Por Juan Bolívar Díaz

Desde niño he creído que la Navidad es la celebración más contradictoria de cuantas hacemos los seres humanos. Lo aprendí de manera dramática a los 5 ó 6 años allá en el batey Alejandro Bass del Ingenio Consuelo, cuando la Nochebuena sólo lo era para las casas del mayordomo y del bodeguero que era nuestro padre. Lo mismo que el Día de Navidad cuando sólo nosotros estrenábamos ropa y zapato.

Y ni hablar de los Reyes Magos que no reconocían “el buen comportamiento” más que de los niños de estos dos hogares relativamente privilegiados. Ni la Vieja Belén compensaba la tristeza de Quico y los otros compinches del batey con quienes jugábamos pelotas, bolas y trompos.

Con profunda tristeza recuerdo que trataba de compensar a mis “colegas” compartiendo con ellos parte de lo que me tocaba ya del puerco horneado y las manzanas y golosinas “navideñas”, como de los cohetes chinos. Una parte del bate y la pelota les tocaba por necesidad si queríamos jugar béisbol y tener quien ayudara a localizar la bola cuando un buen batazo la mandaba “a cortar caña”.

Lo de contradictorio es porque se supone que lo que conmemoramos en Navidad es el nacimiento de Jesús, el nazareno alumbrado en un pesebre de Belén, que nunca tuvo más que una túnica y unas sandalias y se atrevió a cantar las bienaventuranzas de los pobres, a quienes entregó títulos de propiedad en el reino de los cielos.

Pero muchos celebramos su llegada con un festival de comidas y bebidas, de superficialidades y banalidades, en terrible ostentación de abundancia en medio de un mundo que sigue siendo de precariedades, exclusiones, miserias y orfandades. Aunque no tantas como las del batey, de ayer y de hoy, que algunos no admiten.

Por suerte para mi cuando a los 9 años fui a un colegio católico y comencé a conocer de Jesús, me impactó su mensaje de amor y solidaridad, fuertemente vinculado a mis vivencias infantiles del batey. Además, hasta los 14 años cuando comencé a trabajar, pasaba siempre las navidades en Alejandro Bass y tenía más oportunidades de comprobar la contradicción, pero también de practicar la solidaridad, a veces hasta robándome cosas de la bodega de Papá, que creo alguna vez por lo menos lo sospechó.

Por todo eso la Navidad tiene escondida para mi una carga de tristeza e insatisfacción que me ha acompañado toda la vida. El lado positivo es que desde temprano aprendí que es tiempo de solidaridad, de abandonar un poco de nuestro egoísmo y salir a buscar a los demás, a los que nos rodean, a los que requieren de un gesto de ternura y comprensión.

Desde los periódicos mimeografiados que hacíamos los jóvenes católicos he escrito y hablado infinidad de veces de la Navidad y siempre termino en lo mismo: se trata de la reafirmación de la solidaridad humana, pero no por un solo día, sino para retomar aliento y seguir luchando todo el año y todos los años por un mundo más equitativo, por la inclusión de todos en la mesa del Señor.

Es acercarnos física y espiritualmente a esa muchacha solitaria que bajo un paragua espera conseguir un transporte que la conduzca a una de esas citas con la vida.

O de ese muchacho confundido que no puede comprender por qué lo hemos excluido de las oportunidades y se expresa con recelo y agresividad. O esa mujer madura que se lanza a la calle como una fiera para, sola, poder empujar los hijos que le encomendaron. O ese hombre triste que tiene que refugiarse en unos tragos para sobrellevar la carga del trabajo y las frustraciones.

Con los años el espíritu de la Navidad me condujo a los hospitales y las cárceles para compartir la comida del mediodía con sus habitantes, los más pobres y abandonados, aquellos en quienes se fijaba con mayor persistencia el que intentamos recordar en estos días.

En los últimos años el trabajo y los compromisos me han alejado un tanto de esas manifestaciones de la solidaridad. Por eso tengo que apelar a este medio para reivindicarla siquiera como teoría y para añorar aquellos tiempos del Politécnico Loyola y del batey, o de la Legión de María, cuando nadaba plenamente en mis aguas espirituales.

En medio de este mundo que no hemos podido cambiar significativamente para incluir a los muchachos del batey y de los barrios, siento que las Navidades vuelven a tener la carga de tristeza de la infancia. Por fortuna siempre termino volviendo al compromiso con la solidaridad humana y a la reafirmación de nuestra hipoteca social.

