!Por fin el Reglamento de Migración!

Por Juan Bolívar Díaz

Todos los preocupados por el desbordamiento de la inmigración en este país  saturado de atrasos y pobreza, debemos celebrar que esta semana el Presidente de la República promulgara el Reglamento a la Ley General de Migración 285/04 y colocarnos en verdadera vigilancia para que no se quede en letra muerta y rinda los frutos esperados.

Desde luego esa vigilancia debe ser mayor de parte de ese segmento de la población que se califica por una enfermedad sicosomática denominada anti-haitianismo que los impulsa al insulto y al griterío, incapaz de razonar más allá de lo que creen derechos soberanos, que se niegan a reconocer la realidad de que los haitianos están ahí, y que serán vecinos por siempre, con los que tenemos que entendernos mediante normas, pactos y contratos.

Una parte significativa de la sociedad dominicana tiene propensión a enjuiciar las relaciones dominico haitianas con emotividad y prejuicios extremos, tanto que no pudieron registrar lo que dijo la secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton en su reciente visita al país, respondiendo con insultos y descalificaciones, lo que llevó al embajador Raúl Izaguirre a transcribir sus palabras en un artículo publicado en el Listín Diario el viernes 21.

Lo primero resaltante es que a Hillary le preguntaron periodistas dominicanos, y al responder comenzó ponderando la solidaridad dominicana con Haití a raíz de la catástrofe del 2010. Y reconoció el derecho soberano de esta nación a establecer normas sobre su seguridad fronteriza o nacionalidad. Pero advirtió, así mismo, que los inmigrantes son sujetos de derechos, aludiendo específicamente a los descendientes de haitianos que fueron inscritos como ciudadanos dominicanos y ahora se les está privando de sus derechos, lo que es inaceptable en la comunidad internacional.

La respuesta de Hillary fue amplia, conceptuosa y hasta con ribetes autocríticos cuando aludió a que en Estados Unidos también han confrontado posiciones extremas, ponderando el equilibrio entre los derechos soberanos y los derechos humanos. El estado de Arizona, por ejemplo, ha adoptado legislaciones extremas para limitar la inmigración, lo que ha generado un amplio rechazo en ese país y de parte de líderes estatales y sociales norteamericanos y de América Latina. Aunque allí no han llegado al extremo de pretender quitarle la ciudadanía a los millones de extranjeros descendientes de inmigrantes ilegales.

Pero qué bueno que ya tenemos un Reglamento a la Ley de Migración, aunque nos tomó siete años promulgarlo, pese a que muchos lo reclamamos sistemáticamente. Podemos disentir de algunos de sus planteamientos, pero es la ley que nos hemos dado y ahora debemos cumplirla.

La nueva normativa pone a prueba nuestra capacidad para organizarnos en un asunto de tanta importancia y trascendencia. Establece responsabilidades a las autoridades y a los empresarios contratantes de mano de obra y prevé mecanismos justos para las detenciones y deportaciones.

El cumplimiento de esta normativa es fundamental para despejar el criterio de que el desorden inmigratorio, como el emigratorio, se alimenta del tráfico de seres humanos ejecutado por empresarios, funcionarios y buscavidas que han hecho fortuna a lo largo de las últimas décadas.

Los inmigrantes haitianos, casi todos ilegales, representan hoy día más del 80 por ciento de la mano de obra de toda la agricultura nacional así como de la próspera industria de la construcción. Sería irracional pretender que podamos prescindir de ellos, razón por la que se impone su reglamentación.

Pero también es imprescindible que entendamos que no son invasores, que somos nosotros los que los hemos buscado y empleado y explotado. Y si los vamos a tener con nosotros, también tenemos que reconocerles derechos, como a los dominicanos y dominicanas que saturan y originan rechazo en Puerto Rico, en Estados Unidos, España, Italia, Holanda, Suiza, en todas las islas del Caribe inglés, francés y holandés y en Centroamérica y varias naciones sudamericanas. Ni más ni menos. Ya una vez me declaré en este mismo espacio con alma de migrante. Y defiendo sus derechos, aunque me traten de traidor, vende patria y asalariado de Estados Unidos.

 

Aciertos en la política exterior

Por Juan Bolívar Díaz

No solo la laboriosa y honorable proporción de origen palestino y árabe que es  parte significativa de la dominicanidad debe sentirse satisfecha por la visita del primer ministro de Palestina Mahmoud Abbas, recibido con los honores que merece por el Gobierno del presidente Leonel Fernández, sino toda la sociedad dominicana.

