Una oportunidad para Leonel

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el presidente Leonel Fernández ha aclarado que no tuvo intención de negar la existencia de un grave problema de corrupción en su discurso en el acto de proclamación de las Iniciativas Participativas Anticorrupción (IPAC), merece que se le dé una oportunidad para demostrar que la participación del Gobierno en ese proyecto no es un simple aguaje disimulador.

La precisión, si no rectificación, rescata el esfuerzo auspiciado por el Gobierno mismo, por una docena de organismos internacionales y numerosas instituciones sociales para prevenir y reducir la corrupción, promoviendo la transparencia y fortaleciendo las instituciones encargadas de perseguir todo género de malversación.

Ya extrañaba el discurso del doctor Fernández, donde reducía la corrupción a casos aislados de individuos, puesto que él mismo fue de los primeros en denunciar sus escandalosos niveles, cuando en su campaña electoral de 1996 proclamó que su costo alcanzaba  los 30 mil millones de pesos anuales, superior al presupuesto de gastos del Gobierno.

Y desde entonces es que el dispendio y el robo de  los bienes públicos se han multiplicado a sus anchas, como indican las denuncias públicas, las fortunas de los políticos y funcionarios y las evaluaciones internacionales.

 Pero lo relevante ahora es concentrar la atención en las propuestas de anticorrupción proclamadas esta semana para instaurar un régimen de transparencia y reducir la corrupción, que no han sido fruto tan sólo de la sociedad civil y los organismos internacionales, sino también de las preocupaciones de algunos altos funcionarios, de los mejores del Gobierno, como los ministros de la Presidencia, César Pina Toribio; de Economía, TemístoclesMontás, y de Administración Pública, Ramón Ventura Camejo, comprometidos a darle seguimiento.

El documento final del consenso recoge 43 recomendaciones. Si bien es cierto que una parte de ellas están encaminadas a promover el cumplimiento de leyes claves como las que deben regir las compras y contrataciones,  la de función pública y la de libre acceso a la información, también hay novedades importantes para la transparencia y la persecución del pillaje público.

No es lo principal, pero sí significativo que el presidente Fernández puede comenzar a demostrar su apoyo a las IPAC, convocando un acto público para proclamar el 2011 como “Año de la Transparencia y de la Rendición de Cuentas”, como se propone.

Pero como eso es muy fácil, tiene que aterrizar con otras como ordenar a la Contraloría General “no autorizar libramientos de pagos que no cumplan con la Ley de Compras y Contrataciones”, transferir a la DGCP la administración y control del portal Compras Dominicanas”, publicación inmediata de la ejecución presupuestaria, y muy especialmente la recomendación de implementar la “Cuenta Única del Tesoro” para el manejo de los ingresos y egresos de todas las instituciones del Estado, en lugar de las miles que hay y que facilitan la sustracción de lo público.

Otras de las IPAC fáciles son la creación de un índice de Costos y Catálogos de Precios de la Construcción, de un Sistema Único y Global de Suministros para el sector Salud y fortalecimiento de  Promese/CAL, (previsto en el decreto 991-00), así como la creación de un Mecanismo de Monitoreo Social Permanente para las Compras y Contrataciones Públicas, el Mecanismo participativo para Concertar y Monitorizar  Propuestas, y diversas campañas de concienciación ciudadana.

Tiene el presidente una gran agenda pendiente, ahora que ha reconocido el problema de la corrupción, y comenzar a dar ejemplo de transparencia, por ejemplo colocando en Internet los ingresos y egresos de su propia fundación.

Y no le costará mucho, porque el Banco Mundial, BID, la Unión Europea, la USAID y varias agencias de la ONU se han comprometido a aportar más de 15 millones de dólares para cubrir gastos.  Manos a la obra, Presidente!

 

El cerco es gubernamental, no mediático

Por Juan Bolívar Díaz

En la última sesión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el lunes 6 de octubre, se expresaron preocupaciones por el mal momento por el que atraviesa el gobierno, llegándose a considerar que es víctima de un cerco mediático y de grupos de la sociedad civil.

 Según fuentes bien informadas, uno de los distinguidos miembros del organismo,  jurista de verbo encendido, historiador y polemista, llegó a poner nombres y apellidos a  responsables del supuesto cerco. Hay que suponer que sólo con el objetivo de alertar a sus compañeros para que actúen con mayor transparencia y eviten nuevos escándalos que den municiones a los eternos francotiradores.

