Category Archives: Política

Éxito del Presidente Medina

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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El acuerdo logrado por el gobierno para mejorar las condiciones económicas del contrato que ampara la explotación del oro de Cotuí por la empresa Barrick Gold constituye un éxito indiscutible del presidente Danilo Medina y su equipo de negociadores, encabezado por el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Los nuevos términos sobre la participación del Estado en la explotación del yacimiento de oro y plata reivindican parcialmente el derecho de los dominicanos, mancillado por quienes renegociaron en el 2009 con la Barrick el contrato que se había firmado en mucho mejores condiciones en el 2002 con la Placer Dome.

Resalta la valentía y la responsabilidad con que el primer mandatario y sus principales funcionarios ejecutivos asumieron la renegociación aún a riesgo de herir hipersensibilidades en su propio partido de parte de quienes fueron responsables de una enorme iniquidad e inequidad, contratando en términos tan leoninos. Más difícil aún por cuanto una gran parte de los actuales legisladores fueron los responsables de dar legitimidad legal al contrato.

Habrá quienes pretendan que lo reivindicado no es suficiente, pero es muy probable que el gobierno haya conseguido lo que era viable buscando un acuerdo con la empresa minera, evadiendo una imposición unilateral que podría haber remitido el impasse a un arbitraje internacional, que por los términos del contrato no era un escenario favorable para los intereses del Estado.

Desde que el presidente Medina planteara su decisión de revisar el contrato, el 27 de febrero pasado, advertimos que se imponía un acuerdo amigable. En nuestro análisis en  HOY el 3 de marzo, bajo el título “La Barrick deberá transar con Danilo”, sostuvimos que la conciliación de intereses debería darse modificando la cláusula que condicionaba el inicio de la participación del Estado en las utilidades netas de la explotación a que la minera recuperara la totalidad de su  inversión y alcanzara beneficios netos de al menos 10 por ciento.

Planteamos que a los precios predominantes cuando la Barrick asumió la explotación de la mina hubiese requerido entre 6 a 8 años para recuperar una inversión cuantificada en 4 mil millones de dólares. Razón suficiente para que con los precios actuales la amortización se programara en un tiempo similar y se permitiera que el Estado comenzara desde el principio a recibir un mayor beneficio de la explotación.

El principal acuerdo logrado reprograma la recuperación de la inversión hasta en diez años más para generar utilidades inmediatas de las que el Estado recibirá una proporción no suficientemente preciada, pero equivalente a 2,200 millones de dólares en el cuatrienio 2013-16. Según lo informado, con los nuevos términos las utilidades que percibiría el Estado de la explotación de la mina ascenderían a 11 mil 600 millones de dólares, 1,600 millones más que lo que se proyectaba, un incremento del 16 por ciento.

Los cálculos se hicieron en base a un precio promedio de 1,600 dólares la onza de oro, lo que no es transparente por cuanto al anunciarse el acuerdo estaba en 1,449 dólares, precio promedio aproximado del último mes. Como el mismo comunicado indica que esos cálculos pueden subir o bajar según oscile el precio en el mercado internacional, de inmediato se reducirán los beneficios por el 9.43 por ciento por  debajo de los 1,600 dólares a que se cotizaba el metal el día que se anunció el pacto.

Aún con ese inexplicable déficit de transparencia, el acuerdo es un éxito que debe reconocerse al gobierno y una lección para que los políticos, legisladores y funcionarios tengan presente el interés nacional por encima de cualquier otro, para que el Congreso sea menos servil con los mandatarios de turno  y para que la ciudadanía sancione moralmente a quienes malversen el patrimonio nacional.

 

Venezuela sin la magia de Chávez

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Sin el carisma y la conexión popular de Hugo Chávez Venezuela no será la misma y sus líderes tendrán que transar para contener el desbordamiento de pasiones y odios, garantizar la gobernabilidad de una sociedad que ha quedado profundamente escindida como consecuencia del estrecho resultado de las elecciones del pasado domingo, y enfrentar el deterioro de los indicadores económicos.

