Por Juan Bolívar Díaz

Puede ser que incurra en un par de indiscreciones que sólo podrían perdonarse en las memorias de un periodista con más de medio siglo de arraigo en la vida pública, muy cerca del poder, aunque sin caer en sus tentaciones. Pero el interés nacional me obliga a formular un pedido público a los verdaderos amigos del presidente Danilo Medina.

Ahí va la primera indiscreción: Me encontré con el expresidente Hipólito Mejía en el funeral del honorable e inolvidable Hugo Tolentino, justo a la mitad de julio, y en un aparte me atreví a preguntarle si creía que el presidente Medina persistiría en su prolongado esfuerzo de buscarse otra reforma de la Constitución para seguir en el poder por tercer período consecutivo.

Hipólito me miró fijamente y en un tono medio triste me dijo que sí, que proseguiría, “porque cuando uno está en ese cargo, ignora la realidad de la calle, ya que los más cercanos son los que primeros en engañarte”. habló con la franqueza y espontaneidad que le caracteriza, pero reflexivamente, y lo interpreté como una reiteración de su reconocimiento de que erró al persistir en buscar la reelección en el 2004, en medio del enorme daño que las quiebras bancarias habían ocasionado a su gobierno y al país.

Una semana después, en dramático discurso, el presidente Medina recapacitó y pudo leer los signos del tiempo y declinar el intento continuista en el que había invertido tanto tiempo, energías y recursos. Amortiguó en parte el tropiezo político al reconocer que las circunstancias nacionales e internacionales no favorecían que fuera el primer presidente dominicano en reformar dos veces consecutivas la Constitución en aras del continuismo.

Aquí va la segunda: Yo no puedo decir que haya sido particularmente amigo de Danilo, como lo fui de los expresidentes Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández e Hipólito Mejía. De todos disentí cuando estaban en la cumbre del poder, sobre todo del que fuera más amigo personal, Leonel, compañero de batallas como abogado honorífico en los dos años que me tocó presidir el Colegio de Periodistas.

Pero con Danilo Medina sostuve numerosos encuentros cuando buscaba la presidencia, uno en mi propia casa, otros en la del querido colega Rafael Ovalles y en la residencia y la oficina de un apreciado empresario que lo apoyó durante años. Los tres nos encontramos  muy poco después que Leonel y el Estado le cerraran el paso a la candidatura presidencial de Danilo para el 2008, cuando muchos planteaban que como cuestión de honor él debería mandarlo todo a la porra.

Cuando pidió mi opinión le dije, con la franqueza que me caracteriza, que asimilara el golpe y no se metiera  en una aventura sin muchas perspectivas, dadas las circunstancias; que si se mantenía en el PLD, para el 2012 ni Leonel ni ningún otro le iban a poder quitar la candidatura, aunque heredaría un mayor desgaste de su partido. Me agradeció el consejo.

Después que Danilo llego al poder no hemos tenido oportunidad de intercambiar con franqueza, tal vez porque mi ejercicio periodístico es demasiado crítico. Si encontrara esa oportunidad, le diría lo que más de una vez expresé a Hipólito, que es un error persistir en un proyecto tan cuesta arriba, casi imposible de materializar, que su afirmación de que con lo que queda del PLD él ganará las elecciones del 2020, aunque sin ser candidato, es una amenaza a la institucionalidad democrática.

Si los vientos soplaron contra su tercera elección, ahora lo que se advierte es un huracán de grado 5 contra su proyecto de imponer un candidato improvisado, sin experiencia, liderazgo ni aval político, lo que reconocen y lamentan hasta muchos de los que lo apoyan.

Nada personal contra Gonzalo Castillo, pero no luce que pueda ganar la presidencia montado en los hombros de Danilo, quien todavía mantiene aprobación sobre el 40 por ciento, pero en obvia desventaja política por fatiga del electorado con el PLD, por la profunda división que no pudieron evadir, porque la sociedad pide un cambio de mando.

Apelo a los verdaderos amigos de Danilo, que pueden percibir el sonido del viento, y deben advertirle, aunque cueste, para que no se embarque en meter un elefante embravecido en una cristalería. Pondría en serio riesgo la adolescente institucionalidad democrática, con repercusiones graves en la estabilidad económica, social y política, en un año que se pinta cargado de incertidumbres, con expansión de la cólera social en el continente.