Quisiera que en este día de Nochebuena nadie se sienta solo ni en soledad compartida. Y que muchos rescatemos el mensaje de Jesús, que es solidaridad. Sólo así tendrá sentido que abracemos a los demás y le digamos: que el espíritu de la Navidad te acompañe y te anime no solo hoy, sino en todos los días que nos quedan.

Por Juan Bolívar Díaz

¿Qué nos pasa en este país en que la histeria colectiva nos hace tenerle miedo a todo el mundo y responder miedo con violencia? ¿En qué momento se convirtió en aceptable el ajusticiamiento público al estilo de la edad media, sin pruebas, sin jueces, sin justicia?

Las preguntas las anda formulando por esas calles de Dios un joven artista del lento fotográfico llamado John Gallagher, oriundo de Conneticut, Estados Unidos, quien ha venido a parar entre nosotros por estar casado con la periodista dominicana Lorgia García, graduada en una universidad de New Jersey y que gracias a una beca realiza aquí las investigaciones para su tesis doctoral.

Además de fotógrafo, Gallagher tiene estudios universitarios de antropología y es un trabajador social, por lo cual se pasea por los barrios populares tomando fotografías en blanco y negro, ya para el ensayo “Cristo Rey, Entre Lucha y Esperanza” como para una exposición que presentará a principios de año.

Pero en estos días John salió a la calle con el pie izquierdo.

Estacionó su Toyota Corolla en la urbanización La Diana, detrás de Metaldom, y con su equipo al hombro se dedicó a tomar fotografías. Al volver a su auto tuvo una terrible confusión. Al accionar la llave se disparó una alarma que le hizo caer en cuenta que ese no era su automóvil, sino otro de la misma marca, modelo y color. Era como jugar a una lotería de 999 números y sacarse el premio.

Como no era ningún delincuente quiso encontrar su automóvil, pero con la mala fortuna de que la dueña del otro salió rápidamente de su oficina cercana y comenzó a gritar que él era un ladrón que quería robarle. John no tuvo tiempo de explicar la peculiar ocurrencia, pues dos elementos lo rodearon y comenzaron a golpearlo. Lo tiraron al pavimento y lo amarraron de pies y manos, ya rodeado de una turba de personas que observaban la escena sin que se les ocurriera escuchar sus alegatos. Aunque algunos aprovecharon para robarle objetos personales.

Cuando lo llevaron a un cuartel de la Policía Nacional, el del Plan Piloto de Honduras, John creyó que allí terminaría su infortunio. Pero un miembro de la policía lo recibió con una nueva tanda de golpes, llegando al grado de apuntarle con su pistola. Estuvo incomunicado por varias horas, hasta que lo llevaron a curar de las heridas al hospital Padre Billini y allí una enfermera compasiva tomó el teléfono y llamó a la esposa de la víctima. Ocho horas después terminó el calvario. Un ayudante de fiscal comprendió lo ocurrido y dispuso su libertad.

El balance fue que le fracturaron la nariz y tiene hematomas en la cara, cabeza, cuello, brazos, y piernas. Además de las serias heridas no visibles que han de marcar su vida para siempre, como dice su compañera.

“Estas son las cosas que uno escucha que le pasan a otras personas.

Hoy fui yo esa otra persona. Creo en la justicia y la humanidad y trabajo sin fines de lucro y para beneficio de la sociedad. Pero hoy me tocó ver un lado tan oscuro de la humanidad, tan triste. Ver cómo esta gente me agredía físicamente y me humillaban, sin preguntarme nada ni escuchar nada. Es la experiencia más entristecedora de mi vida”, declara Gallagher.

Después de todo hasta fue un hombre dichoso. Pues no lo mataron como ha ocurrido en muchos casos en los últimos meses, en una práctica que rememora los barbarismos de épocas superadas por la humanidad. No solo la barbarie de la turba, sino también la de la Policía, donde siente que lo trataron como un insecto.

Claro que el hecho de ser un joven blanco, de ojos verdes, y de inconfundible acento norteamericano debe haber contribuido a que sobreviviera. El mismo dice no saber cuál hubiese sido el final si hubiese sido negro, si vistiera como pobre y, peor aún, de haber sido haitiano.

