Category Archives: Institucionalidad

Todos deberían renunciar

by Juan Bolívar Diaz Santana | 16 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la dignidad, la coherencia y el valor que ha caracterizado su paso por la gestión pública, desde que se le conoció en la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el licenciado Eddy Olivares Ortega ha dado una lección al liderazgo nacional al anunciar su declinación a seguir siendo parte de una cuestionada Junta Central Electoral (JCE), cuyas decisiones o indecisiones han contribuido al descrédito del sistema electoral dominicano, como han patentizado los diversos informes de observación del reciente proceso electoral.

El ejemplo de Olivares concierne a todos los restantes integrantes del organismo electoral, que también deberían presentar su renuncia reconociendo públicamente que una condición esencial de todo arbitraje es la independencia y la aceptación por parte de los diversos actores, a los cuales la legislación constitucional moderna acuerda el derecho a la recusación cuando entiendan que las autoridades o jueces tienen conflictos de intereses.

Debe advertirse que la carta de renuncia de Olivares a seguir como titular de la JCE, fue dirigida al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien días antes de los comicios de mayo anunció su disposición a reelegir a todos los integrantes del organismo, aprobando su gestión.

Si Eddy Olivares antepusiera su interés personal al de la sociedad, estuviera medrando en los ámbitos repartidores del poder y hasta presentándose como la expresión mínima de la disensión, o la representación de la oposición, especialmente porque como tal llegó a esa junta de reparto, y así se le ha considerado, aunque su integridad rebasa con mucho tal condición.

Ante la evidente impugnación de la totalidad de los partidos de oposición, y de amplios segmentos de la sociedad civil que propugnan por el entendimiento y la concertación en aras de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social, todos los integrantes de la JCE, como también los del Tribunal Superior Electoral, deberían mostrar su disposición a apartarse para no constituirse en piedras de contradicciones, lo que no corresponde a árbitros ni jueces.

Es probable que en ambos organismos haya personas con capacidades e integridad para mantenerse en los cargos, los que deberían ser considerados para el consenso necesario. Pero la mayoría, con sello político fruto del reparto, debe dejar el campo abierto.

Hay que reconocer que la renuncia, como la de Olivares, es muy poco frecuente en la vida pública dominicana, pero en el mismo ámbito de la JCE hay precedentes como el del doctor Manuel Morel Cerda, y la doctora Aura Celeste Fernández, que se retiraron cuando fueron objeto de impugnaciones, aún injustas, de diversos actores políticos.

Las deficiencias del último proceso electoral, el colapso de la imposición tecnológica, la personalización de la JCE rompiendo su carácter de organismo colegiado, su colocación por encima de la ley, su fracaso en lograr la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República y su incapacidad para aplicar los principios de equidad que proclama, determinan una renovación profunda del organismo.

Mientras tanto, congratulemos a Eddy Olivares, quien siempre defendió principios con más múltiples documentos ponderados y argumentativos, sin insultos ni descalificaciones. Defendió la transparencia en el uso de los recursos, en las contrataciones, tanto como los derechos ciudadanos cuando la JCE comenzó a negar la documentación de los dominico-haitianos, sin el menor amparo legal, que luego quiso darle el Tribunal Constitucional. La ley 169-14, que revocó parcialmente las exclusiones y la restitución de la documentación de 55 mil ciudadanos por la JCE, demostraron su acierto, compartido con la doctora Aura Fernández y en la última etapa con el doctor José Ángel Aquino.

Ojalá que Olivares Ortega decida incursionar definitivamente en la actividad partidaria, donde tiene un amplio campo para desplegar sus capacidades, porque es de los imprescindibles, los que investigan y defienden principios, sin miedo a quedar en minoría. Hacen falta para el rescate de la actividad política.

El agravado drama de la PN

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Hace casi dos años y medio, en abril del 2009, a raíz de la publicación en HOY de una serie de cinco reportajes sobre la institución policial dominicana de los valiosos colegas Minerva Isa y Eladio Pichardo insertamos un artículo en este mismo espacio con el título “El terrible drama de la PN”. Nada ha cambiado positivamente desde entonces y cada semana parece que se agrava el drama de una institución profundamente contaminada por la corrupción y la delincuencia.

El deterioro de la función policial parece crecer proporcionalmente con el incremento de la delincuencia y la inseguridad que se ha constituido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad dominicana. Es por una profunda reestructuración y profesionalización de la policía y luego del ministerio público, y no por los códigos como muchos pretenden, por donde tiene que comenzar el combate efectivo de la delincuencia.

