El cerco es gubernamental, no mediático

Por Juan Bolívar Díaz

En la última sesión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el lunes 6 de octubre, se expresaron preocupaciones por el mal momento por el que atraviesa el gobierno, llegándose a considerar que es víctima de un cerco mediático y de grupos de la sociedad civil.

 Según fuentes bien informadas, uno de los distinguidos miembros del organismo,  jurista de verbo encendido, historiador y polemista, llegó a poner nombres y apellidos a  responsables del supuesto cerco. Hay que suponer que sólo con el objetivo de alertar a sus compañeros para que actúen con mayor transparencia y eviten nuevos escándalos que den municiones a los eternos francotiradores.

 Como según la versión recibida, la denuncia nos involucra, tuvimos que reflexionar sobre el asunto. Y debemos reconocer que es cierto que algunos periodistas pecamos de excesos en los cuestionamientos a los funcionarios y de idealismo en la concepción de la política y del gobierno, aunque no tanto como el profesor Juan Bosch, quien abandonó el mayor partido de la historia nacional, que él lideraba y encarnaba, porque estaba lleno de ambiciosos, para con sus más impolutos seguidores fundar el de la Liberación Dominicana.

En realidad en todas partes del mundo los periodistas que persisten en las denuncias de la corrupción y en añorar un mundo de mayor justicia, y menores exclusiones son la minoría. La mayoría se acomoda o incorporan al sistema atraídos por sus altas retribuciones.

Pero aún por encima de los beneficios que deja el poder, no solo a los oficiantes del periodismo, sino también a los dueños del negocio, muy pocos medios quieren aparecer como comparsas del poder, y auspician la crítica, la denuncia, y las propuestas alternativas. Hasta los incondicionales se auto reputan como independientes.

El problema de muchos peledeístas es que ellos siempre se creen víctimas de persecución y ven toda disensión o cuestionamiento como parte de una conspiración. Reformistas y perredeístas son capaces de admitir que sus partidos están llenos de imperfecciones, de oportunistas y hasta de  corruptos, pero los morados no, para ellos sólo sus contradictores encarnan la corrupción, el boato, la malversación  y el aprovechamiento de los recursos del pueblo que con tanta persistencia denunció Bosch.

Es lamentable que tantos dirigentes y funcionarios empeñados en servir queden opacados por el desparpajo y la vida escandalosa de otra apreciable proporción. Los comunicadores deberíamos reconocer que tenemos que ocuparnos más de los primeros, pero sin dejar de denunciar a los segundos.

Por demás, no hay tal cerco mediático al gobierno. Y si algún cerco podemos encontrar es el del gobierno a la sociedad dominicana, por su falta de transparencia y por los escándalos de corrupción y reparto que se denuncian cada semana.  En la última el nuevo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, ingeniero Ramón Rivas,  acaba de justificar la cancelación de unos 700 partidarios de su antecesor, sosteniendo que el 86 por ciento de los recursos de la entidad se iban en sueldos, muchos innecesarios.

El cerco lo pone el gobierno cuando  se niega  a acatar el gran consenso nacional que reclama priorizar la educación, la formal de las escuelas y la que debería impulsar en campañas de educación cívica, siquiera para que aprendamos a disponer de la basura y a respetar las más elementales reglas del tránsito, incluyendo la de no cerrar calles y avenidas para recoger a los hijos de los colegios.

El último gran cerco gubernamental ha sido el incalificable abuso de haber roto la ciudad al mismo tiempo en las principales vías, como la Kennedy, 27 de Febrero, Núñez de Cáceres, Máximo Gómez, Ortega y Gasset y otras, en aras de construir  a velocidad sin precedente en el mundo líneas de Metro y elevados. Y no han dejado espacio ni siquiera para que transiten los peatones.

El resultado es un incremento del taponamiento y la pérdida de tiempo, de combustibles, de accidentes  y desgaste vehicular, estimulando la irritación, la  violencia y el fatalismo.

