No hay que temerle a Ninguno

Por Juan Bolívar Díaz

http://hoy.com.do/image/article/479/460x390/0/BB8F3FDC-835E-45BB-BDCF-C86293D49992.jpeg

Lo menos que ha causado es extrañeza la velocidad con que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó la propuesta de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que abogan porque en las boletas electorales se establezca una casilla con la denominación de Ninguno, mediante la cual se pueda expresar insatisfacción con las candidaturas propuestas.

Hay que suponer que quienes suscribieron la comunicación dirigida a la JCE no estarían esperando el aplauso de la mayoría de los dirigentes políticos que auspician todo género de  usurpación de los derechos ciudadanos y que se niegan a reconocer que la democracia es mucho más que depositar un voto.

Pero seguramente que tampoco esperaban el rechazo absoluto y automático de un jurista de la categoría del doctor Julio César Castaños Espaillat, ni mucho menos los calificativos hasta de necios con que políticos, politiqueros y comentaristas han respondido una propuesta formulada con un lenguaje tan constructivo, conceptuoso y respetuoso.

Las 133 personas en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos que suscribieron la solicitud merecen una respuesta por lo menos respetuosa. En su gran mayoría son ciudadanos y ciudadanas reconocidos en sus respectivas profesiones, quienes reclaman su derecho a participar y a expresar civilizadamente su disensión.

Lo que están planteando es que dada la creciente insatisfacción con las opciones políticas dominantes, se abra la puerta a expresar un voto disidente, en vez de abstenerse de concurrir al certamen electoral. Es cierto que tienen la opción del voto en blanco, pero en el sistema electoral vigente éste se anula, al igual que el de quienes pecan de ignorantes.

Ciertamente que para contar los votos en blanco o para establecer la casilla de Ninguno se requiere una reforma de la ley electoral, cuestión que está implícita en el petitorio. Seguro que los solicitantes no ignoran esa realidad como tampoco que no será fácil obtener la aprobación de la mayoría de los legisladores.

En esencia lo que reclaman es un canal democrático adicional, que el sistema electoral nacional reconozca el derecho al disenso que existe en los parlamentos de todo el mundo, en las asambleas democráticas de todo género de asociaciones, e incluso en las de la mayoría de las corporaciones y empresas modernas, donde se puede pedir que conste en acta la abstención. En muchos países también se cuenta el voto en blanco.

Los políticos de ninguna manera deberían temerle a la casilla Ninguno. Más bien deberían auspiciarla, puesto que podría servir para medir el nivel de disenso consciente y sacar las conclusiones correspondientes. Como se supone que no temen a las encuestas que miden los niveles de insatisfacción ciudadana.

La generalidad de los políticos dominicanos está convencida de que sus partidos son tan sólidos como lo era Baninter, lo que debería ser una razón adicional para no estigmatizar la propuesta del Ninguno. Hasta podría servirles para demostrar que sólo una minoría tiene una insatisfacción militante frente al sistema partidario.

Y ciertamente que esta sociedad muestra niveles de participación en los partidos por encima del promedio latinoamericano. Pero es cada vez más preocupante el nivel de insatisfacción, que hace temer un sorpresivo estallido que seguramente no dará pre-aviso como ha ocurrido en muchos países de la región.

Acción Democrática y Copey, para referirnos a uno de los ejemplos más cercanos, dominaron durante cuatro décadas el escenario político de Venezuela que sobrevivió airosa la tanda de golpes de Estado de los sesenta y los setenta. Pero se sumergieron en un proceso de descomposición, corrupción y corrosión tan fuerte que no les permitió advertir que caminaban hacia el abismo.

En gran parte de Sudamérica el partidismo político ha llegado a niveles críticos, con numerosos colapsos. Aquí no ha ocurrido, pero es una temeridad pretender que estamos inmunizados. Lo más conveniente sería prevenir. Ninguno en vez de ser un peligro podría constituirse en el dolor que alerta sobre un proceso infeccioso degenerativo.

 

Procede ahora la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que la Asamblea Nacional ha concluido la aprobación de la nueva Constitución de la República es imperativo que las cámaras legislativas se aboquen a aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se viene consensuando desde hace diez años y que ya fuera aprobado por los diputados en agosto pasado al finalizar la anterior legislatura.

Se trata, además, de uno de los compromisos asumidos por el presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana y por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, en las concertaciones que facilitaron la aprobación de la nueva carta magna, que involucraron a una decena de comisionados de ambas instituciones políticas.

Vargas Maldonado recordó el compromiso el pasado miércoles, considerando que esa ley, al igual que la nueva Constitución, “debe servir de impulso a la democratización y al fortalecimiento institucional del país”.

Justamente en menos de una semana tanto el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), como el presidente de su Cámara Administrativa, doctores Julio César Castaños y Roberto Rosario, insistieron sobre la necesidad de reglamentar las campañas electorales para establecer límites que preserven los valores democráticos.

El doctor Rosario recordó los esfuerzos que hizo la Cámara Administrativa el año antes de las últimas elecciones para reglamentar tanto la extensión, propaganda  y el gasto de las campañas electorales como las finanzas de los partidos. Castaños fue más específico al plantear que tan pronto proclamen la nueva Constitución ese organismo se abocará a reglamentar las campañas electorales, con límites a su duración, al gasto de partidos y candidatos y a la propaganda, en base a “los principios de equidad, libertad y transparencia” que indica el numeral 4 del artículo 262 de la nueva carta magna.