Es que muy pocos confían en la PN, hasta el punto de que aparecemos en la última posición en el renglón de “confiabilidad en los servicios policiales” entre 142 países del mundo, según el Índice de Competitividad Global 2011-12 del Foro Económico Mundial recién publicado. En ese renglón, como en el de despilfarro en el gasto gubernamental, esta nación es campeona mundial.

Cada semana es mayor el involucramiento de los policías en el narcotráfico, el sicariato, el secuestro, la extorsión a los ciudadanos y la corrupción en todas sus expresiones. Sin una profunda reestructuración de la PN estamos condenados a seguir siendo víctima de una delincuencia enquistada en su propio seno.

Y no es que todos los 32 mil 468 oficiales y clases que aparecen en la nómina de septiembre de la PN. Seguro que la mayoría quiere ejercer su riesgoso oficio con honestidad y eficiencia, y otra proporción podría ser rescatada. Para ello se requiere de una voluntad política de cambio que no muestran nuestras autoridades.

Hay que reconocer que la tarea es bien compleja, pero hay que abordarla cuanto antes y no seguir dando palos de invidentes, comenzando por el hecho reiterado de que la mitad de los miembros de la PN están al servicio de particulares y otra proporción son trabajadores de medio tiempo, que tienen que dedicarse a alguna de las múltiples actividades del chiripeo para reunir con qué mantener una familia.

Cuando comparamos los sueldos policiales del mes recién concluido con los que señalábamos en el artículo del 26 de abril del 2009, contactamos con asombro que en 30 meses no han cambiado, a pesar de múltiples promesas. El jefe de la PN sigue con un salario nominal de 67 mil pesos, aunque el anterior incumbente, general Rafael Guzmán Fermín, dijo ante el presidente de la nación y cuatro periodistas que su antecesor se embolsillaba 90 millones de pesos mensuales.

Algo en que ha mejorado el drama es que ahora son sólo 43 los generales activos, 14 menos, con salario de apenas 31 mil 564 pesos. Los 349 coroneles ganan 19 mil 727 pesos, y los 436 tenientes coroneles 18 mil 743 pesos. Hay 819 mayores con sueldo de 15 mil 783 pesos, y 1,360 capitanes que reciben 13 mil 811. Los 2 mil 446 primeros tenientes ganan 10 mil 850 y que los 4 mil 271 segundos tenientes 9 mil 864 pesos por mes. Lo demás es terrible: los sargentos, cabos y rasos suman 20 mil 797, el 64 por ciento de la nómina policial, y ganan salarios que oscilan entre 7 mil 981 y 5 mil 319 pesos mensuales, muy por debajo del mínimo nacional.

Para que terminen de asombrarse: por el concepto de dieta alimenticia todos los oficiales tienen una asignación mensual de 300 pesos, y de sargento hacia abajo 240 pesos por mes, es decir de diez y ocho pesos por día. ¡A Dios que reparta suerte!

Postdata: después de escrito este artículo HOY publica que a los oficiales de la PN les subirán los sueldos en 10 por ciento y a las clases 15 por ciento. Calculen  la diferencia. Y la PN llama a reclutar bachilleres. ¿Con el incentivo del salario o del uniforme y la pistola?

La UASD: un triste espejo del país

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que con tanto orgullo enarbola su título de primera de las Américas, es cada vez más un triste espejo de la realidad dominicana, sumida en la pobreza y la ineficiencia, hacinada y sin servicios fundamentales, donde la politiquería impone sus reales aunque en cada elección de sus autoridades se promete una profunda renovación.

Para darle el crédito correspondiente, hay que señalar un par de diferencias importantes: La delincuencia en sus campus es bien baja y a la universidad estatal nunca ha llegado el nivel de corrupción del Estado dominicano.

Ni un solo rector, vicerrector o decano ha salido de sus claustros convertido en multimillonario y, para ser justos, hay que reconocer que algunos se empobrecieron por los bajos salarios que durante muchos años han predominado, aunque últimamente no tanto en los altos niveles ejecutivos.

 Pero la UASD es hoy día una institución ineficiente, con déficits crónicos que apenas la dejan sobrevivir, mendigando subvenciones extraordinarias, el mayor hacinamiento de la nación, especialmente en su sede central. Con más de 180 mil alumnos que “se acomodan” en promedio sobre 60 por aula, sin ventilación ni mobiliario y poco más de tres mil profesores, la mitad de los que precisa y en su mayoría mal pagados.  Empleados desincentivados y de ingresos de subsistencia.

