Por Juan Bolívar Díaz

Más allá de su carisma y extraordinarias facultades y  habilidades, la novel cantante Martha Heredia se constituyó en las últimas semanas en un verdadero fenómeno de masas, digno de ser analizado por quienes se ocupan del alma de la sociedad y del comportamiento psicosocial de los dominicanos y dominicanas.

La culminación del concurso, de puro corte comercial, en que participaba en Argentina, se constituyó esta semana en un acontecimiento que concentró la atención de una altísima proporción de la población, de todas las clases sociales, suspendiendo actividades hasta de las más sagradas de la temporada navideña.

Llamó la atención los miles de personas hasta de bajos ingresos que invirtieron decenas de pesos para votar telefónicamente para que la jovencita de apenas 18 años fuera coronada como nueva ídolo de la canción latinoamericana en un evento que obviamente es ignorado por las grandes naciones del continente. La mejor prueba es que en sus dos últimas ediciones los cuatro finalistas han sido de países de poca población, dos veces de Costa Rica, una de Panamá y ahora la dominicana.

Es una pena que los dos últimos años los costarricenses siempre quedaran en segundo lugar, ya que esa hermana nación no tiene grandes ídolos artísticos ni deportivos de nivel internacional, con la excepción de la nadadora Claudia María Pool, nicaragüense nacionalizada, quien que ha acumulado cinco medallas de oro, incluso una de Olimpíada.

En Costa Rica los periódicos no dieron ni la cuarta parte de la atención a su concursante de la que dieron los dominicanos. Y eso podría develar en parte el fenómeno de masas de Martha Heredia. Los ticos tienen mucho más fe en su nación que los dominicanos, por lo que no precisan agarrarse de cualquier oportunidad de brillar en el exterior para reafirmarse.

Costa Rica figura entre los tres países latinoamericanos de mayor tasa de desarrollo humano, de menor delincuencia, de más altos niveles de educación, salud y seguridad social. Tiene suficiente energía eléctrica y más barata que nosotros. Los ticos no han huido en masa para Estados Unidos ni para Europa. Nosotros en cambio estamos entre los últimos diez en desarrollo humano y en algunos renglones básicos sólo competimos con tres o cuatro de los 34 países del continente y la mayoría sueña con emigrar.

Pero en lo que somos un fenómeno colectivo es en nuestra capacidad para pasarla bien, en nuestra alienación, hasta el punto que en reciente evaluación internacional nos disputábamos el primer lugar entre los más felices del mundo. Por eso debemos ser uno de los países donde las fiestas navideñas se celebran por más tiempo e intensidad. Desde octubre hay mensajes y promociones navideñas, que en el mundo desarrollado comienzan con el mes de diciembre.

No podemos restar méritos a la arrojada jovencita Martha Heredia ni dejar de celebrar que  elevara la autoestima nacional, como lo han hecho en otros momentos Juan Luis Guerra, Pedro Martínez, Samuel Sosa o Félix Sánchez. Pero no podemos dejar de mirar al fondo del fenómeno.

Este país necesita reafirmarse como nación, colectivamente, devolviendo a las mayorías la fe en su viabilidad, para que nuestros hijos no gasten el tiempo pensando cómo burlar las normas migratorias internacionales para integrarse al desarrollo. Tenemos que ganar el concurso colectivo de reafirmación nacional, para reclamar, exigir y construir entre todos reales soluciones a nuestros problemas, comenzando por la imprescindible inversión en educación que, una vez más, no se presupuesta para el ya próximo año.

Congratulemos a Martha Heredia también por recordarnos cuánto apreciamos los primeros lugares y salgamos a buscarlos no sólo en la farándula y los deportes, sino en todos los concursos del mundo.

Por Juan Bolívar Díaz

Por más familiarizado que se esté con los reportes de Competitividad Global que presenta cada año el Foro Económico Mundial, es dramáticamente impresionante ver los gráficos sobre República Dominicana presentados en una ponencia del reputado economista Isidoro Santana, quien durante más de 16 años ha dedicado parte de su valioso tiempo a luchar por transformaciones económico-sociales y democráticas e institucionales desde las filas del movimiento Participación Ciudadana.

