Reivindicación de la política

Por Juan Bolívar Díaz

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El haber estado en el local de la Fundación Jaime Vera, que tiene como objetivo fundamental la formación de los afiliados del Partido Socialista Obrero Español, me permitió reconciliarme con la política, que según Juan Pablo Duarte, es de las ciencias más dignas de ocupar las mentes humanas.

Lleva el nombre de un médico de arraigada sensibilidad social y compromiso con el progreso de los trabajadores españoles, que se contó entre los fundadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879. Vera López arrastró una salud precaria que le cortó la inspiración vital a los 58 años, pero dejó su impronta y ejemplo de intelectual que no abandonó sus principios, y ofrendó su vida sin disfrutar en absoluto del poder.

El local está enclavado en una finca en la carretera del Escorial en las afueras de Madrid. Pero de una modestia casi insospechada para un partido que ha gobernado más de la mitad del período democrático que siguió a la desaparición del caudillo Francisco Franco. Con Felipe González entre 1982 y 1996, España dio un saltó grandioso al progreso económico y en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

El largo período de gobierno de 14 años generó alguna descomposición que fue una de las causas eficientes de que perdieran el poder. Pero recuperado hace dos años con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE parece en un período de revitalización y recuperación de sus planteamientos programáticos e ideológicos, reivindicando la actividad partidista y los principios del socialismo democrático.

La austeridad que se respira en el local de la Fundación Jaime Vera es impresionante. Parece una casa de retiro espiritual, austera y funcional, donde nada sobra. Con habitaciones para 75 personas, casi todas de dos camas de una sola plaza, sin televisor, ni teléfono. Su aula informática sólo tiene 10 computadoras. Y en un pequeño espacio hay otras 5 para que los cursillistas puedan acceder a la internet.

El comedor está separado de la cocina y como en las casas de religiosos, los ocupantes de cada mesa tienen que recoger las bandejas de comida y devolver los platos.

Todo el mobiliario es sencillo y funcional. Ni el más leve asomo de lujo.

Las pequeñas habitaciones no tienen espacio para expansión, como forma de cultivar el intercambio entre los cursillistas. Y allí en las noches, alejados del ruido y los atractivos de la gran ciudad, lo que se escucha son conversaciones y discusiones ideológicas. Reivindicación de los principios del accionar político socialista.

Paralelo con un seminario internacional sobre flujos migratorios al que asistimos se desarrollaba un curso de capacitación para mujeres candidatas del PSOE a las elecciones municipales de la próxima primavera. Y daba gusto escuchar en los recesos las preocupaciones y planteamientos de las concurrentes.

Durante aquellos cuatro días de finales de octubre, en el aislamiento de la Fundación Jaime Vera, me reencontré con una visión de la política en proceso de desaparición en nuestro país y en muchas partes del mundo. La que nos inculcaba que había que incursionar en la política para transformar nuestro mundo, para hacerlo más justo, para que prevalecieran la libertad y la institucionalidad democrática.

Recordé la primavera libertaria de 1961, cuando la muchachada de entonces fue lanzada a la búsqueda de ideologías, a la visión programática, con desprendimiento y generosidad. Cristianos y marxistas se disputaban los espacios compitiendo en ideas para transformar la nación.

Con el final de la guerra fría los planteamientos ideológicos cayeron en reflujo y se dio paso a un pragmatismo político salvaje en el que la política ha sido convertida en una actividad mercantil. La mayoría de sus cultores persiguen sólo la salvación individual, sin recato en la degeneración cuando alcanzan alguna cuota de poder, que convierten en mecanismo para todo género de tráfico.

Escuchando a los políticos españoles se explica el enorme progreso económico, social e institucional alcanzado por España en las últimas tres décadas, desde aquel ostracismo europeo en que la marginó el caudillo triunfante de la espantosa guerra civil de 1936-39. Y no es que falten degenerados y trásfugas. Pero no predominan. Se preparan para gobernar aferrados a principios.

He escuchado a los gerentes de un curso para jóvenes políticos que se desarrolla en el país hablar con entusiasmo de las nuevas generaciones. También hemos contactado el surgimiento de visiones críticas en importantes segmentos de la juventud.  Ojalá que esté próxima una reivindicación de la política dominicana. Lo precisa el progreso de la nación, el establecimiento de instituciones fuertes y operantes en orden al bien colectivo.

Reformas políticas urgentes

Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las prioridades fundamentales en materia de reformas políticas en el país es una ley de partidos políticos que paute las elecciones primarias y establezca límites a la extensión y gastos de las campañas electorales, como forma de abaratar el costo de la política y preservar la democracia de los vicios de la corrupción.

            Resulta indiscutible que el país vive en campaña electoral permanente, con un gasto cada vez más desbordado, que a la vez incentiva la corrupción administrativa, el tráfico de tono género, incluyendo el lavado de dinero, y las ventajas de los más afortunados, es desmedro de los políticos más honrados y comprometidos con las transformaciones que demanda la nación.

Apenas pasaron los comicios congresionales y municipales de mayo pasado, cuando se iniciaron las luchas por las candidaturas presidenciales para el 2008. Y esas luchas no son un simple ejercicio de exposición de proyectos, ideas y programas, sino que se convierten en una gran empresa, con agentes vendedores y cobradores, nómina fija, enormes gastos de publicidad y para comprar adherentes en el propio partido y en un sistema comunicativo que se pudre progresivamente en proporciones alarmantes.