La juramentación de Nicolás Maduro como nuevo presidente es un hecho casi imposible de revertir por más que se empeñe la oposición, a menos que aboquen a esa nación a una ruptura institucional con el desconocimiento del veredicto electoral, lo que implicaría graves riesgos de violencia, además de retroceso a una etapa superada.

La elección del domingo arrojó un balance más estrecho de lo esperado, pero no se han aportado las mínimas pruebas de que estuvieran viciadas por los fraudes del pasado. El sistema instituido, mediante el voto electrónico, permitió una computación automática, y se cumplió con la normativa de auditar el 54 por ciento de las urnas, sin que encontraran indicios de fraude. A pesar de ello el Consejo Nacional Electoral tuvo el acierto de disponer la auditoría del total, atendiendo una demanda que el candidato opositor Henrique Capriles había convertido en fundamental para aceptar el veredicto.

Si no encontraron fraude en el 54 por ciento parece lógico esperar que tampoco aparecerá en el 46. Todas las encuestas y las expectativas apuntaban a la elección de Maduro, como el último triunfo electoral de Chávez, su voluntad final que es casi imposible que pueda repetirse. Si los comicios hubiesen sido dos o tres meses después, a lo mejor Capriles sería el presidente. En los seis meses que mediaron entre la reelección de Chávez en octubre y la votación del día 14,  el partido gobernante perdió 615 mil votos, pasando del 55.07 al 50.78 por ciento, es decir 4.29 por ciento menos.

La prolongada agonía del líder de la revolución bolivariana, con la incertidumbre a que se sometió a los venezolanos por la poca transparencia, contribuyó a deteriorar la economía, con una devaluación de más del 40 por ciento, factores que deben haber influido la reducción del margen de victoria. La maquinaria política  gubernamental no pudo tener la misma dinámica, faltándole el líder que ganó unas siete votaciones con amplísimos márgenes. Claro que ayudados  por los usos y abusos del poder, que no son exclusivos del chavismo ni de los venezolanos, como aquí, para no ir más lejos. No hay dudas de que son expresión de una democracia adolescente.

La diferencia de casi dos puntos entre los contendores divide a Venezuela en casi dos mitades y multiplica las pasiones y confrontaciones. Pero es cuatro veces el 0.5 por ciento con que Felipe Calderón superó a López Obrador en México en el 2006, allí también con la ayuda del poder político y una grosera manipulación televisiva y empresarial. Y se le reconoció y gobernó seis años.

Queda claro que Venezuela no será la misma sin la magia de Chávez, quien le ganaba elecciones con diferencia de dos dígitos, a un frente único de oposición política, junto a los poderes tradicionales: empresariado, Iglesia, casi todos los medios de comunicación, Estados Unidos y hasta el sindicalismo.

No se debe subestimar a Maduro porque no tenga títulos universitarios, pues tampoco los tuvo Lula da Silva, y concluyó con altísimo éxito y aprobación. Pero hereda una situación política, económica y social sumamente complicada. Está obligado a transar, ojalá que sin revertir los aportes redistributivos del chavismo. Como siempre, detrás de un caudillo fuerte viene una dispersión. Y en lo inmediato la situación económica apremia.

Por aquí deberemos prepararnos para vivir sin el financiamiento de Petrocaribe que al concluir 2012 acumulaba más de tres mil millones de dólares, sin contar los 650 millones de dólares adicionales incluidos en el presupuesto nacional de este año, alrededor del 15 por ciento del déficit de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos del año pasado. Maduro tendrá que recortar gastos y erogaciones, y seguramente comenzará por donde menos le duela a los venezolanos.

El mayor fraude inmobiliario

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Aunque ya ninguna iniquidad nos debería sorprender, confieso que he quedado anonadado con la decisión del gobierno de asociarse en un fideicomiso con parte de los beneficiarios de lo que hace más de trece años fue calificado por una abogada apoderada del Estado como el mayor fraude inmobiliario de la historia nacional.

