El desorden diplomático y consular

Por Juan Bolívar Díaz
cc

Es muy penoso que embajadores de la categoría de Hugo Guiliani Cury y Jaime Durán, quienes siempre han servido a la nación con integridad y dedicación, hayan tenido que salir a proclamar que no son parte del gran relajo institucional que constituye en gran medida el servicio diplomático y consular dominicano, del que escribí la semana pasada con base en una nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De ninguna forma se les puede incluir entre la alta proporción de clientes, familiares y relacionados políticos que no justifican los emolumentos que reciben, muchos de ellos sin siquiera vivir en los países donde están designados. En el análisis del pasado domingo dejé constancia de que “Desde luego, hay en el servicio exterior muchos profesionales y personal que cumple la misión encomendada”. Varios de los embajadores, comenzando por Guiliani y Durán, así como Aníbal de Castro, Rubén Silié, Pablo Maríñez, Homero Luis Hernández, Laura Faxas, Rosa Margarita Hernández, José Serulle Ramia, Luis Arias y Fernando Pérez Memén, son amigos personales, la mayoría de toda la vida, y me complace que ejercen su misión con profesionalidad y entereza.

Entre las 1,876 personas que integran esa nóminas hay centenares que no tienen culpa del desorden, de la ausencia de criterios y escalas salariales, del nepotismo y el clientelismo predominante en ese ministerio, con un despilfarro ofensivo y alta proporción de designados que no trabajan. Precisa Durán que cuando llegó a Lisboa como embajador encontró que “sólo dos funcionarios asistían a sus labores. Había otros 15 que no asistían y nunca los vi”. Y añade que recientemente envió una lista a la Cancillería con 10 designados que no han asistido a su embajada en los tres años que lleva, y ocho que asisten regularmente.

Hugo Guiliani dio cuenta de un estudio que hizo para la Cancillería, donde concluyó que el servicio exterior se puede manejar con 400 diplomáticos y 350 consulares, es decir con menos de la mitad de los que hay. Le sobra razón en cuanto a que debe haber diversas categorías de embajadas y sueldos, así como de asignaciones para gastos de locales y de representación, por la importancia de las misiones y por el costo de la vida. Qatar, donde es embajador Guiliani, es junto a Japón, los nórdicos y Francia de los países más caros.

En algunos casos las remuneraciones son insuficientes. En otras excesivas. Pero no hay dudas que es un relajo que la embajada en Nicaragua reciba 22 mil dólares y la de México 11 mil 895, o que la de Paraguay reciba 28 mil, mientras la de Argentina sólo 17 mil 594 dólares. Desde luego no pretendo que nadie pase por los apuros que me tocaron cuando fui “premiado” en 1984 por el gobierno de Jorge Blanco que me envió “bien acompañado” al Perú como embajador, concurrente a Bolivia, con una dotación de 4 mil 200 dólares que incluía salario y todos los gastos de oficina y residencia, más secretaria y chofer, y como Guliani era el único funcionario designado. Una vez que él me visitó en Lima le conté que yo tenía -como él ahora- tres meses sin recibir el estipendio. De haber averiguado por anticipado las condiciones nunca hubiese aceptado ese “privilegio”. que todavía algunos me enrostran.

La publicación de la nómina no es una ofensa. Debió ser siempre pública. No cabe lo de filtración. Otro viejo amigo, Roberto Saladín, me atribuye intenciones aviesas porque su nombre apareció allí. No metí a nadie, sino que como él mismo informa, fue funcionario hasta agosto del 2013, y dejé constancia de que esa nómina era del 2012. No mencioné a nadie en particular. El embajador ante el Vaticano se dio por aludido sin haber sido ni insinuado, y me lanzó infundios, calumnias y falsedades que no merecen la pena responder.

Que el desorden es grande en el servicio exterior no hay duda. En el análisis del pasado domingo sobran los ejemplos. Y el espacio no alcanza para señalar muchos otros.

 

Sacudida contra la corrupción

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN

La convocatoria de la Fundación Masada, secundada por decenas de entidades sociales, ofrece una oportunidad a los dominicanos y dominicanas para comenzar una necesaria y urgente sacudida contra la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad que se han anidado en esta sociedad pudriéndola a la vista de la gran mayoría que desea un ordenamiento en base a los principios universales de la convivencia.

