Déficit de cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
16_11_2014 HOY_DOMINGO_161114_ Opinión9 A

No pasan de la veintena los presidentes que han logrado gobernar durante dos períodos en la historia de la democracia latinoamericana de las últimas tres décadas, tras el derrumbe de las dictaduras que asolaron estos pueblos, cuando unos 140 fueron elevados al poder por mandato popular en los 20 países de la región, calculando un promedio de 7 elecciones. En la mayoría de los casos se han ido felices a disfrutar su éxito con sus familiares, en el mundo académico o a trabajar en el sector privado.

El período democrático dominicano arrancó en 1978, con diez elecciones, pero solo 6 presidentes, pues Joaquín Balaguer y Leonel Fernández agotaron tres períodos cada uno, con infinito abuso del poder para reelegirse, y el primero no sigue repostulándose porque lo venció el tiempo. Don Antonio Guzmán, recordado como el mejor mandatario de la etapa, prefirió suicidarse cuando no pudo conseguir un segundo período en un partido que entonces militaba en el postulado de que la reelección era la madre de las dictaduras y cercenadora de la democracia.

Patético es el caso de Leonel Fernández, integrante del exclusivo club de los que en la democracia mundial han gobernado tres períodos: José Velasco Ibarra, Franklyn D. Rossevelt, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, Felipe González, Hugo Chávez, Silvio Berlusconi y Daniel Ortega. El nuestro parece haberse propuesto alcanzar a Velasco, campeón con cinco períodos y a Rossevelt y González, que lograron cuatro, ya que ha reiterado que su partido gobernará hasta el bicentenario de la República, en el 2044, treinta años más. Él dice que su partido es una “fábrica de presidentes”, aunque en la práctica promueve un solo modelo.

Toda la historia nacional es un himno al continuismo, bajo el eterno predicamento de que “el poder no se cede”. Por eso entre Santana, Báez, Lilís, Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel se han ido dos terceras partes de los 170 años de la República. Los dos últimos cuentan también dos tercios del período post tiranía de Trujillo. El otro tercio de la República corresponde a unos 60 gobernantes, en su gran mayoría sin haber completado un período, incluyendo a los dos mayores civilistas de nuestra historia Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch, ambos coincidencialmente solo gobernaron 7 meses, aunque con un siglo de distancia.

No hay en el mundo democrático de hoy nadie que luego de tres períodos de gobierno esté batallando como Fernández por volver, y en medio de circunstancias bien adversas como alta tasa de rechazo. En la oposición, Hipólito Mejía, quien fue electo presidente hace 14 años y fracasó luego dos veces intentando regresar, también parece lanzarse a una difícil batalla para volver, por igual con alta tasa de rechazo. Su caso es también único en la actual democracia universal.

En la pobre cultura democrática dominicana no se concibe el relevo ni la renovación, aunque la historia regional referida demuestra que eso no es lo predominante, que el poder sí se cede y se traspasa a los compañeros. Balaguer le cerró el paso a todos los suyos que intentaron sucederle, dando vigencia al postulado que se atribuye a Horacio de que “después de mí el diluvio, o que entre el mar”. Y su partido devino en insustancial.

Pero no vayan a creer que eso solo ocurre en la política, tampoco se retiran los directores de los diarios, obispos y rectores, así como dirigentes sociales. Tenemos líderes sindicales con más de medio siglo en los cargos. Y ni siquiera las glorias del béisbol, como Juan Marichal, Sammy Sosa, Pedro Martínez, Manny Ramírez o Moisés Alou anunciaron a tiempo su retiro. Terminaron cuando ya nadie los contrató y algunos mendigaron otra oportunidad de forma penosa.

El continuismo y la negación de la alternabilidad no solo está en la cumbre del poder, sino que es expresión de una pobre cultura democrática, de un presidencialismo a ultranza y del rentismo, el clientelismo y la corrupción que lastran el desarrollo de nuestra institucionalidad democrática. Es que no queremos entender que la vida es una continua renovación y desconocemos los planteamientos bíblicos del Eclesiastés: Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá.

 

Desproporciones inaceptables

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIBAR

I) Si el objetivo hubiese sido disuadir manifestantes para que no mortificaran al expresidente Leonel Fernández, líder y aspirante por cuarta vez a la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana, hubiesen bastado las decenas de agentes policiales apostados en la zona, y los cientos de seguidores allí transportados con suficiente anticipación.

Pero no, fue necesario contratar una tropa de choque disponible en la periferia social dominicana, constituida por un tigueraje siempre dispuesto a realizar las peores encomiendas, y el resultado no pudo ser más alarmante y desproporcionado, tanto que debió avergonzar a muchos de los invitados a la original conferencia de prensa con un periodista extranjero, porque los nacionales no tienen dimensión suficiente para el personaje.

