Procede ahora la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que la Asamblea Nacional ha concluido la aprobación de la nueva Constitución de la República es imperativo que las cámaras legislativas se aboquen a aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se viene consensuando desde hace diez años y que ya fuera aprobado por los diputados en agosto pasado al finalizar la anterior legislatura.

Se trata, además, de uno de los compromisos asumidos por el presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana y por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, en las concertaciones que facilitaron la aprobación de la nueva carta magna, que involucraron a una decena de comisionados de ambas instituciones políticas.

Vargas Maldonado recordó el compromiso el pasado miércoles, considerando que esa ley, al igual que la nueva Constitución, “debe servir de impulso a la democratización y al fortalecimiento institucional del país”.

Justamente en menos de una semana tanto el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), como el presidente de su Cámara Administrativa, doctores Julio César Castaños y Roberto Rosario, insistieron sobre la necesidad de reglamentar las campañas electorales para establecer límites que preserven los valores democráticos.

El doctor Rosario recordó los esfuerzos que hizo la Cámara Administrativa el año antes de las últimas elecciones para reglamentar tanto la extensión, propaganda  y el gasto de las campañas electorales como las finanzas de los partidos. Castaños fue más específico al plantear que tan pronto proclamen la nueva Constitución ese organismo se abocará a reglamentar las campañas electorales, con límites a su duración, al gasto de partidos y candidatos y a la propaganda, en base a “los principios de equidad, libertad y transparencia” que indica el numeral 4 del artículo 262 de la nueva carta magna.

Durante años ha habido amplio consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de reglamentar el accionar político partidista y las campañas electorales para preservar los principios democráticos y dar transparencia a esas fundamentales actividades humanas. Ello es más urgente en vista de la inflación que se registra en el costo de las campañas electorales, aún para obtener una nominación para regidor. Más necesario cuando  se dan regresiones como la de aumentar el poder de las cúpulas directivas de los partidos en la elección de los candidatos, que el proyecto de Ley de Partidos preconiza como derecho de los militantes, excepto un pequeño porcentaje para facilitar alianzas.

La aprobación de la Ley de Partidos debe adelantarse a la reglamentación de la JCE, porque tendría mayor legitimidad y porque ya hay amplio consenso partidista y social y un compromiso de las dos fuerzas políticas predominantes. Aunque es obvio que ya el capítulo referente a las elecciones primarias de los partidos, con las correcciones correspondientes, no podrá ser aplicado en esta oportunidad, todavía hay tiempo para dar vigencia a otros aspectos como el funcionamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales.

Vale recordar que el proyecto de Ley de Partidos plantea avances fundamentales como la opción de votar separado el senador de los diputados, que debería extenderse al síndico de los regidores. Así mismo garantiza el derecho a encuestas, sondeos y conteos rápidos con la única limitación de que no se publiquen dentro del horario de votación.

El proyecto contiene amplias normativas sobre las campañas electorales y los límites de los organismos del Estado durante las mismas, otorga facultades a la JCE para establecer topes de gastos e instituye normativas para la transparencia del financiamiento y el gasto de partidos y candidatos. Con las correspondientes sanciones para las violaciones, independientemente de las que correspondan al código penal.

La salud democrática de la nación y la preservación de sus  instituciones políticas demandan la rápida aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Desde luego, para darle cumplimiento.

¿Y qué del Estado de Derechos?

Por Juan Bolívar Díaz

Es verdaderamente preocupante la tendencia de la sociedad dominicana a justificar la violación del Estado de Derechos que en toda circunstancia debe regir todos los actos públicos y privados. Cuando no se hace bajo el argumento de preservar las instituciones políticas, es por razones de combatir la delincuencia. Por eso se fusiló a Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a Manolo Tavarez Justo y sus compañeros y a Francisco Alberto Caamaño. Por lo otro se justifica que este año la Policía Nacional se encamine a anotarse más de 500 muertos, superando los 457 del 2008.

En estos días se ha escuchado a personas honradas e inteligentes de diversos estratos sociales lamentar que en el desenlace del secuestro del niño quedaran vivos sus autores, y alguien llegó a lamentar que no hubiese “intercambios de disparos”, lo que atribuyó a que el Jefe de la Policía Nacional estaba fuera del país.

Comprendo que se extienda la inseguridad cuando se producen dos secuestros en el término de un mes, ya que afortunadamente ese terrible delito no ha proliferado en el país. Y soy de los que creen que toda la sociedad tiene que empeñarse para evitarlo. Pero tampoco se pueden justificar los fusilamientos, secuestros y torturas para evitarlo.

No hay que pasar por la experiencia de Eduardo Baldera o del niño Ángel Agustín Jiménez Peguero, o ser miembro de esas familias, para demandar castigo justo de los responsables. Pero primero hay que establecerlos sin dejar dudas ni confusiones, y luego proceder acorde con nuestro Estado de Derechos.

El caso del menor de cinco años ha sido exitosamente resuelto en apenas dos días y van quedando muy pocas interrogantes. Es obvio que se trató de un secuestro intrafamiliar, pues fue planificado por una prima de la madre, la que según se ha informado fue detenida en la propia casa de la víctima. Se agotan las investigaciones para determinar si hubo otras implicaciones. Pero la justicia tiene a los acusados lo que permitirá su total esclarecimiento y las sanciones correspondientes. Los investigadores deben ser reconocidos.

