Como chivos sin ley

Por Juan Bolívar Díaz

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Después de todo hay que convenir en que este es un país con mala suerte, o que la degradación política que lo afecta es tan grande que tropezamos una y otra vez con la misma piedra sin que podamos coger cabeza. Como si nos persiguiera un sino fatal para el escándalo permanente, y a la ilegitimidad más absurda, cuando no a la ilegalidad.

Nadie podía haber esperado que a menos de tres meses de su juramentación los miembros titulares de la Cámara de Cuentas estarían envueltos en otro escándalo muy similar al que protagonizaron sus antecesores también al comienzo de su gestión y que los dejó en el descrédito hasta que tuvieron que dimitir en el proceso a un juicio político.

Hay que recordar que los anteriores apenas llegaron se duplicaron el sueldo a casi  600 mil pesos mensuales y se les cuestionó más porque fue a dos semanas de promulgada una ley de austeridad que congelaba y hasta reducía los salarios del sector público. Pero también por la ilegitimidad de auto reivindicarse de esa manera con los recursos públicos.

Vale recordar también que frente a los cuestionamientos aquellos respondieron con un comunicado argumentando que ese nivel de ingresos era necesario para dar un claro mensaje de que no serían sobornados, que no venderían las auditorías. En un país donde los jueces ganaban de 60 a 80 mil pesos, los fiscales alrededor de 50 mil pesos, los coroneles 18 mil y los maestros 8 mil mensuales.

El cobro de tres sueldos en diciembre que se acaban de auto disponer los miembros de la Cámara de cuentas cuando sólo llevaban dos meses en esas funciones no será ilegal, pero sí absolutamente ilegítimo y escandaloso, sobre todo considerando el destino que tuvieron sus antecesores.

Han respondido la indignación general con un comunicado igualmente penoso donde se declaran como chivos sin ley. En pocas palabras que nada les prohibía pagarse, además de su sueldo de 282 mil pesos, otro como bonificación navideña y un tercero por incentivo, en total 845 mil 919 pesos. Cabría cuestionar también la legalidad de  que varios de los jueces  cobraron la regalía pascual que les correspondía por los otros cargos públicos que ocupaban hasta el momento de su designación en la Cámara.

Los argumentos son lastimosos: que la Ley de Función Pública y el Reglamento de la Cámara de Cuentas nos los incluye a ellos en “los plazos legales y tiempos mínimo requeridos” para recibir la ”Regalía Pascual”, como tampoco a los titulares de la Junta Central Electoral. Y efectivamente no los podía incluir porque esos dos instrumentos jurídicos, como ellos mismos señalan,  se refieren a la carrera administrativa.

Como tampoco podían estar incluidos en el Código Laboral que rige para los empleados privados, los directivos de la Cámara de Cuentas se consideran chivos sin ley y por tanto con derecho a distribuirse el patrimonio público a su mejor conveniencia.

También hay que considerar que tanto la Ley de Función Pública como el Reglamento de la CC y el código laboral establecen que quien no tenga tres meses en un empleo no califica para recibir ni un centavo de “regalía pascual”. Y los que pasen de ese tiempo reciben sólo la duodécima parte de los salarios que hubiesen recibido, que tampoco es un sueldo completo. Legalmente en el sector privado el tope máximo obligatorio de “regalía pascual” es de apenas el equivalente a cinco salarios mínimos que equivalen a 36 mil 800 pesos.

Sería injusto esperar que se aplicaran el código laboral, pero muy razonable que siguieran la pauta de las normas para el sector público. Pero como ellos podían saltarse cualquier empalizada, como chivos sin ley, maximizaron la “regalía pascual” y se la duplicaron con un incentivo también injustificable a dos meses de estar en un cargo.

En esencia no es cuestión de legalidad, sino de legitimidad, de respeto a los fondos públicos que administran y a la sensibilidad de un pueblo con tan bajos niveles salariales, tanto en el sector público como el privado. Más aún si ya ellos mismos han reclamado un mayor presupuesto para el próximo año.

En la actual CC hay gente honorable, como las había también en la anterior, lo que no impidió el descalabro. Ahora como la otra vez hay que reclamar que devuelvan el dinero  que no les correspondía. Aquella vez el aumento fue revocado y aún así quedaron mal parados. Porque hay ilegitimidades peores que algunas ilegalidades.

Es lo mínimo que tienen que hacer para amortiguar el escándalo. Lo peor es que vayan a insistir en atribuir la denuncia e indignación a componendas entre políticos y ex-miembros del organismo, o al morbo y la irresponsabilidad de los comunicadores. Que intenten reparar el daño con  humildad, de lo contrario se justificaría que se les pidieran la renuncia o hasta que fueran destituidos por distraer en beneficio personal los fondos públicos que administran. Es lo que ocurriría en cualquier país siquiera de mediana intensidad democrática e institucional. No se olvide que al ser los llamados a controlar las cuentas nacionales deberían ser ejemplo impoluto no solo de legalidad sino de legitimidad.

Otro parto de los montes

Por Juan Bolívar Díaz

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Ahora se puede entender por qué la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dilató 14 meses para fallar sobre los dos recursos de inconstitucionalidad que le fueron incoados sobre el histórico contrato que dejó en manos de la empresa Sunland 130 millones de dólares, fruto de la venta en el mercado internacional de pagarés del Estado dominicano.

