¿Hasta dónde vamos a llegar?

Por Juan Bolívar Díaz

Cada día son más los dominicanos y dominicanas que preguntan qué tendrá que ocurrir para que los dirigentes políticos nacionales se convenzan de que tienen que contener el nivel de deterioro que se registra en el país, que en vez de avanzar en la modernización y la organización social nos constituimos en un verdadero estado fallido donde predomina la delincuencia arriba y abajo y en todas sus manifestaciones.

Es difícil que transcurra un día sin que los medios de comunicación den cuenta de un nuevo acto de barbarie, como esa revelación del viernes de que el capitán de la Policía Nacional José Antonio Aníbal Polanco  y el teniente de la Fuerza Aérea Junior de los Santos descuartizaron al raso policial Adonis Vladimir Martínez para entregar su cabeza a un narcotraficante al que éste le había dado un “tumbe” de drogas por 20 millones de pesos.

Al ver el titular de la información muchos pensaron que era otra de las ocurrencias de Ciudad Juárez o Chihuahua, al norte de México, donde se apuesta cada día a superar los récords más espantosos del horror. Al comprobar que fue aquí entre nosotros, no pudieron menos que sentir pánico por el real nivel de penetración del crimen organizado en las fuerzas que paga la sociedad dominicana para mantener el orden y la seguridad. ¿Será cierto que un simple raso pueda dar tumbes por decenas de millones de pesos?

Los escándalos develados en los últimos meses en las provincias Peravia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo y en plena capital ya no dejan ninguna duda. Tuvieron que ocurrir para que cobraran crédito las reiteradas denuncias que desde hace dos décadas formularon sacerdotes y dirigentes sociales sobre la connivencia entre policías y militares y los narcotraficantes. Durante todos esos años se decía que eran parte de un plan de descrédito contra “sagradas instituciones nacionales”.

Lo mismo está ocurriendo con la dirección política. Es difícil saber  cuánto dinero del crimen organizado alimenta el desproporcionado costo de la enclenque democracia nacional o el volumen de recursos extraídos del patrimonio público para estas precampañas y campañas electorales en las que hoy se invierten millones de pesos para conseguir una curul de diputados o una sindicatura y hasta una regiduría.  Pero las ocurrencias que se vienen denunciando demuestran que no hay límites ni rubor en la actividad política y en la gestión del Estado y que predomina la  más absoluta impunidad. Esa afirmación queda justificada por el hecho de que dos diputados hayan sido capturados por cámaras de televisión mientras ejercían el voto de manera fraudulenta por otros colegas ausentes. Y nada menos que para aprobar una nueva Constitución. Crónicas periodísticas dicen que hace tiempo que esa práctica está entronizada.

Esta misma semana la Corte Suprema de Lima condenó a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa equivalente a casi 10 mil dólares, a la diputada Elsa Canchaya por haber contratado su empleada doméstica como asesora parlamentaria. Su partido la expulsó sin contemplaciones. Otra parlamentaria, Rocío González, perdió el fuero legislativo por haber robado energía eléctrica.

Hace apenas semanas que aquí se demostró por televisión que un senador había incurrido en el mismo delito de colocar en la nómina del Senado a su empleada doméstica, con el agravante de que él mismo cobraba por ella y no le pagaba más que la cuarta parte. Ni siquiera se ha intentado una sanción verbal. En vez de ello se reacciona tratando de anular la ley de libre acceso a la información pública, y se denuncia el interés de la sociedad civil y de algunos comunicadores por “desacreditar a la clase política”.

Estamos llegando a los límites más extremos. En el principal partido de oposición ni siquiera se quiere dar derecho a la impugnación de hechos con verdaderos ribetes  fraudulentos ocurridos en una convención para elegir dirigentes políticos, como que no se hayan contado los votos de 438 centros de votación, un 13 por ciento del total.

Por más vueltas que  le demos al derrotero, es difícil prever hasta dónde vamos a llegar antes de que el liderazgo político se convenza de que está saturando la paciencia ciudadana. ¿Al descuartizamiento de las instituciones del Estado?

Otro tipo de fraude electoral

Por Juan Bolívar Díaz

El presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario, informó esta semana que ha dispuesto una investigación sobre la legitimidad de 6 mil 887 cambios de empadronamiento electoral registrados en los últimos meses, con un sospechoso patrón fraudulento. Por ejemplo citó el caso de unas 80 personas que trasladaron su residencia a una misma calle.

Aunque la información periodística no lo especificó, se asume que el traslado fue a un municipio y provincia de menor población, donde a menudo las elecciones de legisladores y munícipes se deciden por cientos de votos. Se trata de otra expresión de fraude electoral puesta en práctica por lo menos desde las elecciones del 2006.

Como la memoria política nacional es tan corta, la mayoría no recuerda que para antes de esos comicios congresionales y municipales se denunció un intenso tráfico de electores hacia las seis provincias de menor población, donde unos cientos de votos pudieron cambiar el resultado en el senador, el síndico y en la proporción de diputados y regidores.

