partido y de los alumnos que ella forjó en el Instituto de Formación Política que lleva el nombre de José Francisco Peña Gómez se detengan en estos días a reivindicar la vida de doña Ivelisse Prats, para rendirle el tributo que merece, poniendo en primer plano sus enseñanzas de la política como servicio y entrega al ideal colectivo y al engrandecimiento de la patria.
Vale reproducir la salutación que le ofrecimos en el 2001 cuando celebrábamos su medio siglo de entrega al magisterio: Salve profesora; los alumnos de los primeros años te saludamos. Y te deseamos aún larga vida y mayores realizaciones, en la libertad y para la libertad, como en aquellos tiempos (1959-60) en que anhelábamos encontrar voces de aliento que nos ayudaran a levantarnos sobre las tinieblas y a encender antorchas definitivas.
Las tuyas no se apagan ni con los vientos huracanados que tanto soplan en estas latitudes, sin embargo colocadas en el mismo trayecto del sol, como nos dijo entonces el inolvidable poeta don Pedro Mir. ———0———– Tras el artículo de la semana pasada en el que agradecimos la sensibilidad del presidente Luis Abinader, por haber terminado el calvario de los ancianos trabajadores cañeros que por dos décadas demandaron la pensión por la que cotizaron, la querida compañera Altagracia Salazar nos recordó que hay otro grupo, mucho más pequeño, que también espera y merece un tributo.
Se trata de los 28 contralores aéreos cancelados por el político que dirigía el Instituto de Aviación Civil por haber cometido la osadía de denunciar sistemáticas violaciones de las normativas internacionales de seguridad en el espacio aéreo nacional.
Durante muchos meses mantuvieron su demanda de reposición ante la sede del gobierno, y hasta tuvieron ganancia de causa en el tribunal administrativo, sin que le hicieran el menor caso. Se les ignoró hasta convencerlos de que no cabían rectificaciones ni sensibilidades humanas.
Eran los mejores técnicos en su oficio, forjados en instituciones internacionales especializadas. Su pecado fue hacer públicas las preocupaciones profesionales por la seguridad aeroportuaria.
Como entonces, el ahora presidente Luis Abinader los visitó en el 2015, durante aquel calvario y conoció de sus razones, puede esperarse una justa reparación. Vale el recordatorio.-
Una de las mayores penas que me llevaba al retirarme de la televisión tras 33 años y medio de presencia diaria en Uno+Uno de Teleantillas, era no haber podido ganar la batalla por las pensiones que durante casi dos décadas demandaron humildes trabajadores que ofrendaron sus vidas en los cañaverales del Consejo Estatal del Azúcar. Tenía pendiente ocupar este espacio para formular una apelación al nuevo gobierno, como hice numerosas veces a los de los presidentes Leonel Fernández y Danilo Medina.
La noche del viernes me telefoneó el presidente Luis Abinader, adelantándome una buena noticia. Y sin que le preguntara cuál, me comunicó que al día siguiente visitaría el ingenio Porvenir y recibiría a una comisión de la Unión de Trabajadores Cañeros para anunciarles la concesión de las pensiones que hace años demandaban. Le agradecí el acto de justicia y habérmelo participado personalmente.
He hablado decenas de veces con el ahora presidente pero no recuerdo que antes tratáramos el caso, pero de alguna forma estaba enterado de que esos trabajadores me designaron padrino protector hace años tras mi artículo “Réquiem por Andrés Charles”, que publiqué en este mismo espacio de HOY el 9 de agosto del 2009, a raíz de la muerte de ese “perdido enamorado de la caña, aristócrata del sudor bajo el ardiente sol de los cañaverales”, que cortó caña en los bateyes de casi todos los ingenios azucareros hasta que un accidente laboral lo sembró para siempre en el Lechería, del Central Río Haina, donde recibió el pasaporte eterno sin haber podido cobrar la pensión para la que cotizó durante décadas.
Quise acompañar al presidente Abinader reciprocando su acto de justicia y sensibilidad, y el sábado reviví los años de la infancia en los bateyes petromacorisanos, especialmente en Alejandro Bass, que pertenecía al mismo ingenio Porvenir y me dejé invadir por las emociones, recordando aquella tropa brava de la caña, que algunas veces llegué a acompañar con sus hijos, ayudándolos a cargar el fruto hasta la carreta.
Desfilaron por mi memoria los ingenios Las Pajas, Angelina, Consuelo, Santa Fé, Porvenir, y hasta Romana y Cristóbal Colón, y sus hermosos campos sembrados de caña, con toda la pobreza en los bateyes, y los pesos arreglados para robarle el sudor a los trabajadores en los tiempos en que los millones de la caña eran la gran industria y riqueza nacional.