En el caso de Baldera se dispararon todos los demonios, con secuestros, asesinatos, torturas, declaraciones mentirosas de autoridades y erráticas investigaciones que extendieron el drama a tres semanas, sin que se pueda atribuir a nadie el menor éxito en su desenlace, pues al final se habla de un escape. Con el agravante de que dos de los acusados, Cecilio Díaz y William Batista Checo, fueron fusilados por la Policía, lo que elimina dos piezas fundamentales para el total esclarecimiento y sanción de todos los culpables. Ni siquiera han podido establecer dónde mantuvieron tantos días al secuestrado.

Los testimonios de los campesinos y del alcalde de Sabana Cruz, Socio Lino González devolviendo los cinco mil pesos con que pretendieron comprar su conciencia y su silencio para que no insistieran en que detuvieron desarmado  y entregaron vivo a Batista a la PN, y su foto, vivo, dentro de un vehículo policial deberían conmover las conciencias de gatillo alegre que tanto abundan.

¿Cómo condenar estos dos secuestros y guardar silencio ante los otros dos? ¿Cómo justificar que la estudiante de 22 años María Magdalena Díaz, hija del imputado fusilado Cecilio Díaz, fuera mantenida secuestrada por hombres vestidos de civil que entre el 25 y el 28 de septiembre la interrogaron en lugar que ella ignora sobre el paradero de su padre? ¿Cómo justificar el secuestro, el 28 de septiembre,  por hombres vestidos de civil del contador Juan Almonte Herrera, también acusado por la PN, y su posterior desaparición?

¿Era esa jovencita también culpable? ¿Pero no hay compasión por ella y por sus familiares y los de los demás? ¿Y cómo justificar las torturas a que fueron sometidos por la PN los ciudadanos Antonio Pérez y Dani Caba?, quienes resultaron tan “culpables” que fueron dejados en libertad y testimoniaron su sufrimiento en Teleantillas.

No hay manera de justificar que estemos trocando el Estado de Derecho por un Estado del secuestro, torturas y asesinatos, en el que una patrulla policial puede entrar a la emergencia del hospital de Yaguate, el lunes 19,  para rematar al muchacho de 23 años Lisandro Cuevas Ferreras, a quien ya  habían baleado horas antes, completando así un “intercambo de disparos”. Y no porque fuera un delincuente, sino por haber resistido un desalojo. ¿Es liquidando el Estado de Derechos  que vamos a combatir la delincuencia?

¿Hasta dónde vamos a llegar?

Por Juan Bolívar Díaz

Cada día son más los dominicanos y dominicanas que preguntan qué tendrá que ocurrir para que los dirigentes políticos nacionales se convenzan de que tienen que contener el nivel de deterioro que se registra en el país, que en vez de avanzar en la modernización y la organización social nos constituimos en un verdadero estado fallido donde predomina la delincuencia arriba y abajo y en todas sus manifestaciones.

Es difícil que transcurra un día sin que los medios de comunicación den cuenta de un nuevo acto de barbarie, como esa revelación del viernes de que el capitán de la Policía Nacional José Antonio Aníbal Polanco  y el teniente de la Fuerza Aérea Junior de los Santos descuartizaron al raso policial Adonis Vladimir Martínez para entregar su cabeza a un narcotraficante al que éste le había dado un “tumbe” de drogas por 20 millones de pesos.

Al ver el titular de la información muchos pensaron que era otra de las ocurrencias de Ciudad Juárez o Chihuahua, al norte de México, donde se apuesta cada día a superar los récords más espantosos del horror. Al comprobar que fue aquí entre nosotros, no pudieron menos que sentir pánico por el real nivel de penetración del crimen organizado en las fuerzas que paga la sociedad dominicana para mantener el orden y la seguridad. ¿Será cierto que un simple raso pueda dar tumbes por decenas de millones de pesos?

Los escándalos develados en los últimos meses en las provincias Peravia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo y en plena capital ya no dejan ninguna duda. Tuvieron que ocurrir para que cobraran crédito las reiteradas denuncias que desde hace dos décadas formularon sacerdotes y dirigentes sociales sobre la connivencia entre policías y militares y los narcotraficantes. Durante todos esos años se decía que eran parte de un plan de descrédito contra “sagradas instituciones nacionales”.

Lo mismo está ocurriendo con la dirección política. Es difícil saber  cuánto dinero del crimen organizado alimenta el desproporcionado costo de la enclenque democracia nacional o el volumen de recursos extraídos del patrimonio público para estas precampañas y campañas electorales en las que hoy se invierten millones de pesos para conseguir una curul de diputados o una sindicatura y hasta una regiduría.  Pero las ocurrencias que se vienen denunciando demuestran que no hay límites ni rubor en la actividad política y en la gestión del Estado y que predomina la  más absoluta impunidad. Esa afirmación queda justificada por el hecho de que dos diputados hayan sido capturados por cámaras de televisión mientras ejercían el voto de manera fraudulenta por otros colegas ausentes. Y nada menos que para aprobar una nueva Constitución. Crónicas periodísticas dicen que hace tiempo que esa práctica está entronizada.

Esta misma semana la Corte Suprema de Lima condenó a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa equivalente a casi 10 mil dólares, a la diputada Elsa Canchaya por haber contratado su empleada doméstica como asesora parlamentaria. Su partido la expulsó sin contemplaciones. Otra parlamentaria, Rocío González, perdió el fuero legislativo por haber robado energía eléctrica.

