Todos deberían renunciar

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la dignidad, la coherencia y el valor que ha caracterizado su paso por la gestión pública, desde que se le conoció en la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el licenciado Eddy Olivares Ortega ha dado una lección al liderazgo nacional al anunciar su declinación a seguir siendo parte de una cuestionada Junta Central Electoral (JCE), cuyas decisiones o indecisiones han contribuido al descrédito del sistema electoral dominicano, como han patentizado los diversos informes de observación del reciente proceso electoral.

El ejemplo de Olivares concierne a todos los restantes integrantes del organismo electoral, que también deberían presentar su renuncia reconociendo públicamente que una condición esencial de todo arbitraje es la independencia y la aceptación por parte de los diversos actores, a los cuales la legislación constitucional moderna acuerda el derecho a la recusación cuando entiendan que las autoridades o jueces tienen conflictos de intereses.

Debe advertirse que la carta de renuncia de Olivares a seguir como titular de la JCE, fue dirigida al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien días antes de los comicios de mayo anunció su disposición a reelegir a todos los integrantes del organismo, aprobando su gestión.

Si Eddy Olivares antepusiera su interés personal al de la sociedad, estuviera medrando en los ámbitos repartidores del poder y hasta presentándose como la expresión mínima de la disensión, o la representación de la oposición, especialmente porque como tal llegó a esa junta de reparto, y así se le ha considerado, aunque su integridad rebasa con mucho tal condición.

Ante la evidente impugnación de la totalidad de los partidos de oposición, y de amplios segmentos de la sociedad civil que propugnan por el entendimiento y la concertación en aras de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social, todos los integrantes de la JCE, como también los del Tribunal Superior Electoral, deberían mostrar su disposición a apartarse para no constituirse en piedras de contradicciones, lo que no corresponde a árbitros ni jueces.

Es probable que en ambos organismos haya personas con capacidades e integridad para mantenerse en los cargos, los que deberían ser considerados para el consenso necesario. Pero la mayoría, con sello político fruto del reparto, debe dejar el campo abierto.

Hay que reconocer que la renuncia, como la de Olivares, es muy poco frecuente en la vida pública dominicana, pero en el mismo ámbito de la JCE hay precedentes como el del doctor Manuel Morel Cerda, y la doctora Aura Celeste Fernández, que se retiraron cuando fueron objeto de impugnaciones, aún injustas, de diversos actores políticos.

Las deficiencias del último proceso electoral, el colapso de la imposición tecnológica, la personalización de la JCE rompiendo su carácter de organismo colegiado, su colocación por encima de la ley, su fracaso en lograr la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República y su incapacidad para aplicar los principios de equidad que proclama, determinan una renovación profunda del organismo.

Mientras tanto, congratulemos a Eddy Olivares, quien siempre defendió principios con más múltiples documentos ponderados y argumentativos, sin insultos ni descalificaciones. Defendió la transparencia en el uso de los recursos, en las contrataciones, tanto como los derechos ciudadanos cuando la JCE comenzó a negar la documentación de los dominico-haitianos, sin el menor amparo legal, que luego quiso darle el Tribunal Constitucional. La ley 169-14, que revocó parcialmente las exclusiones y la restitución de la documentación de 55 mil ciudadanos por la JCE, demostraron su acierto, compartido con la doctora Aura Fernández y en la última etapa con el doctor José Ángel Aquino.

Ojalá que Olivares Ortega decida incursionar definitivamente en la actividad partidaria, donde tiene un amplio campo para desplegar sus capacidades, porque es de los imprescindibles, los que investigan y defienden principios, sin miedo a quedar en minoría. Hacen falta para el rescate de la actividad política.

Urgente concertación política

Por Juan Bolívar Díaz
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La crisis en la gerencia del sistema informático  de la Junta Central Electoral (JCE) que se ha extendido a la importante Junta Electoral de Santiago, y la irrupción de narcotraficantes en la extensa y costosa campaña electoral dominicana, más la urgencia de adecuar la legislación y los nuevos órganos electorales al marco constitucional instituido en enero del 2010, están demandando una urgente concertación del liderazgo político.

 Las expresiones de Monseñor Agripino Núñez Collado al término de la última reunión entre los secretarios generales y delegados electorales de los dos partidos mayoritarios, indican un fracaso en los intentos de concertar una solución al conflicto originado en la dimisión del administrador general del Sistema Informático de la JCE, Miguel Angel García, complicada con la cancelación de un miembro de la Junta Electoral de Santiago, lo que por solidaridad generó la renuncia de otro. La recusación del presidente de la misma complica aún más la situación.

