Sí, no sólo de pan se vive

Por Juan Bolívar Díaz

No sólo de pan vivirá el hombre (y la mujer), sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, fue la respuesta contundente con que Jesús el Nazareno  respondió cuando era tentado en el desierto por el demonio que le pedía una demostración de su filiación divina convirtiendo las piedras circundantes en pan, según Mateo capítulo 4, 1-11.

El planteamiento ha sido distorsionado históricamente por fariseos, explotadores y manipuladores, especialmente los que siempre han querido convertir la religiosidad en opio para el pueblo. No se le puede aceptar como una negación de la materialidad de los seres humanos y sus necesidades.

Si Jesús dijo “no sólo de pan…” estaba asumiendo que primero que nada se requería ese alimento, tan imprescindible para la vida que una vez tuvo que apelar a su multiplicación, junto con unos cuantos pececillos para satisfacer el hambre de una multitud que lo seguía.

Hay quienes admiten lo imprescindible del pan, o del plátano o la tortilla, que es lo mismo. Pero niegan que deba ser acompañado por mantequilla, leche, carnes y otras proteínas. Y que los seres humanos tienen que recibir lo suficiente para satisfacer muchas otras necesidades igualmente básicas, como el vestido, la vivienda, el transporte, la educación, la salud y hasta el entretenimiento.

Una de las expresiones más dramáticas de la ficción en que ha devenido la sociedad dominicana es justamente el desorden en la distribución del ingreso y en las condiciones salariales de las mayorías que tienen que apelar al pluriempleo y se degradan en los picoteos de todo género para poder sobrevivir.

Baste saber que el 64 por ciento de los trabajadores formales del país (casi las dos terceras partes) ganan sueldos inferiores a dos salarios mínimos, es decir menos de 15 mil pesos al mes, y las tres cuartas partes, sí el 75 por ciento, menos de tres salarios mínimos, unos 22 mil pesos mensuales.

Los datos son de la Tesorería de la Seguridad Social, lo que implica que  incluye a todas las grandes empresas, que no pueden evadir la contribución y donde se pagan los mejores salarios. Si se  incluyen las pequeñas que sí evaden y los trabajadores informales, las proporciones pueden ser todavía más inconcebibles.

 En el caso de los trabajadores del Estado el desorden es mayúsculo. Baste recordar que en julio pasado el presidente de la nación anunció que se llevaba el salario mínimo a 5 mil pesos mensuales, que es casi la cuarta parte del costo de la canasta básica de los pobres. El 85 por ciento de los trabajadores municipales recibe menos de 4 mil pesos al mes,  según sostuvieron recientemente en HOY los dirigentes de la Federación de Municipios.

Eso mientras los funcionarios políticos acumulan salarios de cientos de miles de pesos y disfrutan de vehículos, choferes, guardaespaldas, dietas privilegiadas para viajes y otras compensaciones. Ya sabemos que muchos regidores reciben 100 mil pesos al mes para asistir a una o dos sesiones de los ayuntamientos, y que en los organismos del Estado se auto-pensionan con 400 y 500 mil pesos mensuales.

Pero no hay dinero para pagar eficientemente los servicios fundamentales como  educación, salud y seguridad. Por eso maestros, médicos, enfermeras, laboratoristas, policías y militares reciben sueldos tan miserables que aún con pluriempleo no pueden alcanzar niveles de vida digno.

Todos reciben salarios muy lejanos de los 58 mil pesos mensuales que reclaman los médicos y que a algunos les parece un desbordamiento, aunque esa suma apenas permite vivir modestamente, sin soñar con techo propio. Entre quienes más condenan hipócritamente a los trabajadores del Estado que reclaman mejores salarios, están los que viven holgadamente de la cosa pública.

Por razones de elemental justicia en estos días hay que expresar solidaridad con los reclamos de los médicos, cuyo ejemplo deberán algún día  seguir las enfermeras,  maestros y policías, en una gran concertación, a ver si los políticos comprenden que aquí jugamos todos o se rompen las barajas.

Sí, no sólo de pan o plátanos viven los dominicanos y las dominicanas.

¿Todo está consumado?

Por Juan Bolívar Díaz

Cuando me hablaron de ese documento no lo podía creer. Pero un estimado amigo me hizo llegar una copia para sacudir mi incredulidad y desde entonces lo he leído como diez veces tratando de no despertar a la realidad, pero la letra es fría y contundente. Tengo en las manos el oficio 5787 del 11 de septiembre en curso, mediante el cual se solicita la cancelación de las actas de nacimiento y cédulas de identidad de las primeras 126 víctimas de la “limpieza” del registro civil que ejecuta la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral con el apoyo de la mayoría del pleno de los jueces.

El documento suscrito por el doctor Servio Tulio Almánzar Botello, en su calidad de director nacional  de Registro del Estado Civil, está dirigido al doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, y a los demás miembros del organismo.

El segundo párrafo consigna “que se refieren a la cantidad de 126 personas hijas de nacionales haitianos que fueron declaradas en el Registro Civil Dominicano, sin que los padres hayan adquirido la nacionalidad dominicana o su residencia legal en el país” y por lo tanto sin que pudieran presentar una cédula conforme las leyes 6125 y 8-92.