El caso Gallagher que presentamos el viernes en Uno más Uno por Teleantillas, invita a una reflexión sobre estos barbarismos que con tanta frecuencia se manifiestan en nuestra sociedad. Aún ante reales delincuentes, tomados con la masa en la mano, no se puede justificar el linchamiento, como hacen tantos, incluso en los medios de comunicación. Y porque al igual que con los ejecutados “en intercambios de disparos” con la policía, se cometen terribles equivocaciones cuando además se trata de personas inocentes. No podemos dejar de pensar en casos como el del padre Tineo o la jovencita Arlene Pérez, asesinada de un balazo en la cabeza a la puerta de su casa, cuando una patrulla del “orden público” disparó sobre el auto del que salía, convencida de que ella y su novio que la acompañaban, eran dos delincuentes.

Pese a todo John y Lorgia aman a este país y no van a salir corriendo. Ellos se conformarían si su terrible experiencia sirve para despertar rectificaciones, para recordar la importancia de ser humano, la solidaridad y el respeto a cada persona, sin prejuicios.

Por Juan Bolívar Díaz

Con el Congreso Nacional bajo control del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno podrá lograr la aprobación del paquete tributario emitido esta semana pero tendrá que afrontar consecuencias políticas, ya que persiste una percepción general negativa sobre el exceso de gasto y escasa transparencia.

Con una quinta reforma tributaria en apenas seis años es natural que exista una resistencia a pagar mayores tributos, sobre todo cuando el gasto corriente se ha disparado en más de un 50 por ciento en los dos años que lleva este gobierno. Debe tomarse en cuenta que el presupuesto nacional que ascendería el próximo año a 256 mil millones de pesos, fue 82 mil millones en el 2003. Es decir más del triple en 4 años, con un gasto de capital que apenas anda por el 20 por ciento.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicado esta semana indica que el gasto gubernamental pasó del 15.6 al 19.3% del producto bruto interno entre el 2000 y el 2005, mientras los ingresos apenas subieron de 15.9 al 17.9 del PBI. El gasto corriente pasó del 11.8 al 14.5% del PBI, en tanto el gasto de capital sólo creció del 3.8 al 4.7% del PBI.

La resistencia a mayores tributaciones es más comprensible todavía si se tienen en cuenta los desafíos que implica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de inminente entrada en vigencia, y que para el 2008 tendríamos también que implementar un pacto similar con la Unión Europea.

Estudios en manos de los sectores productivos indican que apenas la tercera parte de los productores nacionales están en condiciones adecuadas para competir en un mercado abierto, que otro tercio afrontará dificultades y el tercio restante podría irse a la quiebra.

En ese marco los incrementos de impuestos a combustibles, seguros, vehículos, placas de los mismos y al transporte de carga, se reflejará necesariamente en mayores costos para la producción, incluyendo el peso del ineficiente y nefasto servicio energético, lastre número uno para la competitividad nacional.

Hasta para las empresas productoras de bebidas, los nuevos impuestos implican riesgos porque las mismas están ya excesivamente sobrecargadas de impuestos. No han salido indemnes de ninguna de las cinco reformas tributarias de estos últimos 6 años.

Por más vueltas que se le dé al paquete sometido al Congreso, en su mayor parte gravará el consumo, lo que aumenta la inequidad que afecta a los sectores medios y la población pobre que tendrán que pagar una mayor cuota por electricidad y transporte y también por cervezas y licores, que para muchos son productos básicos para sobrellevar las limitaciones en que sobreviven.

El gobierno afronta un descrédito progresivo. La Asociación de Industrias ha estimado que el nuevo paquete impositivo superará en cerca de un 50% los estimados de ingresos anunciados por el presidente Leonel Fernández en su último discurso. Mientras considera que la austeridad concretada en el proyecto enviado al Congreso quedó por debajo de lo planteado por el mandatario.

En esta materia la desconfianza es también comprensible y legítima, dados los precedentes de los últimos gobiernos.

Baste recordar que al final del 2002 el presidente Hipólito Mejía firmó un pacto con el empresariado en el que se comprometió a volver al nivel de empleo estatal del 2000, en vez de lo cual la nómina ha crecido desde entonces en más de 70 mil. Ahí está también el discurso de juramentación del presidente Fernández cuando se comprometió a reducir el gasto corriente en 20% ciento, para elevarlo en más del 50 por ciento en dos años.