Cuando llegó la privatización en el primer gobierno de Leonel Fernández, que llamaron “capitalización de las empresas públicas”, todo aquel andamiaje se vino abajo como si lo hubiese atacado un terremoto. Bueno, lo que quedaba, porque ya hacía más de tres décadas que a la caída de Trujillo se había creado la Corporación Azucarera Dominicana, luego rebautizada Consejo Estatal del Azúcar. Y casi siempre aquello fue una sola zafra para administradores, políticos, legisladores, militares, empresarios.
Se lo robaron casi todo. Inmensas fortunas salieron de los cañaverales. Y tras la privatización se repartieron no sólo gran parte de los terrenos que quedaban, 4 millones de tareas, sino también las reses, y las carretas y desmontaron hasta los rieles que fueron a parar a China exportados como metal. Se supuso que los beneficios serían utilizados para rehabilitar los bateyes y sustituir cultivos en asentamientos de los trabajadores. Pero no, hace poco supimos que el Fonper fue otra madriguera donde se repartía el patrimonio y más de 250 personas cobraban por años, muchos con salarios de lujo.
En principio eran unos 8 mil los cañeros que demandaban pensiones por haber cotizado durante décadas al Instituto Dominicano de Seguros Sociales, Pero no les hacían caso y se fueron muriendo sumidos en la más profunda miseria. A partir del 2009 bajo el liderazgo de Jesús Núñez, un consagrado gremialista, salieron a las calles en innumerables plantones ante el Palacio Nacional. Leonel pensionó a 2,185 y Danilo a 1,028, mientras muchos morían en el camino, o poco después de recibirlas, a tan avanzada edad que apenas vieron los 5 mil 117 pesos mensuales. Vivos quedan 1,610 a los que Abinader anunció que pensionará de inmediato y los incorporarán al Senasa. Todos pasaron de 60 años, muchos sobre 70 y 80.
Puede decirse que la alegría de sus pensiones será de corta duración. Ojalá que la otra vida, si es que existe, les resulte más dulce que nuestra caña.-
En estos días de renovación del alto funcionariado del Estado ha vuelto a escucharse la queja de dirigentes políticos, secundada absurdamente por algunos comunicadores, sobre la supuesta puja de la sociedad civil por apoderarse de cargos en el gobierno central, sobre todo en los organismos de control, que en muchos casos tienen el imperativo constitucional o legal de ser dirigidos por personas sin militancia política.
Es fruto de una cultura política que ha concebido al Estado como un botín, para el reparto de cargos y canonjías, aprovechamiento de oportunidad de enriquecerse a cualquier precio, especialmente por parte de quienes “se fajan” a hacer campañas electorales. El “dame lo mío” se ha expandido de arriba hacia abajo, creando una situación que deviene en espantosos reclamos y hasta chantajes que se formulan públicamente sin el menor escrúpulo.
A consecuencia de esa cultura cada año el Estado abulta más, con nóminas y nominillas que, para colmo, ningún organismo público se atreve a certificar, por la falta de transparencia y el desorden. Un estudio del BID cuantificó los empleados en la nómina pública en 486 mil 732, a comienzos del 2019, con un incremento de 114 mil 783 en los últimos cinco años, equivalente al 31%. A ese ritmo hoy sobrepasan los 525 mil, que si les suman 152 mil pensionados, al 2017, más de 100 mil de las nóminas municipales y miles en nominillas hasta en los distritos municipales, es seguro que rondamos los 800 mil.
Un estudio de Oxfam indica que el empleo público crece 5.2% por año, 2.8 veces más que el privado, con 61 mil 911 empleos por cada millón de habitantes, tercero más grande en la región latinoamericana, y que al 2018 el empleo público por millón de habitantes es 38.6% mayor que el promedio regional, y 43.6% más que cinco países de América Central.
Por cierto que en los últimos 24 años, no sólo se triplicó la nómina pública, sino que se acentuó una enorme disparidad, con salarios superiores a los del sector privado en los mandos altos y medios, sobre todo en los organismos autónomos y descentralizados donde reina un régimen de auto beneficios, que incluye espléndidas pensiones, dietas y representaciones. El Congreso, la justicia, órganos electorales, banca estatal y superintendencias tienen regímenes especiales de salubridad, en algunos casos con seguros internacionales, y pensiones que alcanzan hasta más de 100 veces el monto de lo que reciben la mayoría de los pensionados del Estado, subido el año pasado de 5 mil 117 a 8 mil pesos.
Por esas razones es que con cada cambio de gobierno se desata un huracán de persecuciones de los cargos públicos, sobre todo de los dotados de mayores privilegios. No se puede ignorar que hasta en las naciones desarrolladas y bien organizadas la alternabilidad de gobernantes implica cambios de millares de funcionarios, no sólo del más nivel, sino también sus asistentes y personal de confianza. Pero aquí la persecución de cargos supera los límites razonables, vinculado con la pobreza y la congelación de los salarios del sector privado y con ese 55% de los empleados que están en la informalidad.