 Como según la versión recibida, la denuncia nos involucra, tuvimos que reflexionar sobre el asunto. Y debemos reconocer que es cierto que algunos periodistas pecamos de excesos en los cuestionamientos a los funcionarios y de idealismo en la concepción de la política y del gobierno, aunque no tanto como el profesor Juan Bosch, quien abandonó el mayor partido de la historia nacional, que él lideraba y encarnaba, porque estaba lleno de ambiciosos, para con sus más impolutos seguidores fundar el de la Liberación Dominicana.

En realidad en todas partes del mundo los periodistas que persisten en las denuncias de la corrupción y en añorar un mundo de mayor justicia, y menores exclusiones son la minoría. La mayoría se acomoda o incorporan al sistema atraídos por sus altas retribuciones.

Pero aún por encima de los beneficios que deja el poder, no solo a los oficiantes del periodismo, sino también a los dueños del negocio, muy pocos medios quieren aparecer como comparsas del poder, y auspician la crítica, la denuncia, y las propuestas alternativas. Hasta los incondicionales se auto reputan como independientes.

El problema de muchos peledeístas es que ellos siempre se creen víctimas de persecución y ven toda disensión o cuestionamiento como parte de una conspiración. Reformistas y perredeístas son capaces de admitir que sus partidos están llenos de imperfecciones, de oportunistas y hasta de  corruptos, pero los morados no, para ellos sólo sus contradictores encarnan la corrupción, el boato, la malversación  y el aprovechamiento de los recursos del pueblo que con tanta persistencia denunció Bosch.

Es lamentable que tantos dirigentes y funcionarios empeñados en servir queden opacados por el desparpajo y la vida escandalosa de otra apreciable proporción. Los comunicadores deberíamos reconocer que tenemos que ocuparnos más de los primeros, pero sin dejar de denunciar a los segundos.

Por demás, no hay tal cerco mediático al gobierno. Y si algún cerco podemos encontrar es el del gobierno a la sociedad dominicana, por su falta de transparencia y por los escándalos de corrupción y reparto que se denuncian cada semana.  En la última el nuevo director de la Autoridad Portuaria Dominicana, ingeniero Ramón Rivas,  acaba de justificar la cancelación de unos 700 partidarios de su antecesor, sosteniendo que el 86 por ciento de los recursos de la entidad se iban en sueldos, muchos innecesarios.

El cerco lo pone el gobierno cuando  se niega  a acatar el gran consenso nacional que reclama priorizar la educación, la formal de las escuelas y la que debería impulsar en campañas de educación cívica, siquiera para que aprendamos a disponer de la basura y a respetar las más elementales reglas del tránsito, incluyendo la de no cerrar calles y avenidas para recoger a los hijos de los colegios.

El último gran cerco gubernamental ha sido el incalificable abuso de haber roto la ciudad al mismo tiempo en las principales vías, como la Kennedy, 27 de Febrero, Núñez de Cáceres, Máximo Gómez, Ortega y Gasset y otras, en aras de construir  a velocidad sin precedente en el mundo líneas de Metro y elevados. Y no han dejado espacio ni siquiera para que transiten los peatones.

El resultado es un incremento del taponamiento y la pérdida de tiempo, de combustibles, de accidentes  y desgaste vehicular, estimulando la irritación, la  violencia y el fatalismo.

 

¿Violará el Senado la Constitución?

Por Juan Bolívar Díaz

Por más vuelta que se le dé no se encuentra explicación a la precipitación con que el Senado se dispone a elegir los nuevos integrantes de la Junta Central Electoral (JCE) en lo que parece una flagrante violación de  una de las disposiciones transitorias de la flamante Constitución de la República proclamada el pasado 26 de enero.

En su sesión del 25 de agosto esa cámara instituyó una comisión especial con el encargo de iniciar el proceso para elegir los nuevos integrantes de la JCE con un plazo de 60 días a partir del 16 de agosto, atendiendo una reciente modificación del reglamento que rige los trabajos de esa cámara legislativa.

Si bien es admirable el celo con que se quiere cumplir el reglamento senatorial, resulta más que extraño, incomprensible y hasta sorprendente, que no ocurra lo mismo con la Constitución de la República.