 Satisface también el anuncio de que el Estado Palestino abrirá en Santo Domingo una embajada y que esta será sede central en la promoción de las relaciones de esa nación con la región del Caribe y toda América Latina. Eso ha sido posible gracias a la firme determinación del Gobierno dominicano de reconocer los derechos del pueblo palestino.

 Ha sido una valiente decisión, dada la obsoleta dependencia de la política exterior dominicana de las posiciones e intereses de los Estados Unidos,  más allá de toda equidad y racionalidad, y ninguna mezquindad puede impedir ese reconocimiento.

 Por las raíces de árabes y palestinos en el país y sus múltiples contribuciones al crisol racial y de nacionalidades que constituyen la dominicanidad, pero también por elemental justicia internacional, tenemos que seguir dando apoyo a los justos reclamos para que el Estado Palestino sea una realidad plena  en el escenario internacional.

 Nada puede justificar que más de seis décadas después de constituido el Estado de Israel en territorios que entonces eran de dominio palestino, se esté condicionando el reconocimiento del Estado Palestino a que a los israelíes les dé la gana de aceptar las infinitas resoluciones y clamores internacionales  para que haya lugar para todos bajo el sol. Sólo los intereses económicos, las miserias y el oportunismo de la política electoral determinan la posición de los gobernantes norteamericanos.

El reconocimiento del Estado Palestino tiene que ser acompañado de la promoción de la convivencia en paz de  los rivales del Medio Oriente y no al revés.

Valga la circunstancia para reconocer la amplitud de la política exterior del presidente Fernández, que abandonó el tradicional aislamiento dominicano ante el mundo árabe y que nos hace recordar que África también existe, reivindicando la soberanía nacional. Está pendiente la realidad de la República Popular de China, a pesar del cariño y la gratitud por el pueblo de Taiwán que debió  conseguir reconocimiento como nación de haberlo buscado en vez de empeñarse en pretender que su minúsculo territorio y población eran la inmensa China de 1,300 millones de habitantes.

Por la visión y vocación internacionalista del presidente Fernández su política exterior es de las mayores prendas de sus tres períodos gubernamentales. Y es una lástima que haya sido opacada parcialmente por los excesos de embajadores botellas en los organismos internacionales, por las decenas de vicecónsules, por los viajes excesivos a ritmo mensual, por las desproporcionadas misiones y delegaciones y el gasto desmesurado.

Tampoco le han ayudado a obtener el justo reconocimiento los desbordamientos de alabarderos y turiferarios que ven al presidente Fernández liderando el esfuerzo por concretar la paz entre judíos y palestinos, en lo que han fracasado numerosos líderes de las naciones determinantes, o los que pretenden que le sobran los méritos para obtener el Premio Nobel de la Paz. Lo que nadie debe discutirle es el mérito de haber abierto al mundo las relaciones de la República Dominicana.

 

El agravado drama de la PN

Por Juan Bolívar Díaz

Hace casi dos años y medio, en abril del 2009, a raíz de la publicación en HOY de una serie de cinco reportajes sobre la institución policial dominicana de los valiosos colegas Minerva Isa y Eladio Pichardo insertamos un artículo en este mismo espacio con el título “El terrible drama de la PN”. Nada ha cambiado positivamente desde entonces y cada semana parece que se agrava el drama de una institución profundamente contaminada por la corrupción y la delincuencia.

El deterioro de la función policial parece crecer proporcionalmente con el incremento de la delincuencia y la inseguridad que se ha constituido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad dominicana. Es por una profunda reestructuración y profesionalización de la policía y luego del ministerio público, y no por los códigos como muchos pretenden, por donde tiene que comenzar el combate efectivo de la delincuencia.

Es que muy pocos confían en la PN, hasta el punto de que aparecemos en la última posición en el renglón de “confiabilidad en los servicios policiales” entre 142 países del mundo, según el Índice de Competitividad Global 2011-12 del Foro Económico Mundial recién publicado. En ese renglón, como en el de despilfarro en el gasto gubernamental, esta nación es campeona mundial.

Cada semana es mayor el involucramiento de los policías en el narcotráfico, el sicariato, el secuestro, la extorsión a los ciudadanos y la corrupción en todas sus expresiones. Sin una profunda reestructuración de la PN estamos condenados a seguir siendo víctima de una delincuencia enquistada en su propio seno.