Durante años ha habido amplio consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de reglamentar el accionar político partidista y las campañas electorales para preservar los principios democráticos y dar transparencia a esas fundamentales actividades humanas. Ello es más urgente en vista de la inflación que se registra en el costo de las campañas electorales, aún para obtener una nominación para regidor. Más necesario cuando  se dan regresiones como la de aumentar el poder de las cúpulas directivas de los partidos en la elección de los candidatos, que el proyecto de Ley de Partidos preconiza como derecho de los militantes, excepto un pequeño porcentaje para facilitar alianzas.

La aprobación de la Ley de Partidos debe adelantarse a la reglamentación de la JCE, porque tendría mayor legitimidad y porque ya hay amplio consenso partidista y social y un compromiso de las dos fuerzas políticas predominantes. Aunque es obvio que ya el capítulo referente a las elecciones primarias de los partidos, con las correcciones correspondientes, no podrá ser aplicado en esta oportunidad, todavía hay tiempo para dar vigencia a otros aspectos como el funcionamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales.

Vale recordar que el proyecto de Ley de Partidos plantea avances fundamentales como la opción de votar separado el senador de los diputados, que debería extenderse al síndico de los regidores. Así mismo garantiza el derecho a encuestas, sondeos y conteos rápidos con la única limitación de que no se publiquen dentro del horario de votación.

El proyecto contiene amplias normativas sobre las campañas electorales y los límites de los organismos del Estado durante las mismas, otorga facultades a la JCE para establecer topes de gastos e instituye normativas para la transparencia del financiamiento y el gasto de partidos y candidatos. Con las correspondientes sanciones para las violaciones, independientemente de las que correspondan al código penal.

La salud democrática de la nación y la preservación de sus  instituciones políticas demandan la rápida aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Desde luego, para darle cumplimiento.

Dejen descansar en paz a Bosch y a Peña Gómez

Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el profesor Juan  Bosch como el doctor José Francisco Peña Gómez conocían las debilidades, condicionantes y ambiciones de la política y los políticos, particularmente en un ámbito tan atrasado institucionalmente como el dominicano, y donde la corrupción, la violencia, el arrebato y el fraude son parte de una cultura que se nos impuso desde  los orígenes más remotos de la nación.

Maestro y discípulo fueron separados por divergencias más tácticas que estratégicas, magnificadas por las ambiciones de quienes le rodeaban. Bosch intransigente frente a los poderes fácticos y las debilidades y ambiciones de los seres humanos, se empeñó en constituir un partido realmente nuevo que pudiera encarnar las grandes transformaciones nacionales que soñaba. Desdeñó el poder por el poder mismo, hasta el grado que sus propios discípulos llegaron a murmurar que a él no le interesaba gobernar.

Peña Gómez, más flexible y coyunturalista creyó que llegando al poder podría realizar transformaciones fundamentales para cambiar la cultura política y la exclusión económico social. Su desprendimiento y pragmatismo determinaron que subordinara sus propias aspiraciones presidenciales para promover a Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y a Jacobo Majluta hasta ser víctima de las ambiciones de éstos y de quienes se asociaron a sus proyectos de poder. Cuando vino a ser candidato presidencial comprobó lo pesado que era el muro de discriminación y odio que le cercó desde su nacimiento.

Juan Bosch y Francisco Peña Gómez, los dos políticos de más trascendencia internacional en la historia dominicana y los de mayores formulaciones ideológico-políticas, no pudieron alcanzar el poder para poner a prueba sus proyectos. El primero sería presidente tan sólo por siete meses, en circunstancias que le impidieron siquiera apropiarse de los mecanismos elementales del poder estatal.

El maestro vivió más de nueve décadas y se fue apagando lentamente, tanto como para no darse cuenta de que la mayoría de sus alumnos acariciaban su declive para abrirse paso al disfrute del poder del que él abominaba. Así, agotado, fue llevado a la abominable escena de levantar los brazos junto a Balaguer, Pérez y Pérez y hasta calieses manchados con la sangre de las hermanas Mirabal.

Peña murió consciente de que tributaba su existencia de sólo seis décadas en aras de la ambición de los suyos. Cuando le cuestionamos que estuviera agotando hasta su último aliento en una campaña para síndico, en su última entrevista para la televisión dos semanas antes de su  muerte, nos respondió imperturbable: a mi las campañas me dan vida, lo que me la quita es la ambición de la gente.

El caso de Peña Gómez fue más dramático que el de Bosch porque él fue víctima de la discriminación racial y el prejuicio anti haitiano que constriñe el alma de una apreciable proporción de los dominicanos. Fue discriminado hasta por muchos de sus propios compañeros de partido que lo aceptaban como líder para sobre sus hombros alcanzar poder y enriquecerse. Pero estimulaban la idea de que “el negro no podía ser presidente”. Sólo por eso en 1985 la mayoría de los perredeístas prefirieron a Jacobo Majluta de candidato presidencial, desdeñando al líder. Muchos no recuerdan que para las elecciones de 1982, con su PRD en el poder, Peña Gómez se escondió denunciando una conspiración en su contra que involucraba a jefes militares.