La embestida en pleno corazón de la capital dominicana pareció obedecer a una encomienda mezcla de venganza y de terrorismo advertidor. Vengaban en el Nueva York Chiquito de Leonel la afrenta que le confirieron grupos de manifestantes en el Nueva York real hace algunas semanas. Y advertían a todo el que quiera entenderlo que los estrategas del nuevo eterno aspirante al poder no se ahorrarán los métodos que sean necesarios para contener el creciente repudio, incentivado por el hartazgo de impunidad que padecemos.

Esas hordas de perdonavidas que llegaron, algunos armados con bates de aluminio, recordaron etapas superadas de nuestro infantilismo democrático, como la de los paleros de Balá que entre 1960 y 61 pretendieron contener el descalabro trujillista, o la Banda Colorá que sembró el terror balaguerista diez años después. Absolutamente desporporcionado.

Esas imágenes de la señora Jeanne Marie Delgado, que solitaria logró penetrar el cordón y sacó un cartelito, agredida, zarandeada y despojada por cuatro fornidos malhechores, ofendieron la sensibilidad hasta de los más indiferentes, llenando a todos de bochorno, vergüenza y estupor.

La paliza y despojo de que fueron objeto reporteros y camarógrafos de Acento, Diario Libre y Antena Latina, y los empujones sufridos por el crítico columnista Raúl Pérez Peña, a la vista cómplice de oficiales y agentes del “orden público” y la seguridad ciudadana fueron un atropello absolutamente injustificado.

Todo absolutamente desproporcionado y degradante para la imagen del doctor Leonel Fernández, a quien se le pueden imputar muchos desaciertos y acciones ofensivas de la ética política, pero hasta ahora no vinculado a la violencia ni al terror contra sus contrincantes y contestatarios.

II) El Jefe de la Policía Nacional se atribuye haber detenido y enviado a la justicia a 152 mil delincuentes. Unos medios dijeron que en un año y otros que en lo que lleva en el cargo, lo que en vez de 12 meses serían 16, ya que el general Manuel Castro Castillo fue posicionado en el cargo el 26 de junio del 2013.

Tras la asombrosa revelación se han reiterado las imputaciones a la justicia de mano blanda con los delincuentes, lo que es injusto porque si esa cifra fuera cierta, habría que construir dos cárceles de dimensiones Najayo cada mes. Porque 152 mil entre 16 arroja 9 mil 500 mensuales, igual a 317 diariamente, incluyendo días de guardar.

Si esa cantidad de detenidos fueran encarcelados y procesados, cada tres meses habríamos acumulado más de los 26 mil reos que componen actualmente la población carcelaria dominicana. Habría que triplicar los tribunales, fiscales y jueces. Cualquiera se aterroriza de sólo calcular la cantidad de delincuentes que según el general Castro Castillo pare esta sociedad cada día, y cuántos serían los presos si tuviéramos una policía eficiente. Todo absolutamente desproporcionado.

 

Doña Renée: dignidad hecha mujer

Por Juan Bolívar Díaz
Doña Renée pasó por el poder revestida de dignidad y modestia

Corrían los primeros meses del Gobierno de Antonio Guzmán Fernández cuando un lunes temprano, al llegar a mi oficina en la dirección de El Sol, recibí una llamada de la primera dama doña Renée Klang. Sospeché que quería hablarme sobre el comentario que encabezaba la columna “Cosquillitas”, la más leída del espléndido momento por el que atravesaba el diario que había encarnado la lucha por la transición democrática en 1978. Se decía que la esposa del presidente había repartido dinero en un acto público celebrado el día anterior en San Francisco de Macorís, y se preguntaba si ella repetiría la degradante y sistemática práctica de doña Enma Balaguer.

Eramos coherentes al formular la denuncia, ya que lo habíamos hecho sistemáticamente cuando la repartidora era la hermana del presidente Balaguer, sobre todo en la campaña electoral de ese año. Me sorprendió que, con su habitual amabilidad, doña Renée me preguntara si teníamos prueba de que ella repartió dinero. Le dije que había dado crédito al reportero y al fotógrafo que cubrieron el acto, pero como ella insistió en saber si teníamos prueba le prometí que conversaría con los reporteros y le volvería a llamar.

Ambos eran periodistas de experiencia. Y reiteraron que la vieron repartir, por lo que pregunté por la fotografía. La respuesta: “la verdad es que levanté la cámara para tomar la foto, pero como estaba tan cerca la sonrisa y la mirada de doña Renée me congelaron. Sentí que ella, sorprendida de su propia acción, me imploraba un chance”. Entendí entonces el empeño de la primera dama en preguntarme si teníamos prueba del reparto, y al llamarla de nuevo le informé, no sin cierta sorna, que efectivamente no teníamos prueba, ya que el fotógrafo fue disuadido por su sonrisa y no tomó la foto, Y quedamos amigos para siempre. Ella sabía que esa práctica no sintonizaba con su dignidad y jamás volvió a repartir dinero en actos públicos durante sus cuatro años en el Gobierno.

