Mandela: paradigma político y humano

Por Juan Bolívar Díaz

(Dedicado a Ligia Minaya, Mu-Kien Sang Ben y Rafael D. Toribio)
No quiero esperar por su muerte para rendirle el homenaje que hace tiempo me inspira, como luchador por la libertad de su pueblo, como político, como estadista y como ser humano, libre de las mezquindades que confiere el poder, el mayor estadista de la actualidad, ejemplo de superación y desprendimiento: Nelson Mandela.

El anuncio de su liberación, tras casi 28 años de prisión, me sorprendió una noche de 1989 viendo la televisión en Munich, Alemania. Se produjo finalmente el 11 de enero siguiente. Había empezado a apreciarlo en los años setenta y ochenta cuando se convertía en símbolo universal de la libertad. El mundo no podría ser libre hasta que Mandela no saliera de la cárcel y Africa del Sur aboliera el Apartheid.

Ahora, con una década de retraso, acabo de leer su autobiografía “El Largo Camino hacia la Libertad”, y su figura se ha agigantado en mi alma. Después de leer estas 1012 páginas de su vida, que terminan cuando apenas se juramentaba presidente de su país en mayo de 1994, me resulta más difícil entender de dónde este hombre sacó tanta fortaleza para mantener la integridad y el hondo equilibrio humano que lo ha caracterizado, en medio de tanta y tan prolongada opresión.

Mandela nació en 1918 en la profundidad de la miseria rural de una tribus del sudeste de Africa del Sur. Al quedar huérfano de padre, fue protegido por un líder tribal lo que le permitió estudiar y el conocimiento lo llevó inexorablemente a la lucha por la libertad, que emprendió mientras recibía la educación secundaria.

A los 24 años se convirtió en cuadro y dirigente del Congreso Nacional Africano (CNA), fundado en 1912 para luchar por la liberación de los negros de Africa del Sur. Temprano selló su suerte como víctima de la más encarnizada represión, numerosos encarcelamientos y privaciones hasta ser condenado a cadena perpetua, junto a otros 7 compañeros, en junio de 1964, cuando llevaba más de dos años encarcelado.

Pasaría 28 años corridos en prisión, las primeras dos décadas en una cárcel de máxima seguridad en la isla de Robben, aislado al extremo de que en ocasiones sólo pudo ver a su esposa por media hora una vez al año, a través de un cristal. Sometido a un régimen de trabajo forzado, picando piedras en una mina hasta 12 horas al día, con vigilancia extrema noche y día y comiendo apenas harina de maíz, mientras fuera su esposa e hijos eran hostigados, agredidos y sometidos a prisión.

Sin embargo, fue bajo ese régimen carcelario, en condiciones absolutamente infrahumanas, en que Nelson Mandela fue convirtiéndose en el líder indiscutido del CNA, acumulando las energías espirituales suficientes para resistir toda represión e intentos de doblegarlo, hasta que la presión universal obligó a sus carceleros a conversar con él y a liberarlo sin condiciones en un proceso de negociación que culminaría en la liquidación del oprobioso régimen del Apartheid.

Tuvo la visión de detectar el momento justo en que había que iniciar conversaciones, primero con el presidente Pieter Botha y luego con su sucesor Frederick de Klerk, en momentos en que muchos de los suyos no lo favorecían y algunos lo veían con extrema suspicacia. “Amo profundamente mi libertad, pero amo aún más la vuestra… No amo menos la vida que vosotros, pero no puedo vender mis derechos ni estoy dispuesto a vender el derecho del pueblo a ser libre”, dijo a sus contradictores.

Diría al salir de la cárcel que su misión era “liberar tanto al oprimido como al opresor”, convencido de que “ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás”.

Mandela asumió el poder con el 63 por ciento de los votos en la primera elección libre de su país en 1994. Se presentó ante todos “no como un profeta, sino como vuestro humilde servidor” y condujo el proceso de integración de negros, mestizos, indios y blancos, mientras sentaba las bases de un régimen democrático e integrador.

