Una democracia muy costosa

Por Juan Bolívar Díaz
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Los economistas y especialistas en administración deberían dedicar esfuerzos a calcular siquiera aproximadamente el costo que ha tenido para los dominicanos y dominicanas el último proceso electoral. Si lo hicieran se reafirmaría el criterio de que tenemos una democracia insoportablemente cara, además de frágil y primitiva.

En uno de sus informes de la observación del pasado proceso electoral, el movimiento cívico Participación Ciudadana, siguiendo los parámetros de mediciones internacionales, sostuvo que las elecciones dominicanas son las más costosas de América Latina y de las más caras del mundo. Estimando los gastos de la organización electoral, desde el año anterior más el financiamiento del presupuesto nacional a los partidos políticos, concluyó que los comicios salieron a razón de 30.4 dólares por elector.

Esa cifra es desproporcionadamente alta si se compara con los casos de Chile y Costa Rica, donde el costo es de 1.3 y 1.8 dólares por elector, o aún con los 2.3 dólares que le cuesta a cada brasileño. En México el diario El Universal publicó el 3 de julio que las elecciones presidenciales de este año salieron a 118 pesos mexicanos por elector, que a la tasa actual de 12.99 por dólar, equivalen a 9 dólares, menos de la tercera parte del costo dominicano. Si se quiere comparar con países más parecidos a la República Dominicana verifiquemos los 4.1 y 3.7 dólares por elector que cuestan las elecciones en El Salvador y Paraguay. No cabe duda que en este renglón negativo también lideramos, sino en el mundo como en la corrupción, por lo menos en América Latina.

Participación Ciudadana no incluyó en su cálculo el déficit de 700 millones de pesos en que incurrió una ostentosa Junta Central Electoral que regaló computadoras de última generación a los observadores internacionales. Aún así el costo real es mucho mayor si se suman los aportes privados a las campañas, de empresas y contribuyentes individuales, en dinero y especie, y el derivado del asalto político al Estado, en sus múltiples formas, de personal, dietas, vehículos, combustibles, pago clandestino de publicidad, en nominillas  y quién sabe cuántas marrullerías adicionales.

El otro costo, aún más descomunal, es el derivado del déficit fiscal, que en los comicios del 2008 y 2010 había sobrepasado los 50 mil millones de pesos, pero que en la primera mitad de este año por lo menos se duplicó. Sin contar con lo que ya había comenzado el año pasado.

Ese déficit fiscal ya lo han pagado los dominicanos en deficiencias de servicios. Y se seguirá pagando con nuevos gravámenes y ajustes de cinturones. Nunca sabremos por completo su soto total, ya que los gobernantes tienen un pacto de silencio sobre el particular, para proteger la buena fama del principal responsable de esa barbaridad, quien acaba de recibir en Canadá el título de Estadista del Año, entre otras razones por su “asombroso” manejo de la economía nacional, de parte de una fundación empresarial sostenida por agradecidas empresas con multimillonarios intereses en el país, como la Barrick Gold.

De cualquier forma, siempre habrá algunas “indiscreciones”, por lo que sabemos que el déficit del sector eléctrico estatal es de 1,800 millones de dólares, unos modestos 72 mil millones de pesos. También que a los hospitales de los pobres los dejaron tres y cuatro meses sin recibir su presupuesto,  que Salud Pública debe mil millones de pesos, que a Promese para medicinas populares les deben 600 millones de pesos, que la Procuraduría General le retuvieron 282 millones del subsidio a las cárceles, que a los contratistas del Metro les deben 500 millones de pesos y que la OPREP no tiene ni con que tapar las filtraciones de esa monumental obra.

¿Cuándo le pondremos límites a este primitivismo político, a esta burla a la ley de presupuesto, a estos despojos?  ¿Cuándo sancionaremos el delito político? ¿Cuándo dejaremos de ver como “normal” que quienes administren el Estado puedan disponer a su antojo del patrimonio nacional?

Son preguntas que laceran el alma de cualquiera y dejan un gran desafío a todos los que sueñan con una nación civilizada, democrática e insertada en la globalidad y la modernidad de que tanto nos hablan nuestros líderes políticos.-

 

¿Cuáles cinturones apretarán?

Por Juan Bolívar Díaz

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Todos deberíamos convenir con el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en cuanto a que ha llegado la hora de apretarnos el cinturón, dada la magnitud que ha alcanzado el déficit fiscal del gobierno, impulsado por el desguañangue que tuvieron que realizar para conservar el poder en las elecciones de mayo pasado.