Pero con tantos empleos, es ridículo que algunos pretendan que se despoja a los dirigentes políticos de sus derechos si no los ponen también a dirigir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, lo que implica un centenar de cargos. Como si los que militan en la sociedad civil no fueran también ciudadanos y ciudadanas y como tales llamados a dirigir los órganos de control sobre el universo de los cientos de miles de políticos y relacionados que constituyen el funcionariado público.
Lo lamentable es que haya tan pocas instituciones y dirigentes sociales empeñados en garantizar la independencia de los órganos de control frente a un estado tan corrompido y dilapidador. Ahora que el presidente Luis Abinader se empeña en cumplir su promesa de no llevar dirigentes políticos a los órganos de control, sosteniendo que el Estado no es un botín partidista, deberíamos ver una lluvia de comunicados de respaldo. Que hablen al respecto las organizaciones empresariales y sindicales, que las iglesias se ocupen de algo más que de las tres excepciones a la penalización del aborto, que las universidades y los intelectuales se pronuncien por la reforma del Estado.
Necesitamos más y mejor sociedad civil para empezar a cambiar la cultura de aprovechamiento del Estado. Si lo dejamos solo a los políticos, todo seguirá igual.-
Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados. Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.
Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.
Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada. Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza.
Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas. En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante.
En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados. Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino.
En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes. El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado. Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.
Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incúmbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de honestidad y valor civil.
Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.
Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos.
En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-
Una de las industrias más severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación.
La preocupación se extiende por toda Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes, caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la falsedad y la manipulación.
Una “Nota Temática” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en riesgo también la salud de los medios de comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal sustento, que es la publicidad.
La reconocida organización “Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre el acceso a la información y la libertad de prensa.
La crisis de los medios es mayúscula en el país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren, constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un espeso silencio sobre el particular.
Todos los periódicos han caído en la insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas cercanas a la tercera parte. A la crisis del covid-19 se ha unido el cambio de gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad gubernamental.
En medio de la crisis, el Gobierno se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.
Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la estabilidad de los medios.
Nadie puede ignorar el aporte del periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la lucha contra la depredación del patrimonio público.
Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la libertad de informar y opinar.
El presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para determinar qué salvataje se puede implementar en lo inmediato.
Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial, la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas especiales.
Se deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de pesos de facturas atrasadas.
Nada gana el gobierno con el cierre de medios de comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.-
El mismo día en que se inició la primera legislatura del Congreso Nacional inaugurado el 16 de agosto fue renovado el debate sobre el proyecto de Código Penal y la pretensión de ratificar la penalización absoluta del aborto, desconociendo la razón universal que ha consagrado excepciones, las llamadas tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, si el ser en gestación se comprueba inviable, y cuando es fruto de una violación del sagrado cuerpo femenino.
La circunstancia de las graves crisis de salubridad, económica y social derivadas de la expansión del coronavirus no parecía la más propicia para traer al primer plano un tema que divide tan profundamente a la sociedad dominicana, pero en la Cámara de Diputados se insiste en privilegiarlo, y se envió a comisión de estudios tanto el proyecto de Código Penal como otro de “ley especial” sólo sobre las tres causales.
La separación parecería razonable, pero resulta engañosa, porque quitar del código las excepciones, reafirmaría la penalización absoluta, y en vez de ablandar a quienes imponen dogmas religiosos a toda la sociedad, fortalecería su posición. Y si los legisladores se dejan chantajear ahora, no hay razón para creer que después recuperarán su libertad y el deber de acatar un sentimiento ciudadano que las encuestas han mostrado como absolutamente mayoritario.
Las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo, tal como fueron introducidas en el proyecto de Código Penal por el presidente Danilo Medina hace cuatro años, se corresponden con criterios de casi absoluto dominio universal, sustentados en el derecho de la mujer a preservar su vida por encima de una gestación, cuando peligra por condiciones precarias de salud, o porque la concepción se ha realizado fuera del útero materno, lo que la condena a una peligrosa ruptura.
La segunda causal es cuando los métodos de la ciencia demuestran que el ser en gestación está deformado o no tiene posibilidades de sobrevivir, resultando un atropello obligarla, bajo amenaza de prisión, a cargar esa frustración durante los largos meses del embarazo y posiblemente para el resto de su vida. Y la tercera es cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, de violencia física y emocional. Estas dos causales atañen no sólo al derecho de la mujer a disponer y defender su cuerpo, sino también su dignidad humana.
Se puede entender que numerosas confesiones religiosas sustenten la prevalencia de la gestación como un dogma, como también que todavía la poderosa Iglesia Católica mantenga su oposición al uso de recursos del desarrollo científico para evitar el embarazo, y hasta que rechace el divorcio, como hace aún en Filipinas y en Chile hasta hace 16 años.
Lo que es inaceptable es que las iglesias quieran imponer sus dogmas a toda la sociedad, como hicieron durante siglos, desconociendo el inmenso desarrollo de los derechos y las libertades consagradas en las constituciones y los códigos internacionales. Hay que respetar los derechos de confesión religiosa, pero también los de los laicos. Como no se trata de imponer abortos, siempre podrán convencer a sus fieles de que no deben practicarlo.