Señala los requisitos constitucionales para adquirir la nacionalidad  para concluir  que a estos hijos de haitianos no les corresponde porque sus padres han estado en tránsito en el país. No presenta documentación para saber hacia dónde transitaban. Seguro que muchos de ellos hacia “la otra vida” puesto que en su gran mayoría se quedaron para siempre aferrados a esta tierra de inmigrantes y emigrantes.

Por ningún lado se encuentra referencia alguna al Reglamento 279 de la Ley de Migración No. 95 de 1939 que establece en diez días el período de tiempo en que a una persona se le podía considerar en tránsito. Se supone que rigió hasta el 2004 cuando fue aprobada una nueva ley de Migración la 285-04, aunque ésta no ha podido ser puesta en vigencia porque cuatro años después aún no se aprueba su correspondiente reglamento.

Resulta que estas 126 personas nacieron en tiempos en que se supone regía la legislación de 1939  y cuando era de general aceptación el precepto constitucional de que los nacidos en el territorio nacional son dominicanos, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Por eso los oficiales del Estado Civil los inscribían.

El oficio de Almánzar Botello  reconoce esa realidad, aunque expresa que “una mala apreciación o aplicación de la ley, un error de inobservancia o la mala fe de un Oficial del Estado Civil, al inscribir o registrarse un nacimiento, sin que se cumpla con el voto de la ley, no puede generar derechos de nacionalidad a favor de la persona inscrita”.

Por eso recomienda que retroactivamente se prive de la nacionalidad a estos 126 ciudadanos y ciudadanas, casi todos nacidos en la provincia de San Pedro de Macorís, el 56 por ciento en los años noventa, el 29 por ciento en los ochenta y el diez por ciento entre el 2000 y el 2001. Hay tres nacidos entre 1973 y 75 y el caso más relevante es el de Andrés (en el listado solo aparece el primer nombre) quien nació en Hato Mayor el 19 de agosto de 1948.

Se estima que suman cientos de miles los dominico-haitianos, pero la forma de “descubrirlos” es cuando van a solicitar una copia de sus actas de nacimiento, lo que hacen mayormente los que están en edad escolar, de sacar cédula o pasaporte o de contraer matrimonio. Por eso los que tienen 80 y 90 años no tendrán más sufrimiento que el moral, el de saber que administrativamente, sin que medie un dictamen judicial, se les puede privar de la nacionalidad para pagar por la ilegalidad de sus padres. Aunque una sentencia del 2005 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vinculante para la República Dominicana, establece que “el estatus migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”.

Andrés es la víctima de más edad de este despojo colectivo en marcha, que no sabemos si finalmente será aprobado por el pleno de la JCE. Sería interesante conocerlo y saber cómo a sus 60 años se le ocurre andar buscando copia de su acta de nacimiento. Ahora le despojarán hasta de la cédula de identidad, pero no quedará apátrida, ya que el director del Registro Civil recomienda que los 126 expedientes sean enviados al Consulado de Haití para que los inscriban como ciudadanos haitianos.

Si este genocidio civil se empieza a consumar, el escándalo repercutirá por todo el universo, ya que es difícil registrar algo similar. Hay muchas legislaciones para restringir la inmigración, pero no para el despojo masivo de la nacionalidad ya otorgada. Aunque un reconocido politólogo me contradijo afirmando que conoce al menos un precedente, cuando la persecución de judíos en la Alemania de Alfred Hitler.

La anulación de la Circular 017

Aunque sin expresarlo específicamente, la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral (JCE) ha dejado sin efecto su polémica Circular 017 del 29 de marzo del 2007, que decretaba la muerte civil de miles de ciudadanos, sustituyéndola por un “Instructivo” para la aplicación de la Resolución 12-2007 emitida por el pleno de jueces del tribunal en fecha 10 de diciembre del 2007.

El instructivo del 7 de agosto en curso, suscrito por los tres titulares de la Cámara Administrativa y la secretaría viene a dar la razón, sin admitirlo, al doctor Eddy Olivares y a la doctora Aura Celeste  Fernández, también jueces de la JCE, que en sendas instancias ante el plenario del organismo consideraron la Circular 017 como ilegal, ilegítima e inconstitucional.

Fue mediante esa circular que la Cámara Administrativa instruía a los oficiales del Estado Civil para que se abstuvieran de emitir copias de actas de nacimiento consideradas irregulares y se basaba en que tenían denuncias de que “fueron expedidas en tiempo pasado Actas de Nacimiento de forma irregular con padres extranjeros que no han probado su residencia o estatus legal en la República Dominicana”.

A partir de esa resolución se negó de facto la expedición de copias de sus actas de nacimiento a millares de dominicanos de ascendencia extranjera, casi todos haitianos, bajo sospecha de que al ser declarados sus padres no eran residentes legales.

El doctor Olivares consideró que con esa circular la Cámara Administrativa había desbordado sus competencias al “trazar pautas que sólo podría disponer el Pleno de la JCE como órgano normativo”. La doctora Fernández fue más lejos atacando la Resolución 12-2007 porque ninguna disposición legal autoriza al tribunal a desconocer actos del Estado Civil, que corresponden a los jueces del Poder Judicial

En una sesión del 16 de julio pasado la mayoría del Pleno de la JCE validó la Circular de la Cámara Administrativa y su propia Resolución de diciembre pasado, aunque el documento informativo suscrito por el presidente del organismo no se refiere al fondo de las objeciones y se queda en las generalidades del legítimo interés por sanear el registro civil de irregularidades y falsedades.