Antes de que cerraran el período de  cambios de domicilio, tres mil 455 electores,   resolvieron emigrar hacia Pedernales, provincia donde representaron el 20.56% del padrón. Sólo al pobre municipio de Oviedo llegaron mil 802, equivalentes al 27% de sus electores. Proporciones superiores al 2% y hasta el 5% significaron los traslados a las provincias Independencia, Elías Piña, Santiago Rodríguez, El Seybo, Dajabón, Hato Mayor y Monte Plata, que son precisamente de las que más movimientos migratorios registran pero a la inversa, es decir expulsando los suyos hacia las mayores concentraciones del empleo, la inversión y el ingreso.

Para entonces un simple muestreo realizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana evidenció un patrón fraudulento. Muchos de los trasladados tenían la misma dirección, no vivían en las casas indicadas y eran desconocidos allí, pues en gran proporción ni siquiera eran nativos de esos lugares que retornaban a votar. Quedó claro que eran parte de un nuevo tipo de maniobra fraudulenta cuando el 16 de mayo decenas de autobuses llegaron a esas provincias transportando las evidencias. Teleantillas hizo un amplio reportaje sobre el particular.

Para la JCE no será nada difícil enviar inspectores a comprobar si los trasladados hace cuatro años y para este proceso viven realmente en las direcciones que ponen, y en caso contrario deben ser revocados esos cambios para evitar que la abundancia de dinero, cada vez más fruto de actividades ilícitas y de la corrupción pública, incremente el cultivo de este género de fraude electoral.

La tentación debe ser mayor por cuanto los tramposos no habrán olvidado que en los comicios del 2006 las senadurías de cinco provincias se decidieron por menos del 1% de los sufragios, en otras dos por menos de 2% y en dos más por menos del 3%, proporciones muy vulnerables en 9 de las 32 provincias. Tres de ellas estuvieron entre las que lideraron las inmigraciones de electores. Y para mayor asombro, en 11 municipios la elección se decidió por menos de 50 votos.

No hay dudas de que la política nacional tiene cada vez un mayor componente de pragmatismo salvaje, que no respeta límites y muestra una enorme capacidad para innovar en el ventajismo. Y para este proceso electoral que se avecina los desmadres pueden superar todas las imaginaciones, puesto que esta vez, en aras de unificar todas las elecciones a partir del 2016, los legisladores y munícipes tendrán un mandato de seis años. También por la enorme revalorización de los ingresos de legisladores, síndicos y regidores que estimula los recursos ilícitos para acceder a beneficios considerables en las provincias y municipios más pobres.

Cada vez se hace más urgente una ley que establezca límites a la actividad política, especialmente en las campañas electorales, y que transparente el gasto de partidos y candidatos para preservar la salud de esta democracia tan cara y putrefacta que nos estamos gastando los dominicanos. Es mucho más urgente en la medida en que vemos las  dimensiones que ha ganado el narcotráfico y su terrible infiltración hasta de los organismos de seguridad del Estado, con su enorme capacidad para comprarlo casi todo.

 

El dulce encanto del barrilito

Por Juan Bolívar Díaz

La mala fama del barrilito de los senadores es tan fuerte que se le han pegado las denuncias de nepotismo y otras serias irregularidades formuladas por la valiosa colega Alicia Ortrega en su magnífico programa de esta semana. Después de todo, eso nos ha permitido volver sobre el “dulce encanto” de este abuso de los recursos del Estado por parte precisamente de quienes están llamados a regularlos y supervisarlos.

Primero que nada precisemos los diversos capítulos de ingresos y pagos que tiene cada senador, en base a la información disponible: sueldo básico de 150 mil pesos, 50 mil para gastos de representación, 25 mil para viáticos, y 25 mil por hospedaje, lo que totaliza 250 mil pesos al mes. Además 3 mil 500 pesos por sesión a la que asisten y dos mil 400 por  reunión de comisiones, con lo que podrían elevar sus ingresos a unos 300 mil pesos.

Segundo: a cada senador se le pagan empleados en dos oficinas, en la sede central y  en su provincia. En la primera son 13, que incluyen un “asesor de imagen”, dos asistentes, dos secretarias, cuatro encargados de seguridad (aparte de varios militares que los cuidan), dos choferes y apenas un asesor de proyectos. Antes del último incremento salarial del 15 por ciento, el costo de estos era de 289 mil al mes. El salario máximo era de 45 mil pesos. En la provincial tenían otros 142 mil 500, para pagar 11 empleados más, con un salario máximo de 25 mil. Aunque la suma da 431,500, tenían un tope de 470 mil pesos.

Cada oficina es equipada con muebles, computadoras, nevera, equipos de música, aire acondicionado, inversor  y vehículos. Para pagos de servicios, alquiler y combustible tienen una asignación de 190 mil pesos mensuales.

Tercero: aquí viene el barrilito o cofrecito, que es una partida que va de un mínimo de 400 mil a un máximo de 900 mil pesos por mes, atendiendo a la población representada. Se estimó un vil peso por habitante. El promedio mensual de los 32 senadores es 598 mil 750 pesos. Su nombre oficial es “Fondo Mensual para la Gestión Provincial, Asistencia Social e Institucional de la Oficina Senatorial”.

Sumando todos los capítulos de gastos arriba indicados, cada senador sale por un mínimo de un millón 558,750 pesos al mes, que totaliza 18 millones 705 mil al año, y 19 millones 375 mil si le sumamos 670 mil pesos por el sueldo navideño (el básico) del legislador y los empleados de las dos oficinas. Antes del último incremento salarial el costo anual era de 620 millones de pesos.