Sabía que en 5 años no podía resolver todos los problemas y desigualdades sociales de Africa del Sur, sino apenas señalar los caminos. Pero ya a la mitad del período había advertido que no buscaría reelegirse y que apoyaría al vicepresidente Thabo Mbeki, como efectivamente hizo.

Nelson Mandela se retiró en 1999 y ha intentado recuperar algunos pedacitos de dicha y felicidad personal, mientras se pasea por el mundo como símbolo, como paradigma de ser humano, de político y estadista. Ha mediado en conflictos africanos, y ha recibido galardones y homenajes en todos los rincones de la tierra.

Leer sus memorias es reconfortante en estos tiempos de orfandad de líderes, de pragmatismo salvaje en la política, de aferramiento al poder por el poder mismo, de ignominias y vergüenzas.

Como aliento a los que sienten legítimo cansancio, transcribo el último párrafo de su testimonio: “He recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. He dado pasos en falso en mi recorrido, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir a una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero sólo puedo descansar un instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado”.

 

El alto costo de la política

Por Juan Bolívar Díaz

Es absolutamente cierto que el fundamento de la democracia son los partidos políticos y que estos conllevan un costo operativo y por el sostenimiento de sus principales cuadros, dedicados a ellos a tiempo completo, pero en el país nos están imponiendo un sacrificio demasiado elevado.

Cuando se aprobó la reforma a la ley electoral de 1997 que instituye el financiamiento de los partidos se creó la expectativa de que la contribución de las finanzas públicas conllevaría una reducción de las del sector privado, fuente de tráfico, rentismo y corrupción.

En vez de esa reducción, es opinión generalizada que para cada campaña es mayor el financiamiento que se reclama a los empresarios o que una parte de estos ofrecen “generosamente” . Se entiende que el financiamiento público es para engordar la burocracia partidista y que las campañas hay que financiarlas con los aportes privados.

La situación se ha complicado después que se ha generalizado en nuestros partidos la realización de elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, pues ahora se realiza una doble campaña, la primera con muchos más aspirantes, cada uno de los cuales quiere hacer una gran promoción. Esto cobra dimensiones alarmantes, sin que se establezcan reglas limitativas.

La democracia dominicana está ampliando también sus costos en otras dimensiones. Cada cuatro años aumenta el número de los diputados y regidores a elegir, en razón de que éste depende del crecimiento poblacional. Ya se anuncia que el próximo año elegiremos 178 diputados, 28 más que en la actualidad. No sé todavía cuántos regidores más tendremos que elegir, pero a nivel nacional son casi un millar.

Esa inflación de diputados colma los espacios de las salas de sesiones que hay que remodelar continuamente, así como los de oficinas, y aumenta el volumen de recursos que se destina a sueldos y dietas, el número de exoneraciones, pasaportes oficiales y otras facilidades, algunas de las cuales abrirán las puertas para tráficos como los que escandalizan en estos días por los ámbitos de los regidores.

¿Para qué necesitamos más diputados? ¿No son bastantes los 150 actuales? Es obvio que tendremos que modificar el texto constitucional para congelar el número de esos representantes y mejor si para reducir la proporción. Incluso deberíamos tener una sola cámara legislativa, como corresponde a la democracia de un territorio tan pequeño como el dominicano.

Claro que los dirigentes políticos deberían ser los primeros en hacer conciencia del alto costo que están imponiendo a la democracia dominicana, lo que no contribuye a su fortalecimiento y sí al desprestigio de esa actividad, que según el fundador de la nación, es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas.

Como no podemos esperar una autorregulación de los líderes políticos ni de los legisladores, tiene que ser la ciudadanía la que tome conciencia y desarrolle iniciativas tendentes a reducir o por lo menos a congelar el alto costo que tiene la política en el país.

Hace poco leí un artículo del prestigioso abogado y dirigente social Francisco Alvarez donde proponía que observáramos el gasto de campaña y negáramos el voto a aquellos que hacen alardes de recursos, con costosas precampañas y campañas electorales en las que invierten mucho más de lo que van a ganar en salarios durante el período constitucional.

