La Navidad es solidaridad

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/787/460x390/0/9695D98B-9716-458A-A2A4-9A2071DB6307.jpeg

Es muy probable que estas festividades navideñas sean “más frías” de lo que nos habíamos acostumbrado, debido al programa de austeridad impuesto por el gobierno del presidente Danilo Medina tras el desguañangue de las finanzas que heredó de su antecesor. La querella se escucha por diversos medios, con nostalgia del enorme reparto de canastas de bebidas y alimentos por miles de millones de pesos a que nos había acostumbrado el despilfarro de los fondos públicos.

Hay que dar crédito al gobierno por la considerable reducción de un gasto que beneficiaba a los funcionarios mismos y sus familiares y relacionados, a comunicadores y líderes políticos y sociales que no necesitan esas ofrendas para celebrar la Navidad, aunque se reconoce que una parte se redistribuía a personas de ingresos medios y bajos.

Se justifica que se haya mantenido el reparto de cajas navideñas a los sectores más pobres, aunque muchos quisiéramos ver llegado el día en que estas boronas no sean necesarias. Debemos celebrar que el presidente Medina no haya utilizado estos repartos como mecanismo clientelista y que dispusiera un gran esfuerzo organizativo para evitar las humillaciones y hasta atropellos del pasado.

El programa de austeridad de este año debe tener efectos positivos como, por ejemplo, que nos permita asumir la Navidad con menos despilfarro, con una reducción de las bebentinas y comilonas que dejan al desnudo las tremendas disparidades y exclusiones de la sociedad dominicana.

Las circunstancias lucen propicias para reivindicar el origen de la celebración  de la Navidad, que no es otro que el nacimiento del profeta de profetas, Jesús, el Cristo, el hijo de Dios, o el humilde rabit de Galilea, nacido entre los pobres, quien vivió en la pobreza y se rodeó de gente sencilla para predicar un evangelio de solidaridad.

Para los que tuvimos la suerte de nacer en un batey azucarero dominicano  resulta muy fácil entender el espíritu de la Navidad, que siempre ha sido reafirmación de la fraternidad, búsqueda de los más desamparados, compromiso en la lucha por la justicia y el plátano para todos.

En esta Navidad nuestra solidaridad vuela a juntarse con Elena Lorac, encantadora muchacha de 23 años que lucha porque le expidan una copia de su acta de nacimiento para estudiar educación en una Universidad, o con Luis Felipe Fortiñez,   a quien ahora se le niega su condición de dominicano después de 47 años  de haber nacido en esta tierra, donde descansa su abuela, una inmigrante haitiana de principios del siglo pasado. En esos dos excluidos encarnamos la solidaridad con miles de hombres y mujeres, de todas las edades, condenados por simple decisión administrativa a vivir en un nuevo apartheid.

La solidaridad de la Navidad se extiende también a millares de obreros cañeros que durante años han reclamado el derecho a la jubilación para la que cotizaron durante décadas, regando con sangre, sudor y lágrimas los campos cañeros en los que se fundó durante un siglo el progreso dominicano.

Llegue también nuestra solidaridad a los cientos de miles de muchachos y muchachas a quienes esta sociedad negó el derecho a una educación y un empleo que les permita desarrollarse como persona, constituir una familia en ambiente sano y ser parte del progreso y la modernidad que pregonamos en los cenáculos del bienestar.

Sí, esta celebración, esta Navidad es para la reflexión, para los encuentros y reencuentros, para la solidaridad y la fraternidad. Que la paz de la Navidad nos alcance a todos y se reproduzca con generosidad. Amén.

 

La corrupción es política de Estado

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/776/460x390/0/A60FF75B-788D-44E3-AE85-927A2F26EC17.jpeg

China y Brasil son del puñado de países que han logrado un crecimiento asombroso en las últimas décadas, hasta entrar al círculo de las diez mayores economías del mundo, teniendo en común su enorme territorio, entre los cuatro más grandes y que, por demás, concentran cerca de la cuarta parte de la población mundial.