El Instructivo recién emitido por  la Cámara Administrativa viene a dar la razón a sus objetores, al dejar sin efecto, sin mencionarla siquiera, su circular, ya que en su numeral 18, indica que “El presente Instructivo sustituye, con todos sus efectos, cualquier disposición de carácter administrativo que sobre esa materia se haya dictado”.

El instructivo no deja dudas de su carácter rectificativo cuando se fundamenta en la Resolución del Pleno de la JCE emitida nada menos que nueve  después que la Circular, en un intento por dotarla a posteriori de legitimidad.

Los defensores de la legitimidad tienen que celebrar la derogación de la Circular 017, especialmente porque en el instructivo desaparece la consideración de que la condición migratoria de los padres al momento de haber declarado un hijo le daba retroactivamente condición de irregularidad a un acta de nacimiento no importa cuantos años tenga de aceptada ni las veces que se hubiese certificado como buena y válida.

Ahora el Instructivo queda como una guía a seguir ante adulteraciones, fraudes e irregularidades que siempre se han producido y que sin dudas deben ser enmendadas, aunque sigue siendo discutible si no es violatorio de la ley sobre Actos del Estado Civil que determina un dictamen judicial previo a la negación de copias de las actas asentadas.

Resta por comprobar si de todas formas se sigue aplicando preventivamente a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que no demuestren que sus padres eran legales al momento en que fueron declarados, aún hubiese ocurrido hace un siglo.

Porque eso sí que es una barbaridad jurídica sin precedente universal, que debería herir la susceptibilidad de todos los seres humanos.

La Circular 017 era inconstitucional por su carácter retroactivo, ilegal porque hasta hace 4 años la Ley de Migración no reclamaba estatus migratorio para declarar como dominicana o dominicano a quien naciere en territorio nacional. Ilegítima, por cuanto lesiona gravemente a miles de personas que en última instancia no pueden ser culpadas por un acto ilegal de sus padres, mucho menos después de años y décadas de que se les reconociera la nacionalidad.

Nadando contra la corriente

Por Juan Bolívar Díaz

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Es obvio que en materia de derechos humanos y frente a los organismos internacionales, la República Dominicana nada todo el tiempo contra la corriente y le será  difícil superar el remolino en que ha caído, lo que importaría menos si fuéramos un país grande en territorio o población, o rico en petróleo o en uranio, cuya suerte dependiera poco del resto del mundo, y que no pidiera favor a nadie.

Pero resulta que somos pequeños y pobres, entre los más atrasados del continente, y dependientes en grado extremo de una energía cada día más cara, de los turistas y de las remesas que  nos envían nuestros emigrantes que saturan y dan guerra en muchos lugares del mundo, aunque actuamos prepotentemente frente a nuestros inmigrantes.

El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas  acaba de solicitar al Estado dominicano que cumpla todas sus obligaciones como país suscriptor de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, entre ellos el de dotar a todos y cada uno de los niños nacidos en el país de una acta de nacimiento.

Dicho comité, establecido en Ginebra, Suiza, está integrado por expertos internacionales en derecho de la niñez, y durante su 47 período de sesiones, efectuado en febrero pasado, recibió y dilucidó dos informes sobre la niñez dominicana, uno oficial y el otro alternativo, éste último presentado por la Coalición de ONG que trabaja por la Infancia.

Luego de escuchar y ponderar los comisionados recomendaron al Estado dominicano que haga esfuerzos por mejorar mecanismos que “garanticen verdaderamente todos los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes que viven en la República Dominicana”.

Enfatizan en el total cumplimiento de la Ley 136-03, exhortando a que se adopten las medidas necesarias para reestructurar los sistemas judiciales y, más específicamente, que se “garantice el derecho de todos y cada uno de los niños a ser registrados”, que se revisen todos los procedimientos para asegurar que se les expida el certificado de nacimiento, que éste no sea utilizado para discriminar a niños, y que “se establezca un procedimiento eficaz y gratuito por el que se suministre un certificado de nacimiento a todos los niños de hasta 18 años de edad que todavía no dispongan de dicho certificado”.

Es obvio que la resolución se refiere a los cientos de miles de  niños y niñas dominicanos, de la pobreza rural y urbana, que carecen de acta de nacimiento porque no los declararon o porque se las han negado en virtud de su ascendencia haitiana. El problema es viejísimo y reconocido por todos, hasta el punto de que organismos internacionales, como el Banco Mundial, están financiando programas para resolverlo. Pero muy pronto el Comité de Derechos del Niño, como otras entidades internacionales, se estarán ocupando de algo peor, derivado de las normativas de la Cámara Administrativa de la JCE destinadas a negar las actas renacimiento a otros cientos de miles (niños, niñas y adultos) que sí han tenido actas de nacimiento, con las cuales incluso pudieron obtener inscripción escolar y títulos hasta universitarios, cédula y pasaporte, contrajeron matrimonio y se divorciaron.