No tendría la misma suerte con el presidente Guzmán, quien pronto comenzó a disgustarse con nuestro periodismo contestatario, inducido por los tradicionales anillos palaciegos que creían que las coincidencias en el tránsito democrático implicaban compromiso partidista o personal. Por ejemplo, nunca entendieron que el periódico denunciara los aprestos reeleccionistas y compras de conciencias iniciadas por algunos en contradicción con el planteamiento enarbolado durante décadas por el Partido Revolucionario Dominicano. Antonio Guzmán se negó a asistir a la inauguración de El Nuevo Diario que casi todos los periodistas de El Sol fundamos en 1981.

Doña Renée nunca tuvo confrontaciones y pasó por el poder revestida de dignidad y modestia. Fundó el Consejo Nacional para la Niñez, y tras salir del Gobierno siguió prestando su concurso a la protección de los niños y niñas desvalidas, sin utilizarlos políticamente.

Guzmán fue víctima de los que siempre trafican vendiendo la convicción de que el presidente es insustituible, o que el poder es para usarlo, que no se cede, que es para siempre. Creerles fue su mayor error político y personal, porque la mayoría perredeísta sostuvo la no reelección y él terminó tan frustrado que no pasó la descompresión del poder y prefirió poner fin a su vida.

Esta mujer, mezcla de francés y brasileña, nacida en Venezuela y dominicanizada desde los 15 años, afrontó el trágico drama con la serenidad y la dignidad que le caracterizó. Ni don Antonio ni ella lo merecían. Él hubiese podido volver en circunstancias más propicias. Tendría para siempre el mérito de haber iniciado con valor y firmeza la transición de la nación a la democracia, en un período de precariedades, cuando se iniciaba la “década perdida de América Latina”. Por eso, por su honradez personal en el manejo de los recursos del Estado, por su equilibrio y sencillez, el pueblo lo recuerda con gratitud.

Ella ya había pasado por otra tragedia cuando en 1970 un accidente automovilístico le arrancó a su único hijo varón. Pero nunca renegó ni perdió sus esencias de mujer sensible, discreta, inteligente y sencilla, todo lo cual la revestía de una dulce majestuosidad. Ahora que se han apagado las últimas luces de una hermosa vida de 97 años, debemos rendir tributo a esta dignidad hecha mujer.

 

Entre Ivelisse y Temístocles

Por Juan Bolívar Díaz
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Se me acabó el tiempo de entregar este artículo debatiéndome sobre a quién escribirle primero, si a mi querida profesora Ivelisse Prats Ramírez, descalificada por su terquedad libertaria o a Temístocles Montás, un viejo amigo con quien en tiempos de opresión compartí sueños de progreso social colectivo y de fortaleza de la institucionalidad democrática.

Ivelisse, quien nos dio las primeras lecciones de libertad de pensamiento y conciencia en el liceo nocturno Eugenio María de Hostos, hace medio siglo todavía en plena tiranía trujillista, en realidad no necesita que la defiendan, porque hay muy pocas personas con su magistral manejo del verbo en los periódicos dominicanos. Y afortunadamente todavía le sobran fuerzas y talento para defenderse por sí misma, como hace en su último artículo bajo el expresivo título de “La vejez, mi mejor tesoro”, que he leído este sábado.

Intentan descalificarla, no por bisabuela, sino por su terquedad en militar en los principios de la democracia, en la defensa de la libertad y en la lucha por una sociedad más equitativa donde quepan todos los sueños y se satisfagan las necesidades fundamentales de los seres humanos. Ella tendrá su espacio en esta sociedad hasta más allá del último aliento. Porque ha pasado por la política dominicana sin siquiera dejarse salpicar de la podredumbre que la ha envilecido. Profesional, intelectual y académica de primera categoría, decana universitaria, presidenta de uno de los más grandes partidos de la historia nacional, diputada durante dos períodos. Y todavía vive de su trabajo, en casa alquilada y se mueve en un automóvil de diez años. Su trono es tan alto que resulta inalcanzable para dardos y pedradas.

Temístocles Montás, necesita en estos momentos de aliento y reconocimiento. Le tiran piedras e intentan descalificarlo porque ahora en campaña electoral reivindica los principios y planteamientos programáticos fundamentales del partido que contribuyó a fundar, junto al profesor Juan Bosch y otros muchos que pretendían la liberación nacional de toda dependencia, atraso y corrupción.

A Temo, como a Leonel Fernández, lo recuerdo con añoranzas de los años ochenta y principios de los noventa, cuando elucubrábamos sobre la superación de la autocracia Trujillo-balaguerista y apostábamos por la inserción del país en la institucionalidad democrática, renegando de la corrupción y los corruptos, de los manipuladores y compradores de conciencia y de la dominación nacional e internacional.

