Por Juan Bolívar Díaz

Cada día son más los dominicanos y dominicanas que preguntan qué tendrá que ocurrir para que los dirigentes políticos nacionales se convenzan de que tienen que contener el nivel de deterioro que se registra en el país, que en vez de avanzar en la modernización y la organización social nos constituimos en un verdadero estado fallido donde predomina la delincuencia arriba y abajo y en todas sus manifestaciones.

Es difícil que transcurra un día sin que los medios de comunicación den cuenta de un nuevo acto de barbarie, como esa revelación del viernes de que el capitán de la Policía Nacional José Antonio Aníbal Polanco  y el teniente de la Fuerza Aérea Junior de los Santos descuartizaron al raso policial Adonis Vladimir Martínez para entregar su cabeza a un narcotraficante al que éste le había dado un “tumbe” de drogas por 20 millones de pesos.

Al ver el titular de la información muchos pensaron que era otra de las ocurrencias de Ciudad Juárez o Chihuahua, al norte de México, donde se apuesta cada día a superar los récords más espantosos del horror. Al comprobar que fue aquí entre nosotros, no pudieron menos que sentir pánico por el real nivel de penetración del crimen organizado en las fuerzas que paga la sociedad dominicana para mantener el orden y la seguridad. ¿Será cierto que un simple raso pueda dar tumbes por decenas de millones de pesos?

Los escándalos develados en los últimos meses en las provincias Peravia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo y en plena capital ya no dejan ninguna duda. Tuvieron que ocurrir para que cobraran crédito las reiteradas denuncias que desde hace dos décadas formularon sacerdotes y dirigentes sociales sobre la connivencia entre policías y militares y los narcotraficantes. Durante todos esos años se decía que eran parte de un plan de descrédito contra “sagradas instituciones nacionales”.

Lo mismo está ocurriendo con la dirección política. Es difícil saber  cuánto dinero del crimen organizado alimenta el desproporcionado costo de la enclenque democracia nacional o el volumen de recursos extraídos del patrimonio público para estas precampañas y campañas electorales en las que hoy se invierten millones de pesos para conseguir una curul de diputados o una sindicatura y hasta una regiduría.  Pero las ocurrencias que se vienen denunciando demuestran que no hay límites ni rubor en la actividad política y en la gestión del Estado y que predomina la  más absoluta impunidad. Esa afirmación queda justificada por el hecho de que dos diputados hayan sido capturados por cámaras de televisión mientras ejercían el voto de manera fraudulenta por otros colegas ausentes. Y nada menos que para aprobar una nueva Constitución. Crónicas periodísticas dicen que hace tiempo que esa práctica está entronizada.

Esta misma semana la Corte Suprema de Lima condenó a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa equivalente a casi 10 mil dólares, a la diputada Elsa Canchaya por haber contratado su empleada doméstica como asesora parlamentaria. Su partido la expulsó sin contemplaciones. Otra parlamentaria, Rocío González, perdió el fuero legislativo por haber robado energía eléctrica.

Hace apenas semanas que aquí se demostró por televisión que un senador había incurrido en el mismo delito de colocar en la nómina del Senado a su empleada doméstica, con el agravante de que él mismo cobraba por ella y no le pagaba más que la cuarta parte. Ni siquiera se ha intentado una sanción verbal. En vez de ello se reacciona tratando de anular la ley de libre acceso a la información pública, y se denuncia el interés de la sociedad civil y de algunos comunicadores por “desacreditar a la clase política”.

Estamos llegando a los límites más extremos. En el principal partido de oposición ni siquiera se quiere dar derecho a la impugnación de hechos con verdaderos ribetes  fraudulentos ocurridos en una convención para elegir dirigentes políticos, como que no se hayan contado los votos de 438 centros de votación, un 13 por ciento del total.

Por más vueltas que  le demos al derrotero, es difícil prever hasta dónde vamos a llegar antes de que el liderazgo político se convenza de que está saturando la paciencia ciudadana. ¿Al descuartizamiento de las instituciones del Estado?

Por Juan Bolívar Díaz

El retrato de la Policía Nacional (PN) que presentaron cinco reportajes de Minerva Isa y Eladio Pichardo publicados esta semana por HOY configura un terrible drama de esa institución y de la sociedad dominicana retada a contener la creciente inseguridad derivada de la multiplicación de la delincuencia en grandes y pequeñas expresiones.