Y no es que todos los 32 mil 468 oficiales y clases que aparecen en la nómina de septiembre de la PN. Seguro que la mayoría quiere ejercer su riesgoso oficio con honestidad y eficiencia, y otra proporción podría ser rescatada. Para ello se requiere de una voluntad política de cambio que no muestran nuestras autoridades.

Hay que reconocer que la tarea es bien compleja, pero hay que abordarla cuanto antes y no seguir dando palos de invidentes, comenzando por el hecho reiterado de que la mitad de los miembros de la PN están al servicio de particulares y otra proporción son trabajadores de medio tiempo, que tienen que dedicarse a alguna de las múltiples actividades del chiripeo para reunir con qué mantener una familia.

Cuando comparamos los sueldos policiales del mes recién concluido con los que señalábamos en el artículo del 26 de abril del 2009, contactamos con asombro que en 30 meses no han cambiado, a pesar de múltiples promesas. El jefe de la PN sigue con un salario nominal de 67 mil pesos, aunque el anterior incumbente, general Rafael Guzmán Fermín, dijo ante el presidente de la nación y cuatro periodistas que su antecesor se embolsillaba 90 millones de pesos mensuales.

Algo en que ha mejorado el drama es que ahora son sólo 43 los generales activos, 14 menos, con salario de apenas 31 mil 564 pesos. Los 349 coroneles ganan 19 mil 727 pesos, y los 436 tenientes coroneles 18 mil 743 pesos. Hay 819 mayores con sueldo de 15 mil 783 pesos, y 1,360 capitanes que reciben 13 mil 811. Los 2 mil 446 primeros tenientes ganan 10 mil 850 y que los 4 mil 271 segundos tenientes 9 mil 864 pesos por mes. Lo demás es terrible: los sargentos, cabos y rasos suman 20 mil 797, el 64 por ciento de la nómina policial, y ganan salarios que oscilan entre 7 mil 981 y 5 mil 319 pesos mensuales, muy por debajo del mínimo nacional.

Para que terminen de asombrarse: por el concepto de dieta alimenticia todos los oficiales tienen una asignación mensual de 300 pesos, y de sargento hacia abajo 240 pesos por mes, es decir de diez y ocho pesos por día. ¡A Dios que reparta suerte!

Postdata: después de escrito este artículo HOY publica que a los oficiales de la PN les subirán los sueldos en 10 por ciento y a las clases 15 por ciento. Calculen  la diferencia. Y la PN llama a reclutar bachilleres. ¿Con el incentivo del salario o del uniforme y la pistola?

La UASD: un triste espejo del país

Por Juan Bolívar Díaz

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que con tanto orgullo enarbola su título de primera de las Américas, es cada vez más un triste espejo de la realidad dominicana, sumida en la pobreza y la ineficiencia, hacinada y sin servicios fundamentales, donde la politiquería impone sus reales aunque en cada elección de sus autoridades se promete una profunda renovación.

Para darle el crédito correspondiente, hay que señalar un par de diferencias importantes: La delincuencia en sus campus es bien baja y a la universidad estatal nunca ha llegado el nivel de corrupción del Estado dominicano.

Ni un solo rector, vicerrector o decano ha salido de sus claustros convertido en multimillonario y, para ser justos, hay que reconocer que algunos se empobrecieron por los bajos salarios que durante muchos años han predominado, aunque últimamente no tanto en los altos niveles ejecutivos.

 Pero la UASD es hoy día una institución ineficiente, con déficits crónicos que apenas la dejan sobrevivir, mendigando subvenciones extraordinarias, el mayor hacinamiento de la nación, especialmente en su sede central. Con más de 180 mil alumnos que “se acomodan” en promedio sobre 60 por aula, sin ventilación ni mobiliario y poco más de tres mil profesores, la mitad de los que precisa y en su mayoría mal pagados.  Empleados desincentivados y de ingresos de subsistencia.

 En la primera universidad americana faltan cientos de aulas, miles de pupitres y escritorios, los laboratorios tienen décadas de atraso y algunos como los de Ingeniería son apenas “memorias venerandas de otros días”, los baños son focos de infección pues la mayoría del tiempo no disponen de agua, aún en los nuevos centros regionales, como el de Santiago, por ejemplo.

