Por Juan Bolívar Díaz

Pueden recoger y volver al cómodo individualismo y las agendas particulares todos los que crean que la Marcha Verde contra la corrupción y la impunidad alcanzará su objetivo de manera fácil y a corto plazo, pues se trata de una batalla de muy largo aliento, en la que hay que renovar la consigna de que «en la lucha del pueblo nadie se cansa».

Son muchas las jornadas de lucha de la sociedad dominicana, pero debe ser enarbolada como ejemplo de concertación y persistencia la que de la Coalición por una Educación Digna hasta que obligó a cumplir la ley general de Educación de 1997 que dispuso la inversión del 4 por ciento del producto bruto interno en la educación básica.

Durante 15 años múltiples organizaciones sociales, como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Educa, Participación Ciudadana y el Centro Bonó, con apoyo de los medios y comunicadores independientes, se mantuvieron promoviendo el cumplimiento de una ley que ya había sido fruto de años de concertaciones  por la educación, para que más de 363 niños pudieran ir a la escuela y los que asistían encontraran butacas para sentarse. Luchamos por el desayuno escolar y para que construyeran 10 mil nuevas aulas y reparáramos miles deterioradas. Se impartía docencia bajo árboles y en enramadas y los padres y maestros tenían que llevar hasta tizas y borradores.

En 2008, la ADP, presidida entonces por la maestra María Teresa Cabrera, ahora entre las líderes de la Marcha Verde, lanzó la campaña nacional de «Un millón de firmas por la educación»,  alcanzando en noviembre 535 mil. Fue el germen de la Coalición por una Educación Digna lanzada el año siguiente por decenas de entidades sociales,  y constituida formalmente en el 2010.

Los paraguas amarillos fueron elementos escenográficos en  programas de televisión. En el 2010 se fracasó en lograr que el gobierno del PLD  incluyera  el 4% para la educación en el presupuesto del 2011. Destinábamos apenas el 2%, mientras América Latina promediaba 4.8%, pero la lucha continuó. Los distintivos amarillos llegaron a ser objeto de agresiones, como la sufrida por el padre Mario Serrano en una de las vigilias ante el Palacio Nacional. Hubo que hacer que el Tribunal Contencioso Administrativo dictaminara  que la policía no podía impedir las manifestaciones ciudadanas.

El 2011 fue el año de mayores movilizaciones, con «caminatas por la educación» en diversas ciudades del país. El 2 de octubre fue la mayor cuando unas diez mil personas marcharon desde la Universidad Autónoma hasta el parque Independencia. La  Coalición aprovechó la campaña electoral del 2011-12 para forzar a los candidatos presidenciales a firmar el compromiso de acatar la ley del 4% del PIB para educación, que ha cumplido el gobierno de Danilo Medina, que lo enarbola como su obra maestra.

Este recuento vale para ser tomado en cuenta por los que dentro de la Marcha Verde se impacientan porque a 8 meses de su inicio no alcanzan a ver logrado el objetivo, y para los que desde el PLD y el gobierno juegan al paso del tiempo y el cansancio. Es más difícil el fin a la impunidad para contener la corrupción, que lo que fue alcanzar el 4% del PIB para la educación. Es muchas veces más complejo revocar los niveles de enriquecimiento ilícito, de rentismo y clientelismo, así como el patrimonialismo del Estado.

La Marcha Verde tendrá mayores posibilidades en la  medida en que se acerquen las próximas elecciones generales, en el 2020, y si persiste hasta entonces podría alcanzar niveles apreciables de éxito. Si los actuales gobernantes no responden al clamor nacional, y si los partidos opositores no son capaces de asumir con nitidez  la urgencia del cambio, habrá posibilidad de que emerja una alternativa política, como ha ocurrido en  los últimos años en toda la región centroamericana y antes en Sudamérica.