Tanto Bosch como Peña son parte del patrimonio histórico y de las reivindicaciones espirituales nacionales. Merecen descansar en paz, por lo que quienes les utilizaron e inutilizaron políticamente deben abandonar el uso de su nombre y de sus memorias.

Es suficiente con que abominen de la Constitución de 1963 y de toda la sangre derramada por su defensa y que los seguidores de los dos líderes se pongan de acuerdo para imponer la Constitución más retrograda de la historia nacional. Es ya demasiado que incluso se asocien a quienes cuestionaron la nacionalidad de Peña Gómez por ser descendiente de un haitiano para negarla constitucionalmente a quienes como él nacieron y se acogieron a la dominicanidad del jus solis, por encima de la legalidad inmigratoria.

¡Proclamen su Constitución negadora de derechos y complaciente de los poderes fácticos. Pero dejen descansar en paz a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez!

Otro tipo de fraude electoral

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, informó esta semana que ha dispuesto una investigación sobre la legitimidad de 6 mil 887 cambios de empadronamiento electoral registrados en los últimos meses, con un sospechoso patrón fraudulento. Por ejemplo citó el caso de unas 80 personas que trasladaron su residencia a una misma calle.

Aunque la información periodística no lo especificó, se asume que el traslado fue a un municipio y provincia de menor población, donde a menudo las elecciones de legisladores y munícipes se deciden por cientos de votos. Se trata de otra expresión de fraude electoral puesta en práctica por lo menos desde las elecciones del 2006.

Como la memoria política nacional es tan corta, la mayoría no recuerda que para antes de esos comicios congresionales y municipales se denunció un intenso tráfico de electores hacia las seis provincias de menor población, donde unos cientos de votos pudieron cambiar el resultado en el senador, el síndico y en la proporción de diputados y regidores.

Antes de que cerraran el período de  cambios de domicilio, tres mil 455 electores,   resolvieron emigrar hacia Pedernales, provincia donde representaron el 20.56% del padrón. Sólo al pobre municipio de Oviedo llegaron mil 802, equivalentes al 27% de sus electores. Proporciones superiores al 2% y hasta el 5% significaron los traslados a las provincias Independencia, Elías Piña, Santiago Rodríguez, El Seybo, Dajabón, Hato Mayor y Monte Plata, que son precisamente de las que más movimientos migratorios registran pero a la inversa, es decir expulsando los suyos hacia las mayores concentraciones del empleo, la inversión y el ingreso.

Para entonces un simple muestreo realizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana evidenció un patrón fraudulento. Muchos de los trasladados tenían la misma dirección, no vivían en las casas indicadas y eran desconocidos allí, pues en gran proporción ni siquiera eran nativos de esos lugares que retornaban a votar. Quedó claro que eran parte de un nuevo tipo de maniobra fraudulenta cuando el 16 de mayo decenas de autobuses llegaron a esas provincias transportando las evidencias. Teleantillas hizo un amplio reportaje sobre el particular.

Para la JCE no será nada difícil enviar inspectores a comprobar si los trasladados hace cuatro años y para este proceso viven realmente en las direcciones que ponen, y en caso contrario deben ser revocados esos cambios para evitar que la abundancia de dinero, cada vez más fruto de actividades ilícitas y de la corrupción pública, incremente el cultivo de este género de fraude electoral.

La tentación debe ser mayor por cuanto los tramposos no habrán olvidado que en los comicios del 2006 las senadurías de cinco provincias se decidieron por menos del 1% de los sufragios, en otras dos por menos de 2% y en dos más por menos del 3%, proporciones muy vulnerables en 9 de las 32 provincias. Tres de ellas estuvieron entre las que lideraron las inmigraciones de electores. Y para mayor asombro, en 11 municipios la elección se decidió por menos de 50 votos.

No hay dudas de que la política nacional tiene cada vez un mayor componente de pragmatismo salvaje, que no respeta límites y muestra una enorme capacidad para innovar en el ventajismo. Y para este proceso electoral que se avecina los desmadres pueden superar todas las imaginaciones, puesto que esta vez, en aras de unificar todas las elecciones a partir del 2016, los legisladores y munícipes tendrán un mandato de seis años. También por la enorme revalorización de los ingresos de legisladores, síndicos y regidores que estimula los recursos ilícitos para acceder a beneficios considerables en las provincias y municipios más pobres.

Cada vez se hace más urgente una ley que establezca límites a la actividad política, especialmente en las campañas electorales, y que transparente el gasto de partidos y candidatos para preservar la salud de esta democracia tan cara y putrefacta que nos estamos gastando los dominicanos. Es mucho más urgente en la medida en que vemos las  dimensiones que ha ganado el narcotráfico y su terrible infiltración hasta de los organismos de seguridad del Estado, con su enorme capacidad para comprarlo casi todo.

 

El dulce encanto del barrilito

Por Juan Bolívar Díaz

La mala fama del barrilito de los senadores es tan fuerte que se le han pegado las denuncias de nepotismo y otras serias irregularidades formuladas por la valiosa colega Alicia Ortrega en su magnífico programa de esta semana. Después de todo, eso nos ha permitido volver sobre el “dulce encanto” de este abuso de los recursos del Estado por parte precisamente de quienes están llamados a regularlos y supervisarlos.