            Cada vez será más frecuente que las candidaturas a los cargos electivos se definan en función de la capacidad financiera de los individuos, de sus habilidades para buscársela sin importar principios ni valores y del poder económico de sus patrocinadores y relacionados.

            De esa manera la democracia seguirá degradándose y convirtiéndose en una actividad de mero tráfico empresarial y la corrupción, en todas sus expresiones, seguirá desbordada, socavando los cimientos mismos de la institucionalidad y arrastrando a la nación a la encerrona del colapso partidario, que suele desembocar en la incertidumbre y la desestabilización.

            Es obvio que esas flaquezas están afectando la democracia no sólo en el país sino en muchos otros de América Latina y del resto del mundo. Pero en otras partes se hacen esfuerzos por contrarrestarlas con legislaciones que tiendan a contener los desbordamientos. Tal es el caso de México, donde en los últimos años se ha legislado para limitar la inversión publicitaria de los candidatos y el financiamiento a los partidos.

            Estados Unidos hace tiempo que estableció esos límites, gracias a lo cual no se mide el potencial de los candidatos por la generosidad con que “resuelven”ni por las dimensiones de su cartera. Hay que hacer liderazgo en los partidos, en el Congreso, las gobernaciones o los distritos.

            La tentación es mayor cuando se trata de naciones donde significativas proporciones de la población buscan un ascensor que los conduzca velozmente a la riqueza, por lo que es más urgente que se establezcan mecanismos preventivos y de contención.

            Otras reformas que deberán contribuir a preservar la democracia dominicana incluyen una urgentísima congelación del número de diputados y regidores, así como de la división territorial. Y ojalá al sistema político se le metiera un haz de iluminación y decidiera también convertir el sistema legislativo en unicameral.

            Estas últimas reformas son de orden constitucional y deberían discutirse el día en que definitivamente nos aboquemos a una revisión integral de la Constitución de la República. Claro que será muy difícil que los mismos agentes políticos enquistados en el Congreso aprueben ese tipo de iniciativa, aún cuando puedan ser promovidas por los más iluminados de sus dirigentes y miembros.

            Por eso la importancia de que el liderazgo social esté representado en una reforma constitucional, mediante un mecanismo de elección democrática como el que acordó en el 2001 la Comisión Especial que elaboró un proyecto de consenso que instituiría una asamblea constituyente.

Mientras acopiamos fuerzas y voluntades para esas reformas, por lo menos es fundamental que integremos la Junta Central Electoral con personalidades capaces de ejercer contención en el sistema partidista, aplicando las limitadas leyes de que disponemos, que de hecho establecen límites por lo menos a los períodos de campaña.

La ley electoral también deja margen para iniciar una mayor vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos. El párrafo II de su artículo 52 indica que “La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República, que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes”.

            En nuestra actual realidad tal planteamiento parece utópico, pero es fundamental para preservar el sistema partidista y la democracia dominicana. Ojalá los dirigentes políticos lo comprendieran antes de que sea demasiado tarde.-

 

Un mar de incoherencias y confusiones

Por Juan Bolívar Díaz

Una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos días indican que vivimos en un mar de incoherencias y confusiones que por momentos parecen fruto de una mano maestra de la perversidad, aunque son en realidad una expresión de la extrema degradación a que está llegando peligrosamente la política dominicana.

Es como si políticos de todas las corrientes estuvieran empeñados en arrancarnos a jirones la poca fe que nos va quedando en las instituciones políticas y sus líderes. Como si de esa forma fueran a borrar del mapa todo género de cuestionamientos para vivir, entonces sí, a sus anchas, en un mundo de anomias y anemias sociales, económicas y políticas.

Por razones de espacio tengo que concentrar esta reflexión en lo ocurrido en el Congreso Nacional, sin que ese sea el único ni el principal escenario de incoherencias, confusiones, transacciones y corrupción de la sociedad dominicana. Pero de que está compitiendo por el primer lugar no hay dudas.

Primero fue la aprobación del infame contrato para equipar la Policía Nacional, firmado por el gobierno sin concurso, con honorarios y comisiones sin precedentes, y con sobreestimaciones de precios que van desde 50 hasta 400 por ciento. En el Senado hicieron un mamotreto de “informe de comisión de estudios”. Los diputados ni eso. Tenían tanta prisa en aprobar esa linda pieza que la liberaron del trámite normal de la comisión de estudios.

Después, ya cuando se acaba la legislatura, que para la mayoría fue la última porque terminan su período como legisladores, revivió de improviso –con una carta del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo- el proyecto de isla artificial, que hasta sus propulsores, incluyendo al presidente Leonel Fernández, habían dado por muerto tras los generalizados cuestionamientos de que fue objeto el año pasado.

De pronto, sin previo aviso, senadores y diputados de oposición, en su mayoría miembros de partidos que habían rechazado la peligrosa aventura insular, sesionando hasta las madrugadas, decidieron desafiar a los dirigentes de sus organizaciones políticas para dar su aprobación al proyecto.

Otro tanto ocurrió con el financiamiento para el metro de Santo Domingo, que originalmente se dijo que sería construido sin endeudamiento, “con recursos propios” como hizo Balaguer la inmensa inutilidad del Faro a Colón.