Se creyó que se trataba de un simple olvido de la séptima disposición transitoria contenida en el Capítulo II de la Carta Magna, el cual señala que “Los actuales integrantes de la Junta Central Electoral permanecerán en sus funciones hasta la conformación de los nuevos órganos creados por la presente Constitución y la designación de sus incumbentes”.

Si se quiere mayor  precisión ahí está la octava disposición transitoria, la cual especifica que “Las disposiciones relativas a la Junta Central Electoral y al Tribunal Superior Electoral establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia a partir de la nueva integración que se produzca en el período que se inicia el 16 de agosto de 2010. Excepcionalmente los integrantes de estos órganos ejercerán su mandato hasta el 16 de agosto del 2016”.

El movimiento Participación Ciudadana advirtió esta semana del aparentemente olvidado mandato constitucional, sosteniendo que no se pueden elegir los titulares de la JCE antes de que se apruebe la nueva ley que la regirá, en virtud de la reciente reforma constitucional. Y pedía que se aprovechara para consensuar una reforma político-electoral, que incluyera la Ley de Partidos Políticos que ha sido objeto de múltiples acuerdos políticos-sociales en los últimos 12 años.

Ni siquiera la oposición política que ha mostrado interés por la Ley de Partidos ha reaccionado a la petición del grupo cívico. Y no han faltado quienes se atreven a poner el reglamento del Senado por encima del mandato constitucional. Otros entienden que sólo es nuevo el Tribunal Superior Electoral.

Sin embargo, las disposiciones transitorias citadas hablan de “los nuevos órganos creados” y de “los integrantes de estos órganos”. La vieja estructura de la JCE que integraban dos cámaras, una Administrativa y otra Contenciosa, cuyos integrantes constituían un Pleno de Jueces ha quedado separada en dos instituciones autónomas. El hecho de que una de ellas herede el nombre, no le quita su nueva estructuración.

La separación crea dos instituciones diferentes, cada una de las  cuales tendrá que ser dotada de su propia ley orgánica. La actual Ley Electoral no le sirve a ninguna de las dos. Para el Tribunal ya se conocen dos proyectos de leyes, uno enviado por el Poder Ejecutivo y el otro presentado por el presidente del Senado. Pero para la nueva JCE todavía no se ha conocido el imprescindible proyecto de ley.

Con toda razón Participación Ciudadana indica que “para las labores administrativas de la JCE no se puede mantener la condición de ser abogado” justificada cuando incluía funciones de tribunal.  Ahora sería aconsejable una integración pluridisciplinaria, incluso con predominio de administradores, cientistas sociales e informáticos.

Son demasiado y pesadas razones para que se aprueben las leyes orgánicas de los dos nuevos organismos antes de elegir sus integrantes. En cambio no se advierte ni una sola razón para la precipitación en la elección.

Por demás sería un terrible precedente que el Senado comience a ignorar la Constitución que se proclamó con bombos y platillos hace apenas siete meses.

 

Otro escándalo a reparar

Por Juan Bolívar Díaz
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La última investigación publicada por el movimiento cívico Participación Ciudadana, que devela un tráfico con las exoneraciones para vehículos de las que disfrutan los legisladores, constituye otro escandaloso abuso de poder que debería movilizar conciencias y voluntades nacionales para repararlo, aunque hay razones para temer que en este, como en otros tantos, el deterioro proseguirá su agitado curso.

En primer lugar llama la atención el volumen de dinero que se ha exonerado por impuestos a los legisladores, ascendente a 1,022 millones de pesos entre el 2002 y octubre del 2009, para la importación de 678 vehículos por un valor en puerto de 1,993 millones de pesos, lo que promedia un costo de 2 millones 939 mil pesos por unidad. En el bienio 2008-2009, las exoneraciones sumaron 549 millones de pesos.

En segundo lugar, hay que advertir que se trata de un irritante privilegio en beneficio de un sector de altos ingresos, que ha venido siendo ampliado en los últimos años, precisamente cuando desde hace dos décadas supuestamente se viene desmontando el régimen de exenciones impositivas. Si un humilde maestro de escuela tiene que pagar impuestos por un automóvil utilitario, no se puede justificar que se les otorgue a quienes se encuentran en la franja privilegiada del uno por ciento de mayores ingresos. En tercer lugar, y no menos importante, es que esas exoneraciones se otorgan a los mismos encargados de aprobar las leyes, lo que contraviene el fundamental principio constitucional de que nadie puede legislar en beneficio propio.

