No hay que temerle a Ninguno

Por Juan Bolívar Díaz

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Lo menos que ha causado es extrañeza la velocidad con que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE) rechazó la propuesta de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que abogan porque en las boletas electorales se establezca una casilla con la denominación de Ninguno, mediante la cual se pueda expresar insatisfacción con las candidaturas propuestas.

Hay que suponer que quienes suscribieron la comunicación dirigida a la JCE no estarían esperando el aplauso de la mayoría de los dirigentes políticos que auspician todo género de  usurpación de los derechos ciudadanos y que se niegan a reconocer que la democracia es mucho más que depositar un voto.

Pero seguramente que tampoco esperaban el rechazo absoluto y automático de un jurista de la categoría del doctor Julio César Castaños Espaillat, ni mucho menos los calificativos hasta de necios con que políticos, politiqueros y comentaristas han respondido una propuesta formulada con un lenguaje tan constructivo, conceptuoso y respetuoso.

Las 133 personas en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos que suscribieron la solicitud merecen una respuesta por lo menos respetuosa. En su gran mayoría son ciudadanos y ciudadanas reconocidos en sus respectivas profesiones, quienes reclaman su derecho a participar y a expresar civilizadamente su disensión.

Lo que están planteando es que dada la creciente insatisfacción con las opciones políticas dominantes, se abra la puerta a expresar un voto disidente, en vez de abstenerse de concurrir al certamen electoral. Es cierto que tienen la opción del voto en blanco, pero en el sistema electoral vigente éste se anula, al igual que el de quienes pecan de ignorantes.

Ciertamente que para contar los votos en blanco o para establecer la casilla de Ninguno se requiere una reforma de la ley electoral, cuestión que está implícita en el petitorio. Seguro que los solicitantes no ignoran esa realidad como tampoco que no será fácil obtener la aprobación de la mayoría de los legisladores.

En esencia lo que reclaman es un canal democrático adicional, que el sistema electoral nacional reconozca el derecho al disenso que existe en los parlamentos de todo el mundo, en las asambleas democráticas de todo género de asociaciones, e incluso en las de la mayoría de las corporaciones y empresas modernas, donde se puede pedir que conste en acta la abstención. En muchos países también se cuenta el voto en blanco.

Los políticos de ninguna manera deberían temerle a la casilla Ninguno. Más bien deberían auspiciarla, puesto que podría servir para medir el nivel de disenso consciente y sacar las conclusiones correspondientes. Como se supone que no temen a las encuestas que miden los niveles de insatisfacción ciudadana.

La generalidad de los políticos dominicanos está convencida de que sus partidos son tan sólidos como lo era Baninter, lo que debería ser una razón adicional para no estigmatizar la propuesta del Ninguno. Hasta podría servirles para demostrar que sólo una minoría tiene una insatisfacción militante frente al sistema partidario.

Y ciertamente que esta sociedad muestra niveles de participación en los partidos por encima del promedio latinoamericano. Pero es cada vez más preocupante el nivel de insatisfacción, que hace temer un sorpresivo estallido que seguramente no dará pre-aviso como ha ocurrido en muchos países de la región.

Acción Democrática y Copey, para referirnos a uno de los ejemplos más cercanos, dominaron durante cuatro décadas el escenario político de Venezuela que sobrevivió airosa la tanda de golpes de Estado de los sesenta y los setenta. Pero se sumergieron en un proceso de descomposición, corrupción y corrosión tan fuerte que no les permitió advertir que caminaban hacia el abismo.

En gran parte de Sudamérica el partidismo político ha llegado a niveles críticos, con numerosos colapsos. Aquí no ha ocurrido, pero es una temeridad pretender que estamos inmunizados. Lo más conveniente sería prevenir. Ninguno en vez de ser un peligro podría constituirse en el dolor que alerta sobre un proceso infeccioso degenerativo.

 

El fenómeno Martha Heredia

Por Juan Bolívar Díaz

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Más allá de su carisma y extraordinarias facultades y  habilidades, la novel cantante Martha Heredia se constituyó en las últimas semanas en un verdadero fenómeno de masas, digno de ser analizado por quienes se ocupan del alma de la sociedad y del comportamiento psicosocial de los dominicanos y dominicanas.

La culminación del concurso, de puro corte comercial, en que participaba en Argentina, se constituyó esta semana en un acontecimiento que concentró la atención de una altísima proporción de la población, de todas las clases sociales, suspendiendo actividades hasta de las más sagradas de la temporada navideña.

Llamó la atención los miles de personas hasta de bajos ingresos que invirtieron decenas de pesos para votar telefónicamente para que la jovencita de apenas 18 años fuera coronada como nueva ídolo de la canción latinoamericana en un evento que obviamente es ignorado por las grandes naciones del continente. La mejor prueba es que en sus dos últimas ediciones los cuatro finalistas han sido de países de poca población, dos veces de Costa Rica, una de Panamá y ahora la dominicana.