Se trata de dar vigor este martes 9 de diciembre a la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido en el 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó toda una Convención para luchar contra ese flagelo de la humanidad, generador de iniquidad y despojo en perjuicio de las mayorías.

Para instituir esta celebración, el máximo organismo mundial partió de la convicción de que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los países, que se apropia de la riqueza común, que incentiva el despojo, socava las instituciones democráticas y vulnera el imperio de la ley. Comienza carcomiendo el sistema político sustrayendo recursos para financiar el acceso o mantenerse en el poder. De ahí se deriva al beneficio individual.

En nuestro país hace tiempo que la corrupción ha hecho metástasis en el cuerpo social y no solo pautan en gran medida la actividad política en una caricatura de democracia excesivamente costosa, sino que ha originado enormes fortunas, algunas de las cuales ya compiten con los capitales labrados a lo largo de décadas.

Se trata de un sentimiento generalizado, de bochorno e indignación para las personas más sensibles y educadas, que sin embargo ha tenido arraigo en amplios segmentos sociales que aspiran a beneficiarse de alguna forma de la malversación. Hay también una gran complicidad de empresarios privados que sacan partida del soborno y obtienen renta del financiamiento a candidatos en todos los niveles.

Pero sin duda el enorme despilfarro, el abuso de lo público que ha llevado del tradicional 10 por ciento de comisión a la duplicación de costos de obras, compras y contrataciones, la vulneración de las normativas de control y la rampante impunidad están provocando una saturación de la paciencia ciudadana que se expresa cada vez más en encuestas, consultas y opiniones.

Sería injusto desconocer que el actual gobierno ha hecho algunos esfuerzos por contener la corrupción, pero muy escasos por poner fin a la impunidad, y mientras no haya sanciones, ninguna fuerza política podrá revocar los niveles de contaminación, menos aún si se baraja entre compañeros de partidos y bajo la ley de la conveniencia política.

El último índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha vuelto a achicharrar al país con nota de 32 puntos sobre 100 en transparencia, colocándolo en la posición 115 de mayor corrupción entre 175 países evaluados, apenas superado por siete países de los 35 del continente. Y en los últimos años hemos llegado a ocupar los últimos tres escalones en malversación de fondos públicos y favoritismo de los funcionarios en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Este 9 de diciembre es una oportunidad para que esta sociedad se sacuda y comience a romper la cadena de la corrupción y la impunidad. Todo lo que se nos pide es encender luces durante todo el día y la noche, de los automóviles, lámparas, focos o velas y acudir a plazas públicas a las seis de la tarde.

Sacudámonos de la indiferencia y el miedo. Rescatemos la vieja consigna de ¡basta ya! Basta de corrupción y de impunidad. Imperio de la ley. Respeto al patrimonio de todos. Dejemos de maldecir la oscuridad y encendamos alguna luz.

 

Otra vergüenza nacional

Por Juan Bolívar Díaz
VERGUENZA

Los reportajes publicados esta semana por el diario newyorkino Wall Street Journal sobre el pago de comisiones en la compra dominicana de los famosos ocho aviones tucanos adquiridos en Brasil en el 2008, constituyen una nueva vergüenza nacional que de ninguna forma puede ser pasada por alto, por más que en este país hayamos perdido la capacidad de asombro.

No es que el periódico esté descubriendo el hilo en bollito, pues hace tiempo que se sabe que autoridades norteamericanas y brasileñas están investigando lo que aquí fue un secreto a voces desde que se anunció la compra y especialmente cuando fue aprobada por el Senado de la República, ocasión en que el rumor del soborno alcanzó dimensiones de río desbordado en tiempo de huracán.

Lo que ocasiona real vergüenza es la indiferencia con que las autoridades nacionales, de todos los estamentos, y el Congreso Nacional, han tomado la denuncia, y la complicidad o resignación con que se acepta en amplios espectros de los medios de comunicación, de los partidos políticos y de las instituciones sociales, donde aparentemente crece la convicción de que el destino nacional es la corrupción.

Desde el principio hubo debate sobre la procedencia de la compra. Evidentemente porque no era una prioridad nacional invertir casi un centenar de millones de dólares en ocho aviones que en última instancia no íbamos a poder mantener en el aire las 24 horas del día para impedir que el país siguiera siendo puente del narcotráfico. En última instancia porque el costo de la lucha contra el narcotráfico no se le debe cargar a un país pobre, sino a los ricos, responsables de la demanda que fomenta el primer o segundo más grande negocio de la historia humana.