Temo está ahora sometido a un fuego cruzado por quienes se sienten incómodos cuando vuelve a rechazar el caudillismo y la perpetuidad en el poder, cuando replantea la democracia como instrumento de ciudadanía, recupera la cultura de la ética y la transparencia, del Estado de derecho con políticas de inclusión social. Y de la recuperación de los principios fundacionales de su partido.

Hay quienes descalifican a Temo porque guardó silencio público durante los años en que fue ministro fundamental del expresidente Leonel Fernández, el amigo común que cambió el boschismo por el balaguerismo y el vinchismo para reproducir el fatalismo nacional del continuismo.

Pudo haber pecado de conservadurismo y complicidad, aunque me consta que muchas veces disentía, no solo a nivel privado, sino que, tengo entendido, también frente al mandante de turno. El sentimiento de cuerpo de que Bosch revistió a sus últimos discípulos, para bien y para mal, imponía la ley del silencio en su partido.

Pero nadie está condenado a morder silencio eternamente y todos estamos llamados a recuperar la voz. Temístocles lo ha hecho en circunstancias bien difíciles, cuando ya sus reclamos encuentran pocos oídos entre los suyos. Tal vez tenga conciencia de sus limitadas posibilidades, o espere un milagro o simplemente quiera dejar constancia de que tiene voz propia, de que no fue definitivamente atrapado por el pragmatismo salvaje de la política nacional. Salve Temo, los viejos amigos te saludan.

 

 

Para la popularidad de Danilo

Por Juan Bolívar Díaz
wilson88

Para nada puede sorprendernos que el director de Aduanas quiera cobrar impuestos a las importaciones de menos de 200 dólares realizadas por Internet y los courier, o correos privados, lo que ya se intentó hace menos de dos años al comienzo de este Gobierno, porque es su deber exprimir lo más posible los bolsillos de los contribuyentes, especialmente cuando los ingresos fiscales apenas cubren los gastos fijos y el pago del enorme y progresivo endeudamiento.

Y hasta es posible que el señor Fernando Fernández tenga una razón adicional si, como se afirma, hay comerciantes que están abusando de esa exención para obtener ventajas competitivas. Lo que de entrada no es aceptable es que se pretenda violentar el estado de derecho, sustituyendo, con un simple aviso, un decreto presidencial y una ley, aparte de los preceptos constitucionales que, de acuerdo con el experto Cristóbal Rodríguez, se está llevando de encuentro.

Estamos de nuevo ante una demostración del escaso valor que damos a las leyes y normativas que adoptamos, lo que comienza con el mal ejemplo de las autoridades y el liderazgo nacional bajo el principio de que la ley suprema es la de la conveniencia. Lo que desciende a los estratos medios y bajos de la sociedad, y de ahí la precariedad del estado de derecho y de la convivencia, incluyendo la delincuencia en todas sus expresiones y dimensiones.

No es concebible que el director de Aduanas ignorara que las compras por Internet quedaron exentas de impuestos por el decreto 402-05 del presidente Leonel Fernández en el 2005. No pueden tener tan mala memoria para olvidar que esa exención fue derogada por la Ley 253-12 de noviembre del 2012, pero que a su vez fue restablecida por la Ley 277-12, del mismo mes y año, cuando ya él era director de Aduanas, tras las consistentes protestas que ese renglón impositivo generó.

La 277-12 fue una iniciativa aplaudida al presidente Medina, por su capacidad para escuchar el clamor nacional, tan expresa que tiene un solo artículo, el cual reza así:

“Se deroga el Artículo 49 de la Ley No. 253-12, de fecha 9 de noviembre de 2012, para el Fortalecimiento de la Capacidad Recaudatoria del Estado para la Sostenibilidad Fiscal y el Desarrollo Sostenible, que establece que toda mercancía incluida en el Artículo 4, “Categoría B, sobre Envíos de Bajo Valor, libres del pago de derechos e impuestos”, del Decreto No.402-05, del 26 de julio de 2005, importada mediante Despacho Expreso de Envíos (Couriers), pagará los impuestos correspondientes.”

Es significativo que el último “considerando” de esa ley se refiere a la preocupación de que el impuesto a las compras por Internet de hasta 200 dólares implica una violación del Artículo 11.13 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos que establece que “las partes mantendrán, al menos, el nivel de apertura de mercado que otorguen a los servicios de envíos urgentes existentes a la fecha de la suscripción del presente tratado”. Esto implica que el aviso con que Fernández vuelve a restablecer el impuesto no sólo viola el decreto 402-05 y la ley 277.12, sino también un tratado internacional que firmamos soberanamente y estamos obligados a cumplir.

En consecuencia, lo procedente sería que el mismo Fernández dejara sin efecto su aviso, antes que su Gobierno comience a sentir “presiones internacionales” para nuevas consternaciones de sus aliados ultranacionalistas. Y que establezca un programa de vigilancia para evitar los excesos que amparados en la exención pudieran implicar ventajas en desmedro de los comerciantes establecidos. Dicen que ya se viene haciendo, pero sino los recursos informáticos permiten implementarlos sin mayores inversiones.