Es una pena que los dos últimos años los costarricenses siempre quedaran en segundo lugar, ya que esa hermana nación no tiene grandes ídolos artísticos ni deportivos de nivel internacional, con la excepción de la nadadora Claudia María Pool, nicaragüense nacionalizada, quien que ha acumulado cinco medallas de oro, incluso una de Olimpíada.

En Costa Rica los periódicos no dieron ni la cuarta parte de la atención a su concursante de la que dieron los dominicanos. Y eso podría develar en parte el fenómeno de masas de Martha Heredia. Los ticos tienen mucho más fe en su nación que los dominicanos, por lo que no precisan agarrarse de cualquier oportunidad de brillar en el exterior para reafirmarse.

Costa Rica figura entre los tres países latinoamericanos de mayor tasa de desarrollo humano, de menor delincuencia, de más altos niveles de educación, salud y seguridad social. Tiene suficiente energía eléctrica y más barata que nosotros. Los ticos no han huido en masa para Estados Unidos ni para Europa. Nosotros en cambio estamos entre los últimos diez en desarrollo humano y en algunos renglones básicos sólo competimos con tres o cuatro de los 34 países del continente y la mayoría sueña con emigrar.

Pero en lo que somos un fenómeno colectivo es en nuestra capacidad para pasarla bien, en nuestra alienación, hasta el punto que en reciente evaluación internacional nos disputábamos el primer lugar entre los más felices del mundo. Por eso debemos ser uno de los países donde las fiestas navideñas se celebran por más tiempo e intensidad. Desde octubre hay mensajes y promociones navideñas, que en el mundo desarrollado comienzan con el mes de diciembre.

No podemos restar méritos a la arrojada jovencita Martha Heredia ni dejar de celebrar que  elevara la autoestima nacional, como lo han hecho en otros momentos Juan Luis Guerra, Pedro Martínez, Samuel Sosa o Félix Sánchez. Pero no podemos dejar de mirar al fondo del fenómeno.

Este país necesita reafirmarse como nación, colectivamente, devolviendo a las mayorías la fe en su viabilidad, para que nuestros hijos no gasten el tiempo pensando cómo burlar las normas migratorias internacionales para integrarse al desarrollo. Tenemos que ganar el concurso colectivo de reafirmación nacional, para reclamar, exigir y construir entre todos reales soluciones a nuestros problemas, comenzando por la imprescindible inversión en educación que, una vez más, no se presupuesta para el ya próximo año.

Congratulemos a Martha Heredia también por recordarnos cuánto apreciamos los primeros lugares y salgamos a buscarlos no sólo en la farándula y los deportes, sino en todos los concursos del mundo.

¡Qué curva tan impresionante!

Por Juan Bolívar Díaz

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Por más familiarizado que se esté con los reportes de Competitividad Global que presenta cada año el Foro Económico Mundial, es dramáticamente impresionante ver los gráficos sobre República Dominicana presentados en una ponencia del reputado economista Isidoro Santana, quien durante más de 16 años ha dedicado parte de su valioso tiempo a luchar por transformaciones económico-sociales y democráticas e institucionales desde las filas del movimiento Participación Ciudadana.

El Reporte 2009-10, que abarca a 133 países de todos los continentes, mantiene el país entre los últimos 25 peor evaluados, pero lo que es más significativo compitiendo por los últimos escalones en servicios fundamentales como educación, salud pública, y energía eléctrica, así como también en malversación de los recursos públicos.

Ya los informes del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Humano han resaltado cómo la República Dominicana ha sido una de las naciones del mundo que más crecimiento económico ha registrado en el último medio siglo, pero al mismo tiempo la que más oportunidades ha desperdiciado de convertirlo en desarrollo humano.

El país ocupa la posición 75 en ingreso promedio per cápita, y todavía pasa la prueba con la 85 en infraestructura, pero comienza a quemarse con la 93 en percepción de la corrupción, y 95 en competitividad. Pero donde la curva produce escalofrío es a partir del lugar 117 en funcionamiento de las instituciones.

El nivel desastroso es 120 en costos del crimen y la violencia, 122 en confianza en los políticos, 127  en desviación de los fondos públicos, 129 en calidad del sistema educativo y 130 tanto en calidad del suministro eléctrico como en fiabilidad en los servicios policiales. En calidad de educación en matemáticas alcanza la posición 131, para ascender a la 132 en dos renglones: calidad de la educación primaria y en derroche del gasto gubernamental. Finalmente esta nación se corona como campeona universal en favoritismo en las decisiones de los funcionarios públicos, con el último escalón, el 133.

Lo que esas evaluaciones están indicando es lo que hace muchos años vienen sosteniendo diversos analistas nacionales y del exterior, que este es un país con significativas riquezas y grandes potenciales, pero pobremente administrado históricamente por una clase política cada vez más ambiciosa y corrupta.

Nos hemos gastado unos gobernantes que se proclaman una y otra vez los constructores de la nación, grandes estadistas de la modernidad y el progreso, pero que han preferido siempre auto consagrarse como lideres eternos en base a la malversación de la corrupción generalizada, del clientelismo, de la compra de conciencia, de la satisfacción de los intereses de los poderes fácticos.

