En estos días de renovación del alto funcionariado del Estado ha vuelto a escucharse la queja de dirigentes políticos, secundada absurdamente por algunos comunicadores, sobre la supuesta puja de la sociedad civil por apoderarse de cargos en el gobierno central, sobre todo en los organismos de control, que en muchos casos tienen el imperativo constitucional o legal de ser dirigidos por personas sin militancia política.
Es fruto de una cultura política que ha concebido al Estado como un botín, para el reparto de cargos y canonjías, aprovechamiento de oportunidad de enriquecerse a cualquier precio, especialmente por parte de quienes “se fajan” a hacer campañas electorales. El “dame lo mío” se ha expandido de arriba hacia abajo, creando una situación que deviene en espantosos reclamos y hasta chantajes que se formulan públicamente sin el menor escrúpulo.
A consecuencia de esa cultura cada año el Estado abulta más, con nóminas y nominillas que, para colmo, ningún organismo público se atreve a certificar, por la falta de transparencia y el desorden. Un estudio del BID cuantificó los empleados en la nómina pública en 486 mil 732, a comienzos del 2019, con un incremento de 114 mil 783 en los últimos cinco años, equivalente al 31%. A ese ritmo hoy sobrepasan los 525 mil, que si les suman 152 mil pensionados, al 2017, más de 100 mil de las nóminas municipales y miles en nominillas hasta en los distritos municipales, es seguro que rondamos los 800 mil.
Un estudio de Oxfam indica que el empleo público crece 5.2% por año, 2.8 veces más que el privado, con 61 mil 911 empleos por cada millón de habitantes, tercero más grande en la región latinoamericana, y que al 2018 el empleo público por millón de habitantes es 38.6% mayor que el promedio regional, y 43.6% más que cinco países de América Central.
Por cierto que en los últimos 24 años, no sólo se triplicó la nómina pública, sino que se acentuó una enorme disparidad, con salarios superiores a los del sector privado en los mandos altos y medios, sobre todo en los organismos autónomos y descentralizados donde reina un régimen de auto beneficios, que incluye espléndidas pensiones, dietas y representaciones. El Congreso, la justicia, órganos electorales, banca estatal y superintendencias tienen regímenes especiales de salubridad, en algunos casos con seguros internacionales, y pensiones que alcanzan hasta más de 100 veces el monto de lo que reciben la mayoría de los pensionados del Estado, subido el año pasado de 5 mil 117 a 8 mil pesos.
Por esas razones es que con cada cambio de gobierno se desata un huracán de persecuciones de los cargos públicos, sobre todo de los dotados de mayores privilegios. No se puede ignorar que hasta en las naciones desarrolladas y bien organizadas la alternabilidad de gobernantes implica cambios de millares de funcionarios, no sólo del más nivel, sino también sus asistentes y personal de confianza. Pero aquí la persecución de cargos supera los límites razonables, vinculado con la pobreza y la congelación de los salarios del sector privado y con ese 55% de los empleados que están en la informalidad.
Pero con tantos empleos, es ridículo que algunos pretendan que se despoja a los dirigentes políticos de sus derechos si no los ponen también a dirigir la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Cámara de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y las altas cortes, lo que implica un centenar de cargos. Como si los que militan en la sociedad civil no fueran también ciudadanos y ciudadanas y como tales llamados a dirigir los órganos de control sobre el universo de los cientos de miles de políticos y relacionados que constituyen el funcionariado público.
Lo lamentable es que haya tan pocas instituciones y dirigentes sociales empeñados en garantizar la independencia de los órganos de control frente a un estado tan corrompido y dilapidador. Ahora que el presidente Luis Abinader se empeña en cumplir su promesa de no llevar dirigentes políticos a los órganos de control, sosteniendo que el Estado no es un botín partidista, deberíamos ver una lluvia de comunicados de respaldo. Que hablen al respecto las organizaciones empresariales y sindicales, que las iglesias se ocupen de algo más que de las tres excepciones a la penalización del aborto, que las universidades y los intelectuales se pronuncien por la reforma del Estado.
Necesitamos más y mejor sociedad civil para empezar a cambiar la cultura de aprovechamiento del Estado. Si lo dejamos solo a los políticos, todo seguirá igual.-
Una de las industrias más severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación.
La preocupación se extiende por toda Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes, caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la falsedad y la manipulación.
Una “Nota Temática” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en riesgo también la salud de los medios de comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal sustento, que es la publicidad.
La reconocida organización “Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre el acceso a la información y la libertad de prensa.
