El espíritu de la Navidad

Por Juan Bolívar Díaz

Desde niño he creído que la Navidad es la celebración más contradictoria de cuantas hacemos los seres humanos. Lo aprendí de manera dramática a los 5 ó 6 años allá en el batey Alejandro Bass del Ingenio Consuelo, cuando la Nochebuena sólo lo era para las casas del mayordomo y del bodeguero que era nuestro padre. Lo mismo que el Día de Navidad cuando sólo nosotros estrenábamos ropa y zapato.

Y ni hablar de los Reyes Magos que no reconocían “el buen comportamiento” más que de los niños de estos dos hogares relativamente privilegiados. Ni la Vieja Belén compensaba la tristeza de Quico y los otros compinches del batey con quienes jugábamos pelotas, bolas y trompos.

Con profunda tristeza recuerdo que trataba de compensar a mis “colegas” compartiendo con ellos parte de lo que me tocaba ya del puerco horneado y las manzanas y golosinas “navideñas”, como de los cohetes chinos. Una parte del bate y la pelota les tocaba por necesidad si queríamos jugar béisbol y tener quien ayudara a localizar la bola cuando un buen batazo la mandaba “a cortar caña”.

Lo de contradictorio es porque se supone que lo que conmemoramos en Navidad es el nacimiento de Jesús, el nazareno alumbrado en un pesebre de Belén, que nunca tuvo más que una túnica y unas sandalias y se atrevió a cantar las bienaventuranzas de los pobres, a quienes entregó títulos de propiedad en el reino de los cielos.

Pero muchos celebramos su llegada con un festival de comidas y bebidas, de superficialidades y banalidades, en terrible ostentación de abundancia en medio de un mundo que sigue siendo de precariedades, exclusiones, miserias y orfandades. Aunque no tantas como las del batey, de ayer y de hoy, que algunos no admiten.

Por suerte para mi cuando a los 9 años fui a un colegio católico y comencé a conocer de Jesús, me impactó su mensaje de amor y solidaridad, fuertemente vinculado a mis vivencias infantiles del batey. Además, hasta los 14 años cuando comencé a trabajar, pasaba siempre las navidades en Alejandro Bass y tenía más oportunidades de comprobar la contradicción, pero también de practicar la solidaridad, a veces hasta robándome cosas de la bodega de Papá, que creo alguna vez por lo menos lo sospechó.

Por todo eso la Navidad tiene escondida para mi una carga de tristeza e insatisfacción que me ha acompañado toda la vida. El lado positivo es que desde temprano aprendí que es tiempo de solidaridad, de abandonar un poco de nuestro egoísmo y salir a buscar a los demás, a los que nos rodean, a los que requieren de un gesto de ternura y comprensión.

Desde los periódicos mimeografiados que hacíamos los jóvenes católicos he escrito y hablado infinidad de veces de la Navidad y siempre termino en lo mismo: se trata de la reafirmación de la solidaridad humana, pero no por un solo día, sino para retomar aliento y seguir luchando todo el año y todos los años por un mundo más equitativo, por la inclusión de todos en la mesa del Señor.

Es acercarnos física y espiritualmente a esa muchacha solitaria que bajo un paragua espera conseguir un transporte que la conduzca a una de esas citas con la vida.

O de ese muchacho confundido que no puede comprender por qué lo hemos excluido de las oportunidades y se expresa con recelo y agresividad. O esa mujer madura que se lanza a la calle como una fiera para, sola, poder empujar los hijos que le encomendaron. O ese hombre triste que tiene que refugiarse en unos tragos para sobrellevar la carga del trabajo y las frustraciones.

Con los años el espíritu de la Navidad me condujo a los hospitales y las cárceles para compartir la comida del mediodía con sus habitantes, los más pobres y abandonados, aquellos en quienes se fijaba con mayor persistencia el que intentamos recordar en estos días.

En los últimos años el trabajo y los compromisos me han alejado un tanto de esas manifestaciones de la solidaridad. Por eso tengo que apelar a este medio para reivindicarla siquiera como teoría y para añorar aquellos tiempos del Politécnico Loyola y del batey, o de la Legión de María, cuando nadaba plenamente en mis aguas espirituales.

En medio de este mundo que no hemos podido cambiar significativamente para incluir a los muchachos del batey y de los barrios, siento que las Navidades vuelven a tener la carga de tristeza de la infancia. Por fortuna siempre termino volviendo al compromiso con la solidaridad humana y a la reafirmación de nuestra hipoteca social.

Quisiera que en este día de Nochebuena nadie se sienta solo ni en soledad compartida. Y que muchos rescatemos el mensaje de Jesús, que es solidaridad. Sólo así tendrá sentido que abracemos a los demás y le digamos: que el espíritu de la Navidad te acompañe y te anime no solo hoy, sino en todos los días que nos quedan.

La dicha de John Gallagher

Por Juan Bolívar Díaz

¿Qué nos pasa en este país en que la histeria colectiva nos hace tenerle miedo a todo el mundo y responder miedo con violencia? ¿En qué momento se convirtió en aceptable el ajusticiamiento público al estilo de la edad media, sin pruebas, sin jueces, sin justicia?

Las preguntas las anda formulando por esas calles de Dios un joven artista del lento fotográfico llamado John Gallagher, oriundo de Conneticut, Estados Unidos, quien ha venido a parar entre nosotros por estar casado con la periodista dominicana Lorgia García, graduada en una universidad de New Jersey y que gracias a una beca realiza aquí las investigaciones para su tesis doctoral.