La propuesta es válida por muchos motivos. Primero porque a menudo los recursos derrochados en campaña han sido sustraídos al Estado, o son fruto de actividades ilícitas, cuando no inversión de empresarios que alienan la independencia de los representantes aún antes de que los elijamos.

La consigna debe ser no votar por los que derrochan en campañas, porque esos ya tienen amos, no representarán a los electores y tendrán que traficar para compensar lo gastado, propio o de otros.

Algo tenemos que empezar a hacer para reducir el costo de la política dominicana que supera con mucho el alza del costo de la vida.

¿Nadie pagará el salvajismo de Piedra Blanca?

Por Juan Bolívar Díaz

Lo que ocurrió en Piedra Blanca de Bonao en la fecha aniversaria de la restauración de la independencia nacional fue un verdadero acto de salvajismo político que dejó como víctimas mortales a cuatro hombres jóvenes de esa comunidad, algunos de ellos, si no todos, empujados por el fanatismo y el arrebato.

En una comunidad tan pequeña esas cuatro muertes tenían que producir un estremecimiento. Y hasta en el ámbito nacional, por más insensibles que nos estemos haciendo por la frecuencia con que estalla la violencia en todas sus manifestaciones.

Las circunstancias de que se produjera una balacera dentro de un pequeño local municipal poco antes de la sesión que elegiría el bufete directivo del municipio, con balance de 4 muertos y una docena de heridos, tenía que conmover a la nación y repercutir incluso en el ámbito internacional.

La gravedad del acontecimiento obliga a las autoridades a una investigación desprejuiciada, libre de sectarismos ni pasiones políticas, para aplicar las sanciones correspondientes y así evitar que la vida nacional siga caracterizándose por estos salvajismos que nos avergüenzan y degradan.

Las responsabilidades, por lo menos políticas, apuntan principalmente al gobernador de la provincia Monseñor Nouel, Félix Nova, un dirigente del partido en el gobierno. Los testimonios recogidos indican que la barbarie de Piedra Blanca se origina en rivalidades internas del regidor Gerardo Antonio Núñez con el gobernador Félix Nova, ambos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que llevan a la expulsión del primero hace tres años.

Eso, con lujo de detalles, y muchas otras cosas las testimonió el propio Núñez, en una dramática entrevista, documento privilegiado para cualquier investigador que se respete, que le fuera grabada y transmitida el día antes de su muerte, o sea el lunes 15.

La situación se agrava porque últimamente el expulsado decidió aliarse con los perredeístas para apoyar un candidato de ellos a presidir el Ayuntamiento, a cambio de que él fuera nombrado presidente del distrito municipal de Sonador. Por eso se siente amenazado y perseguido y opta por juramentarse, el jueves 11, en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Desde entonces la persecución del senador Nova se acentúa, según las denuncias del propio Núñez, quien el sábado 13 es detenido por agentes de la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI). Pasa todo el día preso en el cuartel policial de Bonao, pese a que las autoridades judiciales dicen que no hay razón para su arresto. Lo sueltan tarde de la noche, por las presiones de dirigentes perredeístas y de la comunidad de Sonador, decenas de cuyos miembros se presentaron al cuartel reclamándolo.

Pero el regidor Núñez se siente tan amenazado que lo llevan a dormir al hotel Naco de la capital.  Y al día siguiente, el lunes 15, ofrece sus declaraciones al periodista Carlos Febles, del Canal 12 de Bonao, donde formula denuncias muy concretas, incluyendo la oferta del gobernador de 250 mil pesos para que firme un acta votando por sus candidatos en Piedra Blanca y Sonador. A lo que él se niega radicalmente.

La esposa de la víctima Clarivel Rosario, testimonia que el otro regidor del PLD le llamó la noche del lunes para recomendarle a su colega que no fuera al día siguiente a la sesión, pues corría peligro. Pero él fue y estando reunido con los dos regidores del PRD y el síndico de Sonador, dentro del despacho del síndico de Piedra Blanca, se produce la irrupción de una turba encabezada por Tony Lovera y los hermanos Eddy y Domingo Marte Almonte, “inspectores” de Industria y Comercio y de Aduanas.