 La academia nunca ha tenido el presupuesto mínimo que le permita ser comparada con sus similares del continente, el que apenas alcanza para salarios deprimidos, pues el 80 por ciento se  va en ese renglón. Y sus autoridades siguen soñando con el cumplimiento de la ley que le asigna el 5 por ciento del presupuesto nacional, que en cinco décadas ningún gobierno ha cumplido. El rector cuantifica en 52,676 millones de pesos lo dejado de percibir por eso en los últimos cinco años.

Las prioridades también andan mangas por hombros. El Gobierno se ha dedicado a construir magníficos centros regionales deslumbrantes para la pobreza que albergan, y acaba de inaugurar el edificio para 1,200 vehículos más caro del mundo, con un costo de mil millones de pesos, 833 mil por estacionamiento que, con diez metros cuadrados, salieron a 90 mil pesos, 2,177 dólares por metro cuadrado, el doble de lo que cuesta en la zona en apartamentos bien dotados que incluyen el alto costo del terreno. Construye una torre para la rectoría y otro edificio administrativo.

La universidad acaba de publicar una página que es una autoincriminación, al dar cuenta de que ha graduado más de cinco mil profesionales en los primeros 8 meses del año, incluyendo postgrados, lo que implica una proyección de 8 mil para todo el año, menos del cinco por ciento de su matrícula. Necesitaría 20 años para egresarlos a todos, aunque el promedio entre carreras y postgrados es de cuatro años.

 Pero la UASD requiere unos 600 millones de pesos en lo que falta del año para mantener sus servicios vitales, incluyendo el almuerzo a 8 mil estudiantes bien pobres ahora suspendido por deudas. Desde mañana será paralizada por las asociaciones de profesores y empleados que reclaman que les toque el 15 por ciento que se acaba de aumentar al salario de los maestros del Estado.

El Gobierno está en la obligación de acudir en auxilio de la Universidad del Estado. Al fin de cuentas ese subsidio es de sus mejores inversiones para combatir la pobreza y dejar abierta una ventana de ilusiones a decenas de miles de muchachas y muchachos que no encuentran otra cosa positiva que hacer. Mejor que la libra de arroz por día que permiten adquirir los 700 pesos mensuales que se da a cientos de miles de familias cada mes.

Eso mientras un día podamos tomar decisiones que conviertan a la UASD en un faro de luz y orientación de la sociedad dominicana, en vez de un oscuro y triste espejo de la misma.

 

Reparemos las ventanas rotas

Por Juan Bolívar Díaz

Los tantos que creen que el auge de la criminalidad y la consiguiente inseguridad en el país se deben al “garantista” código procesal penal, o a que la pena máxima está limitada a 30 años de prisión, deben leer acerca de la “teoría de las ventanas rotas”, desarrollada por dos cientistas sociales norteamericanos, James Wilson y George Kelling, en los años ochenta cuando Nueva York estaba asediada por el crimen.

 Comenzó en el sistema de transporte subterráneo que era el lugar más inseguro de aquella ciudad. Los cientistas siguieron los experimentos del profesor Phillip Zimbardo, de la Universidad de California, que había originado la teoría de que si se rompe el vidrio de una ventana en un edificio y no se repara, pronto la gente lo verá como normal, se romperán otros y pronto el edificio devendrá en una ruina.

 Hacía años que el Metro newyorkino era una ruina con enormes pérdidas. Sucios, ruidosos y malolientes, tanto las estaciones como los vagones. Calor horrendo en el verano y frío glacial en el invierno. Las máquinas de boletos dañadas y muchos entraban sin pagar, arrojando pérdidas. Reinaba allí la ley de la selva, por lo que la tasa de criminalidad del subterráneo duplicaba la del resto de la urbe.

 La conclusión fue brillante. Reparemos todas estas ventanas rotas para imponer un nuevo orden. No comenzaron reprimiendo ni aumentando penas, sino limpiando, pintando, cambiando vagones deteriorados por otros con aire acondicionado y calefacción, colocando nuevas máquinas, multiplicando la vigilancia con policías eficientes y bien pagados. Entonces se elevaron las multas para el que se metiera “de chivo” o ensuciara y se habilitaron estafetas para pagarlas.

El resultado fue ”milagroso”.  La gente reparó también su comportamiento y de un año a otro las tasas de criminalidad en el Metro cayeron abruptamente. Fue entonces que el alcalde Rudolph Guiliani reprodujo el método en toda la urbe y empezó a reparar ventanas, edificios y barrios enteros de la ciudad y mejoró la policía hasta establecer su autoridad. Cosechó también una extraordinaria reducción de la delincuencia y Nueva York recuperó la seguridad.