Además de fotógrafo, Gallagher tiene estudios universitarios de antropología y es un trabajador social, por lo cual se pasea por los barrios populares tomando fotografías en blanco y negro, ya para el ensayo “Cristo Rey, Entre Lucha y Esperanza” como para una exposición que presentará a principios de año.

Pero en estos días John salió a la calle con el pie izquierdo.

Estacionó su Toyota Corolla en la urbanización La Diana, detrás de Metaldom, y con su equipo al hombro se dedicó a tomar fotografías. Al volver a su auto tuvo una terrible confusión. Al accionar la llave se disparó una alarma que le hizo caer en cuenta que ese no era su automóvil, sino otro de la misma marca, modelo y color. Era como jugar a una lotería de 999 números y sacarse el premio.

Como no era ningún delincuente quiso encontrar su automóvil, pero con la mala fortuna de que la dueña del otro salió rápidamente de su oficina cercana y comenzó a gritar que él era un ladrón que quería robarle. John no tuvo tiempo de explicar la peculiar ocurrencia, pues dos elementos lo rodearon y comenzaron a golpearlo. Lo tiraron al pavimento y lo amarraron de pies y manos, ya rodeado de una turba de personas que observaban la escena sin que se les ocurriera escuchar sus alegatos. Aunque algunos aprovecharon para robarle objetos personales.

Cuando lo llevaron a un cuartel de la Policía Nacional, el del Plan Piloto de Honduras, John creyó que allí terminaría su infortunio. Pero un miembro de la policía lo recibió con una nueva tanda de golpes, llegando al grado de apuntarle con su pistola. Estuvo incomunicado por varias horas, hasta que lo llevaron a curar de las heridas al hospital Padre Billini y allí una enfermera compasiva tomó el teléfono y llamó a la esposa de la víctima. Ocho horas después terminó el calvario. Un ayudante de fiscal comprendió lo ocurrido y dispuso su libertad.

El balance fue que le fracturaron la nariz y tiene hematomas en la cara, cabeza, cuello, brazos, y piernas. Además de las serias heridas no visibles que han de marcar su vida para siempre, como dice su compañera.

“Estas son las cosas que uno escucha que le pasan a otras personas.

Hoy fui yo esa otra persona. Creo en la justicia y la humanidad y trabajo sin fines de lucro y para beneficio de la sociedad. Pero hoy me tocó ver un lado tan oscuro de la humanidad, tan triste. Ver cómo esta gente me agredía físicamente y me humillaban, sin preguntarme nada ni escuchar nada. Es la experiencia más entristecedora de mi vida”, declara Gallagher.

Después de todo hasta fue un hombre dichoso. Pues no lo mataron como ha ocurrido en muchos casos en los últimos meses, en una práctica que rememora los barbarismos de épocas superadas por la humanidad. No solo la barbarie de la turba, sino también la de la Policía, donde siente que lo trataron como un insecto.

Claro que el hecho de ser un joven blanco, de ojos verdes, y de inconfundible acento norteamericano debe haber contribuido a que sobreviviera. El mismo dice no saber cuál hubiese sido el final si hubiese sido negro, si vistiera como pobre y, peor aún, de haber sido haitiano.

El caso Gallagher que presentamos el viernes en Uno más Uno por Teleantillas, invita a una reflexión sobre estos barbarismos que con tanta frecuencia se manifiestan en nuestra sociedad. Aún ante reales delincuentes, tomados con la masa en la mano, no se puede justificar el linchamiento, como hacen tantos, incluso en los medios de comunicación. Y porque al igual que con los ejecutados “en intercambios de disparos” con la policía, se cometen terribles equivocaciones cuando además se trata de personas inocentes. No podemos dejar de pensar en casos como el del padre Tineo o la jovencita Arlene Pérez, asesinada de un balazo en la cabeza a la puerta de su casa, cuando una patrulla del “orden público” disparó sobre el auto del que salía, convencida de que ella y su novio que la acompañaban, eran dos delincuentes.

Pese a todo John y Lorgia aman a este país y no van a salir corriendo. Ellos se conformarían si su terrible experiencia sirve para despertar rectificaciones, para recordar la importancia de ser humano, la solidaridad y el respeto a cada persona, sin prejuicios.

Percepción general negativa

Por Juan Bolívar Díaz

Con el Congreso Nacional bajo control del Partido de la Liberación Dominicana, el gobierno podrá lograr la aprobación del paquete tributario emitido esta semana pero tendrá que afrontar consecuencias políticas, ya que persiste una percepción general negativa sobre el exceso de gasto y escasa transparencia.

Con una quinta reforma tributaria en apenas seis años es natural que exista una resistencia a pagar mayores tributos, sobre todo cuando el gasto corriente se ha disparado en más de un 50 por ciento en los dos años que lleva este gobierno. Debe tomarse en cuenta que el presupuesto nacional que ascendería el próximo año a 256 mil millones de pesos, fue 82 mil millones en el 2003. Es decir más del triple en 4 años, con un gasto de capital que apenas anda por el 20 por ciento.

Un estudio del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo publicado esta semana indica que el gasto gubernamental pasó del 15.6 al 19.3% del producto bruto interno entre el 2000 y el 2005, mientras los ingresos apenas subieron de 15.9 al 17.9 del PBI. El gasto corriente pasó del 11.8 al 14.5% del PBI, en tanto el gasto de capital sólo creció del 3.8 al 4.7% del PBI.

