De vuelta a la vida

Por Juan Bolívar Díaz

Luego de una ausencia de cuatro semanas trato de volver a la vida  que casi se me escapa en el accidente que sufrimos el 22 de agosto, del cual afortunadamente mi esposa, Ada Wiscovitch, salió casi ilesa. Yo también tuve bastante suerte, considerando lo aparatoso del accidente. La yipeta que conducía bajo lluvia se deslizó sorpresivamente. Tratando de impedir lo peor dimos de dos a tres vueltas sobre la pista antes de que nos fuéramos   por una pendiente. El vehículo dio un vuelco en redondo, para quedar  sobre sus ruedas.

 Tengo que dar gracias a Dios y a la vida que me han dado una nueva oportunidad. Guardo gratitud hacia tanta gente que nos ayudaron y se solidarizaron con nosotros, que es imposible mencionarlos a todos. Al señor George Hart, el conductor que nos seguía y quien prestó apoyo a mi esposa en busca de auxilio.

  Gratitud para los agentes que nos trasladaron al Centro de salud de Piedra Blanca. Al personal médico que allí me suturó la herida que sufrí en la barbilla. Al equipo médico de Aero-Ambulancia que me dio auxilio, incluyendo la virtual puñalada para introducirme un tubo para evitarme un colapso pulmonar.

 Especial gratitud para todo el personal de Cedimat, a su director médico, el doctor Eduardo Yermenos, y los doctores José Miguel Stefan, Alejandro Báez y Ricardo Gutiérrez, y la directora administrativa, Milagros Ureña. Tuve la suerte de contar también con la asistencia de viejos amigos médicos, Bernardo Defilló, José J. Puello, Frank Valdés, y de otros generosos como Tomás  Lambertus y Carlos Guzmán.

 Agradezco al presidente Danilo Medina que se interesó de inmediato por ayudarnos. A los ministros Gustavo Montalvo y Gonzalo Castillo, al director de Amet y a todas las  personas que se apersonaron al centro de salud y luego a mi residencia, o que escribieron o llamaron por teléfono, A obispos, sacerdotes, religiosas y parroquianos que me incluyeron en sus oraciones y me comunicaron su valiosa solidaridad.

 De fundamental valor ha sido la solidaridad de compañeros y compañeras de Teleantillas y de HOY, incluyendo sus directivos, y a los que me han suplido con tanta generosidad como eficiencia. Lo mismo tengo que agradecer las atenciones de tantos colegas de otros medios.

Todavía estoy en proceso de recuperación, que parece será largo. Sufrí fracturas en la escápula y clavícula izquierda, y lesiones en dolorosas terminaciones nerviosas, lo que según algunos creyentes purifica el alma. Y como en mi juvenil militancia católica acumulé muchas indulgencias plenarias, espero tener garantizado un pase directo al paraíso.

Mientras tanto vuelvo al  oficio que llena mi vida, con su carga de angustias y frustraciones, pero también de buenaventuras, esperando ser más merecedor de la solidaridad de estas últimas semanas. Como el poeta León Felipe podría decir que no he sido suficientemente bueno, porque estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Y que marcho siempre con las riendas tensas y refrenando el vuelo, consciente de que lo que importa no es llegar solo y de prisa, sino con todos y a tiempo.

Despedida al general Valdez Hilario

Por Juan Bolívar Díaz

Hago un alto en el camino para rendir homenaje al general Rafael Adriano Valdez Hilario, un militar de vocación y sentido del honor cuya responsabilidad y sensibilidad me obligó a revalorizar la carrera militar después de la deshonra de la tiranía de Trujillo y la autocracia de Balaguer.

Cargando el peso nonagenario, el general descansó definitivamente en la conmemoración de la Restauración de la República. Descanso que se había ganado y merecía desde que se le agotó la capacidad para hablar, convirtiendo en una tortura su persistente empeño por comunicarse con los demás, la mayor prenda de la condición humana.

Ya lo había despedido en mayo del 2011 cuando escribí: “Ahora que todavía está consciente debemos reconocer a don Rafael Adriano Valdez Hilario como el general de la transición democrática nacional”.

Me refería al estelar papel jugado por Valdez en el primer año y medio del gobierno del presidente Antonio Guzmán, cuando se inició la transición a la democracia, proceso que tres décadas y media después está todavía inconcluso debido a los atavismos autoritarios, a los arrebatos y a la imposición que han signado la vida institucional de la nación.

Recuerdo aquel período 1978-79 cuando la sociedad dominicana se ilusionaba con dejar atrás las etapas de la dictadura y la anarquía y Valdez se constituía en un soldado garante de la transición, con firmeza y visión de futuro, despidiendo al generalato que pretendía retener el pasado autoritario encarnado en un caudillo y doblegando la soberbia de los que se creían por encima de las instituciones nacionales. Y cuando a él mismo le relevaron, muy temprano, de la jefatura de las Fuerzas Armadas pidió su retiro  con dignidad y vocación institucional, porque eso es lo que mandaba su ley orgánica.