¡Ayuden a Danilo, no lo mareen reiterándole que el poder lo puede todo, porque ya en julio pasado se demostró lo contrario! No puede buscarse una derrota como la que le espera si persiste en meterse con todo el gobierno en la campaña electoral. Todavía está a tiempo de dejar un legado democrático, con algunas realizaciones positivas.-

Por Juan Bolívar Díaz

Con una Junta Central Electoral (JCE) sobrecargada de tareas, con un gobierno que irrumpe en las actividades de promoción de candidaturas  y una creciente desconfianza y confrontación entre los actores políticos, cada día aparece como más imperativa la búsqueda de acuerdos para salvar el proceso electoral en marcha, con sus citas del 16 de febrero para elecciones municipales y del 17 de mayo para congresuales y presidenciales.

No se ha podido lograr consenso para utilizar algún nivel de automatización en la votación y el consiguiente procesamiento para las municipales, en gran medida por las desconfianzas que generaron los incidentes que rodearon la elección de la candidatura presidencial del partido gobernante, que provocaron su división, tras la votación primaria de octubre, que la ley de partidos puso bajo responsabilidad de la JCE.

El pleno del organismo ejecutivo de las elecciones ha anunciado para hoy su decisión sobre la tecnología a utilizarse en las elecciones de febrero, que se anticipa no implicará la automatización, ya que uno de los tres polos en que se alinean casi todos los partidos, el que postula a la presidencia al expresidente Leonel Fernández, se ha opuesto firmemente a la misma, y el que postula a Luis Abinader, la ha condicionado a una auditoría de equipos y programas, sobre la cual no se ha podido avanzar, y ya se afirma que será imposible encontrar quien la ejecute a tiempo para la elección municipal.

Tras asumir la escasez de tiempo, Leonel Fernández expresó anteanoche, en una alocución a nombre de los partidos que lo postulan, “nuestra total, absoluta y completa oposición al uso del sistema de voto automatizado en las próximas elecciones municipales”. Y como èl mismo recordó una declaración del presidente de la JCE, Julio César Castaños, que condicionó la automatización “al consenso unánime de todos los partidos políticos reconocidos”, debe asumirse que se volverá a la metodología manual.

Es lamentable que no se haya aceptado la última propuesta de la JCE de que se combinara la automatización con el conteo manual, porque al implicar el voto preferencial, por tanto individual, para miles de candidatos a regidores y vocales municipales y sus suplentes, será una tarea muy difícil de cumplir con éxito y en tiempo razonable. La experiencia del 2016 en las elecciones con voto preferencial para diputados, con sólo cientos de aspirantes, no permite abrigar buenas expectativas.

La JCE debe exponer con toda claridad las dificultades que implicará el escrutinio de febrero, y advertir a todos los actores políticos y a la sociedad en general, que no se podrán esperarse  resultados en poco tiempo. El conteo de votos tendría que hacerse en dos tiempos, el primero para determinar los ganadores de las alcaldías de los municipios y distritos municipales, y luego los regidores, vocales  y suplentes.

Ya no se gana nada con recriminaciones ni prejuicios, pues las responsabilidades pueden ser repartidas entre los partidos, los legisladores  y la propia JCE: Los partidos porque no han demostrado suficiente s fortalezas democráticas y apertura; los legisladores porque dilataron la aprobación de las leyes de partidos y del régimen electoral, y luego improvisaron con tan pobre puntería que esas normativas llevan récord de declaraciones de inconstitucionalidad, y poniendo sobre la JCE una excesiva carga de tareas. Y el organismo electoral porque no cumplió su propia resolución de febrero de realizar la auditoría técnica de los equipos y programas de automatización que utilizaría en la elección primaria de octubre.

Es muy lamentable que el sistema político electoral tropiece con la misma piedra  en los intentos por establecer la automatización, ya que desde el proceso del 2016 se advirtió sobre la necesidad de auditar los equipos y programas como forma de generar confianza en un sistema que ha sido rechazado y hasta revocado en la mayoría de los países desarrollados. Desde que se planteó en el 2015, el movimiento Participación Ciudadana insistió en la auditoría, sin que la  JCE hiciera el menor caso. Su entonces presidente, Roberto Rosario, ahora alineado con Leonel Fernández, es de los que esta vez clama por la auditoría.

Vale recordar que en febrero pasado, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreras, invitada al país por Participación Ciudadana, insistió en advertir los riesgos y las desconfianzas sobre los sistemas de automatización y en recomendar una rigurosa auditoría previa.