A no ser que Fernández quiera dejarle la oportunidad al presidente Danilo Medina de reafirmar su popularidad ahora que llega a la crucial mitad de su período gubernamental, mediante otro jonrón de receptividad. Que no sólo de plátanos vive el dominicano, sino también de espectáculos y deportes. Manos a la obra.

 

Invertir en la institucionalidad democrática

Por Juan Bolívar Díaz
CONEP JUAN BOLVAR

El comunicado publicado esta semana en los diarios por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) demandando del Congreso Nacional la aprobación de la largamente discutida ley de partidos y la adecuación de la legislación electoral al nuevo orden constitucional es alentador por cuanto implica una toma de posición del alto empresariado por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática nacional, que anda de tumbo en tumbo después de un par de décadas de avances significativos.

No es la primera vez que la organización cúpula del empresariado manifiesta preocupación por el rumbo institucional y democrático de la nación, pero a decir verdad son muy prolongados sus silencios, justificando a quienes plantean que carece de una visión amplia del fundamento del desarrollo y el progreso, que tienen una vocación marcada por plegarse al presidencialismo en aras de intereses coyunturales de los grupos dominantes o por temor a que los políticos les evidencian vulnerabilidades.

El CONEP se ha sumado a quienes demandan una legislación que regule los partidos políticos y que haga eficiente el sistema electoral en aras de la estabilidad democrática de la nación. Recuerdan el largo periodo de debate, 15 años, de la ley de partidos y los mandatos de la Constitución promulgada hace año y medio.

Expresa convicción de “la importancia que reviste para el fortalecimiento institucional de nuestro país y de nuestra democracia la aprobación de una adecuada y robusta legislación que norme la vida interna de los partidos políticos y que coadyuve a su fortalecimiento y estabilidad institucional”. Abogan por mecanismos institucionales de supervisión y transparencia indispensables “para asegurar el equilibrio verdaderamente democrático que debe prevalecer en un sistema político representativo como el que garantiza nuestra Constitución”.

La realidad es que la degeneración del partidismo político sustenta un sistema de corrupción, clientelismo y rentismo que consume una alta proporción de los recursos nacionales, a lo que han concurrido importantes intereses empresariales y neo-empresariales que acumulan en sociedad y complicidad con los actores políticos. El resultado es un sistema de vulnerabilidades, donde “to e to y na e na”, lo que mantiene políticas y modelos insostenibles y acaba conspirando contra la inversión privada, el crecimiento económico y la estabilidad de la nación.

Los que tienen más que perder deben ser los que inviertan más energías y recursos en la promoción de la cultura democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y en la prevalencia de reglas claras y transparentes que no estén sujetas a los mezquinos intereses de quienes controlan los poderes públicos y prefieren el desorden, que sólo cuando caen en la oposición son partidarios de las normativas.

Precisamente por la precariedad institucional no se le puede pedir al empresariado que haga oposición frontal a los intereses coyunturales de gobierno, pero por lo menos se debe esperar un mayor compromiso con grupos y entidades sociales que promueven la institucionalidad democrática.

Cada vez son más los sectores económicos que entienden que no habrá prosperidad ni estabilidad sin fuertes instituciones democráticas, sin partidos sometidos a normas y principios éticos, a la transparencia y la rendición de cuentas. Son los que han impulsado entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia, el Centro de Estrategias Económicas Sostenibles o el Movimiento Participación Ciudadana. Pero estas entidades han dependido más del financiamiento de instituciones internacionales que de las nacionales.

El empresariado dominicano debe apostar por la institucionalidad democrática, en la que tendrá que invertir mucho más que hasta ahora. Sobre todo porque en los últimos años las instituciones internacionales han sacado el país de sus objetivos, unos porque creen que hemos progresado mucho, y otros porque se cansaron de invertir sin ver suficientes resultados. Porque el proceso de reformas ha sido muy lento y sufre de reversiones incomprensibles.

 

País de increíbles absurdos

Por Juan Bolívar Díaz

Apenas se había apagado el ruido creado por la apropiación por los diputados de decenas de millones de pesos para financiar habichuelas con dulce en Semana Santa, cuando estalla el escándalo del Día de las Madres: se atribuyeron 176.9 millones de pesos para repartir electrodomésticos, a través de empresas vinculadas, en su mayoría creadas en los últimos años para traficar ventas al Estado, sin locales ni almacenes ni mucho menos récord comercial significativo. Con órdenes de compra sin especificaciones fundamentales.

Traficando con la pobreza, alimentando clientelas a costa del erario público, al igual que los senadores que se han apropiado de 1,839 millones de pesos en ocho años que lleva el denominado barrilito, iniciado en agosto del 2006, aparte de sus sueldos, gastos de representación, dietas y pago de alojamiento, y de dos oficinas con una docena de empleados cada uno también pagados por el Estado. Ya en HOY, 4 de agosto del 2007, denunciamos esa iniquidad bajo el título “El barrilito carece de fundamento”.