Una y otra vez pregonan  en las campañas electorales que la educación es el fundamento del desarrollo, pero desde que llegan al poder dedican todas sus energías a priorizar la varilla y el cemento, prefiriendo mantener al pueblo en la ignorancia, agradeciendo las funditas y las cajitas que se reparten para engañar, porque no llegan a mitigar el hambre más que de algunos días de cada mes. Ni siquiera los 700 pesos de la tarjeta Solidaridad sirven para otra cosa que no sea proclamar “la devoción por los más pobres”.

Pero lo más impresionante de todo es que se ha perdido la capacidad de asombro y que ya son pocos los que se detienen a ver y comentar el significado de informes como el del Foro Económico Mundial. Muchos están satisfechos del “enorme desarrollo” que muestra el polígono central de Santo Domingo y algunas zonas de Santiago que nos permiten pensar en el pequeño Miami. Algunos llegan a ver un Nueva York chiquito.

¿Qué tendremos que hacer para cambiar el curso del país? Tememos que no será mediante el endeudamiento para seguir la fiesta. Porque cada año será mayor la proporción de los ingresos nacionales que tendremos que dedicar a pagar la deuda. Y ese es el pretexto que una y otra vez se ha esgrimido para no destinar el porcentaje de mil consensos y de ley que deberíamos destinar para el desarrollo de las potencialidades de todos los dominicanos y dominicanas. Y así mantendremos el círculo vicioso.

Procede ahora la Ley de Partidos

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que la Asamblea Nacional ha concluido la aprobación de la nueva Constitución de la República es imperativo que las cámaras legislativas se aboquen a aprobar el Proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que se viene consensuando desde hace diez años y que ya fuera aprobado por los diputados en agosto pasado al finalizar la anterior legislatura.

Se trata, además, de uno de los compromisos asumidos por el presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana y por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Miguel Vargas Maldonado, en las concertaciones que facilitaron la aprobación de la nueva carta magna, que involucraron a una decena de comisionados de ambas instituciones políticas.

Vargas Maldonado recordó el compromiso el pasado miércoles, considerando que esa ley, al igual que la nueva Constitución, “debe servir de impulso a la democratización y al fortalecimiento institucional del país”.

Justamente en menos de una semana tanto el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), como el presidente de su Cámara Administrativa, doctores Julio César Castaños y Roberto Rosario, insistieron sobre la necesidad de reglamentar las campañas electorales para establecer límites que preserven los valores democráticos.

El doctor Rosario recordó los esfuerzos que hizo la Cámara Administrativa el año antes de las últimas elecciones para reglamentar tanto la extensión, propaganda  y el gasto de las campañas electorales como las finanzas de los partidos. Castaños fue más específico al plantear que tan pronto proclamen la nueva Constitución ese organismo se abocará a reglamentar las campañas electorales, con límites a su duración, al gasto de partidos y candidatos y a la propaganda, en base a “los principios de equidad, libertad y transparencia” que indica el numeral 4 del artículo 262 de la nueva carta magna.

Durante años ha habido amplio consenso en la sociedad dominicana sobre la necesidad de reglamentar el accionar político partidista y las campañas electorales para preservar los principios democráticos y dar transparencia a esas fundamentales actividades humanas. Ello es más urgente en vista de la inflación que se registra en el costo de las campañas electorales, aún para obtener una nominación para regidor. Más necesario cuando  se dan regresiones como la de aumentar el poder de las cúpulas directivas de los partidos en la elección de los candidatos, que el proyecto de Ley de Partidos preconiza como derecho de los militantes, excepto un pequeño porcentaje para facilitar alianzas.

La aprobación de la Ley de Partidos debe adelantarse a la reglamentación de la JCE, porque tendría mayor legitimidad y porque ya hay amplio consenso partidista y social y un compromiso de las dos fuerzas políticas predominantes. Aunque es obvio que ya el capítulo referente a las elecciones primarias de los partidos, con las correcciones correspondientes, no podrá ser aplicado en esta oportunidad, todavía hay tiempo para dar vigencia a otros aspectos como el funcionamiento de los partidos y las campañas electorales nacionales.

Vale recordar que el proyecto de Ley de Partidos plantea avances fundamentales como la opción de votar separado el senador de los diputados, que debería extenderse al síndico de los regidores. Así mismo garantiza el derecho a encuestas, sondeos y conteos rápidos con la única limitación de que no se publiquen dentro del horario de votación.

El proyecto contiene amplias normativas sobre las campañas electorales y los límites de los organismos del Estado durante las mismas, otorga facultades a la JCE para establecer topes de gastos e instituye normativas para la transparencia del financiamiento y el gasto de partidos y candidatos. Con las correspondientes sanciones para las violaciones, independientemente de las que correspondan al código penal.

La salud democrática de la nación y la preservación de sus  instituciones políticas demandan la rápida aprobación de la Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas. Desde luego, para darle cumplimiento.

¿Quién se acuerda de Deidania?

