Hay que mantener la esperanza de que pronto los dominicanos y dominicanas superemos esa constante histórica de darle vueltas a la noria, una y otra vez, en la misma dirección y con similares resultados. Es lo que está ocurriendo nuevamente a propósito de la elección de los cinco titulares y sus respectivos suplentes de la Junta Central Electoral, sobre el borrón y cuenta nueva que siempre encuentra multitud de auspiciadores, o sobre el debate de la legitimidad de las tres causales para interrumpir un embarazo. Menos justificable en medio de la triple crisis sanitaria, económica y social.
Para que no tengan que buscarlo en internet, lo de vueltas a la noria alude a un artefacto primitivo o rueda girada por la fuerza de animales para extraer agua de los pozos, superado por la irrupción de la electricidad hace mucho más de un siglo. Pero entre nosotros la rueda del tiempo a menudo parece detenida.
Lo de la JCE se repite cada cuatro años y pocas veces ha predominado la innovación, el nuevo camino para intentar que esa institución fundamental de la institucionalidad democrática salga definitivamente fortalecida y acreditada. Ese debate es propio de la cultura de la imposición, del abuso del poder, del presidencialismo y del continuismo a ultranza.
Es obvio que en las democracias modernas no hay que debatir si los árbitros electorales deben actuar con independencia de los poderes públicos y privados, atendiendo sólo al imperio de los principios constitucionales y de las leyes adjetivas. En muchos países ni siquiera existe como tal un organismo autónomo para administrar el registro civil y los procesos electorales, lo que es facultad de los ministerios correspondientes, o sea del gobierno de turno, como en España o Francia, y a nadie se le ocurre pensar que actuarán por encima de las normativas para favorecer al partido gobernante.
En la República Dominicana llegamos al extremo de que probablemente somos el único país que instala oficinas de la JCE en el exterior para funciones que universalmente corresponden a los consulados. Sin duda se debe a la cultura de la mañosería que genera desconfianza porque se impone sistemáticamente. Y se llega al extremo de sospechar que un funcionario electo pueda trabajar para beneficio de los nacionales del país vecino.
En esos países no se debatiría si un militante o dirigente político tiene derecho a formar parte del arbitraje electoral, pero aquí tiene sentido y razón, porque con efímeras excepciones, se eligen ejecutivos electorales para que actúen en beneficio de los intereses de los gobernantes. El extremo fue en la campaña electoral del 2016 cuando el presidente de la JCE, Roberto Rosario, se negó a recibir y escuchar a todos los candidatos presidenciales de oposición que fueron a su sede. La actual composición mejoró, pero de cinco titulares quedaron dos dirigentes del entonces partido gobernante y de un aliado. Nadie les niega seriedad, pero tenían conflicto de intereses con gobernantes que querían prevalecer por encima de la institucionalidad.
Si revisamos el récord, veremos que cada cuatro años se ha dado el mismo debate. Para la elección de los incúmbentes salientes en noviembre del 2016, como ahora Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, la entonces vigorosa Iniciativas Democráticas, iniciativa empresarial impulsada por el presidente del CONEP Rafael (Papo) Blanco Canto, de la que huyó su sucesor, y otras entidades sociales e iglesias, coincidieron en reclamar árbitros independientes de todos los poderes, políticos y económicos, de diversa profesionalidad y con un perfil de honestidad y valor civil.
Vale recordar que los entonces opositores, el Partido Revolucionario Moderno, por separado, y después junto a otras 11 organizaciones políticas, se pronunciaron en términos coincidentes con las entidades de la sociedad civil, como puede comprobarse en comunicados publicados en HOY el 28 de octubre y el 4 de noviembre del 2016.
Si esos partidos y el ahora presidente de la nación, Luis Abinader, han empezado a actuar con coherencia ratificando que no impondrán unilateralmente ni llevarán dirigentes políticos a los órganos de control electoral, como han hecho con el Ministerio Público y prometen en la Cámara de Cuentas y las altas cortes judiciales, lo que tenemos que hacer todos es celebrarlo y apoyarlo como lo ha hecho hasta el expresidente Leonel Fernández, que consumó un gran secuestro partidario de esos órganos.
En la sociedad dominicana sobran profesionales responsables que fortalecerían la institucionalidad democrática, con valor civil para no subordinarse a los poderes establecidos. Elijamos entre ellos para ver si pronto dejamos de dar vueltas a la noria y pasa a ser insustancial la independencia partidista.-
Las expectativas en los comicios de mañana están centradas en si Luis Abinader, ampliamente favorito en casi todas las encuestas, podrá lograr la mitad de los votos necesarios para ser elegido presidente, o habrá segunda vuelta en tres semanas Por Juan Bolívar Díaz
La nación dominicana afronta mañana el reto de celebrar unas elecciones limpias con suficiente concurrencia a las urnas para elegir un gobierno con mucha legitimidad para que pueda afrontar no sólo la crisis de salubridad que sigue representando el coronavirus, sino también sus graves consecuencias económicas y sociales.