Primero que nada precisemos los diversos capítulos de ingresos y pagos que tiene cada senador, en base a la información disponible: sueldo básico de 150 mil pesos, 50 mil para gastos de representación, 25 mil para viáticos, y 25 mil por hospedaje, lo que totaliza 250 mil pesos al mes. Además 3 mil 500 pesos por sesión a la que asisten y dos mil 400 por  reunión de comisiones, con lo que podrían elevar sus ingresos a unos 300 mil pesos.

Segundo: a cada senador se le pagan empleados en dos oficinas, en la sede central y  en su provincia. En la primera son 13, que incluyen un “asesor de imagen”, dos asistentes, dos secretarias, cuatro encargados de seguridad (aparte de varios militares que los cuidan), dos choferes y apenas un asesor de proyectos. Antes del último incremento salarial del 15 por ciento, el costo de estos era de 289 mil al mes. El salario máximo era de 45 mil pesos. En la provincial tenían otros 142 mil 500, para pagar 11 empleados más, con un salario máximo de 25 mil. Aunque la suma da 431,500, tenían un tope de 470 mil pesos.

Cada oficina es equipada con muebles, computadoras, nevera, equipos de música, aire acondicionado, inversor  y vehículos. Para pagos de servicios, alquiler y combustible tienen una asignación de 190 mil pesos mensuales.

Tercero: aquí viene el barrilito o cofrecito, que es una partida que va de un mínimo de 400 mil a un máximo de 900 mil pesos por mes, atendiendo a la población representada. Se estimó un vil peso por habitante. El promedio mensual de los 32 senadores es 598 mil 750 pesos. Su nombre oficial es “Fondo Mensual para la Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional de la Oficina Senatorial”.

Sumando todos los capítulos de gastos arriba indicados, cada senador sale por un mínimo de un millón 558,750 pesos al mes, que totaliza 18 millones 705 mil al año, y 19 millones 375 mil si le sumamos 670 mil pesos por el sueldo navideño (el básico) del legislador y los empleados de las dos oficinas. Antes del último incremento salarial el costo anual era de 620 millones de pesos.

Las denuncias fundamentales del reportaje de Alicia Ortega se refirieron al capítulo de las oficinas provinciales y se resume en que han rebasado los topes de sueldos y gastos, algunas casi al doble,  y se los han pagado, y que muchos emplean familiares, desde esposas y padres, hasta hermanos, primos y cuñados. El caso más relevante, el de Mao, Valverde, que puso en la nómina con 20 mil mensuales a una trabajadora doméstica a la que sólo pagaba 5 mil, la cual declaró en cámaras no sabía que era “empleada del Senado”.

En cuanto al barrilito, la acuciosa colega pidió los informes de gastos que según lo establecido debe ofrecer cada senador. El primer día sólo llegó a revisar diez, y cuando volvió ya le negaron el resto. De los que pudo ver había también asignaciones fijas a familiares y gastos de hasta 50 mil pesos en bebidas alcohólicas.

La generalidad de los que vieron el reportaje quedó abrumada y escandalizada. En cualquier país de mediana intensidad democrática muchos irían a los tribunales, y por lo menos ya se estarían auditando todos esos gastos, que salen de las costillas de un pueblo pobre, sin suficiente agua, electricidad y servicios educativos y sanitarios.

Hay que adicionar que cada legislador recibe dos exoneraciones para vehículos, que la mayoría vende para que se importen autos de lujo de hasta 496 mil dólares, como aparece en una lista de la Cámara de Diputados, que circula por Internet.

El encanto del barrilito, sin justificación legal ni constitucional,  quedará más al desnudo pronto cuando la mayoría de los actuales senadores decidan repostularse. Algunos habrán repartido en 45 meses más de 40 millones de pesos. Aparte recibirán ellos y sus partidos financiamiento del presupuesto nacional para su campaña electoral. Tremenda ventaja frente a quienes compitan con ellos primero en sus propios partidos por la candidatura, y luego en la elección misma. Peor si el que los reta es de un partido minoritario o emergente sin financiamiento oficial. Vaya democracia la que nos gastamos. Ese barrilito es una inmoralidad.

Un paso adelante y otro para atrás

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/430/460x390/0/E7FB9D55-CD8D-4F79-863A-A1687EEF1ED3.jpeg

Al conocer esta semana los artículos referentes al sistema de administración electoral, la Asamblea Nacional que discute el proyecto de nueva Constitución de la República del presidente Leonel Fernández prosiguió en lo que ya parece ser su característica: dar un paso hacia delante y otro para atrás.

El resultado final será esencialmente conservador, ratificante de las razones por las que durante años se preconizó la necesidad de una reforma: actualizar la Constitución a los  requerimientos de los nuevos tiempos. Y al final tendremos una nueva carta magna lista para volver a ser modificada tan pronto cambien los actores políticos dominantes.

Paso adelante: La asamblea aprobó la separación de las funciones administrativas y contenciosas electorales en dos organismos autónomos, creando un Tribunal Superior Electoral integrado por tres jueces y sus respectivos suplentes. La decisión se inscribe en la corriente internacional para evitar la dicotomía de que algunos sean partes y jueces a la vez.