Todo depende de que la Marcha Verde mantenga el crecimiento sostenido y el vigor que registra y sus características fundamentales como movimiento cívico-social, no partidista, plural, participativo y de dirección horizontal, que ha promovido cientos de nuevos dirigentes sociales y de actores políticos.-

Por Juan Bolívar Díaz  

A todo ser humano con un mínimo de sensibilidad se le debe constreñir o marchitar el alma ante acciones terroristas tan bárbaras como los registradas el jueves 17 en Barcelona, que costaron 15 vidas y medio centenar de heridos, sembrando pánico y estupor en el corazón de esa hermosa y acogedora urbe. No sólo fue una agresión a los catalanes y los españoles, sino también a los más de 75 millones de turistas que visitan cada año esa nación, y por extensión a todo el universo.

Cuando se ven las fotografías de la docena de involucrados en el atraque a Barcelona, casi todos muchachos entre 18 y 25 años de edad, resulta más difícil de entender cómo es posible acumular y desbordar tanto odio y resentimiento, peor aún cuando se invoca un patriarca y un credo religioso. Difícil es también vislumbrar cómo podrá detenerse  la creciente ofensiva terrorista de fundamentalistas religiosos, que no desembarcan ni aterrizan en los países agredidos, sino que nacieron en los mismos. Y son muchos millones los descendientes de inmigrantes en las naciones occidentales, entre los que crece el resentimiento, pues su discriminación y exclusión crece con cada acto de terror que involucra alguno de ellos.

El terrible círculo vicioso de la violencia terrorista es más complejo de lo que la gran mayoría cree en los países occidentales y de lo que reflejan sus medios de comunicación. La primera página internacional de HOY del sábado 19 estaba encabezada por el estupor de Barcelona. Al medio un titular a las 6 columnas: «Un joven mata a 2 y hiere 6 con un cuchillo en Finlandia», y abajo a una sola columna «Mueren 24 civiles en ataque contra yihadistas en Raga». El Observatorio Sirio de Derechos Humanos denunció que 24 civiles, incluyendo 8 menores y 7 mujeres, murieron por un ataque aéreo de la coalición que encabeza Estados Unidos contra el Grupo Terrorista Estado Islámico en Siria.

Muchos en nuestros países creen que los muertos de Raga son daños colaterales de una «guerra justa» contra los bárbaros del EI, y que el bombardeo aéreo no fue un acto terrorista. Sobre todo si a esos 15 niños y mujeres las bombas no les dieron tiempo para sentirse aterrorizados, como los que huyeron despavoridos en la Rambla de Barcelona.

Pero lo de Raga es pequeño. El 23 de junio pasado, la Agencia Francesa de Prensa reportó que el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, radicado en Londres, informó que en el último mes los bombardeos de la coalición, mataron 472 civiles, y que desde su inicio han cobrado la vida de 1953 civiles, entre ellos 456 niños y 333 mujeres.

Duele más saber que el terrorismo estatal es sistemático en nuestro mundo. En el 2014 la aviación israelí bombardeo 142 escuelas, incluyendo 80 auspiciadas por ACNUR, matando 392 niños y dejando 2,502 heridos, según reportó UNICEF, en el pequeñito territorio de Gaza. Y esas cifras parecen insignificantes cuando se conocen estudios como el del Physicians for Social Responsability de Washington DC, 2015, que cuantifican los muertos por la «guerra contra el terrorismo» en Irak, Afganistán y Pakistán en al menos un millón 300 mil personas, tras los actos también terroristas del 2001 contra Estados Unidos. Los civiles muertos por la guerra de Estados Unidos contra Irak se estimaron sobre 650 mil.

Todos esos muertos, los millones de heridos y desplazados de esos países de Asia, y del norte de Africa, la destrucción de ciudades enteras, con participación de Estados Unidos y aliados europeos, como Gran Bretaña, España e Italia, sin irnos más atrás a las atrocidades coloniales y reparticiones territoriales,  son generadores del resentimiento y el odio que brota y hiere profundamente el ánimo de los seres humanos de todo el mundo.

Lo más grave es que no somos capaces de buscar las raíces de esta barbarie, y la reacción más generalizada es descalificar y discriminar a los musulmanes e islamitas en general, como si las barbaries occidentales fueran atribuibles al cristianismo predominante.

Si algo paree claro es que cada vez más frecuentemente aparecen extremistas capaces de inmolarse matando cruelmente a inocentes en las ciudades europeas, mientras se sigue abonando con sangre el nacimiento de nuevos suicidas que se creen mártires.

