Sueños de Navidad y Año Nuevo

Por Juan Bolívar Díaz
28_12_2014 HOY_DOMINGO_281214_ Opinión9 A

Entre las múltiples felicitaciones con sueños navideños recibidas resalta la del hermano Avelino Guerrero, director del Colegio La Salle, quien nos invita a ver la Navidad “con los ojos del corazón”, que atribuye a Jesús un 25 de diciembre del año 1:

“Si miro el pesebre y me ven ahí, sabiendo por el corazón que soy Dios-niño, que no viene para juzgar sino para estar, alegre, con todos ustedes;

“Si consiguen ver en los otros niños y niñas, especialmente en los más pobres, mi presencia en ellos;

“Si logran hacer renacer el niño escondido en sus padres y en los adultos para que surja en ellos el amor y la ternura;

“Si al mirar el Belén notan que estoy casi desnudo y se acuerdan de tantos niños igualmente pobres y mal vestidos, y sufren en el fondo de sus corazones por esta situación inhumana y desean que cambie verdaderamente;

“Si al ver la vaca, el buey, las ovejas, los perros, los camellos y el elefante, piensan que el universo entero recibe mi amor y mi luz, y que todos, estrellas, piedras, árboles, animales y humanos formamos la gran Casa de Dios;

“Si cuando miren hacia lo alto y vean la estrella con su cola recuerdan que siempre hay una estrella sobre ustedes, que los acompaña, iluminándolos y mostrándoles los mejore caminos;

“Sepan entonces que yo estoy llegando de nuevo renovando la Navidad. Estaré siempre cerca de ustedes, caminando con ustedes, llorando con ustedes y jugando con ustedes, hasta aquel día, solo Dios sabe cuándo, en que estaremos todos juntos en la Casa de nuestro padre y de nuestra madre de bondad, para vivir felices por siempre”

No hay manera de pensar en la Navidad, sin asociarla con la solidaridad, sin colocarnos sobre el bullicio, las comilonas y bebentinas para reinterpretar el mensaje contenido en el aterrizaje de Jesús en aquel pesebre, casi desnudo. Nos conduce directamente al planteamiento fundamental de amar a Dios en el prójimo, que no es una metáfora, sino una invitación a empoderarnos de las necesidades que nos rodean.

No hay manera de celebrar la Navidad sin renovar el compromiso de lucha por los excluidos del bienestar, tratando de aliviar su sufrimiento, lo que implica trabajar para crear condiciones de vida y desarrollo para todos, en base a los principios fundamentales de la solidaridad humana.

Nos lo recuerda el compañero Rafael Toribio en su tradicional reflexión navideña, que esta vez deplora que nuestros hijos y nietos recurran con más frecuencia a abandonar el barco nacional buscando lugares donde la vida digna no sea un privilegio. Lamenta que “ante la justificación de la partida solo pueda apelar a los sentimientos, no a certezas de lo que añoramos, hoy carencias, serán realidad en un tiempo razonable”.

El diagnóstico de Toribio duele profundamente: “los destructores de sueños parecen más eficaces que quienes los construyen”…”La honorabilidad es poca reconocida”…”La perversidad en la política se presenta como éxito y en la economía como capacidad de gestión y en ambos casos cuando la justicia debe actuar, dictamina un “no ha lugar” o archiva el expediente”.

El balance del año que termina no es alentador, pero el mensaje de la Navidad nos debe alentar a proseguir el camino que lleva a Belén. Por eso el politólogo termina planteando que “las adversidades nos deben motivar a continuar. Aún con las ilusiones maltrechas debemos evitar que nos quiten la esperanza. Resistir es una forma de luchar”.

 

El desorden diplomático y consular

Por Juan Bolívar Díaz
cc

Es muy penoso que embajadores de la categoría de Hugo Guiliani Cury y Jaime Durán, quienes siempre han servido a la nación con integridad y dedicación, hayan tenido que salir a proclamar que no son parte del gran relajo institucional que constituye en gran medida el servicio diplomático y consular dominicano, del que escribí la semana pasada con base en una nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De ninguna forma se les puede incluir entre la alta proporción de clientes, familiares y relacionados políticos que no justifican los emolumentos que reciben, muchos de ellos sin siquiera vivir en los países donde están designados. En el análisis del pasado domingo dejé constancia de que “Desde luego, hay en el servicio exterior muchos profesionales y personal que cumple la misión encomendada”. Varios de los embajadores, comenzando por Guiliani y Durán, así como Aníbal de Castro, Rubén Silié, Pablo Maríñez, Homero Luis Hernández, Laura Faxas, Rosa Margarita Hernández, José Serulle Ramia, Luis Arias y Fernando Pérez Memén, son amigos personales, la mayoría de toda la vida, y me complace que ejercen su misión con profesionalidad y entereza.