Participación Ciudadana resaltó que la ley que originalmente amparó las auto exenciones de los legisladores, la número 50 de 1966,  ha sido objeto de varias modificaciones.

En principio era para un automóvil cuyo valor no excediera los 3 mil dólares y sólo cada cuatro años y sin posibilidad de reventa en ese período, a menos que pagaran los impuestos correspondientes. Ya ahora se otorgan cada dos años y sin límite de precios ni para comercializarlos en el mercado.

La liberalización de las exoneraciones ha permitido la importación de vehículos de hasta 400 mil dólares, como uno que se importó a nombre de un representante de Samaná, una de las provincias más pobres del país. Bajo el amparo de ese privilegio traen las marcas más exclusivas de automóviles fabricados especialmente para el jet set internacional.

Pero lo peor de todo es que en la mayoría de los casos no se trata de vehículos importados en realidad por los legisladores, sino que estos venden las exoneraciones en un real mercado, es decir que trafican, que sacan beneficio a costa del Estado, lo que no está contemplado en la legislación y mucho menos en el más elemental código de ética.

Sabemos que no todos los legisladores se prestan para esta práctica inmoral, pero los que no la practican deberían ser los primeros en tomar iniciativas para imponer límites,  aunque fracasen en el intento. Lo más doloroso es la normalidad con que contemplamos el tremendo deterioro de la ética en la cosa pública.

No hay duda que en cualquier nación de mediana intensidad democrática una denuncia como la que ha documentado Participación Ciudadana sacudiría la conciencia nacional y llevaría a todos los medios de comunicación y a las instituciones sociales a reclamar correcciones y sanciones.

Somos muchos los que nos preguntamos qué tendremos que hacer para empezar a cambiar el curso que lleva la anomia social dominicana. Y a decir verdad, predomina el pesimismo. Pero por lo menos junto con Participación Ciudadana hay que dejar constancia de indignación y rechazo.-

No podemos resignarnos ni cansarnos

Por Juan Bolívar Díaz

Las medidas  cautelares dispuestas el viernes por la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral que pretenden evitar el uso político de los programas asistencialistas del Estado llegan un poco tarde y probablemente no rendirán los frutos esperados, pero son otro buen precedente en el arbitraje electoral dominicano que mejora en proporción inversa al deterioro de los principios democráticos, la transparencia y la honorabilidad de la política nacional.

Se trata de reivindicar los principios de la equidad democrática, de separar el Estado de los intereses partidistas, de hacer cumplir el espíritu y la letra de preceptos constitucionales y legales, y de enarbolar el principio de equidad en la competencia democrática, legajo que alguna vez tendrá que predominar en la vida institucional de la nación, por encima de las conveniencias y visiones coyunturales.

La positiva resolución de la Cámara Administrativa de la JCE remite a la necesidad de reglamentar estrictamente las campañas electorales para evitar todo género de exceso, como ya propuso el mismo organismo a mediados del 2007 y aprobó el pleno de los jueces en septiembre de ese año, proyecto que no sólo fue rechazado por quienes ejercen el Gobierno y otros sectores, sino también por los partidos de oposición.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que los opositores no acogieran con calor aquel proyecto y no propusieran profundizarlo cuando estaba destinado a limitar la irrupción del poder del Estado en la competencia democrática. La respuesta es sencilla: porque la generalidad de los políticos dominicanos enarbolan el principio de que “el poder es para usarlo”, y como siempre se creen a punto de alcanzarlo son refractarios a cualquier ordenamiento o regulación.

Los que ahora disfrutan del poder rechazarán, hasta con indignación, las nuevas disposiciones, aunque ya tendrán poco efecto a tres semanas de las elecciones congresuales y municipales, empezando por la primera resolución que requiere de las instituciones estatales informar a la JCE de los programas sociales a ejecutar hasta el 17 de mayo, lo que en el mejor de los casos se llevará una semana más.