Ha resultado evidente que la mayoría de los máximos jueces del país carecen del valor que se necesitaba para desaprobar un acto del Ejecutivo, que la separación de poderes sigue siendo apenas un enunciado, y que todos los principios y hasta las propias jurisprudencias se pueden acomodar a las  circunstancias.

La esperada sentencia ha devenido en otro parto de los montes que tambalea la imagen de la justicia y divide en tres grupos la SCJ hasta el punto que su presidente consideró necesario proclamar que el organismo “necesita de un nuevo liderazgo capaz de aglutinar de manera más integral el pensamiento jurídico de la corte”. Tras esa patética confesión se puede esperar la renuncia del magistrado Jorge Subero Isa.

Lo que hizo la SCJ, con el voto disidente de tres de sus miembros, fue  desconocer y reacomodar la jurisprudencia que ellos mismos habían establecido en materia de la acción directa en inconstitucionalidad, en un penoso retroceso cuando más se necesita la acción ciudadana para contener el desbordamiento de los poderes públicos sobre todo en la administración de los recursos económicos.

En síntesis, la SCJ declaró inadmisibles los recursos del Partido Revolucionario Dominicano y del Foro Social Alternativo, restringiendo el alcance del artículo 62, inciso 1 de la Constitución que la faculta para conocer de la constitucionalidad de las leyes, “a instancia del Poder Ejecutivo, de uno de los Presidentes de las Cámaras del Congreso Nacional o de parte interesada”.

En 1998 en plena euforia reivindicativa del Poder Judicial, un grupo de reconocidas instituciones sociales elevó una instancia de inconstitucionalidad sobre la ley de carrera judicial promulgada en agosto de ese año precisamente por el presidente Leonel Fernández que vulneraba el principio de la inamovilidad de los jueces.

Entonces la SCJ tuvo valor para aceptar el recurso y declararlo válido, sentando de paso jurisprudencia al definir como “parte interesada” “aquella que figure como tal en una instancia, contestación o controversia de carácter administrativo o judicial… o que justifique un interés legítimo… o que actúe como denunciante de la inconstitucionalidad de la ley, decreto, resolución o acto, para lo cual se requerirá que la denuncia sea grave y seria”. Vale recordar que desde entonces acogió numerosos recursos incoados por “parte interesada”, como el referente a la Ley de Migración y el último sobre el Concordato del Estado con la Iglesia Católica, hace apenas algunas semanas.

Para no volver a molestar al gobernante, la jurisprudencia fue reinterpretada y ahora se establece que como el acto en discusión afectaba la facultad del Congreso Nacional para aprobar endeudamiento externo, no puede haber otra “parte interesada” que no sean los presidentes de las cámaras legislativas, que coincidencialmente son subordinados políticos del presidente de la nación. Ni siquiera reconoce ese derecho a los bloques de legisladores.

De lo que se trata es de un subterfugio, de una forma de evadir la responsabilidad de declarar la inconstitucionalidad del endeudamiento internacional sin la aprobación del Congreso. La misma sentencia lo reconoce en su página 11 al considerar que “ciertamente como ha sido alegado en la especie, el Poder Ejecutivo estaba en el deber ineludible de someter el acto impugnado a la sanción del Congreso Nacional, de conformidad con nuestra normativa constitucional”.

La sentencia es un penoso retroceso que debilita el estado de derecho y el aún débil ejercicio de ciudadanía y abre las puertas para que los gobernantes sigan burlando la constitución y las leyes, especialmente para que puedan apelar con subterfugios y maniobras al endeudamiento externo. Sólo se requiere tener subordinados en la presidencia de las cámaras, lo que ha sido casi constancia histórica en el país. Por coincidencia, en el proyecto de presupuesto para el 2009 se pide al Congreso autorización para contratar préstamos por 1,900 millones de dólares en los próximos 4 años, sin ningún detalle.

La sentencia fue un nuevo parto de los montes, y por suerte no llegó a incluir aceptar el absurdo de cinco jueces que pretendían el rechazo de los recursos por falta de objeto, como si los pagarés contratados no se hubiesen vendido y el dinero usufructuado ilegalmente como se reconoce en el pretendido acto de rescisión del contrato. La dignidad de los jueces Ana Rosa Bergés, Eglys Margarita Esmurdoc y Julio Aníbal Suárez, que fundamentaron su disensión, no alcanza para paliar esta dolorosa vergüenza.

Y por cierto, ¿qué se hizo con los 130 millones de dólares?

El último informe de la CEPAL

Por Juan Bolívar Díaz

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El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) vuelve a dejar mal parada a la República Dominicana, colocada en el segundo grupo de países de mayor pobreza con índice oscilante entre el 38 y el 48 por ciento, y junto a Honduras y Guatemala,  en los tres en que aumentó la brecha entre los más pobres y los más ricos.

 El Panorama Social de América Latina y el Caribe correspondiente al 2008 establece cuatro grupos de países atendiendo a sus niveles de pobreza: baja, que afecta a menos del 22 por ciento de la población, donde se ubican Argentina, Chile, Uruguay y Costa Rica; media baja (Brasil, México, Panamá y Venezuela) con menos de 32 por ciento de pobreza; media alta, (entre 38 y 48 por ciento), que incluye a República Dominicana, Colombia, Ecuador, El Salvador y Perú; y pobreza alta, que afecta a más del 50 por ciento de la población, señalándose a Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Paraguay.