Es lo que tenemos que hacer en la República Dominicana. Reparar todas las ventanas rotas de nuestro edificio social y no perdernos en consideraciones falsas. Antes muchos creían que el auge de la delincuencia era importado de Nueva York por los dominicanos deportados, lo que logramos disipar apelando a las estadísticas. Sólo son una ínfima minoría de los delincuentes. Esta sociedad genera sus propios criminales, en su inmensa mayoría sin salir del país.

Si por dureza de penas fuera, aquí la policía ha matado cuatro o cinco  mil delincuentes y presuntos delincuentes, incluyendo muchísimos inocentes, en los últimos quince años, sin darle siquiera oportunidad a defenderse. Y la criminalidad alarma cada semana más. Son pocas las sentencias de 30 años que se dictan, por lo que el problema no está en ese límite.

Nuestra incapacidad para reparar las ventanas rotas es obvia cuando se discute si tenemos que comprar tecnología o perros amaestrados para impedir que los presos tengan celulares en las cárceles. Asumimos que no tenemos autoridad en  capacidad para lograrlo. Porque los custodios los incautan para venderlos de nuevo o alquilarlos a los mismos prisioneros. Y en vez de ampararnos en los códigos, se plantea que ignoremos las garantías que establece la misma Constitución.

Tenemos que comenzar a reparar todas las ventanas rotas del edificio social, comenzando por la Policía y las Fuerzas Armadas, a imponer la ley en las calles, a trancar siquiera una parte de la corruptocracia nacional, a respetar el patrimonio público, a reducir los signos exteriores de riqueza mal y bien habida. Si autoridades civiles y militares, gobernantes y políticos de todos los partidos son ladrones y asaltantes, no habrá razón para que los cientos de miles de jóvenes sin oportunidades respeten las reglas del juego social dominicano.

¿Disuelven el Partido Reformista?

Por Juan Bolívar Díaz

Como una condena o maldición de su caudillo y fundador, el doctor Joaquín Balaguer, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se diluye inexorablemente, cada vez más insustancial en el proceso político, víctima de la incapacidad de sus dirigentes para vivir fuera del presupuesto nacional.

Para la generalidad de los analistas políticos no ha habido ninguna sorpresa. Siempre se apreció que el PRSC era Balaguer, quien lo subordinó a su inconmensurable ambición política, y se apostó a que no sobreviviría a la desaparición del  caudillo. Él mismo se encargó de relegarlo a la tercera posición en el ranking político cuando en las elecciones de 1996 traicionó a su candidato Jacinto Peynado para apoyar la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana que encarnó el doctor Leonel Fernández.

El empeño de Balaguer en cerrarle el paso al doctor José Francisco Peña Gómez lo llevó a convertir al Partido de la Liberación Dominicana en la primera fuerza política nacional, lo que automáticamente relegó al suyo al tercer lugar, y desde entonces no ha podido ascender.

Los resultados de los tres últimos comicios presidenciales fueron reduciendo la votación reformista del 24 por ciento en el 2000, al 9 por ciento en el 2004 y a menos del 5 por ciento en el 2008. La alianza alternada con los dos partidos mayoritarios les ha permitido mantener una apreciable cuota de legisladores y autoridades municipales a costa de convertir al PRSC en un comodín o pieza de reforzamiento de las fuerzas políticas predominantes.

Con gran parte de sus principales figuras pegadas como la hiedra en la pared a un cargo gubernamental, en los cuatro últimos períodos gubernamentales tanto bajo regencia peledeísta como perredeísta, les resultó imposible aprovechar las insatisfacciones generadas por estas gestiones.

Ahora mismo el PRSC aparece atrapado y sin salida. Ni sus propios líderes, con contadas excepciones, creen que pueda repuntar, con la agravante de que está deviniendo en insustancial. Las encuestas apenas le atribuyen entre 5 y 8 por ciento de las preferencias de la población inclinada al sufragio. Y Amable Aristy Castro, que es quien más preferencias registra, no muestra interés en repetir una candidatura sin la menor perspectiva de éxito.

Lo peor es que ya el PRSC ni siquiera tiene poder para inclinar la balanza. Sus líderes están dramáticamente segmentados, halando unos para mantenerse aliados al PLD, otros buscan cobija en el PRD y unos pocos intentan  rescatar su identidad propugnando por llevar candidaturas propias.