Ninguna de las dos naciones figura en los primeros lugares en los índices internacionales de transparencia pero están haciendo esfuerzos extraordinarios para combatir la corrupción, rechazando el criterio conformista de que es un mal de la humanidad, como quedó evidente esta semana en discursos de sus mandatarios.

Al inaugurar un congreso del partido oficial, sin oposición en capacidad de relevo, el presidente chino Hiu Jintao, dirigió sus cañones contra la corrupción, proclamando que “si no somos capaces de gestionar bien este problema, podría ser fatal para el partido y causar incluso el derrumbe del partido y la caída del Estado”.

Vale recordar que Jintao ya había abierto fuego contra la corrupción desde el discurso con que inició su gestión en el 2002, y luego en el 2007, y que desde entonces son miles las destituciones y procesos judiciales abiertos contra funcionarios de todos los niveles, incluyendo a un ex secretario del Partido Comunista Chino. Y en ese país las sanciones por corrupción llegan a la pena de muerte, que se aplica con frecuencia.

En una conferencia internacional anticorrupción, la presidenta de Brasil, Dilma Roussef, resaltó el papel de las instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción, a través de sus órganos de control ético, de la ley de transparencia y de la “Ficha Limpia” que impide la postulación a cargos públicos de quienes hayan sido condenados en alguna instancia judicial.

La admirada mandataria sostuvo que la lucha contra la corrupción es de las preocupaciones fundamentales de su gobierno y de la sociedad brasileña, al punto de que en la actualidad hay más de cien proyectos contra ese mal en el parlamento, proclamando que “no debe confundirse con una lucha contra el Estado o contra la política, porque se corrompen las personas, no las instituciones”.

Además de los órganos del Estado, Dilma Roussef  resaltó el papel de la prensa libre en el combate a la corrupción, aún cuando se produzcan exageraciones, porque “siempre es preferible el ruido de la prensa al ruido de la tumba de los dictadores”.

Vale también recordar que en Brasil acaba de concluir “el juicio del siglo” en el que 24 políticos y un publicista han sido condenados por corrupción, a penas que alcanzan hasta 40 años de cárcel. Los políticos del mismo partido de la presidenta, incluyendo a José Genoino y Delubio Soares, presidente y tesorero de la organización, y a José Dirceu, quien fue jefe del gabinete y mano derecha del presidente Lula Da Silva.

Si lo fue alguna vez, es obvio que ya la corrupción no es una política de Estado en Brasil, como lo sigue siendo en la República Dominicana, donde todo el aparato administrativo y de fiscalización del Estado, los organismos encargados de la ética, y una gran parte de los comunicadores son partícipes y defensores de la corrupción.

Aquí la corrupción es política del Estado para enriquecimiento personal, para ganar adeptos y elecciones, mediante el clientelismo y el rentismo. Se corrompe para comprar silencios y complicidades, para doblegar opositores. El reparto de lo público, la apropiación de lo colectivo, corroe las instituciones y reduce las posibilidades de progreso y cultiva la ignorancia, como base de la dependencia de los cuasi ciudadanos.

En este país se ha llegado tan lejos que es peligroso radicalismo  exigir transparencia, rendición de cuentas, límites a la podredumbre y sanciones. Por eso hasta gente seria ve con  indiferencia que el país sea situado en el escalón 144 en malversación de recursos públicos, entre 144 naciones, en el Índice de Competitividad del nada sospechoso Foro Económico Mundial.

 

Una casta de privilegiados

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/765/460x390/0/515D11BC-8745-400C-993D-7D264A0DD97B.jpeg

El escándalo generado por la pensión de 651 mil pesos mensuales otorgada al superintendente nacional de bancos Haivanjoe Ng  Cortiñas y el firme rechazo social que lo obligó a dejarla sin efecto, contienen múltiples lecciones y lecturas que debemos ponderar, ya que no se trata de un asunto individual, ni limitado a las pensiones, sino que se origina en salarios desproporcionados  que vienen constituyendo toda una casta de privilegiados en los organismos del Estado.