Entre set y set se adicionó también la provincia número 32, con una decena de municipios y distritos municipales. Y no se sabe cuántas pensiones para legisladores salientes de varios partidos políticos, incluyendo algunos que son millonarios, en un país donde hay tantos maestros enfermos y muriendo de hambre por carecer de una pensión mínimamente digna.

Pero las sorpresas no se han quedado en el ámbito congresional. Las mayores están vinculadas con el Poder Ejecutivo. Y ahora resulta que nadie es padre ni madre del oneroso contrato para los equipos policiales, y el director de prensa del gobierno advierte que quienes quieren la isla artificial tendrán que buscarse otro presidente porque el doctor Fernández no lo firmará. Ciertamente el presidente tiene poder de veto sobre las decisiones del Congreso y puede observar y devolver pensiones, contratos y proyectos de leyes. Se espera que observe el que crea la provincia Mella y los paquetes de pensiones al vapor. Pero ¿devolverá también los contratos enviados por él mismo, como el de la Isla Artificial y el de los equipos para la Policía?

Bueno, del de la isla puede reivindicar el desinterés que se anunció a fines del año pasado. Pero tendrá por lo menos que desautorizar públicamente a su consultor jurídico que mediante carta lo revivió.

Pero aún así la confusión prevalecería. Por ejemplo, ¿qué fue lo que motivó que los legisladores de oposición de golpe parecieran más obedientes a los proyectos oficiales que los del mismo partido de gobierno, hasta el punto de desafiar a sus propios partidos? ¿A cambio de qué? Y sobre todo, ¿quién o quiénes fueron los mediadores o negociadores? Y ¿quién perderá lo invertido?

A no ser que en su prepotencia nuestros políticos lleguen a creer que todos los dominicanos y dominicanas somos idiotas y nos vamos a creer que esos acontecimientos son simples confusiones o incoherencias accidentales. Como la carta del consultor jurídico que llegó al congreso “por confusión”, según las declaraciones de los voceros oficiales.

Tan aparatoso es el papelazo hecho por las cámaras legislativas, como el del Poder Ejecutivo. Parece como si hubiesen concertado para seguir arrebatándonos la poca credibilidad que nos queda en las instituciones nacionales, especialmente en la política y los políticos. Ojalá nos dejen algo para el futuro.-

Positiva rectificación gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz

La opinión pública debe ponderar positivamente la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato firmado con la empresa The Sun Land Group para suministrar equipos a la Policía Nacional por 132.4 millones de pesos, anunciada el pasado viernes por el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa.

Esa rectificación beneficia al Gobierno por múltiples razones, la mayor de las cuales es que evita que se materialice una operación onerosa para la nación en términos casi sin precedentes, por la magnitud de la sobre valoración de los vehículos, motocicletas, computadoras, inversores, baterías y otros equipos incluidos en la contratación.

También es positiva por cuanto le evita a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción y a la Procuraduría General de la República la disyuntiva de jugarse su prestigio o tener que desaprobar el contrato y proceder judicialmente contra sus responsables.

Un tercer beneficio neto es que el Gobierno da una importante muestra de atención a las críticas y reclamos de una parte de la opinión pública que rechazó enérgicamente los términos de la contratación, especialmente a Clave Digital, el semanario Clave, los diarios HOY y El Día, así como la doctora Milagros Ortiz Bosch, al diputado Pelegrín Castillo y al movimiento Participación Ciudadana.

A la doctora Ortiz Bosch, el titular de Finanzas le debe una reparación moral por la forma tan ríspida y desconsiderada con que había rechazado su crítica al contrato, que de cualquier forma deja mal parados a sus progenitores y promotores, incluyendo a las cámaras legislativas que lo aprobaron sin miramientos y a algunos medios de comunicación que quisieron defenderlo aún después que se había demostrado su infame dimensión.

Queda el daño moral generado por los promotores de este contrato y el descrédito institucional que conllevan las actuaciones turbias que abonan el ambiente de descomposición y corrupción predominante en el país.

La rectificación gubernamental deja mal parados a los legisladores de ambas cámaras congresionales que aprobaron el contrato después de las graves objeciones que les formulara la opinión pública, especialmente a los diputados que lo hicieron sin siquiera agotar el reglamentario procedimiento de la comisión de estudios.

Su actuación sólo sirvió para abonar el criterio de que todo se compra y se vende en la sociedad dominicana. Si los compradores adelantaron pago con cuenta a la contratación, esta vez habrán perdido, lo que debe ser otro motivo de celebración.

Fue muy contradictorio que los diputados acogieran ese contrato turbio en la misma sesión legislativa en la que aprobaban la nueva ley sobre compras, contrataciones y concesiones del Estado, la que instituye mecanismos llamados a reducir el tráfico de comisiones, o la corrupción.

Se ha dicho que se procederá a llamar a un concurso público para contratar los equipos que requiere la Policía Nacional, lo que debe hacerse a la mayor brevedad. Seguro que se conseguirán los mismos equipos a mucho menor costo y para ser recibidos a corto plazo.