Paso para atrás: No pudieron ponerse de acuerdo en el número de integrantes del organismo administrativo que quedaría con el nombre de Junta Central Electoral, que unos proponen sea también de tres miembros y suplentes, pero otros prefieren cinco, hasta el punto de planearse dejar que eso lo determine una ley.

Paso adelante: Los asambleistas acogieron las demandas de que en la misma Constitución se faculte a la Junta Central Electoral “para reglamentar los tiempos y límites en los gastos en los tiempos de campaña, así como el acceso a los medios de comunicación”, esencial y urgente para mejorar la democracia.

Paso para atrás: Aprobaron que sea el Senado quien elija los integrantes del Tribunal Electoral, restándole así su carácter esencial de arbitraje jurídico, para mantenerlo como órgano político sujeto a la voluntad de la mayoría de turno, atendiendo al criterio de que quien reparte y reparte saca la mayor parte. Ese, como los demás tribunales, debería ser constituido por la Suprema Corte de Justicia o por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La economía, la austeridad en la disposición de los escasos recursos de un país tan pobre que no tiene lo suficiente para educación, salud, agua potable, electricidad y alcantarillados, es lo que debería predominar en la constitución de todos los organismos del Estado.

Aún el Tribunal Superior Electoral, que además de los 6 titulares y suplentes tendrá un aparato administrativo, es un exceso al unirse todas las elecciones en un mismo día cada cuatro años. Eso quiere decir que pagaremos jueces para tomar decisiones cada cuatro años, si las hubiere, mientras los jueces ordinarios tienen que despachar cientos de casos cada mes. En la medida en que mejora el sistema electoral la tendencia es a reducirse las impugnaciones. Lo mismo ocurrirá al interior de los partidos si aprueban la muchas veces consensuada ley de partidos, que normaría la elección de dirigentes y  candidatos.

Aún hay tiempo para, como propuso esta semana el senador Francisco Domínguez Brito, recoger una propuesta de Participación Ciudadana, de que el Tribunal Superior Electoral sea constituido por jueces de las cortes de apelación que sesionen en materia electoral cuando sea requerido, y el resto del tiempo mantengan sus funciones ordinarias.

La idea no gustará a los que en el sistema político viven buscando ampliar los cargos a repartir. Los mismos que están pretendiendo llevar a 209, y se propuso hasta 250, los actuales 178 miembros de la Cámara de Diputados. La realidad es que este número es excesivo e inoperante y debería ser reducido o, por lo menos, congelado.

Otro tanto ocurre con la Cámara de Cuentas, que no precisa de 9 titulares. Por el contrario, ese abultamiento sólo sirve para crear tensiones internas, reparticiones de prebendas y áreas de influencia y multiplicación de conflictos de intereses de todos los géneros.

El gran paso adelante que precisa esta nación es ahorrar, disminuir el dispendio que caracteriza todas las instituciones públicas, y se constituye en escándalo como hemos visto en los últimos tiempos con los subsecretarios, los vicecónsules, las nóminas y nominillas de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Programa de Reducción de Apagones, de la Lotería Nacional, del Instituto Agrario Dominicano y tantos otros organismos públicos. Que en vez de repartir botellas invirtamos más en educación, en salud, seguridad social, acueductos, energía, alcantarillados sanitarios y pluviales, en represas, carreteras y caminos vecinales.

La trascendencia de Juan Bosch

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/428/460x390/0/6C2A3E5D-DD30-405D-AC3B-CD73DB3DA921.jpeg

No tuvo la gloria efímera del poder tradicional dominicano. Tampoco la acarició razón por la cual nunca estuvo dispuesto a ofrendar sus principios y planteamientos programáticos en el altar del pragmatismo para reinar en esta sociedad, porque su vanidad y aristocracia eran otras, la de la estirpe de los rebeldes aferrados a convicciones fruto de la inteligencia, la sensibilidad humana y la razonabilidad.

Juan Bosch Gaviño nació hace un siglo para la trascendencia del insigne sembrador, no para formar parte del abultado número de los que transitan por la infinita levedad del poder individual construido a base de concesiones a la mediocridad, al clientelismo, el rentismo, a la repartición patrimonialista y a la dominación económica, política y cultural.

Por todo eso, desde antes de su desaparición física hace ocho años, ya el profesor Bosch había inscrito su nombre en la tabla de los líderes más insignes y queridos de la historia nacional, desde Juan Pablo Duarte, a Gregorio Luperón, desde Ulises Espaillat a Francisco Caamaño, Manolo Tavárez y Francisco Peña Gómez. Todos ellos están unidos por la circunstancia de no haberse doblegado y mantener fidelidad a los valores que en sus respectivas circunstancias representaron.

Entre los múltiples orgullos de Bosch, de carácter social, estaba el haberse mantenido erguido y firme en un territorio colocado en la ruta no sólo de los huracanes sino también de imperios, de  piratas y filibusteros, y en un tiempo marcado por guerras frías y calientes generadoras de tiranos y por intervenciones políticas y militares sin límites.

Ser humano de exquisita sensibilidad, desde temprana edad mostró su vocación por las letras, dejando una amplia bibliografía de primera categoría y trascendencia internacional tanto en el relato como en la historiografía y la interpretación social.