Con el agravante de que las jerarquías religiosas, casi absolutamente masculinas, además de discriminar a la mujer, desprecian su dignidad, sobre todo de la inmensa mayoría de limitados recursos económicos. Sabiendo que las pudientes abortan cuando lo desean, tanto en el país como en naciones vecinas donde está despenalizado, las sacrificadas son las que sólo pueden acceder a los servicios de los hospitales públicos donde el personal médico no corre el riesgo. Es decir que se trata de un dogma clasista.
No hay razón para que los legisladores dominicanos sigan bajo el chantaje o el oportunsmo de hacerse graciosos ante jerarquías religiosas, desconociendo las excepciones a la penalización del aborto consagradas en 133 países, además de otros 58 donde cualquier aborto es libre. Sólo compartimos ese olor de santidad con Nicaragua y El Salvador y con los pequeñitos estados de Malta y El Vaticano.Hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno, con clara mayoría en ambas cámaras, cumpla la resolución de su Dirección Ejecutiva del 26 de julio del 2016, que apoyó las tres causales y concierte con otras fuerzas políticas que también la favorecen. Si quieren una justificación ante las jerarquías religiosas, que auspicien una amplia encuesta donde seguramente saldrá ratificada la prevalencia de la dignidad de la mujer.-
La peor decisión que pudiera adoptar el gobierno a instalarse el próximo 16 de agosto sería decretar un nuevo borrón y cuenta nueva, como ya sugieren, hasta en tono de chantaje, los defensores de la depredación nacional, porque lo llevaría a un rápido divorcio de los anhelos nacionales expresados contundentemente en los últimos años por la Marcha Verde, los jóvenes de las plazas y casi todas las encuestas, las que registran la corrupción y la impunidad entre las tres mayores preocupaciones sociales.
La política de borrón y cuenta nueva ha sido nefasta en la historia nacional, incentivadora de crímenes y del latrocinio, bajo la generalizada convicción de que nunca el brazo de la justicia alcanzará a los depredadores o a los asesinos. Todo ha sido impunidad, y esta sociedad nunca ha tenido una comisión de la verdad que esclareciera siquiera medianamente los millares de crímenes de la Era de Trujillo, ni los de los 12 años del balaguerismo.
Nadie pagó nunca por las torturas inmundas y los asesinatos de dos centenares de heroicos jóvenes que en 1959 desafiaron la tiranía. Tampoco ha habido una condena formal para los asesinos de los héroes del 30 de mayo, ni para los responsables del fusilamiento de Manolo Tavárez y sus compañeros después que entregaron las armas con las que pretendieron combatir el ignominioso golpe de Estado del 1963, ni a los genocidas de San Isidro que bombardearon la población civil dos años después. Tampoco se formalizó siquiera una acusación judicial contra quienes fusilaron al héroe nacional Francisco Caamaño Deñó, defensor supremo de la soberanía nacional y la Constitución de la República.
Todos esos crímenes se ejecutaron acompañados por las más vulgares expropiaciones del patrimonio nacional, desde aquel jefe que convirtió el país en una hacienda particular, a los militares y políticos sin escrúpulos que se han hecho multimillonarios a la vista de todos, amparados siempre en su poder de chantaje cuando aparece un nuevo gobierno con pretensiones de justicia.
El presidente elector Luis Abinader está consciente de la pendiente enjabonada del borrón y cuenta nueva. Y ha comenzado por advertir a los que con él llegan al poder, de que no se permitirá la continuidad del latrocinio. Su primera designación de funcionarios, con advertencia incluida, recayó sobre ese símbolo nacional que es la doctora Milagros Ortiz Bosch, como directora del Consejo Nacional de Etica, Transparencia y Prevención de la Corrupción. Y casi de inmediato solicitó la colaboración de un profesional de la transparencia y la lucha contra la corrupción, como lo es Carlos Pimentel, hasta ahora director ejecutivo de Participación Ciudadana, capítulo nacional de Transparencia Internacional, para encabezar la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado.
Contra la depredación de los bienes públicos apuntan también los anuncios de disolución del Despacho de la Primera Dama, convertido en agencia de promoción política depredadora de casi mil millones de pesos anuales, y del antro de la corrupción en que fue convertido el Consejo Estatal del Azúcar, y la fundición de organismos clientelares, redundantes y deficientes como la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales. Mientras se contemplan muchas otras.
Como siempre, a nombre de la gobernabilidad se empieza a advertir sobre un supuesto circo, y sobre el derechol al trabajo de decenas de miles de botellas, cuando se habla de justicia, de austeridad y de defender el patrimonio común mediante un Ministerio Público constituido por juristas independientes, que no serán dirigentes del bloque de partidos por asumir el gobierno. Y no faltan quienes quieren apropiarse del proyecto de unidad nacional para combatir el Covid-19 y sus graves consecuencias económicas y sociales.