 

Por qué no da entrevistas Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
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La pregunta volvieron a formularla esta semana varios comunicadores: por qué no da entrevistas el Presidente Leonel Fernández, sorprendidos por la contradicción de que siendo el mandatario tan buen comunicador, evada sistemáticamente el encuentro con los reporteros dominicanos.

Ruedas de prensa formales, como se acostumbra en el mundo democrático, son muy escasas las concedidas por el doctor Fernández en casi diez años de gobierno. Ninguna en este período que ya se acerca a su primera mitad.

En los últimos seis años  ha preferido convocar tres o cuatro almuerzos con directores de medios de comunicación para tratar temas que le interesaban.

A veces para intentar desvirtuar cuestionamientos de la opinión pública, cuando tomaban dimensión escándalos como el del contrato con la Sun Land para colocar bonos por 130 millones de dólares en el mercado internacional a espaldas del Congreso, o cuando se descubrieron las nominillas o pagos ilegales a 42 mil 434 dirigentes  de comités de base de su partido por un monto mensual de 143 millones 120 mil pesos.

Hay que convenir en que en esos esporádicos encuentros  el primer mandatario se servía con la cuchara grande del manjar comunicativo, dando verdaderos recitales demostrativos de su capacidad discursiva, y muy pocos consideraban el escenario apropiado para cuestionamientos de fondo.  Faltaba el atrevimiento de los buenos reporteros, y las crónicas que se desprendieron fueron generalmente superficiales.

No había cámaras para difundir contradicciones.

Muchos no han podido entender el muro de silencio que ha erigido el gobernante  que durante años fue profesor de comunicación social de la Universidad Autónoma, asesor jurídico del Colegio de Periodistas durante los dos años que me tocó presidirlo entre 1989 y 1981.

Lo hizo con mucha generosidad, ya que nunca cobró un centavo y jamás falló en una diligencia durante  la larga litis con la Asociación de Diarios por violación de la primera Ley de Profesionalización y Colegiación de los Periodistas.

Sin embargo, no parece tan difícil entender la opción preferencial. Si diera ruedas de prensa, ya hubiese tenido que informar, por ejemplo, quién ganó la licitación internacional convocada el 19 de octubre pasado para construir la segunda línea del Metro de Santo Domingo.

Él se comprometió en varios discursos y en la campaña del 2008 a que haría mediante concesión privada, ya que el Estado carecía de los recursos necesarios.

El plazo para cerrar la licitación vencía el 4 de diciembre pasado y casi siete meses después el gobierno ha considerado innecesario informar resultados, aunque la mayor inversión en la historia del país se está ejecutando a la velocidad de múltiples tramos, sin importar que  esté dislocando el tránsito en esta ciudad de por así caótica.

Si Leonel diera ruedas de prensa ya hace tiempo que a algún “loco reporterito” se le hubiese ocurrido preguntarle por qué no hace transparentes los ingresos y gastos de su fundación Global, como estaría obligado a hacer todo presidente de la democracia contemporánea que reclama transparencia y sanciona los conflictos de intereses..

El presidente prefiere hablar a los periodistas extranjeros porque a ellos los puede impresionar con su conceptualización sobre la era de la información y la sociedad del conocimiento y de la transparencia. Esos no podrán encararle que su gobierno se caracteriza por el ocultismo, por vivir de espaldas a la opinión pública, y por violar la mil veces concertada ley que destina a la educación un mínimo del 4 por ciento del producto interno, quedándose alrededor de la mitad, para poder hacer otras obras visibles, como Trujillo y Balaguer, no como predicó Juan Bosch.

El presidente Fernández no es sólo mudo, sino también sordo. Al final de su primer período de gobierno nos dijo, a tres periodistas amigos, que él no veía televisión nacional.

De esa manera ni se mortifica. Y nadie puede esperar que va a cambiar de rumbo, por más algarabía que se produzca.

Hay que convenir que al fin de cuentas le ha dado beneficios políticos, con buenos niveles de aceptación.

La cultura autoritaria, el presidencialismo y el lambonismo de esta sociedad lo auspician.

Y para colmo sus contrincantes políticos no logran crear ilusión de cambios anhelados.