Juan Bosch es símbolo y estandarte de las cuatro décadas que siguieron a la decapitación de la tiranía de Trujillo, contra la que luchó desde el exilio durante un cuarto de siglo. Maestro de la generación de los sesenta que recibió de él los cimientos de la libertad y la democracia, del compromiso social, de la ética y la moral, tanto en la función pública como en la vida personal.

Sembrador de sueños, llegó al poder en 1963 predicando la justicia social y auspició la Constitución más  avanzada de nuestra historia. Por su terco aferramiento a los valores éticos y morales y por ser coherente con los planteamientos programáticos que ofertó a la sociedad dominicana, fue desplazado rápidamente del gobierno.

Aunque su liderazgo fue ratificado y ampliado con la revolución constitucionalista de 1965 que quiso lavar  el golpe de Estado de 1963, nunca pudo volver a gobernar, pues se negó sistemáticamente a las concesiones y transfiguraciones que los poderes tradicionales le exigían.

Juan Bosch tuvo las capacidades y fuerzas de voluntad para ser fundador y arquitecto de dos de los partidos más trascendentes de la historia nacional, especialmente del último, que quiso esculpir a su imaginación perfeccionista, pero tropezando una y otra vez con los vicios de la pequeña burguesía, trepadora y ambiciosa que él diagnosticó en sus estudios y ensayos sociales.

Más allá de los discursos que abundan en estos días de celebración del centenario del nacimiento del profesor Bosch, la insatisfacción con la gestión de sus herederos es bastante relevante. Ninguno de sus dos criaturas políticas ha hecho honor a sus principios y proyectos programáticos y más bien se han dedicado a reproducir las prácticas de dominación política, cultural y económica que él denunció y combatió.

Esta sociedad tiene una deuda con la memoria de don Juan Bosch Gaviño. Hay que augurar el pronto advenimiento de una nueva generación de políticos que recoja su legado y la traduzca en erradicación de la corrupción, descomposición y anomia social que carcomen el alma de la sociedad dominicana.

Reparto que no tiene límites

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/426/460x390/0/255BB413-D8E4-4257-8AAF-93DD17170B06.jpeg

A pesar de que el presidente Leonel Fernández reconoce que el último año ha sido realmente difícil para la economía nacional, aparentemente todavía no contempla la menor restricción en el gasto corriente, especialmente en el de personal, que ha seguido creciendo, elevando la nómina pública casi a 600 mil empleados, incluidos 95 mil pensionados, según dio cuenta esta semana el reputado economista Carlos Despradel.

Los datos disponibles indican que en el primer cuatrimestre del año el gasto de personal del Gobierno se incrementó en 20 por ciento, proporción más significativa si se tiene en cuenta que es en relación al primer cuatrimestre del año pasado, pleno período de la campaña reeleccionista que elevó la repartición del patrimonio público y originó un déficit fiscal superior a los 55 mil millones de pesos.

Ya al reportarse los resultados del primer trimestre de este año, se registró el crecimiento del gasto de personal, lo que el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, quiso justificar por el incremento salarial dispuesto en julio pasado. Pero este fue del 15 por ciento y sólo para los empleados que perciben hasta 30 mil pesos mensuales.

A partir de agosto pasado el presidente Fernández auspició un festival de incremento de las botellas como premios políticos a sus últimos devotos, mientras sostenía que lo peor de la crisis económica internacional ya había pasado y que no veía cómo podía afectarnos. Entonces escribimos que si el mandatario aceptaba la realidad no podría mantener esa expansión del gasto.

Pero resulta que esta semana en una disertación en un seminario internacional, el doctor Fernández se despacha con que desde marzo del año pasado ha tenido que afrontar “el período más grave y severo, de mayores precariedades a nivel de Gobierno que yo he sentido en todo el tiempo que he estado en el ejercicio gubernamental”.

Pero aún así el número de empleos estatales y los niveles de los altos salarios siguen en ascenso, al igual que las reparticiones que se realizan a través del programa Solidaridad, que ya abarca a más de 800 mil personas, lo que implica que un millón 400 mil reciben ingresos del Estado, en baja proporción altísimo y la gran mayoría ínfimos.

La carga es desproporcionada para un país con tantas precariedades estructurales, donde todos los días la población tiene que realizar disturbios en reclamo de satisfacción a necesidades elementales, como las de agua potable, energía eléctrica, reparación de calles, caminos y carreteras, construcción de escuelas y centros de salud. Con una disminución de sus ingresos estimada en un 20 por ciento en el primer cuatrimestre, es inconcebible que el gasto de personal siguiera en ascenso. Pero contrasta e irrita saber que en ese período a educación y salud se destinó un 17 por ciento y un 21 por ciento menos de lo presupuestado, como documenta Edwin Ruiz en un reportaje en el semanario Clave.

Es obvito que este Gobierno se acostumbró a un nivel incontrolado de gastos, gracias a las cuatro reformas tributarias realizadas entre 2003 y 2007, que elevaron sus ingresos en un 143 por ciento entre el 2004 y 2008, período en el que la inflación no pasó del 30 por ciento. Y ahora no puede dar ni la mínima señal de austeridad en medio de una crisis económica que está lejos de ser superada.