Pero estas medidas cautelares quedan como precedente, lo que ya es importante en la precariedad institucional dominicana. Se prohíben las actividades proselitistas en el marco de los programas sociales gubernamentales y se dispone que los partidos no hagan coincidir sus campañas con los repartos estatales.

Con esas resoluciones se reconoce la necesidad de mayor equidad en las campañas electorales, lo que va en beneficio del sistema partidista y de la democracia dominicana. Pero hay que insistir en que sólo es un comienzo. Alguna vez tendremos que reconocer, por ejemplo, que no es normal en ninguna democracia que se respete, que el presidente de la nación y todos los altos funcionarios del Gobierno que no son candidatos anden en campaña electoral por todo el país, utilizando todos los recursos del Estado.

Carece de lógica que la ley pida a los empleados estatales, aún los que no administran presupuestos, que tomen una licencia de sus cargos desde el momento en que son aceptados como candidatos, pero que al mismo tiempo permita que sí hagan campaña los más altos funcionarios, que no son candidatos pero disponen de las ejecuciones administrativas y las inversiones.

No podemos cansarnos ni resignarnos al abuso y la malversación de los recursos del Estado, no sólo ahora en este gobierno, sino en cualquiera. Es obvio que hay quienes sólo ven la paja en el ojo ajeno, pero también los de amplia visión y estos son los imprescindibles. Los que han defendido los principios democráticos frente a todos los partidos y gobiernos.

No nos resignemos ni cansemos de denunciar la apropiación de lo público y la corrupción en todas sus expresiones, que siguen creciendo y siempre son justificadas cínicamente por quienes antes decían rechazarlas, con el agravante de que estos desarrollan una capacidad enorme para impugnar y descalificar a quienes aspiran a una nación de fuertes instituciones y al respeto de hasta el último peso de los ingresos nacionales.-

 

Meta Seguros: ¿otro caso cerrado?

Por Juan Bolívar Díaz

El doctor Bautista Rojas Gómez, ministro de Salud Pública, es uno de los funcionarios más reputados del actual gobierno y de los hombres  más pulcros de la política dominicana, razón suficiente para que se aclaren completamente las denuncias que sobre su gestión ha realizado la periodista investigadora Nuria Piera en sus dos últimos programas televisivos semanales.

Cualquiera preferiría aferrarse a esa reputación y dejar pasar el escándalo destapado en torno a la empresa Meta Seguros, integrada  por cinco  hermanas y otros relacionados del funcionario, beneficiaria del manejo de múltiples seguros, entre los cuales resalta uno contra accidentes por el cual se viene descontando 50 pesos mensuales a los más de 50 mil empleados del Ministerio.

Pero fue impresionante ver cómo la periodista Piera acusaba por televisión en ocho o diez ocasiones a Bautista Rojas y a su hermana Miguelina Rojas de Paulino, de haber mentido para ocultar el favoritismo familiar y, lo que es peor, algo que pudiera catalogarse de estafa de ser cierta la afirmación del presidente del Colegio Médico Dominicano, doctor Senén Caba, quien asegura que los médicos ignoraban que tenían ese seguro, por lo que incoarán demandas legales para que se les devuelva lo que les han descontado en por lo menos cuatro años y medio.

Tanto el ministro Rojas Gómez  como la presidenta de Meta Seguros reaccionaron a la primera denuncia afirmando que el seguro de vida data del 2001 durante la gestión en la Secretaría de Salud Pública del doctor José Rodríguez Soldevila, quien ha aclarado que lo que instituyó fue un seguro de vida y accidentes para las enfermeras organizadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enfermería (SINATRAE), como parte de un pliego reivindicativo. El mismo comunicado publicado el 26 de marzo por Meta Seguros confirma la versión de Rodríguez Soldevila, al señalar que esa empresa inició sus operaciones contractuales “como representante del SINATRAE para administrar y distribuir los recursos económicos que les eran asignados por esa cartera como un logro de las enfermeras”. Luego sostiene que “renueva el contrato en las mismas condiciones que el anterior” en agosto del 2004 durante  la gestión del secretario Sabino Báez. Lo que tanto el ministro como la empresa obviaron fue que Bautista Rojas, a la semana de ser designado al frente de esa cartera, el 24 de agosto del 2005 y mediante el oficio 32741 traspasó a Meta Seguros todos los seguros de vida y accidente, contra incendios, odontológicos y para los más de dos mil vehículos del organismo. Para ello tuvo que rescindir el contrato que otorgaba esos contratos a la empresa Correseguros S.A., la que los mantenía con Angloamericana de Seguros.