 En la primera universidad americana faltan cientos de aulas, miles de pupitres y escritorios, los laboratorios tienen décadas de atraso y algunos como los de Ingeniería son apenas “memorias venerandas de otros días”, los baños son focos de infección pues la mayoría del tiempo no disponen de agua, aún en los nuevos centros regionales, como el de Santiago, por ejemplo.

 La academia nunca ha tenido el presupuesto mínimo que le permita ser comparada con sus similares del continente, el que apenas alcanza para salarios deprimidos, pues el 80 por ciento se  va en ese renglón. Y sus autoridades siguen soñando con el cumplimiento de la ley que le asigna el 5 por ciento del presupuesto nacional, que en cinco décadas ningún gobierno ha cumplido. El rector cuantifica en 52,676 millones de pesos lo dejado de percibir por eso en los últimos cinco años.

Las prioridades también andan mangas por hombros. El Gobierno se ha dedicado a construir magníficos centros regionales deslumbrantes para la pobreza que albergan, y acaba de inaugurar el edificio para 1,200 vehículos más caro del mundo, con un costo de mil millones de pesos, 833 mil por estacionamiento que, con diez metros cuadrados, salieron a 90 mil pesos, 2,177 dólares por metro cuadrado, el doble de lo que cuesta en la zona en apartamentos bien dotados que incluyen el alto costo del terreno. Construye una torre para la rectoría y otro edificio administrativo.

La universidad acaba de publicar una página que es una autoincriminación, al dar cuenta de que ha graduado más de cinco mil profesionales en los primeros 8 meses del año, incluyendo postgrados, lo que implica una proyección de 8 mil para todo el año, menos del cinco por ciento de su matrícula. Necesitaría 20 años para egresarlos a todos, aunque el promedio entre carreras y postgrados es de cuatro años.

 Pero la UASD requiere unos 600 millones de pesos en lo que falta del año para mantener sus servicios vitales, incluyendo el almuerzo a 8 mil estudiantes bien pobres ahora suspendido por deudas. Desde mañana será paralizada por las asociaciones de profesores y empleados que reclaman que les toque el 15 por ciento que se acaba de aumentar al salario de los maestros del Estado.

El Gobierno está en la obligación de acudir en auxilio de la Universidad del Estado. Al fin de cuentas ese subsidio es de sus mejores inversiones para combatir la pobreza y dejar abierta una ventana de ilusiones a decenas de miles de muchachas y muchachos que no encuentran otra cosa positiva que hacer. Mejor que la libra de arroz por día que permiten adquirir los 700 pesos mensuales que se da a cientos de miles de familias cada mes.

Eso mientras un día podamos tomar decisiones que conviertan a la UASD en un faro de luz y orientación de la sociedad dominicana, en vez de un oscuro y triste espejo de la misma.

 

De política y políticos en la justicia

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Nunca he pretendido estigmatizar la política ni a los políticos. De la primera convengo con el patricio Juan Pablo Duarte en que es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las inteligencias humanas. En cuanto a los políticos tengo mis preferencias que se podrían sintetizar en el más noble y visionario de los contemporáneos: Nelson Mandela.

 Con los políticos dominicanos me he llevado bastante bien, sin perder nunca la criticidad, dentro de una pluralidad y respeto a toda prueba. Pero hasta en mi profesión del periodismo y la comunicación siempre he disentido de quienes creen que no requiere ninguna norma, pues está objetivamente demostrado que toda actividad humana que no se regula tiende al desbordamiento, y se revierte contra el bien común. Y si una ha sido histórica y sistemáticamente pervertida es la de los políticos, sobre todo en naciones de gran debilidad institucional.

El tema se actualiza ahora que el Consejo Nacional de la Magistratura busca renovar la Suprema Corte de Justicia y elegir los jueces de los nuevos órganos judiciales instituidos por la Constitución del 2010: el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Son los máximos órganos del Poder Judicial, que por su naturaleza deben ser independientes de los otros poderes, el Legislativo y sobre todo el Ejecutivo. Si estos dos son en la democracia de naturaleza esencialmente política, el Judicial está concebido como independiente de todos los poderes.

 El artículo 151 de la Carta Magna no deja dudas: “Las y los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles”… Su numeral 1 establece que “El servicio en el Poder Judicial es incompatible con cualquier otra función pública o privada, excepto la docente. Sus integrantes no podrán optar por ningún cargo público, ni participar en actividad político partidista”.