 La ausencia de concierto político en torno al arbitraje electoral pone en riesgo los avances que se habían logrado en los últimos años. Tanto la gerencia de informática como la Junta Electoral de Santiago habían sido determinadas por consenso y no se advierte una razón válida para que ahora se rompa.

 Las objeciones al ingeniero Franklin Frías como administrador del centro de cómputos de la JCE, válidas o no, han sido generalizadas desde hace una década, sólo que alternándose los actores. Si en el 2001 fueron justificadas y aceptadas cuando provenían del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, entonces en la oposición, lo mismo debe ocurrir ahora cuando la impugnación proviene de todos los partidos que no forman parte del gobierno.

 No se puede ignorar que ahora hay agravantes. A García lo hicieron saltar de la  gerencia general creada para subordinar a Frías. Y saltó cuando no encontró respuesta del presidente de la JCE a sus interrogantes después que su subordinado dirigió una circular a todo el personal en la que se autoproclamó jefe máximo del organismo. Todo lo dejó documentado García al publicar su dimisión.

 Hay que restablecer el consenso partidista en torno a la JCE. Poner a Frías sobre el mismo sólo sirve para incentivar desconfianzas e incertidumbres. La concertación es más urgente porque sin ella no será posible aprobar el proyecto de reformas electorales  elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que por constituir una ley orgánica requiere dos tercios de los votos de las cámaras legislativas que nadie tiene.

 El concierto es preciso también para que la urgente institución del Tribunal Superior Electoral no eche combustibles sobre el fuego. Lo mismo para la aprobación de los reglamentos operativos del mismo, que tomarían tiempo. Ya empiezan a acumularse expedientes en el proceso electoral por ausencia del órgano contencioso, lo que no hubiese ocurrido de haberse observado el mandato transitorio de la Constitución que mantenía los antiguos jueces hasta la constitución de los nuevos órganos electorales.

 La ocurrencia de un acusado de narcotráfico patrocinando un grupo de apoyo a la candidatura presidencial del principal partido opositor y la documentación de que había financiado la candidatura del actual presidente de la nación, es otro motivo para la urgente concertación, sin la cual será imposible la oportuna aprobación de los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de reformas electorales que contemplan medidas para limitar el financiamiento y reducir los costos de las campañas.

 El sistema político debe dejarse de hipocresías y aceptar la urgencia de regulaciones. La ciudadanía consciente sabe que el multimillonario financiamiento de nuestras descomunales compañas proviene en gran proporción de fuentes ilegítimas: del robo público, del tráfico de influencias, del dinero mal habido, de la inversión que busca rentabilidad y del abuso de los recursos del Estado. Hay que poner límites, pero ya!

 

Sinceridad, señor Presidente

Por Juan Bolívar Díaz

Al presidente Leonel Fernández le está haciendo falta un amigo sincero que le recomiende un poco de humildad y honradez intelectual al enfrentar la indeclinable  demanda nacional de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo, para que no siga ofendiendo hasta a sus propios colaboradores como ocurrió el jueves durante un acto de graduación celebrado en el Palacio Nacional.

El mandatario sostuvo que “en un debate serio sobre la educación primero hay que decirle qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, y luego hablar del resto”, es decir de la inversión, insistiendo en querer poner la carreta delante de los bueyes y desconociendo el sabio adagio popular de que el dinero no lo es todo, pero sin él estamos condenados a la pobreza.

Habría que comenzar preguntándole cuantos años más necesita en la presidencia de la nación para hacer que le respondan esas preguntas, y en quiénes confió para que durante más de una década  respondieran cuestiones tan vitales para la “sociedad del conocimiento del siglo 21” que él tanto ha ponderado. ¿Tal vez otros 12 años? Y si no encontró colaboradores capaces de darle esas respuestas, su trascendencia demandaba que saliera a buscarlas, aunque tuviera que autodesignarse ministro de Educación.

Pero no es cierto que esas preguntas y muchas otras no hayan tenido respuestas, tantas que hay que preocuparse por la memoria del primer mandatario. Se le ha olvidado que desde el Diálogo Nacional en su primera gestión, hasta la Cumbre de las Fuerzas Vivas en el 2009, la inversión y la calidad de la educación han sido la prioridad 1-A de  gran parte de la sociedad organizada y de los educadores.