No hay resquicio constitucional o legal para justificar esas apropiaciones del patrimonio público, ni para convertir la función legislativa en actividad de asistencia social en beneficio de partidarios, familiares y otros relacionados. Y peor cuando la mayoría de los 32 senadores se repostulen en los comicios del 2016, acumularán una ventaja enorme sobre otros competidores, incluso compañeros de partidos, convirtiendo la democracia en una cínica caricatura. Los senadores de las mayores jurisdicciones nacionales que reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, habrán repartido cada uno 64 millones de pesos en este período de seis años.

Mientras se informaba del último reparto de los diputados, en medio de una epidemia que afecta a decenas de miles de personas, el Colegio Médico y gerentes hospitalarios denunciaban el virtual colapso de múltiples hospitales públicos, declarándolos en emergencia porque escasean medicamentos y materiales básicos, con equipos fuera de servicio. En el hospital de San Cristóbal áreas de emergencia sin electricidad, en el Luis Aybar de esta capital celebraban que les había llegado agua. En el infantil Roberto Reid tenían que partir en dos las paletas para el examen bucal de los niños o utilizaban para eso partes de las geringillas desechables.

Se ha informado que los atrasos en la entrega de fondos reponibles de los hospitales por parte del Ministerio de Salud alcanzan ya los tres mil millones de pesos, con el Seguro Nacional de Salud al borde de la quiebra. Cientos de becarios en el exterior pasan trabajo porque el Ministerio de Educación Superior se atrasa.

Cuesta trabajo entender el reparto dispendioso de los legisladores mientras el presidente Danilo Medina y el Ministro Administrativo de la Presidencia se quejan de que el Estado apenas dispone para gastos fijos y para pagar su deuda externa como interna, que ya alcanza al 50 por ciento del producto bruto interno y al 46 por ciento de los ingresos tributarios ordinarios.

El primer mandatario advierte lo que vienen denunciando economistas y dirigentes políticos y sociales, que la economía dominicana es insostenible con el nivel de endeudamiento que acumula, ya sobre 30 mil millones de dólares, incluyendo el sector financiero. Con el Gobierno arrastrando un déficit sobre 600 mil millones de pesos en los últimos 6 años. Según la Cámara de Cuentas, la deuda del Estado creció un 28 por ciento en el 2013. En los primeros cuatro meses de este año el gasto público totaliza 190 mil millones de pesos, de los cuales apenas el 4 por ciento ha ido a obras públicas y el 1 por ciento a bienes muebles e inmuebles, mientras el 34 por ciento se destinó al pago de deuda e intereses.

Se configura desestabilidad, ya que la pista del endeudamiento se está acabando. Aunque las quejas de los altos funcionarios pueden ser el inicio del camino para otro parche fiscal. Con esto habría de tenerse cuidado, porque la ciudadanía empieza a mostrar cansancio del cínico abuso de los recursos públicos que sacrifica inversiones y servicios prioritarios.

 

Otra elección sin Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz
Ley de partidos

A menos de dos años ya para la próxima elección general, prevista para el domingo 15 de mayo del 2016, todo parece indicar que el país se abocará a ese desafío sin que se haya aprobado la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se discute desde hace 16 años y que ha sido objeto de numerosos “consensos”, de acuerdos políticos y de una iniciativa de la Junta Central Electoral.

Hace cinco años que el órgano organizador y regulador de los procesos electorales sometió al Congreso Nacional un proyecto de Ley de Partidos, que ha sido excesivamente manoseado por comisiones legislativas más interesadas en barajarlo que en dar paso a una normativa que frene el salvajismo en que se ha convertido la política tanto al interior de los partidos como en el ámbito nacional.

Al ser abordado por los periodistas esta semana, el presidente del Senado y secretario general del partido gobernante, Reinaldo Pared Pérez, admitió la responsabilidad de sus correligionarios en el bloqueo a que ha estado sometido el proyecto. Pero erró al atribuirlo a diferencias en torno a que las elecciones primarias sean organizadas de forma simultánea por la JCE. Si esa fuera la razón del bloqueo, ya habrían encontrado una salida como la expresada por el mismo Pared: que cada partido decida si organiza sus primarias por su cuenta y costo, o la encarga a la JCE.

Cuando en el 2004 se aprobó la Ley 286-04 que establecía las Elecciones Primarias simultáneas a cargo de la JCE, luego declarada inconstitucional, me conté entre quienes la denunciaron, por dos razones básicas: porque no señalaba quién pagaría el costo del proceso, aunque parecía implícito que sería la JCE, lo que se constituía en un financiamiento estatal adicional a los partidos, y porque tomaría semanas computar simultáneamente los resultados de todos los partidos.

