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Todos deberían renunciar

by Juan Bolívar Diaz Santana | 16 Comments

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la dignidad, la coherencia y el valor que ha caracterizado su paso por la gestión pública, desde que se le conoció en la fiscalía de la provincia Santo Domingo, el licenciado Eddy Olivares Ortega ha dado una lección al liderazgo nacional al anunciar su declinación a seguir siendo parte de una cuestionada Junta Central Electoral (JCE), cuyas decisiones o indecisiones han contribuido al descrédito del sistema electoral dominicano, como han patentizado los diversos informes de observación del reciente proceso electoral.

El ejemplo de Olivares concierne a todos los restantes integrantes del organismo electoral, que también deberían presentar su renuncia reconociendo públicamente que una condición esencial de todo arbitraje es la independencia y la aceptación por parte de los diversos actores, a los cuales la legislación constitucional moderna acuerda el derecho a la recusación cuando entiendan que las autoridades o jueces tienen conflictos de intereses.

Debe advertirse que la carta de renuncia de Olivares a seguir como titular de la JCE, fue dirigida al presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, quien días antes de los comicios de mayo anunció su disposición a reelegir a todos los integrantes del organismo, aprobando su gestión.

Si Eddy Olivares antepusiera su interés personal al de la sociedad, estuviera medrando en los ámbitos repartidores del poder y hasta presentándose como la expresión mínima de la disensión, o la representación de la oposición, especialmente porque como tal llegó a esa junta de reparto, y así se le ha considerado, aunque su integridad rebasa con mucho tal condición.

Ante la evidente impugnación de la totalidad de los partidos de oposición, y de amplios segmentos de la sociedad civil que propugnan por el entendimiento y la concertación en aras de la gobernabilidad y la estabilidad política, económica y social, todos los integrantes de la JCE, como también los del Tribunal Superior Electoral, deberían mostrar su disposición a apartarse para no constituirse en piedras de contradicciones, lo que no corresponde a árbitros ni jueces.

Es probable que en ambos organismos haya personas con capacidades e integridad para mantenerse en los cargos, los que deberían ser considerados para el consenso necesario. Pero la mayoría, con sello político fruto del reparto, debe dejar el campo abierto.

Hay que reconocer que la renuncia, como la de Olivares, es muy poco frecuente en la vida pública dominicana, pero en el mismo ámbito de la JCE hay precedentes como el del doctor Manuel Morel Cerda, y la doctora Aura Celeste Fernández, que se retiraron cuando fueron objeto de impugnaciones, aún injustas, de diversos actores políticos.

Las deficiencias del último proceso electoral, el colapso de la imposición tecnológica, la personalización de la JCE rompiendo su carácter de organismo colegiado, su colocación por encima de la ley, su fracaso en lograr la adaptación de la ley electoral a la Constitución de la República y su incapacidad para aplicar los principios de equidad que proclama, determinan una renovación profunda del organismo.

Mientras tanto, congratulemos a Eddy Olivares, quien siempre defendió principios con más múltiples documentos ponderados y argumentativos, sin insultos ni descalificaciones. Defendió la transparencia en el uso de los recursos, en las contrataciones, tanto como los derechos ciudadanos cuando la JCE comenzó a negar la documentación de los dominico-haitianos, sin el menor amparo legal, que luego quiso darle el Tribunal Constitucional. La ley 169-14, que revocó parcialmente las exclusiones y la restitución de la documentación de 55 mil ciudadanos por la JCE, demostraron su acierto, compartido con la doctora Aura Fernández y en la última etapa con el doctor José Ángel Aquino.

Ojalá que Olivares Ortega decida incursionar definitivamente en la actividad partidaria, donde tiene un amplio campo para desplegar sus capacidades, porque es de los imprescindibles, los que investigan y defienden principios, sin miedo a quedar en minoría. Hacen falta para el rescate de la actividad política.

En el salami es que está la fiebre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Como siempre en este país de tantas irresponsabilidades y complicidades hay gente que anda por ahí rasgándose las vestiduras, buscando la fiebre en la sábana y no en el cuerpo enfermo, y llegan a pedir la cabeza de la directora del Instituto de Protección del Consumidor (Proconsumidor), Altagracia Paulino, por haber alertado sobre graves deficiencias en el salami nacional, en vez pedir la de los responsables de velar por la pureza del producto y la sanción de los fabricantes defraudadores.

Es obvio que Pro Consumidor debe evitar que paguen justos por pecadores, por lo que en principio vale la petición de que identifique los productores del salami deficiente o contaminado, o que diga cuáles marcas pasaron la prueba de los análisis. Pero hasta eso se banaliza cuando se lee que el 97 por ciento de la muestra analizada tenía un contenido proteico inferior al mínimo establecido; que el 51 por ciento arrojó nivel de nitrito de sodio superior al permitido por ser una substancia potencialmente cancerígena, y hasta que el 15 por ciento presentó bacterias de origen fecal.