El tufo de la corrupción se olfateó desde que no hubo una licitación transparente y se optó por aviones poco eficientes para la prevención del uso ilegítimo del territorio nacional y cuando abundaron las informaciones de que Chile y Colombia habían adquirido naves similares a mucho menor costo.

Ahora el Wall Street Journal informa que en Brasil hay ocho funcionarios de la empresa vendedora imputados del delito de corrupción, que eso es el pago de comisiones. Relevante por involucrar a una empresa que cotiza en bolsas de valores internacionales, donde algunas normas son fundamentales.

Para colmo de la vergüenza, se identifica por su nombre a un oficial militar al que se habría pagado una comisión de 3.5 millones de dólares, sin hacerse lo mismo con un senador, que según los informes en manos de los investigadores, habría repartido entre sus colegas una parte de esa comisión. Pero aquí, ya el mismo día de la publicación del diario de Nueva York una fundación radicaba una demanda judicial, precisando los montos de otras comisiones derivadas del mismo negocio.

En justicia no hay suficiente fundamento para dar por procedente la demanda radicada por la Fundación Primero Justicia, que eleva el pago de comisiones a 13 millones de dólares e involucra hasta al entonces presidente de la nación. No se puede descartar que se busque aprovechar la circunstancia para pasar una factura al expresidente Leonel Fernández. Pero los hechos obligan a una investigación judicial propia, de la nación dominicana, sin depender de lo que soliciten las autoridades brasileñas. Investigación que no debe dejar piedra sobre piedra hasta esclarecer esta vergonzosa denuncia internacional.

Los más interesados en esa investigación deberían ser los involucrados, comenzando por el Senado de la República, a quien corresponde el primer paso. Pero es probable que ellos no lo crean necesario y mucho menos procedente. Cuentan con la indiferencia generalizada, y con el olvido. Pensarán que otros escándalos de corrupción con sumas muchas veces mayores han quedado en la impunidad y el olvido. Por suerte en este caso la sanción final no dependerá de las deterioradas instancias judiciales nacionales.

 

Celebración pero en vigilia

Por Juan Bolívar Díaz
juan bahia

Todos los que durante más de 18 años nos negamos a validar la mayor estafa de la historia inmobiliaria del país, materializada en la apropiación de la Bahía de las Águilas, en Pedernales, tenemos razón suficiente para celebrar el dictamen de la jueza Alba Beard que anuló más de un millar de los títulos de propiedad de esa área del territorio nacional que fueron apropiados fraudulentamente.

Salta a la memoria el recuerdo de la doctora Pîcky Lora Iglesias, quien siendo directora del Catastro Nacional denunció la estafa contra el Estado, y que aún en temprana cama de muerte legó en su hija Laura Acosta Lora el seguimiento a la demanda de reparación que ella había iniciado. Hay que decir que, digna heredera de toda la dignidad, honestidad y valentía que encarnaba su madre, Laura Acosta ha cumplido la encomienda, trabajando incansablemente y sin cobrar honorarios, para deshacer la estafa.

Todos hemos cumplido con el deber de reconocer al presidente Danilo Medina, por haber escuchado nuestro clamor, manifiesto en aquel encuentro que auspició en febrero del año pasado, luego que hiciéramos firme oposición a su decisión original de reconocer el 45 por ciento del valor de esas tierras a quienes usurpaban títulos originados en un supuesto asentamiento agrario. Él tuvo la virtud de rectificar, contrariando a varios altos funcionarios de su propio Gobierno que, como quedó en evidencia, estaba utilizando el pretexto de una supuesta inversión de 1,145 millones de dólares para consumar la estafa y participar en el reparto.

Aunque un tribunal hace meses que declaró prescrita la acción penal para los responsables del enorme fraude, hay que sintetizar la maniobra para comprensión de las nuevas generaciones: En diciembre de 1995 el director del Instituto Agrario solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A que implica la hermosa Bahía de las Águilas en Pedernales, para realizar un supuesto asentamiento agrario, aunque esos terrenos no son aptos para eso, sino para proyectos turísticos.

