¿Violará el Senado la Constitución?

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vuelta que se le dé no se encuentra explicación a la precipitación con que el Senado se dispone a elegir los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) en lo que parece una flagrante violación de  una de las disposiciones transitorias de la flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero.

En su sesión del 25 de agosto esa cámara instituyó una comisión especial con el encargo de iniciar el proceso para elegir los nuevos integrantes de la JCE con un plazo de 60 días a partir del 16 de agosto, atendiendo una reciente modificación del reglamento que rige los trabajos de esa cámara legislativa.

Si bien es admirable el celo con que se quiere cumplir el reglamento senatorial, resulta más que extraño, incomprensible y hasta sorprendente, que no ocurra lo mismo con la Constitución de la República.

Se creyó que se trataba de un simple olvido de la séptima disposición transitoria contenida en el Capítulo II de la Carta Magna, el cual señala que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

Si se quiere mayor  precisión ahí está la octava disposición transitoria, la cual especifica que “Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en el período que se inicia el 16 de agosto de 2010. Excepcionalmente los integrantes de estos órganos ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto del 2016”.

El movimiento Participación Ciudadana advirtió esta semana del aparentemente olvidado mandato constitucional, sosteniendo que no se pueden elegir los titulares de la JCE antes de que se apruebe la nueva ley que la regirá, en virtud de la reciente reforma constitucional. Y pedía que se aprovechara para consensuar una reforma político-electoral, que incluyera la Ley de Partidos Políticos que ha sido objeto de múltiples acuerdos políticos-sociales en los últimos 12 años.

Ni siquiera la oposición política que ha mostrado interés por la Ley de Partidos ha reaccionado a la petición del grupo cívico. Y no han faltado quienes se atreven a poner el reglamento del Senado por encima del mandato constitucional. Otros entienden que sólo es nuevo el Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, las disposiciones transitorias citadas hablan de “los nuevos órganos creados” y de “los integrantes de estos órganos”. La vieja estructura de la JCE que integraban dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, cuyos integrantes constituían un Pleno de Jueces ha quedado separada en dos instituciones autónomas. El hecho de que una de ellas herede el nombre, no le quita su nueva estructuración.

La separación crea dos instituciones diferentes, cada una de las  cuales tendrá que ser dotada de su propia ley orgánica. La actual Ley Electoral no le sirve a ninguna de las dos. Para el Tribunal ya se conocen dos proyectos de leyes, uno enviado por el Poder Ejecutivo y el otro presentado por el presidente del Senado. Pero para la nueva JCE todavía no se ha conocido el imprescindible proyecto de ley.

Con toda razón Participación Ciudadana indica que “para las labores administrativas de la JCE no se puede mantener la condición de ser abogado” justificada cuando incluía funciones de tribunal.  Ahora sería aconsejable una integración pluridisciplinaria, incluso con predominio de administradores, cientistas sociales e informáticos.

Son demasiado y pesadas razones para que se aprueben las leyes orgánicas de los dos nuevos organismos antes de elegir sus integrantes. En cambio no se advierte ni una sola razón para la precipitación en la elección.

Por demás sería un terrible precedente que el Senado comience a ignorar la Constitución que se proclamó con bombos y platillos hace apenas siete meses.

 

Por el simple imperio de la ley

Por Juan Bolívar Díaz

Por múltiples razones, la designación de un nuevo jefe de la Policía Nacional (PN) esta semana fue acogida con alivio por la opinión pública nacional, especialmente porque abre nuevas posibilidades de que al fin se cumpla el principio Constitucional y el Código Procesal Penal que responsabilizan al Ministerio Público de la dirección de las investigaciones criminales.

Es obvio que la jefatura del general Rafael Guillermo Guzmán Fermín se había desbordado tanto que generaba una sistemática confrontación con la Procuraduría General de la República y los procuradores fiscales de todas las jurisdicciones. La confrontación había trascendido repetidas veces a los medios de comunicación desde hace mucho más de un año, y en los últimos meses arrastró preponderantemente a la Dirección Nacional de Control de Drogas en un descontrolado protagonismo en relevantes casos de narcotráfico, convertidos en una espantosa serie de intrigas, filtración de versiones tendenciosas y hasta contaminación de pruebas.

Las actuaciones policiales al margen del Ministerio Público fueron causa de sospechas de complicidades y hasta de sustracciones de cuerpos del delito, expuestas a los medios de comunicación social tanto en Santo Domingo como en Samaná. Consecuencia inmediata fue la degradación de la institucionalidad, el menoscabo de la función judicial y el disgusto inocultable de sus responsables. Era un secreto a voces que un número alarmante de funcionarios del Ministerio Público deseaban ser relevados de sus funciones, y hasta hubo uno que procuró un exilio dorado para salirse del foco de confrontación.