 Se puede entender que esos porcentajes de graves deficiencias arrojan un balance que no ha permitido hacer excepciones, por lo que tampoco es fundamental identificarlos. En tal caso se justifica el alerta público, que por lo menos ha obligado a algunos a dar explicaciones y a la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR) a adoptar previsiones para obligar a eliminar la fiebre.

 Debe tomarse en cuenta que fueron 258 las muestras analizadas procedentes de compras de salami en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Duarte, Barahona y San Pedro de Macorís, y que abarcaron a 22 embutidoras.

También que la evaluación de su calidad fue hecha por personal y laboratorios de alta calificación como el Instituto de Innovación y Biotecnología Industrial y el Laboratorio de Control de Calidad del Veterinario Central.

 Es absolutamente injustificable que DIGENOR no hubiese adoptado hace tiempo la norma reglamentaria emitida de emergencia esta semana. Sobre todo porque desde el 25 de abril Pro Consumidor le había hecho una formal presentación de los resultados del análisis, al igual que al Ministerio de Industria  y Comercio y el Departamento de Control de Riesgos en Alimentos y Bebidas de la Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud Pública, los días 23 de abril y 30 de mayo.

 Es tres meses después, y gracias al escándalo, que DIGENOR emite la Norma 67:19-100 que otorga un plazo de tres meses para que todos los embutidos sean etiquetados en español con la información relativa a los porcentajes de ingredientes de naturaleza animal o no, peso, fecha de vencimiento, tipos de carnes utilizadas, registros sanitario e industrial y el número de lote.

 Aparte de que el plazo de tres meses parece muy largo para adoptar esas providencias fundamentales para los consumidores, es verdaderamente lamentable saber que la normativa tenía un mes de haber sido adoptada con representación de fabricantes y de los diversos organismos públicos vinculados. Son normas comunes en la comercialización de alimentos generalizadas hace décadas en el mundo civilizado.

 Es lacerante también que por lo menos los grandes fabricantes no hubiesen tomado por sí mismos la iniciativa de consignar esas informaciones en sus productos y que esperaran un plazo conminatorio  y  el daño que se han autoinfligido con un escándalo que ellos mismos debieron evitar. Y vale consignar que también fueron informados en reuniones promovidas por Pro Consumidor a partir de mayo.

 Gravísimo es también que se haya informado que hay decenas de fábricas informales de salami, un producto vital, de altísimo consumo nacional y hasta de exportación.

 Por todo lo anterior hay que concluir en que la fiebre no está en la sábana, ni en Pro Consumidor, sino en el salami mismo, y que si ahora podemos combatirla es gracias al espíritu indomable de la dilecta Altagracita Paulino.

Vergonzoso aval del genocidio civil

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Tuve que leer hasta la última letra la sentencia de los cinco magistrados de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el recurso de casación interpuesto por uno de los dominicanos descendientes de haitianos a los que se les niega la expedición de copias de sus actas de nacimiento, para creer que pudieran avalar el genocidio civil que se viene practicando con miles de personas.

 Ese dictamen no sólo es un adefesio jurídico, como sostienen los abogados recurrentes, sino también un acto de extrema inhumanidad que desnacionaliza a miles de personas de todas las edades y las condena a un ghetto sin precedente, en violación a preceptos jurídicos universales como el de la irretroactividad de la ley y la Constitución.

Con el agravante de que remite el caso al escenario internacional a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la nación dominicana volverá a ser condenada.

Con un retraso de tres años y medio, inexcusable en un recurso de amparo sobre un asunto tan fundamental como el derecho a la identidad de un ciudadano, la corte rechaza el recurso de casación interpuesto por Emildo Bueno Oguis, nacido en Villa Altagracia, San Cristóbal, hace más de tres décadas sobre una sentencia del 30 de abril del 2008 del entonces denominado Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo, que había avalado la decisión de la oficialía del Estado Civil de negarle la expedición de copia de su acta de nacimiento, atendiendo a una simple circular administrativa de la Junta Central Electoral.

 Irónicamente el dictamen encuentra al impetrante Bueno Oguis residiendo legalmente en los Estados Unidos, amparado en el pasaporte que legítimamente había obtenido con su documentación de dominicano.

Al parecer encontró más humanidad en las autoridades inmigratorias norteamericanas que le proporcionaron la residencia en base al pasaporte, ya que le resultó imposible presentar copia de su acta de nacimiento, para que pudiera reunirse con su familia.