La última encuesta Gallup-HOY indica que el 24.7 por ciento de los que aún prefieren al PRSC tienen como segunda opción a Hipólito Mejía, mientras el 17.8 por ciento prefiere a Danilo Medina.

En una encuesta auspiciada por uno de sus líderes, los reformistas se dividen en dos porciones casi iguales cuando se les pregunta si su partido debe ir solo o aliado a otro en las elecciones del 2012. El 45.8 por ciento por un lado y 47.8 por el otro. El 56 por ciento dice preferir al PLD como aliado, pero el 35 por ciento se inclina por el PRD. Pero en caso de una alianza con el partido gobernante, el 44.8 por ciento dice que votaría por otro partido.

En otras palabras que el PRSC se devalúa hasta en el mercado de las alianzas. Su presidente, Carlos Morales Troncoso, pudiera haber representado una opción, pero aparentemente prefiere seguir en la Cancillería de la nación, cargo al que tendría que renunciar si acepta la candidatura presidencial y quiere encarnar una alternativa.

Queda la persistencia de Guillermo Caram y la emergencia de nuevos lideratos como el de Ito Bisonó y Osiris de León. Pero para todo el tiempo se va agotando. Nunca el PRSC había estado tan cerca de su disolución.

Sobre la libertad de expresión

Por Juan Bolívar Díaz

Que 68 periodistas y articulistas  de diferentes  medios de comunicación hayan suscrito, de un día para otro, una denuncia de presiones, intimidaciones, calumnias y recriminaciones, como parte de una ofensiva que estiman tiene el objetivo de reducir la libre expresión en el país, debería ser objeto de reflexiones y consideraciones profundas.

No basta la declaración del ministro de la Presidencia en el sentido de que el presidente Leonel Fernández es respetuoso de la disensión y que ha tenido iniciativas legislativas para protegerla, las cuales llevan años entre comisiones y archivos. Eso no está en discusión. Este gobierno no es autor del clima de libre expresión que vivimos en las últimas décadas, pero lo ha respetado.

Lo que se ha denunciado es que altos funcionarios y dirigentes del partido de gobierno mantienen una ofensiva contra los comunicadores más críticos, de la que participan comentaristas pagados por diversas instancias de un gobierno que se ha caracterizado, eso sí, por cooptar una alta proporción de los periodistas, comentaristas y articulistas de todo el país. La última vez que se supo su cuantificación, la Red de Comunicadores con Leonel agrupaba a casi dos mil.

En honor de muchos de ellos y de la inmensa legión de más de un millar en las nóminas de relaciones públicas de los diversos organismos del Estado y de los cientos que son beneficiados con la generosa publicidad oficial, hay que decir no se han puesto al servicio incondicional del gobierno, aunque por lo menos  se han visto obligados a reducir la criticidad, característica fundamental de la libertad de expresión. Gran parte  han sido empujados a la nómina porque sus bajos ingresos no les permiten sobrevivir.

La preocupación no es porque creamos que vaya a desaparecer la libertad de expresión, imposible en esta época del Internet. Eso sólo fue posible durante la tiranía de Trujillo en las primeras décadas del siglo pasado, cuando al país llegaba un reportero internacional cada seis meses y nadie se atrevía a acercársele. Tan pronto cayó ese régimen, recobramos el derecho a la palabra y desde entonces nadie nos lo ha podido arrebatar. En los doce años de Balaguer se hicieron muchos esfuerzos, pero los comunicadores dominicanos lograron preservar la libertad, con una cuota de sangre.

Fue por lo que esa etapa no pasa a la historia dominicana como otra dictadura. Las demás libertades fundamentales estuvieron coartadas o francamente eclipsadas. El asesinato político era cotidiano, había cientos de presos políticos y miles de exiliados impedidos de volver al país. No había libertad sindical, de reunión ni de manifestación y, hay que recordarlo, se llegó a prohibir que emisoras y televisoras retransmitieran las voces de Juan Bosch, Francisco Peña Gómez y Rafael Casimiro Castro.

Ni pensar que estemos en una tesitura parecida. Pero una serie de hechos de dominio público, incluyendo artículos y declaraciones de altos funcionarios, dirigentes del partido de gobierno y activistas pagados conforman una ofensiva encaminada a intimidar y reducir el espacio libertario. Aparte están los correos electrónicos insultantes y los comentarios intimidatorios que se formulan por diversos medios.