Varias de las disposiciones de reducción de gastos anunciadas en el discurso presidencial del lunes no aparecen en el proyecto de ley, como la referente a la abultada publicidad gubernamental y los viáticos. En tanto otras están sometidas a discrecionalidad, llegándose al colmo de plantear que la reducción de salarios de los altos funcionarios podrá quedar sin efecto en el transcurso del 2007, si mejoran los ingresos, cosa prevista precisamente en el paquete fiscal y en las medidas destinadas a reducir las evasiones, incluyendo la implementación de la factura numerada a partir de enero.

En otras palabras, que hay razones suficientes para temer que una vez más se impondrá una elevación de la presión tributaria y seguirá la fiesta del gasto público, que junto a la corrupción galopante consumen una gran proporción de los recursos que deberíamos emplear en el mejoramiento de los servicios básicos prioritarios, como educación y salud.

Si el gobierno quiere restaurar siquiera en parte la confianza perdida, tendrá que adoptar muchas disposiciones concretas, como cumplir la promesa de suprimir los privilegios de los cónsules, y actuar con mayor transparencia en las contrataciones de obras, bienes y servicios.

Por Juan Bolívar Díaz

Los niveles de violencia intrafamiliar en el país, particularmente la cantidad de mujeres asesinadas por razones de género, denunciados en ocasión de la celebración el 25 de noviembre del Día de No Violencia contra la Mujer, ameritan la atención nacional y demandan la adopción de fuertes medidas preventivas.

La violencia machista es una de las expresiones más penosas del barbarismo, del atraso, de las aberraciones que predominan todavía en esta sociedad, fruto del primitivismo, y consecuencia de los bajos niveles educativos que afectan a una alta proporción de la población. Sólo hay que pensar que en medio de tanta pregonada modernización, aún el nivel educativo de los dominicanos anda en promedio por el sexto grado de la primaria.

Las Asociación Dominicana pro Bienestar de la Familia (Profamilia) denunció esta semana que en los primeros 10 meses de este año 151 mujeres, muchas de ellas aún niñas y adolescentes, fueron asesinadas por esposos y maridos, pretendientes y ex- amantes, lo que representa un promedio de 15 por mes, o una cada dos días.

Si se proyecta esa cifra a los 12 meses del año, terminaremos con 183 feminicidios, 48 más que el promedio de 135 que según Profamilia tuvimos en el quinquenio 2000-05. Es decir un crecimiento del 36 por ciento.

Pero las estadísticas sobre este problema son disímiles. El libro Las Dominicanas y la Violencia, de la imperturbable feminista María Jesús Pola, recién publicado por la Fundación e-Libertad, indica que ya el año pasado los asesinatos de mujeres se elevaron a 190.

Se conviene en que no todos los feminicidios son registrados y mucho menos la violencia de otro género. En su inmensa mayoría se mantiene puertas adentro de los hogares terriblemente afectados, no solo en el componente esposa o compañera, sino también en los impotentes hijos e hijas. Aunque cada vez es mayor el número de mujeres que reclama la atención de las autoridades al amparo de la Ley 24-97, que representa un importante hito en el combate legal de la violencia intrafamiliar.

El informe de Profamilia señala que entre enero y julio pasados la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, de la Fiscalía del Distrito Nacional, recibió 5 mil 407 denuncias de violencia intrafamiliar, lo que significa 26 por día. Las crónicas de los feminicidios indican que muchas de las víctimas sufrían de violencia sistemática. Con frecuencia habían demandado, infructíferamente, protección.

Los niveles de violencia han causado tanta alarma en los últimos tiempos, que la Fiscalía del DN y la Policía Nacional anunciaron esta semana la creación de un cuerpo especializado de agentes y oficiales, con el objeto de garantizar las órdenes judiciales a favor de las mujeres maltratadas.

Hay que ponderar la iniciativa, pero es obvio que se requiere mucho más que eso. Es preciso que programas como éste sean ampliados a nivel nacional y que, como demandaran Profamilia y la diputada Minou Tavárez Mirabal, el gobierno destine mucho mayores recursos para programas que contrarresten la violencia intrafamiliar. Especialmente campañas educativas y de sensibilización sobre el problema.

Se requieren programas efectivos de atención a las víctimas de la violencia de género, incluyendo casas refugio, y acciones que impacten en los programas de salud pública, de la Secretaría de Educación y en los medios de comunicación, especialmente en la radio y televisión. El concurso de los comunicadores es muy importante para reducir los niveles de inducción de la violencia de género que todavía se registra en programas, películas y hasta en el discurso cotidiano de la comunicación social.