 Del cumplimiento de esos mandatos constitucionales es que se trata cuando se reclama que no lleven a las altas instancias judiciales a miembros de los órganos directivos de los partidos. El presidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa, lo ha expresado diplomáticamente al decir que no teme a los políticos sino a la política en la justicia. Es decir que no se puede temer ni discriminar a alguien porque sea político, sino porque puede transportar la política a los tribunales. Sobre todo en un país donde la política lo invade todo. Tratando de acondicionarnos a la manipulación de la justicia, se ha impugnado al mismo magistrado Subero porque su elección, como la de otros, fue fruto de un acuerdo político en 1997.

El Consejo de la Magistratura era y es una instancia integrada mayoritariamente por políticos. No puede condenárseles porque concierten en función del interés nacional, pero sí que impongan sus mayorías mecánicas.

En 1997, como ahora, había actores políticos que querían imponer sus intereses grupales, pero el activismo positivo, la presión de una sociedad civil entonces en auge, obligó a la moderación, para lo cual fue fundamental la transparencia total en las evaluaciones y elección. Como corresponde a decisiones de tanta trascendencia, a puertas abiertas, como las del Congreso Nacional y los tribunales. En 1997 no hubo pureza, pero no pudieron predominar Amable Aristy ni Peguero Méndez, aunque podían sumarse otros dos votos para tener la mayoría. Lo que reforzó la minoría que representaban el presidente Fernández y Milagros Ortiz fue la transparencia. La televisión impidió una mayor exhibición de miserias ante la sociedad dominicana.

Subero Isa ni los demás jueces integrantes de Suprema Corte han actuado en favor de los intereses políticos que representaban Aristy y Peguero, quienes también lograron su cuota en el organismo. Pero tres cuartas partes fueron electos por sus méritos e independencia política, y toda la sociedad lo celebró como un éxito.

Ahora lo que deberíamos aspirar es a superar la elección de hace 14 años, no al retroceso, como algunos pretenden.

Mucho más ahora que también se eligen los jueces de otras dos instancias superiores y de trascendencia institucional.

Urgentes reformas electorales

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Al inaugurar un Seminario Internacional sobre Reformas Electorales, el doctor Roberto Rosario recordó que en 1978 la nación dio un salto al frente iniciando un proceso que conllevaría importantes avances democráticos y que luego se extendería por toda América Latina.

El salto fue muy alto en relación a la situación que prevalecía en la región, alboreando lo que después se conocería como la “década pérdida de América Latina”,  en términos del desarrollo socioeconómico, por las consecuencias de una profunda crisis derivada de la caída de los precios de las exportaciones, mientras se disparaba el costo del petróleo, alza desmesurada de las tasas de interés que llegaron al 20 por ciento anual,  hiperinflación y fuerte endeudamiento.

Pero en términos políticos marcamos el paso hacia el final de las dictaduras militares y la recuperación de la democracia. Recuerdo la tertulia de un grupo de periodistas en una noche mexicana de 1980 cuando varios colegas sudamericanos no  creían que en una “república bananera caribeña” se hiciera periodismo crítico. México estaba saturado de exiliados argentinos, chilenos, uruguayos, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos. Cientos de periodistas latinoamericanos habían sido asesinados y otros tantos seguían encarcelados y refugiados en los oasis libertarios.

Los dominicanos vencimos la autocracia balaguerista e iniciamos el camino a la democracia con una gran conjunción de esfuerzos y una inmensa solidaridad internacional motorizada por la preclara estrategia de José Francisco Peña Gómez de alianza con los liberales de Washington y la Internacional Socialista. Ayudados por la política de derechos humanos del presidente Jimmy Carter, Brasil, Nicaragua, Argentina, Uruguay, Bolivia y finalmente Chile recuperaron la democracia.

Aquí con muchos altibajos fuimos instituyendo un sistema electoral que garantiza el ejercicio del voto y su consiguiente escrutinio para una democracia representativa que niega la dimensión participativa, enferma de clientelismo, rentismo y transfuguismo. Nos hemos ido quedando atrás en calidad de la democracia, hasta el punto que compartimos con Honduras los mayores atrasos en reglamentación de la actividad electoral y del partidismo político.

Llevamos una docena de años consensuando una ley para garantizar una real democracia al interior de los partidos, para hacer transparente sus finanzas, para reducir el poder del dinero, en gran proporción mal habido, para impedir el abuso de los recursos del Estado y limitar la duración de las campañas electorales, para abaratar el costo de la política y disminuir la corrupción.

Los partidos dominantes que se han alternado en el poder no acaban de mostrar interés por la calidad de la democracia, ni de entender que esas reformas son fundamentales no sólo para garantizar los derechos ciudadanos, sino también para fortalecerlos como instrumentos fundamentales de la democracia.

