¿Hoy por ti, mañana por mi?

Me atrevo a presumir que a muy pocos llamó la atención la información de que 7 mil 181 miembros, oficiales y clases de las tres ramas de las Fuerzas Armadas fueron expulsados en dos años, involucrados en una amplia gama de delitos. Porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro y vemos como normales las peores barbaridades. La información fue publicada por el Diario Libre el miércoles 8 de noviembre, bajo la firma del destacado reportero Leoncio Comprés. La puse bajo cuestionamiento, ya que se trata nada menos que de la sexta parte, uno de cada seis aproximadamente, de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra.

Y que fueron expulsados por haberse involucrado en delitos de narcotráfico, contrabando, asaltos, robo, secuestros, atracos, viajes ilegales, falsificaciones y otros, entre los cuales sin duda está el asesinato.

Alarmado llamé al reportero para precisar y me ratificó sus datos, obtenidos en fuentes autorizadas de las entidades militares.

En relaciones públicas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas no tenían información al respecto, todavía el viernes, dos días después de la publicación.

Evidentemente, tampoco allí esas cifras habían causado alarma.

Que de ser falsas tenían que haber sido corregidas cuanto antes, por el bien de esas “gloriosas instituciones”. Según el informe entre agosto del 2004 y agosto del 2006 fueron separados del Ejército Nacional 5,200 miembros, entre ellos 54 oficiales. De la Marina de Guerra expulsaron a 618, incluidos 28 oficiales.

En cuanto a la Fuerza Aérea no había precisión, pero se estimaron en mil 363.

Y las cancelaciones prosiguen, incluyendo oficiales. No se precisa cuántos han sido sometidos a la justicia ni cuántos sancionados. Si a eso sumamos los miembros de la Policía Nacional que también son expulsados por actividades ilícitas, las razones para alarmarnos son todavía mayores.

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, ha hablado de miles en su gestión de poco más de dos años.

El general Bernardo Santana Páez dijo el 2 de agosto pasado que en su gestión de un año había cancelado a 670 policías, de los cuales 308 fueron sometidos a la acción judicial. Por su parte el general Rafael Ramírez Ferreiras, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó que en menos de tres meses que lleva al frente del importante organismo investigativo ha despedido a más de 600 miembros, “por negligencia y apatía” en el cumplimiento de sus deberes. Al parecer en esta institución los botan antes de que lleguen al delito, aunque frecuentemente las informaciones de prensa indican lo contrario. Cifras más o menos, no parece haber dudas de que son miles de delincuentes criados al amparo de las instituciones destinadas a la seguridad nacional y al combate a todas las expresiones de la delincuencia. Que para delinquir emplean las armas y los uniformes que el Estado les proporciona.

Hay razones para presumir que en su gran mayoría esos delincuentes quedan en la impunidad. De entrada ya se ha denunciado y admitido que los de la Policía tienen hasta cárceles especiales, en los mismos cuarteles de la institución, donde evidentemente tienen un régimen especial. Alegan que con los delincuentes civiles no se garantiza su seguridad, lo cual es un pretexto inaceptable. Bastaría con agruparlos en las cárceles. La gran pregunta es qué hacen todos esos hombres entrenados en el uso de las armas y de la fuerza física, una vez pierden la membresía militar o policial.

Cuántos de ellos pasan a engrosar las filas del creciente número de bandas de delincuentes que proliferan por todo el país.

La situación es de extrema gravedad. Es difícil que en cualquier acto delictivo que involucre a varias personas no haya algún miembro activo o cancelado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la DNCD.

Se trata de una expresión del nivel de descomposición y corrupción que está alcanzando esta sociedad, donde cada semana se descubre un escándalo o una nueva forma de estafar, de robar o apropiarse hasta de los cables del tendido eléctrico y el lecho de los arroyos y cañadas. Estamos tan acostumbrados al latrocinio y la expropiación que ya pocas cosas nos causan asombro.

Tampoco ha causado alarma la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló que las compras del comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacían con precios sobrevaluados entre un 35 y100 por ciento.

 Algo impensable en la UASD de hace pocos años.

Estruja el ánimo la comprobación de la creciente descomposición en la nación y la convicción de que prevalece la impunidad en todos los niveles, como si entre los agentes públicos prevaleciera la consigna de hoy por ti, mañana por mi.

Incoherencia y poca transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El secretario de Obras Públicas proclamó el lunes en Santiago que el gobierno sólo podrá terminar y transformar las principales avenidas y carreteras del país mediante acuerdos razonables con el sector privado, tras referirse a las limitaciones presupuestarias por todos conocidas, y sin perspectivas de mejoramiento significativo para el próximo año.

            Al parecer los reporteros que entrevistaban al ingeniero Freddy Pérez no le pidieron que ampliara su criterio, por lo que tenemos que suponer que el funcionario se refería a concesiones para construir carreteras, que se han intentado en el país en los últimos años y que todavía no han dejado el primer fruto concreto. Parece que en algo se avanza en la carretera Santo Domingo-Samaná, pero que todo quedó en ilusiones en la autovía del Este y en la San Cristóbal-Baní.

            En países desarrollados, donde las instituciones públicas tienen efectivos mecanismos de control, el sistema de concesiones de carreteras y otras obras públicas ha funcionado adecuadamente. En otros, México por ejemplo, la corrupción que caracterizó las concesiones y los altos costos, las hicieron fracasar, traduciéndose en pérdidas del orden de los 15 mil millones de dólares que tuvo que asumir el Estado.