 Para comprender la dimensión del abuso debe saberse que Bueno Oguis había obtenido copias de su acta de nacimiento una docena de veces para inscribirse en la educación primaria, secundaria y universitaria, para sacar su cédula personal de identidad y su pasaporte, para casarse y para otros actos legítimos de cualquier ciudadano.

Como él decenas de miles de descendientes de haitianos,  cuya inscripción como dominicanos era común pues se entendía que estaban amparados por la Constitución vigente y hasta por la ley de migración y su reglamento.

 Era tan obvio que esos actos del Estado Civil eran legítimos, que quienes en las últimas dos décadas empezaron a cuestionarlos, promovieron y consiguieron en el 2004 una modificación de la Ley de Migración para limitar el acceso a la nacionalidad de los descendientes de inmigrantes ilegales aunque nacieran en el país.

 Lo mismo restringieron el precepto del jus soli en la Constitución proclamada en enero del año pasado.

 Produce consternación la lectura de esa sentencia, donde los jueces supremos no aportan un solo argumento propio en una materia tan fundamental, limitándose a repetir los del Tribunal contencioso, avalando una aplicación retroactiva de la nueva ley de migración y de la Constitución del 2010 y evadiendo responder a cuatro de los cinco alegatos del recurso de  casación, como explicó por Teleantillas el reputado constitucionalista Cristóbal Rodríguez, abogado de Bueno Oguis.

 Nadie ha negado que la Junta Central Electoral tenga facultad para adoptar decisiones en materia de su incumbencia ni para emitir circulares, como avala la sentencia.

Lo que se objeta es que asuma facultades que corresponden a los tribunales, como establece el artículo 31 de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil.

Esta sentencia abre las puertas de par en par para que los afectados recurran ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ya en el 2005 dictaminó disponiendo la inscripción de dos niñas descendientes de haitianos proclamando que los hijos no pueden heredar la ilegalidad de sus padres.

Con más razón en casos como el de Bueno Oguis con décadas de inscrito. Sólo nos esperan nuevas condenas y escarnios internacionales.

¡Qué pena Sonia, qué pena!

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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A Sonia Pierre no tuve oportunidad de tratarla a fondo. No era el tipo de persona que confluía en mis ambientes sociales o profesionales. Fuera de seis o siete entrevistas de televisión en casi dos décadas, sólo una vez tuve oportunidad de conversar largo con ella, frente a frente en su oficina del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, a raíz de la penosa resolución de la Junta Central Electoral que discrimina la expedición de copias de sus actas de nacimientos a los dominicanos de origen haitiano.

 Durante casi dos horas escuché sus planteamientos y tuve la impresión de que estaba frente a una persona de profunda tristeza, que se le salía por los ojos, con un esfuerzo visible para contener las lágrimas. La última vez que escuché su voz fue en los días anteriores a la audiencia celebrada en octubre pasado en Washington por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el genocidio civil que implica la negativa a expedir copias de sus actas de nacimiento a los dominicanos descendientes de haitianos.

Me resultó obvio que ella no quería dar una entrevista, que no se sentía cómoda con el papel de enemiga de su país que le querían endilgar por el pecado de ser consecuente con sus orígenes. Llegó a decirme que esa no era una causa personal señalando que la llevaba una coalición de más de veinte instituciones.

En los últimos años sus luchas habían sido reconocidas por la Fundación Kennedy, por el Departamento de Estado norteamericano que la declaró Mujer Coraje, por Amnistía Internacional, por universidades e instituciones internacionales que la invitaban a exponer su causa, lo que no siempre podía aceptar.

Me hizo confidencias sobre las amenazas e intimidaciones de que era víctima, y le mortificaba especialmente por cuanto incluían a sus cuatro hijos y dos nietos. Y aunque le restaba importancia, sufría porque en los últimos años se había llegado al extremo de tratar de despojarla de la nacionalidad.

En una ocasión le hice contar por Teleantillas cómo había sido su infancia, tras haber nacido en 1963 en un batey de Villa Altagracia, casi en la capital dominicana. Y  cómo se levantó para hacerse profesional y luchar toda la vida. Todavía al morir muchos la trataban de haitiana 48 años después de haber sido declarada dominicana.

Como la Constitución  que regía cuando ella vino a este mundo cobijaba a todos los nacidos en el país, excepto los hijos de diplomáticos y de los extranjeros en tránsito, y como no de eran de los primeros, los declararon en tránsito. Y era cierto, Sonia como sus padres transitó hacia el fondo del terruño nacional.

A ella no se atrevieron a negarle la expedición de copias de su acta de nacimiento, pero la vergonzante sentencia de la Suprema Corte de Justicia que avala el despojo de la nacionalidad a decenas de miles de dominicanos descendientes de haitianos la golpeó en lo más recóndito del alma. Su corazón no pudo resistir la nueva embestida y apenas días después dejó de latir abrumado por la pena.