El diagnóstico y las soluciones al retraso educativo quedaron expuestas ya en el primer plan decenal de Educación 1992-02, empujado por la sociedad dominicana durante la gestión de la doctora Jackeline Malagón. Cuando ese plan concluyó, técnicos bajo la regencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch diseñaron otro, desechado cuando  Fernández volvió al poder en el 2004 y designó a la doctora Alejandrina Germán como secretaria de Educación, quien procedió a hacer aprobar y poner en vigencia su propio  Plan Decenal de Educación 2008-2018.

Debe recordarse que, como los dos anteriores, ese nuevo plan educativo fue precedido por una amplia consulta que abarcó el período 2005-06 a partir del llamado Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, cuyo lanzamiento y conclusiones fueron proclamadas por el presidente Fernández y recogidas en un elegante folleto. Las consultas abarcaron a cientos de organizaciones sociales de todo género y a miles de educadores y personalidades.

El libro del Plan Decenal contiene una lista de cientos de “Personalidades y Organizaciones Participantes”, comenzando por los 24 integrantes de la “Comisión Institucional” para su elaboración, que incluye a los mejores técnicos  colaboradores del presidente Fernández, entre ellos la actual ministra Josefina Pimentel, a 28 integrantes del Consejo Nacional de Educación, 6 consultores y 7 exsecretarios de Educación.

Entre las instituciones participantes en las consultas están las universidades, organismos internacionales, entidades estatales, partidos políticos, iglesias, asociaciones empresariales, profesionales, sociales, sindicales y medios de comunicación, incluyendo las de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa.

Si el Plan Decenal no respondiera las preguntas básicas, el presidente Fernández debiera concluir que equivocó el país que ha gobernado. Pero ese programa es abarcador sobre los ingredientes imprescindibles para una educación de calidad, incluyendo un capítulo 8 sobre financiamiento, el cual proclama que para lograr sus objetivos y metas “se requiere una inversión sostenida y comprometida por parte del Estado, que alcance en el 2012 el 4.09 por ciento del PIB o el 20.46 por ciento del gasto público total”.

El problema del presidente Fernández es de sinceridad. Quedaría mejor si reconoce que su discurso y acción han andado divorciados y que él ha preferido invertir en cemento. El 47 por ciento de la inversión pública del 2012 se irá en obras viales.

Macondo está entre nosotros

Por Juan Bolívar Díaz

De verdad hay que reconocer cuan ilusos fuimos todos los que creímos que con la desaparición de Joaquín Balaguer, -el más acabado producto del primo-conchismo político de comienzos del siglo pasado- el país daría un salto a la modernidad con todo lo que conlleva de cambios de paradigmas, de institucionalidad y de abolición de la corrupción política y social.

 Desafortunadamente nuestros políticos se han dedicado a apostar a cuál reproduce con mayor efectividad los viejos métodos del clientelismo, el reparto de lo público y el cinismo, mientras hablamos de transparencia e institucionalidad. Los gestos, los silencios, sordera y mudez y hasta las inflexiones sonoras del más prolongado caudillo de nuestra azarosa historia se eternizan como emblema de sagacidad, ponderación y capacidad política que vergonzantemente se admira.

 Desde nueve meses antes de una elección andamos en caravanas de automóviles lujosos consumiendo un combustible cada vez más caro  que nos regalan o robamos, mientras en los principales partidos se desarrolla una doble campaña, de los candidatos del 2012 y de los que quieren serlo cuatro años después y  para colmo de ridiculez dicen que juegan un papel institucional.

 Este es el país que tiene una docena de embajadores ante las Naciones Unidas, 36 vicecónsules en Nueva York y 22 en Miami, más de 300 viceministros o subsecretarios y más de 250 generales, pero paga 8 mil pesos a los maestros y cinco mil a los policías para que hagan lo que puedan por contener el atraso y la delincuencia.

Pagamos un millón de pesos a Jacques Attalí para que nos diga lo que todos ya sabemos, para luego ignorar todas sus conclusiones, incluyendo la necesidad de invertir al menos 5 por ciento del producto bruto en educación, y luego firmamos compromisos internacionales de invertir un 5.5, pero declaramos enemigos a los necios que insisten en reclamar por lo menos el 4. El gobierno tiene miles de comunicadores en sus nóminas y doblega cada vez más la independencia de los medios, pero auspicia campaña para denunciar a un puñado de peligrosos agentes de la subversión o de los enemigos de la nación.

Tenemos que poner en retiro a unos jueces que han pasado de los 75 años limites, pero andamos a todo costo buscando una brecha para burlar la flamante Constitución o colarlos en una de las nuevas altas cortes, porque no pueden vivir fuera del entramado público. Mientras un subjefe de cómputos se autoproclama jefe  forzando la dimisión de su superior y los representantes de la institucionalidad lo premian. En tanto se arrea a los legisladores como ganado para que aprueben al vapor una ley que entrará en vigencia más de dos meses después. Pero dos meses no han sido suficientes para persuadir a un cónsul en Boston a que entregue el cargo del cual fue relevado por su presidente.