Ya no hay Juan Bosch ni Peña Gómez.

 

Otra vez el voto preferencial

Por Juan Bolívar Díaz
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La falta de reglamentaciones de las actividades políticas y electorales y la persistencia de una cultura de la trampería impulsada por las ambiciones y la corrupción han vuelto a poner en cuestionamiento la pertinencia del voto preferencial que permite a la ciudadanía escoger su diputado. Y de nuevo se levantan voces pidiendo que se devuelva a las cúpulas partidarias la facultad de decidir quiénes pueden o no resultar electos.

El voto preferencial se instituyó en la reforma electoral de 1997 y se puso en práctica por primera vez en el 2002. Fue fruto de reclamos y consensos políticos-sociales con el objetivo de mejorar el ejercicio democrático. También se reclamaba, y todavía no se ha logrado, ofrecer a los electores y electoras la posibilidad de escoger al senador separado de los diputados y al síndico de los regidores.

La institución del voto preferencial fue acogida como un paso de avance democrático, pero la forma en que se ha ejecutado, sin ningún tipo de reglamentación, la ha desacreditado hasta el punto de crear condiciones para su derogación, lo que sería otro paso regresivo. Lo que corresponde no es reducir el derecho de la ciudadanía en beneficio de la dirección de los partidos, sino establecer normas que preserven esa conquista.

Tal como se ha ejecutado el voto preferencial está beneficiando a los aspirantes de menores escrúpulos y con más capacidad financiera, legítima o ilegítima, que llegan al extremo de comprar el favor de delegados políticos en los colegios electorales para que abulten sus votos en perjuicio de compañeros de partido o de aliados. Las mujeres en particular se quejan del sistema porque generalmente reúnen menos financiamiento y son víctimas del desbordamiento ético de sus compañeros de partido.

Ahora mismo la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral está apoderada de más de una treintena de impugnaciones entre candidatos de un mismo partido. En consecuencia cada vez son más los reclamos de que se elimine el voto preferencial para conjurar la terrible competencia que se desata en el seno de cada partido, debilitando esas instituciones fundamentales de la democracia.

Sin embargo el remedio no puede ser estrechar la democracia, sino reglamentarla. Lo primero que se impone es limitar el poder del dinero desde las elecciones primarias de los partidos a la nacional. Una propaganda desbordada permite a quienes reúnen más dinero, a menudo mal habido, aplastar a los más honrados y comprometidos con los intereses de su comunidad.

Se impone prohibir la promoción de precandidatos y candidatas  a diputados a través de los medios masivos de comunicación, como se ha hecho en muchos países. La competencia sólo debe permitirse estrictamente dentro de su circunscripción, apelando directamente a sus electores y electoras y en espacios en las vías públicas distribuidos en forma equitativa, no en función del dinero o la complicidad con las autoridades municipales que a nombre del ornato comercializan los espacios que corresponden a todos excluyendo a quienes tienen menos financiadores.

También se impone eliminar los cofrecitos de 50 mil pesos mensuales que recibe cada diputado para “labores asistenciales”, o las asignaciones de Navidad y el Día de las Madres que implicaron casi 100 millones de pesos entre Navidad y las recientes elecciones, a razón de 550 mil pesos para cada diputado, cuando 131 de los 178, nada menos que el 74 por ciento, buscaba la reelección.

La distorsión del voto preferencial en los colegios electorales es más difícil de corregir mientras persista la cultura de la trampería, el arrebato y la apropiación hasta de la voluntad colectiva, mediante las prácticas de las dádivas y el clientelismo, mientras todo se pueda comprar y haya gente que se oferte públicamente al mejor postor. Mientras la política sea un simple negocio, y mientras  persistamos en cultivar la ignorancia y la subordinación de las masas populares, negándonos a convertir la educación en la primera prioridad nacional.-

 

Aquella barrida electoral del PRD

Por Juan Bolívar Díaz
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Vale revisar los documentos y publicaciones referentes a las elecciones congresuales y municipales del 2002 para comprobar cómo el país gira continuamente sobre su propio eje, reproduciendo una y otra vez los mismos escenarios conflictivos, a menudo con rasgos de retroceso.