La decisión del Presidente de la República, aunque demasiado dilatada, viene a enderezar entuertos, por lo que debe ser acogida por todos los responsables y respaldada activamente por los preocupados por la creciente inseguridad y la desbordada impunidad.

Nadie puede ignorar que desde septiembre del 2004, hace casi seis años, entró en vigencia en el país un nuevo Código Procesal Penal que, siguiendo las corrientes institucionales internacionales, derivó al Ministerio Público la responsabilidad de dirigir las investigaciones criminales, señalando a la PN como un auxiliar de la justicia.

La flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero, no deja el menor resquicio de dudas, pues su artículo 169 proclama que “El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación a implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige las investigaciones y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.

Si todavía alguien tiene dudas, debe remitirse al artículo 255 de la misma Constitución, donde se define la misión de la PN, afirmando que “es un cuerpo armado, técnico, profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del Presidente de la República, obediente al poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.

A continuación enumera sus funciones, especificando en el inciso 3: “Perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente”.

No hay dudas de que se trata de una institución subordinada al Ministerio Público, por lo que no caben interpretaciones de ningún jefe policial.

La etapa de una policía protagonista, en pugna con los poderes civiles, por encima de la ley, disponiendo a su antojo de bienes y vidas, debe quedar definitivamente superada.

No sólo por el imperativo de la Constitución  y de la ley, sino también por la plena vigencia de un Estado de Derecho, que implica el fiel cumplimiento de todas las prerrogativas a favor de la ciudadanía que proclaman esos textos y de los que la nación es compromisoria a nivel internacional.

Hay que celebrar el encuentro del nuevo jefe policial, general Juan José Polanco Gómez, con las autoridades del Ministerio Público, el reconocimiento de sus funciones y la promesa de acatamiento.

Pero también estar vigilantes para que nunca más se imponga el capricho por encima de los mandatos constitucionales y legales. Esta nación está demandando, pura y simplemente, el pleno respeto a la institucionalidad democrática, lo que en la autoritaria y medalaganaria tradición dominicana será en sí mismo una revolución prometedora de un nuevo paradigma de convivencia social y desarrollo humano.

¡Por Dios Narciso, no exageres!

Por Juan Bolívar Díaz

Perdóname que utilice este espacio público, Narciso, para expresar mi sorpresa y hasta indignación porque un hombre ya viejo como tú, abuelo por demás, tenga que apelar a la exageración, y posiblemente hasta la mentira, para desacreditar una de las instituciones fundamentales de nuestra sociedad, la Policía Nacional.

Deberías saber que es muy difícil que te creamos la absurda versión de  que un oficial policial ordenó que te agredieran a patadas, y menos aún que sea cierto que te rompieron tres costillas, cuando cometiste la imprudencia de sumarte a un par de cientos de jóvenes que intentaban marchar, armados de flores, hacia el Palacio de la Policía Nacional.

Oye Narciso, ni en los peores tiempos de la represión balaguerista, cuando llegamos a contar un asesinato político cada 28 horas, como ocurrió en 1970, a ningún policía se le ocurrió entrarte a patadas ni romperte costillas. Y mira que tú diste carpeta. Me consta porque en algunos de esos años me tocó ser reportero y dar especial seguimiento a la represión política.

Creo que tu exageración es más deplorable porque quien gobierna el país y es el comandante supremo de la PN es el doctor Leonel Fernández, que te ha distinguido y cuando te alcanza a ver en algún lugar público, se acerca para saludarte. Él no permitiría que quedara en la impunidad una agresión de esa naturaleza en tu contra.

Además, de haber sido cierto, hace rato que los editoriales de los diarios y los comentaristas de radio y televisión –y ahora si somos muchos Narciso, no como en aquellos tiempos- habrían exigido a unanimidad una reparación de tal iniquidad.

Como tampoco puede ser cierto que le entraran a macanazos a esos muchachos, bastante revoltosos, por cierto, que arman grupos de facinerosos con nombres tan descriptivos como La Revuelta, La Multitud, Forjando Patria, o Toy Jarto ya. Creían que porque llevaban flores en las manos tenían derecho a llegar hasta el palacio policial con un lema como “Policía no me mates, yo me paro pero en lo claro”. Todo un escándalo porque nuestros agentes del orden mataron a dos o tres imprudentes que no atendieron a tiempo la señal de pare en calles medio oscuras de tu ciudad.