Nos  asombramos de que se roben y despeguen un avión en un aeropuerto internacional  en horas en que nada se mueve allí pero estamos resignados a que militares y policías dirijan el narcotráfico y todo género de actividad delincuencial mientras matamos a miles de muchachos pobres que salen a “buscarse lo suyo”.

Nos robamos las barandillas de los puentes, desmantelamos las torres eléctricas y el alambrado público, las espadas y los bustos de nuestros héroes, o las reliquias de los museos, para incrementar nuestras exportaciones de minerales, y  robamos doce veces una misma iglesia y asaltamos hasta al cura que nos confiesa.

Dios mío! Quién hubiese creído que Gabriel García Márquez era un “chivito excedido de frutas tropicales. Su Macondo con todo y su siglo de soledad se han quedado chiquititos. ¡Mete tu mano Señor!

 

 

 

Aciertos en la política exterior

Por Juan Bolívar Díaz

No solo la laboriosa y honorable proporción de origen palestino y árabe que es  parte significativa de la dominicanidad debe sentirse satisfecha por la visita del primer ministro de Palestina Mahmoud Abbas, recibido con los honores que merece por el Gobierno del presidente Leonel Fernández, sino toda la sociedad dominicana.

 Satisface también el anuncio de que el Estado Palestino abrirá en Santo Domingo una embajada y que esta será sede central en la promoción de las relaciones de esa nación con la región del Caribe y toda América Latina. Eso ha sido posible gracias a la firme determinación del Gobierno dominicano de reconocer los derechos del pueblo palestino.

 Ha sido una valiente decisión, dada la obsoleta dependencia de la política exterior dominicana de las posiciones e intereses de los Estados Unidos,  más allá de toda equidad y racionalidad, y ninguna mezquindad puede impedir ese reconocimiento.

 Por las raíces de árabes y palestinos en el país y sus múltiples contribuciones al crisol racial y de nacionalidades que constituyen la dominicanidad, pero también por elemental justicia internacional, tenemos que seguir dando apoyo a los justos reclamos para que el Estado Palestino sea una realidad plena  en el escenario internacional.

 Nada puede justificar que más de seis décadas después de constituido el Estado de Israel en territorios que entonces eran de dominio palestino, se esté condicionando el reconocimiento del Estado Palestino a que a los israelíes les dé la gana de aceptar las infinitas resoluciones y clamores internacionales  para que haya lugar para todos bajo el sol. Sólo los intereses económicos, las miserias y el oportunismo de la política electoral determinan la posición de los gobernantes norteamericanos.

El reconocimiento del Estado Palestino tiene que ser acompañado de la promoción de la convivencia en paz de  los rivales del Medio Oriente y no al revés.

Valga la circunstancia para reconocer la amplitud de la política exterior del presidente Fernández, que abandonó el tradicional aislamiento dominicano ante el mundo árabe y que nos hace recordar que África también existe, reivindicando la soberanía nacional. Está pendiente la realidad de la República Popular de China, a pesar del cariño y la gratitud por el pueblo de Taiwán que debió  conseguir reconocimiento como nación de haberlo buscado en vez de empeñarse en pretender que su minúsculo territorio y población eran la inmensa China de 1,300 millones de habitantes.

Por la visión y vocación internacionalista del presidente Fernández su política exterior es de las mayores prendas de sus tres períodos gubernamentales. Y es una lástima que haya sido opacada parcialmente por los excesos de embajadores botellas en los organismos internacionales, por las decenas de vicecónsules, por los viajes excesivos a ritmo mensual, por las desproporcionadas misiones y delegaciones y el gasto desmesurado.

Tampoco le han ayudado a obtener el justo reconocimiento los desbordamientos de alabarderos y turiferarios que ven al presidente Fernández liderando el esfuerzo por concretar la paz entre judíos y palestinos, en lo que han fracasado numerosos líderes de las naciones determinantes, o los que pretenden que le sobran los méritos para obtener el Premio Nobel de la Paz. Lo que nadie debe discutirle es el mérito de haber abierto al mundo las relaciones de la República Dominicana.

 

¿Disuelven el Partido Reformista?

Por Juan Bolívar Díaz

Como una condena o maldición de su caudillo y fundador, el doctor Joaquín Balaguer, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se diluye inexorablemente, cada vez más insustancial en el proceso político, víctima de la incapacidad de sus dirigentes para vivir fuera del presupuesto nacional.