Por Juan Bolívar Díaz

Durante un reciente almuerzo con el Procurador General de la República, conversaba con ese fino ser humano que es el colega Mario Rivadulla y otros invitados sobre las inconsistencias de la justicia dominicana y nos vino a la memoria el caso de Deidania González, la trabajadora doméstica que participó en la violenta muerte del arenero de San Cristóbal José Castro, junto a la esposa y dos de los hijos de la víctima.

Recordamos que tras una intensa campaña de opinión pública, encabezada por asociaciones femeninas, la señora Miriam  Brito fue indultada en diciembre del 2007, tras cumplir uno de los 20 años de cárcel a que fuera condenada, en lo que sin duda fue un exceso absoluto del tribunal ya que el caso calificaba como defensa propia dada la bestial violencia que contra ella, sus hijos y la trabajadora ejercía la víctima, ampliamente documentada en el proceso judicial, por sus vecinos y hasta en medios de comunicación. Tanto que la señora Brito presentó ante autoridades más de cien denuncias de la violencia de su esposo, sin que nadie la protegiera.

Con Miriam al fin se hizo justicia y hoy atiende a su traumatizada familia, quiera Dios que con mucho éxito. Pero dos años después la trabajadora Deidania sigue presa en Najayo, sin que ni las feministas se sonrojen porque ella solita está pagando aquella indeseada muerte en la que según se testimonió participaron hasta dos de los hijos menores del arenero.

Todavía hay un agravante adicional, y es que era tan generalizada la conciencia de que la trabajadora era doble víctima, ya que también sufría violencia hasta de violación sexual, y como empleada subordinada, que durante el proceso judicial fue libertada en hábeas corpus. Y cuando se pronunció la sentencia que la condenaba a ella a 30 años de cárcel, 10 más que a Miriam Brito, ésta fue arrestada y aquella se fue a su casa, donde vivió sin ocultarse de nadie, hasta que al indultar a la esposa, se acordaron que ella también había sido condenada. Su inocente error fue dejarse entrevistar por televisión y decir que no había huido de nada ni nadie, que simplemente no había sido apresada y vivía con su familia.

El 27 de enero del 2008 en este mismo espacio me publicaron el artículo ¿Quién aboga por Deidania? Apelaba a las autoridades judiciales para que no permitieran la barbaridad de que ella solita, por ser una humilde trabajadora fuera la única que pagara por el deplorable caso. Desde entonces estoy esperando siquiera un pronunciamiento de las agrupaciones de mujeres.

Dos de los párrafos de aquel artículo deben ser reproducidos: “Para que Miriam Brito concertara la muerte de su esposo con la trabajadora doméstica Deidania González y permitiera que se involucraran en la misma dos de sus cinco hijos menores, tenía que estar muy traumatizada. Debió actuar bajo un estado de arrebato, rayando en la pérdida de la razón, en defensa no sólo propia, sino también de sus hijos que padecían por igual la violencia paterna”.

“Es extraño que la trabajadora haya sido condenada a una pena mucho mayor y que la esposa fuera considerada como cómplice, sin que los jueces tomaran en cuenta la relación de subordinación que tenía que haber entre ellas. Si de justicia se tratara, quien diera el golpe fatal era intrascendente, dado el nivel de responsabilidad y conciencia de los actos”.

Es muy probable que a Deidania lo que le faltó fue un abogado que la defendiera y unos jueces que trascendieran las limitaciones de clases sociales y la cultura machista. Porque las dos sentencias fueron barbaridad.

Ahora, que dentro de un mes se cumplirán dos años del indulto de Miriam Brito es una buena oportunidad para reparar la grave injusticia que padece Deidania González otorgándole  el mismo beneficio.

¿Y qué del Estado de Derechos?

Por Juan Bolívar Díaz

Es verdaderamente preocupante la tendencia de la sociedad dominicana a justificar la violación del Estado de Derechos que en toda circunstancia debe regir todos los actos públicos y privados. Cuando no se hace bajo el argumento de preservar las instituciones políticas, es por razones de combatir la delincuencia. Por eso se fusiló a Francisco del Rosario Sánchez y a María Trinidad Sánchez, a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, a Manolo Tavarez Justo y sus compañeros y a Francisco Alberto Caamaño. Por lo otro se justifica que este año la Policía Nacional se encamine a anotarse más de 500 muertos, superando los 457 del 2008.

En estos días se ha escuchado a personas honradas e inteligentes de diversos estratos sociales lamentar que en el desenlace del secuestro del niño quedaran vivos sus autores, y alguien llegó a lamentar que no hubiese “intercambios de disparos”, lo que atribuyó a que el Jefe de la Policía Nacional estaba fuera del país.

Comprendo que se extienda la inseguridad cuando se producen dos secuestros en el término de un mes, ya que afortunadamente ese terrible delito no ha proliferado en el país. Y soy de los que creen que toda la sociedad tiene que empeñarse para evitarlo. Pero tampoco se pueden justificar los fusilamientos, secuestros y torturas para evitarlo.

No hay que pasar por la experiencia de Eduardo Baldera o del niño Ángel Agustín Jiménez Peguero, o ser miembro de esas familias, para demandar castigo justo de los responsables. Pero primero hay que establecerlos sin dejar dudas ni confusiones, y luego proceder acorde con nuestro Estado de Derechos.