Las denuncias fundamentales del reportaje de Alicia Ortega se refirieron al capítulo de las oficinas provinciales y se resume en que han rebasado los topes de sueldos y gastos, algunas casi al doble,  y se los han pagado, y que muchos emplean familiares, desde esposas y padres, hasta hermanos, primos y cuñados. El caso más relevante, el de Mao, Valverde, que puso en la nómina con 20 mil mensuales a una trabajadora doméstica a la que sólo pagaba 5 mil, la cual declaró en cámaras no sabía que era “empleada del Senado”.

En cuanto al barrilito, la acuciosa colega pidió los informes de gastos que según lo establecido debe ofrecer cada senador. El primer día sólo llegó a revisar diez, y cuando volvió ya le negaron el resto. De los que pudo ver había también asignaciones fijas a familiares y gastos de hasta 50 mil pesos en bebidas alcohólicas.

La generalidad de los que vieron el reportaje quedó abrumada y escandalizada. En cualquier país de mediana intensidad democrática muchos irían a los tribunales, y por lo menos ya se estarían auditando todos esos gastos, que salen de las costillas de un pueblo pobre, sin suficiente agua, electricidad y servicios educativos y sanitarios.

Hay que adicionar que cada legislador recibe dos exoneraciones para vehículos, que la mayoría vende para que se importen autos de lujo de hasta 496 mil dólares, como aparece en una lista de la Cámara de Diputados, que circula por Internet.

El encanto del barrilito, sin justificación legal ni constitucional,  quedará más al desnudo pronto cuando la mayoría de los actuales senadores decidan repostularse. Algunos habrán repartido en 45 meses más de 40 millones de pesos. Aparte recibirán ellos y sus partidos financiamiento del presupuesto nacional para su campaña electoral. Tremenda ventaja frente a quienes compitan con ellos primero en sus propios partidos por la candidatura, y luego en la elección misma. Peor si el que los reta es de un partido minoritario o emergente sin financiamiento oficial. Vaya democracia la que nos gastamos. Ese barrilito es una inmoralidad.

El Álbum de la Corrupción

La palabra corrupción tiene muchas significaciones. Una de ellas es podrido o putrefacto, así como todas las que se derivan de esas dos,  pero en la lengua de los latinos, de la cual pasó a la española, quería decir, y quizás de manera preponderante, no sólo corrompido sino también corruptor, porque el que ejerce la corrupción necesita que alguien sea su cómplice y para conseguir cómplices corrompe a otro…como sucede en todos los casos de aprovechamiento del poder sobre el Estado y sus fondos para enriquecerse.

“La corrupción tiene muchas formas, porque no se limita al robo de los dineros que el pueblo le paga al Estado a través de los impuestos directos e indirectos. Se actúa en forma corrupta cuando se sabe que alguien está ejerciendo la corrupción y se le preteje con el silencio o se le defiende… Es corrupción usar la influencia que da un cargo público para hacer negocios con el Estado o para beneficiarse de negociantes sin escrúpulos, pero sería también corrupción que nosotros, que no tenemos puestos en el aparato del Estado, nos quedáramos callados ante la ola de corrupción que se ha levantado en el país”.

No crean que los párrafos precedentes son fruto de nuestra persistente preocupación por la corrupción. Están extraídos de la presentación del “Album de la Corrupción” que editó en 8 páginas y 100 mil ejemplares el periódico “Vanguardia del Pueblo”, órgano desaparecido del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el 4 de noviembre de 1981.

El tercer y último párrafo de la presentación asegura que tienen pruebas de todo lo que denuncian, pero su lectura sólo arroja generalidades, con muy escasa documentación de los cargos formulados contra una decena de altos funcionarios del gobierno del presidente Antonio Guzmán, que en muchos casos fueron auténticos libelos. Seguro que hubo  corrupción pero al Álbum le faltaron investigadores que la documentaran. Si se le pudiera reeditar el país estallaría en carcajadas.

Lo más gráfico de indicar son las fotografías de tres residencias construidas por el vicepresidente Jacobo Majluta, el secretario sin cartera Lorenzo Sánchez Baret y el “secretario particular de Peña Gómez” Aridio García de León, con inversión, según el periódico, de $475 mil, “cerca de un cuarto de millón de pesos”, y “más de cien mil pesos”, respectivamente. A los precios de entonces eran sumas mucho mayores que hoy. Pero observen los cargos fundamentales que contiene el celebrado álbum con fotos de los acusados: Pedro Franco Badía, síndico del DN: una auditoría reveló que entre 1977 y 1981 gastó $673 mil en “asistencia social y acción comunitaria”, para promoverse.

Frank Desueza Fleury, director del IDSS: “fraude escandaloso”. La comisión de Concursos le autorizó compras de medicinas por $236 mil y las llevó a 550 mil para favorecer a 7 empresas en detrimento de otras seis. Sin ninguna prueba.

Gustavo Sánchez Díaz, director de Inespre, luego aceptado por el PLD: auditoría de la Cámara de Cuentas revela que hizo donaciones por $203 mil en tres años. Los investigadores peledeístas sólo documentan  un cheque de $600 que cobraron  perredeístas de  Bonao, habiendo sido emitido a un club cultural.