Para la generalidad de los analistas políticos no ha habido ninguna sorpresa. Siempre se apreció que el PRSC era Balaguer, quien lo subordinó a su inconmensurable ambición política, y se apostó a que no sobreviviría a la desaparición del  caudillo. Él mismo se encargó de relegarlo a la tercera posición en el ranking político cuando en las elecciones de 1996 traicionó a su candidato Jacinto Peynado para apoyar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana que encarnó el doctor Leonel Fernández.

El empeño de Balaguer en cerrarle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez lo llevó a convertir al Partido de la Liberación Dominicana en la primera fuerza política nacional, lo que automáticamente relegó al suyo al tercer lugar, y desde entonces no ha podido ascender.

Los resultados de los tres últimos comicios presidenciales fueron reduciendo la votación reformista del 24 por ciento en el 2000, al 9 por ciento en el 2004 y a menos del 5 por ciento en el 2008. La alianza alternada con los dos partidos mayoritarios les ha permitido mantener una apreciable cuota de legisladores y autoridades municipales a costa de convertir al PRSC en un comodín o pieza de reforzamiento de las fuerzas políticas predominantes.

Con gran parte de sus principales figuras pegadas como la hiedra en la pared a un cargo gubernamental, en los cuatro últimos períodos gubernamentales tanto bajo regencia peledeísta como perredeísta, les resultó imposible aprovechar las insatisfacciones generadas por estas gestiones.

Ahora mismo el PRSC aparece atrapado y sin salida. Ni sus propios líderes, con contadas excepciones, creen que pueda repuntar, con la agravante de que está deviniendo en insustancial. Las encuestas apenas le atribuyen entre 5 y 8 por ciento de las preferencias de la población inclinada al sufragio. Y Amable Aristy Castro, que es quien más preferencias registra, no muestra interés en repetir una candidatura sin la menor perspectiva de éxito.

Lo peor es que ya el PRSC ni siquiera tiene poder para inclinar la balanza. Sus líderes están dramáticamente segmentados, halando unos para mantenerse aliados al PLD, otros buscan cobija en el PRD y unos pocos intentan  rescatar su identidad propugnando por llevar candidaturas propias.

La última encuesta Gallup-HOY indica que el 24.7 por ciento de los que aún prefieren al PRSC tienen como segunda opción a Hipólito Mejía, mientras el 17.8 por ciento prefiere a Danilo Medina.

En una encuesta auspiciada por uno de sus líderes, los reformistas se dividen en dos porciones casi iguales cuando se les pregunta si su partido debe ir solo o aliado a otro en las elecciones del 2012. El 45.8 por ciento por un lado y 47.8 por el otro. El 56 por ciento dice preferir al PLD como aliado, pero el 35 por ciento se inclina por el PRD. Pero en caso de una alianza con el partido gobernante, el 44.8 por ciento dice que votaría por otro partido.

En otras palabras que el PRSC se devalúa hasta en el mercado de las alianzas. Su presidente, Carlos Morales Troncoso, pudiera haber representado una opción, pero aparentemente prefiere seguir en la Cancillería de la nación, cargo al que tendría que renunciar si acepta la candidatura presidencial y quiere encarnar una alternativa.

Queda la persistencia de Guillermo Caram y la emergencia de nuevos lideratos como el de Ito Bisonó y Osiris de León. Pero para todo el tiempo se va agotando. Nunca el PRSC había estado tan cerca de su disolución.

Salutación a Danilo Medina

Todos los que aspiramos a cambios significativos en la forma de hacer política y gobernar el país debemos saludar la candidatura a la Presidencia de la República de Danilo Medina, a ser proclamada hoy por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y desearle suerte en un escenario de competencia tan difícil, como indican las encuestas.

Lleva varios años recorriendo el país, armando grupos y formulando propuestas renovadoras de Gobierno, bien articuladas, abarcadoras e incluyentes. Se ha rodeado de muchos de los mejores cuadros dirigenciales, profesionales  y técnicos de su propio partido y ha obtenido el de muchos otros procedentes de diversos ámbitos sociales.

Cuando turbulencias y tempestades originarias del inveterado caudillismo nacional sacudían la nave del PLD y repercutían en la nación, Medina se condujo con sabiduría, evadió las provocaciones y contuvo a los que querían responder, convencido de que era portador de razones que terminarían predominando, como ocurrió.