El caso del menor de cinco años ha sido exitosamente resuelto en apenas dos días y van quedando muy pocas interrogantes. Es obvio que se trató de un secuestro intrafamiliar, pues fue planificado por una prima de la madre, la que según se ha informado fue detenida en la propia casa de la víctima. Se agotan las investigaciones para determinar si hubo otras implicaciones. Pero la justicia tiene a los acusados lo que permitirá su total esclarecimiento y las sanciones correspondientes. Los investigadores deben ser reconocidos.

En el caso de Baldera se dispararon todos los demonios, con secuestros, asesinatos, torturas, declaraciones mentirosas de autoridades y erráticas investigaciones que extendieron el drama a tres semanas, sin que se pueda atribuir a nadie el menor éxito en su desenlace, pues al final se habla de un escape. Con el agravante de que dos de los acusados, Cecilio Díaz y William Batista Checo, fueron fusilados por la Policía, lo que elimina dos piezas fundamentales para el total esclarecimiento y sanción de todos los culpables. Ni siquiera han podido establecer dónde mantuvieron tantos días al secuestrado.

Los testimonios de los campesinos y del alcalde de Sabana Cruz, Socio Lino González devolviendo los cinco mil pesos con que pretendieron comprar su conciencia y su silencio para que no insistieran en que detuvieron desarmado  y entregaron vivo a Batista a la PN, y su foto, vivo, dentro de un vehículo policial deberían conmover las conciencias de gatillo alegre que tanto abundan.

¿Cómo condenar estos dos secuestros y guardar silencio ante los otros dos? ¿Cómo justificar que la estudiante de 22 años María Magdalena Díaz, hija del imputado fusilado Cecilio Díaz, fuera mantenida secuestrada por hombres vestidos de civil que entre el 25 y el 28 de septiembre la interrogaron en lugar que ella ignora sobre el paradero de su padre? ¿Cómo justificar el secuestro, el 28 de septiembre,  por hombres vestidos de civil del contador Juan Almonte Herrera, también acusado por la PN, y su posterior desaparición?

¿Era esa jovencita también culpable? ¿Pero no hay compasión por ella y por sus familiares y los de los demás? ¿Y cómo justificar las torturas a que fueron sometidos por la PN los ciudadanos Antonio Pérez y Dani Caba?, quienes resultaron tan “culpables” que fueron dejados en libertad y testimoniaron su sufrimiento en Teleantillas.

No hay manera de justificar que estemos trocando el Estado de Derecho por un Estado del secuestro, torturas y asesinatos, en el que una patrulla policial puede entrar a la emergencia del hospital de Yaguate, el lunes 19,  para rematar al muchacho de 23 años Lisandro Cuevas Ferreras, a quien ya  habían baleado horas antes, completando así un “intercambo de disparos”. Y no porque fuera un delincuente, sino por haber resistido un desalojo. ¿Es liquidando el Estado de Derechos  que vamos a combatir la delincuencia?

Desagravio al expresidente Carter

Tal como lo ha solicitado el secretario de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, el gobierno dominicano debe desagraviar al expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien vino a la isla patrocinando un programa para la erradicación de enfermedades endémicas como la malaria, para lo cual su fundación ha destinado 194 millones de dólares, el 63 por ciento a ser invertido en Haití y el restante 37 por ciento en el país.

Todo iba bien en el proyecto y la visita del reconocido estadista hasta que se le ocurrió tocar un botón que dispara el sentimiento ultra nacionalista y el anti haitianismo que corroe el alma de una parte considerable de dominicanos que no aceptan la realidad de que compartimos una isla y no hay manera de remediarlo que no sea con la colaboración, con las negociaciones para establecer normas, tanto al movimiento migratorio como al comercio, la inversión, la salud, la educación y en muchos otros campos.

Lo que dijo el señor Carter en una rueda de prensa es que República Dominicana y Haití tienen que actuar conjuntamente frente a muchos problemas, asumiendo que no se puede combatir una enfermedad como la malaria en un solo lado, ya que se pasaría para el otro porque “no hay manera de que la República Dominicana sea capaz de detener la inmigración haitiana”. Para no dejar dudas de lo que quería decir,  Carter agregó que “es una situación que pasa en todos los países del mundo, tanto en naciones pobres como ricas” y puso el ejemplo de su propio país, Estados Unidos, que con todos los recursos del mundo no ha podido controlar la inmigración mexicana. Y todavía remató indicando que “lo conveniente es que “entre ambos estados exista cooperación para enfrentar la migración”.

Por más vueltas que se le dé a lo dicho por Carter no hay manera de fundamentar la conclusión de algunos fanáticos de que vino a abogar por la fusión entre las dos naciones, o a desconocer nuestra soberanía. Tampoco incurrió en un dislate diplomático ni en una ofensa como para justificar la declaración del canciller Carlos Morales Troncoso acusándolo de haber incurrido en una “innecesaria y absurda intromisión”. Este abandonó su habitual ponderación para advertir ofensivamente que no iba más lejos “por respeto a los años de Carter”. No se puede imaginar hasta dónde pretendía llegar.