Rafael Adriano Valdez abrió las puertas de los recintos militares a los comunicadores precursores de la democratización del país y proclamó la reconciliación de las Fuerzas Armadas con la población y el liderazgo civil, invitando al libre ejercicio de la comunicación, a la crítica constructiva, al respeto por la diversidad. Él, que se inició en la vida militar en plena tiranía y sufrió en silencio la intervención militar extranjera, se sabía protagonista de un salto histórico.

Aún en la cuasi dictadura de Joaquín Balaguer, Valdez Hilario ejerció con honorabilidad diversas posiciones militares y en funciones como la de director del Instituto Agrario Dominicano. Lo mismo haría posteriormente como embajador de la nación en Haití y Chile y como legislador.

Fue más generoso que la mayoría de sus compañeros de armas y más valiente que el liderazgo político cuando en el 2003 pidió públicamente al presidente Hipólito Mejía que reivindicara a los militares marginados y relegados por haber sido partidarios del gobierno y la Constitución democrática de 1963. Me consta que lamentó la cobarde  ingratitud de los beneficiarios políticos de la gesta constitucionalista de 1965, de la que él no fue parte.

Ahora que se ha marchado, su figura se agiganta en el recuerdo de quienes fuimos testigos y cronistas de la alborada democrática, por lo que me inclino reverente ante sus familiares, especialmente  sus tres hijas y su abnegada compañera de la segunda mitad de su vida, Rosario de la Mota. Su humilde mansedumbre, su altiva dignidad y su sentido del honor brillarán en la memoria de quienes escriban la historia de las Fuerzas Armadas dominicanas. ¡Salve Rafael Adriano Valdez Hilario, el mayor general de la transición democrática!

Consecuencias de la anomia social

Por Juan Bolívar Díaz
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Obliga a una seria reflexión el hecho de que 9 de los 13 beisbolistas suspendidos esta semana por las Grandes Ligas de los Estados Unidos por el uso de substancias prohibidas para aumentar su rendimiento sean dominicanos, una proporción del 69 por ciento. Desde que en el 2005 prohibieron el dopaje, 18 de los 43 sancionados son dominicanos para un promedio de 42 por ciento.

Se trata de una proporción demasiado elevada si se tiene en cuenta que los peloteros dominicanos en esas ligas han venido representado en la última década entre 8 y 10 por ciento del total, lo que pone en tela de juicio el prestigio que se habían ganado en estos años con sobresalientes actuaciones. Es obvio que la mayoría de nuestros atletas se han ganado sus lauros sin volarse las vallas normativas, pero algunos de los más relevantes están contribuyendo al desprestigio.

La cuestión está lacerando el alma de los dominicanos, que durante muchos años han compensado en el éxito beisbolero nuestra incapacidad competitiva en cuestiones fundamentales y el liderazgo negativo del país en múltiples evaluaciones, índices y barómetros internacionales.

Con lo recién ocurrido debería ser suficiente para que los jóvenes beisbolistas, los de las ligas mayores y menores, y los que llenan las academias nacionales, comprendan que ya no será posible  seguir exportando la anomia social que carcome  el alma de la sociedad dominicana. Es obvio que en Estados Unidos el que no pueda jugar limpio, quedará fuera de toda oportunidad en una actividad generadora de cientos de millones de dólares anuales para centenares de jóvenes dominicanos, en su mayoría provenientes de la exclusión social.

La reflexión tiene que ser generalizada entre los ciudadanos más responsables y en el liderazgo político y social dominicano. Todos tenemos que preguntarnos cuál es el futuro que nos espera como sociedad si desde arriba transmitimos el mensaje de que aquí la Constitución y las leyes, los reglamentos y las normas de convivencia no son para cumplirlas sino para ser burladas.

Esta sociedad está urgida de una catarsis para proscribir la idea de que se puede incurrir en cualquier delito, incluso de consecuencias sociales, con la seguridad de que quedará bajo el manto de la impunidad, si el infractor es de las élites políticas, empresariales o sociales.

Hemos de recordar una y otra vez que en el último índice de competitividad del Foro Económico Mundial la República Dominicana lidera en la posición 144 de 144 naciones en los renglones “despilfarro en gastos gubernamentales” y “favoritismo de los funcionarios públicos, y que ocupamos la posición 142 en “desvío de fondos públicos”.

 Hay que preguntarse cuál es el meta mensaje que estamos enviando a las nuevas generaciones, especialmente a ese tercio de los jóvenes dominicanos que ni estudian ni trabajan, según expresó esta semana el presidente Danilo Medina. Más aún cuando la impunidad genera una desvergonzada exhibición de la riqueza mal habida.