La Junta Central Electoral ha sometido al Congreso un proyecto de Ley de Partidos Políticos y con especialistas enviados por la Junta Central Electoral trabaja en búsqueda de consenso para impostergables reformas a la Ley Electoral. Para promover ambas legislaciones auspició esta semana, con asistencia del Instituto Internacional para la Democracia Electoral (IDEA), un seminario con participación de relevantes expertos.

Durante este evento ha quedado nuevamente de manifiesto la urgencia de un nuevo salto que redimensione la democracia para que los torneos electorales dejen de ser confrontaciones salvajes y creen condiciones para una mejor gobernabilidad que garantice la continuidad de políticas dentro de una estrategia nacional de desarrollo.  Hay que acariciar la esperanza de que el liderazgo político nacional acate el anhelo ciudadano de una profunda reforma electoral para perfeccionar esta democracia.

Que no se nos encallezca el alma

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Dos cuádruples ejecuciones de supuestos delincuentes a manos de la Policía Nacional con 9 días de diferencia es un magnífico average dentro de la política estatal de exterminio de jóvenes pobres que son o parecen ser delincuentes, que en los últimos años han sumado varios miles, sin que haya disminuido la criminalidad en el país.

La actual Jefatura de la Policía Nacional, encabezada por el general José Armando Polanco Gómez, comenzó reduciendo las ejecuciones, como las que le antecedieron en las últimas dos décadas, pero progresivamente va incrementando las “acciones heroicas” en que caen muertos los presumidos delincuentes. El diario El Día registró 30 durante el mes de junio, es decir uno por día. El Caribe daba cuenta de 175 en los primeros seis meses del año, lo que mantiene el mismo promedio.

Se puede esperar que la frecuencia de los “intercambios de disparos”, como los entrecomillan casi todos los periódicos, se eleven un poco más para alcanzar el 1.2 muertos por día que llegó a registrar la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, que le antecedió. Han quedado bien atrás los 250 muertos que registró la del general Pedro de Jesús Candelier en 1999.

No importa cómo se llame al Jefe de la PN, se trata de una política de Estado, auspiciada por los presidentes de la República para demostrar que en sus gobiernos se aplica “mano dura” para impedir que la delincuencia se apodere del país, como solicitan desde obispos y articulistas hasta el simple ciudadano, siempre que el ejecutado no sea de la familia o del vecindario.

Del cuádruple asesinato de la penúltima semana de junio se dijo que intentaban asaltar un almacén de cerveza, cuando se toparon con una eficiente patrulla policial a la que además recibieron a balazos y en tal circunstancia no dejaron alternativas. Los cuatro del miércoles, en la vecindad del hipódromo, todos muchachos menores de 23 años, no fueron sorprendidos en plena acción y familiares y vecinos testimoniaron ante las cámaras de televisión que fueron masacrados. La multitud que acompañó el cortejo de tres de ellos hasta el cementerio no deja dudas del drama: O hubo una masacre o tendremos que enfrentarlos a todos como delincuentes.

 Son ya incontables los casos de múltiples asesinatos que se demuestran masacres, ejecuciones criminales, como los cinco choferes en el Mirador Sur, o los cuatro de Puerto Plata, o igual número en Boca Chica y en los barrios de los cuatro puntos cardinales de Santo Domingo. En muchos casos se ha evidenciado que “fueron errores de cálculo”, porque se trataba de personas honorables, un sacerdote católico, un pastor evangélico, una muchacha de clase media acomodada, un niño inocente…

Pero lamentablemente seguimos justificando esta política de exterminio que nos coloca en el salvajismo policial. Si las evaluaciones del foro económico mundial incluyeran este capítulo, seguro que también estaríamos en el liderato de 139 países, como en la corrupción o en la calidad de la educación.

Lo peor es que hasta quienes rechazamos esa política por principio y por ineficiente nos vamos acostumbrando progresivamente a su vigencia, y cada vez insistimos menos en proclamar que ningún policía tiene derecho a decidir quien vive y quien no en los barrios. Por otro lado, somos cada vez menos los que nos rasgamos las vestiduras ante tanto cinismo y barbarie.  Esta semana, precisamente, estuvo de visita en el país el padre Sergio Figueredo y recordamos cómo le echaron de la Nunciatura Apostólica aquel 12 de enero de 1972 cuando buscaba medicación para que le perdonaran la vida a los cuatro Palmeros que Ejército, Aviación, Marina y Policía tenían cercados en una cueva del kilómetro 12 de la Autopista de las Américas. Terminaron masacrados. Tan sin piedad como los de esta semana.  Ojalá que no se nos encallezca el alma.