Hace 8 años el mapa electoral quedó con 29 provincias pintadas de blanco, dos de colorado y una de morado, en lo que conformó una barrida del partido gobernante, entonces el Revolucionario Dominicano (PRD). Este año la barrida peledeísta ha sido mayor, dejando al principal partido de oposición sin representación en el Senado y con sólo un  escaño al tercer partido del sistema que es a la vez su aliado.

Los estrechísimos resultados electorales con que esta vez se atribuyó la provincia de Pedernales al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con diferencia de apenas 14 votos y con denuncias de irregularidades  en la validación de votos que habían sido anulados, deja la duda de si hubo un despojo para excluir al PRD del Senado.

Eso estuvo a punto de ocurrir en el 2002 con el único senador obtenido por el PLD, José Tomás Pérez por el Distrito Nacional. El resultado era muy estrecho y al final la alianza que encarnó el PLD fue reconocida como ganadora por menos de un punto de diferencia sobre la que encabezó el PRD: 39.20 a 38.28 por ciento.

Todavía en la noche del sábado 18 de mayo los perredeístas insistían en que eran ganadores, tratando de dejar al PLD fuera del Senado. Me tocó ser parte, junto a Ramón Tejada Holguín y Javier Cabreja, de una comisión de Participación Ciudadana que acudió a la residencia del presidente del PRD Hatuey de Camps con los resultados del conteo rápido de la institución, donde los peledeístas ganaban la sindicatura y la senaduría del DN.

Desde el primer momento De Camps pareció ajeno a los intentos de arrebato y delante de nosotros llamó al presidente de la Junta Central Electoral, Ramón Morel Cerda, para decirle que “el partido no quiere nada que no haya ganado”. Llamaría al presidente Hipólito Mejía, quien estaba en España, para ponerlo al tanto de la situación, y lo mismo hizo con Peggy Cabral, candidata a síndica, donde nos remitió. Fuimos de inmediato donde la viuda Peña Gómez, a cuya memoria apelamos para convencerla de que reconocieran la voluntad popular, lo que procedió a hacer en la mañana del domingo junto a Fafa Taveras, el candidato a senador. Esa mediación no se hizo pública pero la reconocieron dirigentes del PLD y los candidatos ganadores.

Lo que sí fue público fue la misión que envió Participación Ciudadana a Santiago para reforzar a los dirigentes locales en el acompañamiento al PLD y a su candidato a senador Francisco Domínguez Brito en sus enérgicos reclamos de revisión de irregularidades. Se demostró que varias actas habían sido alteradas y fueron anuladas. No cambió el resultado pero quedó el precedente de revocación de actos fraudulentos. Aquellos acontecimientos vienen a la memoria en estos días de denuncias de irregularidades y fraudes, cuando aparecen peledeístas que ahora niegan derechos y gritan que nadie reclamaba cuando los intentos de arrebatos les perjudicaban.

Entonces como ahora muchos consideramos peligrosa aquella barrida y advertimos que podría desbordar el continuismo, como ocurriría poco después, aunque el presidente Mejía, como ahora el presidente Fernández, exhortó a sus seguidores desde Madrid a no ensoberbecerse con el triunfo. Cuando se anunció un recibimiento apoteósico tras su viaje a España y Marruecos, Mejía -al igual que Fernández ahora- tuvo el acierto de rechazarlo. Aunque dos meses después ya estaba modificando la Constitución para repostularse.

Participación Ciudadana, muchas otras organizaciones  y buena parte de los líderes de opinión hicimos campaña tratando de evitar aquel desbordamiento contra la institucionalidad democrática. Organizamos una vigilia nocturna ante el Congreso y asistimos a la sesión de la Asamblea Nacional que modificó la Constitución. Y si pudimos entrar a aquella sesión fue porque los diputados opositores Julio César Valentín y Pelegrín Castillo lo exigieron. Porque los perredeístas estaban decididos a impedir la entrada de las turbas de la sociedad civil. Ojalá no sigan las repeticiones.