Ese desguañangue prosiguió en el período de transición por el desbordamiento del gasto y del reparto realizado por el presidente Leonel Fernández, que en su competencia por superar a Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer como gran constructor de obras físicas, abusó hasta del dinero de los hospitales públicos para dar la pintura final a todo lo que era posible, aunque a gran parte de las obras le faltaren terminación interior y equipos para ser operadas.

Es impresionante también la magnitud del crecimiento de las nóminas del Estado en los últimos 20 meses del gobierno de Fernández, no sólo por vía del empleo, sino también con 20 mil 313 pensiones, una parte de las cuales fueron repartidas selectivamente con niveles de 25 a 50 mil pesos, aunque el 80 por ciento de los pensionados del Estado sólo reciben 5 mil 100 pesos mensuales. Una gran inversión de Leonel Fernández para abonar su eterna ambición de poder y reinar tanto o más tiempo que Trujillo o Balaguer.

El licenciado Reinaldo Pared Pérez debería comenzar por detallar cuáles cinturones cree él que deben ser los primeros en ser apretados. Si los de esa masa del 80 por ciento de la población que tiene salarios por debajo de 20 mil pesos mensuales, que a duras penas cubren el costo de la canasta básica, o los de los privilegiados que derrochan ofendiendo a los más pobres.

Daría un gran ejemplo el dirigente político y legislativo si comienza por plantear la eliminación de los barrilitos y cofrecitos de senadores y diputados para reducir su costo individual de 23.8 millones de pesos por año. Sólo con la eliminación del Fondo para asistencia social de los senadores (que no corresponde a la función legislativa) se ahorrarían 229 millones de pesos anuales, y si le suman los cofrecitos de los diputados y sus asignaciones para regalos navideños, por inicio del año escolar y las festividades de las madres y el amor, la reducción anual pasaría de los 500 millones de pesos.

El cinturón debería apretarse también, para ejemplificar y comenzar,  a todas los beneficiarios de pensiones privilegiadas, a los sueldos ofensivos que superen los 300 mil pesos, de todo el Estado sin excepciones, como están haciendo los gobiernos no sólo de España, Portugal y Grecia, donde el desmadre económico es insostenible, sino también en Italia y hasta en Francia, la segunda locomotora de la Unión Europea.

Como no hay partido de oposición en capacidad de poner freno al desbordamiento del gasto gubernamental y estatal, corresponde a las organizaciones de la Sociedad Civil endurecer su resistencia, fortalecer una gran coalición por la decencia política y económica, y tomarle la palabra al presidente del Senado.

Sí, que se planten con los “Principios Orientadores del Pacto Fiscal”, aprobados por el Consejo Económico Social, y comiencen exigiendo que los administradores de la cosa pública sean los primeros en apretarse el cinturón, pero sin amortiguadores, no sólo con medidas cosméticas, reduciendo siquiera un diez por ciento al inmenso huacal de 777 mil asalariados y pensionados del Estado.

Como parece que el presidente Danilo Medina está realmente empeñado en rectificar barbaridades, un endurecimiento de la Sociedad Civil organizada, incluyendo el alto empresariado y las iglesias, pudiera ayudarlo a establecer límites. Este es el momento y la coyuntura propicia para obligar a los políticos a rectificar. Si simplemente se les da más recursos, la fiesta proseguirá. Estamos hartos de que prometan austeridad, como han hecho con cada reforma tributaria. Que cese definitivamente la malversación de nuestras contribuciones y comencemos a enjuiciar a los mayores corruptos.

 

Aliento al presidente Medina

Por Juan Bolívar Díaz
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Es muy temprano todavía para juzgar la gestión gubernamental que acaba de iniciar el licenciado Danilo Medina Sánchez, pero desde ya todos debemos alentarlo en los pasos positivos que viene dando y cada vez que marque algún otro en el reordenamiento del Estado, y en  orden a la racionalidad, las prioridades y la calidad del gasto público para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Hay demasiado pesimismo en la sociedad dominicana derivado de tantos años de expectativas fallidas, con uno y otro Gobierno, de tres partidos diferentes, por lo que Medina tendrá que dar muchas demostraciones firmes para que muchos se convenzan que en realidad hará lo que nunca se ha hecho.