Hace apenas semanas que aquí se demostró por televisión que un senador había incurrido en el mismo delito de colocar en la nómina del Senado a su empleada doméstica, con el agravante de que él mismo cobraba por ella y no le pagaba más que la cuarta parte. Ni siquiera se ha intentado una sanción verbal. En vez de ello se reacciona tratando de anular la ley de libre acceso a la información pública, y se denuncia el interés de la sociedad civil y de algunos comunicadores por “desacreditar a la clase política”.

Estamos llegando a los límites más extremos. En el principal partido de oposición ni siquiera se quiere dar derecho a la impugnación de hechos con verdaderos ribetes  fraudulentos ocurridos en una convención para elegir dirigentes políticos, como que no se hayan contado los votos de 438 centros de votación, un 13 por ciento del total.

Por más vueltas que  le demos al derrotero, es difícil prever hasta dónde vamos a llegar antes de que el liderazgo político se convenza de que está saturando la paciencia ciudadana. ¿Al descuartizamiento de las instituciones del Estado?

Un paso adelante y otro para atrás

Por Juan Bolívar Díaz
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Al conocer esta semana los artículos referentes al sistema de administración electoral, la Asamblea Nacional que discute el proyecto de nueva Constitución de la República del presidente Leonel Fernández prosiguió en lo que ya parece ser su característica: dar un paso hacia delante y otro para atrás.

El resultado final será esencialmente conservador, ratificante de las razones por las que durante años se preconizó la necesidad de una reforma: actualizar la Constitución a los  requerimientos de los nuevos tiempos. Y al final tendremos una nueva carta magna lista para volver a ser modificada tan pronto cambien los actores políticos dominantes.

Paso adelante: La asamblea aprobó la separación de las funciones administrativas y contenciosas electorales en dos organismos autónomos, creando un Tribunal Superior Electoral integrado por tres jueces y sus respectivos suplentes. La decisión se inscribe en la corriente internacional para evitar la dicotomía de que algunos sean partes y jueces a la vez.

Paso para atrás: No pudieron ponerse de acuerdo en el número de integrantes del organismo administrativo que quedaría con el nombre de Junta Central Electoral, que unos proponen sea también de tres miembros y suplentes, pero otros prefieren cinco, hasta el punto de planearse dejar que eso lo determine una ley.

Paso adelante: Los asambleistas acogieron las demandas de que en la misma Constitución se faculte a la Junta Central Electoral “para reglamentar los tiempos y límites en los gastos en los tiempos de campaña, así como el acceso a los medios de comunicación”, esencial y urgente para mejorar la democracia.

Paso para atrás: Aprobaron que sea el Senado quien elija los integrantes del Tribunal Electoral, restándole así su carácter esencial de arbitraje jurídico, para mantenerlo como órgano político sujeto a la voluntad de la mayoría de turno, atendiendo al criterio de que quien reparte y reparte saca la mayor parte. Ese, como los demás tribunales, debería ser constituido por la Suprema Corte de Justicia o por el Consejo Nacional de la Magistratura.

La economía, la austeridad en la disposición de los escasos recursos de un país tan pobre que no tiene lo suficiente para educación, salud, agua potable, electricidad y alcantarillados, es lo que debería predominar en la constitución de todos los organismos del Estado.

Aún el Tribunal Superior Electoral, que además de los 6 titulares y suplentes tendrá un aparato administrativo, es un exceso al unirse todas las elecciones en un mismo día cada cuatro años. Eso quiere decir que pagaremos jueces para tomar decisiones cada cuatro años, si las hubiere, mientras los jueces ordinarios tienen que despachar cientos de casos cada mes. En la medida en que mejora el sistema electoral la tendencia es a reducirse las impugnaciones. Lo mismo ocurrirá al interior de los partidos si aprueban la muchas veces consensuada ley de partidos, que normaría la elección de dirigentes y  candidatos.

Aún hay tiempo para, como propuso esta semana el senador Francisco Domínguez Brito, recoger una propuesta de Participación Ciudadana, de que el Tribunal Superior Electoral sea constituido por jueces de las cortes de apelación que sesionen en materia electoral cuando sea requerido, y el resto del tiempo mantengan sus funciones ordinarias.

La idea no gustará a los que en el sistema político viven buscando ampliar los cargos a repartir. Los mismos que están pretendiendo llevar a 209, y se propuso hasta 250, los actuales 178 miembros de la Cámara de Diputados. La realidad es que este número es excesivo e inoperante y debería ser reducido o, por lo menos, congelado.

Otro tanto ocurre con la Cámara de Cuentas, que no precisa de 9 titulares. Por el contrario, ese abultamiento sólo sirve para crear tensiones internas, reparticiones de prebendas y áreas de influencia y multiplicación de conflictos de intereses de todos los géneros.

El gran paso adelante que precisa esta nación es ahorrar, disminuir el dispendio que caracteriza todas las instituciones públicas, y se constituye en escándalo como hemos visto en los últimos tiempos con los subsecretarios, los vicecónsules, las nóminas y nominillas de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, del Programa de Reducción de Apagones, de la Lotería Nacional, del Instituto Agrario Dominicano y tantos otros organismos públicos. Que en vez de repartir botellas invirtamos más en educación, en salud, seguridad social, acueductos, energía, alcantarillados sanitarios y pluviales, en represas, carreteras y caminos vecinales.