La intempestiva partida de Sonia Pierre nos deja un nudo en el alma y representa un rudo golpe al sentimiento humanitario de los hijos de esta tierra donde tantos llegaron sin visa desde que los europeos nos invadieron hace  más de cinco siglos, lo que no impidió que los recibiéramos y acogiéramos para convertirlos en dominicanos de ascendencia española, africana, libanesa, palestina, china, judía, japonesa o cocola. Pero también de donde más de un millón han partido para ser ciudadanos del mundo. Ellos mismos y sus descendientes son hoy dominico-americanos, dominico-españoles y un largo etcétera.

Qué pena Sonia que nos resulte tan difícil entender y aceptar que también puede haber y hay dominico-haitianos, lo que debería ser lo más natural del mundo dado que compartimos una pequeña isla dividida precisamente por los que llegaron sin pedir ni recibir autorización hace medio milenio.

¡Ay Sonia Pierre que el subsuelo de esta tierra tan perturbada te resulte más leve y que algún día podamos reivindicarte como lo que fuiste: un monumento humano de dignidad, coherencia y coraje! ¡Cuánta pena acumulaste y cuántas penas nos dejas ilustre hermana dominicana!

Urgente concertación política

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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La crisis en la gerencia del sistema informático  de la Junta Central Electoral (JCE) que se ha extendido a la importante Junta Electoral de Santiago, y la irrupción de narcotraficantes en la extensa y costosa campaña electoral dominicana, más la urgencia de adecuar la legislación y los nuevos órganos electorales al marco constitucional instituido en enero del 2010, están demandando una urgente concertación del liderazgo político.

 Las expresiones de Monseñor Agripino Núñez Collado al término de la última reunión entre los secretarios generales y delegados electorales de los dos partidos mayoritarios, indican un fracaso en los intentos de concertar una solución al conflicto originado en la dimisión del administrador general del Sistema Informático de la JCE, Miguel Angel García, complicada con la cancelación de un miembro de la Junta Electoral de Santiago, lo que por solidaridad generó la renuncia de otro. La recusación del presidente de la misma complica aún más la situación.

 La ausencia de concierto político en torno al arbitraje electoral pone en riesgo los avances que se habían logrado en los últimos años. Tanto la gerencia de informática como la Junta Electoral de Santiago habían sido determinadas por consenso y no se advierte una razón válida para que ahora se rompa.

 Las objeciones al ingeniero Franklin Frías como administrador del centro de cómputos de la JCE, válidas o no, han sido generalizadas desde hace una década, sólo que alternándose los actores. Si en el 2001 fueron justificadas y aceptadas cuando provenían del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, entonces en la oposición, lo mismo debe ocurrir ahora cuando la impugnación proviene de todos los partidos que no forman parte del gobierno.

 No se puede ignorar que ahora hay agravantes. A García lo hicieron saltar de la  gerencia general creada para subordinar a Frías. Y saltó cuando no encontró respuesta del presidente de la JCE a sus interrogantes después que su subordinado dirigió una circular a todo el personal en la que se autoproclamó jefe máximo del organismo. Todo lo dejó documentado García al publicar su dimisión.

 Hay que restablecer el consenso partidista en torno a la JCE. Poner a Frías sobre el mismo sólo sirve para incentivar desconfianzas e incertidumbres. La concertación es más urgente porque sin ella no será posible aprobar el proyecto de reformas electorales  elaborado por una misión técnica de la Organización de Estados Americanos, que por constituir una ley orgánica requiere dos tercios de los votos de las cámaras legislativas que nadie tiene.

 El concierto es preciso también para que la urgente institución del Tribunal Superior Electoral no eche combustibles sobre el fuego. Lo mismo para la aprobación de los reglamentos operativos del mismo, que tomarían tiempo. Ya empiezan a acumularse expedientes en el proceso electoral por ausencia del órgano contencioso, lo que no hubiese ocurrido de haberse observado el mandato transitorio de la Constitución que mantenía los antiguos jueces hasta la constitución de los nuevos órganos electorales.

 La ocurrencia de un acusado de narcotráfico patrocinando un grupo de apoyo a la candidatura presidencial del principal partido opositor y la documentación de que había financiado la candidatura del actual presidente de la nación, es otro motivo para la urgente concertación, sin la cual será imposible la oportuna aprobación de los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de reformas electorales que contemplan medidas para limitar el financiamiento y reducir los costos de las campañas.

 El sistema político debe dejarse de hipocresías y aceptar la urgencia de regulaciones. La ciudadanía consciente sabe que el multimillonario financiamiento de nuestras descomunales compañas proviene en gran proporción de fuentes ilegítimas: del robo público, del tráfico de influencias, del dinero mal habido, de la inversión que busca rentabilidad y del abuso de los recursos del Estado. Hay que poner límites, pero ya!