No Narciso, no es fácil entender que un abuelo como tú se mezcle con esos muchachos para desafiar a las autoridades y que se resistan en vez de colaborar con la magnífica labor profiláctica que realiza nuestra PN al mando del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín.

Si no lo sabías, en los tres años que este mes cumple nuestro Cirujano al mando de la PN han muerto más de mil doscientos antisociales en intercambios de disparos con los agentes del orden. En 2008 fueron oficialmente 457, tan sólo 1.3 por día. Y el año pasado parece que se produjo una reducción a sólo 1 cada día. En este año hemos perdido la cuenta, pero aunque son muchos, no se espera que supere el récord de hace dos años.

Fíjate Narciso que el reconocimiento a nuestro comandante policial es tan fuerte que el miércoles estuvo disertando nada menos que en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio. Apuesto a que allí nadie le preguntó de dónde sacan sus agentes licencia para en este “Estado de derecho” fusilar a cientos de muchachos casi todos menores de 30 años, pobres pobladores de la marginalidad urbana, muchos de ellos aficionados al robo y el asalto. Aunque como en todo en la vida con frecuencia se cometen errores, que son “subsanados” con la destitución de los responsables.

Tienen los agentes tanta puntería que aunque de paso se han llevado muchachas y ancianos y hasta un sacerdote, todavía no se han equivocado en Naco o Piantini con el hijo de un tutumpote, como decía tu amigo Juan Bosch.

No Narzo, déjate de cuentos y de amenazas de demandar a la PN, que tú sabes que eso no llega a ningún lado. Tú lo que tienes que hacer es dar gracias a Dios, a Leonel, y al general Guzmán porque al fin de cuentas sólo te rompieron tres costillas. Después de casi medio siglo dando carpeta a las fuerzas defensoras de la civilización.

Y es más si tu denuncia fuera cierta, hasta yo estaría demandando una reparación. Caramba es que yo también soy abuelo y el tiempo no me ha encallecido el alma!

 

No podemos resignarnos ni cansarnos

Por Juan Bolívar Díaz

Las medidas  cautelares dispuestas el viernes por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que pretenden evitar el uso político de los programas asistencialistas del Estado llegan un poco tarde y probablemente no rendirán los frutos esperados, pero son otro buen precedente en el arbitraje electoral dominicano que mejora en proporción inversa al deterioro de los principios democráticos, la transparencia y la honorabilidad de la política nacional.

Se trata de reivindicar los principios de la equidad democrática, de separar el Estado de los intereses partidistas, de hacer cumplir el espíritu y la letra de preceptos constitucionales y legales, y de enarbolar el principio de equidad en la competencia democrática, legajo que alguna vez tendrá que predominar en la vida institucional de la nación, por encima de las conveniencias y visiones coyunturales.

La positiva resolución de la Cámara Administrativa de la JCE remite a la necesidad de reglamentar estrictamente las campañas electorales para evitar todo género de exceso, como ya propuso el mismo organismo a mediados del 2007 y aprobó el pleno de los jueces en septiembre de ese año, proyecto que no sólo fue rechazado por quienes ejercen el Gobierno y otros sectores, sino también por los partidos de oposición.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que los opositores no acogieran con calor aquel proyecto y no propusieran profundizarlo cuando estaba destinado a limitar la irrupción del poder del Estado en la competencia democrática. La respuesta es sencilla: porque la generalidad de los políticos dominicanos enarbolan el principio de que “el poder es para usarlo”, y como siempre se creen a punto de alcanzarlo son refractarios a cualquier ordenamiento o regulación.

Los que ahora disfrutan del poder rechazarán, hasta con indignación, las nuevas disposiciones, aunque ya tendrán poco efecto a tres semanas de las elecciones congresuales y municipales, empezando por la primera resolución que requiere de las instituciones estatales informar a la JCE de los programas sociales a ejecutar hasta el 17 de mayo, lo que en el mejor de los casos se llevará una semana más.

Pero estas medidas cautelares quedan como precedente, lo que ya es importante en la precariedad institucional dominicana. Se prohíben las actividades proselitistas en el marco de los programas sociales gubernamentales y se dispone que los partidos no hagan coincidir sus campañas con los repartos estatales.