Una Constitución para ser reformada

Por Juan Bolívar Díaz
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Al comentar el rumbo que lleva la Asamblea Nacional en la aprobación del proyecto constitucional del presidente Leonel Fernández, ahora bendecido por la facción perredeísta que encabeza Miguel Vargas Maldonado, un acucioso empresario decía en días pasados que veía claro que esta nueva carta magna “quedará lista para ser reformada”.

Obviamente que el comentario fue fruto de la extraordinaria capacidad del interlocutor para los cálculos, no sólo matemáticos sino también políticos e históricos. Tomaba en cuenta que la Constitución dominicana está a punto de sufrir (verbo correcto) su trigésimo séptima reforma, que es decir una cada 4.4 años.

La que se discute ahora será la tercera reforma de los últimos 15 años, manteniendo un promedio apenas ligeramente superior al que ha predominado en los 165 años de vida republicana. Pero nadie debe consolarse con ese pequeñito incremento en el promedio, porque supuestamente hace tiempo que alcanzamos la estabilidad  democrática y que el 4.4 fue fruto de la anarquía de los primeros cien años de la nación. El mayor período que ha regido una Constitución fueron los 28 años de la de Joaquín Balaguer, proclamada en 1966.

Ésta, la Constitución de Leonel Fernández, comenzó mal desde el momento en que su patrocinador desechó el compromiso político, muchas veces ratificado, de convocar una Asamblea Constituyente por elección popular. La Asamblea revisora ha dado tumbos y retrocesos, evidenciando una vez más los inconvenientes de un mecanismo excesivamente limitado por los intereses políticos coyunturales.

La constitucionalización del precepto religioso sobre el inicio de la vida, la exclusión radical de los hijos de extranjeros indocumentados y la reunificación de las elecciones presidenciales, congresionales y municipales en un mismo día han sido tres  terribles traspiés, que todavía algunos esperan que puedan ser rectificados. Y ahora amenazan con enviar las contenciones electorales a los tribunales ordinarios.

Me cuento entre los defensores de la vida, pero de todas las vidas, razón suficiente para considerar prehistórico consagrar en la Constitución un planteamiento que desconoce el derecho a la vida de las mujeres, que en determinados casos tiene que prevalecer sobre un germen en gestación entre dos células y hasta en laboratorios. Respeto a los que creen que la vida es inviolable desde el instante de la concepción, pero como se trata de algo en eterna discusión científica, no creo que deba consignarse en la Constitución. Tiene que haber una fórmula transaccional que deje ese asunto al nivel de la ley, como la propuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, retomada esta semana por el presidente Fernández.

En cuanto a la exclusión del derecho a la nacionalidad de los nacidos en el país hijos de residentes indocumentados, algunos creen erróneamente que solucionará el grave problema inmigratorio que los intereses económicos y la corrupción auspician. En realidad sólo servirá para crear un ghetto permanente, para justificar la negación y hasta el despojo de la nacionalidad que se ha venido practicando con cientos de miles de descendientes de haitianos nacidos aquí, que viven y morirán en esta tierra y a quienes no dejamos la opción de consustanciarse con ella. Comparto los criterios del Foro Ciudadano, el Centro Bonó y el Servicio Jesuíta para Refugiados y Migrantes de que lo aprobado viola cuatro acuerdos internacionales y ocho principios de derechos humanos suscritos por esta nación.

Unir las elecciones en un mismo día, separadas por la reforma de 1994, es un retroceso antidemocrático, camino fácil para no asumir la reglamentación de las campañas electorales, pero que disminuye la importancia de los poderes legislativos y municipales en el altar del presidencialismo, y promueve el arrastre. Si han de ser en el mismo año deberían estar separadas siquiera por tres meses, primero las congresionales y municipales.

Finalmente es ridículo pretender traspasar la función de contención electoral a los tribunales ordinarios, supuestamente por razones económicas. Si hay tribunales especiales de tierra, tránsito y violencia intrafamiliar, se justifica sobradamente con la delicada función electoral. Hace tiempo que hay consenso para separar las funciones administrativas de las contenciosas en materia electoral, con dos organismos totalmente autónomos para que nadie sea juez y parte, que es la tendencia moderna. Bastaría un tribunal de tres jueces, con un elemental aparato administrativo.

Ojalá le entre un golpe rectificatorio a los asambleístas y que frenen el entusiasmo desbordado por la promesa de ser reelectos ahora por seis años, implícita en el reciente parto (así mismo) Leonel-Miguel.

Concursos impolutos en Indotel

Por Juan Bolívar Díaz
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El jueguito me costó muchas horas de reuniones y de lectura de documentos que brotaban diariamente del correo electrónico, como si ya no tuviéramos suficientes con los centenares que nos abruman cada día.

Pero aún así la aventura valió la pena y al final terminé tan identificado con el personal del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), que pronto acepté formar parte de la observación de otro concurso público. Y siento tanta satisfacción que doy gracias al querido colega José Rafael Vargas y a su equipo de técnicos y profesionales, cultores de eficiencia y transparencia.