En el ínterin se preocupó en conversar directamente con múltiples actores de la vida nacional, tratando de convencerlos de que si le dan oportunidad cambiaría la forma de hacer política y de gobernar. Yo confieso que lo miraba fijamente a los ojos y que me convencía. Lo mismo me ocurría con varios de sus más cercanos colaboradores.

Convencido de que los tiempos no auspiciaban que los vientos tormentosos del continuismo llegaran a huracán, sostuve que si él mantenía la dirección armónica de su orquestación, ningún improvisado iba a poder disputarle la candidatura.

Pero también advertí que su problema sería ganar la presidencia, después de dos períodos de Gobierno peledeísta consecutivos y tres de los últimos cuatro, ya que la deuda social histórica, y políticas erráticas, junto a la descomposición delincuencial y rampante corrupción, crean un ambiente de cambio hacia cualquier dirección. Sobre todo si las circunstancias lo obligan a hacerse acompañar de muchos de los que encarnan hoy la indignación nacional.

He ahí el gran desafío de Danilo Medina: precisa la unidad y el respaldo de su partido para ganar, sin que le despojen del margen de diferenciación que le dio fortaleza ante propios y extraños durante los últimos años. Si los suyos no entienden que él parte con la desventaja del desgaste en el poder y que tiene que plantear renovación y diferencias para generar nuevas ilusiones, sucumbirá irremisiblemente.

No es fácil el desafío de Danilo: tiene que empezar a diferenciarse en la forma de hacer campaña electoral, impidiendo que el Gobierno irrumpa en la misma para que no se repita su grito desgarrador del 2003: “me venció el Estado”. Y el primer desafío será que los ministros que ha designado para dirigir su campaña electoral tomen inmediata licencia de sus cargos como ocurriría en cualquier democracia, aún de mediana intensidad.

El Gobierno tiene muchas formas de ayudar a Danilo. Pero no con los ruidos de esta semana previa a su proclamación, como el del ministro y “cara histórica del PLD” que agrede a diestra y siniestra e insta a la población a no pagar la energía eléctrica, la designación de otras docenas de generales, vicecónsules y viceministros, incluyendo a uno que acaba de ser responsabilizado de la malversación de cientos de millones de pesos que ha quebrado el Seguro Nacional de Maestros, y los abusos en el precio de los combustibles, en promedio 35 por ciento más caros que en diciembre pasado cuando el petróleo se cotizaba como ahora alrededor de 85 dólares el barril.

Sin duda Danilo Medina tiene graves desafíos, entre ellos el de mantener la ilusión de que los cambios son posibles en la política y los políticos nacionales.

Las virtudes de la democracia

Por Juan Bolívar Díaz

Gran parte de los políticos dominicanos han degradado tanto el alcance de la democracia que nos quieren convencer de que consiste simplemente en el derecho a elegir y ser elegido, viviendo de espaldas a la ciudadanía, sin rendir cuentas y haciendo lo que les viene en gana sin el menor rubor ni respeto por la opinión pública.

 En teoría, cuando están fuera del gobierno profesan amor eterno a las organizaciones sociales y hasta formulan valientes y profundos programas de gobierno para echarlos a la basura tan pronto se juramentan en un cargo. En la oposición reclaman rendición de cuentas, desde las funciones públicas actúan como monarcas trasnochados de siglos y desprecian a la “llamada” o “perfumada” sociedad civil y acusan de envidiosos a los contestatarios.

Lo peor es que los políticos dominicanos en el poder quieren convencernos de que no aceptamos la realidad de que “la política es así”, que andamos siempre entre utopías, o que somos opositores impenitentes a todo lo que se hace desde el poder, no importa que sea el robo y la malversación, o el genocidio de miles de muchachos pobres, acusados de  delincuentes.

Pero todos los días las informaciones internacionales dan cuenta de acciones gubernamentales demostrativas de que el ejercicio democrático tiene sus virtudes, entre ellas la de responder a los reclamos de la sociedad, (hasta con ruedas de prensa), la de mantener un mínimo respeto por el clamor público y la de reconocer el derecho a la participación, a la protesta y a la información.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, tiene sólo medio año en el poder y en lo que va de mes ha destituido a una docena de altos funcionarios, incluyendo un ministro y directores departamentales, a raíz de un reportaje de la revista Veja que dio cuenta de sobrevaluación de obras y cobros de comisiones. No tuvo que esperar que el caso pasara todas las instancias judiciales, que en todas partes conlleva meses y años.