El Reporte 2009-10, que abarca a 133 países de todos los continentes, mantiene el país entre los últimos 25 peor evaluados, pero lo que es más significativo compitiendo por los últimos escalones en servicios fundamentales como educación, salud pública, y energía eléctrica, así como también en malversación de los recursos públicos.

Ya los informes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano han resaltado cómo la República Dominicana ha sido una de las naciones del mundo que más crecimiento económico ha registrado en el último medio siglo, pero al mismo tiempo la que más oportunidades ha desperdiciado de convertirlo en desarrollo humano.

El país ocupa la posición 75 en ingreso promedio per cápita, y todavía pasa la prueba con la 85 en infraestructura, pero comienza a quemarse con la 93 en percepción de la corrupción, y 95 en competitividad. Pero donde la curva produce escalofrío es a partir del lugar 117 en funcionamiento de las instituciones.

El nivel desastroso es 120 en costos del crimen y la violencia, 122 en confianza en los políticos, 127  en desviación de los fondos públicos, 129 en calidad del sistema educativo y 130 tanto en calidad del suministro eléctrico como en fiabilidad en los servicios policiales. En calidad de educación en matemáticas alcanza la posición 131, para ascender a la 132 en dos renglones: calidad de la educación primaria y en derroche del gasto gubernamental. Finalmente esta nación se corona como campeona universal en favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos, con el último escalón, el 133.

Lo que esas evaluaciones están indicando es lo que hace muchos años vienen sosteniendo diversos analistas nacionales y del exterior, que este es un país con significativas riquezas y grandes potenciales, pero pobremente administrado históricamente por una clase política cada vez más ambiciosa y corrupta.

Nos hemos gastado unos gobernantes que se proclaman una y otra vez los constructores de la nación, grandes estadistas de la modernidad y el progreso, pero que han preferido siempre auto consagrarse como lideres eternos en base a la malversación de la corrupción generalizada, del clientelismo, de la compra de conciencia, de la satisfacción de los intereses de los poderes fácticos.

Una y otra vez pregonan  en las campañas electorales que la educación es el fundamento del desarrollo, pero desde que llegan al poder dedican todas sus energías a priorizar la varilla y el cemento, prefiriendo mantener al pueblo en la ignorancia, agradeciendo las funditas y las cajitas que se reparten para engañar, porque no llegan a mitigar el hambre más que de algunos días de cada mes. Ni siquiera los 700 pesos de la tarjeta Solidaridad sirven para otra cosa que no sea proclamar “la devoción por los más pobres”.

Pero lo más impresionante de todo es que se ha perdido la capacidad de asombro y que ya son pocos los que se detienen a ver y comentar el significado de informes como el del Foro Económico Mundial. Muchos están satisfechos del “enorme desarrollo” que muestra el polígono central de Santo Domingo y algunas zonas de Santiago que nos permiten pensar en el pequeño Miami. Algunos llegan a ver un Nueva York chiquito.

¿Qué tendremos que hacer para cambiar el curso del país? Tememos que no será mediante el endeudamiento para seguir la fiesta. Porque cada año será mayor la proporción de los ingresos nacionales que tendremos que dedicar a pagar la deuda. Y ese es el pretexto que una y otra vez se ha esgrimido para no destinar el porcentaje de mil consensos y de ley que deberíamos destinar para el desarrollo de las potencialidades de todos los dominicanos y dominicanas. Y así mantendremos el círculo vicioso.

Por Juan Bolívar Díaz

Durante un reciente almuerzo con el Procurador General de la República, conversaba con ese fino ser humano que es el colega Mario Rivadulla y otros invitados sobre las inconsistencias de la justicia dominicana y nos vino a la memoria el caso de Deidania González, la trabajadora doméstica que participó en la violenta muerte del arenero de San Cristóbal José Castro, junto a la esposa y dos de los hijos de la víctima.