            Pero lo grave, lo incoherente es que el ingeniero Pérez proclamara la quiebra financiera del Estado hasta para transformar avenidas, justo en momentos en que entregaba el estadio Cibao, que al igual que los de Santo Domingo, San Pedro y San Francisco de Macorís, fueron objeto del “arreglo, remodelación y modernización” dispuestos por el presidente de la República, según una página propagandística.

           Llamó la atención que en esa página desplegada en todos los periódicos, la secretaría de Obras Públicas no dijo en qué consistieron las obras ni cuánto costaron, cuestiones básicas y que además son de uso y costumbre, sobre todo cuando se trata de relevar las altas inversiones gubernamentales.

            Esa limitada información se inscribe dentro de la falta de transparencia con que se usan los recursos del Estado. Más grave aún cuando se financia una actividad privada, como es el béisbol profesional, que deja significativos beneficios por lo menos a algunos de los equipos. Aparte de la rentabilidad que genera a unos cuantos el mercado clandestino al que van a parar la mayor parte de los boletas de los juegos que atraen más público, y que suelen venderse al doble y hasta el triple de su valor nominal.

            ¡Ni siquiera en la venta de boletas para el principal entretenimiento dominicano puede haber transparencia! En un negocio que se realiza en estadios construidos, reparados y hasta mantenidos por el Estado.

            La proclama del secretario de Obras Públicas sobre la incapacidad financiera para terminar y transformar carreteras y avenidas, se produjo en Santiago, justo donde el Estado invierte 25 millones de dólares para ayudar a la terminación de una clínica privada.

            Podrán encontrarse explicaciones y hasta pretenderse justificaciones. Pero tampoco se puede entender que se hayan invertido decenas de millones de pesos, dicen que 57, para montar en el país un torneo internacional de pesas, renglón donde no alcanzamos ni medalla de bronce. También se anuncia que se dispondrán 25 o 30 millones de pesos para auspiciar una pelea del dominicano Joan Guzmán, que recientemente ganó un campeonato mundial de boxeo.

            Simpatizo con Joan, sencillo y dedicado en cuerpo y alma a ese cuestionado deporte y hombre de sentimiento patriótico. Pero sinceramente no hay manera de convencerme de que estas inversiones aludidas son más prioritarias que las correspondientes a avenidas y carreteras.

            Justo en el béisbol, en el boxeo, en las clínicas, son de los campos donde el Estado debería auspiciar la inversión privada.

            Es cierto que la subvención al béisbol viene de décadas, pero ya es tiempo de que los empresarios asuman la reparación y mantenimiento de los estadios. Por lo menos que el Estado les demande compartir la carga, siquiera a la mitad, para comenzar. Y que el costo de entrada a los juegos sea el justo y transparente. Que no se anuncie una boleta a 200 para venderla clandestinamente a 400. Que el Estado no auspicie un negocio turbio.

            ¡Cuántas incoherencias y falta de transparencia! ¿Cuándo será que la modernidad que tanto se pregona se traducirá en información total, en observación de un elemental orden de prioridades y en respeto por la ciudadanía dominicana?

Positiva rectificación gubernamental

Por Juan Bolívar Díaz

La opinión pública debe ponderar positivamente la decisión del Gobierno de dejar sin efecto el contrato firmado con la empresa The Sun Land Group para suministrar equipos a la Policía Nacional por 132.4 millones de pesos, anunciada el pasado viernes por el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa.

Esa rectificación beneficia al Gobierno por múltiples razones, la mayor de las cuales es que evita que se materialice una operación onerosa para la nación en términos casi sin precedentes, por la magnitud de la sobre valoración de los vehículos, motocicletas, computadoras, inversores, baterías y otros equipos incluidos en la contratación.

También es positiva por cuanto le evita a la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción y a la Procuraduría General de la República la disyuntiva de jugarse su prestigio o tener que desaprobar el contrato y proceder judicialmente contra sus responsables.

Un tercer beneficio neto es que el Gobierno da una importante muestra de atención a las críticas y reclamos de una parte de la opinión pública que rechazó enérgicamente los términos de la contratación, especialmente a Clave Digital, el semanario Clave, los diarios HOY y El Día, así como la doctora Milagros Ortiz Bosch, al diputado Pelegrín Castillo y al movimiento Participación Ciudadana.

A la doctora Ortiz Bosch, el titular de Finanzas le debe una reparación moral por la forma tan ríspida y desconsiderada con que había rechazado su crítica al contrato, que de cualquier forma deja mal parados a sus progenitores y promotores, incluyendo a las cámaras legislativas que lo aprobaron sin miramientos y a algunos medios de comunicación que quisieron defenderlo aún después que se había demostrado su infame dimensión.

Queda el daño moral generado por los promotores de este contrato y el descrédito institucional que conllevan las actuaciones turbias que abonan el ambiente de descomposición y corrupción predominante en el país.

La rectificación gubernamental deja mal parados a los legisladores de ambas cámaras congresionales que aprobaron el contrato después de las graves objeciones que les formulara la opinión pública, especialmente a los diputados que lo hicieron sin siquiera agotar el reglamentario procedimiento de la comisión de estudios.