Entre las 1,876 personas que integran esa nóminas hay centenares que no tienen culpa del desorden, de la ausencia de criterios y escalas salariales, del nepotismo y el clientelismo predominante en ese ministerio, con un despilfarro ofensivo y alta proporción de designados que no trabajan. Precisa Durán que cuando llegó a Lisboa como embajador encontró que “sólo dos funcionarios asistían a sus labores. Había otros 15 que no asistían y nunca los vi”. Y añade que recientemente envió una lista a la Cancillería con 10 designados que no han asistido a su embajada en los tres años que lleva, y ocho que asisten regularmente.

Hugo Guiliani dio cuenta de un estudio que hizo para la Cancillería, donde concluyó que el servicio exterior se puede manejar con 400 diplomáticos y 350 consulares, es decir con menos de la mitad de los que hay. Le sobra razón en cuanto a que debe haber diversas categorías de embajadas y sueldos, así como de asignaciones para gastos de locales y de representación, por la importancia de las misiones y por el costo de la vida. Qatar, donde es embajador Guiliani, es junto a Japón, los nórdicos y Francia de los países más caros.

En algunos casos las remuneraciones son insuficientes. En otras excesivas. Pero no hay dudas que es un relajo que la embajada en Nicaragua reciba 22 mil dólares y la de México 11 mil 895, o que la de Paraguay reciba 28 mil, mientras la de Argentina sólo 17 mil 594 dólares. Desde luego no pretendo que nadie pase por los apuros que me tocaron cuando fui “premiado” en 1984 por el gobierno de Jorge Blanco que me envió “bien acompañado” al Perú como embajador, concurrente a Bolivia, con una dotación de 4 mil 200 dólares que incluía salario y todos los gastos de oficina y residencia, más secretaria y chofer, y como Guliani era el único funcionario designado. Una vez que él me visitó en Lima le conté que yo tenía -como él ahora- tres meses sin recibir el estipendio. De haber averiguado por anticipado las condiciones nunca hubiese aceptado ese “privilegio”. que todavía algunos me enrostran.

La publicación de la nómina no es una ofensa. Debió ser siempre pública. No cabe lo de filtración. Otro viejo amigo, Roberto Saladín, me atribuye intenciones aviesas porque su nombre apareció allí. No metí a nadie, sino que como él mismo informa, fue funcionario hasta agosto del 2013, y dejé constancia de que esa nómina era del 2012. No mencioné a nadie en particular. El embajador ante el Vaticano se dio por aludido sin haber sido ni insinuado, y me lanzó infundios, calumnias y falsedades que no merecen la pena responder.

Que el desorden es grande en el servicio exterior no hay duda. En el análisis del pasado domingo sobran los ejemplos. Y el espacio no alcanza para señalar muchos otros.

 

En aras de la desigualdad

Por Juan Bolívar Díaz
14_12_2014 HOY_DOMINGO_141214_ Opinión9 A

Si toda esa energía que han desplegado hombres de iglesia en las últimas semanas para que se penalice con cárcel a toda mujer o médico que interrumpa un aborto aún en peligro de muerte de la madre, se invirtiera para promover realmente la vida de los dominicanos más vulnerables y desprotegidos, estaríamos ante una verdadera cruzada de amor. Y digo hombres conscientemente, porque las mujeres de las iglesias están en este debate como las han mantenido siempre, a medias, casi escondidas, como ciudadanas de segunda categoría, sometidas al sabio magisterio masculino.

Es que las iglesias, relevantemente las del mundo islámico y católico, no han podido trascender la concepción y cultura machista primitiva de la subordinación de la mujer, justificada apenas como receptáculo del desahogo sexual para la concepción y preservación de la especie. Ese es su penoso destino, El vergonzoso sexo sólo se justifica para la procreación, y si el hijo de Dios habría de venir al mundo, tuvo que nacer de una virgen, incontaminado. Quiso ser uno más entre los humanos y padecer y morir por las vilezas de los hombres, pero de ninguna forma igualarse en el pecaminoso origen de la vida.

Es comprensible que muchos no hayan podido liberarse de los atavismos culturales milenarios. Pero penoso que no comprendan que su cruzada solo sirve para reafirmar la profunda desigualdad que sufren la mayoría de las mujeres dominicanas, en una de las sociedades más inequitativas del continente, líder en crecimiento excluyente, como certifican todos los estudios, desde las Naciones Unidas al Banco Mundial.

Podrían concentrar su atención en predicarle la abstención absoluta del aborto a sus propias feligreses, sin intentar imponérselo a toda la sociedad, porque deberían saber que creyentes y no creyentes apelan por decenas de miles cada año a interrumpir el embarazo, de manera muy desigual: las de clases medias y altas con asistencia de primera en consultorios y clínicas, en el país y en el extranjero, porque hasta en el vecindario esa práctica está despenalizada; pero la mayoría, las mujeres pobres y cuasi pobres, tiene que acudir a los curanderos y automedicación para llegar a los hospitales desangrándose y obligar a una atención que de lo contrario se les negaría en aras de la ley.