Lo que sí ha reducido significativamente el Gobierno es la inversión pública, en un alarmante 70 por ciento en el primer cuatrimestre, lo que explica tantas obras paralizadas y tantas calles, carreteras y caminos vecinales en crítica situación, lo que a su vez explica la multiplicación de las protestas sociales.

Como ni a un loco se le ocurriría hablar ahora de una nueva reforma tributaria, el Gobierno cifra todas sus expectativas en endeudamiento externo e interno, éste último en términos alarmantes desde mediados del año pasado. Y se habla de empréstitos como si la carga de la deuda no fuera el pretexto que el mismo presidente Fernández ha aducido para tratar de justificar las mínimas proporciones que seguimos destinando a educación.

Toda la sociedad debería exigir al Gobierno un plan de austeridad, o por lo menos una congelación del gasto corriente, especialmente del de personal. Y rechazar la carrera de endeudamiento que es al parecer la única estrategia gubernamental para enfrentar la crisis económica, que no olvidemos tiene un importante componente de origen nacional.

Precursores de libertad y democracia

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/424/460x390/0/84997E39-8F79-4122-8C35-6582524A5D20.jpeg

La gesta iniciada hace hoy 50 años con el aterrizaje en Constanza de 54  patriotas y seis días después con el desembarco de otros 96 por Maimón y 48 por Estero Hondo en la costa norte, para totalizar 198 luchadores por la libertad, es uno de los capítulos más gloriosos y sin duda la mayor ofrenda colectiva y heroica  de la historia dominicana.

A 50 años de aquellos acontecimientos no deberíamos clasificar a sus protagonistas entre dominicanos y extranjeros, como algunos persisten en hacer. A estas alturas los 47 expedicionarios participantes originarios de Cuba, Venezuela, Puerto Rico, España, Estados Unidos y Guatemala, deberían haber sido declarados oficialmente como dominicanos por heroica y consciente opción de solidaridad, más meritoria que la simple circunstancia del lugar de nacimiento.

Todos ellos, los dominicanos de origen o de opción, sabían perfectamente que venían a enfrentar la peor tiranía de la historia latinoamericana, basada justamente en un ejército y un aparato de seguridad desproporcionados para las dimensiones del país y hasta de la región, por donde dejaron un reguero de amores paternos, conyugales y filiales.

Heroico fue el aterrizaje de Constanza y el combate en las montañas de la cordillera Central, donde apenas sobrevivieron seis luchadores, pero más aún el de los 144 patriotas de la expedición marítima, exterminados todos. Estos, tras casi una semana de infortunada navegación se vieron condenados a la inmolación por haber perdido el factor sorpresa,  pero aún conscientes de esto, se negaron a dejar solos a los combatientes de Constanza y culminaron su misión histórica.

Desde el punto de vista estrictamente militar la expedición del 14 y 20 de junio de 1959 fue un gran infortunio. Tras el sorpresivo y exitoso aterrizaje y desembarco en la base militar de la cordillera, se produjeron dos errores fundamentales, el abandono de la mochila del comandante Delio Gómez Ochoa, con documentos que alertaron sobre el inminente desembarco marítimo, y la accidental división en dos grupos de los combatientes.

A su vez la errática navegación de las lanchas Carmen Elsa y Tínima, que retrasó 6 días el desembarco de casi las tres cuartas partes de los expedicionarios, permitió a la tiranía enfrentar solamente a la cuarta parte durante la primera semana, a la vez que tendió un cerco marítimo y costero para esperar a la mayoría, que fue virtualmente masacrada desde que tocó la tierra amada.

Aún con tales infortunios todavía sacude el espíritu el leer las historias de esta gesta, por el heroísmo y la valentía con que aquella “raza inmortal” se enfrentó a  miles de soldados y decenas de aviones, tanques, bombas de todas las dimensiones, en batallas desproporcionadas que aún así duraron un mes. Peor porque la población nacional, férreamente sojuzgada y aterrorizada, no estuvo en capacidad de ofrecer solidaridad a los patriotas y por el contrario fueron muchos los que impulsados por la ignorancia y la alienación delataron, entregaron y persiguieron a los luchadores.

El bombardeo masivo que no distinguió casuchas ni campesinos, el asesinato artero y bestial de prisioneros, las torturas y vejámenes sin límites ejecutados incluso en la principal academia militar de la tiranía son manchas indelebles y eternamente  lacerantes de la conciencia nacional. No se puede olvidar que más de un centenar de los expedicionarios fueron capturados vivos, exterminados absolutamente los marítimos, y que sólo 6 de los aéreos pudieron sobrevivir, más bien para ser mostrados como trofeos y pretender beneficios geopolíticos en el contexto de la guerra fría exacerbada por el triunfo meses antes de la revolución cubana.

Los luchadores de Constanza, Maimón y Estero Hondo no vieron el éxito perseguido, pero fueron sembradores que regaron son sangre el surco infinito de la patria, para que floreciera una nueva conciencia, encendiendo “la llama augusta de la libertad”. Fue un inmenso sacrificio colectivo emulando en la historia nacional la dignidad y valor espartano del Paso de las Termópilas.