Con esas resoluciones se reconoce la necesidad de mayor equidad en las campañas electorales, lo que va en beneficio del sistema partidista y de la democracia dominicana. Pero hay que insistir en que sólo es un comienzo. Alguna vez tendremos que reconocer, por ejemplo, que no es normal en ninguna democracia que se respete, que el presidente de la nación y todos los altos funcionarios del Gobierno que no son candidatos anden en campaña electoral por todo el país, utilizando todos los recursos del Estado.

Carece de lógica que la ley pida a los empleados estatales, aún los que no administran presupuestos, que tomen una licencia de sus cargos desde el momento en que son aceptados como candidatos, pero que al mismo tiempo permita que sí hagan campaña los más altos funcionarios, que no son candidatos pero disponen de las ejecuciones administrativas y las inversiones.

No podemos cansarnos ni resignarnos al abuso y la malversación de los recursos del Estado, no sólo ahora en este gobierno, sino en cualquiera. Es obvio que hay quienes sólo ven la paja en el ojo ajeno, pero también los de amplia visión y estos son los imprescindibles. Los que han defendido los principios democráticos frente a todos los partidos y gobiernos.

No nos resignemos ni cansemos de denunciar la apropiación de lo público y la corrupción en todas sus expresiones, que siguen creciendo y siempre son justificadas cínicamente por quienes antes decían rechazarlas, con el agravante de que estos desarrollan una capacidad enorme para impugnar y descalificar a quienes aspiran a una nación de fuertes instituciones y al respeto de hasta el último peso de los ingresos nacionales.-

 

Meta Seguros: ¿otro caso cerrado?

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Bautista Rojas Gómez, ministro de Salud Pública, es uno de los funcionarios más reputados del actual gobierno y de los hombres  más pulcros de la política dominicana, razón suficiente para que se aclaren completamente las denuncias que sobre su gestión ha realizado la periodista investigadora Nuria Piera en sus dos últimos programas televisivos semanales.

Cualquiera preferiría aferrarse a esa reputación y dejar pasar el escándalo destapado en torno a la empresa Meta Seguros, integrada  por cinco  hermanas y otros relacionados del funcionario, beneficiaria del manejo de múltiples seguros, entre los cuales resalta uno contra accidentes por el cual se viene descontando 50 pesos mensuales a los más de 50 mil empleados del Ministerio.

Pero fue impresionante ver cómo la periodista Piera acusaba por televisión en ocho o diez ocasiones a Bautista Rojas y a su hermana Miguelina Rojas de Paulino, de haber mentido para ocultar el favoritismo familiar y, lo que es peor, algo que pudiera catalogarse de estafa de ser cierta la afirmación del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, quien asegura que los médicos ignoraban que tenían ese seguro, por lo que incoarán demandas legales para que se les devuelva lo que les han descontado en por lo menos cuatro años y medio.

Tanto el ministro Rojas Gómez  como la presidenta de Meta Seguros reaccionaron a la primera denuncia afirmando que el seguro de vida data del 2001 durante la gestión en la Secretaría de Salud Pública del doctor José Rodríguez Soldevila, quien ha aclarado que lo que instituyó fue un seguro de vida y accidentes para las enfermeras organizadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería (SINATRAE), como parte de un pliego reivindicativo. El mismo comunicado publicado el 26 de marzo por Meta Seguros confirma la versión de Rodríguez Soldevila, al señalar que esa empresa inició sus operaciones contractuales “como representante del SINATRAE para administrar y distribuir los recursos económicos que les eran asignados por esa cartera como un logro de las enfermeras”. Luego sostiene que “renueva el contrato en las mismas condiciones que el anterior” en agosto del 2004 durante  la gestión del secretario Sabino Báez. Lo que tanto el ministro como la empresa obviaron fue que Bautista Rojas, a la semana de ser designado al frente de esa cartera, el 24 de agosto del 2005 y mediante el oficio 32741 traspasó a Meta Seguros todos los seguros de vida y accidente, contra incendios, odontológicos y para los más de dos mil vehículos del organismo. Para ello tuvo que rescindir el contrato que otorgaba esos contratos a la empresa Correseguros S.A., la que los mantenía con Angloamericana de Seguros.

Se afirma que es a partir del 2005 cuando el seguro de vida de SINATRAE se extiende inconsultamente a todos los empleados del Ministerio de Salud. Ya no se trata de aquella reivindicación del SINATRAE que Meta Seguros administraba.

Hasta ahí el delito podría ser que Bautista Rojas abusó de sus facultades para beneficiar a su familia. Pero si los médicos y el resto de los empleados del Ministerio ignoraban que tenían ese seguro, como no firmaron ninguna póliza ni registraron beneficiarios en caso de muerte, se puede asumir que tampoco pudieron reclamar beneficios.