A Jacobo Majluta y su hermano Freddy (ahora aliado del PLD y funcionario) que dirigía Induspapel,  les dedican las páginas centrales: como director de CORDE Jacobo había pagado “más de $92 mil a 160 personas que no eran empleados, en sumas que oscilaban entre $200 y $4,000. También que gastó $116 mil para imprimir calendarios donde aparece en fotografía con el Papa y otros $28 mil “para hacerse 200 mil fotografías a color” a fin de promoverse.

“Los jugosos beneficios de Hipólito”, página 6: refiere denuncias de que, como secretario de Agricultura, Mejía habría hecho compras de fertilizantes “de forma irregular” por $10 millones, entre ellas a la empresa Fuerza Agrícola a la que estaría vinculado. Sólo afirmaciones, no aportan ni siquiera indicios.

Vicente Sánchez Baret, secretario de Deportes: que “una de las barbaridades de ese turpén” es que no ha explicado el “imperdonable derroche de $175 mil en la remodelación del palco presidencial del Estadio Quisqueya”.

Un gran recuadro titulado Repartidera, comenta desembolsos de  $260 mil del Fondo de Asistencia Social de Salud Pública y documenta 8 casos con cheques de $500 y $600. En “Otros gastos escandalosos” presentan dos cheques a un restaurante por $454 y $329 y a un salón de reuniones por $1,251, y siete cheques que pagaron dietas entre $200 y $610 a seis funcionarios por viajes al interior de entre dos y cinco días.

En conclusión, no hay duda que hubo corrupción, malversación y repartición en aquel gobierno, como lamentablemente ha habido en todos, pero las denuncias del álbum fueron rolin al pitcher, en comparación a las que se formulan ahora de contratos tipo Sun Land, de sobre valuaciones de obras, de nóminas y nominillas, de repartos a fundaciones y relacionados, de violación a las leyes de compra y contrataciones y de libre acceso a la información y de boato. Es una pena que nuestros aliados de antes en las denuncias de corrupción, sean los que ahora la practican o justifican, y que además nos condenen por persistir en rechazar cualquier tipo de malversación o por exigir transparencia. Algunos de los autores del Álbum llegan a considerarnos envidiosos.

Desprestigio a la lucha anticorrupción

Por Juan Bolívar Díaz

La iniciativa judicial del director del Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, contra cuatro exfuncionarios del Banco Central tiene todas las características de una bola de humo, contradictoria en sí misma, que sólo puede servir para desviar la atención sobre las denuncias de malversación de fondos y de impunidad que sacuden el país.

Si se mide por la extensa nota informativa, la iniciativa de Bonilla busca mezclar mansos y cimarrones, para confundir y ocultar a los reales autores y beneficiarios de la sustracción de pagarés del BC por la suma de 10 mil 663 millones de pesos, originados en los sobregiros de las empresas del Grupo Financiero Nacional que causaron la quiebra de su Banco Nacional de Crédito.

Se denuncia a los tres más altos funcionarios del Banco Central (BC) que persiguieron los fraudes bancarios del 2003, con acusaciones –evidentemente infundadas- de haberse constituido en asociación de malhechores, prevaricadores y desfalcadores para beneficiar precisamente a quienes ellos mismos y las autoridades monetarias actuales han llevado ante la justicia.

De esa forma se persiste en la generalidad de que todos los que pasaron por la administración pública fueron corruptos y se desvía la atención de las preocupaciones morales que viene expresando la sociedad dominicana en un tono tan alto como nunca se había sentido.

La denuncia de Bonilla obliga a las actuales autoridades del BC, que tanta responsabilidad han demostrado en el manejo de los procesos judiciales contra los desfalcadores bancarios, a desligarse de un expediente tan burdo, a no ser que quieran dejar espacio para que luego ellos también terminen siendo acusados para seguir protegiendo a los responsables de los fraudes bancarios y del descalabro económico que generaron.

Lo más penoso es que esa actuación sólo servirá para desprestigiar la lucha contra la corrupción que debía conducir el DPCA, confundiendo a la ciudadanía por la irresponsabilidad con que muchos se prestan a la difusión de verdaderos infundios, sin el menor análisis ni criticidad.

Bonilla compromete una aclaración del BC por cuanto pretende fundamentar su iniciativa judicial en la denuncia formal que esa institución formulara al DPCA el 6 de marzo del 2007, donde se  pidió acción judicial contra “los responsables del hecho de la distracción” de los pagarés por 10 mil 663 millones de pesos.

La investigación fue puesta en manos de Bonilla, entonces subdirector del DPCA y desde hace unos meses titular, y aunque la denuncia del BC proporciona todos los documentos y actos que permiten establecer quienes pudieron haberse constituido en asociación de malhechores para perjudicar el interés público, dos años y medio después el resultado es un parto de los montes.

La denuncia del BC precisa cómo el entonces  consultor jurídico del BC, Manuel Rubio Cristóforis, dispuso de los pagarés para entregarlos a la directora legal del GFN –del que él había sido funcionario- , sin que mediara ninguna resolución de la Junta Monetaria, ni una autorización formal de alguna autoridad de la institución. Incluso anexan una intimación a Rubio del 4 de diciembre del 2006 para que “devuelva los pagarés irregularmente distraídos”, e identifican a quienes han admitido tener los pagarés  y el uso que han pretendido darles.