 El sociólogo Cándido Mercedes, un profundo analista dominicano, reaccionó al terrible escándalo de nuestros beisbolistas, indicando que “una sociedad donde las instituciones casi no funcionan, donde no hay consecuencias, con pobreza material sin institucionalidad ni valores, produce la pobreza del alma. Es la crisis existencial que nos abate y acogota nuestra sociedad, una crisis de paradigmas y líderes modélicos”.

 De manera que no seamos hipócritas atribuyendo toda la responsabilidad a esos beisbolistas. Ellos están siguiendo la partitura que le hemos enseñado. Su mayor error es no haber comprendido que nuestro desguañangue moral y ético ya no es aceptable en muchos países donde las normativas son para ser cumplidas y a quien atrapan fuera de base, queda excluido del juego.

Una estabilidad insostenible

Por Juan Bolívar Díaz

En circunstancias diferentes, tres reconocidos economistas aportaron datos esta semana que resaltan los graves riesgos a que se aboca la nación dominicana con un modelo de desarrollo absolutamente inequitativo que se sostiene sobre la base de un endeudamiento que está llegando a sus límites y con un nivel de pobreza que hace insostenible no sólo la estabilidad macro-económica, sino también la seguridad ciudadana y la paz social.

Miguel Ceara Hatton y Fabricio Gómez Mazara presentaron ponderados análisis socio-económicos durante un foro auspiciado por la coalición política Frente Amplio, en tanto que el veterano Carlos Despradel, conmemorando 50 años de su actividad como economista, comparecía en Uno+Uno para advertir sobre la necesidad de transformaciones de políticas económicas para evitar el colapso que amenaza el país.

Ceara Hatton resalta que entre el año 2000 y el 2012, los dominicanos y dominicanas bajo la línea de pobreza pasaron de 2.6 a 4 millones, impulsados en gran medida por la crisis financiera del 2003-04 originada en los fraudes bancarios, pero también cómo tasas de crecimiento económico anual entre 6 y 8 por ciento del producto interno bruto (PIB) no se han traducido en crecimiento del empleo. Con una tasa de pobreza del 42.3 por ciento de la población, once puntos por encima del promedio latinoamericano, la República Dominicana no garantizará la estabilidad.

Ya lo habían advertido estudios del Consejo Nacional de la Empresa Privada y Ceara y Despradel lo ratifican: en esos 12 años se crearon apenas 272 mil empleos formales, de los que casi dos terceras partes fueron estatales, expresión contundente del clientelismo sostenido con un endeudamiento que este año alcanzará el 45 por ciento del PIB y obligará a destinar más del 40 por ciento de los ingresos fiscales para pagarlo.

El escaso potencial de los “no pobres” se expresa en el hecho de que el 78 por ciento de quienes cotizan a la seguridad social tienen ingresos menores de 20 mil pesos, y 68 por ciento menor de 15 mil pesos, cuando el costo promedio de la canasta familiar está en 26 mil 716 pesos, resalta Ceara.

Despradel plantea que al final del 2012 la deuda total del Estado alcanzaba los 25 mil millones de dólares, equivalentes a un millón de millones de pesos, y que al finalizar este 2013 ya estará sobre los 30 mil millones de dólares. Se aproxima el día en que se nos cerrará el crédito o habrá una moratoria. Las consecuencias serán otra crisis que elevará aún más el nivel de pobreza. Sólo una real austeridad y una reingeniería que incentive la inversión y la productividad privada, podrán contener el derrotero.

Gómez Mazara resalta que el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo ha establecido en 686 mil 833 los jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que constituye una terrible amenaza a la seguridad y la paz social. Si sólo uno de cada diez de estos “ninis” se buscan la vida en actividades ilícitas, la inseguridad seguirá ascendiendo y la paz social estará cada vez más perturbada.

La irresponsabilidad de nuestras clases dirigentes queda al desnudo cuando Ceara resalta la tabla de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) indicativa de que este país ocupa el último escalón en inversión en educación entre los 21 de América Latina, en el período 2006-10, con una tasa de 2.40 del PIB y la posición 19 en inversión en salud con una tasa de 1.50 del PIB.

El desastre educativo determina que incluso una alta proporción de los jóvenes que alcanzan terminar el bachillerato, (y sólo la mitad lo inician) no tengan capacidad para un empleo productivo. En estos días se nos partió el alma cuando entre 15 estudiantes universitarios ninguno pudo apreciar aproximadamente las dimensiones de la mesa a la que estaban sentados. No dominaban la extensión de un metro.

Más allá de la cháchara nuestra de cada día, la realidad nos conduce a la inestabilidad económica y social. Y lo peor es que los sectores más influyentes parecen no darse cuenta.