Su indiscutible éxito fue que ese sacrificio sacudió la conciencia nacional y multiplicó la resistencia interna organizada, sacudió la indiferencia y complicidad de importantes sectores sociales, religiosos y hasta militares, que hicieron posible la emergencia del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, la instalación en el país del Movimiento Popular Dominicano y la orquestación de movimiento 30 de Mayo que finalmente liquidaría la tiranía.

Los héroes de Junio merecen todos los honores y reconocimientos como precursores de la libertad y la democracia.  Hagámoslo antes que se marchen los tres que aún sobreviven, Poncio Pou Saleta, Delio Gómez Ochoa y Mayobanex Vargas. Ellos representan una inmensa legión de héroes y mártires, cuya mayor honra será no dar tregua en  la lucha por la nación libre, de auténticas instituciones democráticas y de justicia social, por la que dieron la vida.

Una Constitución para ser reformada

Por Juan Bolívar Díaz
http://hoy.com.do/image/article/421/460x390/0/9E9A25B1-A44B-4A4B-A323-5F8BBE56D185.jpeg

Al comentar el rumbo que lleva la Asamblea Nacional en la aprobación del proyecto constitucional del presidente Leonel Fernández, ahora bendecido por la facción perredeísta que encabeza Miguel Vargas Maldonado, un acucioso empresario decía en días pasados que veía claro que esta nueva carta magna “quedará lista para ser reformada”.

Obviamente que el comentario fue fruto de la extraordinaria capacidad del interlocutor para los cálculos, no sólo matemáticos sino también políticos e históricos. Tomaba en cuenta que la Constitución dominicana está a punto de sufrir (verbo correcto) su trigésimo séptima reforma, que es decir una cada 4.4 años.

La que se discute ahora será la tercera reforma de los últimos 15 años, manteniendo un promedio apenas ligeramente superior al que ha predominado en los 165 años de vida republicana. Pero nadie debe consolarse con ese pequeñito incremento en el promedio, porque supuestamente hace tiempo que alcanzamos la estabilidad  democrática y que el 4.4 fue fruto de la anarquía de los primeros cien años de la nación. El mayor período que ha regido una Constitución fueron los 28 años de la de Joaquín Balaguer, proclamada en 1966.

Ésta, la Constitución de Leonel Fernández, comenzó mal desde el momento en que su patrocinador desechó el compromiso político, muchas veces ratificado, de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular. La Asamblea revisora ha dado tumbos y retrocesos, evidenciando una vez más los inconvenientes de un mecanismo excesivamente limitado por los intereses políticos coyunturales.

La constitucionalización del precepto religioso sobre el inicio de la vida, la exclusión radical de los hijos de extranjeros indocumentados y la reunificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales en un mismo día han sido tres  terribles traspiés, que todavía algunos esperan que puedan ser rectificados. Y ahora amenazan con enviar las contenciones electorales a los tribunales ordinarios.

Me cuento entre los defensores de la vida, pero de todas las vidas, razón suficiente para considerar prehistórico consagrar en la Constitución un planteamiento que desconoce el derecho a la vida de las mujeres, que en determinados casos tiene que prevalecer sobre un germen en gestación entre dos células y hasta en laboratorios. Respeto a los que creen que la vida es inviolable desde el instante de la concepción, pero como se trata de algo en eterna discusión científica, no creo que deba consignarse en la Constitución. Tiene que haber una fórmula transaccional que deje ese asunto al nivel de la ley, como la propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, retomada esta semana por el presidente Fernández.

En cuanto a la exclusión del derecho a la nacionalidad de los nacidos en el país hijos de residentes indocumentados, algunos creen erróneamente que solucionará el grave problema inmigratorio que los intereses económicos y la corrupción auspician. En realidad sólo servirá para crear un ghetto permanente, para justificar la negación y hasta el despojo de la nacionalidad que se ha venido practicando con cientos de miles de descendientes de haitianos nacidos aquí, que viven y morirán en esta tierra y a quienes no dejamos la opción de consustanciarse con ella. Comparto los criterios del Foro Ciudadano, el Centro Bonó y el Servicio Jesuíta para Refugiados y Migrantes de que lo aprobado viola cuatro acuerdos internacionales y ocho principios de derechos humanos suscritos por esta nación.

Unir las elecciones en un mismo día, separadas por la reforma de 1994, es un retroceso antidemocrático, camino fácil para no asumir la reglamentación de las campañas electorales, pero que disminuye la importancia de los poderes legislativos y municipales en el altar del presidencialismo, y promueve el arrastre. Si han de ser en el mismo año deberían estar separadas siquiera por tres meses, primero las congresionales y municipales.

Finalmente es ridículo pretender traspasar la función de contención electoral a los tribunales ordinarios, supuestamente por razones económicas. Si hay tribunales especiales de tierra, tránsito y violencia intrafamiliar, se justifica sobradamente con la delicada función electoral. Hace tiempo que hay consenso para separar las funciones administrativas de las contenciosas en materia electoral, con dos organismos totalmente autónomos para que nadie sea juez y parte, que es la tendencia moderna. Bastaría un tribunal de tres jueces, con un elemental aparato administrativo.

Ojalá le entre un golpe rectificatorio a los asambleístas y que frenen el entusiasmo desbordado por la promesa de ser reelectos ahora por seis años, implícita en el reciente parto (así mismo) Leonel-Miguel.