Pero en vez de identificar y perseguir a los beneficiarios de la distracción,  los deudores del BC, el DPCA acusa de haberse convertido en una gratuita asociación de malhechores a quienes los procesaron judicialmente. Y aunque la denuncia del BC justifica sobradamente la asistencia financiera dada en su oportunidad al Bancrédito, Bonilla lo ignora y también levanta cargos sobre el particular. Llega al dislate de responsabilizar al gobernador José Lois Malkún, de las facilidades de liquidez otorgados a ese banco desde el 1 de agosto del 2002, aunque él fue designado en el cargo en marzo del 2003.

En fin, que después de dos años y medio de investigación, la tardía denuncia de Hotoniel Bonilla es una vergüenza jurídica.

Al amigo Euclides, con cariño

Este va en primerísima persona, ya que en días pasados, en su primera andanada contra las entidades de la sociedad civil que firmaron un comunicado reclamando límites a la malversación de los recursos estatales, Euclides Gutiérrez tuvo la gentileza de separarme,  junto al doctor Luis Scheker, de esa colección de insignificantes que a su juicio constituyen el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC).

Supongo que de esa forma quiso honrar la relación respetuosa que hemos sostenido durante décadas en el quehacer profesional y político nacional. Pero a decir verdad no me sentí satisfecho con tal distinción. Prefiero que me mantenga junto a esos varios cientos de humildes ciudadanos que integran PC, que tanto han contribuido a mantenerme viva la fe en la sociedad dominicana durante los últimos 16 años.

Ahora que Euclides llamó a sus parciales del Partido de la Liberación Dominicana a romper lanzas y pelear en defensa de las agresiones de PC, Finjus y otras corporaciones de anónimos ciudadanos, me veo obligado a expresarle mi rechazo, por los términos tan desconsiderados que utilizó al reclamar que le den la nómina de sus empleados, preguntando “de donde sacan ellos el dinero para andar en carros bonitos, ropa, muchos sacos y corbatas, gente que no tiene antecedentes de éxitos profesionales ni de magisterio”.

Con planteamientos tan desconsiderados, tan escasos de argumentación política o ideológica Euclides dio una justificación para que le recordaran un pasado trujillista de años juveniles del cual había logrado reivindicarse. Demostró además una ignorancia total de lo que es y quienes constituyen PC, indigna de un político tan veterano.

Si Gutiérrez  maneja el Internet sólo tiene que buscar en WWW.pciudadana.com y  encontrará toda la información que pidió y mucha más. Pues pretendiendo ser coherente desde su fundación PC mantiene actualizada la información referente a sus ingresos y egresos, fuentes de financiamiento, nómina y salarios de sus empleados administrativos y técnicos, además de un director ejecutivo.

En la institución central sólo hay una decena de asalariados y otra veintena en varios proyectos como el de formación de líderes y las casas de justicia que se realizan en acuerdos con otras instituciones. En su mayoría dedican muchas horas sobre el horario laboral y en días festivos a trabajar por la institución. Todos los dirigentes de PC, miembros del Consejo Nacional, el Comité Coordinador y las comisiones de trabajo, son voluntarios que no reciben ninguna remuneración, ni gastos de representación, ni combustible para sus vehículos que ponen al servicio de la institución. En cambio pagan una cuota mensual.

Si se pasa revista a los 15 coordinadores generales que ha tenido PC se podrá comprobar que todos llegaron a la institución con ropa, saco y corbata y antecedentes de éxitos profesionales: el empresario Tony Isa Conde; los economistas y financistas Isidoro Santana, Melba Barnett Rivas, Alfonso Abréu Collado, Paulo Herrera Maluf y Francisco Checo; los politólogos y sociólogos Rafael Damares Toribio, Faustino Collado, Ramón Tejada Holguín y Miriam Díaz Santana; los abogados Francisco Alvarez Valdez, Luis Scheker Ortiz y Samir Rafael Chami Isa; así como el ingeniero Porfirio Rodríguez Iriarte y el líder comunitario José Ceballos.

Como coordinadores generales todos tuvieron que cumplir jornadas de trabajo gratuito, a menudo con más de 40 horas a la semana. Absolutamente todos salieron del cargo sin una camisa ni saco adicional. Y como ellos hay varios centenares en muchos municipios. Son tantos que es imposible identificarlos, aunque tengo que pedir permiso para señalar a luchadores democráticos de más de medio siglo como Josefina Padilla, Oscar Grullón y Polón Muñoz.

PC es una institución democrática, sin caudillismo ni clientelismo, que enorgullece a quienes hemos militado en ella, que transparenta todos sus actos, aunque ninguna ley la obliga. Pero no ocurre lo mismo con la Superintendencia de Seguros que dirige Euclides Gutiérrez, que sí está obligada por la ley de Libre Acceso a la Información y su reglamento a mantener  en Internet todo lo referente a presupuesto, ingresos y gastos, licitaciones, concursos, compras,  así  como listados de funcionarios y empleados con sus funciones y remuneraciones, y declaración jurada de bienes.

El sitio de la Superintendencia de Seguros carece de toda esa información. Es una pena que Euclides todavía no haya podido cumplir con el mandato de esa ley y de su reglamento,  que en el inciso 8 del artículo 21 incluye también el “Listado de beneficiarios de programas asistenciales, subsidios, becas, jubilaciones, pensiones y retiros”. Podría haber transparentado  la nominilla que el año pasado él mismo confesó que tiene en el organismo estatal que dirige. Cuánta pena amigo Euclides!