 

No hagamos como el avestruz…

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Cada vez con más frecuencia los dominicanos y dominicanas pasamos la vergüenza de leer o escuchar denuncias y evaluaciones reveladoras de nuestras miserias  institucionales, altos niveles de corrupción, malversación y falta de transparencia, y precariedad de los servicios fundamentales determinada por la ausencia de prioridad en las inversiones públicas.

Ya el informe de competitividad internacional del Foro Económico Mundial nos ha calificado como  campeones universales en malversación de los fondos públicos y en desconfianza en la policía, y competimos por los últimos peldaños en calidad de la educación, embarazos de adolescentes, muertos a manos de la policía, en favoritismo de los funcionarios públicos y en otros renglones.

Lo peor es que nos hemos acostumbrado a las denuncias y ya nada parece conturbarnos ni conmovernos. Nada nos espanta ni quita el sueño. Hemos perdido nuestra capacidad de asombro y entendemos que genéticamente estamos incapacitados para cumplir la Constitución y las leyes y cualquier norma que nos demos. La reacción es de indignación y descalificación de quienes nos desaprueban, creyendo que resolvemos el problema apelando a la soberanía nacional y a un nacionalismo hipócrita y dicotómico que la globalización universal sepultó.

Fuimos tan lejos en el salvajismo institucional que pasamos cuatro años negando las actas de nacimiento a miles de ciudadanos porque son descendientes de haitianos. Aquí no valieron ni las sentencias judiciales en contra y no rectificamos hasta que en la OEA, en el Departamento de Estado norteamericano, en el Congreso de los Estados Unidos y en la Universidad George Washington nos dijeron casi al unísono  que eso es inaceptable, que así como hay méxico-norteamericanos, dominico-americanos y dominico-españoles, puede también haber dominico-haitianos.

Esta semana el embajador de Gran Bretaña, al hablar en un evento oficial ante las máximas autoridades judiciales, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Procurador General de la República, y en el recinto sede de estas instituciones, denunció la corrupción, que se expresa en el tráfico de influencias y la extorsión, como dañino para la imagen de la nación y la inversión extranjera.

Debe estar demasiado motivado el embajador Steven Fisher para denunciar en ese escenario que por “inconvenientes asociados a la corrupción una importante empresa británica se fue hace poco del país”, y que otra ha sido objeto de una “tentativa de soborno muy grande”.

No se trató de una declaración improvisada. El embajador Fisher pronunciaba una conferencia en un evento que se supone parte de los esfuerzos que se realizan ante las Iniciativas Participativas Anticorrupción que promueven organismos internacionales, por las que este 2011 que declina fue denominado como “Año de la Transparencia y la Institucionalidad”.

Pero el mismo día, miércoles 23 de noviembre, el embajador de Estados Unidos, Raúl Izaguirre,  pronunciaba otra conferencia ante la Cámara de Comercio Dominico Americana, en la que retaba a esta sociedad a superar graves deficiencias como las de educación y electricidad, el clientelismo político y la precariedad energética.

En la misma jornada la prensa recogía los resultados de una auditoría que muestra la malversación de 700 millones de pesos en el Instituto Agrario Dominicano, y daba cuenta del piquete realizado por canjeadores de cheques al Consejo Estatal del Azúcar, cuyo director anterior -ahora en otro cargo gubernamental- les dejó con cheques sin fondos por 15 millones de pesos, que tres meses después no han podido recuperar.

Ya se ha producido la clásica indignación contra el embajador británico,  cuando lo procedente que el titular del Departamento de Lucha contra la Corrupción, allí presente, le pidiera una cita para iniciar una investigación. ¿Cuántos creen que lo hará y que terminará en sanciones? Algunos son tan descarados que se atreven a sugerir que Fisher se inventó esa denuncia para “dañar el buen nombre de la nación”. Y en vez de indignarse contra el pecado y los pecadores, lo hacen contra el conferenciante invitado.

Siempre con las riendas tensas

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz
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Estoy obligado a expresar la gratitud que me embarga por el homenaje  del que me hizo objeto el viernes la comunidad académica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), conjuntamente con cuatro de los mejores colegios secundarios de esta capital, y al que se sumaron tantos colegas y amigos para satisfacción de mi familia allí presente.

 El reconocimiento fue tan cálido e intenso que arrancó lágrimas a muchos de los presentes durante su largo discurrir de casi cuatro horas, especialmente por las representaciones teatrales y artísticas de alumnos de los colegios Santa Teresita, Babeque Secundario, Triumphare y Lux Mundi, elaboradas a partir de entrevistas de apenas hora y media, conversaciones con familiares y amigos y consultas de artículos.