La resistencia a mayores tributaciones es más comprensible todavía si se tienen en cuenta los desafíos que implica el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de inminente entrada en vigencia, y que para el 2008 tendríamos también que implementar un pacto similar con la Unión Europea.

Estudios en manos de los sectores productivos indican que apenas la tercera parte de los productores nacionales están en condiciones adecuadas para competir en un mercado abierto, que otro tercio afrontará dificultades y el tercio restante podría irse a la quiebra.

En ese marco los incrementos de impuestos a combustibles, seguros, vehículos, placas de los mismos y al transporte de carga, se reflejará necesariamente en mayores costos para la producción, incluyendo el peso del ineficiente y nefasto servicio energético, lastre número uno para la competitividad nacional.

Hasta para las empresas productoras de bebidas, los nuevos impuestos implican riesgos porque las mismas están ya excesivamente sobrecargadas de impuestos. No han salido indemnes de ninguna de las cinco reformas tributarias de estos últimos 6 años.

Por más vueltas que se le dé al paquete sometido al Congreso, en su mayor parte gravará el consumo, lo que aumenta la inequidad que afecta a los sectores medios y la población pobre que tendrán que pagar una mayor cuota por electricidad y transporte y también por cervezas y licores, que para muchos son productos básicos para sobrellevar las limitaciones en que sobreviven.

El gobierno afronta un descrédito progresivo. La Asociación de Industrias ha estimado que el nuevo paquete impositivo superará en cerca de un 50% los estimados de ingresos anunciados por el presidente Leonel Fernández en su último discurso. Mientras considera que la austeridad concretada en el proyecto enviado al Congreso quedó por debajo de lo planteado por el mandatario.

En esta materia la desconfianza es también comprensible y legítima, dados los precedentes de los últimos gobiernos.

Baste recordar que al final del 2002 el presidente Hipólito Mejía firmó un pacto con el empresariado en el que se comprometió a volver al nivel de empleo estatal del 2000, en vez de lo cual la nómina ha crecido desde entonces en más de 70 mil. Ahí está también el discurso de juramentación del presidente Fernández cuando se comprometió a reducir el gasto corriente en 20% ciento, para elevarlo en más del 50 por ciento en dos años.

Varias de las disposiciones de reducción de gastos anunciadas en el discurso presidencial del lunes no aparecen en el proyecto de ley, como la referente a la abultada publicidad gubernamental y los viáticos. En tanto otras están sometidas a discrecionalidad, llegándose al colmo de plantear que la reducción de salarios de los altos funcionarios podrá quedar sin efecto en el transcurso del 2007, si mejoran los ingresos, cosa prevista precisamente en el paquete fiscal y en las medidas destinadas a reducir las evasiones, incluyendo la implementación de la factura numerada a partir de enero.

En otras palabras, que hay razones suficientes para temer que una vez más se impondrá una elevación de la presión tributaria y seguirá la fiesta del gasto público, que junto a la corrupción galopante consumen una gran proporción de los recursos que deberíamos emplear en el mejoramiento de los servicios básicos prioritarios, como educación y salud.

Si el gobierno quiere restaurar siquiera en parte la confianza perdida, tendrá que adoptar muchas disposiciones concretas, como cumplir la promesa de suprimir los privilegios de los cónsules, y actuar con mayor transparencia en las contrataciones de obras, bienes y servicios.

 

Revaloremos a nuestras mujeres

Por Juan Bolívar Díaz

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Los niveles de violencia intrafamiliar en el país, particularmente la cantidad de mujeres asesinadas por razones de género, denunciados en ocasión de la celebración el 25 de noviembre del Día de No Violencia contra la Mujer, ameritan la atención nacional y demandan la adopción de fuertes medidas preventivas.

La violencia machista es una de las expresiones más penosas del barbarismo, del atraso, de las aberraciones que predominan todavía en esta sociedad, fruto del primitivismo, y consecuencia de los bajos niveles educativos que afectan a una alta proporción de la población. Sólo hay que pensar que en medio de tanta pregonada modernización, aún el nivel educativo de los dominicanos anda en promedio por el sexto grado de la primaria.

Las Asociación Dominicana pro Bienestar de la Familia (Profamilia) denunció esta semana que en los primeros 10 meses de este año 151 mujeres, muchas de ellas aún niñas y adolescentes, fueron asesinadas por esposos y maridos, pretendientes y ex- amantes, lo que representa un promedio de 15 por mes, o una cada dos días.

Si se proyecta esa cifra a los 12 meses del año, terminaremos con 183 feminicidios, 48 más que el promedio de 135 que según Profamilia tuvimos en el quinquenio 2000-05. Es decir un crecimiento del 36 por ciento.

Pero las estadísticas sobre este problema son disímiles. El libro Las Dominicanas y la Violencia, de la imperturbable feminista María Jesús Pola, recién publicado por la Fundación e-Libertad, indica que ya el año pasado los asesinatos de mujeres se elevaron a 190.

Se conviene en que no todos los feminicidios son registrados y mucho menos la violencia de otro género. En su inmensa mayoría se mantiene puertas adentro de los hogares terriblemente afectados, no solo en el componente esposa o compañera, sino también en los impotentes hijos e hijas. Aunque cada vez es mayor el número de mujeres que reclama la atención de las autoridades al amparo de la Ley 24-97, que representa un importante hito en el combate legal de la violencia intrafamiliar.

El informe de Profamilia señala que entre enero y julio pasados la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia, de la Fiscalía del Distrito Nacional, recibió 5 mil 407 denuncias de violencia intrafamiliar, lo que significa 26 por día. Las crónicas de los feminicidios indican que muchas de las víctimas sufrían de violencia sistemática. Con frecuencia habían demandado, infructíferamente, protección.

