Por Juan Bolívar Díaz

El adéndum al contrato de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) con la empresa Sunland Corporation para la construcción de “obras prioritarias”, suscrito hace dos días es un razonable esfuerzo tendente a esclarecer varios de los cuestionamientos a la pieza original del 15 de mayo del 2006 pero se queda corto.

Es relevante que este adéndum se firmara apenas minutos antes del almuerzo que el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, sostuviera con un grupo de directores de periódicos y programas de televisión para referirse al contrato, lo que quiere decir que el mandatario no solo salió del mutismo, sino que también dispuso corregir algunos entuertos. Tan de prisa fue que no dio tiempo a que el nuevo documento fuera notarizado, fundamental para su efectividad jurídica.

 Como aportes positivos el documento modifica no solo el contrato original sino también sus dos anexos, resalta que por primera vez presenta presupuestos de las obras a ejecutar con el resultado de la venta de los pagarés por 130 millones de dólares, que suprime una de las dos formas de pago, excluyentes entre sí que contenía, y que actualiza el plazo para las construcciones, que había vencido hace 5 meses.

También debe considerarse positivo para el interés del Estado que el adéndum obligue a la Sunland a entregar, en el plazo de diez días posterior a la firma de este, “un programa de trabajo definitivo y completo” para que ahora si cumpla con la fecha de terminación pactada.

Es muy sabio el punto 8 de la rectificación, el cual deja sin efecto “Cualquier cláusula del contrato de las partes del 15 de mayo del 2006 y de las notas promisorias expedidas en ejecución del mismo que sea contraria o de ella pudiera pretenderse deducirse una obligación distinta o más onerosa a cargo de la Primera Parte”,(el Estado).

En efecto, en el contrato original hay varias que le son contrarias y que quedan ahora anuladas, pero resulta imposible conseguir lo mismo en cuanto a las “notas promisorias”, que no son otra cosa que los pagarés, comprados por los reales financiadores del proyecto, entre ellos el banco HSBC. Hasta un lego sabe que lo que está escrito en un pagaré quirografario queda, a menos que se firme un acuerdo con el posesionario del mismo, que es en realidad el prestamista.

Desde luego, son varios los aspectos fundamentales que no han sido aclarados por el Gobierno, ni en el adéndum ni en las precisiones que según constan en varios periódicos hizo el propio presidente Fernández. Por ejemplo, cómo se justifica que las once obras contratadas el 15 de mayo del 2006 y señaladas en el poder presidencial emitido tres días antes, fueran reducidas a cinco antes de los 7 meses, es decir el 5 de diciembre del mismo año, cuando la inflación de todo el año pasado fue de apenas 7 por ciento.

Queda el cuestionamiento básico de si los 130 millones de dólares fueron obtenidos mediante la venta de 19 pagarés firmados por el secretario de Estado Félix Bautista, no debieron ingresar al Banco Central y no quedarse en manos de la Sunland como parece que ha ocurrido.

No es especulación, sino el texto mismo de los pagarés que indica que “son obligaciones por las cuales se compromete la completa credibilidad y crédito del Gobierno de la República Dominicana”, y también que “Este pagaré es pagadero en la Secretaría de Finanzas, Departamento de Deuda Pública, Santo Domingo, República Dominicana”.

No creo que hayamos ni siquiera insinuado que alguien se robó los 130 millones de dólares. Pero sí que la Sunland colocó los 19 pagarés en la banca internacional, los ha estado usufructuando durante casi año y medio, sin haber puesto un centavo de sus bolsillos. Porque no es una empresa financiera ni constructora y carece de capacidad para esos financiamientos. Según el contrato original, las 11 obras debieron estar concluidas el 15 de mayo del 2007 y su extensión seguramente que eleva los intereses y costo.

El gobierno admitió esta semana que la misma empresa no pudo financiar el otro contrato por 200 millones de obras suscrito también el año pasado con la Secretaría de Obras Públicas por carecer de recursos para ello. Se ignora si en este caso se llegaron a firmar los pagarés que preveía.

Hay que celebrar que el adéndum haya eliminado el sistema de pago doble, (articulo 4)que preveía que a la Sunland se le avanzara el 30 por ciento de los 130 millones de dólares acreditados al gobierno, indicativo de que el dinero de los pagarés debió recibirlo el Estado.

Esto sin volver a discutir si hubo concurso público, si es legal, y si es constitucional el contrato.