El mismo día el registrador, doctor Ramírez Suberbí realiza el traspaso, sin la menor averiguación, aunque la petición no tenía el aval del directorio del IAD ni del presidente de la República, como correspondía. Dos meses después el administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al Registador de Títulos de Barahona, quien ya al día siguiente lo había acogido, emitiendo un nuevo título a nombre del IAD, cuyo titular procedió de inmediato al “asentamiento campesino”, favoreciendo a decenas de personas relacionadas de un senador y dirigentes políticos y otras que nunca supieron que eran parceleros de la reforma agraria. Mediante otras maniobras se fueron traspasando esos títulos a los verdaderos beneficiarios de la estafa.

La doctora Picky Lora investigó y documentó el fraude: Todo había sido ilegal, incluyendo el que los terrenos de la reforma agraria no pueden ser traspasados ni vendidos. La denuncia del entonces director del IAD, Wilton Guerrero, llevó a su antecesor a la cárcel, al igual que otro de los responsabilizados de la maniobra, pero pasaron 18 años sin que la justicia por lo menos revocara la estafa, como acaba de ocurrir ahora.

Hay motivos para celebrar que se haya revocado esa estafa, que de acuerdo a cálculos sobre el valor actual de la bahía, involucraría una suma de entre 7 y 11 mil millones de dólares. Pero hay que hacerlo manteniendo la vigilancia, ya que algunos de los que “compraron los terrenos de buena fé” contemplan seguirlos reclamando en las cortes superiores. Esa estafa no puede prevalecer.

 

La declaración jurada de patrimonio

Por Juan Bolívar Díaz
decl jurada

Debe ser saludada y ponderada la Ley 311-14 promulgada por el presidente Danilo Medina el pasado 8 de Agosto que instituye el “Sistema Nacional Automatizado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio” con el expreso objetivo de promover la gestión ética y proveer a los órganos estatales de prevención y control de la corrupción administrativa las herramientas normativas que les permitan ejercer sus funciones de manera eficiente.

La nueva ley forma parte de un paquete promovido por los senadores Charles Mariotti y Julio César Valentín como respuesta a los reclamos ciudadanos de mayores esfuerzos para prevenir y reducir la enorme corrupción administrativa que tanto ha degradado la actividad política y la gestión estatal, generando una enorme decepción y rechazo.

Se trata de un importante paso de avance en relación a la ley 82 de 1979 que establecía la declaración jurada para los altos funcionarios del Estado, pero que adolecía de mecanismos de control y sobre todo de sanciones para quienes obviaran y la burlaran.

Se otorga un plazo máximo de 30 días para presentar la declaración ante notario público, tanto al inicio de la función estatal como al concluirla, y para darle seguimiento se crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos, como un órgano especial de la Cámara de Cuentas.

El delito de falseamiento de datos es sancionado con penas de uno a dos años de prisión y multas de 30 a 40 salarios mínimos del Gobierno central y los funcionarios que sean responsables de enriquecimiento ilícito son sancionables con penas de 4 a 10 años de prisión, una multa equivalente al duplo del monto del incremento, y con la inhabilitación para ocupar funciones públicas por un período de diez años.

Una de las novedades es que los altos funcionarios están en “la obligación de probar el origen lícito del patrimonio obtenido durante el ejercicio del cargo en el momento que le sea requerido por la autoridad competente”, misma que podrá solicitar la confiscación de los bienes que no sean justificados.

Lo primero que resulta imperativo ahora es el estricto cumplimiento de la nueva ley, que debe partir de la promulgación de su reglamento, dentro del plazo establecido de 90 días.

Es obvio que esta ley puede ser otro simple pedazo de papel, o constituirse en un mecanismo más eficiente de promoción de transparencia y prevención de corrupción. Se toma con cierto escepticismo por la escasa voluntad política de sancionar la corrupción y la prevalencia de todo un sistema de impunidad.

Se acredita esta ley a las manifiestas intenciones del actual Gobierno de promover mayor transparencia y contener el enriquecimiento ilícito, lo que ha quedado en entredicho por incumplimientos importantes de la Ley de Función Pública, de la Ley de Regulación Salarial del Estado y de dos decretos de austeridad y del decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.

