Por Juan Bolívar Díaz

Después de todo hay que convenir en que este es un país con mala suerte, o que la degradación política que lo afecta es tan grande que tropezamos una y otra vez con la misma piedra sin que podamos coger cabeza. Como si nos persiguiera un sino fatal para el escándalo permanente, y a la ilegitimidad más absurda, cuando no a la ilegalidad.

Nadie podía haber esperado que a menos de tres meses de su juramentación los miembros titulares de la Cámara de Cuentas estarían envueltos en otro escándalo muy similar al que protagonizaron sus antecesores también al comienzo de su gestión y que los dejó en el descrédito hasta que tuvieron que dimitir en el proceso a un juicio político.

Hay que recordar que los anteriores apenas llegaron se duplicaron el sueldo a casi  600 mil pesos mensuales y se les cuestionó más porque fue a dos semanas de promulgada una ley de austeridad que congelaba y hasta reducía los salarios del sector público. Pero también por la ilegitimidad de auto reivindicarse de esa manera con los recursos públicos.

Vale recordar también que frente a los cuestionamientos aquellos respondieron con un comunicado argumentando que ese nivel de ingresos era necesario para dar un claro mensaje de que no serían sobornados, que no venderían las auditorías. En un país donde los jueces ganaban de 60 a 80 mil pesos, los fiscales alrededor de 50 mil pesos, los coroneles 18 mil y los maestros 8 mil mensuales.

El cobro de tres sueldos en diciembre que se acaban de auto disponer los miembros de la Cámara de cuentas cuando sólo llevaban dos meses en esas funciones no será ilegal, pero sí absolutamente ilegítimo y escandaloso, sobre todo considerando el destino que tuvieron sus antecesores.

Han respondido la indignación general con un comunicado igualmente penoso donde se declaran como chivos sin ley. En pocas palabras que nada les prohibía pagarse, además de su sueldo de 282 mil pesos, otro como bonificación navideña y un tercero por incentivo, en total 845 mil 919 pesos. Cabría cuestionar también la legalidad de  que varios de los jueces  cobraron la regalía pascual que les correspondía por los otros cargos públicos que ocupaban hasta el momento de su designación en la Cámara.

Los argumentos son lastimosos: que la Ley de Función Pública y el Reglamento de la Cámara de Cuentas nos los incluye a ellos en “los plazos legales y tiempos mínimo requeridos” para recibir la ”Regalía Pascual”, como tampoco a los titulares de la Junta Central Electoral. Y efectivamente no los podía incluir porque esos dos instrumentos jurídicos, como ellos mismos señalan,  se refieren a la carrera administrativa.

Como tampoco podían estar incluidos en el Código Laboral que rige para los empleados privados, los directivos de la Cámara de Cuentas se consideran chivos sin ley y por tanto con derecho a distribuirse el patrimonio público a su mejor conveniencia.

También hay que considerar que tanto la Ley de Función Pública como el Reglamento de la CC y el código laboral establecen que quien no tenga tres meses en un empleo no califica para recibir ni un centavo de “regalía pascual”. Y los que pasen de ese tiempo reciben sólo la duodécima parte de los salarios que hubiesen recibido, que tampoco es un sueldo completo. Legalmente en el sector privado el tope máximo obligatorio de “regalía pascual” es de apenas el equivalente a cinco salarios mínimos que equivalen a 36 mil 800 pesos.

Sería injusto esperar que se aplicaran el código laboral, pero muy razonable que siguieran la pauta de las normas para el sector público. Pero como ellos podían saltarse cualquier empalizada, como chivos sin ley, maximizaron la “regalía pascual” y se la duplicaron con un incentivo también injustificable a dos meses de estar en un cargo.

En esencia no es cuestión de legalidad, sino de legitimidad, de respeto a los fondos públicos que administran y a la sensibilidad de un pueblo con tan bajos niveles salariales, tanto en el sector público como el privado. Más aún si ya ellos mismos han reclamado un mayor presupuesto para el próximo año.

En la actual CC hay gente honorable, como las había también en la anterior, lo que no impidió el descalabro. Ahora como la otra vez hay que reclamar que devuelvan el dinero  que no les correspondía. Aquella vez el aumento fue revocado y aún así quedaron mal parados. Porque hay ilegitimidades peores que algunas ilegalidades.

Es lo mínimo que tienen que hacer para amortiguar el escándalo. Lo peor es que vayan a insistir en atribuir la denuncia e indignación a componendas entre políticos y ex-miembros del organismo, o al morbo y la irresponsabilidad de los comunicadores. Que intenten reparar el daño con  humildad, de lo contrario se justificaría que se les pidieran la renuncia o hasta que fueran destituidos por distraer en beneficio personal los fondos públicos que administran. Es lo que ocurriría en cualquier país siquiera de mediana intensidad democrática e institucional. No se olvide que al ser los llamados a controlar las cuentas nacionales deberían ser ejemplo impoluto no solo de legalidad sino de legitimidad.