Una atípica campaña electoral concluyó antenoche con la expectativa fundamental de si el economista Luis Abinader, ampliamente favorecido en una multiplicidad de encuestas sin precedente, podrá alcanzar la mitad de los votos válidos en los comicios de mañana 5 de julio, o si habrá que recurrir a una segunda votación el próximo día 26,
Campaña del coronavirus
La campaña electoral del 2020 pasará a la historia por haber comenzado tres años antes, pero afectada en su último cuatrimestre por la pandemia del coronavirus que ha mantenido una curva ascendente en el país, a pesar de una cuarentena de tres meses, con un estado de excepción que limitó los derechos políticos hasta 48 horas antes de su final oficial.
Los partidos casi no realizaron actividades formales de campaña desde las elecciones municipales celebradas en marzo, tras un escandaloso fracaso un mes antes, y ni al final se produjo una manifestación nacional, conformándose en los últimos días con caravanas vehiculares locales. La noche final, el jueves, los candidatos opositores Luis Abinader y Leonel Fernández de los Partidos Revolucionario Moderno (PRM) y Fuerza del Pueblo (FP) dirigieron mensajes a la nación a través de programaciones televisivas, sin que lo hiciera Gonzalo Castillo, del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Entre las atipicidades de esta campaña se cuenta que el candidato oficialista fue mantenido a soga corta por sus obvias limitaciones expositivas, “para protegerlo”, según confesó su propulsor el propio presidente Danilo Medina el 20 de octubre cuando habló por él tras una cuestionada elección para encabezar la boleta peledeista, la cual generó la división de ese partido. Lo volvió a sustituir la semana pasada en una reunión del máximo organismo partidario. Castillo no participó en varios eventos donde se invitó a los candidatos presidenciales a exponer sus proyectos, y ante el gran empresariado lo hizo con la condición de que no difundieran grabación de su exposición.
También fue notoria la falta de regulaciones por una Junta Central Electoral débil que no pudo hacer cumplir importantes aspectos de la Ley de Partidos, promulgada en agosto del 2018, tras dos décadas de intentos, ni mandatos de la ley del Régimen Electoral, de febrero del 2019, que debieron limitar tiempo, contribuciones y gastos. Tampoco pudo alcanzar vigencia la instituida Procuraduría Especializada para Persecución de Delitos Electorales.
¿Habrá decisión mañana?
Muy pocos dudan que la candidatura presidencial del PRM y otros seis partidos aliados saldrá en primer lugar en los comicios de mañana, pero las expectativas están centradas en si podrá alcanzar más de la mitad de los votos válidos o será necesaria una segunda vuelta entre los dos punteros, que sería dentro de 3 semanas, el domingo 26.
El economista Luis Abinader apareció ganador en una cantidad de encuestas sin precedentes, en 41 de 47, de 23 firmas diferentes, publicadas desde que comenzó este año y en 17 de 20 durante el mes de junio, incluyendo tres las cuatro más acreditadas del mercado electoral, y la mayoría con más del 50%.
La ventaja del perremeista no fue afectada ni siquiera por haber quedado recluido por más de dos semanas del pasado mes al ser el único de los candidatos que fue alcanzado por el Covid-19, aunque se mantuvo activo desde su residencia, incluso dando entrevistas de prensa. Al reactivarse en la última semana no salió a manifestaciones callejeras, confiado en los balances de sus encuestas, incluyendo las propias.
Fue relevante que la única encuesta que el PLD publicó al final del límite, de CID Latinoamericana, dejaba un punto abajo su candidato, mientras los esfuerzos y hasta las declaraciones se deslizaban a la expectativa de que el opositor no gane en primera votación. E incluso en un vídeo de su discurso ante el Comité Central del PLD, se escuchó a Medina decir que “por lo menos el control del Senado debemos repetir”. Y el presidente salió a último momento en caravanas a hacer campaña en media docena de provincias, mientras los perremeístas aseguraban que conseguirán más de la mitad de los 32 senadores.
Los resultados de marzo
Eufórico, contando con el poder del Estado, antes de los comicios municipales que precedieron a estos presidenciales, el presidente Medina proclamó que el resultado de los primeros sería el anticipo de lo que ocurriría en los segundos. El PRM y aliados alcanzaron la victoria en 81 de los 158 municipios, incluyendo 26 de los 38 mayores y con más del 50% en una decena. Pero el PLD y sus aliados ganaron más distritos municipales, y muchos pequeños municipios, reduciendo la diferencia en número de votos, a alrededor de 4%, difícil de precisar por los cruces de alianzas locales.