El Decreto de austeridad 499-12 responsabilizó a la Contraloría General de la República de presentar informes trimestrales de evaluación de sus previsiones, y nunca se conoció siquiera el primero. La Dirección de Ética fue encargada de solicitar informes financieros anuales a los funcionarios que debían hacer declaraciones juradas para evaluar su consistencia, lo que nunca se ha cumplido. El titular mismo de esa dirección, doctor Vincho Castillo, presentó una declaración jurada a todas luces ridícula que fue objeto de cuestionamientos públicos no respondidos.

Por los anteriores señalamientos es que muchos han tomado con reservas la promulgación de la nueva ley sobre declaración jurada. El tiempo dirá si esta vez hay decisión política o simple entretenimiento de la opinión pública.

Entre Ivelisse y Temístocles

Por Juan Bolívar Díaz
IyT

Se me acabó el tiempo de entregar este artículo debatiéndome sobre a quién escribirle primero, si a mi querida profesora Ivelisse Prats Ramírez, descalificada por su terquedad libertaria o a Temístocles Montás, un viejo amigo con quien en tiempos de opresión compartí sueños de progreso social colectivo y de fortaleza de la institucionalidad democrática.

Ivelisse, quien nos dio las primeras lecciones de libertad de pensamiento y conciencia en el liceo nocturno Eugenio María de Hostos, hace medio siglo todavía en plena tiranía trujillista, en realidad no necesita que la defiendan, porque hay muy pocas personas con su magistral manejo del verbo en los periódicos dominicanos. Y afortunadamente todavía le sobran fuerzas y talento para defenderse por sí misma, como hace en su último artículo bajo el expresivo título de “La vejez, mi mejor tesoro”, que he leído este sábado.

Intentan descalificarla, no por bisabuela, sino por su terquedad en militar en los principios de la democracia, en la defensa de la libertad y en la lucha por una sociedad más equitativa donde quepan todos los sueños y se satisfagan las necesidades fundamentales de los seres humanos. Ella tendrá su espacio en esta sociedad hasta más allá del último aliento. Porque ha pasado por la política dominicana sin siquiera dejarse salpicar de la podredumbre que la ha envilecido. Profesional, intelectual y académica de primera categoría, decana universitaria, presidenta de uno de los más grandes partidos de la historia nacional, diputada durante dos períodos. Y todavía vive de su trabajo, en casa alquilada y se mueve en un automóvil de diez años. Su trono es tan alto que resulta inalcanzable para dardos y pedradas.

Temístocles Montás, necesita en estos momentos de aliento y reconocimiento. Le tiran piedras e intentan descalificarlo porque ahora en campaña electoral reivindica los principios y planteamientos programáticos fundamentales del partido que contribuyó a fundar, junto al profesor Juan Bosch y otros muchos que pretendían la liberación nacional de toda dependencia, atraso y corrupción.

A Temo, como a Leonel Fernández, lo recuerdo con añoranzas de los años ochenta y principios de los noventa, cuando elucubrábamos sobre la superación de la autocracia Trujillo-balaguerista y apostábamos por la inserción del país en la institucionalidad democrática, renegando de la corrupción y los corruptos, de los manipuladores y compradores de conciencia y de la dominación nacional e internacional.

Temo está ahora sometido a un fuego cruzado por quienes se sienten incómodos cuando vuelve a rechazar el caudillismo y la perpetuidad en el poder, cuando replantea la democracia como instrumento de ciudadanía, recupera la cultura de la ética y la transparencia, del Estado de derecho con políticas de inclusión social. Y de la recuperación de los principios fundacionales de su partido.

Hay quienes descalifican a Temo porque guardó silencio público durante los años en que fue ministro fundamental del expresidente Leonel Fernández, el amigo común que cambió el boschismo por el balaguerismo y el vinchismo para reproducir el fatalismo nacional del continuismo.

Pudo haber pecado de conservadurismo y complicidad, aunque me consta que muchas veces disentía, no solo a nivel privado, sino que, tengo entendido, también frente al mandante de turno. El sentimiento de cuerpo de que Bosch revistió a sus últimos discípulos, para bien y para mal, imponía la ley del silencio en su partido.