Ahí está su plan de austeridad, que ha comenzado por el mismo Palacio Nacional, y su código ético que son iniciativas para reducir la malversación y la corrupción, renglón en que el país acaba de ser ratificado como campeón internacional en el Indice de Competitividad del Foro Económico Mundial 2012-13.

El viernes el presidente Medina emitió su decreto 545-12 con el cual deja sin efecto tres entidades que, aunque en el momento de su creación parecieron necesarias, habían devenido en inoperantes o redundantes. Se trata del Consejo Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Comisión de Apoyo a la Reforma y la Modernización de la Justicia y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal.

Son organismos que hicieron contribuciones a la reforma institucional del Estado, especialmente CONARE. Más o menos ejecutada de acuerdo con los lineamientos consensuados, corresponde darle seguimiento a los organismos estatales vinculados, como establece el decreto.

Pero esto no es más que un comienzo, porque hay muchos otros organismos que ya carecen de sentido o que son redundantes y deben ser refundidos. Entre los más relevantes se pueden citar la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, la Comisión para la Reforma de la Empresa Pública y la Comisión de Apoyo al Sector Salud.

El pasado miércoles 5, Martín Polanco publicó en El Caribe un reporte sobre la abundancia de “instituciones inorgánicas que engrosan gastos del Estado”, resaltando la multiplicidad de entidades que pudieran ser refundidas, comenzando por las relacionadas a promoción o asistencia social: comisiones nacionales para el desarrollo barrial y provincial, Oficina de Desarrollo de la Comunidad, Pro Comunidad, Fondo de Promoción de la Comunidad, Plan Social de la Presidencia, Dirección de Comedores Económicos, y se acaba de crear la Dirección General de Programas Especiales de la Presidencia y su plan Quisqueya sin Miseria.

Relacionados con el ordenamiento del transporte: Oficina Técnica del Transporte Terrestre, Autoridad Metropolitana del Transporte, Oficina para el Reordenamiento del Transporte, Dirección General de Tránsito Terrestre, Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre, Consejo de Administración y Regulación de Taxis, además de que los ayuntamientos tienen departamentos con los mismos objetivos.

En el ámbito agropecuario hay también gran redundancia: Instituto Nacional de Estabilización de Precios, Instituto Agrario Dominicano, Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y sus similares Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal.

Toda esa abundancia de organismos no solo suponen miles de empleos, sino inmensos gastos en locales, mobiliarios, vehículos, dietas y energía eléctrica. En muchos de ellos virtualmente no se hace nada, porque los presupuestos no alcanzan, con el agravante de que tampoco hay incentivos para los profesionales y técnicos, pues los salarios no suelen ser atractivos.

Alentemos al presidente Medina para que intensifique la corrección de lo que está mal. Porque está muy mal que un país pobre malgaste tanto sus recursos en multiplicidades e inoperancias. El problema no es solo de corrupción, sino de despilfarro, de malversación, de desvío de los fondos públicos en aras del reparto clientelista.

Lo que nunca se ha hecho

Por Juan Bolívar Díaz

Expertos en publicidad consideraron muy largo el eslogan de Danilo Medina en la campaña electoral de “continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. El tercer objetivo es el que se ha pegado de forma contundente y perseguirá al gobernante a lo largo de su período de gestión, porque cada día es mayor el reclamo para que haga “lo que nunca se ha hecho”.

Sabemos lo difícil que resultan los cambios en nuestro país, donde se aprueban reformas al por mayor, con una Constitución y leyes redundantes fruto de múltiples concertaciones y pactos, pero que no se logra darle vigencia en gran medida. La circulación vehicular en calles y carreteras es un buen espejo donde se refleja nuestra terrible anomia social.

Danilo Medina proclamó esta semana que no quiere gente pobre viviendo en jaula de oro, ratificando el planteamiento de su discurso de juramentación donde     prometió implementar políticas para la promoción de los seres humanos, con modestia, sin sueños de grandeza. Creo que son muchas las ciudadanas y ciudadanos que quieren aferrarse a la idea de que Danilo puede hacer lo que nunca se ha hecho, es decir gobernar para la gente, no para la autoglorificación en cemento.

 Este país ha tenido grandes constructores desde Ovando a Trujillo, Balaguer y Leonel, y en verdad puede exhibir una gran urbanización y está sobre el promedio latinoamericano en infraestructuras como puentes y carreteras y ya tiene casi dos líneas de un tren subterráneo. Santo Domingo y Santiago son ciudades modernas por sus edificaciones, e infraestructura vial, de parques y monumentos.