Según el estudio, el gasto público aumentó de forma generalizada en la región en la última década, entre el 1997 y el 2007, mejorando el nivel de bienestar de los más pobres y contribuyó a la reducción de la desigualdad en todos los países de la región, con la excepción de Guatemala, Honduras y República Dominicana, en los cuales aumentó.

Mientras la mayoría de las naciones comprendidas en el informe registra descenso en las tasas de pobreza, en la República Dominicana se eleva la proporción de los que viven en la indigencia en el último lustro, a lo que contribuyó obviamente la crisis financiera derivada de los fraudes bancarios.

En general América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo, ya que el ingreso medio de los hogares más favorecidos supera 17 veces al promedio del 40 por ciento más pobre de su población, sostiene el informe, según el cual la pobreza disminuyó en el último año en 0.8 por ciento, afectando aún al 33 por ciento para un total de 182 millones de personas.

Sin embargo,  como otra expresión de la desigualdad, la pobreza extrema creció 0.3 por ciento impactando a 71 millones de personas, 12.9 por ciento de la población total.

Las perspectivas para el 2009 no son buenas en orden a la superación de la pobreza, pues la CEPAL advierte que la crisis financiera internacional impactará sobre toda la región, con reducción de la demanda, de la inversión en la producción, de las remesas y limitaciones de los mercados financieros, con peligro de que el empleo se estanque o disminuya.

El Panorama Social de América Latina y el Caribe, entregado esta semana pasará desapercibido en el país, o por lo menos no ocasionará impacto alguno, pues sus indicadores no serán noticias para esta sociedad acostumbrada a aparecer en los últimos escalones de las mediciones internacionales, sean sobre pobreza, educación, salud, corrupción, transparencia de la gestión pública o inversión social.

Ese sistemático resultado no sería tan sorprendente si al mismo tiempo la nación no registrara los más altos niveles de crecimiento económico en el último medio siglo como han  documentado los informes sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Para los que aquí están preocupados por el incremento de la delincuencia, vale resaltar que  el informe de la CEPAL apunta que la crisis financiera global agravará los factores que exacerban la violencia juvenil al incrementar el desempleo entre los jóvenes y generar frustraciones de expectativas de movilidad social.

Mientras más amplias sean las desigualdades y la ostentación, mayores  frustraciones generarán  y cada día más jóvenes llegarán a la conclusión de que no tienen motivos para respetar las reglas del ordenamiento social, sobre todo si está a la vista de todos que son de gran movilidad para los grupos más privilegiados de la sociedad.

Es una nueva invitación a revisar la distribución del ingreso y el bienestar en el país, sustituyendo las humillantes dádivas, que en estos días se expresan en fundas y cajas  navideñas, por real inversión en educación, salud y desarrollo para superar la pobreza.

Esa ley debe ser vetada

Es asombroso que el Consejo Nacional de la Seguridad Social, ni la Gerencia General, ni la superintendencia de Pensiones, ni la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, ni las administradoras de los fondos de pensiones, y ni siquiera los representantes de los trabajadores hayan rechazado enérgicamente la ley recién aprobada por el Senado que dispone que se podrá invertir hasta un cinco por ciento de los fondos de pensiones para el financiamiento de la educación técnica y superior.

Todavía hay tiempo para que los llamados a defender esos fondos reaccionen y pidan formalmente al Presidente de la República que vete esa ley por abusiva y carente de sentido moral y porque ni siquiera está bien concebida a la luz del texto de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En primer lugar debería saberse que el artículo 59 de la ley de Seguridad Social establece que las aportaciones de empleadores y trabajadores para los fondos de pensiones son “patrimonio exclusivo” de sus beneficiarios y el legislador lo concibió tan sagrado que quiso conferirle, igual que las utilidades que generen, la condición de inembargables, lo que no se confiere ni siquiera a la vivienda.  Desde el punto de vista legal, la ley que sancionó en junio la Cámara de Diputados y la semana antepasada el Senado, está mal concebida y por tanto carece de fundamento, ya que sólo modificó el artículo 96 de la Ley 87-01, donde se indica que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “deberán priorizar la colocación de recursos en aquellas actividades que optimicen el impacto en la generación de empleos, construcción de viviendas y promoción de actividades industriales y agropecuarias, entre otras”.

Los autores de este adefesio  no advirtieron los alcances de los artículos 97 y 99 de la ley de seguridad social. El primero especifica desde su letra a) a la g) los instrumentos financieros en que podrán ser invertidos los fondos de pensiones. Y la letra h) señala “cualquier otro instrumento aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social previa ponderación y recomendación de la Comisión Clasificadora de Riesgos”.

El artículo 99 indica que esa  Comisión “determinará el grado de riesgo actual de cada tipo de instrumento financiero, la diversificación de las inversiones entre los tipos genéricos y los límites máximos de inversión por tipo de instrumento”. Indica a continuación los seis integrantes de la Comisión, los superintendentes de Pensiones, de Bancos y de Seguros, el Gobernador del Banco Central, el presidente de la Comisión de Valores y un representante de los afiliados al Sistema de Seguridad Social.