Los niveles de violencia han causado tanta alarma en los últimos tiempos, que la Fiscalía del DN y la Policía Nacional anunciaron esta semana la creación de un cuerpo especializado de agentes y oficiales, con el objeto de garantizar las órdenes judiciales a favor de las mujeres maltratadas.

Hay que ponderar la iniciativa, pero es obvio que se requiere mucho más que eso. Es preciso que programas como éste sean ampliados a nivel nacional y que, como demandaran Profamilia y la diputada Minou Tavárez Mirabal, el gobierno destine mucho mayores recursos para programas que contrarresten la violencia intrafamiliar. Especialmente campañas educativas y de sensibilización sobre el problema.

Se requieren programas efectivos de atención a las víctimas de la violencia de género, incluyendo casas refugio, y acciones que impacten en los programas de salud pública, de la Secretaría de Educación y en los medios de comunicación, especialmente en la radio y televisión. El concurso de los comunicadores es muy importante para reducir los niveles de inducción de la violencia de género que todavía se registra en programas, películas y hasta en el discurso cotidiano de la comunicación social.

La sociedad dominicana en general, y los hombres en particular, requieren un proceso de revalorización de las relaciones interfamiliares y de género y del respeto que merecen las niñas y mujeres, ese hermoso segmento de la humanidad, gestoras del amor y la ternura.

Los niveles de la violencia de género nos deberían llevar a declararnos en estado de emergencia. Todo ser humano que se precie de sensible debe darse por avergonzado de que en nuestro país tantas mujeres sean víctimas de la brutalidad.

Más penoso y contradictorio cuando procede de hombres que alguna vez pretendieron que las amaban, en una expresión degenerativa del hermoso sentimiento del amor.

Reivindicación de la política

Por Juan Bolívar Díaz

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El haber estado en el local de la Fundación Jaime Vera, que tiene como objetivo fundamental la formación de los afiliados del Partido Socialista Obrero Español, me permitió reconciliarme con la política, que según Juan Pablo Duarte, es de las ciencias más dignas de ocupar las mentes humanas.

Lleva el nombre de un médico de arraigada sensibilidad social y compromiso con el progreso de los trabajadores españoles, que se contó entre los fundadores del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en 1879. Vera López arrastró una salud precaria que le cortó la inspiración vital a los 58 años, pero dejó su impronta y ejemplo de intelectual que no abandonó sus principios, y ofrendó su vida sin disfrutar en absoluto del poder.

El local está enclavado en una finca en la carretera del Escorial en las afueras de Madrid. Pero de una modestia casi insospechada para un partido que ha gobernado más de la mitad del período democrático que siguió a la desaparición del caudillo Francisco Franco. Con Felipe González entre 1982 y 1996, España dio un saltó grandioso al progreso económico y en el fortalecimiento de sus instituciones democráticas.

El largo período de gobierno de 14 años generó alguna descomposición que fue una de las causas eficientes de que perdieran el poder. Pero recuperado hace dos años con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, el PSOE parece en un período de revitalización y recuperación de sus planteamientos programáticos e ideológicos, reivindicando la actividad partidista y los principios del socialismo democrático.

La austeridad que se respira en el local de la Fundación Jaime Vera es impresionante. Parece una casa de retiro espiritual, austera y funcional, donde nada sobra. Con habitaciones para 75 personas, casi todas de dos camas de una sola plaza, sin televisor, ni teléfono. Su aula informática sólo tiene 10 computadoras. Y en un pequeño espacio hay otras 5 para que los cursillistas puedan acceder a la internet.

El comedor está separado de la cocina y como en las casas de religiosos, los ocupantes de cada mesa tienen que recoger las bandejas de comida y devolver los platos.

Todo el mobiliario es sencillo y funcional. Ni el más leve asomo de lujo.

Las pequeñas habitaciones no tienen espacio para expansión, como forma de cultivar el intercambio entre los cursillistas. Y allí en las noches, alejados del ruido y los atractivos de la gran ciudad, lo que se escucha son conversaciones y discusiones ideológicas. Reivindicación de los principios del accionar político socialista.

Paralelo con un seminario internacional sobre flujos migratorios al que asistimos se desarrollaba un curso de capacitación para mujeres candidatas del PSOE a las elecciones municipales de la próxima primavera. Y daba gusto escuchar en los recesos las preocupaciones y planteamientos de las concurrentes.

Durante aquellos cuatro días de finales de octubre, en el aislamiento de la Fundación Jaime Vera, me reencontré con una visión de la política en proceso de desaparición en nuestro país y en muchas partes del mundo. La que nos inculcaba que había que incursionar en la política para transformar nuestro mundo, para hacerlo más justo, para que prevalecieran la libertad y la institucionalidad democrática.

Recordé la primavera libertaria de 1961, cuando la muchachada de entonces fue lanzada a la búsqueda de ideologías, a la visión programática, con desprendimiento y generosidad. Cristianos y marxistas se disputaban los espacios compitiendo en ideas para transformar la nación.

Con el final de la guerra fría los planteamientos ideológicos cayeron en reflujo y se dio paso a un pragmatismo político salvaje en el que la política ha sido convertida en una actividad mercantil. La mayoría de sus cultores persiguen sólo la salvación individual, sin recato en la degeneración cuando alcanzan alguna cuota de poder, que convierten en mecanismo para todo género de tráfico.