La crisis de los medios es mayúscula en el país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren, constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un espeso silencio sobre el particular.
Todos los periódicos han caído en la insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas cercanas a la tercera parte. A la crisis del covid-19 se ha unido el cambio de gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad gubernamental.
En medio de la crisis, el Gobierno se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.
Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la estabilidad de los medios.
Nadie puede ignorar el aporte del periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la lucha contra la depredación del patrimonio público.
Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la libertad de informar y opinar.
El presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para determinar qué salvataje se puede implementar en lo inmediato.
Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial, la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas especiales.
Se deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de pesos de facturas atrasadas.
Nada gana el gobierno con el cierre de medios de comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.-
El mismo día en que se inició la primera legislatura del Congreso Nacional inaugurado el 16 de agosto fue renovado el debate sobre el proyecto de Código Penal y la pretensión de ratificar la penalización absoluta del aborto, desconociendo la razón universal que ha consagrado excepciones, las llamadas tres causales, cuando el embarazo pone en riesgo la vida de una mujer, si el ser en gestación se comprueba inviable, y cuando es fruto de una violación del sagrado cuerpo femenino.
La circunstancia de las graves crisis de salubridad, económica y social derivadas de la expansión del coronavirus no parecía la más propicia para traer al primer plano un tema que divide tan profundamente a la sociedad dominicana, pero en la Cámara de Diputados se insiste en privilegiarlo, y se envió a comisión de estudios tanto el proyecto de Código Penal como otro de “ley especial” sólo sobre las tres causales.
La separación parecería razonable, pero resulta engañosa, porque quitar del código las excepciones, reafirmaría la penalización absoluta, y en vez de ablandar a quienes imponen dogmas religiosos a toda la sociedad, fortalecería su posición. Y si los legisladores se dejan chantajear ahora, no hay razón para creer que después recuperarán su libertad y el deber de acatar un sentimiento ciudadano que las encuestas han mostrado como absolutamente mayoritario.
Las tres causales para despenalizar la interrupción del embarazo, tal como fueron introducidas en el proyecto de Código Penal por el presidente Danilo Medina hace cuatro años, se corresponden con criterios de casi absoluto dominio universal, sustentados en el derecho de la mujer a preservar su vida por encima de una gestación, cuando peligra por condiciones precarias de salud, o porque la concepción se ha realizado fuera del útero materno, lo que la condena a una peligrosa ruptura.
La segunda causal es cuando los métodos de la ciencia demuestran que el ser en gestación está deformado o no tiene posibilidades de sobrevivir, resultando un atropello obligarla, bajo amenaza de prisión, a cargar esa frustración durante los largos meses del embarazo y posiblemente para el resto de su vida. Y la tercera es cuando el embarazo ha sido fruto de una violación, de violencia física y emocional. Estas dos causales atañen no sólo al derecho de la mujer a disponer y defender su cuerpo, sino también su dignidad humana.
Se puede entender que numerosas confesiones religiosas sustenten la prevalencia de la gestación como un dogma, como también que todavía la poderosa Iglesia Católica mantenga su oposición al uso de recursos del desarrollo científico para evitar el embarazo, y hasta que rechace el divorcio, como hace aún en Filipinas y en Chile hasta hace 16 años.
Lo que es inaceptable es que las iglesias quieran imponer sus dogmas a toda la sociedad, como hicieron durante siglos, desconociendo el inmenso desarrollo de los derechos y las libertades consagradas en las constituciones y los códigos internacionales. Hay que respetar los derechos de confesión religiosa, pero también los de los laicos. Como no se trata de imponer abortos, siempre podrán convencer a sus fieles de que no deben practicarlo.
Con el agravante de que las jerarquías religiosas, casi absolutamente masculinas, además de discriminar a la mujer, desprecian su dignidad, sobre todo de la inmensa mayoría de limitados recursos económicos. Sabiendo que las pudientes abortan cuando lo desean, tanto en el país como en naciones vecinas donde está despenalizado, las sacrificadas son las que sólo pueden acceder a los servicios de los hospitales públicos donde el personal médico no corre el riesgo. Es decir que se trata de un dogma clasista.