Como nadie está libre de pecados, lo que corresponde es bajar las banderas, las recriminaciones y tensiones y buscar acuerdos globales para salvar el próximo proceso electoral, lo que implica mucho más que la automatizaciòn.-  

Por Juan Bolívar Díaz

Este sábado 23 de noviembre será proclamada la Coalición Democrática por el Cambio por parte de seis partidos políticos y representantes de diversos agrupamientos sociales que suscribirán los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Nacional y un Nuevo Modelo de Desarrollo Económico-Social, durante un acto programado para las 10 de la mañana en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Debo advertir a mis lectores, como ya lo he hecho con mis televidentes, que me encuentro entre los profesionales, dirigentes y activistas sociales que han promovido la conformación de esa coalición, en base a unos lineamientos programáticos fundamentales, que procuran la recuperación de la independencia de los poderes del Estado, una reforma política e institucional, la proscripción de la corrupción y políticas para saldar las deudas acumuladas con gran parte de la sociedad dominicana.

 Procede la advertencia porque  he sido designado coordinador nacional del movimiento que impulsa la coalición, y ello implica que tengo una posición política definida. He tomado licencia en el movimiento cívico Participación Ciudadana, desde el que he promovido reformas políticas e institucionales durante sus 26 años de existencia. Entrando en el tercer cuarto de siglo de existencia, no me parece justo seguir de observador certificando los resultados de las inequidades e iniquidades electorales, como el abuso de recursos estatales y la compra de votos.

En los pocos años de utilidad que me quedan, pretendo los cambios políticos e institucionales, impulsando un nuevo tipo de gobierno. No pasaré a formar parte de ningún partido, en lo que no he tenido experiencia, entre otras razones porque prefiero mantener mi  independencia y desde ella exigir coherencia con los cambios políticos, sociales y económicos que se pregonan.

No me mueve la persecución de cargos electivos o ejecutivos, lo que he declinado numerosas veces a lo largo de mi vida, porque he preferido ser periodista más que político. Tuve un “desliz” entre 1984-86, cuando acepté ser embajador de la República en Perú y Bolivia. Pero ya al año empecé a gestionar el retorno a la profesión del periodismo.

Aunque haga ahora una incursión en la política activa, mis lectores y televidentes pueden tener la confianza de que mantendré los principios de la ética profesional, que me obligan al respeto a los receptores de mis mensajes, a evadir las manipulaciones y a mantener el culto a la diversidad y a la multiplicidad de voces, intereses y aspiraciones.

Promuevo la Coalición Democrática convencido de que esta nación está urgida de cambios profundos que rescaten el imperio de la Constitución, las leyes y las normativas reglamentarias. Porque es urgente poner límites a la corrupción que carcome el alma nacional y a la correlativa impunidad que alienta la delincuencia arriba, al medio y abajo, generando una inseguridad generalizada.

Aliento la Coalición convencido de que este país no puede seguir endeudándose irresponsablemente al ritmo de 600 millones de pesos cada día, que no es justo hipotecar el futuro de nuestros hijos y nietos para seguir sustentando el enorme enriquecimiento de unos cuantos, amparados en el más descarado robo del patrimonio público, en rampante rentismo para mantener el apoyo de los poderes económicos, y del clientelismo para comprar la conciencia de los más vulnerables.

 Promuevo la Coalición Democrática porque la suerte de la nación no debemos dejarla sólo en manos de los políticos, que estos necesitan fuerzas que impulsen su renovación, y porque en última instancia ellos no son responsables exclusivos de nuestras carencias. Si fueran sólo los políticos, la sociedad ya hubiese resuelto cambiándolos. Los atavismos, la corrupción y la descomposición tienen raíces en todos los ámbitos de la sociedad.

Estoy en la Coalición abandonando la zona de confort en que me desenvuelvo, invitando a todos los dominicanos sensibles a aunar esfuerzos por cambiar el curso de la nación, abandonando la indiferencia, el conformismo, el pesimismo y hasta el cinismo que amenaza vencernos.-

Por Juan Bolívar Díaz

Las perspectivas políticas para el proceso electoral del venidero 2020 apuntan a una delicada situación que pondrá en juego no sólo la institucionalidad democrática, sino también la estabilidad económica y social, por lo que se impone un despertar de la sociedad civil que obligue a moderar los arrebatos, los abusos del Estado y las desmesuras políticas.