Recordamos que tras una intensa campaña de opinión pública, encabezada por asociaciones femeninas, la señora Miriam  Brito fue indultada en diciembre del 2007, tras cumplir uno de los 20 años de cárcel a que fuera condenada, en lo que sin duda fue un exceso absoluto del tribunal ya que el caso calificaba como defensa propia dada la bestial violencia que contra ella, sus hijos y la trabajadora ejercía la víctima, ampliamente documentada en el proceso judicial, por sus vecinos y hasta en medios de comunicación. Tanto que la señora Brito presentó ante autoridades más de cien denuncias de la violencia de su esposo, sin que nadie la protegiera.

Con Miriam al fin se hizo justicia y hoy atiende a su traumatizada familia, quiera Dios que con mucho éxito. Pero dos años después la trabajadora Deidania sigue presa en Najayo, sin que ni las feministas se sonrojen porque ella solita está pagando aquella indeseada muerte en la que según se testimonió participaron hasta dos de los hijos menores del arenero.

Todavía hay un agravante adicional, y es que era tan generalizada la conciencia de que la trabajadora era doble víctima, ya que también sufría violencia hasta de violación sexual, y como empleada subordinada, que durante el proceso judicial fue libertada en hábeas corpus. Y cuando se pronunció la sentencia que la condenaba a ella a 30 años de cárcel, 10 más que a Miriam Brito, ésta fue arrestada y aquella se fue a su casa, donde vivió sin ocultarse de nadie, hasta que al indultar a la esposa, se acordaron que ella también había sido condenada. Su inocente error fue dejarse entrevistar por televisión y decir que no había huido de nada ni nadie, que simplemente no había sido apresada y vivía con su familia.

El 27 de enero del 2008 en este mismo espacio me publicaron el artículo ¿Quién aboga por Deidania? Apelaba a las autoridades judiciales para que no permitieran la barbaridad de que ella solita, por ser una humilde trabajadora fuera la única que pagara por el deplorable caso. Desde entonces estoy esperando siquiera un pronunciamiento de las agrupaciones de mujeres.

Dos de los párrafos de aquel artículo deben ser reproducidos: “Para que Miriam Brito concertara la muerte de su esposo con la trabajadora doméstica Deidania González y permitiera que se involucraran en la misma dos de sus cinco hijos menores, tenía que estar muy traumatizada. Debió actuar bajo un estado de arrebato, rayando en la pérdida de la razón, en defensa no sólo propia, sino también de sus hijos que padecían por igual la violencia paterna”.

“Es extraño que la trabajadora haya sido condenada a una pena mucho mayor y que la esposa fuera considerada como cómplice, sin que los jueces tomaran en cuenta la relación de subordinación que tenía que haber entre ellas. Si de justicia se tratara, quien diera el golpe fatal era intrascendente, dado el nivel de responsabilidad y conciencia de los actos”.

Es muy probable que a Deidania lo que le faltó fue un abogado que la defendiera y unos jueces que trascendieran las limitaciones de clases sociales y la cultura machista. Porque las dos sentencias fueron barbaridad.

Ahora, que dentro de un mes se cumplirán dos años del indulto de Miriam Brito es una buena oportunidad para reparar la grave injusticia que padece Deidania González otorgándole  el mismo beneficio.

Todo iba bien en el proyecto y la visita del reconocido estadista hasta que se le ocurrió tocar un botón que dispara el sentimiento ultra nacionalista y el anti haitianismo que corroe el alma de una parte considerable de dominicanos que no aceptan la realidad de que compartimos una isla y no hay manera de remediarlo que no sea con la colaboración, con las negociaciones para establecer normas, tanto al movimiento migratorio como al comercio, la inversión, la salud, la educación y en muchos otros campos.