La sociedad dominicana en general, y los hombres en particular, requieren un proceso de revalorización de las relaciones interfamiliares y de género y del respeto que merecen las niñas y mujeres, ese hermoso segmento de la humanidad, gestoras del amor y la ternura.

Los niveles de la violencia de género nos deberían llevar a declararnos en estado de emergencia. Todo ser humano que se precie de sensible debe darse por avergonzado de que en nuestro país tantas mujeres sean víctimas de la brutalidad.

Más penoso y contradictorio cuando procede de hombres que alguna vez pretendieron que las amaban, en una expresión degenerativa del hermoso sentimiento del amor.

Por Juan Bolívar Díaz

No es por accidente ni tampoco por coincidencia que en las últimas semanas se viene manifestando todo un movimiento de opinión pública encaminado a lograr que la educación ocupe el primer lugar, que le corresponde, en la escala de las inversiones y el gasto del Estado. Primero un foro promovido por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, luego se manifiesta todo un Movimiento socioeducativo Dominicano que mantiene en Internet un documento para la firma de todas las personas preocupadas.

Más adelante un comunicado de Acción Pro Educación, (EDUCA). Es que en estas semanas la Oficina Nacional de Planificación prepara el proyecto de presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos para el año venidero y hay que aprovechar la coyuntura para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la Ley General de Educación 66-97.

El próximo año, cuando esta ley va a cumplir su primera década, es circunstancia más que propicia para que por primera vez se cumpla su artículo 197 que establece que a la educación se le debe destinar cada año “un mínimo del 16 por ciento del gasto público total o un cuatro por ciento del producto bruto interno” (PIB) y sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes.

Aunque todos los gobiernos y líderes políticos nacionales plantean que la educación es la base fundamental del desarrollo y prometen darle prioridad, la realidad es que el gasto no ha pasado nunca del 3 por ciento del producto bruto, y que este año ha estado ligeramente por encima de 2, apenas el 9 por ciento del presupuesto.

“Nuestra inversión en educación, sea expresada como porcentaje del PIB o en dólares por estudiante es de las más bajas de la región.

Los resultados de nuestros estudiantes en las pocas evaluaciones internacionales en las que hemos participado son igualmente pobres.

Cada día es mayor la brecha entre la calidad de la educación en los colegios élites de los grandes centros urbanos y la de nuestras escuelas rurales”. La cita anterior es de EDUCA, fundación del empresariado para promover la educación, la cual llega a sostener que “Las deficiencias de nuestra educación son tan nocivas como la delincuencia y la criminalidad”, ya que impiden que muchos dominicanos puedan acceder a trabajos productivos, condenándolos a la pobreza.

Y porque es responsable de la falta de institucionalización, del creciente deterioro del orden cívico y moral, con sus consecuencias de corrupción, delincuencia y criminalidad.

“Nos encontramos ante la deprimente realidad de que nuestros resultados en cuanto a calidad, eficiencia y equidad de la Educación, siguen estando entre los peores de todos los países de la región”, sostiene.

En un artículo publicado en Areíto, HOY, el sábado 9 de septiembre, Ramón Flores da cuenta de una evaluación del Foro Económico Mundial sobre la capacidad competitiva de 115 países, donde la República Dominicana ocupa el último lugar en calidad de la escuela pública, el antepenúltimo (113) en calidad de la enseñanza de matemática y ciencia, y el 111 en calidad del sistema educativo en general.

El pasado miércoles el director de la Escuela Nacional de la Judicatura, Luis Henry Molina, dijo a HOY que sólo uno de cada diez niños que entran a la educación primaria completan el bachillerato.

De éstos sólo el 20 por ciento llega a carreras técnicas o universitarias, y de los cuales sólo cuatro terminan. Reveló que de 700 abogados que concursaron para el último curso de esa institución, sólo 40 pudieron pasar el examen de admisión.

La convicción general es que esta sociedad ha perdido el rumbo y está en serias dificultades para salir adelante en un mundo de competitividad. Que nuestros niveles de capacitación andan tan bajos que ameritan una verdadera revolución.

El Movimiento Socioeducativo reclama garantizar el derecho de todos los niños y niñas a la educación, la formación actualizada y adecuada de los maestros y educar para una cultura ciudadana de equidad y justicia social.