Podemos apostar que el cien por ciento de las mujeres no quieren tener que abortar, y en la mayoría de los casos, son víctimas de embarazos no deseados o inconvenientes, por ignorancia; porque iglesias poderosas impiden que se imparta educación sexual en las escuelas, a lo que se pliegan por simple oportunismo la mayoría de los agentes políticos; porque además impiden que el Estado les facilite anticonceptivos, los que todavía no se pueden vender en la red de farmacias estatales.

Se embarazan a destiempo, somos líderes también en embarazos de niñas y adolescentes, por violación e incesto incentivados por las condiciones de hacinamiento en que viven, por su extrema vulnerabilidad y dependencia de los arrebatos machistas.

Todos esos religiosos deberían empeñar sus energías en luchar por la vida de mujeres, niños y niñas pobres, para eliminar las condiciones que generan el aborto. Llegar al extremo de negarlo absolutamente, aún cuando esté en riesgo la vida de una madre, casi siempre con otros hijos, no es una efectiva campaña por la vida, sino por la muerte.

Esa campaña es en aras de la desigualdad. Porque mujeres de clase media y alta que quieran salvar su vida o su dignidad tras una violación o por una deformación del feto, van a encontrar un médico de confianza que le ayude. Pretenden imponer una legislación para las más pobres y desprotegidas. Que por cierto seguirán utilizando los métodos primitivos, aún corriendo el riesgo de la muerte, porque están conscientes de que esa penalización es inútil, por lo difícil que resultaría probarle el pecado-delito y encarcelarlas. ¿No está el aborto prohibido absolutamente? ¿Y cuántas sentencias se han pronunciado?

 

Sacudida contra la corrupción

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN

La convocatoria de la Fundación Masada, secundada por decenas de entidades sociales, ofrece una oportunidad a los dominicanos y dominicanas para comenzar una necesaria y urgente sacudida contra la falta de transparencia, la corrupción y la impunidad que se han anidado en esta sociedad pudriéndola a la vista de la gran mayoría que desea un ordenamiento en base a los principios universales de la convivencia.

Se trata de dar vigor este martes 9 de diciembre a la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, instituido en el 2003 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que aprobó toda una Convención para luchar contra ese flagelo de la humanidad, generador de iniquidad y despojo en perjuicio de las mayorías.

Para instituir esta celebración, el máximo organismo mundial partió de la convicción de que la corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta, en mayor o menor grado, a todos los países, que se apropia de la riqueza común, que incentiva el despojo, socava las instituciones democráticas y vulnera el imperio de la ley. Comienza carcomiendo el sistema político sustrayendo recursos para financiar el acceso o mantenerse en el poder. De ahí se deriva al beneficio individual.

En nuestro país hace tiempo que la corrupción ha hecho metástasis en el cuerpo social y no solo pautan en gran medida la actividad política en una caricatura de democracia excesivamente costosa, sino que ha originado enormes fortunas, algunas de las cuales ya compiten con los capitales labrados a lo largo de décadas.

Se trata de un sentimiento generalizado, de bochorno e indignación para las personas más sensibles y educadas, que sin embargo ha tenido arraigo en amplios segmentos sociales que aspiran a beneficiarse de alguna forma de la malversación. Hay también una gran complicidad de empresarios privados que sacan partida del soborno y obtienen renta del financiamiento a candidatos en todos los niveles.

Pero sin duda el enorme despilfarro, el abuso de lo público que ha llevado del tradicional 10 por ciento de comisión a la duplicación de costos de obras, compras y contrataciones, la vulneración de las normativas de control y la rampante impunidad están provocando una saturación de la paciencia ciudadana que se expresa cada vez más en encuestas, consultas y opiniones.

Sería injusto desconocer que el actual gobierno ha hecho algunos esfuerzos por contener la corrupción, pero muy escasos por poner fin a la impunidad, y mientras no haya sanciones, ninguna fuerza política podrá revocar los niveles de contaminación, menos aún si se baraja entre compañeros de partidos y bajo la ley de la conveniencia política.

El último índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional ha vuelto a achicharrar al país con nota de 32 puntos sobre 100 en transparencia, colocándolo en la posición 115 de mayor corrupción entre 175 países evaluados, apenas superado por siete países de los 35 del continente. Y en los últimos años hemos llegado a ocupar los últimos tres escalones en malversación de fondos públicos y favoritismo de los funcionarios en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial.

Este 9 de diciembre es una oportunidad para que esta sociedad se sacuda y comience a romper la cadena de la corrupción y la impunidad. Todo lo que se nos pide es encender luces durante todo el día y la noche, de los automóviles, lámparas, focos o velas y acudir a plazas públicas a las seis de la tarde.

Sacudámonos de la indiferencia y el miedo. Rescatemos la vieja consigna de ¡basta ya! Basta de corrupción y de impunidad. Imperio de la ley. Respeto al patrimonio de todos. Dejemos de maldecir la oscuridad y encendamos alguna luz.