Lo que dijo el señor Carter en una rueda de prensa es que República Dominicana y Haití tienen que actuar conjuntamente frente a muchos problemas, asumiendo que no se puede combatir una enfermedad como la malaria en un solo lado, ya que se pasaría para el otro porque “no hay manera de que la República Dominicana sea capaz de detener la inmigración haitiana”. Para no dejar dudas de lo que quería decir,  Carter agregó que “es una situación que pasa en todos los países del mundo, tanto en naciones pobres como ricas” y puso el ejemplo de su propio país, Estados Unidos, que con todos los recursos del mundo no ha podido controlar la inmigración mexicana. Y todavía remató indicando que “lo conveniente es que “entre ambos estados exista cooperación para enfrentar la migración”.

Por más vueltas que se le dé a lo dicho por Carter no hay manera de fundamentar la conclusión de algunos fanáticos de que vino a abogar por la fusión entre las dos naciones, o a desconocer nuestra soberanía. Tampoco incurrió en un dislate diplomático ni en una ofensa como para justificar la declaración del canciller Carlos Morales Troncoso acusándolo de haber incurrido en una “innecesaria y absurda intromisión”. Este abandonó su habitual ponderación para advertir ofensivamente que no iba más lejos “por respeto a los años de Carter”. No se puede imaginar hasta dónde pretendía llegar.

Ya antes el responsable de la Comisión de reforma del sector Salud, Humberto Salazar, había pedido rechazar toda ayuda “que implique una visión conjunta de República Dominicana y Haití”, llegando a sentenciar que “los que acepten donaciones de manera binacional son malos  dominicanos porque atentan contra la soberanía nacional”. Todo un disparate conceptual desconocedor de la historia de la humanidad y de las políticas de los organismos multilaterales y de la cooperación internacional.

Apena sobremanera que muchos dominicanos  no puedan entender la necesidad de establecer una permanente y fluida cooperación con Haití, que es lo que nos conviene desde todo punto de vista, porque si allí no hay progreso peor será la presión migratoria. Es en ese sentido que en los ámbitos internacionales se proponen soluciones conjuntas, no sugiriendo que nos fusionemos en uno. Y eso es lo mismo que se recomienda en todas las fronteras, las centroamericanas, por ejemplo. Claro que –dirán algunos- allí no hay haitianos.

Hacemos el ridículo internacional porque además actuamos con doble rasero, como si fuéramos un país rico, como si no hubiésemos enviado más de millón y medio de personas hacia Estados Unidos, Europa, y a todos los países del continente, incluyendo las islas caribeñas, en algunas de las cuales llegamos a representar más del 10 por ciento de la población. En Costa Rica, por ejemplo, un periodista escribió esta semana que están hartos de los inmigrantes dominicanos.

Cuando se nos toca la sensibilidad antihaitiana nos olvidamos de todo, como le ocurrió al canciller al sostener que ningún presidente dominicano ha ido a Estados Unidos a hablar de sus relaciones con México y Canadá. Olvidó que el presidente Fernández ha abogado reiteradas veces en territorio norteamericano por políticas a favor de los indocumentados dominicanos, que ellos dos recibieron a senadores estadounidenses en La Romana hace tres años cuando se debatía una nueva ley de inmigración, que firmamos un comunicado conjunto con los países centroamericanos reclamando tratos especiales.

La desconsideración a Jimmy Carter no tiene la menor justificación y se revierte contra el país. No sólo es un ilustre expresidente de Estados Unidos, que cambió la política exterior defendiendo los derechos humanos, y un Premio Nobel de la Paz, sino que también contribuyó a la democracia dominicana en 1978 cuando se pretendió desconocer las elecciones presidenciales. Celebremos que a sus 85 años esté buscando casi 200 millones de dólares para ayudar a dominicanos y haitianos a superar enfermedades endémicas.

Por Juan Bolívar Díaz

Todo el que crea  en la libertad de conciencia de los seres humanos está en el deber de rechazar el chantaje maniqueísta que a nombre de la fe religiosa se ha montado en el país para tratar de imponer en la Constitución de la República, y por lo tanto a todos los ciudadanos, el dogma de que la vida es inviolable desde que un óvulo es fecundado por un  espermatozoide, sin ninguna consideración circunstancial.