Después de esta rectificación gubernamental sería coherente que también se suspenda el otro contrato grado a grado recién enviado al Congreso, que ya se ejecuta ilegalmente, mediante el cual se traspasan a una empresa privada responsabilidades que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales, como la de vender inmuebles del Estado o cobrar deudas pendientes.

Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central.

El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado.

En este otro contrato resalta también la falta de transparencia cuando, además del pago de comisiones, el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato.

Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gastos públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”…

Lecciones de este proceso electoral

Por Juan Bolívar Díaz

Como todos los procesos electorales, aún los más puros, el que está culminando en estos días deja lecciones que deben ser registradas y ponderadas, para no seguir cometiendo los mismos errores ni padeciendo de las mismas precariedades institucionales.

La primera y más notoria es que ya no es suficiente tener jueces afines para que un partido se garantice la victoria, como ocurría cuando el padrón electoral era un secreto de Estado y el proceso se manejaba arbitrariamente.

Ni aún cuando se controlen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como se demostró hace dos años.

Más aún, los magistrados electos unilateralmente por el Senado de mayoría perredeísta se han visto compelidos a dar testimonio de independencia.

 Hasta cierto punto, presos de chantaje, no desentrañaron muchas de las irregularidades de que adoleció el proceso.

Por ejemplo, no se atrevieron a llamar la atención al Presidente de la República sobre el obvio abuso de recursos estatales en la campaña de su partido.

Las denuncias y testimonios recibidos de muchos lugares del país dan cuenta de una compra masiva de conciencia con recursos que no salen de los bolsillos de dirigentes y candidatos, sino del Estado o fruto del tráfico de influencia que se ejerce desde los cargos públicos, del gobierno central, de los organismos descentralizados, del Congreso Nacional y de los ayuntamientos.

Fue obvio que la compra de conciencia fue una práctica generalizada por parte de diversos partidos aunque, como siempre, sobresalió el que controla los recursos del poder, utilizando no sólo gran cantidad de dinero, sino también comprando dirigentes, militantes y candidatos a través de ofertas de empleo, contratas, candidaturas y diversas canonjías.

Pero relevantemente ofensiva y grosera fue la compra abierta de votos el día mismo de los comicios en una gran proporción de los centros de votación, especialmente en las comunidades más pobres y en los barrios marginados de los principales centros urbanos.

Otra lección que no debe olvidarse es que habrá que hacer mayores esfuerzos para conseguir operadores de colegios electorales en capacidad de contar bien los votos y cuadrar las actas, para que éstas puedan ser leídas por escáner.

El descuadre de las actas, especialmente por el voto preferencial de los diputados, fue el factor fundamental del atraso en la computación de los resultados y en las casi 300 impugnaciones que le siguieron.

Por parte de los partidos queda también la necesidad de entrenar mejor a sus delegados, pues estos son corresponsables de que las actas hayan quedado descuadradas.

Su papel es precisamente velar porque las actas reflejen fielmente los resultados de las mesas, por lo que están llamados a detectar y pedir corrección de los errores.

Es posible que en la medida en que los procesos electorales sean normales y no impliquen traumas que pongan en peligro la estabilidad de la nación, habrá menos disposición de personas capacitadas para invertir al menos 15 horas en un colegio electoral.

Mientras el nivel educativo promedio en el país no se eleve considerablemente, el cuadre de las actas será un problema que demandará soluciones.

Queda también la lección correspondiente a los empresarios, dignatarios eclesiásticos y hasta embajadores que pusieron presión indebida e injustificada a la Junta Central Electoral.

Cuatro días después de las votaciones, cuando la mayoría de las juntas municipales no habían podido completar sus respectivos cómputos, esas personalidades acudían a la JCE para exigir resultados que los jueces no podían ofrecer.

No faltaron quienes condenaron a los jueces electorales, cuando todavía las juntas electorales municipales trataban de cuadrar las actas y completar sus cómputos.

El respeto a los procedimientos, incluyendo el derecho a impugnar que está garantizado en la Ley Electoral, debe ser respetado no sólo por los partidos sino también por las personalidades de la vida pública y los medios de comunicación.

Lo injusto de esos reclamos queda más evidente ante el hecho de que esta vez el boletín con los resultados definitivos ha sido emitido mucho antes del 21 de junio, en que aconteció en los anteriores comicios legislativos y municipales del 2002 mediante la Resolución 33 de la JCE.

Es una pena que muchos de los que hace cuatro años defendieron el derecho a aclarar los resultados conflictivos de Santiago, donde se revisó acta por acta y se anularon más de 500 votos fraudulentos, ahora estuvieran entre quienes negaban el derecho a la transparencia, cuando los resultados fueron estrechos en 6 provincias y en 45 municipios, en 14 de ellos definidos por menos de 50 votos.

Lo peor es que en la mayoría de los casos no se satisfizo el derecho de la ciudadanía a la transparencia.

Sobre reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

No se había terminado de votar el pasado 16 demayo cuando ya el país estaba inmerso en un debate sobrereforma constitucional, iniciado por el presidente Leonel Fernández en el momento en que ejercía el sufragio.

Varios influyentes dirigentes del Partido de laLiberación Dominicana han insistido posteriormente sobre eltema hasta el punto de que en estos momentos esa cuestiónaparece como la prioridad número uno de la organizaciónpolítica que ha obtenido la mayoría de las curules desenadores y diputados.