La veeduría en el gobierno

Por Juan Bolívar Díaz
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 Cuando me invitaron a formar parte de una Comisión de Veeduría de las compras y contrataciones del Ministerio de la Presidencia del gobierno del presidente Danilo Medina, no tuve el menor titubeo, aunque  puse una condición: que los demás integrantes fueran personas de convicciones éticas, preocupadas por el mejoramiento de la gestión pública.

 Tres razones fundamentales me obligaban a aceptar esa responsabilidad. La primera es que no podía negar esa colaboración a un ministerio encabezado por un político de la integridad demostrada de Gustavo Montalvo, y de un gobierno que hace esfuerzo por reducir los altos índices de corrupción que corroe la función pública y  por mejorar la transparencia en su gestión.

 La segunda es que quienes luchamos por el mejoramiento de la gestión gubernamental estamos en el deber de incentivar y respaldar cualquier esfuerzo en esa dirección, aún a costa de echarnos encima nuevas responsabilidades que consumen el tiempo de descanso o del esparcimiento.

 Tercera, porque las experiencias en seguimiento a contrataciones del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) y del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese-CAL) habían sido gratificantes, pues demostraron que la transparencia y la honestidad en concursos y licitaciones  generan inmensos beneficios. Entre el 2005 y el año pasado, Promese se economizó cientos de millones de pesos por reducción hasta la quinta o décima parte del costo original de sus compras.

 El concurso de Indotel para la portabilidad numérica demandó a los veedores decenas de horas de trabajo en múltiples sesiones, con el agravante de que hubo que repetirlo, pues junto a sus técnicos y ejecutivos acordamos una segunda convocatoria cuando las primeras ofertas resultaron insatisfactorias.

 Los titulares de esos organismos, Elena Fernández y José Rafael Vargas, y sus respectivos equipos técnicos, se graduaron en la transparencia. No tuvieron que darnos nada, como tampoco nos pidieron incondicionalidad ni que dejáramos de ser críticos con la gestión del gobierno del presidente Leonel Fernández al que servían. En ambos casos dejamos constancia pública del éxito.

 Con mucho orgullo me cuento entre los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana, que arriba a su vigésimo aniversario, colaborando con decenas de instituciones estatales en un esfuerzo, no siempre exitoso, por mejorar la gestión pública, por reducir la discrecionalidad y la corrupción.

 PC ha firmado convenios y ejecutado programas junto a ministerios como el de Función Pública, Economía, Planificación y Desarrollo, Educación y Salud Pública, con la Procuraduría General, la Suprema Corte de Justicia, la Cámara de Cuentas, con el Congreso Nacional, Junta Central Electoral, Consejo Nacional de Reforma del Estado, con múltiples ayuntamientos y otras entidades públicas, además de los mismos partidos políticos. Ha habido resultados exitosos y aceptables, como también verdaderos fracasos, pero eso no nos ha impedido seguir luchando con los políticos y ejecutivos que tenemos. Aunque a decir verdad con momentos de desaliento.

 Lo que no podía prever es que la integración de esta comisión de veedores, despertaría tantos demonios y generaría tantos cuestionamientos a sus auspiciadores. Tampoco que motivaría una nueva tanda de infamias, insultos y descalificaciones, que ya se extienden a mi familia, de parte de fanáticos que pretenden la eliminación de la disensión, la crítica y la promoción de principios y valores consubstanciales al buen periodismo que me enseñaron en las aulas universitarias.

 Como hay tanta ignorancia y algunos quieren generalizar sus propias mezquindades  debo advertir que no hemos pasado a ser funcionarios gubernamentales y que la misión es gratuita, un ejercicio de ciudadanía, de responsabilidad social.

Espero que el esfuerzo fructifique, pero si no resultara así, prometo no suicidarme ni frustrarme ni declararme indiferente. Hasta la batalla final.

Aliento al nuevo jefe policial

Por Juan Bolívar Díaz
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Al escuchar al nuevo Jefe de la Policía Nacional en el almuerzo de esta semana del Grupo de Comunicaciones Corripio, no pude resistir una oleada de esperanza que crecía en la medida en que el mayor general Manuel Castro Castillo respondía los cuestionamientos que siguieron a su magnífica exposición inicial sobre la necesaria reforma de la institución que dirige.

Tanto me entusiasmó escuchar su concepción de la misión policial, la sinceridad y hasta su honradez autocrítica que lo observé fijamente para ver si estaba frente a un actor recitando lo que el auditorio quería escuchar. Todavía al despedirnos me pregunté si este hombre de origen humilde, por cierto que de la barriada capitalina de Mauricio Báez, no será absorbido por las mieles del poder, por los grandes intereses creados, por la cultura autoritaria y de riqueza y por el culto a la personalidad asociados a los altos cargos públicos.