Puede ser parte del costo de la pasada campaña electoral, ya que el Poder Especial 7-13 con que el Presidente Danilo Medina  autorizó a su consultor jurídico para suscribir un Acuerdo Transaccional con quienes “poseen derechos registrados”  sobre una enorme parcela colindante con la Bahía de las Águilas, Pedernales, deja constancia, en su último párrafo, que el 7 de mayo del 2012, (a 13 días de las elecciones), el Procurador General de la República emitió un acto identificando los abogados apoderados por el Estado para que lo representaran en la litis.

Con fecha 15 de enero pasado el gobierno desistió del recurso judicial que buscaba anular los títulos de terrenos obtenidos irregularmente según comprobó y documentó la doctora Piky Lora Iglesias, quien hasta su temprana y lamentada muerte en 1999 fue apoderada del Estado para perseguir a quienes se asociaron para expropiarse de la parcela 215-A, en el municipio Enriquillo. Trascendió esta semana cuando lo reveló el periódico digital 7 días.com.

El poder autoriza un fideicomiso para la explotación turística del terreno, otorgándole el 45 por ciento de su beneficio a quienes compraron títulos de reforma agraria. Si alguno de los poseedores lo prefiere, podrá emprender camino propio, pagando al Estado el 55 por ciento del monto en que vendan, según el numeral 7 del Poder Especial 7-13, pero sin precisar cómo se establecería el valor actual del terreno que para explotación turística podría cotizarse en miles de millones de pesos. Seguro que algunos preferirán quedarse con parcelas propias.

El expediente completo de la investigación de Piky Lora fue entregado al presidente Leonel Fernández en 1999 por su hija la doctora Laura Acosta Lora. El 5 de diciembre de 1995, el director del Instituto Agrario Dominicano (IAD) Jaime Rodríguez Guzmán, mediante oficio 10790 solicita al Registrador de Títulos de Barahona el traspaso de la parcela 215-A “para un asentamiento agrícola”. Rápido, ese mismo día y sin ninguna averiguación, el doctor Ramírez Suberví transfiere al IAD la totalidad de la parcela (de 36 mil hectáreas). Dos meses después, el 5 de febrero de 1996, con el oficio 433, el Administrador de Bienes Nacionales, Carlos Eligio Linares, remite el expediente, con su aprobación, al  Registrador de Títulos de Barahona, quien al otro día ya lo inscribe en el folio 387, número 1547 y expide un nuevo título a nombre del IAD, pero esta vez por sólo 943 hectáreas, aparentemente bien seleccionadas.

El director del IAD procede a realizar un “asentamiento campesino” en terrenos inútiles para la producción agrícola o pecuaria. Piky Lora estableció que muchos de los supuestos asentados no sabían que eran propietarios de las parcelas de reforma agraria, y que ni vivían en la región y algunos eran difuntos. Pero ya “habían vendido” las parcelas a un grupo entre los cuales figuraba el senador de Pedernales Antonio Féliz Pérez y otros políticos como Puro Pichardo, así como a numerosas empresas que serían ahora los beneficiarios del fideicomiso.

La maniobra implicó la violación de procedimientos y leyes. Rodríguez Guzmán pidió el traspaso sin la aprobación del directorio del IAD. Tampoco obtuvo autorización legal del Poder Ejecutivo, y la ley de reforma agraria prohibe el traspaso o venta de las parcelas de asentamientos. Pese a todo eso, la complicidad de los funcionarios de cuatro gobiernos de tres partidos ha operado para que el tribunal de tierra no haya deshecho un fraude tan claro y comprobable. Y según dijo  el jueves el ministro de Turismo, Francisco Javier García, pretendiendo justificar la última decisión, podrían pasar 40 o 50 años más antes que el tribunal dictamine. O sea que no hay estado de derecho.

Al Poder Especial de Danilo Medina le faltó algo: una reparación, tal vez en especie, al ingeniero Rodríguez Guzmán por los meses de prisión que sufrió cuando la maniobra fraudulenta fue denunciada por el actual senador Wilton Guerrero, entonces director del IAD, de lo que sabe el actual Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, para aquellos años Fiscal del Distrito Nacional.