El PRM emergió con fuerza en el DN y Santo Domingo Este, los dos más poblados del país, donde alcanzó 59 y 57% , y pasó de la mitad también en Santo Domingo Oeste, La Vega, Puerto Plata, San Francisco y otros de los mayores. Pero en esos municipios la votación fue más baja que en los medianos y pequeños. En los de Santo Domingo y en San Francisco no llegó al 40%, en el DN sólo 42%. En Santiago, donde ganó el PLD votó sólo 34%. En contraste la votación osciló entre 60 y70% en 55 municipios, y en 4 más del 70%.
La votación municipal quedó en el promedio de 50% que habían marcado las 4 elecciones congresuales y municipales separadas de las presidenciales celebradas entre 1998 y 2010 En marzo votó el 49% de los empadronados, pero restándole los más de 595 mil empadronados en el exterior que no votan en las municipales, ascendió al 51%.
El gran desafío de mañana
Hay quienes creen que la baja votación de marzo en los grandes centros urbanos pudo haber sido influida por el anuncio la noche antes que cerraba el país por aire, mar y tierra a causa del coronavirus, que habría espantado a segmentos importantes de la clase media, que valoran más la vida y se arriesgan menos. Ahora, con el coronavirus expandido por todo el país y alcanzando casi al millar de contagiados por día, el gran desafío es lograr una votación mucho mayor, aunque no sea del 70% que promedia en las elecciones presidenciales de la “etapa democrática iniciada en 1978”. La mayor fue 85% en el fraude electoral de 1994, cuando en la provincia Espaillat votaron más de los que estaban empadronados. La menor, apenas 59% , fue en 1990, cuando en otras elecciones fraudulentas Balaguer se impuso con la baja puntuación de 35%, frente a 34 de Juan Bosch.
Múltiples sectores han centrado su preocupación en incentivar la población a que acuda a las urnas protegiéndose del virus, con mascarillas, guantes, desinfectantes de manos y guardando distancias. Se cree que una fuerte proporción acudirá, bajo la convicción de que debe ser menos riesgoso que subir a una carro público, a una voladora o al metro, o tanto como ir al supermercado, al colmado, al banco, a las plazas comerciales, o a consulta médica.
Se ha apelado a la conciencia ciudadana sobre la base de que ahora más que nunca se precisa de un gobierno fruto de una alta votación que le confiera suficiente legitimidad y fuerza para dar la batida que el actual no ha podido al Covid-19, pero sobre todo para emprender la reactivación económica que dejará decenas de miles de pequeñas y medianas empresas en quiebra, que disparará el desempleo y la pobreza, y requerirá muchos recursos para financiar la recuperación. Los economistas concuerdan en que será el peor escenario para un nuevo gobierno, porque la caída de la economía no es sólo nacional y la colaboración externa estará más limitada que nunca.
Una sola doble vuelta
La exigencia de más de la mitad de los votos válidos para elegir presidente data en el país de la reforma constitucional realizada tras el trauma electoral de 1994 que le arrebató la elección presidencial a José Francisco Peña Gómez. Y sólo en la primera prueba en 1996 ha sido necesario acudir a una segunda ronda entre los dos más votados en la primera. Antes de la reforma se había consensuado la fórmula de elección de 45% o más de diez puntos de ventaja si el puntero pasaba de 40, pero al votarse en la asamblea nacional, una alianza del PLD con el entonces dominante Partido Reformista Social Cristiano, elevó el requerimiento a la mitad de los votos. Perjudicó al mismo Peña Gómez, que en primera vuelta en 1996 obtuvo 46% contra 39 de Leonel Fernández del PLD. En la segunda vuelta éste resultó electo 51 a 49% tras pactar formalmente con el PRSC de Joaquín Balaguer.
Desde entonces las siguientes cinco elecciones presidenciales se han decidido en primera vuelta, aunque en la del 2000 a Hipólito Mejía, del Partido Revolucionario Dominicano le faltaron unos pocos miles de votos para alcanzar la mitad. Se le computó el 49.87% de los válidos, quedando Danilo Medina y Joaquín Balaguer casi empatados, en segundo y tercer lugar, con 24.94 y 24.60%, respectivamente.
Formalmente estaba dispuesta la segunda vuelta, pero con Mejía duplicando a Medina parecía un absurdo y Balaguer le puso punto final cuando se negó a pactar con el peledeísta para algo que sólo habría servido para prolongar incertidumbres y mayores costos, porque debía asumirse que con aquellos números era virtualmente imposible cambiar el curso.