No hay razón para que los legisladores dominicanos sigan bajo el chantaje o el oportunsmo de hacerse graciosos ante jerarquías religiosas, desconociendo las excepciones a la penalización del aborto consagradas en 133 países, además de otros 58 donde cualquier aborto es libre. Sólo compartimos ese olor de santidad con Nicaragua y El Salvador y con los pequeñitos estados de Malta y El Vaticano.Hay que esperar que el Partido Revolucionario Moderno, con clara mayoría en ambas cámaras, cumpla la resolución de su Dirección Ejecutiva del 26 de julio del 2016, que apoyó las tres causales y concierte con otras fuerzas políticas que también la favorecen. Si quieren una justificación ante las jerarquías religiosas, que auspicien una amplia encuesta donde seguramente saldrá ratificada la prevalencia de la dignidad de la mujer.-
El conjunto de disposiciones gubernamentales para tratar de preservar la salud de la población dominicana, al amparo de un estrado de excepción o de emergencia nacional determinado por el peligroso coronavirus constituye uno de los más grandes retos a la conciencia y la disciplina de toda la ciudadanía, sin excepción.
Sólo con el compromiso de todas y todos los habitantes del país será posible que estas disposiciones alcancen el éxito y logren detener la expansión del virus que ha disparado las alarmas en gran parte del mundo y que no hace distinción de clases sociales, razas, género ni credo religioso o ideológico.
No se le puede regatear el máximo apoyo a las disposiciones adoptadas por el gobierno por 15 días a partir de este jueves, que cierra el país por aire, mar y tierra, prohíbe todas las actividades comerciales que no sean sobre alimentos, productos farmacéuticos, combustibles y servicios de salud. Cierra bares y restaurantes, suspende todas las actividades docentes, estas por casi un mes, todo tipo de concentraciones sociales y políticas, los espectáculos y actividades deportivas.
Es obvio que el gobierno optó por una línea de acciones duras ante el grave peligro de expansión de la pandemia, con todos los costos de salud y vida que implica y debe asumirse que con plena conciencia del riesgo de que las medidas, de gran costo humano y económico, no sean suficientes y obliguen a una prolongación que pudiera devenir catastrófica.
Están a la vista las consecuencias económicas de la pandemia, para el turismo, las exportaciones, las zonas francas, la industria y hasta la agropecuaria. La paralización de casi todas las actividades por dos semanas implica pérdidas inmensas, desempleo y calamidades para una importante proporción de la población. Si se le suma una previsible reducción de las remesas, el panorama de corto y mediano plazo es muy preocupante.
Nuestras vulnerabilidades son inmensas, gran parte de la población no puede almacenar alimentos por muchos días. Con 57 por ciento del empleo informal, son demasiado los que dependen del chiripeo diario y tendrán la tentación o la necesidad de seguir la vida normal desde que pasen los primeros días. Ahí comienza el gran desafío, porque podrían arruinar el esfuerzo colectivo y hacer inútil el costo económico que conlleva.
Todos los pudientes, especialmente los empresarios, deberían aportar los máximos sacrificios para mitigar las calamidades de los más vulnerables, de la masa de empleados de subsistencia, carentes de ahorros para enfrentar las contingencias. Nadie debería ser privado del salario durante las dos semanas de la emergencia.
El presidente de la nación dijo que el gobierno no dejará a nadie desamparado, lo que puede ser un hermoso propósito difícil de cumplir cuando cientos de miles de personas se verán impedidas de producir el precario sustento cotidiano. Ojalá que pueda cumplir el buen propósito de hacer llegar la alimentación escolar a las casas de los estudiantes, con el desafío de que ese movimiento no rompa la cadena que trata de aislar la expansión del virus.
El plan de emergencia anunciado por el presidente Danilo Medina es integral y abarcador, y contempla excepciones y facilidades impositivas, medidas monetarias, asistencia social y servicios de extraordinarios de salud, que demandan enormes recursos financieros.
El reto es para todos, desde los más encumbrados o los más desprotegidos, y tenemos que tomarlo con la mayor seriedad, aplazando las cherchas y la eterna vocación por burlar todas las disposiciones limitativas, comenzando por los mismos funcionarios, y por las clases altas y medio altas que no conocen sacrificios de vida. Los jóvenes tienen que permanecer en sus casas, sin abusar de su condición privilegiada, porque son los que mejor pueden sortear la pandemia, pero no dejan de ser difusores de la misma. Están obligados a proteger a los mayores, no sólo a sus padres y abuelos, sino también a los vecinos y a todos los pobladores.
Ojalá entendamos el reto. Si durante los 15 días de sacrificios, no controlamos la expansión del coronavirus, todo el esfuerzo habrá sido en vano. Y lo que es peor, tendremos menos aliento para otro período de sacrificios. El gobierno escogió ahora o nunca y de ninguna forma puede sobrepasarse en el estado de excepción, ni buscar capital político de la crisis, como tampoco deben hacerlo los opositores. Todos debemos sacrificarnos.