Sometido a una serie de cuestionamientos que le han bajado la aprobación al 31 por ciento (proporción similar a la que le otorgan las últimas encuestas al actual mandatario dominicano), el presidente de Chile, Sebastián Piñera, acaba de realizar su segunda remodelación de gabinete en apenas 16 meses de gobierno, afectando a ocho secretarios de Estado, incluyendo los de economías, planificación, obras públicas y justicia, y a los dos más repudiados: los de la secretarías de gobierno y de educación.

La semana pasada un tribunal argentino condenó a otros siete altos oficiales por crímenes ejecutados durante la dictadura militar que concluyó hace 28 años a penas de prisión perpetua y a 18 y 22 años de reclusión. Unos 200 han sido condenados y queda pendiente un centenar de procesos.

Y el pasado lunes un editorial del principal diario español, El País, ante la profunda crisis económica de España, planteó al presidente Rodríguez Zapatero que “si quiere rendir un último servicio a su país debe abandonar el poder cuanto antes”, adelantando las elecciones programadas para marzo próximo, aunque el periódico reconoce que el mandatario no es el artífice de la crisis y dispone de toda la legitimidad para terminar su período. Nadie ha acusado a El País de conspiración mediática ni nada parecido y no se sorprendan cuando vean las elecciones adelantadas.

La condena pública por ejecuciones de terroristas de  la ETA por parte de un comando auspiciado por su gobierno, fue factor determinante de la pérdida del poder del gran presidente español que fue Felipe González. Y más cerca de nosotros, la justicia de Perú condenó al expresidentes Aberto Fujimori a una veintena de años de cárcel por auspiciar masacres aunque fuera a  nombre de la lucha contra el terrorismo.

Sí, la democracia contiene valores que nos son extraños. Hay que seguir soñando con verlos materializados en esta tierra donde jamás se ha condenado a un ladrón o a un asesino o genocida desde el poder, desde los que fusilaron al patricio Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, en los albores mismos de la República.

 

Dos inversiones escandalosas

Por Juan Bolívar Díaz
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El gobierno ha inaugurado recientemente dos obras construidas por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con costos  verdaderamente escandalosos, que ameritan una auditoría de la Cámara de Cuentas, y explicaciones del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) que en el pasado tanto se ocupaba de la pulcritud en las construcciones públicas.

A principios de mayo pasado fue inaugurada una cárcel construida en Higüey con inversión de mil 200 millones de pesos, cinco veces los 242 millones de pesos que costó una similar que edificó la Procuraduría General de la República en Moca, puesta en servicio a fines del 2009. El segundo escándalo lo constituye el edificio de estacionamiento de vehículos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo, inaugurado el primero de junio con un costo de mil millones de pesos, que según constructores privados debe estar sobrevaluado en cien por ciento.

Ambas edificaciones tienen en común un largo período de construcción. La cárcel de Higüey fue iniciada en el 2005, después que unos 140 presos hacinados en una ergástula murieron quemados. El estacionamiento de la UASD fue de la decena de obras contratadas en el 2006, que serían construidas en 18 meses con los famosos pagarés por 130 millones de dólares  que el gobierno puso en manos de la Sun Land. Entonces apenas se removió tierra para las edificaciones contratadas por la OISOE, porque como debemos recordar, aquello fue una verdadera estafa nunca esclarecida ni sancionada.

 Las dos cárceles son recintos modernos, amplios, con todas las áreas que demanda un centro de rehabilitación, como los que viene auspiciando la Procuraduría General de la República, en un nuevo modelo penitenciario iniciado en el gobierno de Hipólito Mejía, pero que se ha desarrollado durante la gestión de Leonel Fernández, con el entusiasmo del doctor  Radhamés Jiménez Peña y su extraordinario equipo.

Las dos edificaciones son bastante similares e incluso la de Moca tiene una capacidad ligeramente mayor, ya que puede albergar  mil 200 internos, mientras la de Higüey albergaría mil 152, es decir 48 menos, aunque mucho más espaciosa, con mayor extensión en áreas recreativas y deportivas, y un sistema electrónico de seguridad.

Pero no hay explicación ni justificación para que el recinto de Higüey haya costado cinco veces más, a no ser que la Procuraduría es un modelo de austeridad y la OISOE por lo menos de dispendio. Por cierto que mientras la del costo escandaloso tomó seis años, la de Moca se hizo en el tiempo récord de diez meses.

El parqueo de la UASD tiene que ser uno de los más costosos en su género en cualquier parte del mundo. Baste considerar que con capacidad para estacionar mil 248 vehículos costó mil millones de pesos, lo que significa 801 mil 282 pesos por cada estacionamiento, motivo de escándalo entre ingenieros constructores consultados. El costo de construcción ha salido a 35 mil 975 pesos por metro cuadrado, lo que casi duplica el de una torre de Gazcue o Naco, que anda por los 20 mil pesos, sin contar costo del terreno ni impuestos, como tampoco lo hubo en el parqueo de la UASD.