Se afirma que es a partir del 2005 cuando el seguro de vida de SINATRAE se extiende inconsultamente a todos los empleados del Ministerio de Salud. Ya no se trata de aquella reivindicación del SINATRAE que Meta Seguros administraba.

Hasta ahí el delito podría ser que Bautista Rojas abusó de sus facultades para beneficiar a su familia. Pero si los médicos y el resto de los empleados del Ministerio ignoraban que tenían ese seguro, como no firmaron ninguna póliza ni registraron beneficiarios en caso de muerte, se puede asumir que tampoco pudieron reclamar beneficios.

Como el presidente del Colegio Médico dijo por televisión que el discutido seguro es “una ilegalidad, una inmoralidad y una felonía”, el ministro Rojas Gómez está en la obligación de informar todo lo concerniente al mismo. Es necesario que diga cuál es la aseguradora, ya que Meta Seguros es apenas una corredora de seguros, es decir una intermediaria, y cuáles empleados de su cartera han recibido beneficios y con qué montos. También cuándo se consultó o informó a los empleados sobre ese seguro, por el cual han les habrían descontado cerca de 200 millones de pesos. La honorabilidad obliga al esclarecimiento de la denuncia. No puede quedar como otro caso cerrado. Y si el ministro Rojas Gómez no responde, entonces corresponde al Presidente de la República y al Ministerio Público tomar cartas en el asunto.

 

Un sistema de complicidades

Por Juan Bolívar Díaz
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Ahora mucha gente anda preguntando cómo fue posible que un presunto prófugo de la justicia española vinculado a un supuesto fraude de 40 millones de pesos, cuya empresa inmobiliaria no aparece en los registros comerciales de España, pudiera convertirse aquí en todo un señor inversionista que movilizaba hasta al presidente de la República y se paseara en los círculos de la burguesía empresarial junto a sus hijos hasta devenir en el escándalo de la semana tras ser arrestado en su país al vincularlo a una importación de drogas.

También hay quienes se preguntan cómo fue posible que esta misma semana dos pilotos abordaran un avión en el aeropuerto internacional de El Higüero, diciendo que volaban hacia Haití para tomar dirección a Sudamérica  y que ahora las autoridades no sepan de dónde eran ni a quien pertenecía la nave. Presumen que sacaron clandestinamente varias personas, pero la Dirección de Migración nada sabe, porque para ellos “ese vuelo no salió”, ya que nunca fueron informados.

Escándalos como esos ocurren con inusitada frecuencia, y en muchos casos de mayor envergadura, como el protagonizado por José Figueroa Agosto. Y en este no sólo resalta la amplia red social que pudo construir aquí un condenado a 209 años de cárcel en un país tan cercano como Puerto Rico, sino también su desaparición como posteriormente la de su amante principal Sobeida Félix.

Recuérdese que una de las revelaciones que hicieron las autoridades policiales en  histórica rueda de prensa fue que doña Sobeida y otras damas asociadas, eran conocidas en círculos del entretenimiento como “las champaneras” porque “se gastaban hasta 200 mil pesos semanales tomando champán” en un conocido centro nocturno.  Pero a ninguna autoridad se le ocurrió investigar de dónde las amantes de los vinos espumosos y de otras delicias sacaban tanto dinero, ya que no eran de las familias afortunadas.

En esta misma semana también hemos vuelto a preguntarnos cómo es posible que no podamos garantizar una leche que no intoxique niños en el desayuno escolar. Nos estamos acostumbrando, como a no disponer de energía eléctrica ni agua, ni siquiera en  las escuelas públicas. O a que nos estafen en la venta del gas propano o que exporten los metales que se roban del tendido eléctrico, las verjas públicas, los puentes y hasta de los monumentos nacionales.

Si damos marcha hacia atrás serían tantos los casos que para abarcarlos se necesitaría una enciclopedia. Baste recordar el más paradigmático de todos los fraudes a los que hemos asistido, la quiebra del Banco Intercontinental que costó al país casi el mismo monto que el presupuesto nacional del año en que explotó. Ni las autoridades monetarias y financieras ni a nadie se le ocurrió averiguar de qué mina salía el chorro de dinero que durante años financió “todas las posibilidades”.