Ya antes el responsable de la Comisión de reforma del sector Salud, Humberto Salazar, había pedido rechazar toda ayuda “que implique una visión conjunta de República Dominicana y Haití”, llegando a sentenciar que “los que acepten donaciones de manera binacional son malos  dominicanos porque atentan contra la soberanía nacional”. Todo un disparate conceptual desconocedor de la historia de la humanidad y de las políticas de los organismos multilaterales y de la cooperación internacional.

Apena sobremanera que muchos dominicanos  no puedan entender la necesidad de establecer una permanente y fluida cooperación con Haití, que es lo que nos conviene desde todo punto de vista, porque si allí no hay progreso peor será la presión migratoria. Es en ese sentido que en los ámbitos internacionales se proponen soluciones conjuntas, no sugiriendo que nos fusionemos en uno. Y eso es lo mismo que se recomienda en todas las fronteras, las centroamericanas, por ejemplo. Claro que –dirán algunos- allí no hay haitianos.

Hacemos el ridículo internacional porque además actuamos con doble rasero, como si fuéramos un país rico, como si no hubiésemos enviado más de millón y medio de personas hacia Estados Unidos, Europa, y a todos los países del continente, incluyendo las islas caribeñas, en algunas de las cuales llegamos a representar más del 10 por ciento de la población. En Costa Rica, por ejemplo, un periodista escribió esta semana que están hartos de los inmigrantes dominicanos.

Cuando se nos toca la sensibilidad antihaitiana nos olvidamos de todo, como le ocurrió al canciller al sostener que ningún presidente dominicano ha ido a Estados Unidos a hablar de sus relaciones con México y Canadá. Olvidó que el presidente Fernández ha abogado reiteradas veces en territorio norteamericano por políticas a favor de los indocumentados dominicanos, que ellos dos recibieron a senadores estadounidenses en La Romana hace tres años cuando se debatía una nueva ley de inmigración, que firmamos un comunicado conjunto con los países centroamericanos reclamando tratos especiales.

La desconsideración a Jimmy Carter no tiene la menor justificación y se revierte contra el país. No sólo es un ilustre expresidente de Estados Unidos, que cambió la política exterior defendiendo los derechos humanos, y un Premio Nobel de la Paz, sino que también contribuyó a la democracia dominicana en 1978 cuando se pretendió desconocer las elecciones presidenciales. Celebremos que a sus 85 años esté buscando casi 200 millones de dólares para ayudar a dominicanos y haitianos a superar enfermedades endémicas.

¿Hasta dónde vamos a llegar?

Por Juan Bolívar Díaz

Cada día son más los dominicanos y dominicanas que preguntan qué tendrá que ocurrir para que los dirigentes políticos nacionales se convenzan de que tienen que contener el nivel de deterioro que se registra en el país, que en vez de avanzar en la modernización y la organización social nos constituimos en un verdadero estado fallido donde predomina la delincuencia arriba y abajo y en todas sus manifestaciones.

Es difícil que transcurra un día sin que los medios de comunicación den cuenta de un nuevo acto de barbarie, como esa revelación del viernes de que el capitán de la Policía Nacional José Antonio Aníbal Polanco  y el teniente de la Fuerza Aérea Junior de los Santos descuartizaron al raso policial Adonis Vladimir Martínez para entregar su cabeza a un narcotraficante al que éste le había dado un “tumbe” de drogas por 20 millones de pesos.

Al ver el titular de la información muchos pensaron que era otra de las ocurrencias de Ciudad Juárez o Chihuahua, al norte de México, donde se apuesta cada día a superar los récords más espantosos del horror. Al comprobar que fue aquí entre nosotros, no pudieron menos que sentir pánico por el real nivel de penetración del crimen organizado en las fuerzas que paga la sociedad dominicana para mantener el orden y la seguridad. ¿Será cierto que un simple raso pueda dar tumbes por decenas de millones de pesos?

Los escándalos develados en los últimos meses en las provincias Peravia, Puerto Plata, Monseñor Nouel, San Cristóbal, Santo Domingo y en plena capital ya no dejan ninguna duda. Tuvieron que ocurrir para que cobraran crédito las reiteradas denuncias que desde hace dos décadas formularon sacerdotes y dirigentes sociales sobre la connivencia entre policías y militares y los narcotraficantes. Durante todos esos años se decía que eran parte de un plan de descrédito contra “sagradas instituciones nacionales”.

Lo mismo está ocurriendo con la dirección política. Es difícil saber  cuánto dinero del crimen organizado alimenta el desproporcionado costo de la enclenque democracia nacional o el volumen de recursos extraídos del patrimonio público para estas precampañas y campañas electorales en las que hoy se invierten millones de pesos para conseguir una curul de diputados o una sindicatura y hasta una regiduría.  Pero las ocurrencias que se vienen denunciando demuestran que no hay límites ni rubor en la actividad política y en la gestión del Estado y que predomina la  más absoluta impunidad. Esa afirmación queda justificada por el hecho de que dos diputados hayan sido capturados por cámaras de televisión mientras ejercían el voto de manera fraudulenta por otros colegas ausentes. Y nada menos que para aprobar una nueva Constitución. Crónicas periodísticas dicen que hace tiempo que esa práctica está entronizada.