Su actuación sólo sirvió para abonar el criterio de que todo se compra y se vende en la sociedad dominicana. Si los compradores adelantaron pago con cuenta a la contratación, esta vez habrán perdido, lo que debe ser otro motivo de celebración.

Fue muy contradictorio que los diputados acogieran ese contrato turbio en la misma sesión legislativa en la que aprobaban la nueva ley sobre compras, contrataciones y concesiones del Estado, la que instituye mecanismos llamados a reducir el tráfico de comisiones, o la corrupción.

Se ha dicho que se procederá a llamar a un concurso público para contratar los equipos que requiere la Policía Nacional, lo que debe hacerse a la mayor brevedad. Seguro que se conseguirán los mismos equipos a mucho menor costo y para ser recibidos a corto plazo.

Después de esta rectificación gubernamental sería coherente que también se suspenda el otro contrato grado a grado recién enviado al Congreso, que ya se ejecuta ilegalmente, mediante el cual se traspasan a una empresa privada responsabilidades que corresponden a la Dirección General de Bienes Nacionales, como la de vender inmuebles del Estado o cobrar deudas pendientes.

Si fue necesaria una ley para “capitalizar” las empresas del Estado, vendiendo el 50 por ciento de sus acciones mediante rigurosos procesos de licitación o concursos públicos, es contradictorio que no se siga el mismo procedimiento tratándose de funciones legalmente atribuidas a un organismo del gobierno central.

El trámite de la concesión es más injustificable y contradictorio si se tiene en cuenta que desde el pasado 1 de junio rige el decreto 63-06 emitido por el presidente Leonel Fernández, el cual establece concursos públicos para las compras y contrataciones del Estado.

En este otro contrato resalta también la falta de transparencia cuando, además del pago de comisiones, el Estado se compromete a cubrir los costos de los procedimientos, y de honorarios profesionales, así como a avalar los financiamientos por montos indeterminados en que incurra la beneficiaria del contrato.

Todo eso mientras esta misma semana el padre José Luis Alemán, abogaba ante la Cámara Americana de Comercio por “una mayor transparencia del manejo de los ingresos y gastos públicos y por la neutralidad e impugnabilidad de licitaciones de contratos e inversiones públicas”…

No cambio constituyente por consulta

Por Juan Bolívar Díaz

Es obvio que la consulta propuesta por el Gobierno para la reforma constitucional es un mecanismo llamado a sustituir la Asamblea Constituyente con la que están comprometidos tanto el presidente Leonel Fernández como su Partido de la Liberación Dominicana, razón por la cual debe ser rechazada.

El rechazo se impone particularmente por parte de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil dominicana comprometida durante muchos años con la idea de una Asamblea Constituyente por elección popular.

No hay razón para que se cambie la constituyente por una consulta que en nada obligaría a la mayoría peledeísta que predominará en el Congreso Nacional a partir del próximo 16 de agosto, sobre todo si se le da borrón y cuenta nueva a los compromisos programáticos.

De ninguna forma se puede olvidar que en los programas de gobierno del PLD se postula la Asamblea Constituyente como el mecanismo idóneo para una reforma de fondo a la Constitución de la República. Fue también un compromiso del presidente Leonel Fernández en la campaña electoral del 2004.

La simple participación en la consulta que se pretende convocar implica otorgar una carta abierta para que nuevamente la Constitución sea modificada a conveniencia de la mayoría congresional de turno. Nadie podría garantizar que esta vez sí se pondrá atención a los reclamos de la sociedad.

En dos artículos recientes hemos demostrado que han sobrado las consultas sobre reformas constitucionales realizadas en la última década, incluyendo los 16 foros regionales y el Diálogo Nacional auspiciados por la anterior gestión gubernamental del PLD, a través de su Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado.

A esas consultas y acuerdos se sumaron las realizadas por el Consejo Nacional de Reforma del Estado durante el gobierno perredeísta del 2000-04 y la de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las que en conjunto han involucrado a miles de ciudadanos y ciudadanas representantes de cientos de organizaciones sociales.

Sería una incongruencia complaciente que las organizaciones sociales que participaron en los trabajos de cuatro meses de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional no reivindicaran el amplio consenso logrado en el 2001 y se aprestaran a cambiarlo por una simple consulta que quedaría a voluntad de un solo partido.

No se puede olvidar que el PLD fue parte activa de esa comisión y ese consenso, y que fue persistente en reclamar la Asamblea Constituyente por elección popular.

Tampoco se puede obviar el Pacto por la Reforma Constitucional suscrito el 27 de septiembre del 2001 por los tres partidos mayoritarios y que también acordaba una elección de constituyentes para adaptar la Constitución a los nuevos tiempos.

El consenso de la Comisión Especial creada por decreto del presidente Hipólito Mejía incluyó un mecanismo para que la sociedad civil pueda participar de la reforma.

Se acordó que serían electos 155 representantes de los partidos políticos y 31 por las organizaciones sociales.

Se estableció que los representantes de la sociedad civil serían escogidos en una sola circunscripción nacional, que podrían ser postulados en coaliciones de por lo menos diez organizaciones sociales con personería jurídica que reúnan el uno por ciento de los votos válidos de la última elección general y que en su propuesta alternaran un hombre y una mujer sin militancia en los partidos y con representación regional.

Ese mecanismo está llamado a evitar que los dirigentes de las organizaciones de la sociedad civil sean politizados, como ocurriría de ser postulados en las listas de los partidos.