Resulta imposible condensar en un artículo el dramático contenido de estos reportajes, pero vale recomendar su lectura a todo el que tenga alguna preocupación por el auge de la delincuencia en el país y las serias dificultades para combatirla. Aunque con la advertencia de no leer los cinco de corrido, para no resultar intoxicado. Lo más uno cada doce horas, o lo mejor como fueron publicados, uno por día, en dosis soportables.

La situación rebasa con mucho la responsabilidad de uno u otro de los oficiales que han dirigido la institución, incluso de los secretarios de Interior y Policía, algunos de los cuales como sus actuales titulares, han mostrado interés en implementar remedios. Es el fruto de una política de Estado de largo plazo, responsabilidad de todos los gobiernos, y de la indiferencia -cuando no de la complicidad- de sectores sociales que han querido cerrar los ojos, pretendiendo que la “mano dura”  les va a proveer seguridad.

La realidad que se pinta en estos reportajes es que la PN está carcomida  hasta el tuétano, traspasada por todo género de prácticas delincuenciales, fruto del desorden general y la corrupción de la sociedad dominicana, como ha quedado evidente en los últimos años por la cantidad de miembros que han sido atrapados en las redes del crimen en todas sus expresiones, incluyendo el narcotráfico, de cuyos potentados hasta altos oficiales han sido convertidos en sicarios, en palabras más claras, en asesinos por encargo.

No puede ser consuelo pensar que también miembros de otras instituciones encargadas de la seguridad nacional están incursionando cada vez más en todas las formas de la delincuencia, porque en el caso de la PN es más grave por cuanto sus miembros son los encargados directos de perseguir el delito.

Las pinceladas periodísticas de Isa y Pichardo muestran que tenemos 31 mil agentes policiales mal pagados, que en su mayoría son pluriempleados, muchos explotados al tener que trabajar horarios indecentes, se cree que cerca de la mitad no prestan reales servicios policiales, sino que son sirvientes de generales, políticos, funcionarios y empresarios. Los que trabajan en las calles macutean, picotean o cobran peaje en todo tipo de establecimiento, desde colmados y colmadones, bares, bancas de apuestas, hoteles y restaurantes, choferes y chiriperos y con los simples ciudadanos, que buscan su protección o terminan extorsionados.

Aunque en los últimos tiempos ha habido alguna mejoría en los salarios, el cuadro publicado el lunes debería ser suficiente para entender la Policía que tenemos. Baste indicar que el jefe de la PN tiene un sueldo mensual de 67 mil pesos, menos de dos mil dólares, lo que contrasta brutalmente con la realidad de que cientos de regidores ganan ya sobre 100 mil pesos para asistir a una o dos sesiones al mes y cientos de subsecretarios sin funciones cobran 175 mil pesos al mes. Ni hablar de los generales con 31 mil pesos, los coroneles de 20 mil, los tenientes de 10 mil, los sargentos de 6 mil y los rasos de 5 mil pesos al mes.

Si alguien duda lo que hace la mayor parte de los policías para vivir sólo tiene que preguntarse cómo es que hay tantos oficiales de ayer y de hoy que tienen grandes propiedades y han vivido y viven con ostensibles signos exteriores de riqueza. Se les dio un uniforme, arma y licencia para que se busquen la vida como puedan. Y en medio de tanta descomposición y delincuencia de alta rentabilidad ellos han reclamado su cuota.

La lectura del terrible diagnóstico que nos ocupa conturba el ánimo de cualquiera, porque se descubre la madeja de corrupción y las debilidades institucionales que corroen a la PN y que hacen tan difícil corregir el rumbo, aún para sus superiores más honrados y mejor intencionados. Con el agravante de las divisiones grupales que generan 57 generales esperando heredar al jefe de turno.

Algunos reaccionarán considerando exagerado el cuadro. Otros se taparán los ojos y los oídos y permanecerán indiferentes. La sociedad dominicana ya no se sacude fácilmente. Pero estos reportajes invitan a grandes decisiones, como la que se viene reclamando: una reestructuración a fondo y total de la Policía, para lo cual se requiere contratar a tiempo más que completo un equipo multidisciplinario de especialistas. Pero lo primero es la voluntad política de afrontar la situación.