También dignificar la profesión docente con remuneración que permita a los maestros superar la pobreza y la mendicidad, extender la jornada escolar a 8 horas diarias, reducir el número de alumnos por aula y construir los locales necesarios en plazo de 5 años, con una política de edificaciones equipadas con materiales didácticos adecuados, entre otros aspectos. Como el presidente Leonel Fernández se cuenta entre los más entusiastas proclamadores de la educación como fundamento del desarrollo y expresa frecuentes preocupaciones por la globalización y la brecha digital, es razonable esperar que tome en cuenta este movimiento reivindicativo de la inversión educativa.

Que este Gobierno defina un proyecto de nación fundamentado en el desarrollo de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, proclamando la revolución educativa fundamental para reducir la peor de las brechas que es la social. Ojalá que crezca este movimiento sin dar la más mínima tregua hasta conseguir el objetivo.

Por Juan Bolívar Díaz

Si el gobierno no tiene recursos para mantener el Instituto Nacional de Estabilización de Precios (INESPRE) siquiera al limitado nivel en que había pasado las últimas décadas, procede que lo cierre definitivamente y se economice los 32.3 millones de pesos que le destina cada mes.

El propio director del organismo, José Francisco Peña Guaba, se cuenta entre quienes sienten frustración por la precariedad a que ha sido reducido, imposibilitado de cumplir la función sino de estabilizar los precios, como le atribuye originalmente su ley orgánica, al menos de paliar la situación de algunos productores cuando la oferta supera la demanda.

Hasta el pasado gobierno, el INESPRE por lo menos compraba excedentes agrícolas y sostenía un programa de “ventas populares”, ofreciendo alimentos básicos a precios por debajo del mercado en los barrios más pobres de las grandes ciudades. Era lo más aproximado a un programa para paliar la pobreza sin llegar al puro asistencialismo reductor.

Un informe indica que entre enero y julio del 2004, el gobierno destinó mensualmente al INESPRE un promedio de 125.4 millones de pesos, el cual se redujo a 40.6 millones de pesos en los meses restantes de ese año.

Los 32.3 millones de pesos que está recibiendo cada mes del 2006, representan la cuarta parte de hace dos años.

Esa suma, confiesa el propio Peña Guaba, apenas alcanza para pagar los empleados, a los cuales se destina el 67 por ciento del subsidio, es decir 21.6 millones de pesos cada mes, y para abonar a deudas de 275.9 millones de pesos acumuladas con suplidores, para prestaciones a ex empleados y para el pago de servicios básicos.

En la importación de alimentos el INESPRE tenía algún margen de beneficio, a menudo vendiendo irregularmente las cuotas a comerciantes y traficantes. Esa fuente, que en la anterior administración alcanzó 1,429.5 millones de pesos, también se ha reducido a sólo 221.5 millones en los dos años de este gobierno.

Es muy probable que la reducción de los permisos de importación al INESPRE sea una decisión acertada, sobre todo cuando en los últimos años han disminuido las importaciones de alimentos. Una reorientación debería enfocarlo básicamente a productos nacionales para combatir la expoliación de los productores agrícolas, especialmente de los pequeños y medianos, manteniendo al mismo tiempo los mercaditos donde ellos mismos podían ofrecer sus frutos, que llegaron a ser decenas en numerosas ciudades.

Las ventas populares en múltiples momentos cumplieron un papel positivo en la oferta de alimentos a menores precios en los barrios más pobres. Era importante que no se trataba de dádivas humillantes.

Si ahora el dinero no alcanza para mantener esos programas, es imperdonable que se esté desperdiciando más de 32 millones de pesos cada mes para mantener parasitariamente un reducto burocrático de cientos de personas.

Es cierto que Peña Guaba se fajó por el partido de gobierno y el presidente Fernández en las tres últimas elecciones y que su Bloque Institucional Socialdemócrata ha sido el aliado que más votos aporta, pero por eso mismo podrían buscarle un oficio más digno a él y sus seguidores allí enquistados. Muchos de ellos a lo mejor podrían hasta ser buenos para ser enganchados y entrenados por la Policía Nacional que requiere recursos humanos.