 Las perspectivas apuntan al traumático proceso electoral de 1994, cuando la sociedad mostraba fatiga por las imposiciones de Joaquín Balaguer, quien ciego y casi paralítico impuso una vez más su vieja maquinaria de manipulación de las instituciones estatales y fraudes para mantenerse en el poder. Su desaforad ambición causó un trauma electoral que desestabilizó la sociedad, generó una abierta participación de poderes internacionales y sacó del inmovilismo a importantes sectores sociales, temerosos entonces de las graves amenazas que sufría la nación. La crisis tuvo que ser saldada con un Pacto por la Democracia.

Amplios sectores sociales sumaron energías a los partidos y líderes políticos que, como José Francisco Peña Gómez, venían propugnando por cambios institucionales y sociales, varios de los cuales fueron incorporados a la Constitución de la República, y en los años siguientes se tradujeron en un mejoramiento de la justicia y concertaciones para cambios que incluirían la creación del Sistema Dominicano de Seguridad Social, y otras legislaciones para un nuevo sistema presupuestario y financiero y para la transparencia.

Con el  nuevo siglo, la política volvió a degenerar y se perdió el impulso concertador para devenir en un andamiaje de control casi total de todas las instituciones del Estado por un solo partido que auspició  el desmembramiento de la competencia partidista, la cooptación de muchos líderes y cuadros de todos los ámbitos sociales y un gran control de los comunicadores y medios de comunicación.

 El Partido de la Liberación Dominicana devino en una poderosa corporación que ahora acaba siendo víctima  de sus propias mañas, de las infinitas ambiciones de un caudillismo que sustituyó los organismos, sin el menor respeto por los procedimientos democráticos, los pactos, las leyes y hasta la Constitución de la República.

 En medio de los estertores de una profunda división, el presidente Danilo Medina ha pronunciado un discurso que se erige ominoso sobre el porvenir inmediato. Empeñado en confundir el Estado con su ambición personal, utilizando todos los recursos del poder, ha impuesto un candidato en su partido y anuncia que lo llevará a la presidencia de la nación.

 La desmesura es tanta que el mandatario consideró que su candidato no tenía que hablar a un asamblea de su partido convocada para dirimir las consecuencias de su imposición, y él se comprometió públicamente a llevarlo al poder. Con tanta confusión que al final proclamó que “con estos hombres y mujeres que están aquí, yo voy a ganar las elecciones”, como si él fuera candidato presidencial.

 Dada la experiencia, lo menos que pueden hacer los opositores, ahora reforzados por la mitad del PLD, es exigir un juego democrático limpio, sin la irrupción del Estado, sin que el presidente confunda las instituciones estatales con su facción política, sin que utilice el presupuesto, ni el funcionariado para aplastar a los demás contendientes. 

 Hay claras señales de que la oposición política no está dispuesta a volver a los mataderos electorales. Ya el candidato presidencial  Luis Abinader advirtió el domingo que aquí tiene que haber una competencia equitativa y limpia, para que no se ponga en juego la paz social. Guillermo Moreno también reclama condiciones elementales para la competencia.

Si todos los opositores se unen desde temprano para exigir transparencia y equidad en la campaña electoral, encontrarán respaldo en gran parte de las organizaciones sociales, a las que corresponde levantarse del inmovilismo como en los años noventa y exigir un nuevo y real pacto por la democracia. Eso corresponde no sólo a Participación Ciudadana, la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro Juan Montalvo o el Centro Social Juan 23, sino también a las instituciones empresariales, académicas, sociales y religiosas.

Tienen que demostrar ahora que creen en la democracia, para cuando llegue la tempestad que el presidente Medina anunció el lunes, no salir a pedir calma a los afectados. Hay que reforzar a la Junta Central Electoral para que cumpla su misión constitucional de garantizar la equidad, la justicia y la transparencia en la competencia electoral. Hay que pactar la integración de la Procuraduría Especializada para perseguir los delitos electorales y limitar la irrupción de los funcionarios en la campaña, el incremento de las nóminas y del déficit fiscal, y de la publicidad estatal. –         

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo ha quedado claro de la primera prueba de las elecciones primarias simultáneas y organizadas por la Junta Central Electoral, esta vez sólo para los dos partidos mayoritarios, al amparo del aborto de la Ley de Partidos 33-18, de agosto del año pasado, es el predominio de la pobre democracia de los ricos, no importa cuál sea el origen ni la naturaleza de la riqueza,