A partir del 2004, cuando Leonel Fernández volvió al poder con amplísima victoria en primera vuelta, 57 a 34% contra Hipólito Mejía que pretendió reelegirse en medio de la crisis generada por las quiebras bancarias en todos los casos ha ocurrido igual. El resultado más estrecho fue en el 2012, cuando Danilo Medina ascendió a la presidencia por primera vez, ganando 51 a 47% al ex presidente Hipólito Mejía que pretendía el retorno. En 2016 impuso su reelección con 61% a 35 que obtuvo Luis Abinader, entonces por un PRM recién constituido.-
La prioridad nacional tiene que ser incrementar los esfuerzos por contener la expansión del coronavirus y planificar la reactivación económica, pero también hay que elegir un nuevo gobierno antes del 16 de agosto para ahorrarnos una crisis institucional
Por Juan Bolívar Díaz
AME7989. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 25/03/2020.- Agentes de la Policía Nacional dominicana controlan a vehículos en un retén durante el toque de queda este martes en Santo Domingo (República Dominicana). El número de fallecidos en la República Dominicana a causa del coronavirus aumentó de 6 a 10, mientras que los contagiados subieron de 312 a 392, informó hoy el ministro de Salud Pública. Dominicana se encuentra en estado de emergencia desde el pasado jueves, el Gobierno ha decretado el cierre de fronteras y ha impuesto un toque de queda de 8.00 de la noche a 6.00 de la mañana desde el pasado viernes. EFE/Orlando Barría
Hace lo correcto la Junta
Central Electoral (JCE) al iniciar el proceso organizativo de las elecciones
presidenciales y congresuales, ahora convocadas para el 5 de julio y toda la
sociedad debe entender que la pandemia del coronavirus y sus graves
repercusiones económicas y sociales no aguanta una ruptura de la
institucionalidad democrática.
Aunque predomina la incertidumbre, hay que trabajar para hacer posible una concurrencia a las urnas que legitime un nuevo gobierno el 16 de agosto, partiendo de la convicción de que en otros dos meses habrá que controlar la crisis de salubridad para evitar la insostenibilidad del país, y hasta aprender a convivir con el virus.
El
gran empeño nacional
Es más que deplorable que el gobierno no haya respondido a la demanda de concertación formulada no sólo por los partidos opositores, sino también por una considerable parte de la sociedad que pide desplegar todas las energías para emprender unidos la batida a la crisis del coronavirus que sigue expandiéndose, con su secuela de muertes y la deriva de parálisis económica y social.
Esa concertación era más imperativa por las circunstancias de que el país se encuentra en el final de un proceso electoral y todas las acciones gubernamentales rebasarán el límite de los ya menos de cuatro meses que le resta al gobierno. Incluso, no se puede vislumbrar que las nuevas autoridades a ser investidas el 16 de agosto puedan emprender la enorme tarea de reparación sanitaria, económica y social, sin precedente por su carácter universal, sin desatar una gran sinergia nacional, apelando a todos los sectores organizados.
Aunque el planteamiento de la concertación fue enarbolado originalmente por los candidatos presidenciales de oposición Luis Abinader, Leonel Fernández y Guillermo Moreno, ha encontrado eco en dirigentes empresariales, religiosos y sociales. Esta semana la apoyó la comisión permanente de la Conferencia del Episcopado Dominicano en un comunicado, y antes dirigentes evangélicos, de asociaciones empresariales, gremios profesionales, medios de comunicación y el Foro Ciudadano, que agrupa más de 200 organizaciones y redes sociales. El gobierno no se ha preocupado de incorporar a la comisión creada para dar seguimiento a la crisis, ni siquiera al Colegio Médico o a la Asociación Dominicana por el Derecho a la Salud, que reúne a más de 50 entidades vinculadas a ese sector.
Sin
salida a la vista
Tras el optimista discurso del presidente Danilo Medina el 17 de abril, donde consideró que el país se acercaba a “la meseta”, o aplanamiento de la curva ascendente de los contaminados y fallecidos, se produjo un relajamiento de la emergencia y miles salieron a las calles tratando de reanudar sus actividades productivas, lo que también fue demandado por sectores económicos, pero la realidad obligó a frenar, mientras los expertos nacionales y los organismos internacionales advertían de los riesgos de precipitar decisiones que pudieran empeorar la expansión del virus.
Hasta en el gobierno se advirtió una divergencia, pero al final predominó la decisión de esperar, al menos hasta el fin del mes cuando terminaba la emergencia aprobada por el Congreso, según anunció el presidente Medina a mitad de semana, pero ayer viernes pidió una segunda extensión del período, ahora hasta el 25 de mayo. En tanto se reanudaba el esfuerzo por mantener a la población en la reclusión.