Pero ocurre que atendiendo a la reciente interpretación constitucional según la cual las personas de ascendencia extranjera cuyos padres no tuvieran residencia legal al momento de su nacimiento, no son dominicanos, se pretende despojar del acta de nacimiento a cientos de miles a los que antes se les otorgó porque les correspondía. Esta es una nueva barbaridad humana, porque se pretende despojar de su identidad a personas nacidas en el país no importa que hayan pasado cincuenta o cien años, y una barbaridad jurídica porque no habrá tribunal ni comité ni organismo ni juez que se respete en el mundo que acepte esa aplicación retroactiva de disposiciones administrativas y leyes bajo cuestionamiento.

Este genocidio civil todavía no ha llegado a los organismos internacionales, pero pronto será objeto de asombros y condenas, cuando lo entiendan, porque es difícil de entender, ya que nadie fuera del mundo de la irracionalidad puede concebirlo. Comenzó  el año pasado en virtud de una simple circular (la 017) de la Cámara Administrativa de la JCE, la que clandestinamente acaba de ser enmendada parcial e insuficientemente por sus autores, mediante un instructivo para la aplicación de una resolución posterior del Pleno del tribunal electoral. De este nos ocuparemos en el próximo artículo.

¿Por qué una nueva cédula?

Por Juan Bolívar Díaz

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Los que sacaron su cédula de identidad durante el siglo pasado saben que se trataba de un carnet elaborado en papel grueso, pero papel al fin, que no garantizaba la seguridad que hoy día se requiere para cualquier documentación. Se podía fabricar una cédula comprando o robando una matriz.

El simple contacto dactilar, la lluvia o el sudor eran suficientes para deteriorar y obligar a sacar otra copia de aquel documento que junto a “La Palmita del Partido” y el carnet del servicio militar obligatorio constituían “los tres golpes” de la seguridad ciudadana en aquellos años terribles cuando el país era una inmensa finca propiedad de Rafael Trujillo.

Hasta mucho después de concluida la Era de Trujillo, la cédula había que renovarla cada año, pagando unos sellos de Rentas Internas, pues era una forma de recaudación impositiva, hasta que evolucionaron los conceptos sobre contribuciones fiscales y el documento fue evolucionando a un simple instrumento de identidad.

Para los años setenta cuando se impuso el empadronamiento electoral, nació el carnet de votación que tuvo vida propia hasta los noventa, cuando la ley instituyó un documento único de identidad y electoral.

El último empadronamiento general que dio origen a la emisión de la actual cédula, tuvo efecto en el período l998-2000 cuando se emitió una cédula provista de suficientes garantías contra las falsificaciones y multiplicaciones. Se trata de un plástico de gran fortaleza cuando se graban los datos personales, la firma y la fotografía de cada persona.

Con la captura de las huellas digitales y su lectura electrónica a través de un código de barras se completaba todo un sistema de seguridad, aunque ciertamente en una proporción importante este aspecto no pudo cumplirse debido a fallos de electricidad, tecnológicos y humanos.

De cualquier forma esa cédula ha resultado invulnerable tanto en su función civil como electoral, manteniendo una excelente conservación física, resistiendo el tiempo y la humedad, sin que ni siquiera la desconfianza política hubiese osado denunciar su adulteración.

En tal circunstancia, es difícil entender por qué la Junta Central Electoral anda contratando una nueva cedulación general, cuyo costo hoy día superaría los mil millones de pesos y que obligaría a la ciudadanía a someterse de nuevo a un proceso de cedulación, que implica pérdida de tiempo y gastos personales, contradictorios con la etapa de austeridad en que debería estar concentrada la sociedad dominicana dada la crisis que amenaza con una nueva desestabilización económica.

Cualquiera que haga el ejercicio de observar su cédula llegará a la misma conclusión: ¿por qué hay que cambiarla? Cuando lo procedente es volver a prorrogarla y tal vez siquiera por diez años. Ya antes las cédulas emitidas en el 2000 fueron prorrogadas por lo menos dos veces. Sin la menor consecuencia. Se debe dar por supuesto que se puede contratar un nuevo tipo de cédula para los que la tienen que sacarla por primera vez y para los duplicados por pérdidas.

La contratación de una nueva cedulación, para lo cual han viajado a Estados Unidos los miembros de la Cámara Administrativa de la JCE, puede ser más improcedente a la luz del conflicto que mantiene ese organismo con la empresa Soluciones Modernas por un contrato de tecnología que incluye la emisión de cédulas.

Es más, una nueva cedulación obligatoria para el universo de los ciudadanos y ciudadanas podría renovar la desconfianza en el padrón electoral que tanto esfuerzo costó superar, y que se logró justamente con la cedulación del 2000.

Una montaña de mujer

Por Juan Bolívar Díaz

Ella es lo que en lenguaje popular llamaríamos una mujer del diablo, o quizás mejor una diabla a caballo. Al entrevistarla el jueves nos dijo que su apellido Malmberg significaba algo así como montaña de hierro, lo que en buen dominicano denominaríamos como una montaña de mujer.

La primera vez que la valoramos fue en la ocasión en que acompañaba a un funcionario del Banco Mundial para una entrevista en Uno Más Uno. Participó pero con las riendas tensas, como temerosa de herir susceptibilidades, pero dejando traslucir una clarividencia excepcional que luego mostró un puñado de veces en diferentes escenarios. Sin embargo, es de esas personalidades que penetran tanto que dejan la impresión de haber estado presentes durante toda la vida.