 

Aquellos inmensos 7 días

Por Juan Bolívar Díaz
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Ella venía con su luna tucumana en el alma, grande y alto como ya era y sería siempre su canto: “yo no le canto a la luna porque alumbra nada más/ le canto porque ella sabe de mi largo caminar/ perdido en los cerrasones quien sabe vidita por donde andaré/más cuando salga la luna/ cantaré a mi Tucumán querido”.

Pero aquella noche del 28 de noviembre, sobre el Estadio Cibao de Santiago, la luna llena más grande del siglo se apoderó de Mercedes Sosa, quien no se conformó con hilvanar allí sus raíces tucumanas: “que en algo nos parecemos luna de la soledad/yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar”. Lanzó al aire otro grito a la luna y la multitud quedó sobrecogida, Nadie sabe si tocó la sensibilidad de alguno de los policías que cercaban el estadio y obligaron a ir sacando los artistas que cumplían su cuota: “cuando tenga la tierra le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva/formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan/cuando tenga la tierra me pondré la luna en el bolsillo/y saldré a pasear con los árboles y el silencio/y los hombres y las mujeres conmigo”.

Mercedes Sosa, como Víctor Manuel y Ana Belén, Pi de la Serra, Silvio Rodríguez, Noé Nicola, Guadalupe Trigo, Roberto Darvin, Bernardo Palombo, Danny Rivera, Lucecita Benítez, Antonio Cabán Vale, Silverio y Roxanna, Los Guaraguao y Estrella Artau vinieron de distintos confines a poner su canto entre nosotros. Y aquí se encontraron con los grupos Expresión Joven, Nueva Forma, Convite y Pueblo Nuevo en Alto, que eran la manifestación de un arte que trataba de unir la calidad musical y poética con el compromiso social y político.

Y se sumaron las grupos teatrales, rondalla universitaria y las orquestas populares de Johnny Ventura, Rafael Solano, Cuco Valoy y Wilfrido Vargas en un canto que hizo estallar las ansias de libertad tantas veces reprimidas. Que eso fueron los 7 días, un canto libertario, en solidaridad con la Central General de Trabajadores, en su más alta cumbre exigiendo libre organización sindical, bajo el liderazgo de Francisco Antonio Santos, Nélsida Marmolejos y Enrique de León, quienes junto a Cholo Brenes tuvieron capacidad para concitar el respaldo de tantos artistas internacionales y nacionales, de intelectuales, comunicadores, productores y una inmensa gama de colaboradores. Nadie pidió ni recibió uno de los pesos que pagaron quienes llenaron los estadios, incluyendo el olímpico y repetidas veces el Palacio de los Deportes, y la Casa de Teatro en Santo Domingo, además de los de Santiago y San Pedro de Macorís.

Los Siete Días con el Pueblo al final de 1974 sembraron energías que arrasarían en los años siguientes con la ignominia de cientos de presos políticos y miles de exiliados y abrirían una etapa de incubación democrática que todavía hoy no acaba de consolidarse. El grito repercutió en países de América Latina y España, donde se luchaba contra el imperio del militarismo.

Fueron también un gran aliento al arte dominicano, consagrando definitivamente a Sonia Silvestre, Luis Días, Víctor Víctor, Claudio Cohén, Ramón Leonardo, Manuel de Jesús y muchos más. Los que trabajamos por aquellos 7 días y los vivimos desde adentro, sobre la angustia de la represión y los cercos policiales, quedamos comprometidos por el canto hondo. Por eso tenemos que agradecer que el Ministerio de Cultura, encabezado por el cantautor José Antonio Rodríguez, haya rescatado esta semana, en su cuarenta aniversario, el significado del más trascendente evento artístico-cultural-político de nuestra historia. Nos inclinamos sobre la memoria de Chico González, Sonia Silvestre, Luis Días, Mercedes Sosa, Guadalupe Trigo, Roberto Darvin y Estrella Atau, que trascendieron.-

 

Una oportunidad para Colombia

Por Juan Bolívar Díaz
COLOMABIA

En este continente latinoamericano de tantas ignominias y violencia institucionalizada, no hay un país que merezca más una oportunidad para la paz como Colombia. No es que la guerra comenzó con el asesinato de Gaitán que generó la indignación del Bogotazo con su devastación y tres mil muertos en 1948, como se pretende. No, la guerra data del origen mismo de la gran nación y se extendió como un fantasma inextinguible a lo largo del millón 142 mil kilómetros cuadrados de montañas, selvas, llanos y acuíferos donde cabe 24 veces la República Dominicana, a través de los dos últimos siglos, como cuenta Gabriel García Márquez en sus memorias Vivir para Contarla.