Desde luego, hay que tomar en cuenta que las torres están divididas en apartamentos con terminación de mármol o granito, con puertas y ventanas de maderas preciosas, entre tres y cuatro sanitarios por apartamento, balcones, piscina, jardines, áreas de entretenimiento y plantas eléctricas. El estacionamiento de los mil millones es cemento pulido y pintado, en siete galpones superpuestos y ascensores.

No hay manera de asimilar que se haya invertido mil millones de pesos en un edificio de estacionamiento en una universidad donde faltan pupitres, escritorios para maestros, aulas ventiladas, laboratorios y hasta sanitarios. Si esto no es malversación, hay que inventarle algún calificativo más adecuado, mientras discutimos el nuevo paquete impositivo.

Aún sobrevive la cultura trujillista

Por Juan Bolívar Díaz
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A medio siglo de la gesta histórica del 30 de mayo de 1961 resulta banal discutir si la nación ha avanzado o se encuentra estancada, tanto en el desarrollo material como social e institucional. Debe ser muy difícil identificar una sociedad que no haya dado pasos de avance en cincuenta años.

Lo que sí resulta relevante es determinar cuáles son los rezagos, en qué aspectos nos hemos estancado y por qué no logramos avanzar tanto como debimos, por ejemplo en el desarrollo humano,  habida cuenta de que generamos riquezas que debieron permitirnos colocarnos en mucho mejor posición y no figurar entre las diez naciones de mayores carencias entre las 34 del continente americano, según los indicadores del desarrollo humano de las Naciones Unidas.

En una de las cuestiones básicas que este país no ha avanzado es en erradicar la cultura trujillista autoritaria, excluyente, implacablemente violenta, de sumisión y resignación, cultivadora de la apropiación del Estado mediante todo género de corrupción y del presidencialismo y el continuismo en el poder.

Una prueba de que aún sobrevive la cultura del trujillismo es que  hay abundante espacio para discutir las supuestas bondades de una tiranía que desde su inicio y durante 31 años impuso su dominio a base de asesinatos, individuales y masivos, que violentó todo el código de los derechos humanos y políticos, acomodando el orden institucional a los propios intereses, que convirtió el país en una finca privada,  que se apropió hasta de las mujeres, vírgenes, casadas y hasta viudas de sus propias víctimas.

No había que haber vivido esa era para comprender los niveles de oprobio y opresión, de humillación y expropiación que conllevó por parte del tirano, de su numerosa familia y de sus asociados más serviles, entre los cuales se destacaron gran parte de los intelectuales de la época, doblegados, comprados y pagados con parte de lo que se apropiaba a la sociedad en su conjunto.

Todavía es frecuente escuchar loas a la “modernización del país”, a los avances en infraestructuras y al desarrollo material de la sociedad dominicana, como si Trujillo hubiese gobernado uno o dos períodos de cuatro años. ¿Qué nación latinoamericana no registró grandes transformaciones y modernizaciones entre 1930 y 1961? sin tener que pagar el precio de opresión y humillación que se impuso a los dominicanos.

La justificación de niveles de corrupción que nos hacen campeones mundiales, la prevalencia del criterio de que al poder se llega para apropiarse de lo público y para quedarse, son expresiones de la cultura trujillista. Baste señalar que en los cincuenta años del post trujillismo sólo dos hombres, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández, nos han gobernado por 33 años, es decir en dos terceras partes, y aún han pretendido más por encima de la institucionalidad democrática, mientras Juan Bosch, el verdadero padre de la democracia dominicana, sólo pudo hacerlo por siete meses.

La ejecución sin piedad de los violentadores del orden, sea político o social, llámense Manolo Tavárez, Francisco Caamaño o los palmeros, hasta hace poco el asesinato político generalizado, y todavía la ejecución cotidiana de delincuentes o supuestos delincuentes, o de cualquier infeliz que intente escapar de una cárcel, son prendas del más acendrado trujillismo.

Muchas de esas prácticas son todavía “justificadas” y aplaudidas por amplios sectores de esta sociedad, incluyendo a religiosos y creadores de opinión. El aprovechamiento del Estado pervive hasta en la cultura popular.

Rindamos tributo a los héroes del 30 de mayo esforzándonos por erradicar los rasgos sobrevivientes de la cultura de dominación y perversión de la tiranía trujillista.