La unidad nacional procede, pero también para combatir la corrupción y borrar la impunidad del “to e to y na e na”. Luis Abinader y la coalición socio-política que personificó el PRM, lograron una avalancha de votos el 5 de julio porque la sociedad dio crédito a sus propuestas de cambio, entre las cuales resalta la lucha contra la corrupción y la impunidad. En las actuales circunstancias, cuando necesitará un gran respaldo nacional para enfrentar la desgracia del coronavirus y sus derivaciones, es hasta imprudente pedirle otro borrón y cuenta nueva. Eso debe proscribirse para siempre como forma de impedir la continuidad de la apropiación del patrimonio nacional.-
Entre los aspectos más relevantes del proceso electoral recién concluido vale relevar que no fue simplemente la derrota de un partido que gobernó el país durante los últimos 16 años, sino de uno que se había constituido en corporación para usufructuar, contra todas las normativas, desde las constitucionales a las legales, todo el poder del Estado para reproducirse y mantener un dominio casi absoluto.
Ayer se cumplió un año de que el presidente Danilo Medina tuvo que poner fin, en dramático discurso, a los intentos de comprar una segunda reforma constitucional para mantenerse en el poder abusando de todas sus prerrogativas, como ya había hecho en el 2016. Porque nadie que se precie de serio puede ignorar que el presupuesto nacional fue instrumentado en ambas ocasiones en aras del continuismo. Esta vez no pudieron comprar una treintena de diputados y la militarización del Congreso, en vez de intimidar como se pretendía, generó mayor resistencia.
Esta ha sido una de las mejores victorias de la historia nacional contra el absolutismo presidencialista y el abuso del Estado, que a duras penas pudo imponerse en las primarias de octubre, pero generando una profunda división del Partido-Corporación-Estado, que fue víctima de su propia maña, porque fue con el abuso del Estado que financiaron y ejecutaron la división del más antiguo y grande partido del intento democrático dominicano del último siglo, el PRD, y que absorbieron lo que Joaquín Balaguer legó como partido, el PRSC.
Son muchos los que analizan las victorias electorales del PLD como obra maestra de la orfebrería política, ignorando todos los ingredientes antidemocráticos y de corrupción que conllevaron. Ganó en el 1996, con auxilio del Balaguer, y obtuvo su más limpia victoria en el 2004, cuando no controlaba el Estado, pero a partir de ahí hay que entrecomillar sus victorias, si se aplican los parámetros democráticos.
En ese escenario no se puede ignorar que el PLD se apropió de todas las instituciones del Estado, y compró no sólo partidos, también órganos sindicales, sociales y hasta empresariales. Llevó sus dirigentes a controlar los órganos electorales, las altas cortes, la justicia y el ministerio público, la Cámara de Cuentas, y desde luego el Congreso Nacional. Creó una red de miles de comunicadores en todo el país, pagados por los dineros públicos, en nóminas y con generosa publicidad.
Mediante contratos de compras y asesorías, o directamente en las nóminas, recogió una parte importante de la inteligencia nacional en todas las áreas, para neutralizarlas y mediatizar la criticidad. Mientras programas de subsidios-migajas cooptaban una gran proporción de los más pobres, a los que se trataba de controlar en cada cita electoral.
Conformó una alianza de 14 partidos entregándole a cada uno un pedacito del Estado para que lo sobrecargaran con decenas de miles de militantes partidistas, desde ministerios como el de Relaciones Exteriores, hasta entidades poco funcionales como el Inespre, la ODC Procomunidad y otros. En las campañas electorales incorporaba como empleados temporeros en los órganos estatales a decenas de miles de activistas políticos.
Su poder corrosivo no tuvo límites y se exhibió hasta en la difusión de conversaciones telefónicas privadas, en la hostilidad a medios y comunicadores independientes y en símbolos nacionales como la jueza Miriam Germán,
Fue ese partido-corporación-Estado el que fue derrotado por la ciudadanía dominicana y por el PRM,y su candidato presidencial Luis Abinader, quienes lograron rescatar parte del débil patrimonio democrático dominicano y aliarse a los grupos sociales y personalidades independientes para rentabilizar la fatiga generada por la enorme corrupción, delincuencia e impunidad, el narcotráfico, la ineficiencia en el control fronterizo y la enorme desigualdad a pesar de un alto crecimiento económico, por cierto en gran medida fundado en el endeudamiento, duplicado en la última década.
La enorme fatiga generada por el PLD fue la mayor causa de su derrota, que incluyó esa barrida a 26 senadores, que con un par de excepciones se imponían también con extracciones del presupuesto nacional, como los barrilitos, algunos de los cuales llegaron a creer que habían heredado las curules.