Christina Malmberg es una economista sueca que ha representado el Banco Mundial en el país durante cuatro años. Por esas circunstancias se le debería presumir circunspecta y formal, pero es un derroche de simpatía, una sinfonía humana que se desparrama y estalla en carcajadas, sin caer en la superficialidad ni abandonar el sentido de responsabilidad que le caracteriza. Y sobre todo exhibiendo el compromiso personal que impregna a su trabajo, razón por la cual se gana el corazón de la gente.

No se quedó en los espacios tradicionales de las clases gobernantes y la gente de poder. Por el contrario, pareció disfrutar muy especialmente el contacto con las organizaciones sociales, a las que dio apoyo, incluyendo la ACOPRO de Sabana Perdida donde hace 4 años debutó con un sancocho de doña Quisqueya Santos, “con un caldo que revivía muertos”.

Christina es tan expresiva como las buenas actrices,  proclamando que el subsidio eléctrico no es un subsidio sino un hoyo, que el hoyo de las quiebras financieras había que cobrarlo, que la impunidad es enemiga del progreso, por lo que urge trancar algunos peces gordos, porque para hacer tortillas hay que romper huevos.

Esta semana, ya en la recta final de su despedida, logramos una entrevista con ella en Teleantillas, en la que además de exhibir su sentido del humor y su valentía, aunque calculando sus palabras para no ofender, se empeñó en reconocer a los dominicanos y dominicanas y animarlos a seguir adelante porque queda mucho por hacer y un largo camino por recorrer, ya que llevar el país hacia delante no es una corrida de cien metros, sino un maratón. Eso sí nos recomienda definir prioridades y entonces sólo tomar acciones en concordancia con las áreas previamente identificadas.

En su discurso de despedida en un reciente cóctel, la Malmberg sacó una bola de cristal y vio en nuestro futuro una masiva inversión en educación, salud y agua potable, que se declara la guerra a quienes no pagan la electricidad y evaden impuestos y que se ponen en vigencia las leyes de libre acceso a la información pública y especialmente la ley sobre compras, contrataciones y concesiones de obras del Estado.  Christina Malmberg se va en estos días, pero será recordada por mucho tiempo como una excepcional funcionaria internacional, por los que trabajaron junto a ella y por cuantos la trataron. Ella lamenta tener que irse cuando finalmente ha aprendido a decir perico ripiao.

Y no conforme con lo que ha hecho aquí, promete estar atenta en Washington para ver si en algo puede ayudarnos desde su nueva posición en la dirección de la unidad de desarrollo sostenible.

Al rendirle reconocimiento, a Christina le auguramos  que los buenos vientos del pueblo siempre la empujen por las regiones de la solidaridad, que es la más auténtica expresión del amor y la amistad.

Condena saludable para la nación

Por Juan Bolívar Díaz

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Más allá de todo sentimiento humano, la condena definitiva de los principales responsables del fraude del Banco Intercontinental (Baninter) contiene una lección de enorme valor para la salud de la nación dominicana, por cuanto reivindica el principio de  que nadie está por encima de la ley y porque ya no se puede contar con la impunidad.

No era posible que quedara sin sanción el mayor fraude de la historia en términos proporcionales, con un costo de 74 mil millones de pesos cubiertos por el Banco Central, equivalentes a más del 20 por ciento del producto bruto interno y a casi el 90 por ciento del presupuesto nacional del 2003 cuando se denunció,  y que según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo empujó a millón y medio de dominicanos a los niveles de pobreza.

Si la nación hubiese tenido la fortaleza para sancionar los fraudes bancarios y financieros de la década de  los ochenta, probablemente no se habrían producido los descalabros del Baninter del Banco Nacional de Crédito y el Banco Mercantil, ni los desfalcos denunciados posteriormente en el Banco del Progreso.

Los seres humanos equilibrados no pueden celebrar la desgracia de otros, ni siquiera la de los que más daño causan a la sociedad, pero en el caso Baninter  hay que ponderar lo que implica de avance en la justicia y en la institucionalidad democrática el que se haya podido llegar a la sanción.

Es ponderable la firmeza con la que las anteriores y actuales autoridades monetarias insistieron en llevar el caso hasta las últimas consecuencias, resistiendo presiones mayúsculas, diatribas y hasta incoherencias de otros estamentos del Estado.

La sentencia ratificada por la Suprema Corte de Justicia compensa los esfuerzos de la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad creada para promover sanción de los fraudes bancarios y sostenida contra viento y marea por algunas organizaciones sociales y alienta esperanzas de nuevos hitos en el proceso de fortalecimiento de la justicia.

Hay que convenir, sin embargo, en que la presión internacional ha sido un factor determinante en que se llegara a ese nivel de justicia. Es obvio que esta nación todavía precisa de muletas externas para mantenerse en pie y crecer. Sin las firmes demandas de sanciones para los fraudes bancarios del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, de numerosos  funcionarios y diplomáticos de Estados Unidos y de los embajadores de España, Francia, Italia y Gran Bretaña, la impunidad habría vuelto a predominar.

Y no es que hubiese una conspiración internacional como algunos interesados alegan, ni que se quisiera victimar a algunos relevantes ciudadanos. Es que el daño causado a la sociedad es de una magnitud que de ninguna forma podía quedar en la impunidad.