La tesorera del ayuntamiento, Ana María Santiago, narró a los periodistas cómo irrumpió el grupo primero en el salón de sesiones, tumbando una puerta, y luego en la oficina donde estaban reunidos los perredeístas con el expulsado del PLD. La regidora Marina Morales agradece estar viva a Tony Lovera, quien la sacó de la oficina, lo mismo que a la secretaria del cabildo, inclinado ante su condición de damas. Allí quedaron muertos dos de los tres hombres presentes, los regidores Gerardo Núñez y José Luis Pujols, y el tercero, el síndico de Sonador, José Luis Díaz, herido de balas.

Los hermanos Marte Almonte caen abatidos ya fuera del despacho, debe presumirse que a manos de perredeistas o empleados del cabildo, en medio de una balacera de pistolas, revólveres y escopetas.

Todo parece indicar que la de Núñez fue una muerte anunciada, un ajuste de cuentas, que cobró otras tres vidas. Pero las autoridades no lo ven así puesto que los detenidos son todos perredeistas y empleados del ayuntamiento.

La secuencia de los acontecimientos y los testimonios, incluyendo el del victimado Gerardo Núñez, apuntan por lo menos a una grave responsabilidad política. Ojalá que siquiera una vez seamos capaces de actuar con transparencia y sin complicidades, contemplaciones ni impunidades. De ser así empezaríamos a salir del salvajismo y la barbarie.

Por una campaña electoral limitada

Por Juan Bolívar Díaz

Durante una tertulia organizada por Participación Ciudadana la semana pasada me permití proponer que la Junta Central Electoral (JCE) tome la iniciativa de convocar a los partidos políticos para pactar una campaña limitada para los comicios congresionales y municipales del próximo año.

Me llamó la atención que al responder las preguntas los expositores ignoraron por completo la propuesta. Más aún porque ellos eran nada menos que el presidente de la Cámara Administrativa de la JCE, doctor Nelson Gómez, y el ex juez electoral Julio César Castaños Guzmán.

Quedé con la impresión de que mi propuesta era un absurdo, algo irrealizable, fruto del idealismo del que tanto se nos ha acusado en todos estos años de lucha por el perfeccionamiento del ejercicio democrático. Pero conociendo a los dos respetables abogados supongo que fue un simple olvido.

Hace tiempo que se escucha un clamor nacional abogando por la reunificación de las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales, lo que implicaría una regresión democrática. Las elecciones quedaron separadas tras la reforma constitucional de 1994, con el objetivo de evitar el arrastre de los candidatos a senadores, diputados, síndicos y regidores por parte de los candidatos presidenciales.

Ese clamor se fundamenta en que el país vive en una continua campaña electoral. Apenas salimos de unos comicios cuando comienzan los aprestos para los siguientes y el ejercicio gubernamental como de los opositores está limitado por los objetivos partidistas.

Creo que deberíamos mantener las elecciones separadas, como en gran parte de las naciones del mundo democrático. Pero en pocos países las campañas son tan prolongadas como aquí.

Lo que se impone es limitar el tiempo de duración de las campañas, a los tres meses que consigna la ley electoral en su artículo 87, el cual indica que toda elección será precedida de una proclama que dictará y hará publicar la Junta Central Electoral “a más tardar 90 días antes de la fecha en que deba celebrarse”. El artículo 88 indica que el período electoral se entenderá abierto desde el día de la proclama.

Está claro que la intención del legislador ha sido que las campañas electorales duren sólo tres meses. Pero aquí generalmente se inician mucho tiempo antes con las campanas internas para elección de candidatos. En las presidenciales es frecuente que veamos candidatos en campaña un año antes de los comicios.

Aunque todavía faltan más de 9 meses para las elecciones congresionales y municipales de mayo del 2006, ya hay aspirantes promoviéndose mediante vallas y otros medios masivos de comunicación

Las campañas extensas implican gastos elevados que generalmente se sufragan con recursos sustraídos al Estado o mediante las “generosas” contribuciones de los empresarios, que de esa forma invierten para buscar retribuciones en facilidades, exenciones y privilegios del Poder Ejecutivo, los legisladores y autoridades municipales.