Con una cultura de la trampa, arrebato y mañosería, los aspectos positivos de la nueva legislación quedaron relegados y ha predominado el mayor gasto, desigualdad e ignominia que se pueda haber registrado anteriormente en la elección de los candidatos, por lo menos en el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que ha acaparado la atención nacional, hasta el punto de que pocos se refiere al mucho mejor nivel de competencia que se registró en el Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Por supuesto que el enorme asqueroso mercado de compra y venta de  votos registrado en el PLD tuvo que ver con la abundancia de recursos proveniente de sus años usufructuando el poder, de las enormes riquezas que han acumulado a costa de este pobre pueblo, y de los abusos del Estado metido hasta el fondo en la lucha de las facciones peledeístas por las candidaturas.

Un buen investigador podría en una cuantas horas cuantificar la publicidad pagada en los periódicos por la candidatura oficialista de Gonzalo Castillo y Danilo Medina, pero por lo observado en el período oficial de precampaña, se puede sostener que ésta gastó por lo menos veinte veces más que los restantes 10 precandidatos presidenciales de los dos partidos participantes. Fue apabullante también en la radio, televisión e internet y redes sociales.

Nadie puede ser tan ingenuo para ignorar que fue el poder del Estado que determinó esa extrema desigualdad, ya fuere por lo sustraído directamente, por el pago clandestino, cambiando publicidad de un género institucional al partidista, o por el tráfico de influencia y la extorsión sobre empresarios, contratistas, suplidores y hasta consultores estatales.

No es que la otra candidatura peledeísta careciera de recursos. Leonel Fernández los gastó en abundancia mucho antes que Danilo Castillo o Gonzalo Medina salieran a la palestra. La mejor prueba de que filo con filo no corta es que Félix Bautista, a quien las negociaciones de la “reelección por reelección” del 2016 le perdonaron un expediente de enriquecimiento por 26 mil millones de pesos, pudo ganarle la candidatura para la senaduría de Santiago nada menos que a Lucía Medina, la hermanísima del presidente de la República.

Esos dos personajes protagonizaron el mejor nudismo de la plutocracia del dinero ilegítimo, cuando durante meses compitieron a quien repartiera dinero, anillos de graduación, electrodomésticos, becas, empleos, cajas funerarias, y ofertas de redención.

Constriñe el espíritu el relato de Carlos Julio Féliz, el mejor reportero de la televisión dominicana, de cómo fue derrotado en sus aspiraciones de alcanzar la senaduría por su amada provincia de Pedernales, bajo el título “Un caso de clientelismo político dominicano sin precedentes”.  Da cuenta de la inversión de cientos de millones de pesos en una provincia de 20 mil votantes, de la llegada de 73 autobuses y minibuses, provenientes hasta del extremo oriental de la isla con miles de votantes.  

Los que conocen cómo Carlos Julio ha vivido para Pedernales, aún trabajando en Santo Domingo, promoviéndolo durante décadas, escribiendo libros y llevando cultura, animación y deportes, con  integridad a toda prueba, y proyectos colectivos de progreso, podían creer que era un sólido competidor. Pero el dinero de los contribuyentes lo relegó y cayó víctima de las dos facciones en competencia. Ni su hija escapó de una oferta de 5 mil pesos por su voto, a las 9 de la noche, cinco horas después del “cierre oficial”, cuando no había podido votar porque las facciones controlaban y rellenaban las filas con sus acarreados.

Lo que protagonizaron los peledeístas en las primarias del 6 de octubre es ominoso para la enclenque democracia dominicana. Sólo hay que considerar que Participación Ciudadana comprobó el mercado público de votos en el 32.73% de los centros de votación. Pero la mayor parte comenzó semanas antes e incluyó el traslado masivo de personas a largas distancias, en cómodos autobuses, con comidas, bebidas, ropas, y dinero de retribución.

Una democracia tan podrida está condenada a la implosión. Pero desde ya está ocasionando daños infinitos en el alma misma de esta sociedad, al estimular a los más pobres a venderse imponiendo el imperio del dinero robado al Estado, y de actividades criminales.-                

Por Juan Bolívar Díaz

No hay dudas  de que la confrontación que tiene al borde de la división al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rebasa con mucho los límites de ese partido y se convierte en una crisis de la democracia dominicana. La debacle del partido que ha dominado la nación en 20 de los últimos 24 años, nos sorprende cuando  se viene configurando una desestabilización económica, además de la política, institucional, y de seguridad ciudadana y servicios básicos que sufrimos desde hace años.