Por encima de poderes tradicionales, y de la mezquindad política que intentó ocultar la realidad, en el caso de Baninter ha prevalecido la justicia. Aunque no en las proporciones que los códigos establecen y pese a que tardó cinco años, se impuso la sanción del inmenso fraude.

Quedan pendientes los otros casos, los cuales deberían culminar también en las sanciones correspondientes. Lo demanda la salud de la nación.

Insisten la JCE invade las funciones otros poderes

Por Juan Bolívar Díaz

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Los recursos elevados por los magistrados electorales Eddy Olivares y Aura Celeste Fernández expresan que al emitir  una resolución (017) que impide extender copias de actas de nacimientos legítimas a hijos de extranjeros y dominicanos hasta establecer que no son irregulares, el tribunal se excede en sus funciones e invade ámbitos del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.

Estiman que el “exceso” constituye un desconocimiento de preceptos constitucionales y de los derechos humanos.

El número de personas perjudicadas por la disposición ha ido en aumento y se dijo que solo en San Pedro de Macorís existe una lista de 500 personas impedidas de obtener actas para fines educativos.

Tienen amplio fundamento jurídico las dos instancias elevadas esta semana para que el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) deje sin efecto la circular 017 de su Cámara Administrativa que decreta un “genocidio civil” de decenas de miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana.

En una primera instancia, el doctor  Eddy Olivares pidió que se deje sin efecto la polémica circular del 29 de marzo del 2007, y en otra la doctora Aura Celeste Fernández solicita la revocación de la Resolución 12 de diciembre del 2007 que autorizó la suspensión de la expedición de actas consideradas viciadas o irregulares.

Ambos documentos sostienen que con esas decisiones la JCE se ha excedido en sus funciones, invadiendo el ámbito del Poder Judicial y desconociendo preceptos constitucionales y derechos humanos básicos del estado de derecho en perjuicio de un número indeterminado de ciudadanos y ciudadanas.

Firme oposición. Tras expresar por Teleantillas firmes reparos a la circular mediante la que el presidente de la Cámara Administrativa, (CA) doctor Roberto Rosario, dispuso la suspensión de la expedición de actas de nacimiento a descendientes de extranjeros cuyos padres no hayan probado su residencia legal en el país, los jueces electorales Olivares y Fernández procedieron a elevar sendas instancias para detener la acción.

La primera fue presentada el lunes 23 por el doctor Olivares, mediante un documento fechado el 18 de junio. Este solicita al Pleno de la JCE que conozca y deje sin efecto la circular 017, en tanto la doctora Fernández pidió dejar sin efecto una resolución del mismo Pleno que el 10 de diciembre pasado avaló la disposición que el doctor Rosario había emitido más de 9 meses antes, el 29 de marzo.

Las reacciones de los dos jueces se produce cuando aumenta el número de personas que han salido a la luz pública denunciando que la disposición administrativa les está impidiendo obtener actas de nacimiento para fines educativos, de cédulas de identidad y pasaporte, para matrimonio y divorcio, así como para empleos y suscripción de contratos.

Sólo en San pedro de Macorís una filial del Comité Dominicano de Derechos Humanos tiene una lista de 500 personas que se han reportado como afectadas por la disposición, en su mayoría para fines de educación primaria, secundaria, universitaria y hasta de postgrado.

Entre las víctimas hay muchas personas sobre 30 y 40 años, que siempre habían obtenido copias de sus actas de nacimiento, con cédula de identidad y pasaporte, incluyendo a profesionales, empleados estatales, obreros, deportistas y estudiantes. En su mayoría son de ascendencia haitiana pero los hay también descendientes de los “cocolos”, inmigrantes de las islas caribeñas de habla inglesa.

Sólo el Poder Judicial.  En el punto 15 de su instancia, Aura Celeste Fernández afirma que “No existe ninguna disposición expresa de la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil que le confiera a la JCE la facultad de ordenar a los Oficiales del Estado Civil la retención de Actos del Estado Civil”. Agrega que por el contrario ese papel se le confiere “de manera exclusiva a los jueces del poder Judicial”. Cita el artículo 31 de esa ley el cual dispone que cualquier persona podrá pedir copia de las actas asentadas en los registros del estado civil las cuales “se tendrán como fehacientes, mientras no sea declarada la falsedad de dichas actas”.

Refiere que durante más de cinco décadas la Suprema Corte ha sido constante en negarle a las autoridades administrativas del Registro del Estado Civil la facultad de restar méritos de manera unilateral a un acto inscrito en cualquiera de los registros bajo su custodia.

Tras citar el dictamen de la Suprema Corte del 2002 que declara las actas de nacimientos efectuadas en los plazos de ley como de “carácter irrefragable, hasta inscripción en falsedad” , la doctora Fernández  concluye que lo procedente es que la JCE se inscriba en falsedad, ante el tribunal competente, contra el acta del Estado Civil presumiblemente alterada y solicite su anulación, si procediera, recordando que en tal proceso deberá ser citada la parte afectada, la cual tendrá el derecho a defenderse ante un juez imparcial.