Esa prioridad parece determinada, como casi siempre, por la reciente conquista de un gran poder legislativo por el partido de gobierno. Así resultó en 1963, luego en 1966 y en la última reforma a la Constitución dominicana, la del 2002.

 En ninguno de esos casos se produjo la concertación ni el consenso que casi todos los sectores recomiendan.Todos debemos formular votos para que esta vez no haya precipitaciones y para que esa materia no pase porencima de urgentes prioridades como solución al problema energético, aprobación de las reformas legales para lainserción del país en el tratado de libre comercio con  Estados Unidos y Centroamérica,  la adopción de medidas destinadas a mejorar las posibilidades de los productoresnacionales en los nuevos escenarios de competitividad yconcierto para comenzar a enfrentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central que pende sobre la estabilidad económica.Tampoco debemos pretender entretener el país con un nuevo einnecesario debate académico ni contratación de asesores extranjeros para una reforma constitucional que estás obradamente diagnosticada.Esas discusiones académicas ya se dieron abundantemente enlas universidades y en los foros de la sociedad civildominicana en la última década, así como en el DiálogoNacional que impulsó el presidente Leonel Fernández en suanterior gestión de gobierno.De las recomendaciones de esos escenarios fue que se nutrióla Comisión Especial creada por el presidente Hipólito Mejía el 21 de marzo del 2001, bajo la coordinación deMonseñor Agripino Núñez Collado, la cual rindió un amplioinforme de su gestión el 13 de agosto del mismo año.

Conviene recordar que esa comisión fue de una amplitud sinprecedente, al estar integrada por representantes de todoslos partidos reconocidos, de la Suprema Corte de Justicia yla Junta Central Electoral, del Consejo Nacional de Reformadel Estado, de las mayores organizaciones empresariales ysindicales, de tres universidades, de las iglesias Católicay Evangélicas y de 7 de las instituciones sociales másparticipantes en el debate nacional.

La integraron también una decena de juristas reconocidos: Wellington Ramos Messina, Bernardo Fernández, Manuel Bergés Chiupani, Luis Scheker Ortiz, Guillermo Moreno, Ramón Tapia Espinal, Juan Manuel Pellerano, Pedro Romero Confesor,Wenceslao Vega y Jottin Cury. Además del ingenieroLeopoldo Espaillat Nanita y el sociólogo Franklyn FrancoPichardo.

La Suprema Corte y las JCE no se integraron a la comisión,como tampoco el doctor Bernardo Fernández, pero con todo lamisma resultó ampliamente representativa y sus trabajosfueron intensos.

El informe no será un compendio de perfección. Pero sí una síntesis consensuada de propuestas, y en algunos puntos enque no se pudo dar el consenso presenta dos y hasta tresopciones.Ese documento, editado en un folleto por la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene que constituir el documento base si se quiere buscar un amplio consenso nacional.Carecería de credibilidad todo intento que pretendaprescindir de un acuerdo tan amplio, que tomó unos 5 mesesde trabajo en comisiones y plenaria, dentro de un ambientede absoluta libertad.Más aún, ya se sabe de instituciones de las queparticiparon en aquella comisión que se plantean comofundamental el documento consensuado hace 4 años.

 Ya fue suficiente con que el presidente Mejía y su grupo político desconociera aquel gran esfuerzo y que se dedicaran a haceruna reforma antojadiza y burlesca. Volverlo a ignorar ahorasería una nueva burla al consenso que tanto se pregona enla sociedad dominicana.-

El peso de la abstención electoral

Por Juan Bolívar Díaz

A pesar de que la abstención pareció reducirse en las elecciones congresionales y municipales del 16 de mayo, su peso específico es demasiado fuerte para que pueda ser ignorada. Nadie podrá saber a ciencia cierta cuál fue la realidad, si disminuyó o aumentó la abstención electoral más allá de lo que indican los números, en este caso más fríos que nunca, indescifrables objetivamente.

La realidad es que los votos que fueron contados, 2 millones 991,031 representan tan solo el 55.7 por ciento de los 5 millones 369 mil 064 que estaban habilitados para ejercer el sufragio. El 44.3 por ciento de los ciudadanos y ciudadanas no votó, o anuló o le fue anulado el sufragio.

Del voto nulo, que promedia entre 2.5 y 3 por ciento, es imposible establecer la proporción que corresponde a ignorancia, de la abstencionista, que son los depositados en blanco, ya que estos últimos no se cuentan en el sistema electoral dominicano, lo que de por sí implica renuencia a valorarlos.

En relación a las dos elecciones congresionales y municipales anteriores, la abstención ha disminuido 6 y 7 puntos respectivamente. Esa proporción puede parecer significativa, pero se cae cuando se considera el hecho de que en 1998 y 2002 regía el sistema del llamado colegio electoral cerrado, lo que obligaba a invertir entre 3 y 5 horas para ejercer el voto. Muchos ciudadanos desertaban de las mismas filas por cansancio y disgusto. Otros se negaban a cotizar tan alto para elegir a representantes que en muchos casos no representaban más que sus propios intereses y los de quienes los nominaban.

Ahora se podía votar en 5 o 6 minutos, lo que implica que los que no lo hicieron eligieron más claramente la opción de la abstención. Excepto la franja de los ausentes, los que han emigrado después del padrón electoral del 2000.