Hay motivos de sobra para celebrar la barrida del 5 de julio, pero sobre todo para mantener firmes reclamos de reformas políticas e institucionales que impidan la repetición del partido-corporación-Estado. Lo saben los del PRM y no se debe permitir que lo olviden.-
El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años
Por Juan Bolívar Díaz
Ha sorprendido sobre manera percibir a respetados comentaristas y cientistas sociales expresando sorpresa de que el Partido de l liberación Dominicana (PLD) pudiera perder las elecciones, lo que implica una subestimación horrible de la inteligencia de la ciudadanía, y una sobreestimación del poder coercitivo del Estado y de las migajas que se dejan caer de la mesa de la abundancia y la corrupción.
Hay quienes atribuyen el resultado electoral simplemente a la división del partido convertido en corporación, dominante de casi todo el Estado y de una significativa parte de las entidades privadas y hasta del segmento integrante de la inteligencia nacional. Es obvio que la división contribuyó a la derrota, y que unificado el partido morado hubiera tenido un mejor desempeño, sin duda para provocar una segunda vuelta, pero igual sería vencido.
Desde que Danilo Medina secuestró el PLD, amparado en el poder estatal, para hacer lo que nunca se ha hecho en la nefasta historia del reeleccionismo, dos reformas constitucionales consecutivas para mantenerse en la presidencia, quedó pintado que la sociedad dominicana no lo iba a asimilar y que el PLD se iba del poder. Quedó escrito en nuestros análisis sabatinos de HOY.
Lo diagnosticamos desde que en mayo del 2018 un grupo destacado de profesionales y activistas sociales iniciamos el esfuerzo por unificar la oposición política bajo un programa mínimo que denominamos “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional”, elaborado durante varios meses, sometido a consideración de grupos sociales en decenas de ciudades del país, Nueva York y Miami, hasta su proclamación en noviembre.
Desde enero del 2019 empezó el esfuerzo por convencer a los partidos de oposición de que nadie desplazaría por sí solo al PLD del poder, ni siquiera todos los partidos juntos, sin la incorporación de las amplios segmentos sociales que acababan de mostrar la fatiga nacional del PLD, cuando cientos de miles protagonizaron la Marcha Verde. Que este movimiento que sacudió el régimen en el 2017, estaba en declive a mitad del 2018, porque su gran diversidad le impedía prolongarse indefinidamente, pero sus energías flotaban en el aire.
La estrategia fundamental era capturar esas energías y convertirlas en fuerza electoral, lo que chocaba con los sueños revolucionarios de viejos izquierdistas que pretendieron que podrían trocarla en motor de una revolución. Salimos a buscar sus principales cabezas, tanto en la capital y Santiago como en las principales ciudades. Sólo una parte se incorporó activamente al proyecto político, pero la mayoría lo vio como una posibilidad de cambio.
Ya en febrero del año pasado logramos instalar una mesa de concertación a la que invitamos a todos los partidos de oposición. Desde el primer momento los precandidatos y líderes del PRM se enamoraron de la idea de constituir no sólo una gran alianza política, sino una coalición político-social, que generara sinergias suficientes para producir la avalancha que arrasaría con la vergüenza en que se había constituido el PLD.
Entre los más entusiastas estaba el PRSC, pero luego pidió “una pausa de reflexión” y no volvió. La Coalición quedó constituida con 7 partidos, sin lograr que se sumara Alianza País, aunque sensibilizada para luego acordar alianzas parciales en varias provincias, a lo que también concurrieron los partidos minoritarios que terminarían proclamando la candidatura de Leonel Fernández. Su recién constituida Fuerza del Pueblo participaría de las alianzas locales “para que el PLD no quedara con el control del Senado y frenara los cambios necesarios”.
Todos coincidieron en un protocolo para defender la institucionalidad democrática, firmado tres días antes de las frustradas elecciones municipales de febrero.
Firmados sus ”Lineamientos Básicos” el 23 de noviembre, la “coalición Democrática por el Cambio” impulsó la resistencia activa de toda la oposición a la reforma constitucional de Danilo, y protagonizó una manifestación unitaria ante el altar de la patria el 23 de febrero tras el aparatoso fracaso de la elección municipal. La avalancha siguió creciendo, impulsada por los jóvenes de la Plaza de la Bandera, entre los cuales se contaron los activistas de la Marcha Verde y de la coalición político-social.
El PLD perdió las elecciones porque no resolvió uno solo de los grandes problemas nacionales en 20 años de gobierno, ni siquiera el del transporte donde hizo gran inversión, ni mejoró la educación su principal renglón en los últimos 8 años, menos la salubridad, ni la energía. Porque se agravaron la inseguridad, la inmigración descontrolada, y sobre todo la corrupción y su descarada impunidad. La avalancha político social lo arrasó.-
Las expectativas en los comicios de mañana están centradas en si Luis Abinader, ampliamente favorito en casi todas las encuestas, podrá lograr la mitad de los votos necesarios para ser elegido presidente, o habrá segunda vuelta en tres semanas Por Juan Bolívar Díaz
La nación dominicana afronta mañana el reto de celebrar unas elecciones limpias con suficiente concurrencia a las urnas para elegir un gobierno con mucha legitimidad para que pueda afrontar no sólo la crisis de salubridad que sigue representando el coronavirus, sino también sus graves consecuencias económicas y sociales.