Recordé otros jefes policiales que llegaron al cargo con altísimos propósitos y comenzaron muy bien, pero poco después torcieron el rumbo. Hubo uno en especial, el general Jaime Marte Martínez, que conocedor de mi criticidad frente a la vieja concepción policial como cuerpo represivo y de negocios, me invitó a una reunión con su estado mayor para que escuchara los informes regionales y el balance de sus primeros meses de gestión. Los logros y cambios introducidos eran impresionantes, incluyendo una drástica reducción de las ejecuciones extrajudiciales. Meses después todo aquello se fue esfumando, y el proyecto de reforma policial que sometió el presidente Hipólito Mejía  y aprobó su Congreso resultó una verdadera caricatura.

 El general Castro Castillo fue enfático en resaltar la necesidad de una reforma profunda que transforme la institución y la ponga en capacidad de prevenir la delincuencia y perseguirla con métodos y tecnologías eficientes y acordes con los tiempos. Plantea un “cambio en el pensamiento filosófico” que actualice la gestión policíal dejando atrás prácticas históricas de represión y autoritarismo propios de la dictadura trujillista y de la guerra fría.  Apuntó que la PN se quedó atrás en el proceso de transformación de la mayoría de los cuerpos policiales de América Latina.

Habló de una policía vinculada a la comunidad, a las exigencias actuales de una sociedad que quiere un fortalecimiento de las instituciones del Estado, prometiendo impulsar un nuevo modelo policial, a partir de la profesionalización. Para iniciar proclamó que para dirigir cualquier departamento será imprescindible ser egresado de la academia de estudios policiales.

Acompañaban al general Castro Castillo varios oficiales que conocí en ocasiones en que era invitado a dictar conferencias en el Instituto Superior de Estudios Policiales, y me recordaron la franqueza con la que exponía mis expectativas de dignificación de la misión policial.

He confrontado los viejos métodos, la represión y los abusos policiales, pero nunca me he olvidado de que son auspiciados por gobernantes,  políticos, empresarios, comunicadores y hasta religiosos, que reclaman mano dura y que creen que van a tener una policía eficiente pagando todavía salarios de 6 mil pesos a los rasos y cabos, de 7 mil a los sargentos,  de 9 mil 500 a los cadetes, de 11 y 12 mil pesos a los tenientes, de 21 mil a los coroneles y 34 mil a los generales.

El régimen salarial, el suministro de equipos, de ropa y zapato, la seguridad social y familiar, son elementos claves de la reforma y de la dignificación policial, sin los cuales no podremos evitar que muchos terminen asociados a la delincuencia y el tráfico ilegal  como forma de vida, o que dediquen la mayor parte de su tiempo a buscarse la subsistencia en el pluriempleo.

Quiero dejar constancia del entusiasmo  que me despertó el general Castro Castillo y mi  reconocimiento a presidente Danilo Medina que lo escogió, con la esperanza de  que  este gobierno impulsará una profunda reforma de la Policía Nacional. Ahí es donde se requiere la mano fuerte. Es imprescindible para revertir el auge de la delincuencia en todas sus expresiones, que es un fenómeno muy complejo en una sociedad tan desigual, de tanta ostentación y corrupción.

Increíble afrenta europea

Por Juan Bolívar Díaz
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 Todo el que tenga un mínimo de conciencia sobre la dignidad de pueblos y naciones, y crea en los más elementales preceptos del derecho internacional debe rechazar con energía el atropello de que fuera víctima el presidente de Bolivia, Evo Morales, lo que constituye una agresión a todo un país pobre que lucha por construir su propio destino y, por extensión, a todos sus vecinos y hermanos latinoamericanos.

 No hay que ser devoto de Evo Morales ni de su Gobierno para rechazar que se obligara a aterrizar al avión en que viajaba el presidente boliviano, por la simple presunción de que en el mismo podría ir el agente de inteligencia estadounidense Edward Snowden, varado en el aeropuerto internacional de Moscú tras desertar de sus responsabilidades y denunciar una inmensa red norteamericana de espionaje.

Fue un evidente exceso de complacencia por cuanto no se trataba de un terrorista, genocida o criminal condenado por un tribunal o siquiera con una orden internacional de captura, sino de alguien que denunció un abuso transnacional del derecho universal a la confidencialidad de las comunicaciones, particularmente en el ámbito europeo,  lo que debía ofender a quienes actuaron con tan asombrosa sumisión.

 Llama la atención que si Estados Unidos tiene capacidad para espiar las comunicaciones electrónicas de 38 embajadas de países amigos y enemigos, incluyendo las delegaciones y edificios de la Unión Europea, y millones de comunicaciones telefónicas y de Internet de todo el mundo, incluyendo a aliados como Alemania,  no haya podido establecer vigilancia en el aeropuerto moscovita para saber con certeza si Snowden aborda un avión tan  importante como el del presidente de una nación.