Hay que celebrar que la opinión pública y legisladores del mismo partido del beneficiario hayan rechazado firmemente la desproporción. Incluso es posible que las más altas instancias del gobierno hayan intervenido para persuadir a Cortiñas a apagar un fuego que cuestionaba los propósitos de austeridad y equidad sostenidos por el presidente Danilo Medina, ya que el superintendente habría estado en el Palacio Nacional horas antes de renunciar a la pensión.

Si Cortiñas logró una pensión de 651 mil pesos, más irritante porque sólo tiene 53 años y asumía la Contraloría General de la República, es porque tenía un salario desproporcionado, nominalmente de 899 mil pesos, sin los beneficios adicionales de gastos de representación, bonificaciones, vehículos, combustibles, choferes, vigilantes y otras cargas. Ese sueldo equivale a lo que reciben 175 empleados públicos de salario mínimo de 5 mil 117 pesos y la lujosa pensión representa lo que se paga a 127 pensionados del Estado. Hay que anotar que el 87 por ciento de los 152 mil 862 pensionados del Estado recibe el mínimo de 5 mil 117 pesos mensuales. Y que miles de maestros, cañeros, etc. esperan la asignación.

La prueba de que no es un asunto individual es que otros 16  funcionarios de la misma Superintendencia también fueron pensionados en agosto pasado con sumas por encima de los 100 mil pesos, incluyendo a dos con 437 mil y 413 mil pesos.

Los privilegios salariales se han extendido por las entidades autónomas y descentralizadas del Estado, dejando chiquitos los sueldos de 75 mil, 200 mil y 300 mil pesos que ganan los ministros del gobierno. Comenzó hace años en el Banco Central y se extendió a los bancos de Reservas y de la Vivienda, a la corporación y las distribuidoras de electricidad, a las superintendencias de bancos, de seguros, de valores, al Indotel, al Congreso, y desde luego a los miembros de sus respectivos consejos directivos que es donde se ha guisado tan espléndidamente.

Ya son centenares los privilegiados que ganan salarios sobre los 500 mil pesos en organismos del Estado, pagados con los ingresos, tasas y contribuciones (que lo mismo da) de la ciudadanía. Y muchos disponen de generosos paquetes “compensatorios”, incluyendo tarjetas de crédito para gastar a discreción.

No es que pretendamos que todos estén tan miserablemente pagados como los 80 mil maestros, los 55 mil militares, los 33 mil policías, ni como los médicos, laboratoristas y enfermeras, pero sin distancias tan abismales e irritantes que incentiven a los de abajo a buscárselas hasta con violencia.

Si se quiere percibir las inequidades convertidas en iniquidades hay que ver los “Criterios para la determinación de los salarios de los cargos de alto nivel en RD” del consultor chileno Enrique París, contratado por el Ministerio de Administración Pública.

Según ese estudio, de julio pasado, el promedio de los presidentes de América Latina recibe 8 mil 273 dólares, unos 322 mil 650 pesos, la mitad de la pensión de Haivanjoe Cortiñas. Y 15 de 19 mandatarios ganan sumas que representan menos de 28  salarios mínimos de sus países. Todos los que aquí ganan sobre 500 mil mensuales reciben al menos lo equivalente a 50 sueldos mínimos privados y a 100 estatales.

El escándalo de Haivanjoe nos remite de nuevo al Proyecto de Ley de Regulación de los Salarios Estatales. Pero sin dejar fuera a la casta de privilegiados. No tengo muchas esperanzas de que ocurra y temo que estas reflexiones sólo sirvan para ganarme animadversión entre múltiples eficientes servidores públicos que están en la casta de los privilegiados o aspiran a estarlo, incluso algunos amigos. Ojalá que algún día los pueda justificar, cuando reduzcamos la ignominia en que sobrevive el 80 por ciento de los asalariados nacionales que reciben menos de 20 mil pesos mensuales.