Llegamos a las elecciones  primarias en medio de la mayor crisis del turismo dominicano en sus cuatro décadas de gran desarrollo, tras la cancelación de una alarmante proporción de las reservas que tenían  los hoteles para la ya próxima temporada de invierno y para la siguiente. También con saltos preocupantes en la tasa cambiaria y reducción en 15 mil millones de pesos en los ingresos fiscales del 2019, reconocida por el presidente de la nación.

            Nos alcanza esta crisis con una de las peores tandas de apagones y de escasez de agua de los últimos años, con grave epidemia de dengue, e indignación generalizadas tras acontecimientos como el atentado que casi cuesta la vida a David Ortiz, la indignación por las últimas revelaciones sobre los soboonos de Odebrecht y por las complicidades en el escape de El Abusador, para sólo quedarnos en los últimos tres meses.

Y sin embargo, el principal ejecutivo de la corporación energética estatal, fue el jefe de la campaña electoral del delfín del presidente Danilo Medina, y los ministros de Salud y Turismo, y directores de los sistemas de agua y riego fueron encargados provinciales. Por suerte que el director de Impuestos Internos, Magín Díaz, dijo que lo suyo era velar por los ingresos fiscales, cuando también le dieron una responsabilidad proselitista. Por encima de todos se vio al presidente de la República y la más abusiva irrupción del gobierno, lo que explica que Castillo gastara en propaganda en dos meses muchas veces más que todos los demás precandidatos presidenciales juntos de los dos partidos participantes en las primarias.

  Por una desenfrenada ambición de monopolizar el poder, o de volver a controlarlo, las facciones peledeistas convirtieron el certamen en un inmundo y vergonzante  mercado de compra y venta de votos a la vista de todo el que quiso ver. Tanto que Participación Ciudadana con menos de medio millar de observadores, pudo advertir esa práctica criminal en la tercera parte (32.73%) de los centros de votación.

 En el afán de mantener el poder a toda costa, los danilistas le pusieron una soga al cuello al presidente de su propio partido, para luego quejarse de que esté pataleando, como si no fuera lo normal en quien está siendo asfixiado, que si queda vivo le irá encima a sus verdugos. Y Leonel Fernández quedó vivísimo, aún si perdió por menos del 2 por ciento, ahora cosechando las siembras de abusos del Estado que instituyó hasta llevar a Medina al gobierno en el 2012.

 La JCE y el gobierno no tienen mejor alternativa que atender los reclamos de revisión. Con las actas debería ser suficiente. Pero aún contar los cerca de 2  millones de votos luce la salida más corta. Sobre todo si los leonelistas no tienen razón y han perdido. Por cierto que habría ayudado que informaran cuál fue el resultado de la comprobación del voto físico con el electrónico en el 20% de las mesas de votación, que de haber sido una muestra aleatoria y secreta, casi triplicaba lo necesario para establecer el resultado real.

 ¿Confianza? ¿Racionalidad? Eso es mucho pedir, después de todas las desproporciones y los juramentos de que el poder del presidente no se desafía, porque siempre se impone. Pero, aunque puedan tener razones para desconfiar, a los leonelistas no les resultará fácil demostrar que hubo, aún si se produjo, manipulación electrónica.

 Mientras el hacha va y viene, parece que en el PLD se rompió la taza, sin árbitros en capacidad de proponer soluciones, porque todos se apandillaron. Y comprometieron a los organismos partidistas y al Estado. Ellos admiten que es casi imposible evitar la división, con los actuales niveles de irracionalidad y confrontación, que cuando concurren dispersan hasta las familias, aún cuando saben que separados pierden todos.             Ojalá que el costo no sea grave para la sociedad, en términos económicos y sociales, como ya lo ha sido en la institucionalidad democrática. Y que sirva para que la sociedad civil, en especial las llamadas fuerzas vivas, apuesten más por los principios y las normativas que por los intereses individuales y coyunturales. Sobre todo al magnificarse los desafíos que nos esperan para febrero y mayo próximos.-   

Por Juan Bolívar Díaz

El alegato del ministro de la Administración pública, Ramón Ventura Camejo, para intentar justificar el lanzamiento de casi todo el gobierno en apoyo al delfín del presidente Danilo Medina en la campaña interna del partido oficial, de que ellos sólo se activarían después de las cuatro de la tarde, “cuando termina su jornada laboral”,  hizo recordar canciones emblemáticas.