No fueron los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ni los del Ejército Revolucionario del Pueblo, ni el Ejército Popular de Liberación los que iniciaron la guerra. Tampoco el Ejército de Liberación Nacional, el Frente Unido de Acción Revolucionaria ni el Movimiento 19 de Abril (M-19). Todas esas y otras nomenclaturas de tendencias soviéticas, chinas, cubanas o de orientación nacionalista fueron reacciones a dos siglos de violencia institucionalizada, a la guerra de los mil días, a la masacre de las bananeras de 1928, al asesinato de Eliezer Gaitán en 1948, al exterminio y el despojo oligárquico, del ejército, de grupos paramilitares, de la dominación bipartidista de liberales y conservadores, de la corrupción sin tregua ni límites y del asesinato selectivo que se llevó a una decena de candidatos presidenciales, a cientos de dirigentes políticos y a miles de militantes de partidos y grupos que se aferraron al juego de la legalidad.

No se puede hablar superficialmente de devolver la paz a una nación que nunca la ha tenido, donde la violencia es endémica. De lo que debería escribirse es de construir la paz para los 48 millones de colombianos que viven en su país y otros dos millones dispersos por el mundo, especialmente para los millones de desplazados, exiliados internos, para los despojados de la tierra y los herederos de la violencia.

Si larga ha sido esta ignominiosa cadena de genocidios, persistente también ha sido la búsqueda de la paz, una y otra vez fallida en las últimas cuatro décadas. Ningún observador honrado puede ignorar lo ocurrido con el M-19 que, tras el acuerdo de paz y desmovilización al caer los ochenta, se constituyó en Unión Patriótica, recibió el asesinato con su candidato presidencial Carlos Pizarro en 1990, cuando era un fuerte candidato a la presidencia. La misma suerte corrieron más de cinco mil exguerrilleros y militantes que se acogieron a la ley, exterminados selectivamente por los organismos de seguridad del Estado, los paramilitares y los sicarios de toda laya.

No hay dudas que la terrible suerte corrida por el desmovilizado M-19, el mismo que ocupó la embajada dominicana el 27 de febrero de 1980, con siete de sus diez miembros de su directorio nacional asesinados, ha dificultado en extremo todos los intentos de paz posteriores, especialmente con las FARC, la mayor organización guerrillera latinoamericana de todos los tiempos, que llegó a integrar entre 12 y 15 mil combatientes y dominó territorios más grandes que el dominicano. Manuel Marulanda Vélez, el legendario Tirofijo, prefirió extinguirse en su territorio liberado a dejarse matar en campaña electoral con un tiro en la frente como Carlos Pizarro, Jaime Pardo o Bernardo Jaramillo.

Tampoco hay dudas que la FARC se institucionalizó en la violencia de todo género, llegando al paroxismo del secuestro indiscriminado (se le cuentan hasta 27 mil), del asesinato atroz y la crueldad de las ergástulas, que no perdonó ni siquiera a mujeres que enarbolaban la paz y denunciaban la corrupción y la violencia institucionalizada como Ingrid Betancurt y Piedad Córdova, humilladas hasta lo inverosímil. Perdieron hasta la capacidad para interpretar el clamor internacional por la liberación de sus rehenes.

Ahora que llevan dos años de esfuerzos constructivos de paz, que han encontrado un interlocutor tan firme y decidido como el presidente Juan Santos, la sobreviviente jefatura de la FARC no puede encontrar el menor justificativo para el secuestro del general Rubén Darío Alzate y varios acompañantes que no estaban en combate. El tiempo ha demostrado que la guerrilla no tiene posibilidad alguna de ganar la guerra. Tampoco puede ya encontrar solidaridad ni apoyo internacional significativo. Pero por encima de todo, y ahora que hasta los familiares de las víctimas lo claman y se muestran dispuestos a perdonar, Colombia merece una nueva oportunidad para la paz.

 

Déficit de cultura democrática

Por Juan Bolívar Díaz
16_11_2014 HOY_DOMINGO_161114_ Opinión9 A

No pasan de la veintena los presidentes que han logrado gobernar durante dos períodos en la historia de la democracia latinoamericana de las últimas tres décadas, tras el derrumbe de las dictaduras que asolaron estos pueblos, cuando unos 140 fueron elevados al poder por mandato popular en los 20 países de la región, calculando un promedio de 7 elecciones. En la mayoría de los casos se han ido felices a disfrutar su éxito con sus familiares, en el mundo académico o a trabajar en el sector privado.

El período democrático dominicano arrancó en 1978, con diez elecciones, pero solo 6 presidentes, pues Joaquín Balaguer y Leonel Fernández agotaron tres períodos cada uno, con infinito abuso del poder para reelegirse, y el primero no sigue repostulándose porque lo venció el tiempo. Don Antonio Guzmán, recordado como el mejor mandatario de la etapa, prefirió suicidarse cuando no pudo conseguir un segundo período en un partido que entonces militaba en el postulado de que la reelección era la madre de las dictaduras y cercenadora de la democracia.