 

 

 

Un pasito para alante y otro para atrás

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la promulgación de dos leyes esta misma semana se materializó lo que el lenguaje popular denomina “un pasito para adelante y otro para atrás”. El avance: la promulgación de la Ley Orgánica del Ministerio Público que, entre otros logros,  instituye la Policía Técnica Judicial (PTJ), como órgano investigativo del Ministerio Público. El retroceso: promulgar la “Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura”, como fruto de un acuerdo político que valida una violación de la Constitución de la República.

Hay que acreditar al Poder Ejecutivo la decisión de promulgar la Ley del Ministerio Público, desoyendo los reclamos de última hora que reivindicaban el papel tradicional, infuncional y bien desacreditado de la Policía Nacional (PN) en el proceso investigativo de los delitos penales.

El nuevo instrumento busca dar cumplimiento al mandato del artículo 169 de la Constitución que instituye el Ministerio Público como “responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Tampoco el Código Procesal Penal deja la menor duda sobre quién es el responsable de la investigación, pese a lo cual elementos policiales y para policiales han pretendido sistemáticamente sobreponer la obsoleta concepción de una policía todopoderosa que no respeta normas ni derechos.

Es obvio que la profunda corrupción que tiene asiento en la PN  recomienda reformas de fondo que, como la Policía Técnica Judicial, tienen arraigo hace décadas en la inmensa mayoría de las naciones. Aquí ha sido una añeja demanda, incluso con precedente en los años sesenta.

No se trata de partir de cero, lo que dilataría la integración del nuevo organismo y desperdiciaría conocimientos y experiencias acumuladas en los departamentos investigativos de la PN. Así como debe recuperar los mejores talentos policiales investigativos, también debe conllevar una rigurosa depuración, los más adecuados recursos de la investigación, y adecuadas condiciones profesionales y salariales.

En cuanto a la promulgación de la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura es obvio que es un precedente nefasto que debe ser rechazado aún cuando esté basado en un acuerdo político entre el Presidente de la República y del partido de Gobierno y el presidente del principal partido de oposición. La opinión  casi unánime de los expertos constitucionalistas, incluyendo a los consultores de la Presidencia para la redacción de la Constitución del 2010 y para el proyecto de ley original del CNM, es que la forma en que se dieron por aprobadas las observaciones presidenciales violó el artículo 112 de la Carta Magna, al no reunir las dos terceras partes de los votos.

El mal llamado “Acuerdo Institucional” es tan contradictorio que en su letra “e” ratifica el artículo constitucional 112 en base al cual establece que en adelante las leyes orgánicas y las observaciones de que puedan ser objeto requerirán las dos terceras partes de los votos para ser válidas. Aunque en un acto de soberbia el presidente de la República consignara una glosa, para decir que aceptó la solución “con el objetivo altruista” de lograr el acuerdo.  No era necesario promulgar una ley que hasta ser modificada es claramente inconstitucional.

El acuerdo debió establecer que se le daba por no aprobada y consignar el contenido de un nuevo proyecto de ley. Era lo correcto, como en el caso de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que se enmendó con el simple retiro de las observaciones presidenciales.

Es una pena que instituciones y personas respetables avalen ridículos remiendos  a violaciones de la institucionalidad democrática, pero cuando en este caso se daban las condiciones para una rectificación que respetara la Constitución de la República.

 

¿Triplicar el Ejército Nacional?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Pasó desapercibido el reclamo que formulara el jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional (EN), mayor general Carlos A. Rivera Portes, de que sean triplicados los integrantes de esa institución, no sólo para controlar la frontera, sino también para apoyar a la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Policía Nacional en la lucha contra todas las manifestaciones delincuenciales.

Lo planteó en un encuentro con los ejecutivos del diario El Caribe, según quedó registrado en su edición del 16 de marzo pasado. Nadie expresó alarma, porque en este país hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro. En otros casos porque estábamos ocupados combatiendo los retrocesos institucionales de las últimas semanas.

Lo primero que llama la atención es la afirmación de que el Ejército tiene “más de 20 mil soldados”, porque en realidad son 27 mil 550 activos, según la página en la Internet de la Contraloría General de la República. El general Rivera Portes pedía que se triplicara de 20 a 60 mil.