 Pero Dominicana sigue siendo una sociedad atrasada con rasgos caóticos, incapacitada para competir en la postmodernidad globalizada, con 41 por ciento en la pobreza e indigencia y otra proporción similar en la cuasi-pobreza al tener ingresos por debajo de los 20 mil pesos mensuales. La falta de oportunidades empujó a millón y medio de los dominicanos y dominicanas a buscársela por el mundo. Con la agravante de que se marcharon muchos de los que tenían más firme decisión de progresar. Por eso tantos son emprendedores exitosos en una veintena de países.

Porque nos concentramos demasiado en la modernidad material, es que quedamos tan atrasados en capacidades, en educación fundamental y para la innovación y la productividad. Por eso los graves déficits competitivos, en comercio exterior,  y liderazgos en malversación, corrupción, falta de transparencia, pobreza educativa, en mortalidad materno-infantil, en embarazos de adolescentes y hasta en la persistencia de nuestros beisbolistas en pretender burlar las normas de competencia.  Necesitamos un gobernante que no reproduzca el interés de perpetuarse en  monumentos de piedras, que siembre en el alma de la sociedad y de la ciudadanía, aunque los frutos no sean de visibilidad inmediata para reproducirse por múltiples períodos en el poder, como todos los sembradores de cemento.

El desafío es muy grande porque es posible que quien haga lo que nunca se ha hecho hasta sea en principio subestimado, y a lo mejor ni siquiera pueda volver, pero la historia lo reivindicará. Claro que la ausencia de megas-obras puede y debe compensarse invirtiendo en millares de escuelas y centros de salud, en decenas de miles de viviendas para pobres en vez de apartamentos de lujo, atendiendo los innumerables reclamos de las pequeñas y medianas comunidades.

La mejoría en educación, la austeridad, la reducción de la malversación y la corrupción, permitirá a la vez elevar los salarios de maestros y policías, médicos y enfermeras, lo que redundará en mayor seguridad y calidad de vida.

Danilo encuentra un amarre constitucional, institucional y partidario que le impedirá aspirar a una reelección. Si parte de esa realidad y hace lo que nunca se ha hecho, trascenderá y podrá regresar en unos años. Será intrascendente si en circunstancias fiscales y económicas tan adversas intenta reproducir lo que siempre se ha hecho.

 

 

Quien puede lo más, puede lo menos

Por Juan Bolívar Díaz

La suerte corrida por el proyecto de ley de regulación salarial del sector público viene a demostrar lo difícil que va a resultar reordenar el Estado dominicano y corregir las profundas desigualdades e irritantes privilegios que se han venido instrumentando en beneficio de una élite de altos funcionarios públicos, especialmente en los organismos autónomos y descentralizados.

En uno de sus últimos actos de gobierno, el día final de su mandato, el presidente Leonel Fernández acogió los alegatos de inconstitucionalidad que se han levantado desde organismos estatales contra un proyecto elaborado por el Ministerio de Administración y sometido al Congreso Nacional por el mismo titular del Poder Ejecutivo.

No estaba obligado el doctor Fernández a esa iniciativa. Debió dejar la decisión de promulgar u observar la ley al nuevo presidente Danilo Medina, cuyo equipo económico y legisladores allegados pusieron particular interés en la aprobación de la regulación salarial, partiendo de la necesidad de ganar legitimidad para reclamar a la población mayores contribuciones.

Es obvio que todavía los legisladores pueden ignorar las observaciones presidenciales a la ley que ya había sido aprobada por ambas cámaras, aunque se duda que demuestran tal firmeza, ya que dentro de ellos mismos hay fuertes corrientes que rechazan las regulaciones, no las del salario formal que en su caso hasta podría elevarse dentro de una política de equidad, sino en los complementos como gastos de representación, alimentación y vivienda, combustibles, pagos por asistir  a sesiones y comisiones, por Navidad y el Día de las Madres.

 Hay muchos salarios formales en el Estado que superan hasta seis y siete veces los 131 mil pesos que hasta ahora se paga al Presidente de la República, o que duplican y hasta triplican los 292 mil pesos que gana el presidente de España o los 257 mil de sus ministros. Pero algunos cuando se les agregan los pagos adicionales, incluso por asistir a reuniones de consejos en virtud del mismo cargo, llegan a superar el salario actual del presidente de los Estados Unidos, que es de 33 mil dólares, equivalentes a un millón 287 mil pesos mensuales.