Una atípica campaña electoral concluyó antenoche con la expectativa fundamental de si el economista Luis Abinader, ampliamente favorecido en una multiplicidad de encuestas sin precedente, podrá alcanzar la mitad de los votos válidos en los comicios de mañana 5 de julio, o si habrá que recurrir a una segunda votación el próximo día 26,
Campaña del coronavirus
La campaña electoral del 2020 pasará a la historia por haber comenzado tres años antes, pero afectada en su último cuatrimestre por la pandemia del coronavirus que ha mantenido una curva ascendente en el país, a pesar de una cuarentena de tres meses, con un estado de excepción que limitó los derechos políticos hasta 48 horas antes de su final oficial.
Los partidos casi no realizaron actividades formales de campaña desde las elecciones municipales celebradas en marzo, tras un escandaloso fracaso un mes antes, y ni al final se produjo una manifestación nacional, conformándose en los últimos días con caravanas vehiculares locales. La noche final, el jueves, los candidatos opositores Luis Abinader y Leonel Fernández de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) dirigieron mensajes a la nación a través de programaciones televisivas, sin que lo hiciera Gonzalo Castillo, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entre las atipicidades de esta campaña se cuenta que el candidato oficialista fue mantenido a soga corta por sus obvias limitaciones expositivas, “para protegerlo”, según confesó su propulsor el propio presidente Danilo Medina el 20 de octubre cuando habló por él tras una cuestionada elección para encabezar la boleta peledeista, la cual generó la división de ese partido. Lo volvió a sustituir la semana pasada en una reunión del máximo organismo partidario. Castillo no participó en varios eventos donde se invitó a los candidatos presidenciales a exponer sus proyectos, y ante el gran empresariado lo hizo con la condición de que no difundieran grabación de su exposición.
También fue notoria la falta de regulaciones por una Junta Central Electoral débil que no pudo hacer cumplir importantes aspectos de la Ley de Partidos, promulgada en agosto del 2018, tras dos décadas de intentos, ni mandatos de la ley del Régimen Electoral, de febrero del 2019, que debieron limitar tiempo, contribuciones y gastos. Tampoco pudo alcanzar vigencia la instituida Procuraduría Especializada para Persecución de Delitos Electorales.
¿Habrá decisión mañana?
Muy pocos dudan que la candidatura presidencial del PRM y otros seis partidos aliados saldrá en primer lugar en los comicios de mañana, pero las expectativas están centradas en si podrá alcanzar más de la mitad de los votos válidos o será necesaria una segunda vuelta entre los dos punteros, que sería dentro de 3 semanas, el domingo 26.
El economista Luis Abinader apareció ganador en una cantidad de encuestas sin precedentes, en 41 de 47, de 23 firmas diferentes, publicadas desde que comenzó este año y en 17 de 20 durante el mes de junio, incluyendo tres las cuatro más acreditadas del mercado electoral, y la mayoría con más del 50%.
La ventaja del perremeista no fue afectada ni siquiera por haber quedado recluido por más de dos semanas del pasado mes al ser el único de los candidatos que fue alcanzado por el Covid-19, aunque se mantuvo activo desde su residencia, incluso dando entrevistas de prensa. Al reactivarse en la última semana no salió a manifestaciones callejeras, confiado en los balances de sus encuestas, incluyendo las propias.
Fue relevante que la única encuesta que el PLD publicó al final del límite, de CID Latinoamericana, dejaba un punto abajo su candidato, mientras los esfuerzos y hasta las declaraciones se deslizaban a la expectativa de que el opositor no gane en primera votación. E incluso en un vídeo de su discurso ante el Comité Central del PLD, se escuchó a Medina decir que “por lo menos el control del Senado debemos repetir”. Y el presidente salió a último momento en caravanas a hacer campaña en media docena de provincias, mientras los perremeístas aseguraban que conseguirán más de la mitad de los 32 senadores.
Los resultados de marzo
Eufórico, contando con el poder del Estado, antes de los comicios municipales que precedieron a estos presidenciales, el presidente Medina proclamó que el resultado de los primeros sería el anticipo de lo que ocurriría en los segundos. El PRM y aliados alcanzaron la victoria en 81 de los 158 municipios, incluyendo 26 de los 38 mayores y con más del 50% en una decena. Pero el PLD y sus aliados ganaron más distritos municipales, y muchos pequeños municipios, reduciendo la diferencia en número de votos, a alrededor de 4%, difícil de precisar por los cruces de alianzas locales.