Según la Constitución y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, su misión fundamental es proteger la soberanía nacional, no realizar labores policiales, que eso corresponde a la Policía Nacional, que debe ser profesionalizada, reestructurada y hasta reconstituida, si se quiere, para que cumpla su misión.

La misión fundamental del EN debería ser la protección de la soberanía, lo que remite a la única frontera, si asumimos que deben ser la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, las instituciones que velen por la soberanía aérea y marítima.

Según el general Rivera “más de tres mil soldados luchan todos los días por proteger los 390 kilómetros que componen la frontera de la inmigración ilegal, la trata de personas y el trasiego ilícito de mercancías, a costa de sacrificio y por vocación de servicio a la patria”.

Asumiendo que sean tres mil los destacados en la frontera y que tengan realmente esa vocación patriótica, habría que preguntar qué hacen los otros 24 mil 550 soldados del Ejército Nacional. Si la pregunta le fue formulada, seguramente que el comandante del Ejército debe haber tenido dificultades para dar una respuesta.

Pero lo inconcebible es que un oficial de nivel profesional como el general Rivera Portes confiese que emplea 3 mil en su tarea fundamental, pero que requiere 60 mil. Cualquiera podría esperar que mejor abogara por reducir sus efectivos a la mitad, que serían 13 mil 775, más de cuatro veces el número de los que cumplen tarea patriótica en la frontera.

La reducción, como la de todas las Fuerzas Armadas, que según la Contraloría totalizan 54 mil 441, no sería por simple arbitrariedad, sino para tener mayores posibilidades de profesionalizar y pagar decentemente a sus integrantes, y para mejorarles el suministro de ropa, zapatos, equipos y materiales gastables.

Con la mitad se puede cumplir la tarea que hoy realizan tres mil esforzados soldados y aumentarían las posibilidades de  evitar que devengan en asociados de los delincuentes, especialmente de los narcotraficantes.

Es lamentable que pasen los años y ni siquiera los más profesionales oficiales, como tampoco los funcionarios y políticos dominicanos se planteen abordar con seriedad la calidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y que persistan en creer que el problema es de cantidad. Cuando deberían saber que este pobre país no tiene los recursos necesarios para mantener con dignidad unos cuerpos armados tan abultados.

Que conste que además de los 54 mil 441 miembros de las Fuerzas Armadas, la Contraloría paga 33 mil 690 empleados del Ministerio de Interior y Policía, entre ellos 30,574 miembros de la Policía Nacional, además de 22 mil 947 pensionados militares y 14 mil 813 policías pensionados, para totalizar 125 mil 891 salarios. ¿Los triplicamos?

 

Es democracia lo que se pide

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Los dos partidos que se disputan la mayoría del electorado dominicano  son las organizaciones políticas más democráticas de la historia nacional, pero ambas están sometidas a un penoso proceso de involución, expresión de una cultura de la imposición autoritaria y caudillista o del arrebato y la anarquía.

 Desde su fundación en 1939, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) adoptó un credo democrático progresista, como contraposición a la dictadura trujillista y a la anarquía de la montonera.

Fue la conjunción de una multiplicidad de líderes del exilio dominicano en Cuba, Venezuela, México, Estados Unidos y Puerto Rico. Nació con el sello de la pluralidad y esa debe ser una de las razones por la que ha sobrevivido a 72 años de avatares.

Murieron todos los fundadores del exilio y gran parte de los líderes que se le incorporaron en el país tras la liquidación de la tiranía y ese partido sigue siendo un instrumento fundamental de las luchas políticas nacionales.

 Sus dos grandes líderes, Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, arrastraron remanentes del caudillismo, pero predicaron y practicaron la democracia en una sociedad todavía hoy con niveles educativos del sexto grado de primaria.

A veces se les temía, pero apelaban a sus capacidades oratorias para que sus organismos colegiados aprobaran líneas programáticas o estratégicas.

Cuando en 1973 Juan Bosch consideró que la mayoría de los miembros de su Comité Ejecutivo Nacional iban por un camino distinto al de él, se marchó a fundar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

 Peña Gómez rescató el PRD para llevarlo al poder apenas cinco años después en base a un liderazgo plural y todavía se recuerdan las series de discursos radiofónicos que precedían las reuniones de sus organismos ejecutivos y convenciones para hacer aprobar sus estrategias y planteamientos programáticos.

Como Bosch, bregó hasta la muerte con las ambiciones, llegando a la aberración del “dos por dos”, para conjurar rebeliones ante el dictamen democrático.