Sobran los motivos para celebrar que el Ministerio de Educación (MINERD) y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) hayan firmado un pacto cuyo objetivo fundamental quedó expresado en ”Reconocer que existe la necesidad de generar un compromiso entre los actores educativos para crear un clima de convivencia y colaboración que prioricen progresivos cambios y mejoras sostenida de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje”.
En este sentido, los actores del proceso educativo legitimamente representados “asumen impulsar acciones tendentes a revertir, para mejorar, el estado actual de la Educación Dominicana”, que ha quedado una y otra vez en los peores niveles de las evaluaciones nacionales e internacionales generando un sentimiento de frustración por el sacrificio que ha implicado ya durante siete anos destinar el 4 por ciento del producto bruto interno a la educación.
La ADP es compromisaria del cabal cumplimiento del calendario escolar, a no interferir en los asuntos administativos del MINERD, y èste a no meterse en los asuntos internos de las estructuras locales de la asociación profesoral, promoviendo un “clima de armonía que contribuya con el propósito de más y major educación para todos”.
No debería ser necesario firmar un pacto para unos propósitos tan fundamentals y de tan alto interés nacional, que siempre han debido ser comunes para todos, ni que tuviéramos que estar en un proceso electoral nacional para disponernos a alcanzarlos. Esperemos que esa espíritu de entendimiento se prolongue indefinidamente y resista los prejuicios que se han levantado durante mucho tiempo. También que superen la acendrada vocación de los dominicanos para firmar acuerdos y salir de inmediato a ver cómo pueden ser burlados.
Se ha demostrado que ambas partes pueden dialogar y alcanzar acuerdos, sin que tengan que paralizar las labores docentes. Y proponerse resolver importantes asuntos pendientes, como todos los referentes al aprovechamiento del tiempo extra de la extensión de la jornada escolar. Los maestros necesitan asistentes para sostenerse en una jornada de 8 horas laborables, en los centros urbanos con aulas sobrepobladas y sin suficiente ventilación. La incorporación de instructores deportivos y de educación física y artística aliviarán su carga y contribuirán a una educación más integral que estimule las capacidades de los alumnus.
También se anuncian soluciones a distorsiones inconcebibles, como esa de que los profesores que toman licencia por enfermedad, discapacidad o embarazo, tengan que buscar ellos mismos sustitutos y pagarles de sus sueldos.
Resalta el compromise de programas de formación y actualziación continua de los docentes, llamados a supercar atrasos acumulados por décadas y que afectan una alta proporción. Es piedra fundamental para el mejoramiento de la calidad de la eduicación, como han demostrado las evaluaciones. Así mismo se incluyen acuerdos para perfeccionar los concursos que dan acceso a la profesión del magisterio.
Estemos pendientes para que este acuerdo se cumpla y no volvamos a ver paralizaciones de la docencia a las que con excesiva frecuencia ha apelado la ADP, como derivación de luchismo sindical autodestructivo, aunque debe reconocerse que su actual directiva, presidida por la acreditada maestra y responsable gremialista, Xiomara Guante, sólo ha suspendido la docencia un día en más de un ano. Y que en diciembre pasado enfrentó llamados de filiales regionals a paralizaciones.
Crédito especial al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, un funcionario de suave temperamento y apertura a la diversidad, con capacidad para dialogar y generar cooperación.
Los principasles actores del sector educativo están obligados a constituirse en ejemplo de concertacción en una Sociedad tan fragmentada y necesitada de conciliación e intercolaboración. Que así sea.-
A un mes de las elecciones municipales y a cuatro de las presidenciales y congresuales, la Pastoral del Episcopado Dominicano y el apoyo político-financiero de EU respaldan los reclamos de la sociedad dominicana de elecciones libres, justas y transparentes
Por Juan Bolívar Díaz
El Obispo de de Santo Domingo Francisco Ozoria, ofrecio una misa en la catedral con motivo del día de los Santos Reyes,6 de enero 2020/foto cortecia del Episcopado Dominicano
Todos los interesados en la institucionalidad democrática y la estabilidad política y económica de la nación deberían acoger la propuesta de la Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) de un pacto nacional sobre las propuestas prioritarias de la sociedad con “el compromiso a gobernar de acuerdo con principios de justicia”.