Escuchando a los políticos españoles se explica el enorme progreso económico, social e institucional alcanzado por España en las últimas tres décadas, desde aquel ostracismo europeo en que la marginó el caudillo triunfante de la espantosa guerra civil de 1936-39. Y no es que falten degenerados y trásfugas. Pero no predominan. Se preparan para gobernar aferrados a principios.

He escuchado a los gerentes de un curso para jóvenes políticos que se desarrolla en el país hablar con entusiasmo de las nuevas generaciones. También hemos contactado el surgimiento de visiones críticas en importantes segmentos de la juventud.  Ojalá que esté próxima una reivindicación de la política dominicana. Lo precisa el progreso de la nación, el establecimiento de instituciones fuertes y operantes en orden al bien colectivo.

¿Hoy por ti, mañana por mi?

Me atrevo a presumir que a muy pocos llamó la atención la información de que 7 mil 181 miembros, oficiales y clases de las tres ramas de las Fuerzas Armadas fueron expulsados en dos años, involucrados en una amplia gama de delitos. Porque hace tiempo que perdimos la capacidad de asombro y vemos como normales las peores barbaridades. La información fue publicada por el Diario Libre el miércoles 8 de noviembre, bajo la firma del destacado reportero Leoncio Comprés. La puse bajo cuestionamiento, ya que se trata nada menos que de la sexta parte, uno de cada seis aproximadamente, de los integrantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra.

Y que fueron expulsados por haberse involucrado en delitos de narcotráfico, contrabando, asaltos, robo, secuestros, atracos, viajes ilegales, falsificaciones y otros, entre los cuales sin duda está el asesinato.

Alarmado llamé al reportero para precisar y me ratificó sus datos, obtenidos en fuentes autorizadas de las entidades militares.

En relaciones públicas de la Secretaría de las Fuerzas Armadas no tenían información al respecto, todavía el viernes, dos días después de la publicación.

Evidentemente, tampoco allí esas cifras habían causado alarma.

Que de ser falsas tenían que haber sido corregidas cuanto antes, por el bien de esas “gloriosas instituciones”. Según el informe entre agosto del 2004 y agosto del 2006 fueron separados del Ejército Nacional 5,200 miembros, entre ellos 54 oficiales. De la Marina de Guerra expulsaron a 618, incluidos 28 oficiales.

En cuanto a la Fuerza Aérea no había precisión, pero se estimaron en mil 363.

Y las cancelaciones prosiguen, incluyendo oficiales. No se precisa cuántos han sido sometidos a la justicia ni cuántos sancionados. Si a eso sumamos los miembros de la Policía Nacional que también son expulsados por actividades ilícitas, las razones para alarmarnos son todavía mayores.

El secretario de Interior y Policía, Franklin Almeyda, ha hablado de miles en su gestión de poco más de dos años.

El general Bernardo Santana Páez dijo el 2 de agosto pasado que en su gestión de un año había cancelado a 670 policías, de los cuales 308 fueron sometidos a la acción judicial. Por su parte el general Rafael Ramírez Ferreiras, titular de la Dirección Nacional de Control de Drogas, informó que en menos de tres meses que lleva al frente del importante organismo investigativo ha despedido a más de 600 miembros, “por negligencia y apatía” en el cumplimiento de sus deberes. Al parecer en esta institución los botan antes de que lleguen al delito, aunque frecuentemente las informaciones de prensa indican lo contrario. Cifras más o menos, no parece haber dudas de que son miles de delincuentes criados al amparo de las instituciones destinadas a la seguridad nacional y al combate a todas las expresiones de la delincuencia. Que para delinquir emplean las armas y los uniformes que el Estado les proporciona.

Hay razones para presumir que en su gran mayoría esos delincuentes quedan en la impunidad. De entrada ya se ha denunciado y admitido que los de la Policía tienen hasta cárceles especiales, en los mismos cuarteles de la institución, donde evidentemente tienen un régimen especial. Alegan que con los delincuentes civiles no se garantiza su seguridad, lo cual es un pretexto inaceptable. Bastaría con agruparlos en las cárceles. La gran pregunta es qué hacen todos esos hombres entrenados en el uso de las armas y de la fuerza física, una vez pierden la membresía militar o policial.

Cuántos de ellos pasan a engrosar las filas del creciente número de bandas de delincuentes que proliferan por todo el país.

La situación es de extrema gravedad. Es difícil que en cualquier acto delictivo que involucre a varias personas no haya algún miembro activo o cancelado de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional o la DNCD.

Se trata de una expresión del nivel de descomposición y corrupción que está alcanzando esta sociedad, donde cada semana se descubre un escándalo o una nueva forma de estafar, de robar o apropiarse hasta de los cables del tendido eléctrico y el lecho de los arroyos y cañadas. Estamos tan acostumbrados al latrocinio y la expropiación que ya pocas cosas nos causan asombro.

Tampoco ha causado alarma la auditoría de la Cámara de Cuentas que reveló que las compras del comedor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo se hacían con precios sobrevaluados entre un 35 y100 por ciento.

 Algo impensable en la UASD de hace pocos años.

Estruja el ánimo la comprobación de la creciente descomposición en la nación y la convicción de que prevalece la impunidad en todos los niveles, como si entre los agentes públicos prevaleciera la consigna de hoy por ti, mañana por mi.

Incoherencia y poca transparencia

Por Juan Bolívar Díaz

            El secretario de Obras Públicas proclamó el lunes en Santiago que el gobierno sólo podrá terminar y transformar las principales avenidas y carreteras del país mediante acuerdos razonables con el sector privado, tras referirse a las limitaciones presupuestarias por todos conocidas, y sin perspectivas de mejoramiento significativo para el próximo año.