Como la ley recién aprobada no modifica estos dos artículos, ni siquiera los alude, es claro que siguen vigentes y por tanto sólo la Comisión Clasificadora de Riesgos puede determinar en qué y en cuál proporción se invierten los fondos de pensiones.

En el sistema hay quienes restan importancia a la nueva ley por cuanto sólo dice que “se podrá invertir hasta un cinco por ciento de los fondos de pensiones en títulos de deudas que financien la educación técnica y superior”… Según interpretan la ley es sólo una recomendación, apenas una demagogia legislativa Y tienen razón.  Pero esta ley debe ser rechazada por tratarse de un adefesio abusivo y porque crea un mal precedente. Los legisladores no tienen derecho a decidir sobre unos fondos que pertenecen individualmente a los trabajadores, que son parte de sus ahorros, inembargables.

En capitalización individual las AFP disponían al 31 de octubre de 45 mil 147 millones de pesos, y todo el patrimonio de pensiones ascendía al 30 de noviembre a 66 mil 100 millones de pesos, una suma que puede convertirse en tentación para los políticos acostumbrados a distribuir el patrimonio público a su mejor conveniencia.

Es obvio que los financiamientos de estudios no son los instrumentos más seguros ni rentables para invertir los fondos de pensiones. Si lo fueran ya lo estarían ofreciendo los bancos privados. El financiamiento de la formación técnica y profesional debe ser prioridad del Estado y parte del 4 por ciento del producto bruto interno que según la ley debe destinarse cada año a la educación.

Una de las debilidades por la que atraviesa el sistema nacional de pensiones es que hasta ahora su rentabilidad histórica es apenas 0.7 por ciento. En este año podrían alcanzar el 2 por ciento, según la asociación de AFP, razón adicional para que se respete el espíritu de la ley y el patrimonio de los trabajadores.

Racionalicemos el debate

Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los asuntos en que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha hecho mayores esfuerzos es el referente a la creciente criminalidad que agobia a la sociedad dominicana, de raíces tan profundas que no podrán ser extraídas en poco tiempo y sin una gran inversión y cooperación que pocos quieren reconocer.

Plan de Seguridad Democrática y Barrio Seguro y ensayos de incorporar las comunidades a la prevención y la lucha contra la delincuencia son evidencias de que se han tomado iniciativas. Ha faltado una mayor inversión en mejorar el equipamiento de la Policía Nacional y en depurarla de elementos proclives a vincularse a la delincuencia para “buscarse lo suyo”.

Para comenzar es urgente que se ofrezca mucho más que 4 mil pesos para los que quieren ingresar a la PN y más de 6 y 7 mil a sargentos y tenientes llamados a enfrentarse a los delincuentes. Con esos sueldos no es verdad que la mayoría va a salir a las calles a arriesgar su vida en defensa de nada ni de nadie y menos en una sociedad que exhibe tanta desigualdad, exclusión, concentración y derroche. Muchos de los que salen lo hacen asociarse a delincuentes. Esos salarios no atraen a lo mejor de la juventud, sino a muchos aventureros que quieren tener una placa, uniforme y arma “para resolver”.

Gran parte de la opinión pública, funcionarios y empresarios y hasta eclesiásticos  no acaban de entender la complejidad del problema de la delincuencia y siguen creyendo que se va a resolver con la inequidad de las ejecuciones sumarias disfrazadas de “intercambios de disparos” que este año alcanzarán la cifra récord de 450, y que en la última década han cobrado la vida de unos 3 mil delincuentes y supuestos delincuentes, incluyendo cientos de inocentes. Y la delincuencia aumenta, en vez de reducirse.

La reacción general frente a la resolución de la Secretaría de Interior y Policía de limitar en diciembre el porte de armas de fuego no ha podido ser más irracional, reveladora de la creciente inseguridad  y desasosiego generados por la creciente delincuencia, pero también de la superficialidad con que se asume el problema.

Franklin Almeyda podrá ser un poco rosca izquierda y a veces parece prepotente,  pero es de los funcionarios más honestos que tiene el gobierno y se ha empeñado en cumplir sus obligaciones probablemente más que todos los que lo han antecedido en la Secretaría de Interior y Policía. Por eso y por lo complejo del problema de la seguridad ciudadana, sus decisiones deben ser analizadas con más racionalidad.

No se entiende de dónde salió que la Resolución 01-08 busque desarmar a los que han obtenido una licencia de porte y tenencia de arma, o que persiga “dejarlos indefensos ante los delincuentes”. Nada justifica la algarabía que ha desatado. Ni las consideraciones ni las disposiciones de la resolución se refieren a desarme. Aunque el artículo 1 suspende “el porte” de armas durante diciembre, su párrafo primero precisa que “Esta suspensión no incluye la tenencia, por lo que toda persona con su licencia al día, al trasladar el arma de su hogar a su negocio u oficina, o viceversa, deberá colocarla en el porta guante del vehículo, o en un maletín o bolso sin tenerla dispuesta para el uso”.

En una de las consideraciones de la resolución se indica que la convivencia social aporta más del doble que la delincuencia a la alta tasa de criminalidad que se registra en el país, razón que justifica que se busque reducir la disposición a usar armas aunque estén autorizadas. No se plantea que nadie deba entregar su arma, sólo que no la lleven en las manos, que la mantengan en la casa, negocio u oficina y en el vehículo.