 Lo más impresionante fue cómo me interpretaron teatralmente, cómo captaron las esencias de mis orígenes y vida personal y profesional, así como criterios esenciales introduciendo la música de los bateyes de donde provengo, con la indumentaria de los guloyas y hasta de las desafortunadas Estrellas Orientales que tanto me han enseñado a persistir en la batalla por los “sueños utópicos” labradores de progreso. Incluyeron poemas y canciones preferidas, salteadas de testimonios de compañeros y familiares.

 Tengo que dar crédito al histrionismo humano y teatral de esos muchachos y muchachas, y por supuesto a los directores de sus grupos que son conocidas figuras de las tablas nacionales, así como a directores y profesores de esos centros docentes que tomaron con tanto entusiasmo el “Día del INTEC con Juan Bolívar Díaz”, en la XVII celebración de un programa que persigue el “reconocimiento y promoción de las acciones y los valores más enaltecedores, encarnados por destacadas personalidades del quehacer intelectual, artístico, científico, tecnológico y empresarial”.

 Mi gratitud al Consejo Académico, al Rector Rolando M. Guzmán, a la decana de Ciencias Sociales y Humanidades Migdalia Martínez y a profesores y estudiantes que hicieron posible este homenaje que ellos motivaron en lo que estiman “significativo aporte al periodismo nacional de radio, prensa y televisión, así como al desarrollo de la sociedad civil, los valores de la democracia y los derechos humanos en el país”.

También agradezco a los comunicadores que se asociaron al homenaje, en particular a los que participaron en un panel testimonial: Lidia Ariza, Silvio Herasme Peña, Ramón Emilio Colombo y Rafael Toribio.

 Si bien este reconocimiento pudo haber sido extemporáneo, puesto que sigo activo y en plenitud de salud y decisión de continuidad, me alienta y reafirma el compromiso con los valores esenciales que pautan la comunicación y la hipoteca social del periodismo. Por de pronto me hizo de nuevo habitante del tiempo ido, de caminos y sueños compartidos y de esos “tantos hermanos que no los puedo contar, en la loma y el llano, en el campo y la ciudad”.

 Me gratificaron hasta niveles inmerecidos y me hicieron recordar a Goytisolo en sus palabras para Julia, cuando nos dice que “un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada”. Muchachas y muchachos rescataron mi devoción por León Felipe al recordar que “la cuna del hombre la mecen con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos”, mientras abrían armónicamente los paraguas amarillos del 4 por ciento del PIB para la educación.

 De nuevo volví  a enarbolar el testamento leónfelipiano que convertimos en afiche en los días gloriosos del diario El Sol, al final de los setenta, cuando obligamos a la Gulf and Western a devolver 38 millones de dólares que correspondían al pueblo dominicano: “voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, que lo que importa no es llegar solo y de prisa, sino con todos y a tiempo”.

El o la desafiante 7 mil millones

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

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Tengo dudas de que dentro del desconcierto de gritos, descalificaciones, intolerancia y exclusiones que caracteriza el debate nacional hayamos puesto suficiente atención a las advertencias formuladas por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) por el advenimiento del ciudadano o la ciudadana 7 mil millones a este mundo en descomposición ecológica, económica y urbanística.

 Los desafíos son ya inconmensurables para la conciencia pensante de la humanidad, a nivel mundial, regional y nacional, porque los problemas del desequilibrio del planeta, la aglomeración urbanística, el agotamiento de reservas energéticas y, acuíferas y las crecientes dificultades para alimentar y dar empleo a una población mayoritariamente joven, penden sobre toda la humanidad como espada de Damocles.

 Es que llegó el o la 7 mil millones, pero cuando alcance la edad promedio estaremos recibiendo el 10 mil millones y al final de su vida serán 15 mil millones de seres humanos, según las proyecciones del FPNU. Ya hoy más de la mitad de la población es joven, en alta proporción excluida del reparto de los beneficios sociales, con escasos servicios de educación y creciente dificultades para encontrarse con un empleo digno que de seguridad a su futuro.

 Hacinados en megápolis, cada vez con mayores dificultades de equilibrio ecológico y de servicios fundamentales de transporte, vivienda, agua y educación, cientos de millones de desempleados y excluidos serán una amenaza para la seguridad y la convivencia. La simple bipolarización de la población, con más del 50 por ciento por debajo de los 25 años y 25 por ciento sobre 60, representará enormes desafíos.

 Nosotros estamos en una de las regiones más privilegiadas del mundo, pero al mismo tiempo, de las que registra mayor crecimiento poblacional y peor distribución del ingreso, y en una subregión que ya alcanza alarmantes tasas de violencia homicida y delincuencia que amenazan la seguridad general.