Una oración por todas las víctimas del terror.-

Por Juan Bolívar Díaz

Tal como advertíamos en el análisis del pasado sábado en HOY, el Consejo Nacional de Migración reunido este martes no tuvo más opción que prolongar por otro año la vigencia de los 230,065 permisos provisionales de trabajo en el país, lo que constituye el tercer esfuerzo por salvar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) dispuesto por el Decreto 327-13 del presidente Danilo Medina, en retardado acato de la Ley General de Migración 285-04 promulgada 9 años antes por el presidente Hipólito Mejía.

La resolución fue adoptada por este Consejo de Migración del que forman parte 8 ministros y otros tantos funcionarios del Estado, quienes han encargado a la Dirección de Migración que en un plazo de 30 días presente un protocolo para tratar de lograr que quienes no han podido completar los requerimientos del PNRE alcancen la meta y declarar la caducidad de los permisos a quienes no lo puedan hacer en un año.

En el citado análisis también advertimos que sin atacar los escollos que impiden completar la regularización, el Estado seguirá indefinidamente «de renovación a renovación», a menos que considere que con 8 o 10 mil es suficiente para las labores productivas y de servicios que realizan los inmigrantes, particularmente ese 97.7 por ciento que son haitianos, casi todos muy pobres.

Si ya en el 2012 el país cargaba con 485 mil inmigrantes haitianos, seguramente  más de 550 mil tres años después, y con más razón si fueren uno o dos millones, como reiteran los radicales, lograr una regularización de 230 mil sería un gran éxito, porque separando la paja del trigo, haría más fácil la tarea de deportar los excedentes que no porten el carnet de regularizados.

Lo primero que no sólo el Consejo Nacional de Migración, sino todo el gobierno y la sociedad dominicana debería decidir, es si necesitamos o no los inmigrantes haitianos y en qué cuantía, y establecerle requisitos que esa proporción pueda cumplir, y si no los necesitamos, si estamos en capacidad de pagar el costo de deportarlos a todos y sellar la frontera por completo, muro incluido, para liquidar también el centenario negocio de los traficantes de haitianos.

Si se entiende que necesitamos inmigrantes, hay que salvar definitivamente el PNRE, que con el de ahora lleva tres intentos frustrados. El primero fue días antes de vencer el plazo para el registro, el 17 de junio del 2015, cuando apenas el 1.8 por ciento de los 239,368 solicitantes habían completado el exigente pliego de requisitos. Decidieron aceptar provisionalmente  a todos los que iniciaran el proceso, por lo que se produjo la avalancha de la última semana y subieron a 288,467. Como 38,226 no calificaron, mayormente por no tener documento de identidad o de tiempo en el país, quedaron 250,241 que fueron los regularizados  provisionalmente por uno o dos años. Como 20,176 no se presentaron a recibir la autorización provisional, quedaron en los 230,065 que nos ocupan.

Pero resulta que el 1.8 por ciento que había cumplido los requisitos se elevó hace un año apenas al 2 por ciento, lo que determinó el segundo salvataje que lo llevó al 3 por ciento, totalizando apenas  7 mil 834 regularizados. Ello obligaría a sincerar la realidad, simplificar y abaratar los costos del proceso, pero nos vamos con un tercer plazo de un año que obviamente no resolverá.

Si en realidad queremos la regularización, procede modificar el decreto y reducir los requisitos a las cuestiones esenciales, como la identificación personal  y haber ingresado al país antes de octubre del 2011, que ya llenaron los 230 mil provisionales. Sería suficiente que agregaran certificado de no delincuencia, constancia de trabajo y de vivienda y arraigo social. Inútil seguir pidiéndoles cuentas bancarias, propiedades muebles e inmuebles, etc.

Como varios requisitos básicos dependen de dominicanos, es fundamental que el Estado los promueva con decisión y valentía para que la población entienda que colaborar a regularizar a un empleado, inquilino  o vecino trabajador y de buena conducta, no equivale a vender la patria, como se ha inculcado. De lo contrario, tendremos que afrontar el punto final o seguir de renovación a renovación.-