 No se puede justificar que un Estado cualquier se arrogue el derecho de interceptar las comunicaciones del resto del mundo, en violación de sus propias normas constitucionales y del derecho internacional, mucho menos que trate como delincuente al mandatario de otra nación que no le ha declarado la guerra ni le ha agredido.

 Se puede entender que Estados Unidos quiera sancionar al desertor, pero no agregando otra ignominia internacional a la que motivaron la deserción del agente. Pero lo más insólito, e inconcebible es que países como Portugal, Italia y sobre todo Francia, que debían estar ofendidos por el desenfrenado espionaje norteamericano, se prestaran tan dócilmente a colaborar con el intruso, sin el menor fundamento ni derecho, entorpeciendo el viaje de un presidente legítimo, negándole el paso por su espacio aéreo y obligándolo a un aterrizaje de emergencia.

¡Oh Europa! Que pobre demostración de dignidad, atropellando las normativas de la Convención de Viena que protege los derechos de los presidentes a sobrevolar territorios, siguiendo las pautas de la aviación internacional. ¡Cuánto se extraña a estadistas de la categoría histórica de Charles de Gaulle, de George Pompidou, de Francois Mitterrand, Willy Brandt u Olof Palme!

Hay que celebrar la inmensa dignidad y el coraje con que el primer presidente indígena de América resistió los intentos de que le registraran el avión tras su forzoso aterrizaje en Viena, Austria, precisamente la capital del derecho internacional. Le sobró la integridad y el valor que le faltó  a su colega Francois Hollande.

Y qué pena que Estados Unidos reproduzca actuaciones que pudieron explicarse en la guerra fría, cuando la Unión Soviética, China y sus aliados le disputaban la hegemonía. Pero que ahora resultan absolutamente prepotentes e insultantes y  que degradan su liderazgo en la promoción de la democracia y el respeto a los derechos nacionales e internacionales.

Hay que celebrar que la Organización de Estados Americanos condenara esta semana el atropello al presidente boliviano y reclamara las correspondientes disculpas, con votación casi unánime, con las excepciones de Estados Unidos y Canadá, así como de Panamá que se separó del consenso latinoamericano y caribeño.

Pareciera que tocamos fondo

Por Juan Bolívar Díaz

Nadie debe sorprenderse de que haya quienes pongan en duda la denuncia de que dos generales de la Policía Nacional y dos abogados políticos celebraron recientemente dos reuniones en las que se habló de acallar definitivamente al periodista Fausto Rosario Adames, director de uno de los mejores periódicos digitales de la región, destacado investigador periodístico y militante en la lucha contra la corrupción y por el fortalecimiento de las instituciones  democráticas.

 Hasta donde se ha sabido, no hay una grabación probatoria, pero sí un valiente testimonio en mano de las autoridades. A uno de los generales participantes ya se le había atribuido hace tres años el patrocinio de un atentado contra Rosario, en el cual perdió la vida un médico de contextura física similar y que se ejercitaba en la misma ruta que el periodista. Aquel crimen quedó en el misterio sobre todo porque uno de sus ejecutores en vez de ser capturado para despejar lo que ya se había denunciado como un errado asesinato por encargo, murió en uno de los frecuentes “intercambios de disparos con la Policía”.

 Con todo es comprensible que muchos se nieguen a creer que podemos regresar a la etapa en que la disensión  se pagaba con la vida y que se pueden repetir los ominosos asesinatos de Gregorio García Castro, Orlando Martínez o Narciso González, nunca suficientemente sancionados pero cuyos autores han sido perseguidos perennemente  por el repudio nacional.

 La duda es más razonable habida cuenta de que la mayoría creemos que el país tiene un gobierno que no toleraría un crimen de esa naturaleza. Pero por lo menos Fausto Rosario ha recibido una confidencia que compartió con las máximas autoridades de la nación, desde el Presidente Danilo Medina, al Procurador General Francisco Domínguez y el Ministro de las Fuerzas Armadas, Sigfrido Pared Pérez. Y todos los que conocen a este periodista lo saben incapaz de fantasear con una acusación de esa naturaleza, que siembra incertidumbres hasta en su propio ámbito familiar,  profesional y social.

 De ninguna forma sobra la alerta, la protección y la prudencia, ya que en la vida nacional se vienen produciendo acontecimientos que parecen demostrar que estamos tocando fondo en la intolerancia frente a la disensión. Por ejemplo la instrumentación de una turba de togados que ha pretendido intimidar al doctor Guillermo Moreno, destacado hombre público, prestigioso jurista, académico y dirigente político, por haber recurrido a la justicia pidiendo que se investigue la fortuna del ex presidente Leonel Fernández y el financiamiento de su fundación particular, tras aportar indicios de graves irregularidades.