A Peña le sorprendería la muerte la semana antes de las elecciones congresuales y municipales de 1998, en las que era candidato a síndico del Distrito Nacional, posición que adoptó para conjurar una crisis por los resultados de la elección primaria protagonizada por Miguel Vargas Maldonado y Julio Maríñez.

Días antes de fallecer, en la última entrevista que le hicimos para Teleantillas, rechazó que la campaña electoral en la que estaba envuelto le estuviera quitando la vida. “Las campañas me dan vida, lo que me la quita es la ambición desenfrenada de tantos compañeros”, fue su respuesta.

Su capítulo más amargo debió ser la crisis de la convención de 1985 que lo envolvió a él mismo en la disputa de la candidatura presidencial, cuando la degeneración de las ambiciones y el grupismo determinaron que el candidato fuera Jacobo Majluta y no él, a quien todos consideraban líder, pero muchos discriminaban por razones raciales.

El profesor Bosch fundó un nuevo partido a su imagen y semejanza, inculcando la honradez y una fuerte ética política, con su personalidad imponente, pero con organismos de base e intermedios participantes y con pluralidad de líderes. No merecía que poco después de su muerte se iniciara el desmonte de esa estructura y se reprodujeran en su partido y entre sus dirigentes los vicios que él abominaba.

El ilustre escritor fue más infortunado que Peña, puesto que fracasó por partida doble, en las dos organizaciones políticas que protagonizan la política nacional, a las que en este fin de semana se les pide respeto a los valores democráticos, rechazo del caudillismo avasallante y la anarquía. Como forma de reivindicar y honrar la memoria de los dos mayores sembradores democráticos de la sociedad dominicana.

 

En abono del presidencialismo

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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En medio de la borrasca dejada por el discurso presidencial del 27 de febrero podría colarse de contrabando el nuevo esfuerzo gubernamental por abonar el recurrente presidencialismo que tanto ha castrado la institucionalidad democrática en los 167 años de la República Dominicana.

El presidente Leonel Fernández observó la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) recién aprobada por el Congreso Nacional para reclamar un voto adicional, apenas un año después que la nueva Constitución incluyera al Procurador General como miembro del organismo encargado de elegir los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y de los nuevos Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral.

Hasta la nueva Constitución el CNM estaba integrado sólo por siete miembros, el presidente de la República, los presidentes de las dos cámaras legislativas y un delegado adicional por cada una de ellas, y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un delegado adicional por la misma

Cuando los asambleístas constitucionalistas agregaron al Procurador General, un subalterno del presidente de la República, que es quien lo designa, era obvio que se fortalecía el presidencialismo, nada menos que en la integración de los máximos organismos de otro poder del Estado, el Judicial.

Pero el presidente Fernández no quedó conforme con ese poder  y con la observación de la ley pretende que en caso de empate en una decisión se le otorgue un voto adicional definitorio, algo absolutamente improcedente y en las actuales circunstancias innecesario.

En realidad el doctor Fernández tiene garantizada la mayoría absoluta de los votos del CNM para la reestructuración de la Suprema Corte y la elección de los jueces del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. Cuenta, además del suyo, con el voto del Procurador, de los presidentes de ambas cámaras y del aliado reformista que es el representante adicional del Senado, para totalizar cinco de ocho. La oposición perredeísta sólo cuenta con el delgado adicional por la Cámara de Diputados, quedando todavía la posibilidad de obtener los dos de la Suprema Corte.

El abono al presidencialismo se plantea precisamente cuando desde diferentes instancias sociales se reclama que las próximas elecciones del CNM se hagan con amplitud democrática, amplio consenso y sin atender los intereses partidistas, condiciones que siempre deberían caracterizar la escogencia de los jueces, especialmente cuando se trata de la Suprema Corte y de los jueces responsables de dirimir los conflictos constitucionales y electorales.

Si el actual mandatario de cualquier forma ya tiene el control del CNM no se justifica que quiera instituir un voto adicional para el Poder Ejecutivo y en materia que tiene que ver con órganos a los cuales eventualmente tendría que rendir cuenta. Podría estar trabajando para facilitar decisiones en el CNM a su sucesor, sobre todo si es de otro partido.

La motivación es confusa pero el objetivo es abonar el presidencialismo en detrimento del Poder Judicial. Una demostración adicional de que el doctor Fernández se distancia en la sintonía con las aspiraciones nacionales de independencia de poderes y de fortaleza institucional. Ojalá que la oposición haga valer su peso en la Cámara de Diputados y rechace firmemente la pretensión presidencial, ya que al tratarse de una ley orgánica su aprobación requiere dos tercios de los votos.