Lean también las declaraciones del Jefe de la PN, general Rafael Guillermo Guzmán, quien afirma que en su gestión de año y medio ha cambiado la institución, que el promedio de casos resueltos subió del 17 al 54 por ciento, que los robos de vehículos se redujeron en 71 por ciento  y ha botado mil 187 miembros. Entonces hablaron muchas mentiras sus antecesores que siempre afirmaron que mejoraban sistemáticamente y también botaron centenares.

Por Juan Bolívar Díaz

Los detalles del informe sobre el involucramiento de agentes policiales y de control de drogas en el narcotráfico en la provincia de Puerto Plata, elaborado por una comisión del Ministerio Público y la Policía Nacional, son suficientes para estremecer la conciencia nacional y provocar no sólo ejemplarizantes sanciones, sino también una investigación exhaustiva a nivel nacional.

Para los que durante años han seguido las denuncias sobre la complicidad de autoridades policiales, militares y civiles con la más diversa gama de las actividades delincuenciales, incluyendo el narcotráfico, el informe no puede resultar sorprendente, sino demostrativo de que no se trataba de intentos por desacreditar “sagradas instituciones”, como algunos alegaban, sino de esfuerzos por preservar la salud de la nación.

Fueron los sacerdotes que trabajan en los barrios capitalinos los primeros que comenzaron a alertar sobre las complicidades y connivencias entre agentes del orden y narcotraficantes. Pero eso ocurrió hace más de 15 años cuando todavía vivía el inolvidable padre Santiago Hirujo, llevado demasiado temprano por un infarto cardíaco, quien refería historias en Uno más Uno que entonces parecían fruto de sus excepcionales dotes comunicativas.

Hace pocos meses la antropóloga Tahira Vargas contaba en el mismo telediario los resultados de una de sus investigaciones en barriadas del norte capitalino, señalando con puntos y comas las leyes mafiosas que rigen las relaciones entre narcotraficantes y agentes policiales, incluyendo las tarifas para el funcionamiento de los puntos de drogas y las causas que pueden originar detenciones y hasta ejecuciones, por supuesto en “intercambios de disparos” de esos que ya arrojaron casi medio millar el año pasado.

El informe de Puerto Plata viene a demostrar que los denunciantes no estaban compitiendo con Bosch, Rueda, Maggiolo, del Risco, Almánzar y demás virtuosos del cuento nacional. Con el agravante de que ya la práctica pasó de las barriadas a las provincias, para dar razón también a otro que algunos quisieron presentar como un fantasioso: el senador por Peravia Wilton Guerrero, quien al insistir en denunciar la complicidad de las autoridades con el narcotráfico, sostuvo que no se limitaba a su jurisdicción y se extendía por la geografía nacional.

Lo más relevante es que el informe no sólo documenta vínculos de autoridades con narcotraficantes, sino que, al igual que en Peravia, los agentes de la seguridad fueron convertidos en sicarios que llegaron a ejecutar hasta un triple asesinato (enero 2 del 2009) que vendían información policial y judicial  privilegiada, y participaban en las guerras entre los mismos delincuentes por el control de los mercados, no sólo de la ciudad de Puerto plata, sino también de los municipios circunvecinos.

En otras palabras que tanto agentes policiales como de la Dirección de Control de Drogas estaban subordinados a narcotraficantes, a quienes daban todo género de protección y encubrimiento, manipulaban investigaciones y llegaban hasta a cambiar drogas por substancias inocuas para evitar consecuencias jurídicas.

La pregunta que fluye en todo el que lee el informe es hasta qué punto esas prácticas están limitadas a Puerto Plata, o hasta Baní, donde la masacre de Paya demostró similar complicidad e indiferencia de las autoridades. Si eso ha ocurrido en ciudades del interior donde “todo el mundo se conoce”, qué se puede esperar de las grandes concentraciones poblacionales y financieras del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Santiago.

Si bien hasta ahora los responsables directos han resultado militares, policías y agentes antidrogas, han quedado bien salpicados el ministerio público y la justicia, así como las autoridades civiles que por lo menos se han demostrado indignas de la confianza de la sociedad.

Los casos de Puerto Plata y Baní, todavía sin descifrar completamente, y el menos documentado aún de Bonao, donde todo el destacamento policial quedó recientemente bajo investigación bajo los mismos cargos, muestran la profundidad de la descomposición de las autoridades y obliga a declarar de emergencia una reestructuración total. Esperar más tiempo es una grave irresponsabilidad. Todo el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar tiene que sentirse indignado y reclamar acción de lo que queda de las autoridades.