La primera que saltó al espacio memorial fue la legendaria canción cubana sobre la hora en que mataron a Lola, “que dicen los que la vieron que agonizando decía, quiero ver a ese hombre que me ha quitado la vida, quiero verlo y besarlo para morirme tranquila”. Sin duda una expresión ahora inaceptable del machismo generador de feminicidios. Pero Rolando la Serie y otros intérpretes inmortalizaron a la terrible Lola. Aunque dicen que quien en realidad lo hizo fue el presidente cubano Grau San Martín, cuando en medio de un discurso miró su reloj, y al advertir que marcaba las 3 de la tarde, concluyó diciendo: “la hora en que mataron la Lola”.

Joan Manuel Serrat inmortalizó otro horario límite, pero con tema romántico, en una de sus primeras composiciones, en los años sesenta, tiempo de desmitificaciones y rupturas en la España aún franquista: “Poco antes de que den las 10”, cuando te levantarás despacio, y te alisarás el pelo, que con mis dedos deshilé, y te abrocharás la falda, y te irás sin un reproche, y bajarás los peldaños de dos en dos, de tres en tres. Ellos te quieren en casa poco antes de que den las 10. Tu madre abrirá la puerta, sonreirá y os besaréis. La niña duerme en casa y en un reloj darán las 10.

Ventura Camejo, quien durante años promovió la Ley de la Función Pública, tiene su muy particular interpretación del numeral 13 del artículo 80 de la Ley 41-08 que él promovió durante años hasta su aprobación, que entre las prohibiciones a los funcionarios públicos señala “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político o solicitar fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución”.

Pero el inefable ministro entiende que esas limitaciones son sólo en el horario laboral que él establece hasta las 4 de la tarde. Así que después de esa hora los ministros se quitan el traje de altos funcionarios, se remangan la camisa, calzan tenis y se marchan a la campaña política. Si a Rubén Bichara, el máximo ejecutivo del sistema energético, y jefe nacional de la campaña electoral de Gonzalo Castillo, se le acaba de apagar el país una de estas noches, él ni se enterará, porque no estará en horario de trabajo. Y que conste que hace meses los apagones de han generalizado hasta por 12 horas diarias.

Por lo menos el ministro de Agricultura, el siempre afable Osmar Benítez, robó tiempo a su responsabilidad de campaña para advertir que los plátanos no se deben vender a más de 18 pesos. Porque en los barrios pasan ya de 20 y con el subsidio “comer es primero”, de 850 pesos mensuales, una familia sólo puede comprar un plátano y medio por día.

Debe asumirse que algunos altos funcionarios no estarán cómodos con la responsabilidad electorera que les han atribuido. Ya el eficiente director de Impuestos Internos, Magín Díaz, tuvo que salir a defender su honorabilidad ante especulaciones de que utilizaría golpes bajos fiscales contra opositores al gobierno.  

Ventura Camejo se aferra la defensa del derecho ciudadano absoluto de los altos funcionarios, por lo que unos de estos días, antes de las 4 de la tarde, cuando se pone brava la fiesta taurina, saldrá a exigir que se les respete también a los 60 mil militares, a los 40 mil policías  y a los miles de jueces y fiscales que tienen la misma limitación.

Desde luego, habrá quienes creerán que se puede evitar que los altos funcionarios utilicen, antes de las 4 de la tarde, los vehículos, las oficinas, computadoras, secretarias, choferes, asistentes, subordinados, las dietas y combustibles para cumplir sus tareas de jefes de campaña política en las provincias. Y que de ninguna forma recibirán llamadas telefónicas ni mensajes, ni planificarán acciones, ni sostendrán reuniones personales o virtuales.