Llevarse el cocinero sí es un delito

Por Juan Bolívar Díaz

Salí del encuentro-almuerzo convocado el jueves por el Presidente de la República con ejecutivos y comentaristas de medios de comunicación con un triste sentimiento de frustración, con esa sensación de que la ética y la política están definitivamente divorciadas y no hay orientador espiritual ni sicoanalista que pueda reconciliarlas.

Por un lado ví al viejo amigo Leonel Fernández presentando un gran legajo de leyes aprobadas en los últimos años para mejorar la administración pública y prevenir la corrupción administrativa. Ahí  estaba el apreciado abogado, el mismo que nos acompañó tan generosa, honorífica y valientemente en la defensa de la ley de profesionalización de los periodistas, entre 1989 y 1991.

Por otro lado advertía al “político pragmático” que proclama una y otra vez que en su gobierno ha habido, hay y habrá voluntad para combatir la corrupción, pero al mismo tiempo titubea ante medidas específicas para combatirla, proclama las dificultades de probar la prevaricación y malversación y hasta llega a establecer teorías como esa de “que un funcionario se llevó el cocinero para su casa, está mal, pero no es un robo. Se trata de debilidades del sistema administrativo”.

Ciertamente que las nuevas leyes de Hacienda, de Presupuesto, de Crédito Público, de Tesorería, de Compras y Contrataciones, de Planificación e Inversiones, de Función Pública, como la de Defensor del Pueblo, la que penaliza el robo de energía y otras han sido aprobadas en la última década, muchas de ellas promulgadas por el doctor Fernández.

Pero también es cierto que ese legajo impresionante de reformas fue aprobado a regañadientes, a cuentagotas, casi impuestas por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, o por la presión de instituciones nacionales y extranjeras. De ellas algunas no se han cumplido en absoluto, y otras apenas se observan a medias, como las referentes a las compras y contrataciones del Estado.

Con frecuencia se escucha a políticos y autoridades judiciales excusar la impunidad bajo el alegato de que las leyes son blandas o no castigan específicamente muchos delitos de la administración pública. Y en parte tienen razón, porque al hacerlas se han cuidado de dejar suficientes brechas para que siga el reparto, la apropiación de los recursos del Estado no sólo para el enriquecimiento personal, sino también para realizar actividades políticas.

Es que el robo del patrimonio nacional está a la vista de todos en el boato, en la ostentación de riquezas, en las mansiones y el gasto, pero también en una actividad política que se ha encarecido desproporcionadamente. Ya hasta para ser candidato a regidor se precisa de mucho, mucho dinero, que casi nunca sale de la fortuna personal, sino del robo directo o indirecto al Estado, de la malversación del erario público. Malversar es, según la Real Academia de la Lengua, “invertir ilícitamente los caudales públicos, o equiparados a ellos, en usos distintos de aquellos a que están destinados”.

Con limitaciones o ambigüedades, la Constitución de la República, el Código Penal, y la Ley de Función Pública condenan no sólo toda apropiación de los recursos estatales, sino también el tráfico de influencias y hasta la asociación de malhechores. Pero los vacíos que puedan tener bien pueden ser llenados, con propuestas específicas que no se ven. Por ejemplo, en su proyecto de nueva Constitución el presidente Fernández  desaprovechó una gran oportunidad.

Que un funcionario contrate hasta un chef y le pague con los recursos bajo su administración y se lo lleve para su casa, puede ser que no esté contemplado como un robo, pero lo es. Según ese planteamiento si el funcionario se roba el dinero para pagar el chef  sí roba. Pero si ordena que lo paguen por la nómina, es sólo una “indelicadeza”, según el código que el clientelismo balaguerista impuso y que sus sucesores han continuado,

El problema es de política, no legal, y viene desde arriba, como forma de hacer política, de buscar mantenerse en el poder, o retornar a él. Puede ser con el chef, el barrilito, las nóminas y nominillas, las fundaciones, las tarjetas de crédito, o como se le quiera llamar. Si fuera legal por lo menos hubiésemos visto muchísimas cancelaciones, para lo cual ningún presidente requiere código especial.

Reparto que no tiene límites

Por Juan Bolívar Díaz
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A pesar de que el presidente Leonel Fernández reconoce que el último año ha sido realmente difícil para la economía nacional, aparentemente todavía no contempla la menor restricción en el gasto corriente, especialmente en el de personal, que ha seguido creciendo, elevando la nómina pública casi a 600 mil empleados, incluidos 95 mil pensionados, según dio cuenta esta semana el reputado economista Carlos Despradel.

Los datos disponibles indican que en el primer cuatrimestre del año el gasto de personal del Gobierno se incrementó en 20 por ciento, proporción más significativa si se tiene en cuenta que es en relación al primer cuatrimestre del año pasado, pleno período de la campaña reeleccionista que elevó la repartición del patrimonio público y originó un déficit fiscal superior a los 55 mil millones de pesos.

Ya al reportarse los resultados del primer trimestre de este año, se registró el crecimiento del gasto de personal, lo que el secretario de Hacienda, Vicente Bengoa, quiso justificar por el incremento salarial dispuesto en julio pasado. Pero este fue del 15 por ciento y sólo para los empleados que perciben hasta 30 mil pesos mensuales.