Proclama entonces que “la retención de un Acta del Estado Civil por la vía administrativa viola el legítimo derecho de defensa y la presunción de inocencia, establecidos en el literal k del numeral 2 del artículo 8 de la  Constitución”. Deduce que la Resolución 12-2007 viola el principio de la legalidad en detrimento de los derechos fundamentales de las personas.

Para no dejar dudas de que pudiera estar defendiendo ilegalidades, la doctora Fernández, al pedir que dejen sin efecto la indicada Resolución, plantea como mecanismo legítimo “el inicio de un proceso de inscripción de falsedad por la vía principal de todas las Actas del Estado Civil que las investigaciones internas hayan determinado como fraudulentas y solicitar a los tribunales competentes que ordenen la suspensión provisional de su entrega, en los casos en que legítimamente se determine que existe un verdadero riesgo”.-

Principios básicos

La doctora Fernández prefirió atacar la Resolución 12-2007 “que autoriza a la JCE a suspender provisionalmente la expedición de actas del Estado Civil que contengan irregularidades o vicios que imposibiliten legalmente su expedición y que solamente sean emitidas para fines estrictamente judiciales”, la cual ha sido señalada como una validación de la circular 017 que ella no duda en calificar como “cuestionada, inconstitucional, ilegal e ilegítima”.

Con su resolución la JCE estableció un mecanismo administrativo que “limita derechos fundamentales de las personas inscritas, socavando de esta forma el principio de separación de poderes establecido en el artículo 3 de la Constitución de la República que otorga al poder Judicial la facultad exclusiva de juzgar la actividad de todo órgano de la administración pública, y otros artículos de nuestra carta sustantiva” sostiene.

Indica que toda la sociedad ha reconocido la importancia del proceso de rehabilitación y remodelación de las oficialías del Estado Civil, pero que la responsabilidad de la JCE va más allá y en un Estado de Derecho no es posible bajo pretexto alguno sacrificar a los ciudadanos por los errores, descuidos y deficiencias de la autoridad.

La instancia se refiere entonces a una serie de principios que garantizan la seguridad jurídica, la libertad y la igualdad de los individuos, como la irretroactividad de la ley, el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia, que nadie puede ser condenado sin haber sido juzgado, y los principios de la razonabilidad de la ley, de igualdad y no discriminación, entre otros.

 

Sun Land, un contrato histórico

Por Juan Bolívar Díaz

Después que el presidente Leonel Fernández hiciera una nueva y ardiente defensa del contrato que autorizó a la Sun Land Corporation a vender 19 pagarés por 130 millones de dólares para realizar obras públicas, he vuelto a revisar el expediente y no hay manera de encontrarle explicación ni justificación a ese oscuro adefesio.

Es posible que la impunidad prevaleciente en el país a causa de la debilidad institucional deje sin sanción esta contratación. Pero quedará como referente histórico, pues debe ser la primera vez en la historia dominicana en que se dispone de todos los documentos demostrativos de un negocio tan lesivo al interés nacional.

Se dispone del “Contrato de Construcción de Obras Prioritarias para el Estado Dominicano, Suministro de Materiales y Equipos” suscrito el 15 de mayo del 2006 por el ingeniero Félix Bautista, a nombre del Gobierno Dominicano, y la señora Heredia Lembert, como gerente general de  The Sun Land Corporation RD.

Un segundo documento valioso es la carta de Bautista a Lembert y a Stephen Ferrera, Vicepresidente, Corporate Trust, del HSBC Bank USA, del 27 de junio del 2006, donde se refiere al contrato y consigna que “las obligaciones” que contiene “serán registradas el 2 de enero del 2007 en el Departamento de Crédito Público de la Secretaría de Estado de Finanzas”, el cual emitiría “autorización al Departamento de Tesorería para el repago de las notas”  (o pagarés).

Especifica que esos pagos serían con cargo al presupuesto de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), pero sin necesidad de especificarlo en la ley de gastos públicos. Indica que los compromisos “son hechos bajo la autoridad garantizada por el poder firmado por su Excelencia Dr. Leonel Fernández, bajo el número 106-06 de fecha 12 de mayo del 2006”.

Al contrato se le hizo un Anexo No. 1, sin fecha ni logo ni firmas, donde se indican las 11 obras que serían financiadas con el producto de los pagarés. Pero el 5 de diciembre del 2006 Bautista y Heredia firman un “Anexo No. 1 Enmendado” donde las 11 obras se reducen a 5, sin la menor explicación ni justificación.

El 17 de agosto del 2006, el ingeniero Bautista, como titular del OISOE, solicita a la Dirección General de Crédito Público de la Secretaría de Finanzas “el registro como deuda pública de las obligaciones contenidas en el Contrato para Obras Prioritarias suscritos (sic) entre el Estado Dominicano y la Sun Land Corporation”, especificando empero que consideren esta solicitud como depositada el 2 de enero del 2007 para que el registro sea hecho en esa fecha. El original consigna copia al HSBC Bank USA.

Tras el escándalo que siguió a la denuncia del contrato, sin que se ejecutaran las obras 17 meses después, el 25 de octubre del 2007, mientras el presidente Fernández lo justificaba ante ejecutivos periodísticos, el gobierno entrega un “Adendum y Precisiones al Contrato de Construcción de Obras Prioritarias…” Sin aludir al incumplimiento de las construcciones que según el contrato original serían concluidas en 12 meses, se establece un nuevo calendario para entrega, ahora a más tardar el 15 de julio del 2008.  Un mes después, el 28 de noviembre del 2007, se firma la “Resolución de Contrato” cuyo texto no fue hecho público. El 7 de diciembre el gobierno anuncia que “ha sido rescindido y por consiguiente dejado sin efecto”.