Cuando me invitaron a mediados del año pasado a formar parte de un grupo de observadores del concurso internacional para seleccionar la empresa que administrará el sistema central de Portabilidad del servicio telefónico dominicano, creí que era cuestión de un par de reuniones y ver la apertura de unos sobres. Compartí el papel con dos amigos devotos de la integridad y la transparencia: Servio Tulio Castaños y Juan Santamaría.

Pero en Indotel lo tomaron demasiado en serio y nos remitían decenas de comunicaciones relacionadas con el asunto. Para colmo, y fruto de la decisión de lograr las mejores condiciones, en noviembre se declaró desierto el concurso que se había abierto en julio. Para comenzar de nuevo hasta marzo pasado.

De lo que se trataba era de contratar una empresa que aporte la tecnología y la experiencia en la administración de los sistemas para que cada usuario de una línea de teléfono pueda mantener su número aún cuando decida cambiar la empresa que le da el servicio.

Para el concurso se integró un Comité Técnico de Portabilidad integrado con representantes de las empresas de telecomunicaciones, que canalizaba sus decisiones hasta el Consejo Directivo del Indotel. Todo fue tan transparente que no dejó el mínimo margen para quejas, y lo grande es que al final tanto el órgano regulador como las empresas y los usuarios salieron ganando.

Evadiendo la tentación de entrar en especificaciones técnicas, baste señalar que la misma empresa que ganó el primer concurso, anulado porque los precios quedaron muy por encima de lo esperado a la luz de los precedentes internacionales, resultó la seleccionada en el segundo, pero con un aterrizaje que vino a demostrar la validez de los concursos públicos y transparentes.

Sólo a modo de ejemplo: La cuota mensual que habrían de pagar las empresas telefónicas a la administradora de la portabilidad se redujo de 245 mil 740 dólares a 47 mil 944. Lo que pagaría un usuario por tramitación de una solicitud de portabilidad cayó de 6.67 a 4.35 dólares. En esta misma suma quedaron las cuotas a ser pagadas por verificación de rechazo, revocación de la portabilidad y cancelación de la numeración que, según el primer concurso, hubiesen costado entre 20.59 y 34.51 dólares.

Sin duda que la representación de las empresas de telecomunicaciones fue un factor decisivo en el éxito del concurso, gracias a una legislación promotora de la transparencia y a una eficiencia y una honradez administrativa a toda prueba, que se manifiesta sistemáticamente en toda compra o contratación significativa.

Recuérdese que fue la misma empresa que ganó el concurso declarado desierto quien se adjudicó el segundo ofertando precios mucho menores, lo que es posible también si en el proceso se evidencia que no hay que pagar las elevadas comisiones que impone la corrupción administrativa.

La experiencia de Indotel, como la ya comprobada en Promese y otros organismos estatales, debería ser suficiente para imponer el cumplimiento total y definitivo de la ley de concursos públicos para compras y contrataciones del Estado. Sin excepciones y aún cuando cueste tiempo. Es que en estas experiencias de las que he sido parte los ahorros son de enormes proporciones.

Ah! Y estoy dispuesto a seguir ofertando mi tiempo en la observación de concursos públicos. Y resultó barato: sólo algunas tazas de café y té y las sonrisas compensadoras de una nueva generación de servidores públicos con sentido de la ética y la profesionalidad. Es suficiente para renovar la esperanza y el deseo de vivir.

El terrible drama de la PN

Por Juan Bolívar Díaz
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El retrato de la Policía Nacional (PN) que presentaron cinco reportajes de Minerva Isa y Eladio Pichardo publicados esta semana por HOY configura un terrible drama de esa institución y de la sociedad dominicana retada a contener la creciente inseguridad derivada de la multiplicación de la delincuencia en grandes y pequeñas expresiones.

Resulta imposible condensar en un artículo el dramático contenido de estos reportajes, pero vale recomendar su lectura a todo el que tenga alguna preocupación por el auge de la delincuencia en el país y las serias dificultades para combatirla. Aunque con la advertencia de no leer los cinco de corrido, para no resultar intoxicado. Lo más uno cada doce horas, o lo mejor como fueron publicados, uno por día, en dosis soportables.

La situación rebasa con mucho la responsabilidad de uno u otro de los oficiales que han dirigido la institución, incluso de los secretarios de Interior y Policía, algunos de los cuales como sus actuales titulares, han mostrado interés en implementar remedios. Es el fruto de una política de Estado de largo plazo, responsabilidad de todos los gobiernos, y de la indiferencia -cuando no de la complicidad- de sectores sociales que han querido cerrar los ojos, pretendiendo que la “mano dura”  les va a proveer seguridad.

La realidad que se pinta en estos reportajes es que la PN está carcomida  hasta el tuétano, traspasada por todo género de prácticas delincuenciales, fruto del desorden general y la corrupción de la sociedad dominicana, como ha quedado evidente en los últimos años por la cantidad de miembros que han sido atrapados en las redes del crimen en todas sus expresiones, incluyendo el narcotráfico, de cuyos potentados hasta altos oficiales han sido convertidos en sicarios, en palabras más claras, en asesinos por encargo.

No puede ser consuelo pensar que también miembros de otras instituciones encargadas de la seguridad nacional están incursionando cada vez más en todas las formas de la delincuencia, porque en el caso de la PN es más grave por cuanto sus miembros son los encargados directos de perseguir el delito.