Por Juan Bolívar Díaz

Un informe hecho público esta semana por el economista y consultor José Rijo demuestra que la Cámara de Cuentas definitivamente no cuenta o por lo menos que no se puede contar con ella para la función fiscalizadora que le atribuyen el artículo 79 de la Constitución y su ley orgánica número 10-04, con la que hace tres años se pretendió actualizar y potenciar ese organismo.

La Cámara de Cuentas fue incluida en un plan para la modernización del Congreso Nacional que contó con un financiamiento de más de 20 millones de dólares, básicamente del Banco Interamericano de Desarrollo. Como en tantas otras instituciones estatales, la modernidad se ha quedado en un edificio con mayores comodidades, con la limpieza e higiene que faltan en nuestras escuelas y hospitales.

En el Congreso también está muy lejos de materializarse la modernización, si se toma en cuenta la confusión de roles que se registra entre los senadores atribuyéndose funciones del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo que financian inconstitucionalmente, con fondos del Presupuesto Nacional, el cultivo clientelista con el que tendrán una vergonzosa ventaja frente a cualquiera que les dispute la reelección.

Cuando fue diputado, José Rijo fue de los que impulsó el proyecto de modernización y ahora como consultor realizó un análisis del informe entregado al Congreso Nacional por la Cámara de Cuentas sobre la gestión estatal del año pasado. Su conclusión no podría ser más devastadora: “que el Congreso Nacional debe desaprobar este Informe de la Cámara de Cuentas para el Año Fiscal 2006, en virtud de los errores, omisiones, irregularidades y violaciones a la Constitución y las leyes, según dicho informe;   además que los responsables no han sido identificados para ser sujetos de las sanciones previstas en la ley”.

Rijo hace múltiples revelaciones al analizar el informe del 2006, pero es casi seguro que lo mismo ocurriría con el del 2005 y de años anteriores. La responsabilidad es compartida por el Congreso Nacional que tampoco analiza nada, renunciando complacientemente a su papel fiscalizador del Poder Ejecutivo, lo que también es tradicional, pero que era uno de los atrasos institucionales que se buscaba superar con el proyecto de modernización. Hay quienes sostienen que hace varios años que el Congreso no cumple con aprobar el informe anual de la Cámara de Cuentas.

La Ley 10-04 atribuye a ese organismo la responsabilidad de auditar o analizar la ejecución del presupuesto anual de la nación, así como de los ayuntamientos y las entidades autónomas y descentralizadas, “mediante auditorías financieras y de gestión, estudios e investigaciones especiales”, cuyos resultados debe enviar al Congreso.

Señala el Informe numerosas violaciones a la ley de presupuesto, incluyendo ejecuciones menores y superiores a las asignadas, sin ser amparadas por las transferencias legales correspondientes. También establece diferencias en los montos que debieron pagarse de deuda pública, sin que la Cámara indique la menor responsabilidad ni explicación.

Por ejemplo, la Cámara de Cuentas consigna que la Oficina Supervisora de Obras del Estado gastó 1, 876.9 millones de pesos adicionales a su presupuesto, mientras la Secretaría de Educación sólo ejecutó el 92 por ciento de lo que tenía asignado. En ningún caso señala justificativo ni responsabilidad.

Resalta Rijo que una alta proporción de las entidades estatales y oneges subvencionadas ni siquiera rindieron el informe correspondiente de su gestión del 2006, sin la menor consecuencia. Sólo lo hizo el 58 por ciento de las 65 instituciones autónomas, descentralizadas y empresas estatales registradas en la Cámara de Cuentas. Y de éstas, un 37.9 por ciento presentan errores y omisiones. Algunas tan significativas como que el Banco Central formuló un presupuesto de 662 mil 399 millones de pesos, pero ejecutó 779 mil 717, una variación del 18 por ciento.

La proporción de los 153 ayuntamientos y 211 juntas de distrito que rindieron cuentas fue casi la misma, 59.6 por ciento, registrándose una reducción de la cantidad de estos que tienen sus cuentas actualizadas. La carencia de informes es más grave en cuanto a las 3 mil 645 onegés subvencionadas. Sólo el 7.4 por ciento remitió las informaciones pertinentes, y   de ellas sólo el 2.7 por ciento lo hizo en el tiempo reglamentario.

Para colmo la propia Cámara de Cuentas violó el artículo 28 de   su ley orgánica al no incluir en su informe la auditoría correspondiente a su ejecución del 2006.

Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría de las veces que tratamos sobre la Policía Nacional centramos la atención en esa significativa proporción que sale a las calles a delinquir, prevaliéndose del uniforme y el arma que le proporciona el Estado para garantizar la seguridad ciudadana y combatir las múltiples expresiones de la delincuencia.