Eso en un país donde el 70 por ciento de los asalariados perciben menos de 15 mil pesos mensuales, y de estos la mayoría menos de diez mil. Donde el sueldo mínimo del Estado apenas supera los cinco mil pesos mensuales. Los 450 mil pesos mensuales que propone la ley de regulación como tope máximo son casi 90 sueldos mínimos públicos y cerca de 50 veces el sueldo mínimo más alto del sector privado.

Así como hubo juristas que alegaron inconstitucionalidad en el proyecto de regulación, otros lo justificaron ampliamente. Hay en el debate cuestiones difíciles de entender como esa de que múltiples funcionarios tienen que ser mejor pagados que el jefe de la administración pública. Tampoco  se puede entender la devoción por el cumplimiento de las normas constitucionales que súbita y selectivamente se apodera de algunos. En España, Italia y Francia nuevos presidentes han dispuesto en las últimas semanas  reducciones salariales, de sueldos navideños, de financiamiento y uso de vehículos. Pero en la República Dominicana se cree imposible.

Hay una máxima popular que proclama que “quien puede lo más puede lo menos”. Y como el presidente Medina es quien está designando los altos funcionarios, incluyendo los titulares de la mayoría de los organismos autónomos y descentralizados, bien podría también fijarles el salario y limitarle los beneficios adicionales. El que no esté dispuesto a trabajar para el Estado por salarios por debajo de 450 mil pesos, que se los busque en el sector privado, donde esos niveles de emolumentos son bien escasos.  Si la justificación de los salarios sin límites es la responsabilidad y capacidad, hay que hacer justicia inmediata, por ejemplo, a los médicos de alta especialización que en el Estado ganan 30 o 40 mil pesos. Y si es porque es el precio de la honestidad, estamos perdidos con decenas de miles de policías y militares que ganan entre 5 y 20 mil pesos.

 

 

Hay que ayudar a Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

En vez de rodearlo de homenajes, lisonjas y adulaciones como las que han abundado en los últimos días, al doctor Leonel Fernández hay que ayudarlo a pasar con éxito la prueba de la descompresión del poder, ahora que deberá abandonar el Palacio Nacional después de 8 años consecutivos y 12 de los últimos 16 años gobernando el país.

No le hacen nada bien los pronunciamientos como el del alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, de que tomará la antorcha para el retorno al poder del doctor Fernández en los comicios del 2016, porque lo inducen a abrir una muy prematura lucha por el retorno, que hasta podría ser traumática en su propio partido.

Todos los que estiman al doctor Fernández deben ayudarlo a evitar el síndrome de abstinencia del poder  que ha llevado a su amigo Alvaro Uribe a un precipitado enfrentamiento a su sucesor Juan Manuel Santos en la presidencia de Colombia.

 Leonel Fernández será el primer presidente de la historia dominicana  en entregar el poder a otro de su mismo partido también electo  bajo formalidades democráticas, lo que evidencia la cultura de que “el poder no se cede y menos a uno del mismo palo”. Lo más conveniente es que complete ese mérito reconociendo que este es el tiempo de Danilo Medina.

 Ya hay muchas vallas que sugieren el retorno al poder del que todavía no acaba de entregar y eso no debe proseguir con pronunciamientos como el de Salcedo ni proclamándolo como el perínclito de la historia nacional o el mayor benefactor de las Fuerzas Armadas, como hizo recientemente el ministro del ramo.

 Tampoco se ayuda a Leonel advirtiendo de posibles ingratitudes y comparándolo con Jesús el Nazareno, al que solo uno de diez leprosos que curó (Lucas 17:11) volvió  para agradecerle el haberle devuelto la salud, como lo hizo el director de Prensa del Gobierno, Rafael Núñez, en artículo publicado en Diario Libre y reproducido esta semana en la Revista Semanal Palacio.

 Excesos como los indicados pueden inducir al mandatario saliente a creerse realmente imprescindible y a formular planteamientos como el de esta semana cuando volvió a recurrir a José Martí para referirse a quienes solo ven las manchas y no la luz del sol, considerándolos malagradecidos.

 Estimaciones como esa pueden llevar a un error garrafal, pues se estaría considerando como malagradecidos a la inmensa mayoría de los dominicanos empadronados que no sufragó por el partido de Fernández. No debe olvidarse que el Partido de la Liberación Dominicana solo obtuvo el 37.73 por ciento del sufragio de mayo pasado, que a su vez solo representó el 26.3 por ciento de los empadronados, ya que la abstención superó el 30 por ciento. La reducción de la votación del PLD, que obtuvo 200 mil votos menos que la principal opción de oposición, no parece ser fruto del mal agradecimiento sino de la insatisfacción y del cansancio.