Aunque bien vista la situación del gobierno y su pobre política de gasto social, a lo mejor lo más conveniente fuera reactivar los mercados de productores, las compras de excedentes y las ventas a bajos precios en los barrios. Tal vez eso mejore el promedio de bateo del gobierno.-

Por Juan Bolívar Díaz

El Instituto Agrario Dominicano (IAD) y la Procuraduría General de la República deben intervenir para evitar el despojo de que están siendo víctimas 107 familias agrupadas en la Asociación de Agricultores La Nueva Fuerza de la comunidad El Puente de Olivares en Pedernales.

Dirigentes de esa asociación vinieron a Teleantillas la semana pasada para denunciar el despojo de las parcelas en que fueron asentados por el IAD en 1998 y los apresamientos y atropellos, incluyendo la destrucción de dos siembras, de que han sido víctimas por parte de un señor que reclama los terrenos con la complicidad de las autoridades locales.

Se trata de familias muy pobres  que muestran el “Título Provisional” número 3361 firmado por el entonces director del IAD, ingeniero agrónomo Paíno Abreu Collado, fechado el 5 de noviembre de 1998, del Asentamiento AC-444 Manejo Racional Bosque Seco III, correspondiente a la Parcela Catastral 40- 41.

Son antiguos carboneros que ocupaban la parcela desde 1994, cuando crearon su asociación buscando una forma legítima de ganarse la vida, y que merecieron la atención del Estado.

Pero desde el año 2000, en la medida en que se ha hablado de desarrollo turístico en la región, los terrenos comenzaron a ser reclamados por el señor Previsterio Pérez y Pérez. Están ubicados cerca de Cabo Rojo, justo en la zona que se señala como alternativa a la construcción de hoteles en Bahía de las Aguilas.

A causa de los reclamos los agricultores perdieron su cosecha del 2000 cuando un tribunal de Pedernales los condenó por supuesta invasión de propiedad privada: pero la Corte de Apelación de Barahona los descargó mediante la sentencia correccional 69-2002 del 5 de abril del 2002.

A partir del año siguiente la asociación La Nueva Fuerza comenzó a recibir asistencia económica y técnica del Centro Cultural Poveda que la incluyó en su proyecto Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales de la provincia Pedernales, financiado por la Comunidad Autonómica de Madrid y la Fundación Intered Intercambio y Solidaridad, a través de la Agencia Internacional de Cooperación Española.

Con esa asistencia pudieron comprar una bomba de agua y levantar una infraestructura mínima, mientras procedían a la siembra de yuca, batata, lechosa, berenjena y melones.

Pero en junio pasado, pese a la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona, autoridades judiciales de Pedernales, con auxilio de militares y policías apresaron a 25 agricultores, atendiendo al reclamo ahora de Yonny Pérez Saldaña,  hijo del reclamante original. Un documento denuncia del Centro poveda acusa a la fiscal, el gobernador y el nuevo senador entre los favorecedores de la acción.

Los seis dirigentes de la asociación pasaron nada menos que 45 días presos hasta que firmaron un documento que les fue presentado reiteradas veces, en el que se comprometen a no volver por los terrenos donde los asentó el IAD. Mientras el señor Yonny Pérez Saldaña, hijo del reclamante original, se ha posesionado de las tierras.

Tanto los agricultores como el Centro Poveda tratan ahora de interesar al  IAD y a la Procuraduría General de la República para que hagan valer el título provisional y la sentencia de la Corte de Apelación de Barahona. Pero aparentemente no han podido lograr la atención de los funcionarios.

La situación amerita la intervención del Instituto Agrario para que explique si es que ha revocado el título provisional en base al cual decidió la Corte de Barahona. A ese organismo es al que corresponde defender a los agricultores asentados.

Mientras tanto, esas 107 familias no sólo sufren atropellos y amenazas, sino que están en la más absoluta miseria y abandono, confiando todavía en que haya un mínimo de justicia en esta sociedad. Esperemos que este grito de auxilio sea escuchado antes que el drama se convierta en tragedia, y que pronto esos humildes campesinos puedan retornar con garantías a las tierras que les entregó el Estado. Y si algún derecho cabe a los reclamantes, que sean compensados por el IAD, pero no a costa del despojo de los más desposeídos de bienes y de la asistencia de las autoridades.

Es cierto que Pedernales está lejos de los centros del poder nacional, pero no tanto para que sea anulado por la fuerza un asentamiento del Instituto Agrario Dominicano.