Así pues, se puede concluir que una alta proporción de los 2 millones 378 mil 33 ciudadanos y ciudadanas que no votaron eligieron la abstención como forma de expresar su rechazo a la degeneración de la actividad política, o para manifestar que son indiferentes, que nos les interesa sentirse representados en el carnaval de esta democracia hueca y corrompida.

El peso específico de la abstención es más concentrado en los grandes conglomerados urbanos. Encabeza la provincia Santo Domingo, donde según el último boletín de la Junta Central Electoral, los votos válidos ascendieron sólo a 47.66 por ciento. En la provincia de Santiago totalizaron 48.43 por ciento; 50.96 en el Distrito Nacional;48.74 en San Pedro de Macorís; y 49.08 en La Romana.

Si se considera, por ejemplo, el municipio de Santiago, se verá que los votos emitidos se reducen al 46.77 por ciento, 3.53 por ciento menos que en la provincia. La misma reducción se puede comprobar en otros centros urbanos del interior del país.

En otras palabras que entre las fuerzas sociales más activas del país, el rechazo a la forma de hacer política y la indiferencia frente a las elecciones es mayor, cuestión que tampoco puede ser ignorada, pues tiene significación para la gobernabilidad y el futuro de la democracia dominicana.

La participación registra mayores tasas en las provincias más pobres y alejadas del centro nacional. Los votos emitidos alcanzaron la semana pasada al 76 por ciento en Independencia; 72 por ciento en Elías Piña, 69 en Bahoruco; 68 en Pedernales y 65 en El Seybo.

Nadie podrá tampoco establecer qué porcentaje de los participantes lo hicieron por paga. Hasta en barrios medios de la capital individuos con maletines de dinero compraban votos a la vista de todo el que quería ver.

Me inscribo entre quienes piensan que la tasa de abstención fue alta y significativa, contentiva de un mensaje, de una llamada a la rectificación de esa podredumbre política del derroche y abuso de los recursos del Estado y de los provenientes del tráfico de influencia, lavado de dinero y hasta del narcotráfico.

Es obvio que muchos preferirán creer y decir que se redujo la abstención. Tal vez para calmar lo que les queda de conciencia. Pero ojalá que despierten a la realidad antes de que llegue el lobo anunciado.

Para que conste en acta

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque mantengo la convicción de que el sistema electoral es uno de los campos en que más hemos avanzado en la última década y que los comicios del martes próximo serán tan normales como los seis anteriores, debemos tomar nota de una serie de reformas cada vez más necesarias para el mejoramiento de nuestra democracia.

Es preciso que tomemos nota de esas necesidades para que consten en acta y no se nos olviden dentro de poco, especialmente a los dirigentes políticos que en medio de las desolaciones de esta campaña electoral han tenido que reconocer que todavía tenemos importantes reformas  por delante.

Lo primero es que a lo largo del proceso, como en el anterior, se ha evidenciado la fortaleza del padrón de electores y la transparencia con que lo ha manejado una Junta Central Electoral empeñada en ganar credibilidad, pero débil por haber nacido sin consenso de los actores políticos, lo que le contaminó el ambiente y la mantuvo casi 4 años a la defensiva, incluso de diatriabas, pero sobre todo de exageradas incertidumbres.

Como en agosto próximo hay que elegir los jueces electorales por 4 años, es preciso que tengamos en cuenta las experiencias y que a los nuevos senadores no se les ocurra repetir la historia, bajo el argumento de que fueron electos para ejercer sus facultades constitucionales. Para que el torneo transcurra con más éxito y sin grandes confrontaciones es preciso que los árbitros sean aceptables sino para todos, al menos para la mayor parte de los equipos participantes.

Que conste también en acta que en una próxima reforma constitucional, planteada por diversos partidos y candidatos, es fundamental que separemos definitivamente las funciones electorales gerenciales y administrativas de las normativas y contenciosas, en dos organismos autónomos, como prevalece en el mundo.

El tribunal electoral contencioso debe ser integrado por jueces tan independientes y decididos que sean capaces de aplicar las normativas para limitar las campañas, las recaudaciones financieras y el gasto de partidos y candidatos y para llamar la atención hasta al Presidente de la República, a fin de extinguir las viejas y perniciosas prácticas de uso del poder y los recursos estatales en las campañas electorales.

Desde la primera etapa de este proceso electoral quedó de manifiesto la necesidad de una ley de partidos políticos que establezca mecanismos democráticos invulnerables para escoger dirigentes y candidatos, así como para establecer alianzas y sancionar más contundentemente el peculado y el tráfico de influencia, el transfuguismo y la compra de conciencias.

Que partidos y candidatos tengan que informar minuciosamente sobre la procedencia de todo el dinero que se derrocha en las campañas electorales, desde que empiezan a perseguir las candidaturas al interior de los partidos. Que los organismos de control estén en la obligación de auditar las cuentas de candidatos y partidos y  se establezcan las sanciones correspondientes a los que violen las normas.

Es generalizado el escándalo por el derroche publicitario de partidos y candidatos a lo largo de unos 9 meses, desde que comenzaron abiertamente las campañas internas para las nominaciones. Parece fundamental que se establezca un período de campaña interna abierta, es decir con publicidad, que no puede ser de más de 60 días. Y luego de 90 días para la campaña general, que es lo contemplado en la actual ley electoral.