 Moreno tuvo que ser rescatado de la turba que casi lo agrede en pleno palacio de justicia el viernes 21, durante un bochornoso espectáculo protagonizado por gente que debería tener respeto si no por sus derechos, al menos por la majestad de la justicia. Eso porque estamos creando nuevos dioses que no pueden ser tocados ni con el pétalo de un legítimo cuestionamiento.

 No deja de ser indicador de la intolerancia a la diversidad que destacadas figuras religiosas estén cuestionando y advirtiendo que tendrá que irse el propuesto embajador de Estados Unidos, por su preferencia sexual particular pero sobre todo por ser un defensor de homosexuales, lesbianas y transexuales, como si eso lo excluyera de cualquier actividad profesional en un mundo tan amplio donde gana cada vez más espacio el respeto a la diversidad y pluralidad. Y como si en toda la historia no hubiese habido esa diversidad sexual en gobernantes, artistas, deportistas, médicos, periodistas, obispos y hasta cardenales.

 En el país opera todo un aparato mediático y equipos pagados para inundar la radio, la televisión y los medios digitales de estigmatizaciones, para insultar, atacar y descalificar con calumnias y mentiras todo género de disensión, para endiosar a sus patrocinadores. Están conduciendo al fondo de la intolerancia y de ahí a la violencia y el crimen no hay mucha distancia. Ojalá que se le ponga límites pronto.

 

Otro grave atraso dominicano

Por Juan Bolívar Díaz
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Otro importante indicador de la pobreza y el atraso que todavía sufre la población dominicana lo constituye el hecho de que tenemos unas 33 mil personas ciegas de ambos ojos, de las cuales el 80 por ciento por causas prevenibles o curables como la catarata u opacidad del cristalino, responsable de la tercera parte de la ceguera universal, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El prestigioso oftalmólogo Juan Francisco Batlle, presidente del Comité Nacional para la Prevención de la Ceguera, ha dado la voz de alarma, resaltando que la catarata es hoy día una enfermedad fácilmente curable, y que la OMS promedia en tres mil las cirugías que se deben hacer anualmente por cada millón de habitantes para revertirla.

Con casi 10 millones de habitantes en este país deberíamos hacer 30 mil cirugías de cataratas, pero sólo llegamos a 12 mil, es decir, al cuarenta por ciento.

Si el 80 por ciento de la ceguera es prevenible con tratamiento a tiempo o reversible mediante cirugías, que hoy por rayos láser son simples y de bajo costo, en el país no deberíamos tener más de 6 mil 600 invidentes, es decir 26 mil 400 menos, todo un ejército de personas marginadas, en su gran mayoría pobres, muchas de los cuales sobreviven en la indigencia y la mendicidad.

Al anunciar un taller del 3 al 5 de junio próximo para elaborar un Plan Nacional para Erradicar la Ceguera Prevenible y Curable en todo el país, el doctor Batlle convocó a las instituciones del sector público y del privado a participar en un gran esfuerzo colectivo para enfrentar este claro indicador de pobreza y atraso.

La invitación se extiende no sólo a las entidades que prestan servicios de salud, sino también a los gremios, asociaciones y fundaciones del sector, a las agrupaciones comunitarias, y a los ayuntamientos.

Para graficar el carácter clasista de la enfermedad, el doctor Batlle informa que en el país hay 420 oftalmólogos, con una concentración apabullante en la capital, Santiago y unas pocas ciudades del norte y centro, mientras en toda la región este sólo hay seis y apenas tres en el suroeste.

En un país con alto desempleo, bajos niveles educativos, y un servicio de transportación y movilidad urbana caótico, la ceguera se constituye en un elemento de exclusión y marginalidad. Las víctimas quedan reducidas a la dependencia de familiares, cuando no al abandono y la miseria integral.

El doctor Batlle señala la irresponsabilidad con que han actuado las autoridades nacionales ante el problema de la ceguera, al recordar que en el 2005 se comprometieron ante la Organización Panamericana de la Salud a poner en vigencia un plan tendiente a erradicar la ceguera para el año 2020. Ha transcurrido la mitad del plazo fijado hace ocho años y ahora es cuando se trabaja para elaborarlo.

Ese plan deberá contemplar el examen anual de toda la población de la escuela primaria, algo que se hacía hace medio siglo por lo menos en los principales centros urbanos, para detectar a tiempo las enfermedades y prevenir la ceguera.

La descentralización de los servicios oftalmológicos, de equipos y personal profesional es un imperativo fundamental. Según lo que estiman la OMS y la OPS, la inversión en la prevención y cura de la ceguera es de alta rentabilidad, traduciéndose en aumento de la productividad en la población entre 18 y 65 años, en ahorro para las familias que tienen que subvencionar a los invidentes, y en reducción del gasto en salud.