La tardanza con que el gobierno respondió a los requerimientos, con repetidos fracasos en proporcionar las pruebas requeridas para detectar la enfermedad a tiempo y aislar a los portadores, y en el suministro de equipos, medicamentos y materiales tan elementales como mascarillas y guantes, que todavía el miércoles las enfermeras reclamaban, más las debilidades de los servicios que arrastra la salud pública, determinaron que se perdiera una parte del tiempo consumido en una reclusión de poca rentabilidad. Ayer las estadísticas nacionales marcaban 5 mil 749 contaminados y 267 fallecidos, con una ligera tendencia a la moderación, pues la tasa de muertes cayó por primera vez por debajo de 4% , mientras la de sanados subía hasta 13%, casi la mitad de la internacional que estaba en 27%. Con todo sol se vislumbra aún el horizonte de la enfermedad.
El
hambre no resistirá
El país está urgido de resultados positivos a corto tiempo, o tendrá que correr los riesgos y comenzar a reanudad las actividades productivas, porque la estructura socioeconómica nacional no resiste una parálisis mucho más extensa, aunque el gobierno haya puesto bastante empeño en socorrer a los desempleados suspendidos y a una parte de los trabajadores informales. Los primeros pasaron de 800 mil y los informales son estimados alrededor de 2.3 millones, las mayoría de los cuales no han sido alcanzados por los subsidios de emergencia. Y la asistencia de 5 a 8 mil 500 pesos, queda lejos del costo de la canasta familiar del quintil más pobre, situado en 14 mil 200 pesos.
Aunque
todavía hay quienes insisten en creer que el problema es la violación del toque
de queda nocturno, lo que es falso acorde al informe de que 45 mil habían sido
detenidos por violarlo, en el primer mes, pues esos apenas representan el 0.4%
de la población. La ruptura del aislamiento se produce en el día cuando los
trabajadores informales tratan de reemprender actividades que les permitan
sobrevivir. Cada d+ioa será m´s difícil mantenerlos encerrados, como han documentado las
fotografrías y videos de los medios informativos. Ya el predicador evangélico
Ezequiel Molina advirti´´o la posibilidad de estallidos sociales, simplemente
por hambre.
Los
daños a la economía nacional serán dramáticos, con el turismo sin perspectivas
por lo menos para este año, con fuerte reducción de las remesas, por el
desempleo en los principales refugios de la diáspora dominicana. En Estados
Unidos hay ya 26 millones de trabajadores que han solicitado subsidio de
desempleo. Turismo y remesas aportaron más de 15 mil millones de dólares al
país en el 2019. El centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles
vaticina un aumento del desempleo en el país de entre 407 y 667 mil
personas.
Organizar
las elecciones
“Si somos capaces de hacer filas en los bancos y aglomerarnos en los mercados y supermercados, hacer tertulias en cualquier lugar, pues adóptense las medidas sanitarias de lugar para que en julio se celebren elecciones. Su no celebración hará más daño al país que el covid-19”, escribió en las redes sociales esta semana el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero, consciente del peligro de arriesgar la institucionalidad democrática. e.
Tal vez por eso, a pesar de la crisis internacional, la representación de la Unión Europea informó que el 6 de junio llegará al país una Misión Electoral de Expertos para asesorar a la JCE en la preparación de las elecciones, mientras expertos de la OEA anuncian que entregarán próximamente un instructivo para votar con el Covid-19. La Comisión de Acompañamiento a la JCE creada tras la crisis electoral de febrero se reunió esta semana con el pleno del organismo, alentando el nuevo calendario anunciado.
Desde la sociedad civil, el Manifiesto por Elecciones Transparente, la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana y el Foro Ciudadano también alientan las expectativas de que se puedan organizar las elecciones y evitar una crisis política mayor. El empresario Celso Marranzini, dirigente de la Finjus, dijo esta semana por Teleantillas que hay que buscar los mecanismos para celebrar las elecciones, y en víspera del 55 aniversario de la revolución constitucionalista, recordó que la última vez que se desconoció unas elecciones en el país, nos costó 5 mil muertos.
No faltan quienes entienden que no hay condiciones para elecciones y plantean una prolongación del mandato constitucional, aunque el artículo 274 de la Constitución establece que concluye el día 16 de agosto de cada cuatro años”. Ese principio lo sostienen 13 partidos opositores, integrados en dos bloques electorales encabezados por el Partido Revolucionario Moderno y el partido Fuerza del Pueblo, que esta semana llevaron una instancia conjunta a la JXE urgiendo reactivar el calendario electoral, mientras el gobernante Partido de la Liberación Dominicana dejaba pasar dos semanas sin la menor referencia a la nueva convocatoria electoral.
Protocolo
para votar con el Covid-19
El Foro Permanente de Partidos Políticos, el PRM, el Partido Revolucionario Social Demócrata, articulistas y ciudadanos, ya han estado planteando disposiciones protocolares para votar en julio, asumiendo que todavía no se habrá superado por completo la pandemia:
Eliminación del entintado de dedos y la
colocación de la huellas dactilares de los electores en la lista de asistentes.