En definitiva que hemos vivido y seguimos viviendo con tantas debilidades institucionales y complicidades al granel, públicas y privadas, que convalidan algunas de las frases emblemáticas de la cultura nacional como “ah no, yo no sé no” o aquella de “usted sabe que yo no me doy cuenta”.

No nos damos cuenta porque hemos hecho de la anomia social un modus vivendi, un “sistema de progreso” que nutre a autoridades, empresarios, comunicadores, religiosos y un largo etcétera. Si hay mucho dinero se abren todas las posibilidades.

Imponer el orden y la ley en este país es la revolución que nos hace falta. Parece que será necesario que un día estalle una revolución, porque ya no tenemos partidos políticos que planteen programas para sanear la nación. Porque ellos son parte fundamental de la anomia, porque están entre los más beneficiados de este sistema de complicidades que nos agobia.

 

La barbarie del general y el coronel

Por Juan Bolívar Díaz
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Uno de los aspectos más acertados del reciente discurso del presidente Leonel Fernández ante la Asamblea Nacional fue el referente al excesivo número de generales que tienen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aunque, como es habitual en la falta de transparencia, no le dijo al país cuántos son.

La última vez que se tuvo una información “de fuentes bien informadas”,  al comienzo del actual período gubernamental, sumaban 299. Desde entonces se ha detenido la fiebre del generalato que han sufrido el presidente Fernández en sus dos períodos completos de gobierno y el presidente Hipólito Mejía en sus cuatro años. Cuando Joaquín Balaguer, a quien creíamos el rey del militarismo dominicano, entregó el poder a Fernández en 1996, los generales eran unos 75. Sus dos sucesores salidos de las entrañas “liberales” del partidismo nacional se encargaron de cuadruplicarlos.

Como ya es inocultable el deterioro que se registra en las instituciones militares y la policía, infiltradas hasta el tuétano por el narcotráfico y la delincuencia general, el presidente Fernández parece haber hecho conciencia de la necesidad de reducir el generalato. Se queda corto porque deberían ser achicados todos los niveles de las Fuerzas Armadas, hoy integradas por 53 mil miembros activos, un 80 por ciento más que en 1996. Tienen además un exceso de oficiales, no sólo de generales, tantos que hace cuatro años el jefe del Ejército aseguró que ese cuerpo tenía más oficiales que clases, por lo que anunció el reclutamiento de 5 mil soldados.

Pero lo real es que en este tercer período de gobierno, Fernández ha comenzado a reducir el generalato. Según informes sumaban unos 290 antes de que la semana pasada  fueran retirados 10 militares y 14 policiales para un total de 24, como fueron ascendidos 7 el balance es de 17 menos, quedando 273, en su gran mayoría sin cargos específicos. La tarea es difícil, ya que hay más de un millar de coroneles esperando ascensos.

Lo asombroso de la purga policial, donde cayeron algunos jóvenes y capacitados, es que se llevó al general Vinicio Hernández Méndez, el que junto a un  Procurador General Adjunto y una fiscal provincial integró la comisión que investigó la muerte de Cecilio Díaz y William Batista, vinculados al secuestro del joven Eduardo  Baldera. El informe final de los investigadores, en noviembre pasado,  concluyó en que sobraban los testimonios e indicios de que los dos sospechosos fueron ejecutados, por lo que recomendó el sometimiento a la justicia de los responsables, entre los cuales se señaló al coronel Alberto Trejo Pérez. Hay que recordar que la PN y hasta el secretario de Interior impugnaron el informe, mientras el Ministerio Público lo sostuvo.

Lo que asombra y parece una barbarie es que entre los retiros de esta semana aparezca el general Hernández Méndez, mientras uno de los ascendidos por decreto presidencial es el coronel Trejo. Lo que quiere decir que se castiga al investigador y se premia al acusado, que se reconoce a la jefatura policial y se degrada a la Procuraduría General, que se aplaude la barbarie de las ejecuciones institucionalizadas y se sanciona la institucionalidad judicial.