Esas campañas tan extensas y sin control del gasto sólo sirven para incentivar la corrupción y el tráfico de influencia como forma de financiar la costosa carrera política. También incentivan el uso y abuso de los recursos de las instituciones del Estado, la incursión de dinero lavado proveniente de actividades ilícitas, sobre todo del narcotráfico, y el rentismo político de los poseedores de las mayores fortunas, con excesivo poder para premiar o castigar candidatos y partidos.

Así como favorece a los políticos y candidatos de menos escrúpulos y vinculados a los intereses creados, ese costo tan elevado de la política perjudica a los ciudadanos y ciudadanas más honrados y apegados a los conceptos éticos, así como a los representantes de los grupos sociales de menos poder económico, casi imposibilitados de competir en este mercado electoral.

Finalmente, que conste también en acta que ya es obsoleto el sistema de la convalidación de las actas en las juntas municipales electorales, si vienen firmadas, selladas y plastificadas desde los colegios electorales. La JCE quiso eliminar ese paso, pero los partidos lo impidieron. Es el mayor obstáculo a que la información del cómputo electoral fluya rápidamente para evitar incertidumbres. Está demostrado hasta la saciedad que la doble validación tapona el cómputo en los municipios donde hay mayor número de colegios, como el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago. Lo volveremos a ver el martes, lamentablemente.

Hay que habitar los partidos

Por Juan Bolívar Díaz

La frase la acuñó el joven vicepresidente del Partido Socialista de Chile Leonel Cádiz durante el XII Curso Interamericano de Elecciones y Democracia, celebrado en la capital mexicana durante la última semana de Abril por el Centro de Promoción y Asesoría Electoral (CAPEL) del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y con los auspicios del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral de México.

El tema del encuentro de tres días fue “la nueva generación de desafíos para la democracia”.

Fueron convocados unos 80 funcionarios electorales, dirigentes políticos y de organizaciones sociales y comunicadores. Por la República Dominicana estuvieron los jueces electorales Luis Arias, Salvador Ramos y José Luis Tavárez, y como dirigentes sociales Rafael Toribio y este articulista, ambos además participamos como expositores.

Conocidos los diagnósticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y las encuestas y estudios auspiciados por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos, así como los de Latinobarómetro, no había que formular de nuevo la crisis del partidismo político. El evento se dedicó a discutir propuestas de acción en los cuatro grupos de trabajo en que se dividió como en las plenarias donde se presentaron las ponencias y se acogieron las conclusiones.

Predominó el criterio de que es absolutamente legítima la preocupación por el proceso de deterioro de la imagen de los partidos políticos, por el creciente descreimiento que los afecta, por la corrupción y la forma de hacer política en negación de los principios democráticos que teóricamente se preconizan. Se advirtieron los riesgos del colapso de los partidos, que suelen conllevar retrocesos democráticos, por la encarnación de soluciones individuales, improvisadas y que por carecer de base política de sustentación terminan derivando en nuevas expresiones de autoritarismo, descomposición política e ingobernabilidad.

Al profundizar sobre el estancamiento del proceso democrático que se registra en América Latina, tras la caída de las dictaduras que asolaron hasta la década de los ochenta, se advirtió que el problema no se puede limitar a los partidos, que existe una cultura poco participativa, de exclusión y autoritarismo, de imposición y prolongación de los liderazgos, que afecta también a las instituciones sociales de todo género.

Durante años hemos sostenido que si el problema estuviera sólo en los partidos, la sociedad los hubiese sustituido, hubiera creado otros que respondieran a los imperativos democráticos. Lo que ha ocurrido es que cuando los partidos colapsan, los reproducimos desde nuevas instancias formales o informales. Se ha visto claro en los proyectos alternativos que se han verificado en las últimas dos décadas en Brasil,  Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala y Venezuela.

En el tema de la relación sociedad civil- partidos las conclusiones fundamentales giraron en torno a la necesidad de acentuar el diálogo y la interacción entre los dos sectores. Se exhortó a los dirigentes sociales a seguir el camino marcado por CAPEL que durante 25 años ha desarrollado una notable labor de investigación, capacitación y vinculación con el sistema de partidos. Trabajar con los partidos, más que sobre los partidos. Y por ahí fue que emergió el planteamiento que encabeza este artículo: “hay que habitar los partidos”.

Por supuesto que se trata de una avenida de doble dirección, porque el sistema partidista es tan excluyente que se llega a pretender que los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil carecen de derechos al ejercicio de la política y son vistos como advenedizos, sino intrusos,  cuando tratan de incursionar en la misma aún desde los propios partidos.

Es obvio que la mayoría de los dirigentes sociales no están llamados a abandonar sus responsabilidades para perseguir el poder político, pero los que quieran hacerlo no solo están en su derecho, sino que deberían recibir algún espacio en esos partidos cuyos dirigentes también admiten que están en crisis y requieren renovación y hasta regeneración.

No es fácil habitar la política. Su misma naturaleza competitiva hace que los que están en las pistas pretendan cerrar el paso a los que buscan espacios. Tal vez los dirigentes sociales tengan que ganarse esos espacios con un intenso trabajo junto a los políticos en la formación de las nuevas generaciones, para con ellas reivindicar no solo derechos sino también principios.