Esa debería ser la norma de todo el año, no sólo del período navideño. Nadie debe estar autorizado a entrar a un centro comercial con arma de fuego, ni a un restaurante ni a un cine, ni a un estadio deportivo ni andar por calles y aceras. Para evitar que un uso irreflexivo cueste la vida a personas con tantos derechos como el portador del arma. El que no se sienta individualmente seguro debe evitar las aglomeraciones.

Es cuestión de racionalidad. Cualquier persona puede ser víctima de la delincuencia, pero es imposible plantear que hasta los niños anden con una pistola sobada en las manos para defenderse. De ser así la mejor política gubernamental sería dotar de un arma de fuego siquiera a cada adulto y que todos la llevemos en las manos. Se acabaría el perro y la rabia.

Bienaventurados los que luchan

Por Juan Bolívar Díaz

Uno de los más hermosos pasajes del Evangelio es el capítulo 5 de Mateo, que cuenta cuando Jesús subió al monte y contemplando la multitud que le seguía comenzó a bendecirles cantando las buenaventuras de los pobres, de los mansos, de los pacificadores. Llama la atención esa de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, y los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.

Algunos no hemos podido entender la primera buenaventura, la que se refiere a “los pobres de espíritu”, a quienes se hace compartir también el reino de los cielos. Tal vez Jesús quería referirse a los humildes, a los sencillos, pero no a lo que en nuestra época entendemos por pobre de espíritu, que son los que se tiran a muertos, los que se dejan vencer, los que se resignan a la “mala suerte”.

Si el humilde rabí de Galilea nos permitiera agregar una buenaventura, la dedicaríamos a la antítesis de los pobres de espíritu, a los que luchan no un día, ni un mes, ni un año, sino toda la vida. A los que no se resignan frente a las adversidades, a los que creen que siempre es posible cambiar el curso del mundo.

Siempre hemos tenido admiración por los que en las empresas y en las comunidades reclaman, promueven cambios y mejorías colectivas. Esos son los que sirven, los que producen y encarnan el progreso. Nos disgustan los cobardes que viven del lamento, los que nunca se atreven a elevar la voz, los eternamente cabizbajos.

Entre los que luchan hemos sentido particular respeto y estima por los que emigran buscando mejorar sus condiciones de vida y el progreso familiar. Ellos son y han sido siempre la sal de la tierra.

Hay que sentir comprensión  para esos millares de seres humanos que se lanzan a cruzar mares y desiertos buscando la tierra prometida del progreso, donde una vez ponen sus pies se convierten en los mejores trabajadores, en los que no pierden horas ni circunstancias para buscársela. Como  los dominicanos y dominicanas en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Europa, y a los haitianos y haitianas  aquí.

Por eso cada vez que zozobra o desaparece una yola sufro una profunda descargada espiritual, como si todos los perdidos fueran de los míos, y al mismo tiempo  me invade  una indignación con los traficantes que abusan del deseo de progreso de la gente y los embarcan en condiciones tan inhumanas.

Hace apenas unas semanas sufrimos dos zozobras casi seguidas, en un caso con muchos que fueron capturados al llegar exhaustos a una playa de Florida, en el otro cuando cuatro fueron rescatados casi moribundos de un naufragio en el que murieron más de treinta, contando que pudieron sobrevivir alimentándose de los que iban muriendo. Esta semana la comunidad de Villa Rivas llora por la suerte de unos 90 que partieron el 13 de noviembre para Puerto Rico pero una semana después no se sabía su paradero. Todavía estamos orando y esperando que aparezcan vivos en cualquier parte. Para que puedan volver a aventurarse, aunque reconozcan que “la mar estaba que comía gente” como expresó  Belkis Lugo,  rescatada de un naufragio hace justo cuatro años.

He conocido muchos que han naufragado hasta dos veces o que han sido capturados en múltiples casos. En Teleantillas trabajó un joven rico de espíritu que llevaba nueve intentos frustrados por llegar a Puerto Rico y aseguraba que el décimo sería el de la victoria. Dejé de verlo y no he podido establecer si alcanzó su objetivo.

Debemos deplorar las extremas condiciones en que muchos se aventuran y perseguir a los responsables de una explotación que reúne a 90 personas en una frágil embarcación. También que se nos vayan tantos miles de emprendedores, de los que no se resignan, que no son los pobres de espíritu, sino los ricos en iniciativas y valor.

Donde quiera que hayan ido a parar los 90 de Villa Rivas, desde aquí levantemos los sombreros del alma para saludarlos y desearles la recompensa que esta sociedad niega a una alta proporción de sus hijos. Bienaventurados los que exponen la vida de un solo cantazo para no morir poco a poco en la desesperanza. Sus sufrientes familiares deberán recordarlos como emprendedores y valientes.

La prioridad número uno

Por Juan Bolívar Díaz

En cualquier nación del mundo la prioridad número uno es la educación, seguida de los servicios de salud, la vivienda, la alimentación, el trabajo, el medio ambiente y probablemente después aparezca la energía eléctrica, fundamento de la modernidad desde los finales del siglo 19, al menos en Europa y todo el continente americano.

Transcurrirían muchos siglos desde que Tales de Mileto descubrió, 600 años antes de Cristo, que frotando una varilla de ámbar con un paño se generaba una vibración capaz de atraer objetos pequeños, para que la humanidad descubriera y perfeccionara los diversos sistemas de generación eléctrica.