            Al parecer los reporteros que entrevistaban al ingeniero Freddy Pérez no le pidieron que ampliara su criterio, por lo que tenemos que suponer que el funcionario se refería a concesiones para construir carreteras, que se han intentado en el país en los últimos años y que todavía no han dejado el primer fruto concreto. Parece que en algo se avanza en la carretera Santo Domingo-Samaná, pero que todo quedó en ilusiones en la autovía del Este y en la San Cristóbal-Baní.

            En países desarrollados, donde las instituciones públicas tienen efectivos mecanismos de control, el sistema de concesiones de carreteras y otras obras públicas ha funcionado adecuadamente. En otros, México por ejemplo, la corrupción que caracterizó las concesiones y los altos costos, las hicieron fracasar, traduciéndose en pérdidas del orden de los 15 mil millones de dólares que tuvo que asumir el Estado.

            Pero lo grave, lo incoherente es que el ingeniero Pérez proclamara la quiebra financiera del Estado hasta para transformar avenidas, justo en momentos en que entregaba el estadio Cibao, que al igual que los de Santo Domingo, San Pedro y San Francisco de Macorís, fueron objeto del “arreglo, remodelación y modernización” dispuestos por el presidente de la República, según una página propagandística.

           Llamó la atención que en esa página desplegada en todos los periódicos, la secretaría de Obras Públicas no dijo en qué consistieron las obras ni cuánto costaron, cuestiones básicas y que además son de uso y costumbre, sobre todo cuando se trata de relevar las altas inversiones gubernamentales.

            Esa limitada información se inscribe dentro de la falta de transparencia con que se usan los recursos del Estado. Más grave aún cuando se financia una actividad privada, como es el béisbol profesional, que deja significativos beneficios por lo menos a algunos de los equipos. Aparte de la rentabilidad que genera a unos cuantos el mercado clandestino al que van a parar la mayor parte de los boletas de los juegos que atraen más público, y que suelen venderse al doble y hasta el triple de su valor nominal.

            ¡Ni siquiera en la venta de boletas para el principal entretenimiento dominicano puede haber transparencia! En un negocio que se realiza en estadios construidos, reparados y hasta mantenidos por el Estado.

            La proclama del secretario de Obras Públicas sobre la incapacidad financiera para terminar y transformar carreteras y avenidas, se produjo en Santiago, justo donde el Estado invierte 25 millones de dólares para ayudar a la terminación de una clínica privada.

            Podrán encontrarse explicaciones y hasta pretenderse justificaciones. Pero tampoco se puede entender que se hayan invertido decenas de millones de pesos, dicen que 57, para montar en el país un torneo internacional de pesas, renglón donde no alcanzamos ni medalla de bronce. También se anuncia que se dispondrán 25 o 30 millones de pesos para auspiciar una pelea del dominicano Joan Guzmán, que recientemente ganó un campeonato mundial de boxeo.

            Simpatizo con Joan, sencillo y dedicado en cuerpo y alma a ese cuestionado deporte y hombre de sentimiento patriótico. Pero sinceramente no hay manera de convencerme de que estas inversiones aludidas son más prioritarias que las correspondientes a avenidas y carreteras.

            Justo en el béisbol, en el boxeo, en las clínicas, son de los campos donde el Estado debería auspiciar la inversión privada.

            Es cierto que la subvención al béisbol viene de décadas, pero ya es tiempo de que los empresarios asuman la reparación y mantenimiento de los estadios. Por lo menos que el Estado les demande compartir la carga, siquiera a la mitad, para comenzar. Y que el costo de entrada a los juegos sea el justo y transparente. Que no se anuncie una boleta a 200 para venderla clandestinamente a 400. Que el Estado no auspicie un negocio turbio.

            ¡Cuántas incoherencias y falta de transparencia! ¿Cuándo será que la modernidad que tanto se pregona se traducirá en información total, en observación de un elemental orden de prioridades y en respeto por la ciudadanía dominicana?

Reformas políticas urgentes

Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las prioridades fundamentales en materia de reformas políticas en el país es una ley de partidos políticos que paute las elecciones primarias y establezca límites a la extensión y gastos de las campañas electorales, como forma de abaratar el costo de la política y preservar la democracia de los vicios de la corrupción.

            Resulta indiscutible que el país vive en campaña electoral permanente, con un gasto cada vez más desbordado, que a la vez incentiva la corrupción administrativa, el tráfico de tono género, incluyendo el lavado de dinero, y las ventajas de los más afortunados, es desmedro de los políticos más honrados y comprometidos con las transformaciones que demanda la nación.

Apenas pasaron los comicios congresionales y municipales de mayo pasado, cuando se iniciaron las luchas por las candidaturas presidenciales para el 2008. Y esas luchas no son un simple ejercicio de exposición de proyectos, ideas y programas, sino que se convierten en una gran empresa, con agentes vendedores y cobradores, nómina fija, enormes gastos de publicidad y para comprar adherentes en el propio partido y en un sistema comunicativo que se pudre progresivamente en proporciones alarmantes.

            Cada vez será más frecuente que las candidaturas a los cargos electivos se definan en función de la capacidad financiera de los individuos, de sus habilidades para buscársela sin importar principios ni valores y del poder económico de sus patrocinadores y relacionados.