Patético es el caso de Leonel Fernández, integrante del exclusivo club de los que en la democracia mundial han gobernado tres períodos: José Velasco Ibarra, Franklyn D. Rossevelt, Konrad Adenauer, Margaret Thatcher, Felipe González, Hugo Chávez, Silvio Berlusconi y Daniel Ortega. El nuestro parece haberse propuesto alcanzar a Velasco, campeón con cinco períodos y a Rossevelt y González, que lograron cuatro, ya que ha reiterado que su partido gobernará hasta el bicentenario de la República, en el 2044, treinta años más. Él dice que su partido es una “fábrica de presidentes”, aunque en la práctica promueve un solo modelo.

Toda la historia nacional es un himno al continuismo, bajo el eterno predicamento de que “el poder no se cede”. Por eso entre Santana, Báez, Lilís, Horacio, Trujillo, Balaguer y Leonel se han ido dos terceras partes de los 170 años de la República. Los dos últimos cuentan también dos tercios del período post tiranía de Trujillo. El otro tercio de la República corresponde a unos 60 gobernantes, en su gran mayoría sin haber completado un período, incluyendo a los dos mayores civilistas de nuestra historia Ulises Francisco Espaillat y Juan Bosch, ambos coincidencialmente solo gobernaron 7 meses, aunque con un siglo de distancia.

No hay en el mundo democrático de hoy nadie que luego de tres períodos de gobierno esté batallando como Fernández por volver, y en medio de circunstancias bien adversas como alta tasa de rechazo. En la oposición, Hipólito Mejía, quien fue electo presidente hace 14 años y fracasó luego dos veces intentando regresar, también parece lanzarse a una difícil batalla para volver, por igual con alta tasa de rechazo. Su caso es también único en la actual democracia universal.

En la pobre cultura democrática dominicana no se concibe el relevo ni la renovación, aunque la historia regional referida demuestra que eso no es lo predominante, que el poder sí se cede y se traspasa a los compañeros. Balaguer le cerró el paso a todos los suyos que intentaron sucederle, dando vigencia al postulado que se atribuye a Horacio de que “después de mí el diluvio, o que entre el mar”. Y su partido devino en insustancial.

Pero no vayan a creer que eso solo ocurre en la política, tampoco se retiran los directores de los diarios, obispos y rectores, así como dirigentes sociales. Tenemos líderes sindicales con más de medio siglo en los cargos. Y ni siquiera las glorias del béisbol, como Juan Marichal, Sammy Sosa, Pedro Martínez, Manny Ramírez o Moisés Alou anunciaron a tiempo su retiro. Terminaron cuando ya nadie los contrató y algunos mendigaron otra oportunidad de forma penosa.

El continuismo y la negación de la alternabilidad no solo está en la cumbre del poder, sino que es expresión de una pobre cultura democrática, de un presidencialismo a ultranza y del rentismo, el clientelismo y la corrupción que lastran el desarrollo de nuestra institucionalidad democrática. Es que no queremos entender que la vida es una continua renovación y desconocemos los planteamientos bíblicos del Eclesiastés: Hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Todo surgió del polvo y al polvo todo volverá.

 

Desproporciones inaceptables

Por Juan Bolívar Díaz
JUAN BOLIBAR

I) Si el objetivo hubiese sido disuadir manifestantes para que no mortificaran al expresidente Leonel Fernández, líder y aspirante por cuarta vez a la candidatura presidencial de su Partido de la Liberación Dominicana, hubiesen bastado las decenas de agentes policiales apostados en la zona, y los cientos de seguidores allí transportados con suficiente anticipación.

Pero no, fue necesario contratar una tropa de choque disponible en la periferia social dominicana, constituida por un tigueraje siempre dispuesto a realizar las peores encomiendas, y el resultado no pudo ser más alarmante y desproporcionado, tanto que debió avergonzar a muchos de los invitados a la original conferencia de prensa con un periodista extranjero, porque los nacionales no tienen dimensión suficiente para el personaje.

La embestida en pleno corazón de la capital dominicana pareció obedecer a una encomienda mezcla de venganza y de terrorismo advertidor. Vengaban en el Nueva York Chiquito de Leonel la afrenta que le confirieron grupos de manifestantes en el Nueva York real hace algunas semanas. Y advertían a todo el que quiera entenderlo que los estrategas del nuevo eterno aspirante al poder no se ahorrarán los métodos que sean necesarios para contener el creciente repudio, incentivado por el hartazgo de impunidad que padecemos.

Esas hordas de perdonavidas que llegaron, algunos armados con bates de aluminio, recordaron etapas superadas de nuestro infantilismo democrático, como la de los paleros de Balá que entre 1960 y 61 pretendieron contener el descalabro trujillista, o la Banda Colorá que sembró el terror balaguerista diez años después. Absolutamente desporporcionado.

Esas imágenes de la señora Jeanne Marie Delgado, que solitaria logró penetrar el cordón y sacó un cartelito, agredida, zarandeada y despojada por cuatro fornidos malhechores, ofendieron la sensibilidad hasta de los más indiferentes, llenando a todos de bochorno, vergüenza y estupor.