Con el mayor desprecio por la conciencia de los demás se trata de imponer el criterio de que esa unión, que puede ser fruto del amor, pero también de la violencia criminal, y que es tan accidental que se practica miles de veces por día en los laboratorios de casi todo el mundo, tiene más derecho ciudadano que ese maravilloso ser humano que es la mujer o la madre.

Y lo que es peor, se ha manipulado tan ofensivamente la conciencia de los más ignorantes que el debate se ha presentado como si en el proyecto de nueva Constitución se estuviera intentando “saciar la sed de sangre de los abortistas”, mujeres y médicos “asesinos de niños”. Aunque no está en debate ninguna propuesta de constitucionalizar el aborto. Lo que muchos planean, en uso de su libertad de conciencia, es que se deje como materia del código penal, que es lo que ha ocurrido en toda la historia de la nación.

Si ese respetable predicamento religioso no ha figurado en ninguna de las treinta y siete constituciones que ha tenido el país, no hay razón para que se le dé rango constitucional cuando en gran parte del mundo las leyes han autorizado la interrupción del embarazo en circunstancias específicas, como cuando está en juego la vida de la madre, o si ha sido fruto de violencia criminal.

En el caso del embarazo ectópico  ni siquiera se trata de escoger entre la vida del feto y la de la madre. Es que el producto de esa fertilización es científica y absolutamente inviable, que no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero, ni de ser insertado en el mismo, que dejarlo desarrollar sólo sirve para explotar la trompa de Falopio de la mujer, producir una grave hemorragia y causar hasta la muerte, lo que ya sólo ocurre cuando la madre es pobre e indefensa.

No me cuento entre quienes creen que el aborto es sólo cuestión de decisión individual. Favorezco su regulación y lo creo improcedente en ciertos niveles del desarrollo del feto. Pero tengo que respetar a los que piensan lo contrario, y no me siento con derecho a estigmatizarlos ni condenarlos y mucho menos a nombre de mi profunda convicción cristiana. Como también respeto el derecho de los que predican hasta contra la prevención del embarazo por métodos artificiales legalizados en todo el mundo. Porque respeto a los demás y por auto respeto tengo que rechazar la apelación al chantaje y la amenaza a nombre de la religión, que tanto daño ha hecho al cristianismo a lo largo de sus siglos. No podemos ver con indiferencia que se pretenda dar rango constitucional a la concepción de pecado, como se hizo durante siglos con el divorcio.

Por razones profesionales seguí el debate que culminó en el 2004 en Chile, último bastión occidental de la prohibición del divorcio. Durante décadas algunas iglesias estigmatizaron y chantajearon a todo el que planteaba que el amor entre los seres humanos  no se sostiene con preceptos constitucionales ni legales. Millones de chilenos se separaban y como no podían divorciarse establecían nuevas familias “ilegales”, con consecuencias emocionales y hasta de derechos para los hijos. Eso para la mayoría, porque todo el que disponía de diez mil dólares compraba una anulación del matrimonio bajo el alegato de que el acta contenía algún dato falso, por ejemplo la dirección de residencia de uno de los contrayentes. El presidente Ricardo Lagos, que promulgó el divorcio en Chile, no pagó ningún costo político, como se le amenazaba y ha quedado como un inmenso estadista.

Aboguemos todos porque en el debate constitucional prevalezca la racionalidad y porque los constituyentes voten de acuerdo a su conciencia, sin que nadie los amenace ni los estigmatice. En aras de la salud y los derechos de la mujer. Hay que rechazar el candado constitucional y luego mantener la demanda de que se autorice en el código penal la interrupción de cualquier embarazo que ponga en riesgo a la madre o que sea fruto de violencia criminal. Por respeto y amor a la vida. En libertad de conciencia.