Esta misma semana la Corte Suprema de Lima condenó a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público y a una multa equivalente a casi 10 mil dólares, a la diputada Elsa Canchaya por haber contratado su empleada doméstica como asesora parlamentaria. Su partido la expulsó sin contemplaciones. Otra parlamentaria, Rocío González, perdió el fuero legislativo por haber robado energía eléctrica.

Hace apenas semanas que aquí se demostró por televisión que un senador había incurrido en el mismo delito de colocar en la nómina del Senado a su empleada doméstica, con el agravante de que él mismo cobraba por ella y no le pagaba más que la cuarta parte. Ni siquiera se ha intentado una sanción verbal. En vez de ello se reacciona tratando de anular la ley de libre acceso a la información pública, y se denuncia el interés de la sociedad civil y de algunos comunicadores por “desacreditar a la clase política”.

Estamos llegando a los límites más extremos. En el principal partido de oposición ni siquiera se quiere dar derecho a la impugnación de hechos con verdaderos ribetes  fraudulentos ocurridos en una convención para elegir dirigentes políticos, como que no se hayan contado los votos de 438 centros de votación, un 13 por ciento del total.

Por más vueltas que  le demos al derrotero, es difícil prever hasta dónde vamos a llegar antes de que el liderazgo político se convenza de que está saturando la paciencia ciudadana. ¿Al descuartizamiento de las instituciones del Estado?

Dejen descansar en paz a Bosch y a Peña Gómez

Por Juan Bolívar Díaz

Tanto el profesor Juan  Bosch como el doctor José Francisco Peña Gómez conocían las debilidades, condicionantes y ambiciones de la política y los políticos, particularmente en un ámbito tan atrasado institucionalmente como el dominicano, y donde la corrupción, la violencia, el arrebato y el fraude son parte de una cultura que se nos impuso desde  los orígenes más remotos de la nación.

Maestro y discípulo fueron separados por divergencias más tácticas que estratégicas, magnificadas por las ambiciones de quienes le rodeaban. Bosch intransigente frente a los poderes fácticos y las debilidades y ambiciones de los seres humanos, se empeñó en constituir un partido realmente nuevo que pudiera encarnar las grandes transformaciones nacionales que soñaba. Desdeñó el poder por el poder mismo, hasta el grado que sus propios discípulos llegaron a murmurar que a él no le interesaba gobernar.

Peña Gómez, más flexible y coyunturalista creyó que llegando al poder podría realizar transformaciones fundamentales para cambiar la cultura política y la exclusión económico social. Su desprendimiento y pragmatismo determinaron que subordinara sus propias aspiraciones presidenciales para promover a Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco y a Jacobo Majluta hasta ser víctima de las ambiciones de éstos y de quienes se asociaron a sus proyectos de poder. Cuando vino a ser candidato presidencial comprobó lo pesado que era el muro de discriminación y odio que le cercó desde su nacimiento.

Juan Bosch y Francisco Peña Gómez, los dos políticos de más trascendencia internacional en la historia dominicana y los de mayores formulaciones ideológico-políticas, no pudieron alcanzar el poder para poner a prueba sus proyectos. El primero sería presidente tan sólo por siete meses, en circunstancias que le impidieron siquiera apropiarse de los mecanismos elementales del poder estatal.

El maestro vivió más de nueve décadas y se fue apagando lentamente, tanto como para no darse cuenta de que la mayoría de sus alumnos acariciaban su declive para abrirse paso al disfrute del poder del que él abominaba. Así, agotado, fue llevado a la abominable escena de levantar los brazos junto a Balaguer, Pérez y Pérez y hasta calieses manchados con la sangre de las hermanas Mirabal.

Peña murió consciente de que tributaba su existencia de sólo seis décadas en aras de la ambición de los suyos. Cuando le cuestionamos que estuviera agotando hasta su último aliento en una campaña para síndico, en su última entrevista para la televisión dos semanas antes de su  muerte, nos respondió imperturbable: a mi las campañas me dan vida, lo que me la quita es la ambición de la gente.

El caso de Peña Gómez fue más dramático que el de Bosch porque él fue víctima de la discriminación racial y el prejuicio anti haitiano que constriñe el alma de una apreciable proporción de los dominicanos. Fue discriminado hasta por muchos de sus propios compañeros de partido que lo aceptaban como líder para sobre sus hombros alcanzar poder y enriquecerse. Pero estimulaban la idea de que “el negro no podía ser presidente”. Sólo por eso en 1985 la mayoría de los perredeístas prefirieron a Jacobo Majluta de candidato presidencial, desdeñando al líder. Muchos no recuerdan que para las elecciones de 1982, con su PRD en el poder, Peña Gómez se escondió denunciando una conspiración en su contra que involucraba a jefes militares.