Pero nadie está condenado a morder silencio eternamente y todos estamos llamados a recuperar la voz. Temístocles lo ha hecho en circunstancias bien difíciles, cuando ya sus reclamos encuentran pocos oídos entre los suyos. Tal vez tenga conciencia de sus limitadas posibilidades, o espere un milagro o simplemente quiera dejar constancia de que tiene voz propia, de que no fue definitivamente atrapado por el pragmatismo salvaje de la política nacional. Salve Temo, los viejos amigos te saludan.

 

 

País de increíbles absurdos

Por Juan Bolívar Díaz

Apenas se había apagado el ruido creado por la apropiación por los diputados de decenas de millones de pesos para financiar habichuelas con dulce en Semana Santa, cuando estalla el escándalo del Día de las Madres: se atribuyeron 176.9 millones de pesos para repartir electrodomésticos, a través de empresas vinculadas, en su mayoría creadas en los últimos años para traficar ventas al Estado, sin locales ni almacenes ni mucho menos récord comercial significativo. Con órdenes de compra sin especificaciones fundamentales.

Traficando con la pobreza, alimentando clientelas a costa del erario público, al igual que los senadores que se han apropiado de 1,839 millones de pesos en ocho años que lleva el denominado barrilito, iniciado en agosto del 2006, aparte de sus sueldos, gastos de representación, dietas y pago de alojamiento, y de dos oficinas con una docena de empleados cada uno también pagados por el Estado. Ya en HOY, 4 de agosto del 2007, denunciamos esa iniquidad bajo el título “El barrilito carece de fundamento”.

No hay resquicio constitucional o legal para justificar esas apropiaciones del patrimonio público, ni para convertir la función legislativa en actividad de asistencia social en beneficio de partidarios, familiares y otros relacionados. Y peor cuando la mayoría de los 32 senadores se repostulen en los comicios del 2016, acumularán una ventaja enorme sobre otros competidores, incluso compañeros de partidos, convirtiendo la democracia en una cínica caricatura. Los senadores de las mayores jurisdicciones nacionales que reciben 900 mil pesos mensuales para “asistencia social”, habrán repartido cada uno 64 millones de pesos en este período de seis años.

Mientras se informaba del último reparto de los diputados, en medio de una epidemia que afecta a decenas de miles de personas, el Colegio Médico y gerentes hospitalarios denunciaban el virtual colapso de múltiples hospitales públicos, declarándolos en emergencia porque escasean medicamentos y materiales básicos, con equipos fuera de servicio. En el hospital de San Cristóbal áreas de emergencia sin electricidad, en el Luis Aybar de esta capital celebraban que les había llegado agua. En el infantil Roberto Reid tenían que partir en dos las paletas para el examen bucal de los niños o utilizaban para eso partes de las geringillas desechables.

Se ha informado que los atrasos en la entrega de fondos reponibles de los hospitales por parte del Ministerio de Salud alcanzan ya los tres mil millones de pesos, con el Seguro Nacional de Salud al borde de la quiebra. Cientos de becarios en el exterior pasan trabajo porque el Ministerio de Educación Superior se atrasa.

Cuesta trabajo entender el reparto dispendioso de los legisladores mientras el presidente Danilo Medina y el Ministro Administrativo de la Presidencia se quejan de que el Estado apenas dispone para gastos fijos y para pagar su deuda externa como interna, que ya alcanza al 50 por ciento del producto bruto interno y al 46 por ciento de los ingresos tributarios ordinarios.

El primer mandatario advierte lo que vienen denunciando economistas y dirigentes políticos y sociales, que la economía dominicana es insostenible con el nivel de endeudamiento que acumula, ya sobre 30 mil millones de dólares, incluyendo el sector financiero. Con el Gobierno arrastrando un déficit sobre 600 mil millones de pesos en los últimos 6 años. Según la Cámara de Cuentas, la deuda del Estado creció un 28 por ciento en el 2013. En los primeros cuatro meses de este año el gasto público totaliza 190 mil millones de pesos, de los cuales apenas el 4 por ciento ha ido a obras públicas y el 1 por ciento a bienes muebles e inmuebles, mientras el 34 por ciento se destinó al pago de deuda e intereses.

Se configura desestabilidad, ya que la pista del endeudamiento se está acabando. Aunque las quejas de los altos funcionarios pueden ser el inicio del camino para otro parche fiscal. Con esto habría de tenerse cuidado, porque la ciudadanía empieza a mostrar cansancio del cínico abuso de los recursos públicos que sacrifica inversiones y servicios prioritarios.