Renunciar a ese consenso que consta en un folleto publicado por la Universidad Católica Madre y Maestra, echaría por tierra todos los esfuerzos participativos de la sociedad civil durante por lo menos una década.

Por lo menos yo no cambio esos consensos a favor de la Asamblea Constituyente por una nueva y redundante consulta. Que conste en acta.

Signos del atraso institucional

Por Juan Bolívar Díaz

La reunión del equipo económico del Gobierno del pasado lunes se encontró con el informe de un exceso de gasto por más de 4 mil millones de pesos en el primer cuatrimestre del año, lo que evidentemente está relacionado con la campaña electoral, guardando una tradición que hace tiempo debimos haber superado.

De ese encuentro presidido por el presidente Leonel Fernández salió el anuncio de que se estaba prohibiendo el endeudamiento inconsulto de las instituciones del Estado, algo que ya había sido prohibido mediante el decreto 1523-04 del mismo mandatario, fechado el 2 de diciembre del 2004.

Urgido por la necesidad de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que prohíbe el déficit fiscal, se concluyó exhortando a los organismos recaudadores a que no den la más mínima tregua y a las dependencias estatales que se atengan estrictamente a lo presupuestado.

Los ingresos gubernamentales en el primer cuatrimestre del año sumaron 57 mil 247.6 millones de pesos, mientras los gastos ascendieron a 61 mil 620 millones, lo que implica un déficit de 4 mil 372.4 millones de pesos, equivalente a 7.7 por ciento, según los datos del último informe de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Cuando se conozca la ejecución de mayo seguramente que el déficit será mayor.

Es relevante cómo se disparó el gasto gubernamental durante marzo y abril, lo que obviamente está relacionado con la campaña electoral. Los egresos pasaron de 11 mil 388.3 millones en febrero, a 20 mil 928.2 millones en marzo para un crecimiento de 9 mil 539.9 millones, equivalentes a un abultado 84 por ciento, sólo en un mes. En abril el gasto se redujo un poco para totalizar 17 mil 294 millones de pesos, pero todavía muy por encima de enero y febrero.

En otra perspectiva, los ingresos de marzo-abril fueron de 29 mil 298.9 millones de pesos, y los egresos de 38 mil 222.2 millones para un déficit de 8 mil 923.3 millones de pesos, equivalente al 30 por ciento.

Ese desbordamiento coyuntural del gasto, como el hecho de que se hubiesen olvidado del decreto que limita el endeudamiento, son signos inequívocos del atraso institucional dominicano. Se emiten decretos y disposiciones de supuesta austeridad para consumo de la opinión pública. Tanto que meses después se repiten como si nada.

Tal como adujo alguien cuando llamábamos la atención sobre el déficit, eso ocurrió también en el pasado gobierno. Y en el antepasado y en los anteriores. Baste recordar que en las campañas electorales de 1990 y 1994 el derroche gubernamental llegó al grado de quebrar hasta la Lotería Nacional, dejando mal paradas a las empresas estatales.

En las últimas campañas electorales ya no pudieron quebrar la Corporación de Empresas Estatales, ni el Consejo Estatal del Azúcar, porque hace tiempo que fueron agotados. Entre los factores que descompusieron la administración de Hipólito Mejía estuvo el desbordamiento del gasto en la campaña para las elecciones del 2002 en las cuales el partido gobernante cosechó un gran triunfo, lo mismo que acaba de ocurrir el mes pasado.

Hasta mitad del 2002, el Gobierno había navegado con bastante acierto, pese al desfavorable escenario internacional de aquellos tiempos. Hasta junio el crecimiento económico del año estaba cifrado en 6 por ciento y la inflación en 3 por ciento, mientras la tasa cambiaria se mantenía en 18 pesos por dólar.

Pero los desequilibrios fiscales de la campaña tuvieron pronto repercusión y en septiembre, con el anuncio del fin del subsidio a la electricidad, la tarifa energética se elevó en 40 por ciento y allí comenzó la debacle, que en los meses siguientes sería multiplicada por la quiebra de tres bancos.

Al compás del triunfalismo y la prepotencia generada por el resultado electoral se produjeron otros desbordamientos, de tipo político, como la mezquina reforma constitucional para restablecer la reelección y la imposición de una Junta Central Electoral a la medida del interés del partido que dominaba los pediréis Ejecutivo, Legislativo y Municipal. A partir de ahí el régimen perdió la brújula para no recuperarla jamás, con los consiguientes costos económicos y políticos.

Hay que recordar esos acontecimientos para que sirvan de lección, ya que estamos en una circunstancia bastante parecida. Y las debilidades institucionales persisten en contraposición con un discurso modernista y mil promesas de reformas y fortalecimiento de las instituciones.

También tenemos que seguir reclamando que esta nación supere miserias institucionales como esa del desbordamiento del gasto gubernamental en las campañas electorales. Algo inconcebible en países donde se respete la ley y el interés nacional esté por encima del partidista.

Lecciones de este proceso electoral

Por Juan Bolívar Díaz

Como todos los procesos electorales, aún los más puros, el que está culminando en estos días deja lecciones que deben ser registradas y ponderadas, para no seguir cometiendo los mismos errores ni padeciendo de las mismas precariedades institucionales.

La primera y más notoria es que ya no es suficiente tener jueces afines para que un partido se garantice la victoria, como ocurría cuando el padrón electoral era un secreto de Estado y el proceso se manejaba arbitrariamente.