 

Preservemos el derecho a soñar

Por Juan Bolívar Díaz
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El devastador realismo político que se nos ha impuesto en los últimos años está llegando al extremo de que se nos quiere privar hasta del derecho a soñar con una nación de fuertes instituciones democráticas y gobernantes que se dediquen a promover el desarrollo humano, en vez de su gloria personal forjada en cemento, al viejo estilo de Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer.

En este día en que estamos convocados una vez más a las urnas para elegir legisladores y autoridades municipales, conviene reflexionar sobre los esfuerzos de la sociedad dominicana por superar los lastres que le han impedido desplegar todas sus potencialidades para salir de los últimos escalones del desarrollo institucional y humano en el continente y el mundo.

En la década de los noventa, mientras llegaban a su fin los inspiradores y reformadores liderazgos políticos que encarnaron Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, y se superaba la autocracia neotrujillista de Joaquín Balaguer, esta nación pareció entrar en una etapa de concertación, de renovación y mejoramiento institucional.

En una docena de años aprobamos tantas reformas que fuimos admiración del mundo. Los partidos políticos parecían empeñados en crear un nuevo liderazgo y la sociedad civil irrumpió en el escenario político con energía sin precedente, contribuyendo a crear un ambiente de renovación ética y ciudadana.

Pero de golpe, a partir de la infame reforma constitucional del 2002, pareciera que todo se derrumbó, y la corrupción, la anomia social, el narcotráfico y la violencia parecen ganarnos la partida. El nuevo liderazgo político se remite al pasado con el debilitamiento de las instituciones en aras del poder personal, y muchos  actores sociales son cooptados por el poder estatal y político que amplía inconmensurablemente su propio poder económico extraído de la malversación de la cosa pública y del lavado de dinero.

El salvaje pragmatismo político se ha apoderado del sistema partidista de una manera tan despampanante, con un vacío tan grande de discurso y de transparencia, que ofende la memoria de Bosch y Peña Gómez, forjadores de los partidos que dominan el escenario nacional.

El balance de la campaña electoral que culmina en esta votación es devastador para el sistema partidista. Primero el retroceso democrático en la elección de los candidatos, en su mayoría impuestos por las cúpulas partidarias, y con tantos despojos que obligó a la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral a múltiples revocaciones. Luego el transfuguismo y el clientelismo en todo su esplendor. Y al final el despilfarro ofensivo, el abuso de los recursos del Estado, la repartición sin pudor del patrimonio público, la negativa a debatir propuestas, el acaparamiento de la comunicación y la irrupción del Presidente de la República con todo el poder del Estado en una campaña que pareció presidencial y que no dejó espacio a ningún proyecto alternativo.

Ganamos en menor violencia y en organización electoral, pero sin poder revertir este vacío ético, este arrasa con todo en que han convertido la política, hasta el punto que se quiere estigmatizar el derecho a soñar, convirtiendo en desadaptados y sospechosos a todos los que creen que la política es el quehacer de la construcción social.

La fecha es propicia para reafirmar los sueños de fortalecimiento institucional, de un Congreso que cumpla con su triple misión de representar, legislar y fiscalizar a los demás poderes del Estado, sin barrilitos ni cofrecitos. Y con unos municipios al servicio del desarrollo local, participativos. Soñar también en que pronto podamos votar por candidatos, no por paquetes partidistas recargados de traficantes.

Hay que revindicar el derecho a soñar con un régimen de transparencia, de rendición de cuentas, y hasta de revocación de mandatos cuando los elegidos se burlen abiertamente de sus electores.

 

Angel Miolán: un gran precursor

Por Juan Bolívar Díaz
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Con la partida de Angel Miolán al caer esta semana desaparece el último de la legión de líderes políticos que encarnaron las luchas contra la tiranía de Trujillo muy joven dentro del país y luego desde el exilio, y que sembraron la semilla de la  democracia dominicana en la primavera democrática de 1961.