A partir de agosto pasado el presidente Fernández auspició un festival de incremento de las botellas como premios políticos a sus últimos devotos, mientras sostenía que lo peor de la crisis económica internacional ya había pasado y que no veía cómo podía afectarnos. Entonces escribimos que si el mandatario aceptaba la realidad no podría mantener esa expansión del gasto.

Pero resulta que esta semana en una disertación en un seminario internacional, el doctor Fernández se despacha con que desde marzo del año pasado ha tenido que afrontar “el período más grave y severo, de mayores precariedades a nivel de Gobierno que yo he sentido en todo el tiempo que he estado en el ejercicio gubernamental”.

Pero aún así el número de empleos estatales y los niveles de los altos salarios siguen en ascenso, al igual que las reparticiones que se realizan a través del programa Solidaridad, que ya abarca a más de 800 mil personas, lo que implica que un millón 400 mil reciben ingresos del Estado, en baja proporción altísimo y la gran mayoría ínfimos.

La carga es desproporcionada para un país con tantas precariedades estructurales, donde todos los días la población tiene que realizar disturbios en reclamo de satisfacción a necesidades elementales, como las de agua potable, energía eléctrica, reparación de calles, caminos y carreteras, construcción de escuelas y centros de salud. Con una disminución de sus ingresos estimada en un 20 por ciento en el primer cuatrimestre, es inconcebible que el gasto de personal siguiera en ascenso. Pero contrasta e irrita saber que en ese período a educación y salud se destinó un 17 por ciento y un 21 por ciento menos de lo presupuestado, como documenta Edwin Ruiz en un reportaje en el semanario Clave.

Es obvito que este Gobierno se acostumbró a un nivel incontrolado de gastos, gracias a las cuatro reformas tributarias realizadas entre 2003 y 2007, que elevaron sus ingresos en un 143 por ciento entre el 2004 y 2008, período en el que la inflación no pasó del 30 por ciento. Y ahora no puede dar ni la mínima señal de austeridad en medio de una crisis económica que está lejos de ser superada.

Lo que sí ha reducido significativamente el Gobierno es la inversión pública, en un alarmante 70 por ciento en el primer cuatrimestre, lo que explica tantas obras paralizadas y tantas calles, carreteras y caminos vecinales en crítica situación, lo que a su vez explica la multiplicación de las protestas sociales.

Como ni a un loco se le ocurriría hablar ahora de una nueva reforma tributaria, el Gobierno cifra todas sus expectativas en endeudamiento externo e interno, éste último en términos alarmantes desde mediados del año pasado. Y se habla de empréstitos como si la carga de la deuda no fuera el pretexto que el mismo presidente Fernández ha aducido para tratar de justificar las mínimas proporciones que seguimos destinando a educación.

Toda la sociedad debería exigir al Gobierno un plan de austeridad, o por lo menos una congelación del gasto corriente, especialmente del de personal. Y rechazar la carrera de endeudamiento que es al parecer la única estrategia gubernamental para enfrentar la crisis económica, que no olvidemos tiene un importante componente de origen nacional.

Un grave reto en Guatemala

Por Juan Bolívar Díaz
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El asesinato en Guatemala del abogado Rodrigo Rosenberg tres días después de que había grabado un vídeo advirtiendo de esa posibilidad y responsabilizando al presidente de esa nación, es una ocurrencia insólita que no puede pasar desapercibida ni diluirse en el tiempo sin que sea esclarecida hasta las últimas consecuencias.

Es impresionante el vídeo difundido en la nación centroamericana y puesto a disposición universal en diversos sitios de Internet. Durante 15 minutos la víctima abundó sobre sus temores de ser asesinado por su condición de abogado del empresario Khalil Mussa y de su hija, muertos violentamente el 14 de abril en la capital guatemalteca.

Probablemente nunca había quedado una grabación con párrafos como este: “si usted está viendo este vídeo es porque yo, Rodrigo Rosenberg Marzano, fui asesinado por el secretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, y su socio Gregorio Valdez, con la aprobación del señor Alvaro Colom y de Sandra de Colom”, la primera dama.

La grabación se efectuó el jueves y el domingo Rosenberg cayó abatido a balazos mientras practicaba ciclismo en una calle de la capital guatemalteca. Testimonia que el empresario Mussa fue asesinado junto a su hija por haberse negado a encubrir “los negocios ilegales y millonarios que se negocian cada día en el Banrural”.

Mussa formaba parte de la junta directiva de esa institución crediticia de capital mixto, estatal y privado.

En medio de crecientes demandas de que estos crímenes sean esclarecidos y no queden en la impunidad, el presidente Colom ha afirmado su inocencia, pero no parecen suficientes sus afirmaciones de que el vídeo es falso, ya que el abogado no sólo fue asesinado, sino también enterrado.

Tampoco es suficiente atribuir las acusaciones a un complot contra la institucionalidad de esa nación, bien débil por cierto, ya que ostenta el nada envidiable récord de ser probablemente la única del mundo donde hubo que crear una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), por iniciativa de las Naciones Unidas y aceptada por el Estado.