Por Juan Bolívar Díaz

Una fuente anónima me hizo llegar esta semana copia de otra nómina que se paga con dinero de los contribuyentes, del que no alcanza para satisfacer las necesidades de educación, salud, alcantarillados sanitarios y caminos vecinales. Ésta corresponde al Instituto Agrario Dominicano (IAD) y comprende 1,209 personas que en su mayoría tienen asignaciones mensuales de 15 mil pesos, el resto entre esa cifra y 25 mil pesos.

La copia en mi poder corresponde al 2006, el concepto indica “Nómina pago Inspectores”, el monto total por mes es de 18 millones 355 mil pesos, lo que multiplicado por 13 implica una erogación anual de 238 millones 615 mil pesos. En su mayoría son hombres y de todas las edades, incluyendo uno de 93 años. El número de cédula que aparece junto a su nombre en la nómina permite entrar al registro civil o padrón electoral. En la columna correspondiente a seguridad social todos aparecen con el mínimo  descuento de 387 pesos, para una acumulación mensual de 473 mil 559. Pero en la  referente al pago de la empresa todos los renglones están en cero, al igual que el total.

Un primer vistazo arrojó como sospecha que el IAD no está reportando esos descuentos a la Tesorería de la Seguridad Social y, desde luego, tampoco hace el aporte que le corresponde. Eso lo pudimos comprobar con una muestra de “empleados” de diversos municipios, cruzados con los registros electrónicos de la seguridad social. La tercera parte no ha estado asegurada, y de la mayoría que sí aparece ninguno tiene como empleador al Instituto Agrario. Casi todos están registrados como empleados de las secretarías de Obras Públicas y Agricultura por algún pago, la mayoría en años anteriores, una minoría en el 2008. Casi todos tienen salarios similares a los de la “Nómina Pago Inspectores”.

Esos hallazgos pueden significar que el IAD no asegura a sus empleados, aunque les hace el descuento mínimo, que esas mil 209 personas no trabajan, sino que cobran allí, que aquello es una simple asignación, o que son nombres para sacar una suma mensual y destinarla a otras personas o fines. El que alguna vez cotizaran en Obras Públicas o Agricultura ratifica que se trata de gente con vocación para la nómina estatal.

Desde luego que el IAD no necesita 1,209 inspectores y menos con el 65 por ciento, casi 800, residentes en el Distrito Nacional donde no hay ningún proyecto agrario. Como los tres primeros números de la cédula indican el municipio, resultó fácil su ubicación geográfica. El 10 por ciento es de La Vega, donde sí hay algunos proyectos de parceleros agrícolas. Un tres por ciento de Salcedo, y dos por ciento de Santiago y Moca, respectivamente. El restante 18 por ciento se distribuye entre otra veintena de municipios.

Llama la atención la concentración urbana de estos “inspectores”, y que apenas aparezcan algunos en los municipios del Bajo Yuna, Azua, Monseñor Nouel y la línea noroeste, donde se concentran los mayores proyectos agrarios. Aunque ni aún en ellos hay algo que no puedan inspeccionar los gerentes, subgerentes, asistentes y los agrónomos, que tienen asignados.

Estamos ante otra “nominilla” que es como se ha designado los multimillonarios pagos estatales a dirigentes y simpatizantes políticos. No la confundan con la “Nómina CB” que, ascendente a 143 millones 120 mil pesos al mes, es de asignaciones más modestas, de sólo tres y cuatro mil pesos mensuales. Aquellos son 42 mil 434 presidentes de comités de base del partido gobernante. La nominilla IAD podría ser la que alguna vez me prometiera un dirigente del PLD como correspondiente a los comités intermedios.

Pedro P. Yermenos, quien el año pasado renunció avergonzado a su militancia peledeísta, dio cuenta de la amplitud de los pagos a los dirigentes del partido en su columna de El Nacional del 18 de marzo pasado. El escrito se tituló “Estuve en la nominilla”, aunque el autor dio cuenta que rechazó “aquella ignominia”.

No se trata de simple pago a empleados, que de esos el Estado tiene 500 mil, es de financiar a los dirigentes políticos, lo que en cualquier democracia de mínima intensidad se cataloga como corrupción y se sanciona. Es verdad, como dijo esta semana el presidente Leonel Fernández que la corrupción brota por todas partes, y él mismo recordó que hasta en el Banco Mundial. Pero se le olvidó decir que en muchos lugares se le combate y condena. El presidente de esa institución, Paul Wolfowitz, hubo de renunciar hace justamente un año sólo porque se sospechó que había ejercido influencia para que a una novia le aumentaran el sueldo.

Aquí sobran discursos, promesas, leyes y organismos anti-corrupción, pero en vez de condenarla y sancionarla, la auspiciamos y justificamos.