Sería en el siglo 19 cuando se expande la generación industrial de electricidad en Europa, Estados Unidos y América Latina, a partir de los descubrimientos y aportes de Guillermo Gilbert y Otto Van Guericke en el siglo 17, Francis Howskebee, Carlos Dufay y Benjamín Franklin en el 18. Alexander Volta, Thomas Alva Edison y George Westinghouse dieron los pasos definitivos para que a fines del siglo 19 explotara la era de la electricidad, signo de la modernidad y el desarrollo.

En nuestro país los primeros alumbrados públicos datan de mediados del siglo 19. En 1877 Santo Domingo se alumbraba con gas, pero ya en 1896 conoció la electricidad. Las primeras generadoras eléctricas se instalarían en 1911 para al siguiente año tener en esta capital el “primer sistema de alumbrado eléctrico moderno”.

Estamos a punto de cumplir un siglo de esos hitos de la modernidad dominicana y todavía Santo Domingo, como todo el país no ha podido tener un sistema eficiente siquiera para iluminación nocturna. Es algo inconcebible en nuestro tiempo especialmente para una sociedad tan presumida, con estándares de lujo en sus clases altas y medio-altas que compiten con países desarrollados.

El daño que ocasiona esta carencia de energía es inconmensurable: a las actividades productivas, industrias de todo género y tamaño, a  micros, pequeñas y medianas empresas, al comercio y el turismo. Pero también a los servicios de acueducto y riego movidos por electricidad, a la educación, los entretenimientos y a la vida social y familiar y hasta al medio ambiente.   Nos hemos acostumbrado tanto a estas carencias, a este absurdo, que ya muchos no aciertan a dimensionar sus daños, hasta sicológicos, porque esta incapacidad nos disminuye como sociedad y como personas.

No hay manera de entender ni justificar que una ciudad que está construyendo un sistema de transporte subterráneo o que esté comprando aviones para patrullar sus espacios aéreos no pueda disponer de un sistema eléctrico adecuado y eficiente, aunque su costo sea considerado entre los más caros del mundo.

Si hay algo de lo que no quisiera escribir y hablar después de 40 años ejerciendo  el periodismo, los últimos 21 y 9 meses en la televisión diaria, es de energía eléctrica, pues me produce un estremecimiento intestinal.  Con el agravante de que dediqué buena parte de mi tiempo durante dos años al Consejo de Directores de la entonces Corporación Dominicana de Electricidad en el período 1982-84 cuando  se diseñó, aprobó y se inició un plan nacional de desarrollo energético. Bajo la administración del ingeniero Marcelo Jorge, el Consejo asumió plenamente su responsabilidad y llegamos a tener hasta tres reuniones semanales, a participar en interminables sesiones técnicas y a presidir los concursos millonarios para evitar que nos metieran gato por liebre. Todo eso honoríficamente, sin recibir un solo centavo, pues no se pagaba ni dieta.

El plan de desarrollo energético fue abandonado sólo dos años después, cuando el presidente Joaquín Balaguer volvió al poder y se autoproclamó administrador de la CDE. De ahí para acá son 22 años de desaciertos, sin haber podido garantizar el servicio energético que requiere el país. Con algunos periodos de “prendiones” gracias a un subsidio que ha alcanzado niveles insostenibles y de ahí el apagón que ahora sufrimos.

En este país la energía es en lo inmediato la prioridad número uno, aunque la educación lo sea a mediano y largo plazo. Definitivamente me doy por vencido en el tema. No entiendo nada, absolutamente nada en medio de tantas proclamas de modernidad, de sociedad de la información, y del conocimiento.

Obama: de que podemos, podemos

Por Juan Bolívar Díaz

La victoria de Barack Obama llegó justo en el momento en que Estados Unidos, nosotros y todo el mundo la necesitaba, haciendo retoñar las esperanzas de un mundo mejor, donde la paz sea el fruto de la conjugación de la diversidad con la colaboración y la solidaridad, fomentando abiertamente la causa de la justicia, tomando partido valientemente por la libertad.

 Y no pudo haber ganado la Casa Blanca de Washington sobre mejor montura. Un auténtico mestizo,  hijo de negro llegado sin escala de Kenia en el sudeste de África, y de madre blanca de Kansas, orgulloso de sus orígenes, con tía inmigrante  indocumentada en busca de mejor vida como millones de seres humanos de todo el universo, incluyendo a cientos de miles de dominicanos y de haitianos.

 Unos pocos meses atrás pocos imaginaban que fuera posible ver a este Barack Hussein ganar la presidencia de los Estados Unidos. No sólo por lo de negro, sino por sus ascendencias paternas musulmanas, con un segundo nombre “provocativo” y además invocando cambios profundos para redistribuir riquezas, sin inclinarse ante los poderes establecidos, fueren económicos, religiosos, políticos o mediáticos.

 Obama irrumpe en el mundo creando ilusiones de un nuevo liderazgo político y moral, para este nuestro tiempo, acariciando esperanzas, rehaciendo utopías con los retazos de sueños que los vientos de cola del siglo pasado dispersaron. Su firme discurso repara humillaciones, alienta a cicatrizar frustraciones y a renovar la convicción de que podemos construir otro mundo.