En última instancia, las campañas prolongadas benefician a los que tienen mayores recursos económicos o más capacidad para venderse ante quienes los ostentan, y van en perjuicio de la representación de los sectores de menores ingresos y de los precandidatos y aspirantes más independientes y comprometidos con la transparencia.

El acuerdo que proponemos implicaría un compromiso para retrasar la elección de los candidatos hasta comienzos del próximo año. Según el artículo 70 de la ley electoral, los candidatos deben ser inscritos a más tardar 60 días antes de los comicios, es decir el 16 de marzo.

Los partidos pueden abrir las campañas internas en enero y elegir sus candidatos a fines de febrero. Dos meses deberían ser más que suficientes y reducirían las tensiones y enconos derivados de la competencia prolongada, que lleva a la constitución de grupos y a la magnificación de antagonismos al interior de los partidos.

Lo que proponemos puede parecer una ilusión. Pero no lo es. Está generalizado en el ánimo de la ciudadanía. Y es compartido por muchos de los dirigentes políticos. Lo que falta es que alguien tome la iniciativa. Ello tendería a reducir el clientelismo y el rentismo. Estamos obligados a controlar el costo de la democracia dominicana.

Incoherencias frente al fraude bancario

Por Juan Bolívar Díaz

Esta semana el presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna, reiteró su criterio de que fue el manejo de la política económica en el pasado gobierno lo que provocó las quiebras de tres bancos, desatando la peor crisis financiera y económica de la historia nacional y probablemente, en términos proporcionales, la mayor del mundo. Según el criterio que ha expresado el mandatario, en numerosas ocasiones, aquí no hubo fraudes bancarios, sino que las quiebras fueron causadas por el dispendio y los desaciertos del gobierno del presidente Hipólito Mejía.

En consecuencia, se debe concluir en que los banqueros procesados en vez de victimarios, son víctimas, lo que implica incoherencias en el seno mismo de su gobierno, ya que el Superintendente de Bancos que Fernández designó, Rafael Camilo, ha reiterado que hubo graves fraudes en esos bancos, sin que eso niegue responsabilidad a las autoridades. Pero no solo a las del momento, sino a las de los años en que se incubaron las prácticas bancarias fraudulentas.

El criterio presidencial es incoherente también con la posición del Banco Central, cuyas actuales autoridades designadas han proclamado que dan seguimiento a los procesos judiciales contra los banqueros, iniciados en la anterior administración. La mayor contradicción, es empero, con el acuerdo que en enero pasado suscribió este gobierno con el Fondo Monetario Internacional, en el que se comprometió a proseguir la búsqueda de sanciones para los responsables de esos fraudes, y a una serie de acciones para evitar su repetición. La posición del presidente Fernández pudo explicarse, no justificarse, en la campaña electoral, cuando quería a toda costa descalificar a Hipólito Mejía, quien absurdamente buscaba una reelección. Pero las elecciones pasaron hace más de un año.

Junto con Leonel Fernández, su asesor económico Julio Ortega, el secretario Técnico, Temístocles Montás, y una gran parte de los comunicadores vinculados al Partido de la Liberación Dominicana y su gobierno, han sustentado la inocencia de los banqueros, derivando la culpa hacia las pasadas autoridades.

Evidentemente que el gobierno de Mejía comparte responsabilidades con sus antecesores por no haber supervisado el sistema financiero permitiendo que algunos banqueros manejaran los ahorros ajenos como propios, con complicadas prácticas fraudulentas. Se le agregan las de haber violado la ley monetaria devolviendo la totalidad de los depósitos, sobre todo en Baninter, lo que agravó la crisis. Pero insistir en que no hubo fraude bancario es inexplicable, sobre todo cuando hace pocas semanas un panel de expertos contratados por las actuales autoridades reiteró documentó que las quiebras fueron fraudulentas. ¿De qué otra forma se puede llamar al hecho de que el Baninter “escondía es sus informes contables un “banco paralelo” de un volumen de operaciones dos veces superior”? Su informe financiero oficial al 31 de diciembre del 2002 declaraba activos de 26 mil millones de pesos, pero al quebrar tres meses después, se descubrió que eran 81 mil millones de pesos.