Mantengo el criterio, a la luz de la experiencia. Baste recordar que en enero pasado la Comisión Organizadora de la elección de nuevos miembros del Comité Central del PLD se tomó una semana para arrojar el resultado. El domingo 12 de enero votaron para elegir apenas 138 dirigentes, con 970 candidatos registrados y no fue sino hasta el sábado 18 que pudieron dar el cómputo final.

Imagínense cuánto tiempo necesitarían para computar la elección de los candidatos a 4,132 cargos que estarán en disputa en el 2016 en tres niveles, presidencial, legislativo y municipal. Con que por cada cargo aparezcan tres candidatos, habría que computar votos a más de 12,396. Y si se multiplica siquiera por cinco partidos simultáneamente, aquello podría ser la de nunca acabar y terminar en la anarquía por millares de impugnaciones.

Pero es que la Ley de Partidos abarcaría mucho más que la elección primaria. Es una reglamentación de la democracia interna para elegir dirigentes, para limitar campañas y gastos, para transparentar las fuentes de financiamiento, impidiendo el abuso de los recursos estatales, para limitar los aportes individuales y de corporaciones. También para prohibir coacciones, sobornos y dádivas como forma de comprar votos, y para garantizar el cumplimiento de la cuota femenina mínima, y especialmente para sancionar las violaciones a los preceptos democráticos y de equidad.

Porque prefieren el desorden y el abuso de las cúpulas, porque los dirigentes no quieren someterse a la renovación democrática periódica, y porque no quieren renunciar al abuso de los recursos públicos y al financiamiento de fuentes ilegítimas es que no se ha aprobado la Ley de Partidos, tras 16 años de que fue consensuado el primer proyecto, ese y otros también consensuados introducidos una docena de veces al Congreso y le han pasado siete elecciones generales. Y Ya hay precandidatos a presidente, a legisladores y alcaldes gastando un dineral, que no sale de su propio peculio.

Lecciones en Costa Rica y Panamá

Por Juan Bolívar Díaz
11_05_2014 HOY_DOMINGO_110514_ Opinión9 A

La ciudadanía ha dado dos lecciones ejemplarizantes en los recientes comicios presidenciales celebrados en Costa Rica y Panamá, los dos países menos poblados de la región centroamericana, ratificando los beneficios de la alternabilidad en el poder, optando por nuevas propuestas que rompen el bipartidismo tradicional y rechazando la manipulación y la corrupción como mecanismos para prolongarse en el gobierno.

A diferencia de la persistente recurrencia al providencialismo continuista que caracteriza la historia dominicana, los centroamericanos han venido optando en las últimas décadas, tras superar los gobiernos militares y las guerras civiles, por una democracia fundada en la alternabilidad. Sólo el premio Nobel de la Paz Oscar Arias y Daniel Ortega han conseguido más de un mandato constitucional entre los seis países de la región.

El pasado jueves inició su período de gobierno en Costa Rica el presidente Luis Guillermo Solís, llevado al poder por el Partido Acción Ciudadana, una formación política que en la última década se constituyó en alternativa al viejo y desgastado liderazgo político, con un programa de centro izquierda que enfatiza el combate a la pobreza y la superación de la desigualdad. Se trata de una nueva organización política montada sobre las insatisfacciones de los sectores más activos de la sociedad.

La lección de Panamá fue más contundente todavía cuando el pasado domingo resultó electo presidente Juan Carlos Varela, fruto de una alianza política en rechazo abierto a la corrupción. Hasta que se contaron los votos, sin ninguna dilación ni titubeo, el escogido figuraba como tercero en las preferencias marcadas por las encuestas y la opinión pública.

En Panamá fue vencido el abuso de los recursos del Estado, empleados descaradamente por el presidente saliente Ricardo Martinelli, quien no tuvo rubor en extender hasta el recinto de votación su campaña por la candidatura de la continuidad, que incluía a su propia esposa como candidata a la vicepresidencia. El electorado ejerció el castigo a la corrupción que no han podido sancionar las instituciones panameñas, manipuladas por un presidente repetidas veces involucrado en maniobras fraudulentas de todas las dimensiones.

El rechazo se extendió al Partido Revolucionario Democrático, la herencia del legendario Omar Torrijos, devenido en otro instrumento de la corrupción política, el cual aparecía como favorito en la mayoría de las encuestas. La población premió a Varela, quien no obstante haber sido electo vicepresidente en la boleta de Martinelli, tuvo suficiente fuerza moral para rechazar la corrupción que envolvió al régimen.

La lección que han dado costarricenses y panameños cuadra perfectamente a los dominicanos, cuyo Estado encabeza las evaluaciones internacionales del Foro Económico Mundial y de Transparencia Internacional en materia de corrupción, de malversación y de privilegio en el ejercicio político. Es probable que estos sorpresivos golpes electorales no erradiquen la corrupción y el clientelismo, pero contribuyen a poner límites. Y si los nuevos gobernantes no responden a las expectativas, que ellos y sus partidos sean a su vez sancionados en la próxima oportunidad, hasta que se imponga la decencia y el respeto a las aspiraciones sociales.