Que cada elector lleve su propio marcador,
bolígrafo o lápiz o se les proporcione para uso único.
Dividir los colegios electorales y
trasladar a espacios más abiertos, como estadios
Requerir el uso de mascarillas y guantes,
y proporcionárselos a quienes no los lleven, igual que a todos los operadores
de los colegios electorales y delegados.
Desinfectar los locales de votación antes
del inicio y al medio día
Establecer horarios de votación por género
y privilegiando a los mayores de 60 años.
Un rígido control de las filas para
guardar la distancia requerida.
Pruebas rápidas con anticipación a los
operadores de colegios y delegados de los partidos.
Prohibir las aglomeraciones de activistas
en los accesos a los colegios electorales.
Buscar consenso para un mecanismo que permita el voto de los dominicanos en el
exterior, 8% del padrón, quienes además eligen representantes al Congreso.
Por fortuna para
esta nación agobiada, ya casi todos los sectores sociales han reaccionado
vigorosamente ante la traumática interrupción de las elecciones municipales,
siendo relevante esta semana el
comunicado de casi un centenar de entidades empresariales, encabezadas por el
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP),
y el de la Fundación Institucionalidad y Justicia al día siguiente
condenando enérgicamente la interrupción de la votación y apoyando la
investigación por organismos internacionales para determinar causas y
responsabilidades.
Hace una semana nos
quejábamos en este espacio de que se pretendía ignorar la profundidad de la crisis al conjuro del “to e to y na e
na”. Pero la multiplicación de las protestas de los jóvenes, los infinitos
toques de cacerolas y de bocinas hasta en las urbanizaciones de clases medias
altas y la convocatoria de una marcha
conjunta por 13 partidos opositores, que resultaría masiva, con sus respectivas
demandas, terminaron por generalizar la convicción de que el país está sumido
en una grave crisis política e institucional, signada por una desconfianza absoluta.
Y se dieron pasos como solicitar la asistencia de la OEA y suspender el último
sainete investigativo del Ministerio Público
Las movilizaciones
en la Plaza de la Bandera, y en múltiples ciudades, incluyendo a muchas de los
países donde encontraron refugio dos millones de emigrantes dominicanos, han
logrado sacudirnos. Gran parte de los que protestan fueron participantes del
movimiento Marcha Verde, y expresan la fatiga que han generado la enorme
corrupción y la impunidad.
Por lo menos las
protestas de ahora, no sólo de los jóvenes, son la reactivación de las multitudinarias marchas
verdes frente a las cuales las autoridades cuestionadas se sentaron a
esperar el cansancio, sin dar respuesta. Ahora en una coyuntura electoral, están
contra la pared y obligadas a responder para evitar que la indignación se
convierta en ira explosiva.
Ese temor, y lo han
expresado, está en la determinación con que el sector empresarial ha salido a
reclamar contención del deterioro institucional que se configuró en los últimos
dos años al conjuro de la eterna llama continuista que ha carbonizado la
adolescente democracia dominicana. Entienden necesario un pacto político
nacional.
Ese deterioro ha
sido sistemáticamente recogido en artículos y análisis de estos años, y motivó
aquellas Iniciativas Democráticas (IDEM) propugnadas por muy diversas entidades
y la anterior directiva del CONEP, para prevenir que el proceso continuista no
sumiera la nación en una crisis como la que ahora afronta. Lamentablemente el
gobierno tuvo éxito en debilitar aquel esfuerzo. Y aquí estamos unas vez más
jugando con fuego, necesitando el auxilio internacional para mantener la
estabilidad política, económica y social.
Un gran consenso
nacional, que en enero incluyó a la Conferencia del Episcopado Dominicano, ha
coincidido en reclamar transparencia democrática y decencia política. Participación
Ciudadana y la FINJUS, al igual que las muy diversas organizaciones y
personalidades religiosas, políticas y sociales, firmantes del Manifiesto por
Elecciones Transparentes, han sido específicas en señalar las garantías
necesarias para el ejercicio de la voluntad popular. Al igual que los
periódicos y los comentaristas y analistas responsables que no se doblan ante
el casi omnipotente y omnipresente poder gubernamental, reclaman juego
democrático limpio, sin la irrupción del gobierno y cumplimiento de las
normativas constitucionales de libertad, equidad, transparencia y objetividad.
Y después que 13
partidos opositores integrantes de dos coaliciones electorales presentaran un pliego conjunto de reclamos
de garantías, con las que coincide la tercera opción presidencial alternativa, demandando
el pacto político social, es lógico esperar una respuesta del partido
gobernante y de su gobierno, si es que no son sordos.
Ha habido tiempo
para que el Partido de la Liberación Dominicana responda al clamor nacional.