La tasa de ceguera y la pobre inversión que hacemos para prevenirla y combatirla es otra muestra de la falta de prioridades en un país que ha cifrado el progreso y la modernidad en la simple siembra de cemento, y donde el clientelismo, el dispendio y la corrupción malversan una alta proporción de las contribuciones fiscales.

Es prioridad lo que se pide

Por Juan Bolívar Díaz
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Es probable que muchos vieran y escucharan esta semana por Teleantillas al  ingeniero Alejandro Montás, director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) y no quedaran impresionados por los datos que aportó, dramáticos indicadores de nuestro nivel de pobreza, y de los absurdos de esta sociedad que se presume en la postmodernidad, y de esta capital que Leonel Fernández nos legó como el Nueva York chiquito, el pequeño Miami o el Mónaco del Caribe.

Montás, quien es miembro del Comité Central del partido que ha gobernado el país durante 12 de los últimos 16 años, planteó que apenas el 5 por ciento de la gran urbe dispone de alcantarillado sanitario, razón por la cual sus deshechos van a los ríos circundantes y contaminan todas las fuentes acuíferas el litoral marítimo y el subsuelo.

A esa contaminación hay que agregar la generada por el vertido de las plantas industriales y de los aceites de los vehículos y de las decenas de miles de plantas eléctricas que operamos hasta en los barrios más pobres, gracias a las cuales pueden sobrevivir igual número de  pequeñas y medianas empresas y paliarse los apagones. También permiten que muchos “olviden” lo doloroso que es depender del servicio energético público en esta postmodernidad que tanto nos enorgullece.

El director de la CAASD dijo que todavía cerca de un tercio de las viviendas de la urbe no disponen de agua potable. Y aquí fue optimista, ya que la última encuesta Enhogar de la Oficina Nacional de Estadística estableció que a nivel nacional esa carencia alcanza al 56%. Agregó que ya la ciudad necesita otro sistema de acueducto para satisfacer sus necesidades y que los apagones complican la situación, porque el 70%  del agua se genera con electricidad.

Para colmo señaló que el 54% del agua del acueducto se pierde por falta de racionalidad, fugas y averías. No se le puede criticar el haber olvidado decir que en muchos barrios pobres hay que comprar el agua por tanques o latas, por lo que les sale más cara que a los ricos, contaminación aparte.

Y no es que falten estudios sobre las necesidades de agua y alcantarillado sanitario de la capital y el costo de la inversión que requiere, sobre los mil millones de dólares, que él espera se haga en 20 años, lo que implica que esta modernidad va para largo.  Se requiere una red de 3,400 kilómetros de alcantarillas y acometidas para 500 mil viviendas estimadas en 612 millones de dólares, incluido un emisor submarino para verter las aguas sanitarias a 300-500 metros de la playa y a 30 metros de profundidad. El nuevo acueducto demanda 250 millones de dólares y no se sabe cuántos más para sustituir viejas tuberías de 6-8-12 pulgadas de diámetro por nuevas de 20 pulgadas.

No se agobien, porque falta una perla: para cumplir sus responsabilidades la CAASD requeriría un presupuesto anual de RD$5,000 millones, pero solo recibe RD$1,250 millones, que apenas le dan para pagar personal y gastos fijos, entre ellos 924 millones por la precaria energía con que opera el acueducto. Como consecuencia, ocho de las 12 plantas de tratamiento de las aguas del Gran Santo Domingo están dañadas y no hay con qué rehabilitarlas. Más o menos que a nivel nacional, donde están fuera de servicio 24 de 28 de esos sistemas, según declaró hace unos meses el director del INAPA.

Aunque muchos vivamos en una burbuja mágica, embrujados por la ostentación pública y privada, fascinado por el verbo elocuente de nuestros líderes constructores de palacios, elevados y metros, promotores de la malversación y la ostentación, esta gran urbe donde se concentra la inversión, es un tremendo espejo de la pobreza nacional.

Por eso es más absurdo que haya quienes pidan un aeropuerto para San Francisco de Macorís, a 45 minutos del de Licey al Medio, Santiago, y a una hora y cuarto del de Catey, Samaná.  Y que otros aboguen enfáticamente por una nueva carretera norte sur, aunque hiera la mayor fuente de agua del país, que costará más de 500 millones de dólares y que el ministro de Obras Públicas acaba de definir como turística y ecológica, en vez de mejorar vías ya existentes.

Necesitamos un gran exorcismo a la fastuosidad y altas dosis de racionalidad para establecer prioridades, para no comprar autos de lujo ni hacer una piscina antes de disponer de suficiente agua potable, electricidad, escuelas y atención  hospitalaria, además de alcantarillados sanitarios en un país que pretende vivir del turismo.