Sólo en el reinado del absurdo, del primitivismo y el desenfreno del Estado se permite hoy día que casi todos los ministros sean designados jefes de campañas electorales, sin tomar licencia o renunciar. Pero fue en los años 40  cuando a las 3 de la tarde mataron a Lola.-           

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que expresar solidaridad con Reinaldo Pared Pérez, Carlos Amarante Baret y Manuel Crespo, tres de los once altos dirigentes que han pretendido la  candidatura presidencial de su  Partido de la Libración Dominicana (PLD) y que se declaran heridos en su dignidad por una inaceptable desigualdad y abusos del Estado en la precampaña electoral. Especialmente porque involucran al presidente de la República, Danilo Medina, constitucional, legal y moralmente responsable de hacer prevalecer la equidad dentro y fuera de su partido. 

Merecen compasión Pared y Almarante, miembros del Comité Político del PLD, porque  fueron incentivados por el mandatario hace más de un año para que persiguieran la candidatura presidencial, bajo el compromiso de acatar su propio precepto constitucional de dos períodos presidenciales y “nunca más”, pero quedaron sin autonomía de vuelo cuando Medina se mantuvo  acariciando la posibilidad de burlar sus promesas y juramentos, para reformar la Constitución y prolongarse en el poder, hasta que tuvo que resignarse el 22 de julio pasado.

Una semana después su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, lanzó su precandidatura y de inmediato ha sido proyectado como el delfín del mandatario, con evidentes muestras de aprovechamiento de  recursos públicos y desproporcionada inversión publicitaria, que supera al conjunto de los otros competidores.

Danilo Medina ni siquiera ha tenido el rubor de aceptarle la renuncia al cargo de ministro, más de un mes después, aunque sí lo hizo de inmediato y hade meses con otros, como Andrés Navarro, Francisco Domínguerz Brito y Carlos Amarante, quienes declinaron sus cargos de ministros por razones éticas, legales y de equidad, para dedicarse a su promoción electoral.

Los indicios de aprovechamiento del Estado por parte del no relevado ministro de Obras  Públicas son más que visibles, incluyendo la percepción de que su enorme despliegue de  recursos está vinculado al cargo, al tráfico de influencia con contratistas y suplidores, al igual que con la mayoría de los alcaldes que le apoyaron tan pronto anunció su precandidatura, amarrados por el asfaltado de las vías públicas y otras gestiones ministeriales.

Carlos Amarante Baret, exministro de Educación y exministro de Interior y Policía. después de invertir decenas de millones de pesos, hasta ahora de origen desconocido, fue el primero en abandonar la competencia, aduciendo que “se ha generado una desigualdad que no estoy dispuesto a tolerar, pues se están utilizando influencias políticas desde sectores ligados al Estado, hasta el último minuto, sin pruritos”, agregando que “no estoy dispuesto a transar”.

Unos días después, es Reinaldo Pared, nada menos que el secretario general del PLD y  presidente del Senado, quien se retira de la competencia, pagando un comunicado de página entera en todos los diarios, evidencia de su abundancia de recursos, donde denuncia que un nuevo actor, que no es otro que Gonzalo Castillo, ha montado su proyecto político “utilizando como plataforma uno de los ministerios más importantes del Estado”. Y agrega que en su campaña “se han violentado todas las normas de equidad y de justicia; se observa una clara intervención de una gran parte del gobierno, lo cual provoca un desequilibrio en el proceso que llevamos a cabo, que como a nosotros, afecta en lo más hondo nuestra dignidad”.

El tercero, Manuel Crespo, Miembro del Comité Central del PLD, no se ha retirado de la contienda, pero eleva un recurso ante la JCE ratificando los privilegios, desigualdad  y abusos del Estado, y fundándose en la Constitución y las leyes del régimen electoral, solicita la inhabilitación del precandidato Castillo, señalado como delfín del presidente.

Después de estas denuncias sobre abuso del Estado en la democracia debe esperarse que los opositores al PLD se levanten con la misma valentía y provoquen una crisis política de envergadura cuando en la próxima campaña para las elecciones municipales,  congresuales y presidenciales se produzca la irrupción del Estado, infinitamente superior como en los últimos procesos electorales, con todos los ministros y altos funcionarios en campaña, decenas de miles de activistas como empleados temporeros, todos los organismos del Estado pagando publicidad sobre sus “grandes realizaciones”, incremento del déficit fiscal y derroche de fondos públicos. Mientras tanto debe esperarse que el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, haya asimilado la ignominia, la inequidad y la iniquidad de abusar del poder en las campañas electorales, incluyendo los “barrilitos para programas sociales” que a él mismo le han aportado más de 150 millones de pesos del presupuesto nacional, con los que ha competido ventajosamente para mantenerse como senador desde el 2006.-