La comisión quedó instituida en diciembre del 2006, cuando el gobierno que antecedió al actual firmó un protocolo con las Naciones Unidas. Su objetivo fundamental es fortalecer y ayudar a las instituciones del Estado a investigar y procesar a los responsables de delitos penales derivados de la actividad de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de pretendida seguridad.

Guatemala es con mucho el país latinoamericano de mayor número de asesinatos políticos y sociales que se cuentan por millares durante más de medio siglo, sin perdonar al liderazgo político, sindical, campesino y hasta religioso. Esa violencia viene en declive en los últimos años pero parece que todavía está lejos de ser controlada.

La muerte del abogado Rosenberg es un desafío bien serio para el presidente Colom, quien ascendió al poder hace año y medio despertando expectativas de cambios institucionales y sociales que para nada sería sorprendente que hayan quedado en el olvido al influjo del poder, como ocurre constantemente en nuestros países.

El desafío se extiende también a la CICIG, que opera bajo la jurisdicción de un comisionado designado por el secretario general de la ONU, y a la que se ha pedido que se haga cargo de investigar este crimen, lo que debería extenderse también al que afectó al empresario Mussa y su hija.

Lo que no debe ocurrir es que quede en la impunidad un crimen preanunciado por la víctima, quien además señaló las razones que lo generarían.

Mientras tanto, hay que convenir en que Macondo no fue un invento literario de Gabriel García Márquez, sino expresión del surrealismo latinoamericano.

Concursos impolutos en Indotel

Por Juan Bolívar Díaz
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El jueguito me costó muchas horas de reuniones y de lectura de documentos que brotaban diariamente del correo electrónico, como si ya no tuviéramos suficientes con los centenares que nos abruman cada día.

Pero aún así la aventura valió la pena y al final terminé tan identificado con el personal del Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (Indotel), que pronto acepté formar parte de la observación de otro concurso público. Y siento tanta satisfacción que doy gracias al querido colega José Rafael Vargas y a su equipo de técnicos y profesionales, cultores de eficiencia y transparencia.

Cuando me invitaron a mediados del año pasado a formar parte de un grupo de observadores del concurso internacional para seleccionar la empresa que administrará el sistema central de Portabilidad del servicio telefónico dominicano, creí que era cuestión de un par de reuniones y ver la apertura de unos sobres. Compartí el papel con dos amigos devotos de la integridad y la transparencia: Servio Tulio Castaños y Juan Santamaría.

Pero en Indotel lo tomaron demasiado en serio y nos remitían decenas de comunicaciones relacionadas con el asunto. Para colmo, y fruto de la decisión de lograr las mejores condiciones, en noviembre se declaró desierto el concurso que se había abierto en julio. Para comenzar de nuevo hasta marzo pasado.

De lo que se trataba era de contratar una empresa que aporte la tecnología y la experiencia en la administración de los sistemas para que cada usuario de una línea de teléfono pueda mantener su número aún cuando decida cambiar la empresa que le da el servicio.

Para el concurso se integró un Comité Técnico de Portabilidad integrado con representantes de las empresas de telecomunicaciones, que canalizaba sus decisiones hasta el Consejo Directivo del Indotel. Todo fue tan transparente que no dejó el mínimo margen para quejas, y lo grande es que al final tanto el órgano regulador como las empresas y los usuarios salieron ganando.

Evadiendo la tentación de entrar en especificaciones técnicas, baste señalar que la misma empresa que ganó el primer concurso, anulado porque los precios quedaron muy por encima de lo esperado a la luz de los precedentes internacionales, resultó la seleccionada en el segundo, pero con un aterrizaje que vino a demostrar la validez de los concursos públicos y transparentes.

Sólo a modo de ejemplo: La cuota mensual que habrían de pagar las empresas telefónicas a la administradora de la portabilidad se redujo de 245 mil 740 dólares a 47 mil 944. Lo que pagaría un usuario por tramitación de una solicitud de portabilidad cayó de 6.67 a 4.35 dólares. En esta misma suma quedaron las cuotas a ser pagadas por verificación de rechazo, revocación de la portabilidad y cancelación de la numeración que, según el primer concurso, hubiesen costado entre 20.59 y 34.51 dólares.

Sin duda que la representación de las empresas de telecomunicaciones fue un factor decisivo en el éxito del concurso, gracias a una legislación promotora de la transparencia y a una eficiencia y una honradez administrativa a toda prueba, que se manifiesta sistemáticamente en toda compra o contratación significativa.

Recuérdese que fue la misma empresa que ganó el concurso declarado desierto quien se adjudicó el segundo ofertando precios mucho menores, lo que es posible también si en el proceso se evidencia que no hay que pagar las elevadas comisiones que impone la corrupción administrativa.

La experiencia de Indotel, como la ya comprobada en Promese y otros organismos estatales, debería ser suficiente para imponer el cumplimiento total y definitivo de la ley de concursos públicos para compras y contrataciones del Estado. Sin excepciones y aún cuando cueste tiempo. Es que en estas experiencias de las que he sido parte los ahorros son de enormes proporciones.

Ah! Y estoy dispuesto a seguir ofertando mi tiempo en la observación de concursos públicos. Y resultó barato: sólo algunas tazas de café y té y las sonrisas compensadoras de una nueva generación de servidores públicos con sentido de la ética y la profesionalidad. Es suficiente para renovar la esperanza y el deseo de vivir.