El presidente del Senado y secretario general del partido oficial, Reinaldo Pared Pérez, denunció esta semana como mezquinos, a quienes no apoyan la propuesta del presidente Leonel Fernández para una cruzada contra la especulación internacional en los precios del petróleo y los alimentos, cosa que él no puede lograr ni siquiera en este pequeño mundo de 10 millones de habitantes y 48 mil kilómetros cuadrados.

Para colmo, el mismo Pared y la cúpula peledeísta cerraron la semana avalando la demanda de Euclides Gutiérrez contra la periodista Nuria Piera porque se atrevió a denunciar que ese modelo de político y ciudadano debía 70 facturas de energía eléctrica a un ente estatal por más de 3 millones de pesos. Apenas un mes después que el presidente Fernández dijo que este año habrá que subsidiar la energía con mil millones de dólares. Aunque anunciaron que desisten de la intimación a los anunciantes de Piera, que es una intimidación contra todo el periodismo independiente.

Hay razones de sobra para denunciar la intimidación, las presiones públicas y privadas, y los insultos a los comunicadores dominicanos.

 

Salutación a Danilo Medina

Todos los que aspiramos a cambios significativos en la forma de hacer política y gobernar el país debemos saludar la candidatura a la Presidencia de la República de Danilo Medina, a ser proclamada hoy por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y desearle suerte en un escenario de competencia tan difícil, como indican las encuestas.

Lleva varios años recorriendo el país, armando grupos y formulando propuestas renovadoras de Gobierno, bien articuladas, abarcadoras e incluyentes. Se ha rodeado de muchos de los mejores cuadros dirigenciales, profesionales  y técnicos de su propio partido y ha obtenido el de muchos otros procedentes de diversos ámbitos sociales.

Cuando turbulencias y tempestades originarias del inveterado caudillismo nacional sacudían la nave del PLD y repercutían en la nación, Medina se condujo con sabiduría, evadió las provocaciones y contuvo a los que querían responder, convencido de que era portador de razones que terminarían predominando, como ocurrió.

En el ínterin se preocupó en conversar directamente con múltiples actores de la vida nacional, tratando de convencerlos de que si le dan oportunidad cambiaría la forma de hacer política y de gobernar. Yo confieso que lo miraba fijamente a los ojos y que me convencía. Lo mismo me ocurría con varios de sus más cercanos colaboradores.

Convencido de que los tiempos no auspiciaban que los vientos tormentosos del continuismo llegaran a huracán, sostuve que si él mantenía la dirección armónica de su orquestación, ningún improvisado iba a poder disputarle la candidatura.

Pero también advertí que su problema sería ganar la presidencia, después de dos períodos de Gobierno peledeísta consecutivos y tres de los últimos cuatro, ya que la deuda social histórica, y políticas erráticas, junto a la descomposición delincuencial y rampante corrupción, crean un ambiente de cambio hacia cualquier dirección. Sobre todo si las circunstancias lo obligan a hacerse acompañar de muchos de los que encarnan hoy la indignación nacional.

He ahí el gran desafío de Danilo Medina: precisa la unidad y el respaldo de su partido para ganar, sin que le despojen del margen de diferenciación que le dio fortaleza ante propios y extraños durante los últimos años. Si los suyos no entienden que él parte con la desventaja del desgaste en el poder y que tiene que plantear renovación y diferencias para generar nuevas ilusiones, sucumbirá irremisiblemente.

No es fácil el desafío de Danilo: tiene que empezar a diferenciarse en la forma de hacer campaña electoral, impidiendo que el Gobierno irrumpa en la misma para que no se repita su grito desgarrador del 2003: “me venció el Estado”. Y el primer desafío será que los ministros que ha designado para dirigir su campaña electoral tomen inmediata licencia de sus cargos como ocurriría en cualquier democracia, aún de mediana intensidad.

El Gobierno tiene muchas formas de ayudar a Danilo. Pero no con los ruidos de esta semana previa a su proclamación, como el del ministro y “cara histórica del PLD” que agrede a diestra y siniestra e insta a la población a no pagar la energía eléctrica, la designación de otras docenas de generales, vicecónsules y viceministros, incluyendo a uno que acaba de ser responsabilizado de la malversación de cientos de millones de pesos que ha quebrado el Seguro Nacional de Maestros, y los abusos en el precio de los combustibles, en promedio 35 por ciento más caros que en diciembre pasado cuando el petróleo se cotizaba como ahora alrededor de 85 dólares el barril.