Tanto Bosch como Peña son parte del patrimonio histórico y de las reivindicaciones espirituales nacionales. Merecen descansar en paz, por lo que quienes les utilizaron e inutilizaron políticamente deben abandonar el uso de su nombre y de sus memorias.

Es suficiente con que abominen de la Constitución de 1963 y de toda la sangre derramada por su defensa y que los seguidores de los dos líderes se pongan de acuerdo para imponer la Constitución más retrograda de la historia nacional. Es ya demasiado que incluso se asocien a quienes cuestionaron la nacionalidad de Peña Gómez por ser descendiente de un haitiano para negarla constitucionalmente a quienes como él nacieron y se acogieron a la dominicanidad del jus solis, por encima de la legalidad inmigratoria.

¡Proclamen su Constitución negadora de derechos y complaciente de los poderes fácticos. Pero dejen descansar en paz a Juan Bosch y a José Francisco Peña Gómez!

El desorden de la venta de agua

Juan Bolívar Díaz

Todo el que esté interesado en una mejor organización de esta sociedad tiene que simpatizar con la disposición que han mostrado las autoridades de salud por supervisar y hacer cumplir las normas que rigen la venta de agua para poner fin a abusos incalificables y proteger a la población que paga un precio muy alto por el líquido vital.

Pero al mismo tiempo es preocupante que una vez más, después de tantos años de contemplación e inacción y cuando miles de personas viven del negocio, se recurra a los mecanismos más autoritarios para enderezar el rumbo, sin agotar firme y sistemáticamente un proceso que promueva inclusiones y no exclusiones.

De entrada hay que decir que el problema del agua es una de las más contundentes expresiones de la pobreza y la premodernidad en que sobrevive la población dominicana, más de la mitad sin todavía poder disfrutar del “privilegio” de recibirla en sus casas, y una proporción significativa sólo la recibe algunos días u horas.

En los barrios marginados de todas nuestras grandes urbes la población carece de un eficiente servicio de agua, por lo quetiene que pagar un precio mucho más alto por obtenerla que los privilegiados de las clases medias y altas. Por un tanque de 55 galones de agua contaminada se paga un mínimo de 30 pesos, llegando hasta 80 pesos dependiendo de las circunstancias, lo que al mes puede significar el 25 por ciento del salario mínimo promedio nacional. El camión de 2000 galones cuesta de 500 a 800 pesos.

Encima de todo la calidad del agua que se sirve aún por los acueductos es tan dudosa que hasta los más pobres destinan una parte importante de sus ingresos a comprar agua para el consumo humano, la embotellada a precios que oscilan entre 35 y 50 pesos, lo que arrebata otra importante proporción de los ingresos de los más pobres.

Esa carencia ha originado un gran negocio del agua en el país, con cerca de 500 plantas procesadoras en los registros de Salud Pública, de las cuales unas 250 venden agua “al granel” en los barrios más pobres, suministrada desde camiones por mangueras, casi a la mitad del precio de los botellones de 5 galones, pero obviamente con muy pocas posibilidades de mantener la calidad necesaria. Se ha dado el caso de que negociantes abusadores venden como procesada la misma agua del acueducto, especialmente cuando se llegó al extremo de ofrecerla en los colmados, sin el menor control.

Frente a esos abusos las autoridades de salud han estado dando respuestas y parecen decididas a poner límites aunque como ha ocurrido otras veces se teme que cualquier día se  cansen y todo vuelva a la posición anterior. El negocio lleva más de una década, con dos o trescientas pequeñas y medianas empresas e inversiones de varios miles de millones de pesos, incluyendo equipos, locales de procesamiento y vehículos distribuidores. Los interesados dicen que más de 2000 guaguitas y camiones.

Todos esos negocios y sus inversiones están condenados a irse a la basura de golpe y porrazo por la decisión de Salud Pública de simplemente  cerrarlos, porque no hay normativa para vender “agua purificada al granel”. Sus propietarios quedarían en ruinas. Para la calle irían miles de empleados de las plantas, conductores y ayudantes de los transportes. Y para más agravante, en los barrios más pobres tendrían que duplicar la inversión en el agua que toman.

Es obvio que la salud de la población debe estar por encima de cualquier negocio. Pero sin autoritarismos radicales que no toman en consideración las consecuencias socio-económicas. Lo procedente es que las autoridades establezcan normas para la venta del “agua purificada al granel”, que den un plazo corto para que todos los procesadores las cumplan y entonces sí cerrar definitivamente a los que fallen.

Ciertamente que es muy difícil controlar un negocio que se desarrolla en las calles y que el agua por manguera tiene muchas posibilidades más de contaminarse que la embotellada y sellada. Pero aún así sería justo dar oportunidad a ver si una parte se puede ajustar después de haber permitido tan alta inversión. Es obvio que eso requiere mucho más esfuerzo y personal de supervisión blindado contra el soborno.

Y finalmente que el gobierno destine siquiera una décima parte de los cientos de millones de pesos que gasta en propaganda política para realizar  una campaña educativa sobre cómo potabilizar el agua del acueducto o de los camiones, o cómo manejar la procesada y así aliviar el costo del líquido vital para la mayoría de la población.-