La paliza y despojo de que fueron objeto reporteros y camarógrafos de Acento, Diario Libre y Antena Latina, y los empujones sufridos por el crítico columnista Raúl Pérez Peña, a la vista cómplice de oficiales y agentes del “orden público” y la seguridad ciudadana fueron un atropello absolutamente injustificado.

Todo absolutamente desproporcionado y degradante para la imagen del doctor Leonel Fernández, a quien se le pueden imputar muchos desaciertos y acciones ofensivas de la ética política, pero hasta ahora no vinculado a la violencia ni al terror contra sus contrincantes y contestatarios.

II) El Jefe de la Policía Nacional se atribuye haber detenido y enviado a la justicia a 152 mil delincuentes. Unos medios dijeron que en un año y otros que en lo que lleva en el cargo, lo que en vez de 12 meses serían 16, ya que el general Manuel Castro Castillo fue posicionado en el cargo el 26 de junio del 2013.

Tras la asombrosa revelación se han reiterado las imputaciones a la justicia de mano blanda con los delincuentes, lo que es injusto porque si esa cifra fuera cierta, habría que construir dos cárceles de dimensiones Najayo cada mes. Porque 152 mil entre 16 arroja 9 mil 500 mensuales, igual a 317 diariamente, incluyendo días de guardar.

Si esa cantidad de detenidos fueran encarcelados y procesados, cada tres meses habríamos acumulado más de los 26 mil reos que componen actualmente la población carcelaria dominicana. Habría que triplicar los tribunales, fiscales y jueces. Cualquiera se aterroriza de sólo calcular la cantidad de delincuentes que según el general Castro Castillo pare esta sociedad cada día, y cuántos serían los presos si tuviéramos una policía eficiente. Todo absolutamente desproporcionado.

 

Fuera la Corte de Derechos Humanos

Por Juan Bolívar Díaz
02_11_2014 HOY_DOMINGO_021114_ Opinión9 A

Informes confidenciales aseguran que el pasado jueves el Tribunal Constitucional (TC) decidió declarar inconstitucional el reconocimiento de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando evadir la vinculación con la última sentencia de esta que condenó deportaciones masivas y proclamó la ilegitimidad de la política de desnacionalización puesta en marcha desde el 2007 por la Junta Central Electoral y ratificada por la sentencia 168/13 que en septiembre del 2013 dejó apátridas a decenas de miles de hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en el país.

Se trata de una chapucería jurídica, inspirada en el soberanismo nacionalista que ha rebasado el límite de pequeños grupos y se acunó en el Partido de la Liberación Dominicana, cuyo primer gobierno, del doctor Leonel Fernández, fue que vinculó el país a la jurisdicción de la Corte Interamericana en 1999, al amparo de la Convención Americana de Derechos Humanos ratificada por el Congreso Nacional en 1977.

La mayoría de los jueces del Constitucional acogieron un recurso elevado hace ocho años por un grupo nacionalista, con tres votos disidentes. A las magistradas Katia Miguelina Jiménez y Ana Isabel Bonilla, que ya se habían opuesto a la sentencia 168-13, se unió ahora el doctor Hermógenes Acosta.

El 31 de agosto pasado habíamos denunciado el propósito que alentaba una mayoría del TC, contenidos por opiniones que provenían hasta del Gobierno y la Procuraduría General. También se dijo que esos jueces declararían inconstitucional la suspensión del leonino contrato para instalar equipos de rayos equis en los puertos, promovido por abogados nacionalistas, por lo que organismos de seguridad del Estado, como las Fueras Armadas y la dirección de Control del Drogas, así como la Cámara Americana de Comercio y otras entidades empresariales. ratificaron sus objeciones.

El desconocimiento de la jurisdicción de la CIDH es ridículo 15 años después del protocolo de adscripción que ha pasado por el reconocimiento de tres gobiernos, donde el Estado ha tenido que defenderse en unos cinco procesos judiciales acumulando cuatro condenas. Incluso el Gobierno propuso como jueza de esa corte a la doctora Radhys Abreu de Polanco, quien fue electa y ejerció en el período 2006-12.

La ratificación de la competencia de la CIDH fue acorde con el artículo 62.1 de la Convención que la creó, la cual especifica que ello no requiere convención especial. Fue objeto de ratificación adicional cuando el Congreso aprobó la Ley Orgánica del TC 137-11, cuyo décimo tercer considerando indica que “dentro de los procedimientos constitucionales a ser regulados se encuentra el control preventivo de los tratados internacionales y la regulación de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Ahí están sentencias del propio TC, como las 0084-13 y la 136-13 que reconocen “el carácter vinculante de las decisiones de esa jurisdicción internacional”. Y el 28 de noviembre del 2012, el doctor Milton Ray Guevara, presidente del TC firmó un “Acuerdo Marco de Cooperación” con la Corte Interamericana al visitar su sede en Costa Rica.