Hay razones para presumir que el presidente Fernández, con sus múltiples responsabilidades ahora también internacionales,  no estuvo consciente de esa barbaridad, pues entre los 4 mil 771 policías ascendidos había cientos de oficiales. A no ser que la herencia balaguerista lo esté llevando a esos extremos.   Cabe entonces preguntar quién fue responsable de esa barbarie, si todo quedará como hecho cumplido, y hasta va a llegar la degradación en que se encuentra el estado de derecho, mientras tantos se lavan las manos como el Pilatos.

Hay que poner en crisis la crisis

Por Juan Bolívar Díaz

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Pocas veces hemos llegado a un nuevo año con tantas decepciones y  pesimismo colectivo, con tan pocas ilusiones, con verdadero derrotismo. Lo hemos percibido en las reuniones y festividades navideñas, en los saludos de fin y comienzo de año, en los augurios expresados. La desilusión es tan grande que para muchos es utópico pensar que en el 2010 podremos contener la profunda crisis nacional, que no es sólo económica, sino sobre todo social y moral.

La decepción de la política y de los políticos, de los gobernantes y los opositores,  toma vuelo día tras día, hasta un nivel que para algunos no tiene retorno. Es que la corrupción ha arrasado con las expectativas y cada vez son más los dominicanos y dominicanas que añoran el viejo liderazgo que tantos querían ver superado. El pragmatismo, el negocio de la política y la política de los negocios están llegando a una repugnante vulgaridad.

  Ese pragmatismo salvaje es el responsable de los niveles de corrupción del estamento político nacional, de la malversación de cada vez mayores proporciones del ingreso de este país tan pobre que todavía tiene un promedio educativo del séptimo grado de la primaria, donde la mayoría aún no tiene agua potable dentro de su vivienda, en alta proporción con piso de tierra y techo de zinc y yaguas.

Por ese pragmatismo todo el que llega al poder se convence de que la mejor inversión es aquella que se puede exhibir en obras materiales, razón por la cual estamos en  los últimos escalones  en cuanta medición de desarrollo humano se publica en el mundo, especialmente en educación, en malversación de los recursos públicos, en falta de transparencia y corrupción.

Esa vulgarización de la política transforma a muchos buenos ciudadanos y ciudadanas desde que deciden aspirar a un cargo público, y los convence de que el fin justifica los medios y hay que buscar dinero de donde sea, hipotecando su cabeza y su honor, abusando de los recursos del Estado o recurriendo a la lavandería de dinero ilícito. Porque hay que repartir para seguir degradando a las mayorías pobres, para mantenerlas inclinadas, arriesgando hasta la vida por una cajita paleadora del hambre de dos días.

Por ese terrible ejercicio político es que se multiplica la delincuencia en todas sus expresiones y cada vez más jóvenes tanto los muchachos pobres como los pobres encargados del orden público y la seguridad se convencen de que no hay razón para que ellos respeten las reglas del juego o se jueguen la vida cuidando de la sociedad de los satisfechos a cualquier precio.

Es lo que explica que el narcotráfico haya encontrado terreno tan fértil para crecer en todos los estamentos sociales y de manera tan alarmante en los aparatos de seguridad del Estado, creando la sensación de que estamos ante un derrotero tan inclinado que impide recuperar el equilibrio.

Ese pragmatismo asqueroso es lo que hace parecer utópico, iluso y hasta necio cualquier reclamo de cambio, de transparencia o de respeto a la ley y todo intento de organización social para promover el ejercicio de ciudadanía.

  Tenemos urgencia de cambiar ese panorama, para que la mayoría de los jóvenes vuelva a soñar con un país viable y no quieran abandonarlo por cualquier medio. Hay que  convencer a nuestros muchachos de que este es el único lugar del mundo donde no somos extranjeros. Es necesario incentivar los grupos juveniles que emergen proponiendo  una sociedad mejor organizada y más acogedora, donde volvamos a acatar el imperio de la ley.

Ojalá que las reflexiones del año nuevo nos lleven a la convicción de que debemos y podemos revertir el deterioro, tomando tan en serio estos 360 próximos días, como si fueran los últimos que nos tocara vivir, sin darle tregua a la crisis, poniéndola en crisis abandonando el pesimismo y trocando las frustraciones en esperanzas de un país mejor donde deje de ser utópico el sembrar sueños de respeto a la institucionalidad democrática, de justo desarrollo humano y de ética social y política.