Mientras el presidente Danilo Medina tendrá hoy mismo la mejor oportunidad para
romper su silencio, cuando acuda ante el Congreso Nacional a presentar las
memorias gubernamentales del 2019. Como será su octava y última comparecencia,
de acuerdo al mandato constitucional,
deberíamos esperar que predomine el estadista, el jefe del Estado, el
presidente de la nación, en vez del jefe de una facción partidista en que
devino Danilo Medina en su segundo período de gobierno. Debe saber que
predomina una absoluta desconfianza, por lo que tendrá que hacer un serio esfuerzo
para convencer.-
Todos los dominicanos y
dominicanas están convocados para elegir las autoridades municipales este
domingo 16 de mayo, por primera vez en más de medio siglo separadas de las elecciones
presidenciales y congresuales en virtud
de la reforma constitucional del 2010, y hay razones de sobra para hacerlo con
responsabilidad y entusiasmo.
En primer lugar, porque urge reivindicar el municipio como la puerta que da entrada a la participación democrática, el estamento del Estado más cercano a la población, concebido por los fundadores de la República como uno de los poderes fundamentales.
Acudir
a las urnas este domingo es imperativo como rechazo al nefasto presidencialismo
y al centralismo que ha caracterizo la aún incipiente y tambaleante democracia
dominicana. Es una forma de condenar el desprecio de nuestros gobernantes por
la Ley General de Municipios y del Distrito Nacional 176-07, que destina el 10
por ciento de los ingresos nacionales a la administración municipal.
Vale
recordar que ya una ley anterior, la 166-03 del 2003, dispuso que a partir del
año siguiente se destinaba el 8 por ciento de los ingresos nacionales a los
ayuntamientos, y desde el 2005 el 10 por ciento. Quince años después la
proporción que se les entrega no llega al 3 por ciento, menos de la tercera
parte, viniendo en retroceso desde que el primer año se les diera el el 6 por
ciento. Sólo el gobierno del presidente Danilo Medina, entre el 2013 y 2018, despojó
a los municipios de 184 mil 622 millones de pesos, que con otros 45 mil el año
pasado, sobrepasan los 230 mil millones.
Hay
otra poderosa razón para acudir a las urnas el domingo, y es la necesidad de
iniciar un cambio político institucional de profundidad, que desmonte el entramado
de dominio político impuesto con ventajismo y sin el menor escrúpulo por los
gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. El cambio que se preconiza y
adelantan las encuestas, debe comenzar desde abajo.
Por
lo menos la Coalición Democrática por el Cambio, que encabeza el Partido
Revolucionario Moderno junto a otros 5 partidos políticos y numerosos grupos
sociales, el partido Alianza País y otras entidades partidarias emergentes,
proponen formas diferentes de hacer política y de gestionar la cosa pública,
condenando la corrupción y proscribiendo la nefasta impunidad que la auspicia. También
restablecer la independencia de los poderes del Estado, y de sus órganos de
control, liberándolos del secuestro en que han
devenido.
Nadie
puede exhibir un certificado de garantía de que tales promesas serán estrictamente
cumplidas, eso sólo será posible con la participación militante de la
ciudadanía, con el mismo vigor que exhibió durante dos años en la Marcha Verde.
La
responsabilidad es particularmente relevante para las nuevas generaciones, esos
jóvenes que casi a la cuarta parte carecen hoy de oportunidades de estudiar y
de trabajar, que hasta en 60 por ciento manifiestan deseos de emigrar, algo que
cada vez será más difícil, pues las puertas e la inmigración se están cerrando
por todas partes del mundo. Y los dominicanos no podremos enviar otros 2
millones fuera como hicimos en las últimas seis décadas, para que ahora se hayan convertido en una de las
principales fuentes de ingresos nacionales, con un estimado preliminar de 7 mil
50 millones de dólares en el 2019, es decir más de 373 mil millones de pesos,
que superaron el 50 por ciento de los ingresos fiscales.
Acudir
a las urnas es un imperativo vistas la irrupción del gobierno en la campaña
electoral, y la recurrencia en abusar, sin el menor pudor, del patrimonio
público para comprar la conciencia y el voto precisamente de las mayores
víctimas de la malversación y la corrupción, que se reproduce en delincuencia e
inseguridad.
Las
urnas nos ofrecen la oportunidad de sancionar la despampanante corrupción,
negando el voto a los que han prostituido los organismos de justicia, de
control y fiscalización de la cosa pública. Sobre todo cuando se quieren
ratificar con métodos antidemocráticos, que niegan las más elementales
condiciones de libertad, equidad, transparencia y objetividad que preconizan la
Constitución de la República y numerosas normativas legales.