Según el protocolo de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni la denuncia de la misma o de sus organismos, elimina una sentencia ya emitida. Y si la objeción es la falta de una expresa ratificación congresual, se subsanaría con su envío al Congreso Nacional. Pero en la actual algarabía que aduce una soberanía que ya no existe en materia de tratados internacionales, especialmente de derechos humanos, se duda que el presidente Medina asuma esa responsabilidad, aunque cargará el costo.

El país está de espaldas al derecho internacional, marchitando aún más su imagen y exponiéndose a otras sanciones y a perder ayudas, condicionadas en los tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Guillermo Cifuentes recordó esta semana una cláusula que esta última incluye en sus tratados de cooperación: “el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del presente acuerdo”.

Se olvidó el principio de que las sentencias de los tribunales son de cumplimiento obligatorio, que tanto se aducía frente a la iniquidad de la 168/13, que tenía como última instancia la CIDH. Esta es el techo, como parte del bloque de constitucionalidad dominicano al amparo del artículo 74.3 de la Constitución de la República.

 

Tremendo reflejo de la pobreza

Por Juan Bolívar Díaz
TREMENDO

Más allá de las responsabilidades que una comisión gubernamental ha atribuido al personal médico y administrativo del Hospital Infantil Robert Reid Cabral, sobre la muerte de once niños allí el pasado fin de semana, la dramática realidad es que ese centro de salud es un reflejo de la enorme pobreza nacional, sostenida por erráticas políticas de gasto, dispendio y corrupción administrativa.

La crisis del hospital infantil, que se repite en la mayoría de los centros de salud pública, es consecuencia también del incumplimiento de la Ley General de Salud y de la Ley de Seguridad Social, ambas con 13 años de vigencia, en aspectos tan fundamentales como la creación de los centros de atención primaria que descentralizarían y desalojarían los hospitales, y la integración de una red única de centros de salud estatales, para lo cual deberían ser fusionados los del ministerio con los del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.

HOY se encargó de poner en perspectiva la mortalidad en el Reid Cabral, revelando que en los últimos siete años han fallecido allí cinco mil 763 menores, un promedio de 2.2 por día, en su mayoría por causas que pueden ser evitadas, según lo planteó esta semana la representación en el país del Sistema de las Naciones Unidas. Este periódico también estableció que los once muertos del anterior fin de semana no son una novedad, y que del 20 al 22 de junio fueron una docena. A esa frecuencia contribuye la drástica reducción de la atención médica en los hospitales públicos desde el medio día del viernes hasta la mañana del lunes.

La ocurrencia que ha escandalizado no puede sorprender en un país que aparece sistemáticamente entre los de más altas tasas de mortalidad materno infantil del continente, y entre los que menor proporción de sus ingresos destina al sector salud, 1.8 por ciento del Producto Interno Bruto este año y 1.7 para el próximo, deslindando lo destinado a aguas potables, que se encuentra en el mismo capítulo presupuestario.

La situación del hospital infantil había sido denunciada el mes pasado por su personal médico, que pidió lo declararan en estado de emergencia. Por la falta de mantenimiento de equipos e instalaciones, escasez de suministros de medicamentos y materiales, así como por deudas acumuladas de hasta 80 millones de pesos. Calamidad es el calificativo para denominar al mayor hospital infantil del país, donde con mucha frecuencia no se dispone de agua corriente a partir de la tarde y que sufre apagones compensados por plantas que a menudo adolecen de mantenimiento y de combustible.

Lo mismo ocurre en el hospital infantil Arturo Grullón de Santiago, cuyos servicios fueron precarios durante las dos semanas anteriores, a causa de una huelga del personal de enfermería. El paro fue solucionado el miércoles después que las autoridades de Salud se comprometieron a designar diez enfermeras adicionales, a instalar nuevos tomógrafos y ventiladores, a reparar rayos equis y otros equipos, a pagar los atrasos de 30 meses en incentivos a su personal de enfermería y abonar a deuda con los suplidores para garantizarle los materiales fundamentales.

Salvo un puñado de hospitales entregados a fundaciones que los operan en beneficio de clases medias y cobran por la mayoría de sus servicios, la red pública hospitalaria está afectada por las mismas calamidades, con salarios miserables para médicos y enfermeras, y con abundante personal administrativo en aras del clientelismo político. En esta pregonada sociedad del conocimiento, todavía los hospitales públicos no disponen de sistema informático. La situación se agravó desde que el año pasado el Gobierno anunció la supresión de la cuota de recuperación, sin incrementar los subsidios presupuestales, lo que en el Reid Cabral implica un millón y medio de pesos mensuales.

No, las lamentables muertes no pueden sorprender, aunque por suerte hayan escandalizado. Habrá que esperar que no se queden en el superficial informe de la comisión investigadora y originen cambios fundamentales.