La lucha por fuertes instituciones democráticas es de larga duración, pero nunca será exitosa si predomina la inmovilidad y la resignación que afectan a amplios núcleos de la sociedad dominicana, conscientes de los riesgos que genera la inequidad y la iniquidad de la pésima distribución del ingreso, de la corrupción, del clientelismo y del rentismo en una gestión gubernamental que eterniza el atraso y la pobreza.

Ojalá que los dominicanos registren estos ejemplos ciudadanos de administración del poder del voto. El sistema político nacional precisa algunas lecciones para que comprenda que tiene que corregirse y si su putrefacción es irreversible, que surjan nuevas expresiones orgánicas de los anhelos sociales.

Que siquiera pidan perdón

Por Juan Bolívar Díaz
juan 878

Esta sociedad está necesitando hace tiempo de una catarsis por los tantos crímenes que a lo largo de su historia han quedado impunes, lo que deja viva una cultura del exterminio de todo lo que represente o parezca representar un peligro para las fuerzas conservadoras que han dominado la República desde su fundación, con o sin legitimidad legal o constitucional.

Por esa razón merece consideración y apoyo la iniciativa de Minou y Manolo Tavárez Mirabal, y de ocho reconocidas fundaciones patrióticas que se han querellado ante el Procurador General de la República demandando investigar y sancionar el asesinato de que fueron objeto Manuel Aurelio Tavárez Justo y otros 12 dirigentes del Movimiento Revolucionario Catorce de Junio hace cincuenta años, por rebelarse contra los impostores que derrocaron el gobierno Constitucional del profesor Juan Bosch.

Desde que ocurrió el infausto hecho, el 21 de diciembre de 1963, es de público conocimiento que el doctor Tavárez Justo y sus compañeros fueron asesinados después de haberse entregado a sus persecutores militares. El fusilamiento colectivo tuvo el agravante de que fue el trato dado a una avanzada de cuatro combatientes con banderas blancas enviados para avisar la disposición de concluir la rebelión, acogiéndose a un llamado público formulado por uno de los integrantes del Triunvirato que gobernaba.

De los delanteros tres murieron asesinados y un cuarto, Emilio Cordero Michel, logró sobrevivir y desde entonces ha clamado justicia, testimoniando el crimen de guerra de que fueron víctimas. La conmoción que produjo el fusilamiento sumario fue tan fuerte que provocó la renuncia del licenciado Emilio de los Santos a la presidencia del gobierno usurpador. Desde entonces sobran los testimonios publicados sobre este crimen de lesa humanidad, ejecutado con premeditación, engaño y extrema crueldad, en especial en el caso de Manolo Tavárez por tratarse del líder del movimiento político, ya que a los que se entregaron en otros focos guerrilleros les respetaron la vida, como ya entonces estaba prescrito en códigos internacionales y nacionales.

La instancia de los hijos de Manolo Tavárez Justo y la heroína nacional Minerva Mirabal, y de las ocho fundaciones que honran la memoria de luchadores libertarios, no está inspirada en el odio ni la retaliación, sino en la necesidad de que esta sociedad haga una catarsis de una práctica que en junio de 1959 constituyó un sádico festival de torturas y asesinatos contra más de un centenar de los expedicionarios que vinieron a combatir la tiranía de Trujillo, y sólo a cinco se les respetó la vida.

Genocidio también fue lo que ocurrió en noviembre de 1961 contra una decena de sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, seis meses después de haber sido prisioneros y tras horribles torturas. El asesinato en 1973 del héroe nacional Francisco Camaño Deñó, a manos de miembros de su misma generación de militares es otro capítulo de esa ignominia repetida.

La instancia persigue un “resarcimiento moral, una condena y reprimenda de la justicia que envíe un mensaje a la sociedad y que inicie un destierro definitivo de la impunidad”. Está fundada en los códigos internacionales que postulan que esos crímenes no prescriben. Debe ser respondida con responsabilidad por el Ministerio Público y tener el respaldo de los amantes de la justicia, como ha ocurrido en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, donde décadas después se ha condenado a responsables de crímenes de lesa humanidad.

La necesidad de la catarsis es más urgente por el argumento con que el vocero de un grupo de ex-generales que se solidarizaron con su compañero Ramiro Matos, señalado como presunto responsable de ese genocidio, de que ellos estaban defendiendo el gobierno. Un gobierno ilegítimo, pero si no lo hubiese sido, el crimen no es defensa. Que así se responda cinco décadas después, es indicativo de que persiste una cultura del exterminio en estamentos militares y policiales. Lo menos que se podía esperar es que sintieran vergüenza y pidieran perdón.