Los seguidores de Leonel Fernández deben ayudarlo a comprender que él ha sido un favorecido excepcional del poder, pues figura entre un puñado de líderes de  la democracia universal que han conseguido ser electos presidentes más de dos veces: Franklin  Delano Roosevelt en Estados Unidos y Konrad Adenauer en Alemania son los únicos con cuatro elecciones. Felipe González en España, Hugo Chávez y Leonel Fernández en América Latina han ganado tres veces. José María Velasco Ibarra es el rey con cinco elecciones en Ecuador, aunque solo dos veces completó el período de 4 años y en otras dos solo lo dejaron gobernar por 11 y 14 meses.

 Sería una señal de prepotencia y sobre estimación que el doctor Leonel Fernández, quien obviamente aspira por lo menos a un cuarto período, saliera ahora considerando mal agradecidos a casi tres de cada cuatro dominicanos registrados en el padrón de electores. Como concluye Andrés L. Mateo: ¡Oh Dios!

 

 

 

La suerte de Miguel Olivero

Por Juan Bolívar Díaz

A las 8 de la noche del domingo 4 de enero del 2009 Miguel Abraham Olivero Jiménez, 22 años, fue sacado de la fiesta navideña que junto a su novia y otros muchachos celebraban en el parqueo de su residencia en el barrio Invi de Santo Domingo Este por dos agentes policiales que rondaban “en busca de delincuentes”. Lo subieron al motor en que patrullaban y tras llevarlo a un descampado le metieron un solo balazo en la pierna y lo condujeron luego al cuartel policial, donde la patrulla fue recriminada por crear problemas al llevarlo vivo. Porque debieron matarlo.

Realmente Miguel Abraham fue un muchacho dichoso. Está vivo porque algo le remordió al raso Carlos Manuel Cuevas Pérez, que misericordiosamente sólo le disparó a una pierna y desobedeció la orden de que lo rematara del cabo Julio Soto Reyes. Lo demás es que era hijo de un funcionario y profesor de la Universidad Autónoma y ex dirigente peledeísta, de los fundadores, Juan Tomás Olivero, quien movió todo lo que pudo para salvar a su hijo, incluso llamando al programa Jornada Extra, que estábamos realizando a esa hora por Teleantillas para denunciar la situación. El Rector de la UASD gestionó rápidamente ante la PN.

Miguel pudo ser trasladado a un hospital, bajo custodia policial, donde recibió atención y unos meses después logró su plena rehabilitación. Su dicha fue mayor porque además del coraje de su padre, tenía un pariente abogado, Praede Olivero Féliz, que aunque ejerce en Barahona, dedicaría más de tres años al caso en Santo Domingo, moviendo cielo y tierra hasta lograr una condena definitiva de la Suprema Corte contra los dos criminales

No fue nada fácil. Sufrieron un intento de agresión cuando iniciaron la querella en la fiscalía de Los Mameyes. En la audiencia preliminar refuerzos policiales procuraban intimidarlos. Abraham era amenazado. Tuvieron que mudarse del barrio, de su casa propia a una alquilada en el Distrito. La UASD les puso un equipo de seguridad para protegerlos. Participaron en una docena de emisiones del telediario Uno+Uno y de Jornada Extra.

El calvario judicial se resume como sigue: el 8 de enero del 2009 el Quinto Juzgado de Instrucción de la Prov. Santo Domingo dispone medida de coerción, remitiendo a los policías a La Victoria, donde nunca serían conducidos. Pese a ello el raso Cuevas es ascendido a cabo. El 6 de Julio del mismo 2009 el Cuarto Juzgado de Instrucción acoge la petición de juicio, y al comenzar marzo del 2010, el primer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia los condena a diez años de cárcel y una indemnización de un millón de pesos.

Los abogados de los policías apelan el 8 de marzo y la Corte dispone un nuevo juicio por parte del Segundo Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, el cual el 5 de Octubre ratifica la condena de diez años de prisión por asociación de malhechores, abuso de autoridad y por los golpes y la herida sufrida por Miguel Abraham. Una nueva apelación fue rechazada por la Corte de  Apelación el 11 de abril del 2011, y como los acusados recurren en casación, la Suprema Corte la declara inadmisible el 10 de agosto del 2011, por lo que la condena queda como definitiva.