El PRM emergió con fuerza en el DN y Santo Domingo Este, los dos más poblados del país, donde alcanzó 59 y 57% , y pasó de la mitad también en Santo Domingo Oeste, La Vega, Puerto Plata, San Francisco y otros de los mayores. Pero en esos municipios la votación fue más baja que en los medianos y pequeños. En los de Santo Domingo y en San Francisco no llegó al 40%, en el DN sólo 42%. En Santiago, donde ganó el PLD votó sólo 34%. En contraste la votación osciló entre 60 y70% en 55 municipios, y en 4 más del 70%.
La votación municipal quedó en el promedio de 50% que habían marcado las 4 elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales celebradas entre 1998 y 2010 En marzo votó el 49% de los empadronados, pero restándole los más de 595 mil empadronados en el exterior que no votan en las municipales, ascendió al 51%.
El gran desafío de mañana
Hay quienes creen que la baja votación de marzo en los grandes centros urbanos pudo haber sido influida por el anuncio la noche antes que cerraba el país por aire, mar y tierra a causa del coronavirus, que habría espantado a segmentos importantes de la clase media, que valoran más la vida y se arriesgan menos. Ahora, con el coronavirus expandido por todo el país y alcanzando casi al millar de contagiados por día, el gran desafío es lograr una votación mucho mayor, aunque no sea del 70% que promedia en las elecciones presidenciales de la “etapa democrática iniciada en 1978”. La mayor fue 85% en el fraude electoral de 1994, cuando en la provincia Espaillat votaron más de los que estaban empadronados. La menor, apenas 59% , fue en 1990, cuando en otras elecciones fraudulentas Balaguer se impuso con la baja puntuación de 35%, frente a 34 de Juan Bosch.
Múltiples sectores han centrado su preocupación en incentivar la población a que acuda a las urnas protegiéndose del virus, con mascarillas, guantes, desinfectantes de manos y guardando distancias. Se cree que una fuerte proporción acudirá, bajo la convicción de que debe ser menos riesgoso que subir a una carro público, a una voladora o al metro, o tanto como ir al supermercado, al colmado, al banco, a las plazas comerciales, o a consulta médica.
Se ha apelado a la conciencia ciudadana sobre la base de que ahora más que nunca se precisa de un gobierno fruto de una alta votación que le confiera suficiente legitimidad y fuerza para dar la batida que el actual no ha podido al Covid-19, pero sobre todo para emprender la reactivación económica que dejará decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en quiebra, que disparará el desempleo y la pobreza, y requerirá muchos recursos para financiar la recuperación. Los economistas concuerdan en que será el peor escenario para un nuevo gobierno, porque la caída de la economía no es sólo nacional y la colaboración externa estará más limitada que nunca.
Una sola doble vuelta
La exigencia de más de la mitad de los votos válidos para elegir presidente data en el país de la reforma constitucional realizada tras el trauma electoral de 1994 que le arrebató la elección presidencial a José Francisco Peña Gómez. Y sólo en la primera prueba en 1996 ha sido necesario acudir a una segunda ronda entre los dos más votados en la primera. Antes de la reforma se había consensuado la fórmula de elección de 45% o más de diez puntos de ventaja si el puntero pasaba de 40, pero al votarse en la asamblea nacional, una alianza del PLD con el entonces dominante Partido Reformista Social Cristiano, elevó el requerimiento a la mitad de los votos. Perjudicó al mismo Peña Gómez, que en primera vuelta en 1996 obtuvo 46% contra 39 de Leonel Fernández del PLD. En la segunda vuelta éste resultó electo 51 a 49% tras pactar formalmente con el PRSC de Joaquín Balaguer.
Desde entonces las siguientes cinco elecciones presidenciales se han decidido en primera vuelta, aunque en la del 2000 a Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano le faltaron unos pocos miles de votos para alcanzar la mitad. Se le computó el 49.87% de los válidos, quedando Danilo Medina y Joaquín Balaguer casi empatados, en segundo y tercer lugar, con 24.94 y 24.60%, respectivamente.
Formalmente estaba dispuesta la segunda vuelta, pero con Mejía duplicando a Medina parecía un absurdo y Balaguer le puso punto final cuando se negó a pactar con el peledeísta para algo que sólo habría servido para prolongar incertidumbres y mayores costos, porque debía asumirse que con aquellos números era virtualmente imposible cambiar el curso.
A partir del 2004, cuando Leonel Fernández volvió al poder con amplísima victoria en primera vuelta, 57 a 34% contra Hipólito Mejía que pretendió reelegirse en medio de la crisis generada por las quiebras bancarias en todos los casos ha ocurrido igual. El resultado más estrecho fue en el 2012, cuando Danilo Medina ascendió a la presidencia por primera vez, ganando 51 a 47% al ex presidente Hipólito Mejía que pretendía el retorno. En 2016 impuso su reelección con 61% a 35 que obtuvo Luis Abinader, entonces por un PRM recién constituido.-