Las pinceladas periodísticas de Isa y Pichardo muestran que tenemos 31 mil agentes policiales mal pagados, que en su mayoría son pluriempleados, muchos explotados al tener que trabajar horarios indecentes, se cree que cerca de la mitad no prestan reales servicios policiales, sino que son sirvientes de generales, políticos, funcionarios y empresarios. Los que trabajan en las calles macutean, picotean o cobran peaje en todo tipo de establecimiento, desde colmados y colmadones, bares, bancas de apuestas, hoteles y restaurantes, choferes y chiriperos y con los simples ciudadanos, que buscan su protección o terminan extorsionados.

Aunque en los últimos tiempos ha habido alguna mejoría en los salarios, el cuadro publicado el lunes debería ser suficiente para entender la Policía que tenemos. Baste indicar que el jefe de la PN tiene un sueldo mensual de 67 mil pesos, menos de dos mil dólares, lo que contrasta brutalmente con la realidad de que cientos de regidores ganan ya sobre 100 mil pesos para asistir a una o dos sesiones al mes y cientos de subsecretarios sin funciones cobran 175 mil pesos al mes. Ni hablar de los generales con 31 mil pesos, los coroneles de 20 mil, los tenientes de 10 mil, los sargentos de 6 mil y los rasos de 5 mil pesos al mes.

Si alguien duda lo que hace la mayor parte de los policías para vivir sólo tiene que preguntarse cómo es que hay tantos oficiales de ayer y de hoy que tienen grandes propiedades y han vivido y viven con ostensibles signos exteriores de riqueza. Se les dio un uniforme, arma y licencia para que se busquen la vida como puedan. Y en medio de tanta descomposición y delincuencia de alta rentabilidad ellos han reclamado su cuota.

La lectura del terrible diagnóstico que nos ocupa conturba el ánimo de cualquiera, porque se descubre la madeja de corrupción y las debilidades institucionales que corroen a la PN y que hacen tan difícil corregir el rumbo, aún para sus superiores más honrados y mejor intencionados. Con el agravante de las divisiones grupales que generan 57 generales esperando heredar al jefe de turno.

Algunos reaccionarán considerando exagerado el cuadro. Otros se taparán los ojos y los oídos y permanecerán indiferentes. La sociedad dominicana ya no se sacude fácilmente. Pero estos reportajes invitan a grandes decisiones, como la que se viene reclamando: una reestructuración a fondo y total de la Policía, para lo cual se requiere contratar a tiempo más que completo un equipo multidisciplinario de especialistas. Pero lo primero es la voluntad política de afrontar la situación.

Lean también las declaraciones del Jefe de la PN, general Rafael Guillermo Guzmán, quien afirma que en su gestión de año y medio ha cambiado la institución, que el promedio de casos resueltos subió del 17 al 54 por ciento, que los robos de vehículos se redujeron en 71 por ciento  y ha botado mil 187 miembros. Entonces hablaron muchas mentiras sus antecesores que siempre afirmaron que mejoraban sistemáticamente y también botaron centenares.

El terrible informe de Puerto Plata

Por Juan Bolívar Díaz
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Los detalles del informe sobre el involucramiento de agentes policiales y de control de drogas en el narcotráfico en la provincia de Puerto Plata, elaborado por una comisión del Ministerio Público y la Policía Nacional, son suficientes para estremecer la conciencia nacional y provocar no sólo ejemplarizantes sanciones, sino también una investigación exhaustiva a nivel nacional.

Para los que durante años han seguido las denuncias sobre la complicidad de autoridades policiales, militares y civiles con la más diversa gama de las actividades delincuenciales, incluyendo el narcotráfico, el informe no puede resultar sorprendente, sino demostrativo de que no se trataba de intentos por desacreditar “sagradas instituciones”, como algunos alegaban, sino de esfuerzos por preservar la salud de la nación.

Fueron los sacerdotes que trabajan en los barrios capitalinos los primeros que comenzaron a alertar sobre las complicidades y connivencias entre agentes del orden y narcotraficantes. Pero eso ocurrió hace más de 15 años cuando todavía vivía el inolvidable padre Santiago Hirujo, llevado demasiado temprano por un infarto cardíaco, quien refería historias en Uno más Uno que entonces parecían fruto de sus excepcionales dotes comunicativas.

Hace pocos meses la antropóloga Tahira Vargas contaba en el mismo telediario los resultados de una de sus investigaciones en barriadas del norte capitalino, señalando con puntos y comas las leyes mafiosas que rigen las relaciones entre narcotraficantes y agentes policiales, incluyendo las tarifas para el funcionamiento de los puntos de drogas y las causas que pueden originar detenciones y hasta ejecuciones, por supuesto en “intercambios de disparos” de esos que ya arrojaron casi medio millar el año pasado.

El informe de Puerto Plata viene a demostrar que los denunciantes no estaban compitiendo con Bosch, Rueda, Maggiolo, del Risco, Almánzar y demás virtuosos del cuento nacional. Con el agravante de que ya la práctica pasó de las barriadas a las provincias, para dar razón también a otro que algunos quisieron presentar como un fantasioso: el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien al insistir en denunciar la complicidad de las autoridades con el narcotráfico, sostuvo que no se limitaba a su jurisdicción y se extendía por la geografía nacional.