Un año después los policías no han llegado a la cárcel de La Victoria y siguen cobrando sus sueldos, según testimonió por televisión esta semana el abogado Olivero Féliz, quien además logró demostrar ante los tribunales que la pistola que atribuían al joven estudiante y empleado de la UASD era portada por uno de los policías, aunque había sido robada en un asalto a un establecimiento comercial.

Cuando le preguntamos a Olivero cuánto habría costado llevar ese juicio, dijo que por lo menos 500 mil pesos. La suerte de Miguel Abraham es tan grande que le salió gratis. Cualquiera tiene la tentación de considerar la justicia muy cara, prohibitiva y riesgosa para cualquier otro muchacho de barrio. Es duro nuestro estado de derechos.

 

Iniquidad en las pensiones públicas

Por Juan Bolívar Díaz

Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

 Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

 La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

 Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

 Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

 Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta dos años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

 Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

 Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de cinco mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1,057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

 ¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!

Consecuencias de la impunidad

Por Juan Bolívar Díaz

El reciente asalto policial para rescatar de manos de la justicia a un agente del orden público procesado por el asesinato de un joven en San Francisco de Macorís fue una nueva escalada en la descomposición que se registra en el país y que pone en jaque el Estado de derechos, la cual ya vemos como natural.

Más allá del despido de cuatro decenas de policías, incluyendo varios oficiales y su comandante, el acontecimiento obliga a una mirada profunda sobre la actuación del cuerpo encargado de mantener el orden público y sobre todo el tinglado montado para combatir la creciente criminalidad que agobia a la sociedad dominicana creando un estado de inseguridad.

No deja de ser un acto de hipocresía que quienes han autorizado a la Policía Nacional a matar cientos de presuntos y reales delincuentes, llevándose de paso a decenas de inocentes, a realizar su propia justicia, sumaria y con la extrema privación de la irrevocable vida, se alarmen ahora porque todo un destacamento policial se atreviera a desafiar la orden de un juez, previo desfile callejero con armas en ristre. En una ciudad donde decenas de jóvenes han sido lisiados por la política de los “cirujanos” de la PN que disparan a las rótulas de los muchachos pobres, solo de los que no pagan sobornos, sospechosos de delinquir.

Ese barbarismo y primitivismo policial ha sido justificado, explicado o por lo menos silenciado por personajes nacionales de todas las categorías, desde presidentes y arzobispos hasta procuradores generales y fiscales, editorialistas y comentaristas de los medios de comunicación, juristas y civilistas, líderes políticos y sociales.

¿Qué es lo que se ha encargado a esos policías? Los hemos armado y animado para que nos libren de delincuentes, para que “resuelvan” y nos protejan a cualquier precio. Por eso les debe resultar inconcebible que un pretencioso juez se atreviera a ordenar prisión contra un “heroico” compañero de armas, por el “simple hecho” de haber matado un joven que ellos consideraban delincuente.

¿Hubo alguna alarma o se tomó alguna acción preventiva o rectificatoria cuando en noviembre pasado Amnistía Internacional puso a circular un libro con el sugestivo título de “Cállate si no quieres que te Matemos”, donde denunciaba cientos de muertes a manos de la PN y demandaba una rectificación y reestructuración a fondo de esa institución? Dicho informe da cuenta de 268 muertos a manos de la Policía en el 2010 y nada menos que 443 en el 2009. La reacción de las autoridades fue alegar que la prestigiosa organización internacional formaba parte de una campaña de descrédito contra el país.

De forma distinta reaccionaron las autoridades de Puerto Rico cuando en junio último la misma Amnistía denunció que su policía practica una política pública de tirar a matar, de brutalidad y abusos no solo contra los presuntos delincuentes (sí, presuntos hasta que un juez los condene), sino también contra inmigrantes dominicanos. Lean bien: se le criticó a la policía de Puerto Rico que entre 2010 y 2011 dio muerte a 21 (si, veintiuna) personas.

 Es la impunidad, la cotidianidad del abuso, el imperio de la conveniencia, lo que genera acontecimientos como el de San Francisco de Macorís. Y si no hubiésemos relativizado el Estado de derecho, el caso llegaría a las últimas consecuencias y la sanción no fuera solo el despido, sino también el procesamiento judicial de todos los responsables, empezando por los oficiales de mayor jerarquía.