Ni aún cuando se controlen los poderes Ejecutivo y Legislativo, como se demostró hace dos años.

Más aún, los magistrados electos unilateralmente por el Senado de mayoría perredeísta se han visto compelidos a dar testimonio de independencia.

 Hasta cierto punto, presos de chantaje, no desentrañaron muchas de las irregularidades de que adoleció el proceso.

Por ejemplo, no se atrevieron a llamar la atención al Presidente de la República sobre el obvio abuso de recursos estatales en la campaña de su partido.

Las denuncias y testimonios recibidos de muchos lugares del país dan cuenta de una compra masiva de conciencia con recursos que no salen de los bolsillos de dirigentes y candidatos, sino del Estado o fruto del tráfico de influencia que se ejerce desde los cargos públicos, del gobierno central, de los organismos descentralizados, del Congreso Nacional y de los ayuntamientos.

Fue obvio que la compra de conciencia fue una práctica generalizada por parte de diversos partidos aunque, como siempre, sobresalió el que controla los recursos del poder, utilizando no sólo gran cantidad de dinero, sino también comprando dirigentes, militantes y candidatos a través de ofertas de empleo, contratas, candidaturas y diversas canonjías.

Pero relevantemente ofensiva y grosera fue la compra abierta de votos el día mismo de los comicios en una gran proporción de los centros de votación, especialmente en las comunidades más pobres y en los barrios marginados de los principales centros urbanos.

Otra lección que no debe olvidarse es que habrá que hacer mayores esfuerzos para conseguir operadores de colegios electorales en capacidad de contar bien los votos y cuadrar las actas, para que éstas puedan ser leídas por escáner.

El descuadre de las actas, especialmente por el voto preferencial de los diputados, fue el factor fundamental del atraso en la computación de los resultados y en las casi 300 impugnaciones que le siguieron.

Por parte de los partidos queda también la necesidad de entrenar mejor a sus delegados, pues estos son corresponsables de que las actas hayan quedado descuadradas.

Su papel es precisamente velar porque las actas reflejen fielmente los resultados de las mesas, por lo que están llamados a detectar y pedir corrección de los errores.

Es posible que en la medida en que los procesos electorales sean normales y no impliquen traumas que pongan en peligro la estabilidad de la nación, habrá menos disposición de personas capacitadas para invertir al menos 15 horas en un colegio electoral.

Mientras el nivel educativo promedio en el país no se eleve considerablemente, el cuadre de las actas será un problema que demandará soluciones.

Queda también la lección correspondiente a los empresarios, dignatarios eclesiásticos y hasta embajadores que pusieron presión indebida e injustificada a la Junta Central Electoral.

Cuatro días después de las votaciones, cuando la mayoría de las juntas municipales no habían podido completar sus respectivos cómputos, esas personalidades acudían a la JCE para exigir resultados que los jueces no podían ofrecer.

No faltaron quienes condenaron a los jueces electorales, cuando todavía las juntas electorales municipales trataban de cuadrar las actas y completar sus cómputos.

El respeto a los procedimientos, incluyendo el derecho a impugnar que está garantizado en la Ley Electoral, debe ser respetado no sólo por los partidos sino también por las personalidades de la vida pública y los medios de comunicación.

Lo injusto de esos reclamos queda más evidente ante el hecho de que esta vez el boletín con los resultados definitivos ha sido emitido mucho antes del 21 de junio, en que aconteció en los anteriores comicios legislativos y municipales del 2002 mediante la Resolución 33 de la JCE.

Es una pena que muchos de los que hace cuatro años defendieron el derecho a aclarar los resultados conflictivos de Santiago, donde se revisó acta por acta y se anularon más de 500 votos fraudulentos, ahora estuvieran entre quienes negaban el derecho a la transparencia, cuando los resultados fueron estrechos en 6 provincias y en 45 municipios, en 14 de ellos definidos por menos de 50 votos.

Lo peor es que en la mayoría de los casos no se satisfizo el derecho de la ciudadanía a la transparencia.

Sobre reforma constitucional

Por Juan Bolívar Díaz

No se había terminado de votar el pasado 16 demayo cuando ya el país estaba inmerso en un debate sobrereforma constitucional, iniciado por el presidente Leonel Fernández en el momento en que ejercía el sufragio.

Varios influyentes dirigentes del Partido de laLiberación Dominicana han insistido posteriormente sobre eltema hasta el punto de que en estos momentos esa cuestiónaparece como la prioridad número uno de la organizaciónpolítica que ha obtenido la mayoría de las curules desenadores y diputados.

Esa prioridad parece determinada, como casi siempre, por la reciente conquista de un gran poder legislativo por el partido de gobierno. Así resultó en 1963, luego en 1966 y en la última reforma a la Constitución dominicana, la del 2002.