Ojalá
que no perdamos la oportunidad de este domingo, y que esta nación inicie una
nueva etapa para exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes resulten
electos, lo mismo que en los comicios presidenciales y congresuales de mayo
próximo. Que abandonemos la pasividad y proclamemos la revolución cultural del
imperio de la ley.-
Sobran los motivos para celebrar que el Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) hayan firmado un pacto cuyo objetivo fundamental quedó expresado en ”Reconocer que existe la necesidad de generar un compromiso entre los actores educativos para crear un clima de convivencia y colaboración que prioricen progresivos cambios y mejoras sostenida de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”.
En este sentido, los actores del proceso educativo legitimamente representados “asumen impulsar acciones tendentes a revertir, para mejorar, el estado actual de la Educación Dominicana”, que ha quedado una y otra vez en los peores niveles de las evaluaciones nacionales e internacionales generando un sentimiento de frustración por el sacrificio que ha implicado ya durante siete anos destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación.
La ADP es compromisaria del cabal cumplimiento del calendario escolar, a no interferir en los asuntos administativos del MINERD, y èste a no meterse en los asuntos internos de las estructuras locales de la asociación profesoral, promoviendo un “clima de armonía que contribuya con el propósito de más y major educación para todos”.
No debería ser necesario firmar un pacto para unos propósitos tan fundamentals y de tan alto interés nacional, que siempre han debido ser comunes para todos, ni que tuviéramos que estar en un proceso electoral nacional para disponernos a alcanzarlos. Esperemos que esa espíritu de entendimiento se prolongue indefinidamente y resista los prejuicios que se han levantado durante mucho tiempo. También que superen la acendrada vocación de los dominicanos para firmar acuerdos y salir de inmediato a ver cómo pueden ser burlados.
Se ha demostrado que ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos, sin que tengan que paralizar las labores docentes. Y proponerse resolver importantes asuntos pendientes, como todos los referentes al aprovechamiento del tiempo extra de la extensión de la jornada escolar. Los maestros necesitan asistentes para sostenerse en una jornada de 8 horas laborables, en los centros urbanos con aulas sobrepobladas y sin suficiente ventilación. La incorporación de instructores deportivos y de educación física y artística aliviarán su carga y contribuirán a una educación más integral que estimule las capacidades de los alumnus.
También se anuncian soluciones a distorsiones inconcebibles, como esa de que los profesores que toman licencia por enfermedad, discapacidad o embarazo, tengan que buscar ellos mismos sustitutos y pagarles de sus sueldos.
Resalta el compromise de programas de formación y actualziación continua de los docentes, llamados a supercar atrasos acumulados por décadas y que afectan una alta proporción. Es piedra fundamental para el mejoramiento de la calidad de la eduicación, como han demostrado las evaluaciones. Así mismo se incluyen acuerdos para perfeccionar los concursos que dan acceso a la profesión del magisterio.
Estemos pendientes para que este acuerdo se cumpla y no volvamos a ver paralizaciones de la docencia a las que con excesiva frecuencia ha apelado la ADP, como derivación de luchismo sindical autodestructivo, aunque debe reconocerse que su actual directiva, presidida por la acreditada maestra y responsable gremialista, Xiomara Guante, sólo ha suspendido la docencia un día en más de un ano. Y que en diciembre pasado enfrentó llamados de filiales regionals a paralizaciones.
Crédito especial al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, un funcionario de suave temperamento y apertura a la diversidad, con capacidad para dialogar y generar cooperación.
Los principasles actores del sector educativo están obligados a constituirse en ejemplo de concertacción en una Sociedad tan fragmentada y necesitada de conciliación e intercolaboración. Que así sea.-
A un mes de las elecciones municipales y a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes
Por Juan Bolívar Díaz
El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano
Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.
La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.
Una
contundente advertencia
La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.
El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.
El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”
Refieren mensajes
anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los
propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea la
urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar
acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes
desafíos.
Un
ejercicio democrático
El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.
Más adelante
plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso
degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes
ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la
que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada
injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas
ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y
mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del
país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que
nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden
público”.
El punto 17
indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la
Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos,
sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral
transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y
que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de
cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome
acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus
delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de
preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.
Agenda
política episcopal
El documento
contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los
actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud,
de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra
sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se
promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto
al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos
sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.
Los obispos han
pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves
problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y
los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre
como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se
extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico
y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando
la educación.
Proponen “un
pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un
compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad
dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los
intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la
nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con
principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial
dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación
final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de
un contexto social y político diferente,
pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la
necesidad de unas elecciones libres”.
Contexto de la pastoral
La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.
La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.
La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas, un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.
El pacto
propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo
Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los
propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en
el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con
el Tribunal Superior Electoral.
Apoyo financiero y político de EU
La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.
Pero el anuncio
del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se
queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones
libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”.
Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.
Con tales
planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y
constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y
por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio
pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso
con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la
Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional
que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.
En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo
norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama,
y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su
significación.-