Como el presidente del Colegio Médico dijo por televisión que el discutido seguro es “una ilegalidad, una inmoralidad y una felonía”, el ministro Rojas Gómez está en la obligación de informar todo lo concerniente al mismo. Es necesario que diga cuál es la aseguradora, ya que Meta Seguros es apenas una corredora de seguros, es decir una intermediaria, y cuáles empleados de su cartera han recibido beneficios y con qué montos. También cuándo se consultó o informó a los empleados sobre ese seguro, por el cual han les habrían descontado cerca de 200 millones de pesos. La honorabilidad obliga al esclarecimiento de la denuncia. No puede quedar como otro caso cerrado. Y si el ministro Rojas Gómez no responde, entonces corresponde al Presidente de la República y al Ministerio Público tomar cartas en el asunto.

 

La barbarie del general y el coronel

Por Juan Bolívar Díaz
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Uno de los aspectos más acertados del reciente discurso del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional fue el referente al excesivo número de generales que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aunque, como es habitual en la falta de transparencia, no le dijo al país cuántos son.

La última vez que se tuvo una información “de fuentes bien informadas”,  al comienzo del actual período gubernamental, sumaban 299. Desde entonces se ha detenido la fiebre del generalato que han sufrido el presidente Fernández en sus dos períodos completos de gobierno y el presidente Hipólito Mejía en sus cuatro años. Cuando Joaquín Balaguer, a quien creíamos el rey del militarismo dominicano, entregó el poder a Fernández en 1996, los generales eran unos 75. Sus dos sucesores salidos de las entrañas “liberales” del partidismo nacional se encargaron de cuadruplicarlos.

Como ya es inocultable el deterioro que se registra en las instituciones militares y la policía, infiltradas hasta el tuétano por el narcotráfico y la delincuencia general, el presidente Fernández parece haber hecho conciencia de la necesidad de reducir el generalato. Se queda corto porque deberían ser achicados todos los niveles de las Fuerzas Armadas, hoy integradas por 53 mil miembros activos, un 80 por ciento más que en 1996. Tienen además un exceso de oficiales, no sólo de generales, tantos que hace cuatro años el jefe del Ejército aseguró que ese cuerpo tenía más oficiales que clases, por lo que anunció el reclutamiento de 5 mil soldados.

Pero lo real es que en este tercer período de gobierno, Fernández ha comenzado a reducir el generalato. Según informes sumaban unos 290 antes de que la semana pasada  fueran retirados 10 militares y 14 policiales para un total de 24, como fueron ascendidos 7 el balance es de 17 menos, quedando 273, en su gran mayoría sin cargos específicos. La tarea es difícil, ya que hay más de un millar de coroneles esperando ascensos.

Lo asombroso de la purga policial, donde cayeron algunos jóvenes y capacitados, es que se llevó al general Vinicio Hernández Méndez, el que junto a un  Procurador General Adjunto y una fiscal provincial integró la comisión que investigó la muerte de Cecilio Díaz y William Batista, vinculados al secuestro del joven Eduardo  Baldera. El informe final de los investigadores, en noviembre pasado,  concluyó en que sobraban los testimonios e indicios de que los dos sospechosos fueron ejecutados, por lo que recomendó el sometimiento a la justicia de los responsables, entre los cuales se señaló al coronel Alberto Trejo Pérez. Hay que recordar que la PN y hasta el secretario de Interior impugnaron el informe, mientras el Ministerio Público lo sostuvo.

Lo que asombra y parece una barbarie es que entre los retiros de esta semana aparezca el general Hernández Méndez, mientras uno de los ascendidos por decreto presidencial es el coronel Trejo. Lo que quiere decir que se castiga al investigador y se premia al acusado, que se reconoce a la jefatura policial y se degrada a la Procuraduría General, que se aplaude la barbarie de las ejecuciones institucionalizadas y se sanciona la institucionalidad judicial.

Hay razones para presumir que el presidente Fernández, con sus múltiples responsabilidades ahora también internacionales,  no estuvo consciente de esa barbaridad, pues entre los 4 mil 771 policías ascendidos había cientos de oficiales. A no ser que la herencia balaguerista lo esté llevando a esos extremos.   Cabe entonces preguntar quién fue responsable de esa barbarie, si todo quedará como hecho cumplido, y hasta va a llegar la degradación en que se encuentra el estado de derecho, mientras tantos se lavan las manos como el Pilatos.