 En ninguno de esos casos se produjo la concertación ni el consenso que casi todos los sectores recomiendan.Todos debemos formular votos para que esta vez no haya precipitaciones y para que esa materia no pase porencima de urgentes prioridades como solución al problema energético, aprobación de las reformas legales para lainserción del país en el tratado de libre comercio con  Estados Unidos y Centroamérica,  la adopción de medidas destinadas a mejorar las posibilidades de los productoresnacionales en los nuevos escenarios de competitividad yconcierto para comenzar a enfrentar el déficit cuasi fiscal del Banco Central que pende sobre la estabilidad económica.Tampoco debemos pretender entretener el país con un nuevo einnecesario debate académico ni contratación de asesores extranjeros para una reforma constitucional que estás obradamente diagnosticada.Esas discusiones académicas ya se dieron abundantemente enlas universidades y en los foros de la sociedad civildominicana en la última década, así como en el DiálogoNacional que impulsó el presidente Leonel Fernández en suanterior gestión de gobierno.De las recomendaciones de esos escenarios fue que se nutrióla Comisión Especial creada por el presidente Hipólito Mejía el 21 de marzo del 2001, bajo la coordinación deMonseñor Agripino Núñez Collado, la cual rindió un amplioinforme de su gestión el 13 de agosto del mismo año.

Conviene recordar que esa comisión fue de una amplitud sinprecedente, al estar integrada por representantes de todoslos partidos reconocidos, de la Suprema Corte de Justicia yla Junta Central Electoral, del Consejo Nacional de Reformadel Estado, de las mayores organizaciones empresariales ysindicales, de tres universidades, de las iglesias Católicay Evangélicas y de 7 de las instituciones sociales másparticipantes en el debate nacional.

La integraron también una decena de juristas reconocidos: Wellington Ramos Messina, Bernardo Fernández, Manuel Bergés Chiupani, Luis Scheker Ortiz, Guillermo Moreno, Ramón Tapia Espinal, Juan Manuel Pellerano, Pedro Romero Confesor,Wenceslao Vega y Jottin Cury. Además del ingenieroLeopoldo Espaillat Nanita y el sociólogo Franklyn FrancoPichardo.

La Suprema Corte y las JCE no se integraron a la comisión,como tampoco el doctor Bernardo Fernández, pero con todo lamisma resultó ampliamente representativa y sus trabajosfueron intensos.

El informe no será un compendio de perfección. Pero sí una síntesis consensuada de propuestas, y en algunos puntos enque no se pudo dar el consenso presenta dos y hasta tresopciones.Ese documento, editado en un folleto por la Universidad Católica Madre y Maestra, tiene que constituir el documento base si se quiere buscar un amplio consenso nacional.Carecería de credibilidad todo intento que pretendaprescindir de un acuerdo tan amplio, que tomó unos 5 mesesde trabajo en comisiones y plenaria, dentro de un ambientede absoluta libertad.Más aún, ya se sabe de instituciones de las queparticiparon en aquella comisión que se plantean comofundamental el documento consensuado hace 4 años.

 Ya fue suficiente con que el presidente Mejía y su grupo político desconociera aquel gran esfuerzo y que se dedicaran a haceruna reforma antojadiza y burlesca. Volverlo a ignorar ahorasería una nueva burla al consenso que tanto se pregona enla sociedad dominicana.-

Por reales políticas energéticas

 Por Juan Bolívar Díaz          

          Tal vez cuando concluya esta desazonada como prolongada campaña electoral los ejecutivos de la sociedad dominicana comiencen a plantearse en serio las graves consecuencias del actual costo del petróleo, que en vez de retroceder parece que va hacia arriba de forma indetenible.

            La última semana el hidrocarburo alcanzó nuevos niveles de precios históricos, cuando en los mercados mundiales se hicieron ventas entre 72 y 74 dólares el barril, bajo la amenaza de nuevos incrementos si se complican las tensiones por el programa nuclear de Irán, al cual se oponen radicalmente Estados Unidos y los demás integrantes del privilegiado club de los poseedores de armamentos nucleares.

            Atrás parecen haber quedado aquellas expectativas de que el petróleo volviera a situarse no en los 9 dólares a que se vendió en 1998, sino siquiera en la franja de 20 a 25 que tenía como meta la Organización de Países Exportadores de Petróleo al comenzar el milenio.

            Aunque muchos manifiestan conciencia sobre el peso del petróleo en la economía nacional, son pocas las previsiones que hemos adoptado para enfrentar el alza galopante, que el año pasado supuso un costo adicional de casi mil millones de dólares en la factura petrolera dominicana, ascendente a unos 2 mil 500 millones de dólares, más de dos veces el monto total de nuestras exportaciones y la totalidad de las remesas de los compatriotas que trabajan duro en el exterior.

            El precio promedio del barril de petróleo salió al país el año pasado en 55 dólares. Cuando a fines de año el gobernador del Banco Central hizo proyecciones para el 2006, estimó que pagaríamos un precio promedio de 60.9 dólares por barril, lo que implicará más de 2 mil 900 millones de dólares.

            Si el promedio se elevara a 70 dólares, aceptando el estimado de que cada dólar adicional en el costo equivale a 50 millones en la factura, estaríamos hablando entonces de otros 500 millones de dólares para un total de 3 mil 400 millones en el año. Más o menos el monto total del ingreso de divisas por el turismo.

            La perspectiva es ciertamente sombría. Y si algunos no lo están registrando es porque este país se está endeudando para cubrir una parte de ese costo, a través del programa de crédito Petrocaribe que auspicia el gobierno de Venezuela. Las facilidades y consideraciones de este plan, que como el presidente Hugo Chávez tal vez no dure para siempre, han impedido que afrontemos la situación con la severidad debida.