Será cuestión de tiempo, por ahora hay caminos que lucen bastante cerrados.

 Son parte de la desconfianza generalizada sobre la política y los políticos. Pero por algún lado habrá que comenzar a romper el círculo vicioso para que el proceso democrático latinoamericano de nuevos pasos de avance. Sin descartar la constitución de nuevas organizaciones políticas. Aunque la experiencia demuestra también lo difícil que es acreditarlas y reemplazar al sistema instituido.

El terrible fracaso de Irak

Por Juan Bolívar Díaz

La generalidad de los que han pasado balance a los tres años recién cumplidos de la invasión y ocupación militar de Irak por parte de Estados Unidos y Gran Bretaña ha tenido que concluir irremisiblemente en que se trata de un terrible fracaso, que el costo humano, político y económico ha sobrepasado hasta las peores predicciones, sin más logros que el derrocamiento del régimen odioso de Sadam Husein.

Midiendo los resultados no hay manera de entender cómo fue posible que el gobierno norteamericano se embarcara en una aventura de tal magnitud, cuando no había que ser un experto para advertir que el problema no era tanto entrar a Irak, en el corazón del mundo árabe, sino vencer la resistencia de largo plazo que desataría el nacionalismo y el fundamentalismo islámico y reconstruir materialmente el país y establecer un régimen democrático.

Estados Unidos echó por la borda toda la solidaridad internacional que logró a raíz de los actos terroristas del 2001, al desafiar a todo el mundo, incluyendo a casi todos sus aliados de la “Vieja Europa”, y al destrozar las bases en que se fundamentaba el orden internacional.

Sólo la codicia del petróleo puede explicar la obsesión del presidente George Bush por ocupar ese país, que se manifestó mucho antes de la agresión terrorista del 2001, como pone de manifiesto la obra “El Precio de la Lealtad”, en la que el periodista Ron Suskind, recoge parte de los 19 mil documentos que le entregó Paul O´Neill, quien fuera Secretario del Tesoro norteamericano en los primeros dos años de la actual administración.

El libro testimonial “Contra Todos los Enemigos”, es otra fuente insospechable que relata las obsesiones y absurdos de la política que llevó a la ocupación de Irak, escrito nada menos que por Richard Clarke, quien fuera coordinador del Consejo Nacional de Seguridad en los gobiernos de George Busch padre, de Bill Clinton y de George Bush hijo, hasta su renuncia en marzo del 2003, al empezar la guerra.

Richard Clarke concluye en que la invasión de Irak, a nombre de la lucha contra el terrorismo, “acentuó el apoyo a Al Qaeda y un antiamericanismo radical. Por todas partes éramos vistos ahora como un supermatón más que como una superpotencia, no ya por lo que hicimos, sino por el modo en que lo hicimos, desdeñando los mecanismos internacionales que más tarde necesitaríamos”.

El exfuncionario concuerda con un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército en que la guerra a Irak “fue un error estratégico de primer magnitud”. Resalta que Estados Unidos desairó los consejos de los árabes amigos y de sus aliados de la OTAN y utilizó la fuerza militar. El párrafo final de su libro concluye en que “El resultado ha sido una mayor inseguridad, cuyo precio estaremos pagando durante mucho tiempo”.

Al no encontrar las armas iraquíes de destrucción masiva que pretextaba, la ocupación ha quedado como una agresión injustificada, con un balance de destrucción inconmensurable, con muertos civiles estimados en decenas de miles. Sólo en la capital, Bagdad, el personal de la morgue ha catalogado más de 24 mil cadáveres. Han ascendido de 20 por día en el primer año, a 31 en el segundo y 36 en el tercero. Y el conteo macabro sigue en ascenso tras comenzar el cuarto año.

Del ejército de Sadam Husein se cuentan entre 4 mil 895 y 6 mil 370 víctimas mortales y más de 4 mil 300 policías y militares del régimen impuesto. Mientras los soldados norteamericanos muertos pasan de 2 mil 300 y totalizan sobre 2 mil 500 sumando los aliados, además de decenas de miles de heridos y traumatizados.

Al caudaloso río de sangre desatado hay que sumar el costo económico para Estados Unidos cifrado en 320 mil millones de dólares, mientras las perspectivas son cada vez más tenebrosas.

Tres años después de la ocupación, en Irak solo se cuenta muerte y destrucción, y el último intento electoral de diciembre pasado no ha podido ser traducido en la constitución de un gobierno, porque las divisiones internas, y los odios étnicos desatados tienen el país en lo que el exprimer ministro Iyad Allawi, impuesto tras la ocupación, catalogara en marzo como guerra civil, con un “promedio de 50 a 60 muertos por día”.

Paradójicamente las escasas posibilidades de Estados Unidos imponer estabilidad, no digamos democracia, están ahora cifradas en los shiitas aliados del régimen fundamentalista de Irán, que aprovechando la circunstancia monta un desafío con su programa nuclear.

El balance no puede ser más desolador para los estrategas del fundamentalismo norteamericano, mientras el presidente Bush cosecha la mayor impopularidad de las últimas dos décadas. Y lo peor es que la caja de Pandora que abrió la ocupación de Irak todavía no acaba de soltar todos sus maleficios.-