            De esa manera la democracia seguirá degradándose y convirtiéndose en una actividad de mero tráfico empresarial y la corrupción, en todas sus expresiones, seguirá desbordada, socavando los cimientos mismos de la institucionalidad y arrastrando a la nación a la encerrona del colapso partidario, que suele desembocar en la incertidumbre y la desestabilización.

            Es obvio que esas flaquezas están afectando la democracia no sólo en el país sino en muchos otros de América Latina y del resto del mundo. Pero en otras partes se hacen esfuerzos por contrarrestarlas con legislaciones que tiendan a contener los desbordamientos. Tal es el caso de México, donde en los últimos años se ha legislado para limitar la inversión publicitaria de los candidatos y el financiamiento a los partidos.

            Estados Unidos hace tiempo que estableció esos límites, gracias a lo cual no se mide el potencial de los candidatos por la generosidad con que “resuelven”ni por las dimensiones de su cartera. Hay que hacer liderazgo en los partidos, en el Congreso, las gobernaciones o los distritos.

            La tentación es mayor cuando se trata de naciones donde significativas proporciones de la población buscan un ascensor que los conduzca velozmente a la riqueza, por lo que es más urgente que se establezcan mecanismos preventivos y de contención.

            Otras reformas que deberán contribuir a preservar la democracia dominicana incluyen una urgentísima congelación del número de diputados y regidores, así como de la división territorial. Y ojalá al sistema político se le metiera un haz de iluminación y decidiera también convertir el sistema legislativo en unicameral.

            Estas últimas reformas son de orden constitucional y deberían discutirse el día en que definitivamente nos aboquemos a una revisión integral de la Constitución de la República. Claro que será muy difícil que los mismos agentes políticos enquistados en el Congreso aprueben ese tipo de iniciativa, aún cuando puedan ser promovidas por los más iluminados de sus dirigentes y miembros.

            Por eso la importancia de que el liderazgo social esté representado en una reforma constitucional, mediante un mecanismo de elección democrática como el que acordó en el 2001 la Comisión Especial que elaboró un proyecto de consenso que instituiría una asamblea constituyente.

Mientras acopiamos fuerzas y voluntades para esas reformas, por lo menos es fundamental que integremos la Junta Central Electoral con personalidades capaces de ejercer contención en el sistema partidista, aplicando las limitadas leyes de que disponemos, que de hecho establecen límites por lo menos a los períodos de campaña.

La ley electoral también deja margen para iniciar una mayor vigilancia de los ingresos y gastos de los partidos y candidatos. El párrafo II de su artículo 52 indica que “La Junta Central Electoral solicitará a la Contraloría General de la República, que audite los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes”.

            En nuestra actual realidad tal planteamiento parece utópico, pero es fundamental para preservar el sistema partidista y la democracia dominicana. Ojalá los dirigentes políticos lo comprendieran antes de que sea demasiado tarde.-

 

Reivindiquemos la rendición de cuentas

 Por Juan Bolívar Díaz

Los políticos dominicanos tienen que convencerse de que la rendición de cuentas y la participación social en la gestión pública son de las prendas más valoradas del sistema democrático, especialmente cuando las reclama la ciudadanía en cualquiera de sus expresiones.

            Todavía la mayoría de los políticos creen que la democracia se limita al ejercicio del voto cada dos o cuatro años. La cultura autoritaria sigue prevaleciendo en la gestión gubernamental, especialmente desde el poder Ejecutivo, aunque también en los demás poderes del Estado, incluyendo al municipal y al electoral.

            La nación tiene todavía mucho camino por recorrer para afianzar el sistema democrático que se basa en equilibrio de poderes, en transparencia y rendición de cuentas. Todavía es muy precario el papel del Congreso Nacional en su papel de vigilante de los actos del Poder Ejecutivo. Son contados los casos de interpelación de los secretarios de Estado, cosa que aún se considera como un desafío al poder constituido.

            Las reacciones son más adversas y generalmente agrias cuando los reclamos provienen de las instituciones sociales o de los profesionales de la comunicación. Se les atribuye una intención malévola movilizada por la oposición o pagada por el gobierno, dependiendo de a quién vaya dirigida la demanda.

            Esta semana la presidenta del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Elena Viyella de Paliza tuvo el valor de reivindicar su derecho a pedir cuentas a los gobernantes, después que un importante ministro la acusara de actuar como política por haber reclamado prioridades fundamentales en la gestión gubernamental.

            Legisladores y dirigentes políticos acostumbran desafiar a los dirigentes sociales y a los comunicadores para que formen partidos y se fajen a buscar votos para que accedan a las funciones públicas, en una miserable y mezquina concepción de la democracia.

            Los periodistas y los dirigentes sociales son apreciados en la medida en que coinciden con los gobernantes o con los partidos de oposición, especialmente cuando andan buscando votos. Pero una vez llegan a los cargos públicos los elegidos o designados se transfiguran y asumen actitudes prepotentes.

            Frente a situaciones escandalosas que en las modernas democracia obligarían a la renuncia o liquidarían candidaturas, nuestros políticos y gobernantes se tornan “ciegos, sordos y mudos”, frase que acuñó el expresidente Joaquín Balaguer y que ha sido reivindicada por quienes les han sucedido en el gobierno de la nación.

            Confían en la debilidad de nuestros medios de comunicación para unirse coherentemente, como ocurre en las democracias más funcionales, en el reclamo de transparencia y cuentas claras. A Balaguer se le atribuye la consideración de que titular o editorial de hoy será sustituido por el de mañana. Y la ciudadanía parece olvidar con mucha rapidez.