En este nuevo documento hay cláusulas claramente indicativas de la responsabilidad del Estado en el endeudamiento. Sin ninguna documentación, se acepta que Sun Land invirtió 31.9 millones de dólares, por lo que el Estado asume el pago de 5 de los pagarés. La empresa se compromete a pagar los 6 pagarés que vencerían en el 2008 por un monto de 41 millones de dólares, “liberando desde ahora y para siempre a la Primera Parte (el Estado) de toda obligación de pago vinculada a dichas notas promisorias”.

Y para rematar se compromete a abrir una carta de crédito irrevocable a favor del Estado Dominicano por la misma suma “como garantía de cumplimiento de las obligaciones de pago que pudieren originarse…”.  Estos documentos son auto incriminatorios. Aunque bastaba leer el texto de los pagarés para establecer si el Estado se endeudó con ellos: Este pagaré “compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”…”Su pago no depende de la terminación de ningún contrato o acuerdo”…”Es pagadero en la secretaría de Finanzas”…  La pregunta sigue vigente: ¿Quién se benefició de los 130 millones de dólares?

Desafíos para los periodistas

Por Juan Bolívar Díaz

Como parte de las celebraciones del  Día del Periodista tuve el honor de ser invitado por el Colegio Dominicano de Periodistas a pronunciar una conferencia el pasado martes, algo que asumí con interés porque de esa forma quería rendir tributo a la generación periodística de los sesenta.

Nada más volver a ese local del Centro de los Héroes, frente al Mar Caribe, se enternece uno de recuerdos de una etapa en la que los periodistas jugaron un rol estelar en las luchas del pueblo dominicano por sus libertades y derechos. En la primavera libertaria tratando de despertar las conciencias adormecidas, luego luchando contra el invasor extranjero y los apátridas, y en los doce años a partir de 1966 defendiendo las escasas pulgadas de libre expresión que nos separaron de una nueva dictadura.

La memoria de Guido Gil, Orlando Martínez, Gregorio García Castro y Narciso González, sacrificados alevosamente, nos obliga a reclamar lealtad hacia los principios fundamentales de la comunicación social en momentos en que el periodismo dominicano pasa por circunstancias críticas. Se ha perdido mucha independencia debido a la degradación del salario formal, lo que ha dejado a los comunicadores excesivamente expuesto a la tentación de recibir compensaciones de los poderes políticos y económicos. Políticas gubernamentales han aprovechado la circunstancia incorporando a las nóminas del Estado una proporción sin precedente de profesionales del sector, tras la crisis financiera que cerró muchos medios y debilitó a otros.

En la conferencia del CDP apelamos a las reservas espirituales de los periodistas dominicanos, invocando la memoria de sus mártires, presentando diez desafíos que transcribo a continuación:

1.- Renovar el compromiso del periodismo con la sociedad, bajo el fundamento de que la comunicación es un derecho universal imprescindible en la sociedad democrática, de múltiples direcciones y contenidos, que tiene una indeclinable hipoteca social, hasta más allá de los intereses políticos y empresariales.

2.- Rescatar los principios éticos fundamentales, diferenciando el trabajo profesional de los periodistas del quehacer de los relacionistas públicos.

3.- Contener el sectarismo político en que ha caído una parte del periodismo nacional, hasta el punto de que en algunos medios los comunicadores protagonizan los debates y confrontaciones políticas que rehuyen los candidatos.

4.- Insistir en la profesionalización del ejercicio periodístico, enfatizando la necesidad de investigar y publicar los resultados con independencia de los intereses sectoriales.

5.- Comprometerse en la lucha por superar los niveles de pobreza, exclusión social y hasta indigencia que afectan en diversas medidas a la mitad de la población dominicana.

6.- Asumir la comunicación como esfuerzo educativo que contribuya a superar los atrasos en la formación cultural, técnica y profesional de las nuevas generaciones, cuestión absolutamente prioritaria y fundamental para el desarrollo nacional.

7.- Enfatizar la necesidad de superar el autoritarismo y el presidencialismo que afectan el desarrollo institucional dominicano, rescatando el cumplimiento de la Constitución, de la ley, y de los consensos y pactos.

8.- Promover la aceptación de las nuevas dimensiones de la dominicanidad combatiendo las imposiciones, exclusiones y discriminaciones de cualquier género.

9.- Rechazar todas las violaciones de los derechos humanos, incluyendo la proclividad a aplicar el fusilamiento a los dominicanos de baja extracción social que apelan a la delincuencia y no reclamar mano dura sólo para éstos, sino también para los grandes depredadores del patrimonio nacional, del sector público y del privado.

10.- Fortalecer los lazos de solidaridad profesional, gremial y humana que unen a los trabajadores de la comunicación, sin lo cual es prácticamente imposible equilibrar siquiera en parte el poder que juegan los intereses del capital, de los anunciantes y de los políticos gobernantes en el proceso comunicativo.