 Este desafío al Poder Judicial debería sacudir la conciencia de tantas y tantos dominicanos que se han acostumbrado a las ejecuciones sumarias que practican los que según la Constitución y las leyes deben ser los primeros defensores de la vida, del orden y del Estado de derecho.

 

Manuel Ramón Morel Cerda

Por Juan Bolívar Díaz
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En estos tiempos tempestuosos en que se sueña con jueces electorales en capacidad de sobreponerse a las lealtades políticas para hacer honor a la jurisprudencia, conviene recordar al doctor Manuel Ramón Morel Cerda, quien fuera presidente de la Junta Central Electoral (JCE) entre 1998 y 2003. Todavía ejerce la abogacía e imparte docencia en el Alma Máter de la Universidad  Autónoma de Santo Domingo.

Morel Cerda ostenta dos récords relevantes en su función al frente de la JCE: es el único en la historia de ese organismo que ha enmendado un fraude electoral y uno de los pocos ciudadanos dominicanos que ha tenido la dignidad de renunciar a un alto cargo por terco apego a sus criterios.

Llegó al cargo en medio de un conflicto político, elegido por un Senado de mayoría perredeísta, que rompió el consenso que había primado en la escogencia de los jueces electorales tras la crisis de 1994. Tuvieron una “justificación política”, ya que fue una respuesta a la compra de una decena de diputados por parte del primer gobierno del presidente Leonel Fernández, para imponer a Rafael Peguero Méndez como presidente de la cámara baja, convirtiéndolo desde entonces es un aliado fiel.

Esa circunstancia marcaría la gestión de Morel Cerda en la presidencia de la JCE. El presidente Fernández y el caudillo reformista Joaquín Balaguer se unieron para objetar aquel tribunal electoral. Como entonces la sociedad civil tenía poder disuasorio, contribuyó a enmendar parcialmente el desequilibrio con una reforma que elevó de cinco a siete el número de jueces electorales.

En ilustre abogado santiagués quedó atrapado en las contradicciones políticas. Fue ofendido sistemáticamente y aún cuando actuó con total honestidad, nunca se libró de la acusación de perredeísta.

Pero a decir verdad, Morel nunca fue dirigente ni militante del partido blanco. Comenzó su carrera pública como juez de paz de Santiago en 1956 y fue escogido  Procurador Fiscal del Distrito Nacional en el efímero gobierno perredeísta del profesor Juan Bosch en 1963, hasta el golpe de Estado.

Morel fue de los fundadores del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, pero su prestigio lo ganó como abogado y catedrático y muy especialmente cuando presidió la Asociación Dominicana de Abogados en tres períodos –ninguno consecutivo- entre 1967 y 1978, cuando esa institución fue un baluarte de defensa del  precario Estado de derecho. El mismo subía a los estrados para defender honoríficamente a perseguidos políticos, privándose de hacer fortuna con su profesión.

Fue en la presidencia de Morel que la JCE confeccionó el padrón electoral con fotografía integrada que desde las elecciones del 2000 se ha reiterado como un instrumento transparente y eficaz. Cuando hubo que escoger para auditar ese nuevo padrón, la tarea se le encomendó a Participación Ciudadana, pese a que había formulado reservas y críticas por la falta de consenso en la elección de aquellos jueces electorales.

Reaccionó desproporcionadamente frente a PC cuando se detectó un error de uno de los técnicos de CAPEL contratados para la auditoría del padrón. Pero no trató de estigmatizar ni de excluir al movimiento cívico y al final del proceso le hizo un reconocimiento público por su contribución al mejoramiento del sistema electoral.

Cuando tras los comicios del 2002, durante una audiencia de la Junta Electoral de Santiago le mostraron ocho actas de colegios electorales alteradas a favor del PRD,  allí mismo, sin esperar llevarlo al pleno de la Junta Central Electoral, Morel Cerda dictaminó la anulación de cuatro y la rectificación de las otras cuatro, restando 500 votos al PRD. Eso no cambió el estrecho resultado, pero sentó el único precedente de anulación de un fraude electoral.

Finalmente Morel terminó renunciando a la JCE cuando la reforma del 2003 que agregó otros dos miembros y dividió el organismo en dos cámaras y un pleno. Lo entendió como un pacto político para quitarle poder, y lo fue. Pero su dignidad y entereza estaban por encima de cualquier consideración.

Se fue como llegó, sin haberse doblado ante el partidismo político. Tengo entendido que disfruta de buena salud pero no quería esperar su desaparición para reivindicar su honorabilidad.