Lo más relevante es que el informe no sólo documenta vínculos de autoridades con narcotraficantes, sino que, al igual que en Peravia, los agentes de la seguridad fueron convertidos en sicarios que llegaron a ejecutar hasta un triple asesinato (enero 2 del 2009) que vendían información policial y judicial  privilegiada, y participaban en las guerras entre los mismos delincuentes por el control de los mercados, no sólo de la ciudad de Puerto plata, sino también de los municipios circunvecinos.

En otras palabras que tanto agentes policiales como de la Dirección de Control de Drogas estaban subordinados a narcotraficantes, a quienes daban todo género de protección y encubrimiento, manipulaban investigaciones y llegaban hasta a cambiar drogas por substancias inocuas para evitar consecuencias jurídicas.

La pregunta que fluye en todo el que lee el informe es hasta qué punto esas prácticas están limitadas a Puerto Plata, o hasta Baní, donde la masacre de Paya demostró similar complicidad e indiferencia de las autoridades. Si eso ha ocurrido en ciudades del interior donde “todo el mundo se conoce”, qué se puede esperar de las grandes concentraciones poblacionales y financieras del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.

Si bien hasta ahora los responsables directos han resultado militares, policías y agentes antidrogas, han quedado bien salpicados el ministerio público y la justicia, así como las autoridades civiles que por lo menos se han demostrado indignas de la confianza de la sociedad.

Los casos de Puerto Plata y Baní, todavía sin descifrar completamente, y el menos documentado aún de Bonao, donde todo el destacamento policial quedó recientemente bajo investigación bajo los mismos cargos, muestran la profundidad de la descomposición de las autoridades y obliga a declarar de emergencia una reestructuración total. Esperar más tiempo es una grave irresponsabilidad. Todo el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar tiene que sentirse indignado y reclamar acción de lo que queda de las autoridades.

El tremendo optimismo de Leonel

Por Juan Bolívar Díaz
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Al escuchar y después leer el discurso del presidente Leonel Fernández del 27 de febrero ante el Congreso Nacional, no se puede menos que resultar maravillado por el optimismo que destila en todos los aspectos,  y aunque se tiene la impresión que está desbordado y va camino a un gran tropiezo, cualquier ser racional e interesado en el bienestar del país debe desear que tenga razón.

Por encima de cualquier cosa resalta la extraordinaria capacidad comunicativa del doctor Fernández, tanto que gran parte de quienes le escuchan terminan creyendo los sofismas en que frecuentemente incurre. Se despierta a la realidad cuando se recuerda que en septiembre pasado el mandatario dominicano dijo en Nueva York que “lo peor de la crisis financiera internacional ha pasado” y que no sabía cómo podría afectar al país. Desde el día siguiente fue cuando cogió velocidad la crisis con el derrumbe de Wall Street que obligó al presidente Bush a tres intervenciones televisivas en una semana. A casi seis meses todavía lo peor no acaba de pasar, pese al salvataje de 700 mil millones de dólares de Bush y el de 790 mil millones de Obama.

En algo ha avanzado el presidente Fernández en el reconocimiento de la realidad, pues ya sabe que tenemos “amenazas externas”, aunque en el contexto de su discurso no acaban de aparecer las previsiones y rectificaciones que la generalidad de los economistas y agentes económicos consideran necesarias. Por un lado una reestructuración del gasto con más claras prioridades, rectificación del creciente endeudamiento externo e interno, austeridad y firme cumplimiento de las leyes, como la de compra y contratación de obras y servicios, llamadas a reducir el dispendio y la corrupción. Por otro la puesta en marcha de un programa de incentivo a la producción y fomento del empleo y la competitividad.

Pero el presidente no sólo contradice a todo el mundo, al extremo de sostener que el año pasado sólo se perdieron 3 mil empleos en las zonas francas y que a ese sector “le aguarda un gran futuro”, que las remesas y el turismo no serán afectados por la crisis, aunque todos los organismos internacionales, evaluaciones y reportes dicen que sí. Llega al grado de contar con inversiones turísticas por 14 mil millones de dólares, aprobadas en los últimos meses, ignorando que la mayor parte eran proyectos que su anterior secretario de Tutrismo mantuvo parados durante años que, ahora, en otro escenario internacional totalmente distinto, habría que ver si podrán materializarse.

Aunque por un lado  concede que la reactivación económica pasa por un programa de flexibilización monetaria, por el otro llega al grado de avizorar que gracias a nuestras altas tasas de intereses es posible que “la catástrofe de la crisis mundial pudiera eventualmente convertirse en una gran oportunidad para el desarrollo de la República Dominicana”, entre otros factores por la desconfianza en los bancos de los países en crisis,  esos pobres países desarrollados.

Vuelve a contradecir los vaticinios internacionales cuando cuenta con un financiamiento externo en volúmenes que no recibimos ni en los mejores tiempos del crecimiento económico internacional. Cuenta hasta con 300 millones de dólares de Petrocaribe que sólo podrían obtenerse en caso de que el petróleo duplique su actual precio este año, lo que, de ocurrir, traería otras serias complicaciones.