Don Angel Miolán como todos los seres humanos tuvo virtudes y debilidades, aciertos y errores, pero la balanza se inclina grandemente a su favor y hay que reconocerlo como un gran precursor, no sólo de la libertad y la democracia, sino muy especialmente del desarrollo turístico dominicano.

 Fruto de sus andanzas por un largo exilio de 27 años, desde que retornó al lar nativo en 1961 estuvo convencido de las potencialidades turísticas del país, abogando por el desarrollo de esa industria. Director de Turismo en los finales de los sesenta y principios de los 70, estableció las bases para lo que hoy es una de las actividades productivas fundamentales. Todavía resuenan las burlas cuando impulsaba la celebración del Festival del Merengue y le preguntaban “y los turistas dónde están”, para responder: “en la mente de Miolán”.

Pero por más relevante que fuera su promoción del turismo, a don Angel habrá que recordarlo principalmente como un político de cuerpo entero y tiempo completo. Baste recordar que contaba apenas dos décadas de haber nacido en 1912 en Dajabón, cuando llegó a Santiago y se involucró en los primeros movimientos de resistencia a la incipiente tiranía de Trujillo. Tras una conspiración en 1934 tuvo que huir a Haití y de ahí al exilio que lo llevó a Cuba, México, Venezuela y Costa Rica.

Junto a Juan Bosch, Juan Isidro Jiménez Grullón, Cotubanamá Henríquez y Nicolás Silfa, le correspondió fundar en La Habana en 1939 el Partido Revolucionario Dominicano, la más duradera de las instituciones políticas nacionales que sería un instrumento fundamental en las luchas por la libertad y la democracia.

Cuando tras el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 se discutió en el exilio si desafiaban a sus familiares y seguidores que pretendían mantener el régimen, Miolán fue de los que no dudó y se puso al frente de aquella comisión que llegó al país 35 días después. Ese mismo día cayeron las cortinas oscurantistas que dramáticamente  habían desgarrado durante un año los bravos del Movimiento Popular Dominicano encabezados por don Máximo López Molina.

Angel Miolán no sólo era un hombre valiente, sino un político inteligente, graduado en las fraguas de aquellas décadas de luchas contra las tiranías que azolaban la región, un gran estratega y organizador que se movió en el filo de la navaja de los remanentes del trujillismo sin darle oportunidad a que aplastaran la alborada democrática, siendo objeto de incomprensiones y sospechas porque dejaba a otros las actitudes radicales.

Todos los que tuvimos la oportunidad de verlo de cerca en aquellos días, lo recordamos sereno y confiado, insuflando optimismo, como buen maestro que fue, enseñando a cultivar el árbol de la libertad, descubriendo y promoviendo nuevos líderes.

Luego Don Angel tuvo sus vaivenes políticos, como casi todos los de su generación, en una democracia aún hoy adolescente, pero fue miembro distinguido de una generación de líderes que cultivaban la honestidad, que se adscribían a corrientes ideológicas, que apostaban al devenir de una nación mejor organizada y con justicia social.

De recia estirpe fue sindicalista y periodista, senador, diplomático y sirvió al Estado durante muchos años, hasta morir casi en la pobreza, sin nunca haber acumulado riquezas, que no las pretendió.

Su vida frugal y ordenada le premió con casi 98 años sin perder la lucidez. Hace sólo tres años fue ofendido cuando le regatearon una modesta pensión que le aprobó la Cámara de Diputados, con sobrados méritos por haber desempeñado múltiples y altos cargos públicos durante más de 30 años, cuando se han otorgado centenares por montos muy superiores a personas que nunca fueron servidores públicos, incluyendo a personas ricas y muchos que no la necesitan.

¡Salve don Angel Miolán! Precursor de libertades y del turismo nacional, que siempre conservó la humildad, la honestidad y la fraternidad, cuya memoria nos permite reivindicar la política, esa actividad tan vituperada en nuestros tiempos.

La representación de las minorías

Por Juan Bolívar Díaz

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La ley del Congreso Nacional que canaliza la representación de las minorías políticas en la Cámara de Diputados, instituida en el artículo 81 de la Constitución recién proclamada, viene a satisfacer un viejo reclamo democrático que fue parte de uno de los primeros consensos para reformas políticas pactados por el sistema partidista dominicano.