            Si asumimos que alguna vez tendremos que pagar el crédito venezolano, eso significa que irresponsablemente estamos cargando a generaciones futuras el costo de lo que estamos consumiendo ahora. En otras palabras que mantenemos un ritmo de consumo absolutamente desproporcionado con cargo a los que vienen detrás.

            Esa irresponsabilidad explica que el año pasado el país importara 26 mil nuevos vehículos, entre ellos 8 mil jeepetas de alto consumo, una alta proporción de las cuales fueron adquiridas y financiadas por el Estado.

            Nos pasamos gran parte del 2005 elaborando un plan de ahorro energético, que finalmente entró en vigencia en septiembre, pero ya en diciembre fue liberalizado porque según consideró el gobierno “habían desaparecido las causas” que lo originaron. Eso porque el precio se redujo de los 68 dólares a que llegó en agosto, a 61 en diciembre.

            No habría que convocar a una cumbre nacional para que acordemos toda una política no ahorro energético y de incentivo a la producción de energía alternativa. Tampoco hay que ser mago para entender que este país está condenado a la miseria si los precios del petróleo se mantienen en los actuales niveles. Ni pensar en las predicciones de que podría llegar a 100 dólares por barril.

            Esa política supone mucho más que la instalación de 2 millones de bombillas de bajo consumo en los barrios, que según el optimismo de los funcionarios de Industria y Comercio ha logrado un ahorro de energía del 27 por ciento. Implica restricciones a la circulación vehicular, a la operación de chatarras, al uso de vehículos estatales y a la importación de vehículos de alto consumo.

            Y más que todo, es urgente la aprobación de un barajado proyecto de ley de incentivo a la producción de energía alternativa, eólica, solar, de biomasa, a la industria del etanol que se viene contemplando en el país desde hace medio siglo.

            ¿Tendrá que llegar el barril de petróleo a 100 dólares para que aterricemos a la realidad y empecemos a sincerar nuestra forma de vida, a ahorrar y a diversificar?.-

 

Los presupuestos participativos

Por Juan Bolívar Díaz

Además de comprobar la firmeza con que la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) defiende la autonomía municipal establecida en la Constitución de la República, el almuerzo del grupo de los Medios de Comunicaciones Corripio de esta semana, nos reservó la grata sorpresa de conocer lo que se ha avanzado en la promoción de los presupuestos municipales participativos.

Habíamos oído del asunto a través del movimiento cívico Participación Ciudadana, que junto al Consejo Nacional de Reforma del Estado, y con apoyo financiero de la Unión Europea y la agencia alemana GTZ  ha promovido la iniciativa originada en Porto Alegre, Brasil en 1989, y ya aplicada en muchos países.

Pero ignorábamos que los presupuestos participativos se hubiesen extendido en apenas dos años a 59 de los 148 municipios nacionales, lo que equivale al 40 por ciento.

Igualmente satisfactorio fue comprobar que los dirigentes de la FEDOMU están convencidos de la procedencia del sistema, ya que lo ejecutan en los municipios que representan, incluyendo a los de La Vega y La Romana, entre los más grandes.

El síndico vegano y presidente de la Federación, ingeniero Fausto Ruiz, habló con mucha convicción sobre la procedencia del presupuesto participativo que promueve la integración de la comunidad organizada en juntas de vecinos, asociaciones y fundaciones, a la gestión municipal.

En coordinación con los ayuntamientos, Participación Ciudadana y CONARE dan talleres de entrenamiento para que los grupos comunitarios puedan participar en las decisiones sobre las obras municipales.

El ingeniero Ruiz explicó que los ayuntamientos elaboran su menú de obras municipales y son las asambleas comunitarias las que deciden las prioridades.

La ciudadanía se prepara también para constituir unidades de seguimiento que fiscalizan el uso de los recursos, las compras y suministros, la calidad de los materiales y el calendario de ejecución.

Cuando detectan irregularidades acuden de inmediato ante las autoridades municipales para reclamar correctivos.

La primera consecuencia de este sistema participativo es que las inversiones municipales son determinadas por el interés de la comunidad, y no del clientelismo o la conveniencia política. Resalta que permite reducir los costos de las obras, por la ausencia de la tradicional comisión por asignación, y que la vigilancia redunda en calidad y transparencia.

Ojalá que pronto FEDOMU pueda dar cuenta de la ejecución del presupuesto participativo en la totalidad de los municipios, incluyendo a los grandes como el del Distrito Nacional, que lamentablemente es el único que no está afiliado a esa F ederación, y que se complete en aquellos donde todavía se ejecuta parcialmente.

El próximo y revolucionario paso sería que se extendiera a las obras del Poder Ejecutivo y los organismos descentralizados del gobierno.

Es lo que en alguna medida debería hacerse a través del Consejo Nacional Económico, Social e Institucional, pero éste quedó medio frustrado desde su primera prueba, cuando conoció y desaprobó el proyecto del metro de Santo Domingo, pese a lo cual fue iniciado.

Durante el encuentro del miércoles pasado los dirigentes de la FEDOMU sostuvieron que la gran mayoría de los ayuntamientos están cumpliendo la ley 166-03, que destina el 40 por ciento del subsidio municipal instituido en el Presupuesto Nacional a capital e inversiones, el 35 porciento a servicios y sólo el 25 por ciento a gastos depersonal.

Aseguraron también que, salvo posibles excepciones, la generalidad de los ayuntamientos están al día en los informes de ejecución que cada tres meses deben presentar a la Liga Municipal Dominicana, la Contraloría General de laRepública y la Cámara de Cuentas.