El presidente Fernández cantó loas a su Cumbre de las Fuerzas Vivas pero fueron muy pocas las resoluciones que concretó: Apenas 4 mil millones de pesos más para Educación, dependiendo de financiamiento externo, apenas  l.2 por ciento del Presupuesto, pese a ponderar que es el pilar fundamental del desarrollo. Ninguna referencia al paquete de leyes que se demandó cumplir, ni a austeridad ni ataque real a la corrupción, remitiendo a la natimuerta Comisión Nacional de Etica y al liquidado Departamento de Previsión de la Corrupción Administrativa. Por ningún lado asomaron los incentivos ni las exenciones reclamadas por los sectores productivos, ni incentivos específicos a las micro y pequeñas empresas. Ni la menor rectificación del presupuesto. Los megaproyectos siguen como si nada nos afectara.

Releyendo el discurso donde se pinta un país que en todo es “pa’lante que vamos” cualquiera llega a recriminar al presidente que no anunciara una cruzada nacional contra el Foro Económico Mundial cuya última evaluación acaba de colocarnos en el último escalón entre 134 naciones en materia de calidad de la educación, en el 133 en calidad del suministro energético, en el 132 en clientelismo y en el 131 en derroche gubernamental.

Sólo el paso de los meses dirá si el exagerado optimismo del presidente Fernández tenía fundamento o si pagamos un mayor precio por no haber hecho las importantes  rectificaciones en el modelo de desarrollo que agotamos y en el enorme dispendio de nuestros exiguos recursos. Con toda sinceridad debemos rogar para que el mandatario esta vez tenga razón.

Una vez más esa infamia no pasará

Por Juan Bolívar Díaz
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Una vez más gran parte de los legisladores de los tres partidos que han dominado el escenario político nacional tras la tiranía de Trujillo pretenden que pueden auto prolongarse el período para el cual fueron electos, con el pretexto de unificar en el mismo año las elecciones presidenciales con las congresionales y municipales, lo que equivale a una usurpación de la voluntad popular, casi imposible de materializar en estos tiempos.

Si bien la tentación es recurrente y ahora se reproduce en una etapa de estancamientos y hasta retrocesos en el largo proceso de construcción de la democracia dominicana, una vez más, como en 1998 y en el 2002, eso no pasará. Tropezará con la vergüenza que todavía queda en una parte importante de la sociedad dominicana.

En lo inmediato el intento, denunciado por legisladores y dirigentes políticos, evidencia que para la trapisonda y la burla de los procedimientos democráticos el tiempo parece petrificado en esta nación, pues la última vez que se produjo la prolongación de un mandato al margen de la voluntad popular fue en 1927, cuando el Congreso legisló para extender a seis años el período presidencial de Horacio Vásquez.

Aquella insensatez política dividió hasta el propio gobierno, ya que el vicepresidente Federico Velázquez se negó a seguir en el cargo más allá del 16 de agosto de 1928 cuando vencía su período de cuatro años. El incipiente proceso democrático, cuando la República trataba de erguirse tras 8 años de ocupación norteamericana, quedaría profundamente lesionado, creando el caldo de cultivo para el golpe de 1930 que daría paso a la larga y oprobiosa tiranía de Trujillo. Los protagonistas de aquella farsa quedaron sepultados políticamente y han pasado a la historia con desprecio.  Resulta casi increíble que más de 82 años después de aquella insensata y costosa maniobra haya tantos políticos, ahora de por lo menos tres partidos, dispuestos a reeditarla en plena sociedad de la información, donde un golpe de estado no pasa desapercibido y es objeto de condena general y aislamiento internacional.

Es cierto que la sociedad dominicana ha perdido la capacidad de asombro ante tanta descomposición y desaguisados como los que nos han afectado. Pero los que pretenden auto elegirse en el Congreso están extremando la subestimación y provocando la sensibilidad general. De materializarse la prolongación el régimen democrático quedaría profundamente herido y se estimularía un movimiento reivindicativo del decoro y la vergüenza nacional.

Lo primero es que sobrarían entidades y personas en disposición de reclamar a la Suprema Corte de Justicia para que diga en qué artículo de la Constitución se fundamenta el que los legisladores puedan sustituir a los electores y auto prolongarse en sus funciones. Y en caso de un nuevo subterfugio como el de la Sun Land, sería llevado ante el sistema interamericano, al amparo de la Carta Democrática Interamericana, suscrita el 11 de septiembre del 2001 en el marco de la Organización de Estados Americanos.

Desde luego es casi seguro que los promotores de ese golpe a la institucionalidad democrática desconocen los alcances de la Carta Democrática y el compromiso del Estado Dominicano con la misma. Algunos creerán que sólo condena la deposición de los gobiernos, mediante el clásico golpe de estado, lo que por cierto no se ha producido después de que entrara en vigencia ese mecanismo.  La Carta Democrática Interamericana crea un mecanismo automático a partir de la denuncia de “cualquier persona o grupo de personas” que considere vulnerados sus derechos por situaciones “que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder”. Considera la ruptura del orden democrático un obstáculo insuperable para la participación de un Estado en los organismos de la OEA.

Es verdad que el sistema político dominicano está corrompido y cada vez más de espaldas al proceso de fortalecimiento e institucionalidad democrática que se vive en la generalidad de los países latinoamericanos. Pero debe prevalecer todavía suficiente inteligencia política para ahorrarle a la nación la condena internacional que generaría la usurpación de la voluntad popular. Si ese intento se materializara podría ser la gota que derrame la paciencia nacional y se inicien acontecimientos que sacudirían el sistema de partidos.

No, eso no ocurrirá, una vez más no pasará.