La propuesta está consignada en el documento titulado “Una Reforma Política para el Futuro Dominicano”, suscrito el 7 de abril de 1994 por 16 partidos políticos reconocidos, fruto de una concertación auspiciada por la Fundación Siglo 21 en el marco del Proyecto Iniciativas Democráticas.

Aunque participó del consenso tras siete meses de negociaciones, el Partido Reformista Social Cristiano fue el único que al final no suscribió el pacto, lo que se atribuyó a que, entre múltiples reformas, prohibía la reelección presidencial, a la que su caudillo, Joaquín Balaguer, sólo accedió en la transacción política que saldó la crisis en que derivó su último gran fraude electoral un mes después.

A pesar del atraso, conviene reivindicar la ley de representación de las minorías en la Cámara de Diputados, con la esperanza de que no pase mucho tiempo sin que se honren otros de aquellos acuerdos como una “Ley de partidos” para la cual se concretaron tres objetivos fundamentales: garantizar la democracia interna, establecer un sistema de financiamiento moderno y flexibilizar los requisitos de reconocimiento de los partidos, al mismo tiempo que mecanismos más rigurosos para mantener la personería.

Contrasta que esta reivindicación fue consignada en la nueva Constitución, la que al mismo tiempo eliminó la separación de las elecciones, que figuró también en el pacto de 1994, por lo que fue incluida en la reforma constitucional de ese año. El objetivo, ahora anulado, era fortalecer los poderes Legislativo y Municipal víctimas del arrastre por el voto presidencial. Es decir que ahora se da un pequeño paso adelante y otro grande para atrás.

La ley de representación de las minorías fue aprobada por las dos cámaras legislativas y promulgadas por el Poder Ejecutivo en tiempo récord de tres días, sin permitir  ninguna consideración ni análisis, lo que facilitó una vulneración de su objetivo básico, ya que el texto permitiría abultar la representación de las mayorías.

 En efecto, el artículo 4 dispone cómo se asignarían los cinco representantes de las minorías: el primero para el partido que sin haber logrado escaño en las circunscripciones obtuviera la mayor votación sobre el uno por ciento del sufragio, el segundo para el que le siga y así sucesivamente. Pero consigna que en caso de que no haya suficientes agrupaciones con más del uno por ciento, los escaños sobrantes se asignarán a los que sacaron más del uno por ciento a razón de uno por partido.

 Si la ley hubiese existido para las elecciones congresuales del 2006, de acuerdo con sus resultados la distribución hubiese sido el primer escaño para el Bloque Institucional Social Demócrata, que sacó el 2.53 por ciento, el segundo para el Partido Revolucionario Social Demócrata, que obtuvo el 1.56 por ciento. El tercero para la Alianza por la Democracia con 1.55 por ciento, y el cuarto para Partido de Unidad Nacional que logró el 1.16 por ciento. Como ningún otro sacó sobre el 1 por ciento, el quinto hubiese ido a parar al Partido de la Liberación Dominicana, que obtuvo la primera mayoría.

Con el creciente bipartidismo podría darse el caso de que la mayoría fuera a los partidos dominantes, revirtiendo el objetivo de la representación de las minorías. Más justo hubiese sido distribuirlos todos proporcionalmente entre los que no alcanzaren escaños en las circunscripciones. Así con un resultado como el del 2006 al BIS le tocarían dos. O declarar desierto el quinto.

 Pero todo esto era mucha sofisticación para la prisa con que se aprobó la ley, tras 16 años de espera.

 

 

A 30 años de un histórico libro

Por Juan Bolívar Díaz

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Un día como mañana, 16 de febrero de 2010, se cumplirán treinta años de la primera edición del libro testimonial “Caracoles; la guerrilla de Caamaño”. Cuando se publicó, habían transcurrido apenas siete años de los acontecimientos que se describen en esa obra.