Y si alguno está atrasado es a estos organismos del Estado a quienes corresponde reclamarlo.

Tras la presentación documentada de los dirigentes de FEDOMU quedó más claro que el titular de Interior y Policía, Franklin Almeyda, no tiene razón en la polémica que viene sosteniendo, y menos en el retraso de los últimos tres meses en la entrega de la asignación presupuestaria de los ayuntamientos.

Es claro que el artículo 83 de la Constitución declara la independencia de los ayuntamientos y de los síndicos, con las limitaciones que establecen las leyes.

Pero no hay ninguna regulación legal que obligue a enviar informes de ejecución presupuestaria al secretario de Interior, cuya presidencia de la Liga Municipal es, por cierto, casi puramente protocolaria. Por demás, si él quiere los informes que los pida a la Liga, o mejor aún al Contralor General, que depende del Poder Ejecutivo.

Sólo la beligerancia política puede explicar las retenciones de las asignaciones presupuestarias de los ayuntamientos.

Suerte al general Bernardo Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que ponderar la labor que al frente de la Policía Nacional viene desarrollando el general Bernardo Santana Páez, un correctísimo y afable oficial de amplia formación, que en su corta gestión de poco más de 4 meses ha logrado reducir a la tercera parte las muertes a manos de los agentes del orden.

Coincidencialmente, las estadísticas de la PN y las de la Procuraduría General de la República marcan, al mismo tiempo, una reducción también considerable de la criminalidad, especialmente en su expresión más terrible que es el asesinato, lo que una vez más demuestra que no hay que matar para reducir la delincuencia.

El comandante policial se encuentra empeñado en recuperar para el servicio público la mayor cantidad posible de los cerca de 30 mil agentes que paga la institución y hace pocos días se anunció que ya unos 3 mil 500 están incorporados al patrullaje en las calles de todo el país. Por ello fue posible extender a otros 12 barrios del norte capitalino el programa de seguridad ciudadana que viene orquestando el gobierno.

Debemos suponer que la tarea apenas ha comenzado y que todavía falta mucho camino por recorrer y muchos policías por recuperar. En diciembre pasado el general Santana Páez dijo que 597 policías no se habían presentado a cobrar el sueldo de noviembre.

Una muestra de que no es fácil la misión del general Santana Páez es que una semana después del Día de los Fieles Difuntos 250 agentes que habían sido censados y entregados a la Policía Preventiva no habían retornado de un permiso que se les dio para que pudieran honrar a sus familiares fallecidos. Mientras se publicaba que hasta una veintena de agentes eran asignados a cada oficial de la institución, en escala jerárquica.

Hemos de convenir en que un profundo espíritu de disolución se llegó a apoderar de esa institución, que debería ser en toda circunstancia, por lo menos un modelo de disciplina. Contrario al criterio bastante generalizado que atribuye el auge de la criminalidad a los dominicanos deportados desde Estados Unidos, parece más bien que se relaciona con la misma Policía Nacional. Porque son varios los agentes policiales por cada repatriado vinculado a crímenes en los últimos años.

Tenemos que celebrar los avances en la transformación de la Policía Nacional, en el esfuerzo por devolverle su responsabilidad y disciplina. El que le estemos aumentando el suministro de vehículos, computadoras y otros equipos básicos. Pero sin irnos tan lejos como hizo esta semana el presidente Fernández, quien llegó a expresar que ya la ciudadanía tiene plena confianza en la institución y que los delincuentes tiemblan cuando ven un agente policial.

Más bien debemos reconocer que el camino recorrido es apenas el comienzo de un largo peregrinaje, muchas veces intentado y tantas veces frustrado. Esos y otros éxitos se lograron al comienzo de las gestiones de otros jefes policiales. Por ejemplo cuando el general Pedro de Jesús Candelier, en el anterior gobierno del presidente Fernández, con el general Jaime Marte Martínez al inicio de la gestión del presidente Hipólito Mejía, y hace apenas año y medio cuando empezó la jefatura del general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, al comenzar la actual administración gubernamental.

Sin ánimo de desalentar los esfuerzos del general Santana Páez, hay que advertirle que no puede dormirse en esos laureles y que todavía tiene que recuperar para el servicio público siquiera otros diez mil de los agentes que paga la sociedad. Algunos de sus antecesores los recogieron de funcionarios públicos y ejecutivos privados, de tiendas y agencias de apuestas, de generales, coroneles y hasta capitanes, de políticos, negociantes y hasta periodistas. Pero poco tiempo después la normalidad se impuso y se fueron agotando las energías transformadoras.

Todo está por hacerse todavía en el mejoramiento de la Policía Nacional, dentro de una política de seguridad ciudadana. Como proporcionarle muchos más recursos y cientos de vehículos. Para que se sienta en calles y carreteras y no sea tan frecuente que asalten los camiones de arroz, de pollo o de ron. Está pendiente también el mejoramiento integral de los salarios que decretó el año pasado el presidente Fernández. Y una vinculación de la institución a las actividades comunitarias, a través de juntas de vecinos, clubes culturales y organizaciones sociales de promoción humana.

Mientras tanto, hay que alentar los esfuerzos y celebrar los éxitos del general Santana Páez Que son también los del secretario de Interior y Policía Franklin Almeida y del presidente Leonel Fernández.