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez que alguien habla de cansancio o frustración en las luchas sociales y políticas para la superación de la sociedad dominicana yo pienso en ella, y la busco y la encuentro siempre enhiesta, como una bandera que flota eternamente al ritmo del viento caribeño, símbolo de reciedumbre humana, precursora del ascenso de la mujer dominicana.

Ahí está sin que le pesen las ocho décadas que hace casi dos años viene celebrando y desde que la conocí en los años sesenta la he visto presente en todas las causas, como primera mujer candidata a la vicepresidencia en la boleta socialcristiana que encabezara Alfonso Moreno Martínez en 1962.

En la defensa militante de la soberanía nacional tres años después. Luego en los movimientos de la izquierda socialista.

Tropezó con los pragmatismos, sectarismos y demás miserias de las luchas partidarias y se salió pero nunca ha dejado de militar en las luchas por la justicia, la libertad, la dignidad de nuestro pueblo, tomando apenas los descansos necesarios para meditar y retomar impulsos. La hemos visto en todos los escenarios de lucha por la libertad de los presos políticos, por el retorno de los exiliados, por las libertades sindicales y políticas, por la libertad de expresión, por la transformación de la universidad, en la denuncia de la corrupción y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

En los años setenta y ochenta dedica parte de sus inagotables energías a las actividades académicas, donde tampoco se conformó con poca cosa y por eso fue dirigente fundamental del Movimiento de Transformación Universitaria, llegando a la vice-rectoría  de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Desde la fundación del movimiento Participación Ciudadana la hemos visto en todos los momentos de luchas y agonías, sin lamentos, dando testimonio de firmeza y constancia, de que como decíamos hace tres décadas, “en las luchas del pueblo nadie se cansa”.

Los méritos de esta imperturbable mujer son mucho mayores cuando se recuerda que ella partió de una noche nacional apenas salpicada de chispazos de resistencia.  Entró a la facultad de medicina de la Universidad en 1943 cuando la tiranía trujillista imponía su férreo dominio sobre todos los ámbitos de la nación. Entonces sólo 7 de 80 estudiantes de medicina eran mujeres. Su espíritu refractario a toda dominación y opresión pronto anduvo alentando las rebeldías iniciales contra la tiranía y entre 1945 y 47 forma parte de los doce fundadores (ella la única mujer) directivos de la Juventud Democrática, un movimiento político apartidista que “defiende los intereses políticos, sociales y culturales de la juventud, de los trabajadores y de todos los dominicanos” y que “lucha por el desarrollo y consolidación de un régimen democrático, progresista y popular, por la consecución de las libertades políticas y de la independencia económica de nuestra patria…”

Proclamado el 15 de octubre el movimiento de la Juventud Democrática no pudo ser resistido ni un año por la tiranía, que lo declara fuera de la ley, junto a otras expresiones de la resistencia política originados tras la segunda guerra mundial aprovechando la brecha impuesta por el escenario internacional. Casada con Rafael Augusto Sánchez, mantendrá en silencio su rebeldía durante los años de apogeo de latiranía.

El preso político desde 1959 es asesinado el 2 de junio de 1961 en la cárcel de La Victoria, tras el ajusticiamiento de Trujillo.

Y ella queda con 8 hijos, seis mujeres, que desde entonces son su mayor haber espiritual y con los que ha disfrutado y sufrido, incluyendo la muerte temprana de dos de ellos y otros dramas humanos.

Pero nada ha logrado perturbar este espíritu indomable que se mantiene como ejemplo energético de entrega, demostración palpable del inconmensurable valor de la condición humana.

Por todo eso y muchas cosas más es que en estos días en que se oye hablar de desalientos he buscado a doña Josefina Padilla Deschamps viuda Sánchez para que su ejemplo contribuya a insuflar alientos y renovar esperanzas.

Todos sus amigos y los que insisten en hilvanar sueños solidarios deberíamos unirnos para reconocer en vida y plenitud a esta extraordinaria mujer, ahora, el 15 de octubre próximo cuando se cumplen 60 años de la emergencia de la Juventud Democrática.

A ella y a sus compañeros sobrevivientes: José A Martínez Bonilla, Juan Doucudray Mansfield, José Ramón Martínez Burgos, Alfredo Lebrón Pumarol, y Carlos León Pumarol.

El desafío está lanzado. Debería ser una ocasión justa para proclamar la persistencia de los sueños y las semillas de la solidaridad humana.