 

Iniquidad en las pensiones públicas

Por Juan Bolívar Díaz

Tan pronto sea aprobada y puesta en vigor la Ley de Regulación Salarial del Sector Público que se discute en el Congreso, habrá que dar otro paso trascendental para revisar el ordenamiento legal de las pensiones de los funcionarios y trabajadores del Estado, donde las inequidades e iniquidades pueden resultar todavía mayor que en el régimen de sueldos.

 Y no es que falte una regulación legal, pues el 11 de diciembre de 1981 el presidente Antonio Guzmán promulgó la Ley 379 que establece “un nuevo régimen de Jubilaciones y Pensiones del Estado Dominicano para los funcionarios y Empleados Públicos”, sino que la misma es violada sistemáticamente hasta por el presidente de la República e ignorada por una gran parte de los organismos autónomos y descentralizados del Estado que se han dado sus propios regímenes de pensiones y jubilaciones, disponiendo abusivamente de los dineros de los contribuyentes y creando una situación de irritante privilegio.

 La inequidad fue puesta de manifiesto el jueves por el director general de Impuestos Internos, el ilustre Juan Hernández, quien señaló que con más de 20 años de servicio público, si le tocara pensionarse de acuerdo a la ley, quedaría con una asignación de 40 mil pesos mensuales.

 Ello así porque el párrafo del artículo 2 de la ley establece que “En ningún caso el monto de la Pensión será menor al sueldo mínimo nacional vigente, ni mayor a la cantidad que resulte de la suma de ocho de estos sueldos ni será gravado por ningún tipo de impuesto”. Como el salario mínimo del Estado es 5 mil pesos, el máximo a recibir, no importa los años de servicio, méritos acumulados ni el nivel salarial, sería 40 mil pesos mensuales.

 Eso cuando el empleado público logra que el Poder Ejecutivo otorgue la pensión solicitada, porque muchos han muerto sin conseguirla tras cumplir el mínimo de 20 años de servicio, en cuyo caso le corresponde sólo el 60 por ciento del promedio devengado en los últimos tres años. Sube hasta el 80 por ciento en tres escalones con mínimo de 25, 30 y 35 años de servicio. Por ejemplo entre los maestros siempre hay miles mendigando las pensiones a que tienen derecho y que por sus niveles salariales cuando las consiguen no alcanzan los 20 mil pesos.

 Pero resulta que funcionarios del mismo Estado, por el privilegio de la autonomía o la descentralización, se pensionan hasta con cientos de miles de pesos. Hace unos años hizo escándalo público que Leonardo Matos Berrido se hizo aprobar una pensión de 450 mil pesos mensuales cuando acababa de ser designado administrador del Banco Nacional de la Vivienda. Un consejo de directores subordinado le aprobó la pensión, heredable hasta dos años después de su muerte. En otros organismos estatales se dan pensiones superiores a ese monto, mientras la mayoría de los pensionados del Estado no alcanzan a 20 mil pesos mensuales.

 Por otro lado la inequidad es mucho mayor cuando se observa que sólo el presidente Leonel Fernández ha otorgado cientos de pensiones, con montos oscilantes entre 25 y 50 mil pesos a artistas, deportistas  y comunicadores, que en su mayoría no han trabajado para el Estado. En muchos casos se trata de personas ricas, en plena edad productiva. Es parte del reparto político del Estado que este país tiene que superar.

 Y mientras tanto, miles de antiguos trabajadores de otro órgano autónomo, el Consejo Estatal del Azúcar, dan pena clamando en las calles por una pensión de cinco mil pesos para la cual cotizaron, y se mueren de pena y pobreza frente a la burla de haber visto que en el reparto de la última campaña electoral el presidente Fernández dispuso pensionar a 1,057 “cañeros”  muchos de ellos propietarios de tierras y asociados políticos.

 ¡Ay, cuánto mérito acumularía Danilo Medina si le entrara como a la conga a tantos privilegios, inequidades e iniquidades. Sería ciertamente lo que nunca se ha hecho en esta tierra de María Santísima!