Es lamentable, pero son muchos los uniformados, también de las Fuerzas Armadas, que se han convertido en delincuentes, hasta el punto de que es difícil que en una banda o en cualquier caso estremecedor no esté envuelto algún agente del orden público o la seguridad nacional.

Desde hace años cada jefe de la PN lleva su propia lista de los cientos de agentes que despide por asociación de malhechores o conducta sospechosa. Pero recientemente se ha denunciado otro engaño, que muchos de los supuestos cancelados permanecen en las nóminas cobrando sus sueldos y sirviendo no se sabe a quién.

Es que en esta sociedad de tantos tráficos y redes de complicidades nunca se puede asegurar absolutamente nada.

Tampoco se pueden esperar explicaciones, pues al fin y al cabo fue el “padre de la democracia” e ídolo de nuestros dirigentes políticos, Joaquín Balaguer, quien proclamó que titular o editorial de hoy mata al de ayer. Es decir que no hay que hacerle caso a la opinión pública, pues ésta cambia como el calendario.

Pero hoy vamos a trillar otro camino para referirnos a la Policía, ponderando a esa significativa proporción de agentes, desde generales hasta rasos, que sirve con abnegación a la sociedad, con una remuneración que apenas les alcanza para sobrevivir.

Los hemos conocido en el servicio, como también en la academia superior de la Policía cuando participamos en sus cursos para oficiales superiores. Están conscientes de sus responsabilidades y dispuestos a cumplirlas. Llegan a entusiasmarse con sus carreras y hasta sienten orgullo de asumirlas, pese a saber que muchos la desprestigian.

Saben que una parte de ellos están al servicio de instituciones, empresas e individuos, políticos, funcionarios, empresarios, comunicadores, a quien el Estado subvenciona su seguridad particular, o un simple ayudante armado para hacer diligencias como choferes, y hasta para labores domésticas.

En esta época en que un gerente del estatal Banco Nacional de la Vivienda se puede llevar el salario a 500 mil pesos mensuales, y se multiplican los funcionarios del gobierno con cientos de miles de pesos de sueldo por mes, cuando hay senadores que se quejan de que están mal pagados aunque reciben 265 mil pesos como ingresos personales, más otros beneficios directos e indirectos, el jefe de la Policía Nacional gana 65 mil 563 pesos.

Con la nómina en manos compruebo que el subjefe de la PN y los 7 mayores generales ganan 50 mil, y que los 42 generales de brigada (demasiado generales) apenas perciben 27 mil 447 pesos, equivalentes a unos 600 euros, mucho menos que el salario de las dominicanas que llegan a España como trabajadoras domésticas. En dólares son unos 800, sueldo mínimo de un recogedor de basura en cualquier ciudad de Estados Unidos.

Seguro que muchos de los críticos de la policía se impresionan cuando se les presenta un coronel, pero ignoran que 208 de ellos reciben un salario mensual de 17 mil 154 pesos, suma a la que frecuentemente monta la tarifa eléctrica de un apartamento de clase media donde vive una pareja con un hijo adolescente.

En la Policía hay más de 400 mayores con salario de 13 mil 725, y 934 capitanes que ganan 12 mil 10, y mil 592 primeros tenientes con 9 mil 435, y 3 mil 174 segundos tenientes con sueldo de 8 mil 578. Los 4 mil 712 sargentos mayores, el grado anterior a oficiales, caen por debajo del salario mínimo de la empresa privada, con 6 mil 940 pesos. Los 5 mil 529 sargentos ganan 5 mil 419. Hay también 4 mil 819 cabos con sueldo de 5 mil 88, y 6,994 rasos que ganan 4 mil 626 pesos mensuales.

Debo reconocer que una parte tienen especialidades, como médicos, abogados, ingenieros, odontólogos, enfermeros, músicos, capellán, por las que perciben fabulosas sumas adicionales que van desde 15, 156 y 187 pesos y escalan hasta 3, 5, y 7 mil pesos.

Expresamos admiración y respeto por todos los que sirven abnegada y honestamente a la PN. Comprendemos que muchos no quieran jugarse la vida para defender a los satisfechos, y que tengan que buscarse picoteos como el de motoconchistas, y entendemos por qué tantos no resisten engancharse a la inmensa red nacional de los que hacen riqueza a cualquier precio y las exhiben impúdicamente.

Pero hoy, insisto, debemos rendir honor a los abnegados, que seguramente no entenderán que vayamos a comprar cámaras “para controlar por satélite” la delincuencia en las carreteras.