            Por eso nadie en el gobierno ha podido responder sobre el exceso de gastos que se registró en la pasada campaña electoral, que ha desajustado las finanzas públicas. Tampoco se ha emitido una explicación ni establecido responsabilidades sobre los escándalos verificados en julio pasado en el Congreso Nacional. No nos han dicho quiénes fueron los responsables en el Poder Ejecutivo del envío a los legisladores del proyecto de isla artificial, desautorizado por el propio gobierno.

           Tampoco se ha explicado quiénes fueron los negociadores del oneroso contrato por 132 millones de dólares para equipar la Policía Nacional. Nos hemos quedado esperando que nos digan cuál fue la magia que determinó las sesiones de madrugada del Congreso para aprobar proyectos huérfanos. Y las prometidas sanciones a los legisladores de oposición que sancionaron esos proyectos en desafío a las posiciones de los partidos, han quedado en el olvido.

            El silencio es todo lo que se ha obtenido de un alto funcionario que aspira a la presidencia de la nación frente al bochorno de que se anunciara públicamente que le fue cancelada la visa de ingreso a los Estados Unidos, pese a las implicaciones de orden moral que se supone en la acción. Lo mismo se aplica para un alto funcionario judicial y otro aspirante a la candidatura presidencial, vinculados a actividades que en las democracias contemporáneas podrían liquidar sus carreras.

            Mientras no rompamos esos silencios y obliguemos a rendir cuentas, la democracia dominicana seguirá siendo una caricatura. Las organizaciones sociales y los medios de comunicación están desafiados a dar vigencia a la rendición de cuentas. Y la ciudadanía en general debe sancionar los silencios, aunque sea en los días de votación, hasta que rompamos el círculo vicioso y se fortalezcan nuestras instituciones públicas.-

No, un gobierno tramposo no

Por Juan Bolívar Díaz

Aunque muchos no lo crean estoy absolutamente convencido de que es por olvido que el gobierno del presidente Leonel Fernández no ha cumplido la sentencia dictada hace casi un año por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en relación al caso de las niñas Dilcia Oliven Yean y Violeta Bósico, dominicanas de ascendencia haitiana. El próximo sábado 7 de octubre se cumple el plazo de un año otorgado al país para cumplir la sentencia que requirió del Estado dominicano una reforma del sistema del registro de nacimiento, garantizar la educación a todos los niños y niñas residentes en el país, independientemente de su ascendencia u origen, realizar un acto público de desagravio a las niñas discriminadas, pagar una indemnización de 22 mil dólares y publicar la sentencia.

Para los que no recuerdan el caso, la condena se originó en un proceso llevado primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y derivada por ésta a la Corte Interamericana, por habérsele negado la nacionalidad a las niñas Yean y Bósico, lo que les causó problemas para asistir a la escuela. En ambos casos eran niñas de ascendencia haitiana pero sus madres habían nacido en Yamasá, República Dominicana, habían vivido aquí siempre y en su tiempo no tuvieron problemas para que se les reconociera como dominicanas. Con más razón correspondía en el caso de sus hijas.

En el curso del proceso, que duró seis años, las autoridades dominicanas otorgaron el acta de nacimiento correspondiente a las dos niñas, pero tanto el Movimiento de Mujeres Domínico Haitiana como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Clínica Jurídica de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la Universidad de Berkeley, California, que impulsaron la instancia, decidieron mantenerla hasta el final, probablemente buscando establecer jurisprudencia.

La razón básica por la que creo que el incumplimiento de la sentencia se debe a un olvido, fruto de los múltiples problemas nacionales que han tenido que afrontar las actuales autoridades, es porque estoy convencido de que el régimen del doctor Leonel Fernández, un jurisconsulto con indiscutible vocación internacionalista, tiene deficiencias y hasta debilidades, pero no puede ser un gobierno tramposo.

Primero no podemos olvidar que fue el presidente Fernández, quien en su anterior gestión gubernamental, el 19 de febrero de 1999, aceptó de pleno derecho la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanas, lo que había quedado pendiente desde el 25 de diciembre de 1977 cuando el Estado dominicano suscribió la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Es decir, que no es posible que el jurista Fernández permita que se desafíe ahora la jurisdicción de una corte a la que él le reconoció calidad para dictaminar en materia contenciosa nacional.

Segundo, porque el 4 de junio pasado, durante una de las sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en esta capital, el canciller Carlos Morales Troncoso expresó la decisión del gobierno de cumplir la sentencia. Y lo hizo ante el secretario general José Miguel Insulza y los cancilleres de todos los países miembros del sistema interamericano, del cual la CIDH es instrumento fundamental.

Tercero, porque es casi seguro que esa promesa de acatamiento de la sentencia fue una condición previa para que la abogada dominicana Rhadys Abreu de Polanco fuera electa por esa misma asamblea como jueza titular de la CIDH.

Cuarto, porque salir ahora con un desacato no sólo dejaría mal empeñada la palabra y el crédito del gobierno, sino que pondría en penosa situación a la jueza Abreu de Polanco, quien por demás fue representante del Estado dominicano en el largo proceso del caso.

Y quinto, porque el desacato abriría una nueva campaña de denuncias internacionales contra el Estado dominicano, cosa que para nada necesita este gobierno empeñado en mejorar la situación del país en el concierto mundial, y que quedaría como tramposo al haberse comprometido a acatar la sentencia, y conseguido tener una jueza en la CIDH para luego desconocerla.

No, este gobierno tiene sus debilidades, pero tanto como tramposo no. Por eso seguro que esta semana dará los primeros pasos para acatar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-