Sin duda Danilo Medina tiene graves desafíos, entre ellos el de mantener la ilusión de que los cambios son posibles en la política y los políticos nacionales.

De política y políticos en la justicia

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

Esas campanas doblan por todos

Por Juan Bolívar Díaz

Es tan creciente la criminalidad de todo género en el país que corremos el riesgo de resultar insensibilizados y acostumbrarnos a los horrores, como los registrados el martes 2 de este caliente agosto, cuando los periódicos registraron 14 muertes violentas, incluyendo dos feminicidios y dos suicidios. Pero en la medida en que perdamos la capacidad de asombro perderemos la batalla por la seguridad y la civilidad.

En esa jornada terrible hubo tres asesinatos impactantes, dos de los cuales están en vías de esclarecimiento y sanción. El que más horror causó fue el de la profesora Lenny Féliz y Féliz, quien apareció muerta a martillazos tras dos semanas desaparecida. Tres compañeros de profesión están siendo procesados por el crimen. Que tres “educadores” se asocien para matar a una compañera indefensa es demostrativo de la pérdida de brújula que sufre esta sociedad.

Impactó también el asesinato del teniente de la Fuerza Aérea Robinson Suárez, escolta del diputado y precandidato presidencial Pelegrín Castillo, ocurrida  en el corazón de esta capital, agravada porque al menos en dos ocasiones anteriores guardaespaldas de su misma familia habían sido objeto de violencia similar. Se amortiguó el golpe porque rápidamente las autoridades capturaron a un herido en el enfrentamiento a tiros que cobró la vida del militar, y luego a otros implicados.

Pero el más complicado y trascendente fue sin duda el asesinato del periodista José Agustín Silvestre, tras su secuestro en La Romana, a plena luz del día y delante de testigos por cuatro hombres que lo transportaron en un vehículo para matarlo a balazos y tirarlo al borde de una carretera.

Hay múltiples agravantes en este espantoso crimen: el periodista había formulado graves denuncias de compra de autoridades civiles, militares y judiciales por parte del narcotráfico, y hasta había exhibido cheques en su programa de la televisión romanense, en emisoras capitalinas y en su periódico La Voz de la Verdad.

El secuestro y muerte de Silvestre se produjo cuando se trasladaba a San Pedro de Macorís donde se le conocería juicio sobre una demanda interpuesta por el Procurador Fiscal de La Romana, quien se consideraba difamado por las denuncias del comunicador. Puede ser que tuviera todo el derecho y hasta razón, pero quedó el agravante de que su recurso llevó ilegalmente a prisión a Silvestre hace dos meses y sólo fue liberado por denuncias y reclamos hasta internacionales.

El reciente abusivo encierro y que no le dieran protección cuando denunciaba intentos de matarlo, explican las repercusiones de su asesinato, aparentemente más alarmantes en el exterior que en nuestro adormecido país. El caso ha sido publicado por los más acreditados diarios del mundo, incluyendo al New York Times y El País de España, y las protestas y reclamos de justicia han llovido desde Amnistía Internacional, la Comisión de Libertad de Prensa de la Unesco, Reporteros sin Fronteras,  hasta la Sociedad Interamericana de Prensa y la Federación Latinoamericana de Periodistas.

Pero en el país las protestas y demandas han sido tímidas en la mayoría de los medios de comunicación, que apenas se han hecho eco de comunicados del Colegio de Periodistas y la Federación de Trabajadores de la Prensa. Algunos lo explican en que Silvestre “no era periodista”, que “apañaba narcotraficantes”, llegándose a sostener sin probarlo que había sido deportado de Estados Unidos, y otros pretextos.

No recuerdo si conocí a José Agustín Silvestre, pero tengo entendido que ejerció el periodismo durante más de 20 años. Cualquiera que fuera su récord no merecía la ejecución de que fue víctima. Tratándose de un denunciante en medios de comunicación, no tiene que “ser de los nuestros” para que exijamos firmemente que se busque y sancione a quienes lo mandaron a matar y a los asesinos.

Lo es trascendente que mataron a un comunicador y eso reabre un expediente hace tiempo cerrado. Nos concierne a todos los que defendemos y ejercemos la libertad de expresión. Cuando mataron a Enrique Piera en 1970, muchos no nos alarmamos porque “no era de los nuestros”, y semanas después una bomba destruyó mi automóvil, y luego mataron a Goyito García Castro y a Orlando Martínez. Hace cuatro décadas aprendí a no preguntar por quién doblan las campanas. Están doblando por todos.