Aquí en la República Dominicana, quien marcó el 7 mil millones fue una niña, hija y nieta de adolescente, subsidiaria de la pobreza y la ignorancia, que vino a recordarnos que tenemos la tasa de embarazo adolescente más alta del continente, y entre las mayores del mundo, expresión de incapacidad hasta para decirle a los niños y niñas que pueden administrar sus impulsos sexuales, o por lo menos evitar que se traduzcan en prolongaciones que terminen de frustrar sus vidas cuando apenas desputan.

Ni siquiera estamos seguros  de cuantos somos en la media isla ni en ella completa, ya que todavía no hemos aprendido a contarnos y cada censo concluye en incertidumbre, como el de hace un año, cuyos resultados no han podido ser procesados porque el dinero no nos alcanza para esos lujos. Pero podríamos haber estado recibiendo la habitante 10 millones y la veinte de esta isla indivisible y única, cosa que una buena parte todavía no acaba de entender. Más difícil es prever cuántos seremos para mediados del siglo. Aventuremos conservadoramente que 27 o 28 millones, y 35 o 38 millones para cuando llegue el próximo.

Si ya los desafíos son enormes para las presentes generaciones, sólo hay que imaginarse lo que serán para los hijos y nietos que les esperan. Qué clase de sociedad y de convivencia queremos heredarles. Con el agravante de que cada vez será más difícil encontrar desahogo en la migración, que en el último medio siglo abrió espacios vitales a más de dos millones de dominicanos y haitianos que, por demás, han enviado remesas sin las cuales la pobreza y el atraso serían descomunales.

Me temo que la llegada de nuestra 7 mil millones no ha sido suficientemente ponderada. Probablemente porque estamos demasiado ocupados en agenciarnos, con excesiva anticipación, quién será el administrador de nuestros excesos y miserias a partir de agosto venidero. Tal vez porque no queremos dejarnos atrapar por el pesimismo, o porque, en última instancia, el Señor proveerá.

 

Sinceridad, señor Presidente

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Al presidente Leonel Fernández le está haciendo falta un amigo sincero que le recomiende un poco de humildad y honradez intelectual al enfrentar la indeclinable  demanda nacional de priorizar la inversión en educación como fundamento del desarrollo, para que no siga ofendiendo hasta a sus propios colaboradores como ocurrió el jueves durante un acto de graduación celebrado en el Palacio Nacional.

El mandatario sostuvo que “en un debate serio sobre la educación primero hay que decirle qué se enseña, cómo se enseña y para qué se enseña, y luego hablar del resto”, es decir de la inversión, insistiendo en querer poner la carreta delante de los bueyes y desconociendo el sabio adagio popular de que el dinero no lo es todo, pero sin él estamos condenados a la pobreza.

Habría que comenzar preguntándole cuantos años más necesita en la presidencia de la nación para hacer que le respondan esas preguntas, y en quiénes confió para que durante más de una década  respondieran cuestiones tan vitales para la “sociedad del conocimiento del siglo 21” que él tanto ha ponderado. ¿Tal vez otros 12 años? Y si no encontró colaboradores capaces de darle esas respuestas, su trascendencia demandaba que saliera a buscarlas, aunque tuviera que autodesignarse ministro de Educación.

Pero no es cierto que esas preguntas y muchas otras no hayan tenido respuestas, tantas que hay que preocuparse por la memoria del primer mandatario. Se le ha olvidado que desde el Diálogo Nacional en su primera gestión, hasta la Cumbre de las Fuerzas Vivas en el 2009, la inversión y la calidad de la educación han sido la prioridad 1-A de  gran parte de la sociedad organizada y de los educadores.

El diagnóstico y las soluciones al retraso educativo quedaron expuestas ya en el primer plan decenal de Educación 1992-02, empujado por la sociedad dominicana durante la gestión de la doctora Jackeline Malagón. Cuando ese plan concluyó, técnicos bajo la regencia de la doctora Milagros Ortiz Bosch diseñaron otro, desechado cuando  Fernández volvió al poder en el 2004 y designó a la doctora Alejandrina Germán como secretaria de Educación, quien procedió a hacer aprobar y poner en vigencia su propio  Plan Decenal de Educación 2008-2018.

Debe recordarse que, como los dos anteriores, ese nuevo plan educativo fue precedido por una amplia consulta que abarcó el período 2005-06 a partir del llamado Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación Dominicana, cuyo lanzamiento y conclusiones fueron proclamadas por el presidente Fernández y recogidas en un elegante folleto. Las consultas abarcaron a cientos de organizaciones sociales de todo género y a miles de educadores y personalidades.

El libro del Plan Decenal contiene una lista de cientos de “Personalidades y Organizaciones Participantes”, comenzando por los 24 integrantes de la “Comisión Institucional” para su elaboración, que incluye a los mejores técnicos  colaboradores del presidente Fernández, entre ellos la actual ministra Josefina Pimentel, a 28 integrantes del Consejo Nacional de Educación, 6 consultores y 7 exsecretarios de Educación.