La pastoral católica y el apoyo de Estados Unidos a la auditoría previa a los equipos y programas a utilizarse en las próximas elecciones, constituyen un claro compromiso de esos poderes con los reclamos de múltiples sectores de un proceso electoral justo, equitativo y libre de marrullerías e injerencias antidemocráticas.
Una
contundente advertencia
La carta pastoral de los obispos católicos, comienza con una advertencia contundente sobre los grandes movimientos contestatarios en Latinoamérica y una proclama sobre la necesidad de hacer prevalecer los principios fundamentales que deben normar la política y la convivencia, lo que a lo largo del documento se sustentan firme y reiteradas veces.
El primer párrafo explica la preocupación del Episcopado por los próximos comicios nacionales, comenzando por los municipales de febrero, “para obtener garantía de éxitos en los segundos”. Y en el siguiente se considera oportuno “retomar el espíritu de nuestra Carta Pastoral de enero de 1960, cuya fuerza y aliento, sesenta años después, palpita en nosotros, fieles al ejercicio de nuestro ministerio episcopal”. Entonces recuerdan que aquel “emblemático e histórico documento trató de irradiar luz en un momento crítico”, impuesto por la tiranía de Trujillo. Señala que aunque vivimos en una época distinta gracias al sacrificio de muchos dominicanos, “aún restan muchos obstáculos por superar”.
El tercer párrafo contiene una clara advertencia cuando dice: Una visión panorámica al acontecer latinoamericano en este último año, marcada por convulsiones sociales y políticas, nos debe llamar a reflexión en torno a las causas que han suscitado esas situaciones. La política no puede estar al margen de la moral si no quiere convertirse en una de las más nefastas actividades por sus implicaciones para la sociedad. Consideramos que en estos momentos es necesario recordar principios esenciales de la ética que no pueden ser ignorados, especialmente por aquellos que aspiran a cargos ejecutivos.”
Refieren mensajes
anteriores que exhortan a vivir en valores, tomando como referencia los
propuestos por el preámbulo de la Constitución Dominicana, y luego se plantea la
urgencia de “un comportamiento ético en nuestra sociedad”, invitando a reflexionar
acerca del acontecer nacional, con sus complejas realidades y sus enormes
desafíos.
Un
ejercicio democrático
El punto 11 de la carta reclama a todo gobernante “sabiduría y carácter, garantías de unidad e identidad nacional basadas en nuestra idiosincrasia y valores, seguridad interna, régimen de justicia, administración eficaz, dinamismo cultural, libertad religiosa, relaciones internacionales provechosas y una gran capacidad de servicio a favor de los intereses de nuestra Nación”. El 15 advierte que “Un auténtico ejercicio democrático solo es posible en un Estado de Derecho donde predomine el imperio de la Ley por encima de interpretaciones coyunturales y acomodaticias”.
Más adelante
plantea que “El aniquilamiento de la ética marca el paso hacia el uso
degradante del poder, a la explotación y a los abusos por parte de quienes
ocupan los primeros puestos, y al arrinconamiento de una clase desposeída a la
que solo le asiste el derecho a consentir. Esa masa sufrida y condenada
injustamente a vivir en la periferia solo es tomada en cuenta, en no pocas
ocasiones por los líderes políticos, únicamente como instrumento para acceder y
mantenerse en el poder”. Reclama “a quienes pretenden dirigir los destinos del
país reconocer la dignidad de toda persona humana, como sujeto de derechos, que
nadie puede violar ni como grupos de poder ni como salvaguardas del orden
público”.
El punto 17
indica que, como máximo responsable de la organización de los comicios, “la
Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos,
sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral
transparente, tanto al momento del sufragio como al del conteo de los votos”, y
que “No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de
cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome
acción”. Llama a cooperar para que desempeñen con profesionalidad y decoro sus
delicadas funciones, de singular trascendencia en el inacabado proceso de
preservar y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.
Agenda
política episcopal
El documento
contiene exhortaciones a los candidatos, a los medios de comunicación, a los
actores políticos y a los electores, y aboga por los derechos de la juventud,
de las mujeres, expresando preocupación por la violencia “que sacude a nuestra
sociedad”, a la corrupción “cáncer que arrastra la RD”, y claman por que se
promuevan las condiciones para establecer un Poder Judicial imparcial, sujeto
al imperio de la ley, capaz de administrar justicia y dirimir los conflictos
sin inclinar la balanza hacia ningún lado”.