 

Otra impúdica repartición

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Las crónicas de los diarios de ayer daban cuenta de que esta vez hubo un final feliz en el impúdico reparto de la Liga Municipal Dominicana (LMD), ya que gracias al empeño del presidente Leonel Fernández, quien en medio de aplausos encabezó una segunda asambleíta de munícipes reformistas y peledeístas, en diez días, se logró un acuerdo para la elección del secretario general del organismo.

Actuó estelarmente allí el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, quien el próximo día 26 deberá encabezar la Asamblea General de la LMD para elegir al alto funcionario, que entonces será un verdadero paseíto, a diferencia del año pasado cuando sudó las gotas gruesas para al final evitarle un revés a la alianza PLD-PRSC.

La mayoría de los dominicanos y dominicanas ya no se acuerdan que el año pasado Fidias Aristy llegó a la asamblea con un apoyo militante de la mayoría de los alcaldes no sólo de su propio partido, el Reformista Social Cristiano, sino también de los peledeístas y hasta -¡barbarazo!- de los perredeístas. Y de nada valieron las negociaciones ni las apelaciones “a la disciplina”, los munícipes se mantuvieron firmes. Ya Fidias había hecho méritos tras varios meses supliendo en la secretaría general a su primo el Amable Aristy Castro, un doctor en negociaciones y repartos de envidiable experiencia.

Para lavar la vergüenza, tras varias horas de consultas y fallidos intentos, los estrategas del reparto encontraron una fórmula: en vez de elegir al secretario general de la LMD por cuatro años, como manda la Ley Orgánica del organismo y la Ley General de Municipios, extendieron por un año la provisionalidad de Fidias Aristy.

A fin de cuentas la Asamblea “es soberana”, tanto como para desconocer la institucionalidad.

Aristy y sus auspiciadores aceptaron aquella fórmula confiados en que con ese “time” podrían hacer los repartos y amarres necesarios para este año lograr los cuatro años reglamentarios. Y por ese camino iban, pues aunque una asambleíta presidida por el doctor Fernández había postulado a Johnny Jones  el día 4,  la rebelión seguía en pie, lo que esta vez no podía permitirse en vísperas de una elección presidencial. El presupuesto de la Liga este año supera los 700 millones de pesos y el millar de empleos. De ahí el duplicado empeño del primer mandatario y su equipo de negociadores.

Johnny Jones tuvo mejor suerte que el año pasado su compatriota Joaquín Ricardo, quien ni por ser sobrino del doctor Balaguer logró doblar el pulso a Fidias y su Amable primo. Pudo haber influido que el insigne cacique y repartidor higüeyano es ahora sospechoso de andar en malos pasos pretendiendo negociar con la oposición.

Lo mejor de la farsa es que, según Fadul, la declinación de Fidias ha salido gratis, pues “lo hizo de todo corazón”, ya que “este acuerdo es parte del camino que hemos recorrido juntos, el Partido Reformista y el Partido de la Liberación Dominicana”. El ministro negó que le ofrecieran otra parcela, como la presidencia del Consejo Nacional de Drogas, cuya titular acaba de ascender con salto espectacular al Tribunal Superior Electoral. Se corrió la voz de que el Aristy podría ocupar la vacante dejada por Subero Isa en la Suprema Corte, o una de las dos suplidas por los que declinaron ser suplentes en las altísimas cortes.

De cualquier forma hay que celebrar el éxito de la asambleita del viernes, ya que  garantiza que la del 26 transcurrirá sin mayores sobresaltos, si Fidias sigue siendo racional y generoso. Al fin y al cabo todo fue entre hermanos, y esta vez la alianza morada-colorada no tuvo que apelar a las fuerzas policiales y militares ni a los vuelos  rasantes de helicópteros con que impusieron al Amable Aristy en la LMD en el último año del primer mandato del doctor Fernández.