Los que habían gobernado en 1973 mantenían vigencia en el poder político de la nación, tal como lo hacen todavía. Joaquín Balaguer estaba entonces en una pausa de su oficio de Presidente de la República y los genocidas ostentaban impunidad y riquezas como si nada hubiera pasado. Marcaba ese libro la primera vez que se publicaba en República Dominicana el testimonio de un guerrillero sobreviviente en el que acusaba y condenaba a los autores de tanto crimen y corrupción. Evidentemente era, para ese momento, un reto audaz al poder político predominante en el país y al sistema de represión creado y patrocinado por Estados Unidos.

Las funciones editoriales fueron asumidas por la Editora El País, empresa que publicaba el periódico El Sol, dirigido por Juan Bolívar Díaz. Dadas las limitaciones tecnológicas, las portadas del libro se imprimirían en la Editora Alfa & Omega, encabezada por Miguel Cocco. Debe reconocerse al paso del tiempo la lectura previa de la obra por Arnulfo Reyes Gómez. Ellos, junto al autor, superaron grandes obstáculos, así como neutralizaron los temores de algunos vacilantes que consideraban el contenido de esa obra como innecesaria provocación a los sanguinarios personajes de “los doce años” de Balaguer. Se desarrolló entonces una campaña periodística de expectativa coordinada por Quiterio Cedeño con imágenes fotográficas tomadas por Pedrito Guzmán a lugares y personajes vinculados con la insurrección guerrillera. Así se preparó al pueblo dominicano para recibir las vivencias y percepciones de uno de los sobrevivientes de la gesta encabezada por el Presidente de la República en armas, Francisco Caamaño Deñó.

La tirada en formato de revista fue de ochenta mil ejemplares que se vendieron al precio de un peso dominicano cada uno. Un record editorial nunca alcanzado por otra obra escrita en nuestro país. En aquellos momentos, la moneda nacional equivalía casi a un dólar de Estados Unidos. Esa enorme edición se agotó en apenas nueve días. Las instalaciones del periódico El Sol fueron protegidas por guardianes ante el masivo reclamo. Así lo exigían las intenciones de compra simultánea de parte de miles de personas.

“Caracoles…” fue, también, el primer libro vendido al pregón. En las principales intersecciones de avenidas de Santo Domingo, aquellas donde habitualmente se vendían periódicos, los canillitas voceaban el libro con provocadoras referencias a Balaguer y a sus Generales. Los transeúntes compraban la obra en cantidades, dado el bajo precio establecido. La ultraderecha, con Bonillita a la cabeza, se desgañitaba gritando que esa obra había sido patrocinada por Fidel Castro. Su argumento era la imposibilidad de que alguien publicara un libro tan extenso al precio de un peso dominicano. Para la tradicional ultra derecha golpista, no podía producirse obra alguna en la que no se obtuvieran ganancias económicas. La memoria histórica para ellos nada vale como tampoco daban importancia al deseo del autor de que perviviera para siempre el esfuerzo realizado por un reducido grupo de patriotas que prefirieron arriesgar su vida antes que soportar el oprobio balaguerista.

Treinta años después de la primera edición, ese testimonio escrito del movimiento insurreccional se mantiene incólume como referencia veraz y obligada de los sucesos acontecidos a principios de 1973, contra el régimen despótico y criminal de Joaquín Balaguer que el Gobierno actual mantiene como arquetipo.

Es un homenaje a los combatientes Francisco Alberto Caamaño Deñó, Mario Nelson Galán Durán, Ramón Euclides Holguín Marte, Eberto Geordano Lalane José, José Ramón Payero Ulloa y Alfredo Pérez Vargas, quienes dieron su vida luchando por construir un país mejor. Preservar la memoria histórica y continuar con el empeño tenaz de estos compañeros es una tarea que Claudio Caamaño Grullón y yo, como sobrevivientes de aquella gesta, hemos asumido cual misión de vida.

Vaya este recordatorio de la primera edición de “Caracoles; la guerrilla de Caamaño” para recordar que, aunque nos gobiernen personas sin decoro, hay siempre otros muchos que tienen el decoro que a aquellos les falta.