 Lo relevante de este triunfo ayer nomás casi inconcebible, es que se monta sobre un discurso y una carrera política corta pero coherente, que parte de agrupamientos comunitarios de una enorme urbe como Chicago, y se compromete con todos los que tienen alguna cuenta en el rosario de insatisfacciones de nuestra época.

 Se trata de un triunfo motivado en la convicción de que sí se puede construir otro mundo, rechazando firmemente el genocidio de Irak, las políticas de Llanero Solitario de George Bush y los fundamentalismos que pretenden un mundo unipolar, unidireccional y uniconfesional, aplastando la libertad de conciencia, imponiendo a los demás sus particulares creencias y confesiones.

 Por todas esas y muchas otras razones, la celebración de Chicago fue una fiesta global, una conmemoración de la esperanza, bautizada en ríos de lágrimas que salían de rostros patéticos que parecían congelados en el tiempo y que se multiplicaban a través de las pantallas en todas las latitudes, desde las ciudades de las luces a aldeas como Nyangoma Kogelo, en el distrito de Siaya  en Kenia.

  Había motivos de sobra para que los insatisfechos de todo el mundo se sintieran parte del espectáculo del Grant Park de Chicago donde Obama pronunció su esperanzador discurso de la victoria. Por el momento se trata de un triunfo contra todos los oportunismos, tradicionalismos y escepticismos, desechando las impudicias de un realismo que degrada la política.

 El memorable discurso de esa noche alienta esperanzas. Obama fue hilvanando los hitos que constituyeron su sorprendente ascenso en una campaña construida por los trabajadores, dólar a dólar, con la fuerza de los jóvenes que rechazaron el mito de la apatía generacional, con la convicción de que todavía es posible el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo más de dos siglos después que fuera evocado por Lincoln.

 Llama a reparar los valores de la democracia norteamericana, a “reconstruir la nación bloque a bloque, ladrillo por ladrillo, mano encallecida sobre mano encallecida”, con un nuevo espíritu de sacrificio, de patriotismo y de responsabilidad en la que cada uno se preocupe no sólo de sí mismo, sino también del otro.

 Obama no sólo planteó reparar las alianzas rotas por la prepotencia imperial sino que se dirigió a los que en todos los rincones del mundo seguían el histórico acontecimiento, prometiéndoles un nuevo amanecer de liderazgo estadounidense, convencido de que aunque nuestras historias son diversas, tenemos un destino compartido y de que la fuerza auténtica de su nación no proviene del poderío de las armas, ni siquiera de las riquezas, sino del poder duradero de sus ideales: la democracia, la libertad, la oportunidad y la esperanza.

 Barack Obama respondió a los incrédulos, a los acomodados, a los tibios, a los resignados de aquí, de allá, de esos lugares, que se burlan hasta de la esperanza, y demostró que sí se puede. Con inteligencia, integridad y humildad. Que de que podemos, podemos.

Hurgar en las raíces de los problemas

Por Juan Bolívar Díaz

El jefe de la Policía Nacional declaró esta semana que en su gestión de 14 meses y medio al frente de esa institución han sido cancelados 980 miembros, incluyendo oficiales superiores, por cobrar peajes a narcotraficantes, por asociarse con otro género de delincuentes, y por violar leyes y reglamentos. Aunque no precisó en cuántos casos, el general Rafael Guillermo Guzmán Fermín sostuvo que muchos de ellos han sido sometidos a la justicia.

No hay la menor razón para dudar  de los datos aportados por el comandante policial ni tampoco de su decisión de irradiar de la institución a todos los que delinquen. También sus antecesores en esa jefatura han despedido cientos, que han ido totalizando miles, desde rasos a generales.

Lo mismo viene ocurriendo en las demás instituciones del Estado encargadas de la seguridad nacional y de la investigación y persecución de delitos. No olvidemos que el 25 de julio pasado el entonces presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, general Rafael Ramírez Ferreira, sostuvo que en dos años al frente de ese organismo había despedido a cerca de cinco mil de sus miembros, también por faltas tan graves como asociarse al narcotráfico. Y el 15 de febrero la Secretaría de las Fuerzas Armadas dio cuenta de que desde el 2004 habían despedido a dos mil 300 militares, incluyendo generales, por robos, narcotráfico y otros delitos.

Las cifras son realmente escandalosas. En el caso de la Policía Nacional implica más de dos despidos por día. En el de la DNCD significa que en dos años botaron más del total de sus miembros. Es decir que hay un reciclaje continuo.

El problema tiene que ser abordado con seriedad y profundidad, hurgando en sus raíces, si queremos encontrarle solución o por lo menos reducir su magnitud. Lo primero que corresponde es abandonar el discurso de que dilucidarlo equivale a desacreditar  esas instituciones, o que los asociados a la delincuencia todavía son unos cuantos. De lo que podemos estar seguros es que son muchos más de los que se despiden, pues hay que presumir que no es tan fácil detectar y comprobar  delitos tan frecuentes como la extorsión, el cobro de comisiones, el robo y el narcotráfico.

No hay dudas de que en todas esas instituciones hay muchos hombres y mujeres honestos, con sentido del deber y la profesionalidad. Ellos deben ser de los más preocupados ante el hecho de que casi a diario hay un uniformado en los medios de comunicación vinculado a actividades delincuenciales.