Los obispos han
pedido a los candidatos agenda de acciones concretas “para enfrentar los graves
problemas del país”, sin que falten “temas como la corrupción administrativa y
los caminos para combatirla; la defensa de las dos vidas, tanto de la madre
como del hijo por nacer; la violencia ciudadana generalizada”. Y luego se
extienden al cambio climático, políticas energéticas, respeto al orden jurídico
y constitucional y a las políticas sociales y combate a la pobreza, relevando
la educación.
Proponen “un
pacto nacional entre nuestros líderes políticos, en el cual suscriban un
compromiso público en torno a las propuestas prioritarias para la sociedad
dominicana, conformando una agenda nacional y provincial que trascienda los
intereses personales y grupales a favor del bienestar colectivo de toda la
nación. Dicho pacto debe incluir el compromiso a gobernar de acuerdo con
principios de justicia que garanticen los derechos de todos y una especial
dedicación a los sectores menos pudientes de la sociedad”. En la exhortación
final los obispos vuelven a recordar la pastoral de 1960, ahora “dentro de
un contexto social y político diferente,
pero con un proceso con muchas demandas similares, y fundamentalmente la
necesidad de unas elecciones libres”.
Contexto de la pastoral
La pastoral episcopal llega en un contexto político donde se advierten serios conflictos por el poder, ya que el presidente Danilo Medina, sin ser candidato, proclamó en discurso público el 21 de julio que “yo voy a ganar las elecciones”, tras unas primarias donde irrumpió el gobierno se generaron graves conflictos. En una reunión el lunes con los candidatos de su partido, el mandatario proclamó que a cada uno le dará asistencia financiera.
La generalidad de los partidos opositores, que conforman dos de tres polos electorales configurados, con el partido oficial, han formulado severas advertencias de que no permitirán la irrupción del gobierno en el proceso electoral, con los abusos fiscales y la desigualdad que caracterizaron los comicios anteriores. Ya esta semana trascendió que en el Ministerio de Educación han designado 8 mil empleados temporeros, que no son otra cosa que activistas electorales. En el 2016 Participación Ciudadana certificó que hubo 33 mil en ese y otros ministerios y organismos estatales.
La preocupación se han expandido por los medios de comunicación y las entidades sociales, que en diciembre lanzaron un “Manifiesto por la Transparencia Electoral”, abogando por elecciones libres y equitativas en consonancia con los principios constitucionales y las leyes electorales y de la Función Pública. Llamó la atención que entre los firmantes aparecen dos de los obispos y los rectores de las dos universidades católicas, un obispo emérito episcopal, y dirigentes de la Confederación de Unidad Evangélica, junto a destacados empresarios, comunicadores y dirigentes de decenas de entidades sociales.
El pacto
propuesto fue aceptado de inmediato por los candidatos Luis Abinader y Gonzalo
Castillo, del principal partido opositor y del gobernante, mientras el obispo
auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Jesús Castro Marte, uno de los
propulsores del Manifiesto por la Transparencia Electoral, dijo que trabajan en
el protocolo para el acuerdo. Han sostenido dos reuniones con la JCE y otra con
el Tribunal Superior Electoral.
Apoyo financiero y político de EU
La semana concluyó con el anuncio de que Estados Unidos va a financiar la auditoría previa de los equipos y programas a utilizare en el voto automatizado para las elecciones generales de febrero y mayo, que ha sido una condición reclamada por los partidos de oposición. Se hará bajo responsabilidad del Instituto Federal para Sistemas Electorales (IFES) de los Estados Unidos, que ya en 1994 fue clave en la documentación de las irregularidades que viciaron las elecciones y generaron una grave crisis política.
Pero el anuncio
del respaldo, formulado por la embajada de Estados Unidos en el país no se
queda lo técnico-financiero, y expresa que “apoya la realización de elecciones
libres, justas y transparentes en la República Dominicana y en todo el mundo”.
Porque una RD “democrática, próspera y segura es del interés de ambos países”.
Con tales
planteamientos EU sintoniza plenamente con los reclamos políticos y sociales, y
constituyen reiteración de otros formulados por la embajadora Robin Bernstein y
por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, quien el 11 de julio
pasado llamó por teléfono al presidente Medina para recordarle su compromiso
con la legitimidad democrática y las elecciones libres, y el respeto a la
Constitución, lo que contribuyó a frenar el proyecto de reforma constitucional
que pretendía su prolongación para un tercer período de gobierno.
En sectores políticos y sociales se celebra el nuevo apoyo
norteamericano a las elecciones libres, justas y transparentes que se reclama,
y se espera que el presidente de la nación vuelva a interpretarlo en toda su
significación.-