Entre las instituciones participantes en las consultas están las universidades, organismos internacionales, entidades estatales, partidos políticos, iglesias, asociaciones empresariales, profesionales, sociales, sindicales y medios de comunicación, incluyendo las de la diáspora dominicana en Estados Unidos y Europa.

Si el Plan Decenal no respondiera las preguntas básicas, el presidente Fernández debiera concluir que equivocó el país que ha gobernado. Pero ese programa es abarcador sobre los ingredientes imprescindibles para una educación de calidad, incluyendo un capítulo 8 sobre financiamiento, el cual proclama que para lograr sus objetivos y metas “se requiere una inversión sostenida y comprometida por parte del Estado, que alcance en el 2012 el 4.09 por ciento del PIB o el 20.46 por ciento del gasto público total”.

El problema del presidente Fernández es de sinceridad. Quedaría mejor si reconoce que su discurso y acción han andado divorciados y que él ha preferido invertir en cemento. El 47 por ciento de la inversión pública del 2012 se irá en obras viales.

Macondo está entre nosotros

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

De verdad hay que reconocer cuan ilusos fuimos todos los que creímos que con la desaparición de Joaquín Balaguer, -el más acabado producto del primo-conchismo político de comienzos del siglo pasado- el país daría un salto a la modernidad con todo lo que conlleva de cambios de paradigmas, de institucionalidad y de abolición de la corrupción política y social.

 Desafortunadamente nuestros políticos se han dedicado a apostar a cuál reproduce con mayor efectividad los viejos métodos del clientelismo, el reparto de lo público y el cinismo, mientras hablamos de transparencia e institucionalidad. Los gestos, los silencios, sordera y mudez y hasta las inflexiones sonoras del más prolongado caudillo de nuestra azarosa historia se eternizan como emblema de sagacidad, ponderación y capacidad política que vergonzantemente se admira.

 Desde nueve meses antes de una elección andamos en caravanas de automóviles lujosos consumiendo un combustible cada vez más caro  que nos regalan o robamos, mientras en los principales partidos se desarrolla una doble campaña, de los candidatos del 2012 y de los que quieren serlo cuatro años después y  para colmo de ridiculez dicen que juegan un papel institucional.

 Este es el país que tiene una docena de embajadores ante las Naciones Unidas, 36 vicecónsules en Nueva York y 22 en Miami, más de 300 viceministros o subsecretarios y más de 250 generales, pero paga 8 mil pesos a los maestros y cinco mil a los policías para que hagan lo que puedan por contener el atraso y la delincuencia.

Pagamos un millón de pesos a Jacques Attalí para que nos diga lo que todos ya sabemos, para luego ignorar todas sus conclusiones, incluyendo la necesidad de invertir al menos 5 por ciento del producto bruto en educación, y luego firmamos compromisos internacionales de invertir un 5.5, pero declaramos enemigos a los necios que insisten en reclamar por lo menos el 4. El gobierno tiene miles de comunicadores en sus nóminas y doblega cada vez más la independencia de los medios, pero auspicia campaña para denunciar a un puñado de peligrosos agentes de la subversión o de los enemigos de la nación.

Tenemos que poner en retiro a unos jueces que han pasado de los 75 años limites, pero andamos a todo costo buscando una brecha para burlar la flamante Constitución o colarlos en una de las nuevas altas cortes, porque no pueden vivir fuera del entramado público. Mientras un subjefe de cómputos se autoproclama jefe  forzando la dimisión de su superior y los representantes de la institucionalidad lo premian. En tanto se arrea a los legisladores como ganado para que aprueben al vapor una ley que entrará en vigencia más de dos meses después. Pero dos meses no han sido suficientes para persuadir a un cónsul en Boston a que entregue el cargo del cual fue relevado por su presidente.

Nos  asombramos de que se roben y despeguen un avión en un aeropuerto internacional  en horas en que nada se mueve allí pero estamos resignados a que militares y policías dirijan el narcotráfico y todo género de actividad delincuencial mientras matamos a miles de muchachos pobres que salen a “buscarse lo suyo”.

Nos robamos las barandillas de los puentes, desmantelamos las torres eléctricas y el alambrado público, las espadas y los bustos de nuestros héroes, o las reliquias de los museos, para incrementar nuestras exportaciones de minerales, y  robamos doce veces una misma iglesia y asaltamos hasta al cura que nos confiesa.

Dios mío! Quién hubiese creído que Gabriel García Márquez era un “chivito excedido de frutas tropicales. Su Macondo con todo y su siglo de soledad se han quedado chiquititos. ¡Mete tu mano Señor!