A la sociedad en general tiene que preocuparle mucho que una gran cantidad de aquellos a los que se suministra armas, uniformes y carnets para guardar el orden o defender la seguridad de la República  terminen  asociados a la delincuencia en cualquiera de sus categorías.

Preocupa también que tantos funcionarios, como políticos, legisladores y creadores de opinión quieran ocultar la cabeza ante la realidad o estén favoreciendo palos de ciegos en vez de ir a las raíces y proponer soluciones reales.

Por eso hay tantos entusiasmados con la locura de invertir los recursos que faltan para educación y salud en  naves aéreas y marítimas y promoviendo una ley para derribar aviones y destruir embarcaciones de los narcotraficantes.

En pocas palabras, que mientras el narcotráfico  carcome nuestras instituciones, aquí en los mismos cuarteles queremos ganarle la batalla en el espacio aéreo o en el mar, ámbitos reservados a las potencias económicas y militares con recursos suficientes para controlar el más lucrativo y perverso negocio de nuestra época.

Urge revaluar las condiciones de ingreso y de vida de soldados y policías, reducir su número para pagarles mejor y dotarlos de seguridades para ellos y sus familias. Es cierto que ni los buenos salarios evitan que funcionarios públicos de cualquier área degeneren en delincuentes. Pero mantenerlos en la mendicidad multiplica las posibilidades de que se corrompan.

No hay que dudar que muchos jóvenes ingresan a esas instituciones con deseos de servir, pero seguro que la gran mayoría de los que quieren realizar una profesión honesta no se siente atraída por los salarios de militares y policías. Y probablemente muchos aventureros que quieren disponer de insignias, uniformes y armas sean los más atraídos.

La reelección cobra su costo

Por Juan Bolívar Díaz

Los sabios campesinos dominicanos suelen afirmar que las lluvias pagan sus daños, queriendo significar que aunque a menudo arrasan sembradíos y destruyen  caminos y puentes así como enseres domésticos, irremisiblemente dejan beneficios, tales como  tierra fertilizada, represas rebosadas para  riego y energía y campiña de verdes encendida.

De la reelección presidencial podemos decir lo contrario, que siempre conlleva un costo económico e institucional, afectando la democracia y generando más frustraciones que satisfacciones. Al menos en países como el nuestro, donde las instituciones son extremadamente débiles y el presidencialismo indiscutible, con una cultura que implica eterna rendición ante algún caudillo. Algunos nos cansamos en el curso de la pasada campaña electoral de advertir que el desenfreno en el gasto público traería consecuencias, que el festival de subsidios no sólo era insostenible, sino que conllevaría un alto costo, y que el retorno del continuismo traería daños institucionales.

 Los resultados están a la vista de todos. Los apagones han vuelto a sus peores niveles, tan irremisibles como los huracanes en cada verano caribeño. Temprano se advirtió que el subsidio a la energía se duplicaría este año llegando a mil doscientos millones de dólares  y por ahí andará. Ahora mismo estamos apagados porque la deuda con los generadores se aproximaba a los 400 millones de dólares y como negocio es negocio reactivaron la consigna: pagas o apago.

El 14 de octubre el administrador de la CDEEE confesó que la deuda era de 364.9 millones de dólares y prometió abonar este mes 116 millones. Como la oferta era menos de la tercera parte de lo adeudado, los interesados decidieron seguir apagados,  hasta tener pájaro en mano. Hasta el viernes 24 apenas recibieron 20 millones de dólares, el 5.7 por ciento.

Entre enero y junio los subsidios de la energía y el gas propano al gasoil, la harina, los pollos, el arroz y las habichuelas y el empleo de zonas francas. Como consecuencia del desbordamiento se ha dejado de pagar y en vez de generar electricidad se genera frustraciones y protestas, mientras el costo de la vida se dispara. Además se desactiva una parte de las 200 mil tarjetas solidaridad que se repartieron políticamente.

El gasto corriente del gobierno, que creció más de una tercera parte en la primera mitad del año en relación al mismo período del 2007, generó desequilibrios fiscales que han tenido que pagarse con fuertes incrementos de las tasas de interés, penalizando sectores productivos y a los consumidores, muy especialmente a los que se habían endeudado para adquirir viviendas y automóviles en los meses del festival. A muchos se les han duplicado las cuotas, y las consecuencias se empiezan a sentir por lo menos en el sector de la construcción.

Pero las deudas no sólo afectan a los generadores, también a los productores agropecuarios quienes reclaman cientos de millones de pesos por los alimentos que se repartieron al ritmo de la campaña, pero los polleros, hueveros,  lecheros, cebolleros y productores de granos no tienen nada que apagar, que no sea su capacidad de generar bienes alimenticios.

El deterioro es tan significativo que el secretario de Hacienda ha dicho esta semana que no es posible aplicar toda la reducción del costo del petróleo a los precios locales de los combustibles, porque  tampoco se elevaron en la proporción de las alzas. Se refería a las dos o tres semanas antes de los comicios cuando se llegó anunciar públicamente que los precios de los combustibles se mantendrían congelados. Ahora se confiesa que se violó la ley antes y se sigue violando después. Y lo dice uno de los más altos funcionarios y la vida sigue su agitado curso, como si nada pasara. El que crea en el fortalecimiento institucional que pregunte por qué la Suprema Corte de Justicia no ha tenido tiempo para responder las instancias inconstitucionalidad del escándalo Sun Land.