En su Informe de Evaluación Fiduciaria de la RD, reseñado por HOY el 27 de mayo, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial sostienen que las debilidades del marco regulatorio y la falta de adecuadas estrategias fiscales y monetarias quedaron de manifiesto en el 2003 con la quiebra de Baninter, “descubriéndose serias irregularidades y prácticas fraudulentas”.

En el recién publicado Informe Nacional de Desarrollo Humano, el PNUD sostiene (página 45) que “La crisis financiera destapada en mayo de 2003 fue el resultado de un fraude cometido por un grupo de empresarios del sector bancario con la complicidad, por comisión u omisión, de parte de la burocracia y del estamento político, quienes no supieron, no pudieron o no quisieron poner los correctivos de lugar y aplicar la ley y las normas bancarias”.

No pueden ser olvidadas todas las advertencias de los organismos internacionales, de altos funcionarios de Estados Unidos y de los embajadores de la Unión Europea condicionando la asistencia financiera al país a que sean sancionados los responsables de los fraudes bancarios que quebraron la economía nacional.

Sin duda que el gobierno de Mejía manejó mal la crisis, pero el grave daño a la economía nacional ya estaba hecho. A menos que sea posible defraudar a los ahorrantes de un país con un monto superior al presupuesto nacional y equivalente al 20 por ciento del Producto Bruto Interno, sin que eso desmorone la estabilidad macroeconómica.

El presidente Leonel Fernández debería recapacitar y corregir las incoherencias en un asunto tan importante, que está siendo observado por nacionales y extranjeros y a lo que se atribuye en parte que organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial no hayan erogado financiamientos, pese a la recuperación de la estabilidad macroeconómica durante el actual gobierno.

Los padrones de los partidos

Por Juan Bolívar Díaz

Es sin duda la primera vez que los tres partidos mayoritarios coinciden no sólo en realizar asambleas electivas al mismo tiempo, sino también en renovar sus padrones de militantes, razón por la cual por lo menosdos de ellos están enfrentando conflictos internos, y el otro está por verse. Sorpresivamente es el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) el que todavía no confronta polémicas internas en relación a su padrón de miembros, lo que ha sido una constante en la organización, al menos desde 1998, cuando, ya con un pie en la tumba, su líder José Francisco Peña Gómez asumió la candidatura a síndico del DN ante el cúmulo de denuncias de fraudes en el padrón interno de electores.

Pero como el PRD aún no ha concluido el procesamiento de su padrón todavía no se puede descartar que origine enfrentamientos, que podrían llegar aún después de la elección de sus dirigentes. Si esta vez lo logra sin traumas habrá que otorgarle un galardón a su comisión organizadora, presidida por la incansable Milagros Ortiz Bosch.

En los partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Reformista Social Cristiano (PRSC) han menudeado las denuncias de exclusiones o abultamiento en los comités de base y subdirectorios.

La sorpresa ha sido la del PLD, donde dos miembros de su comisión organizadora han ofrecido datos preocupantes. Primero Melanio Paredes dijo en un acto de Participación Ciudadana el jueves 5 que para el Congreso en proceso se habían llegado a registrar 81 mil comités de base, pero que 30 mil no fueron validados al no reunir los requisitos. En otras palabras que el 37 por ciento no estaba acorde con lo establecido.

El miércoles de esta semana Lidio Cadet, secretario de Organización del partido morado, y en consecuencia principal responsable de la preparación del Congreso, dijo al telediario El Día del Canal 11, que al 15 de enero se habían reportado 42 mil comités de base, de los cuales sólo calificaron 14 mil, apenas la tercera parte, y que 26 mil no tenían condiciones para ser purificados. Así lo recogió El Nacional de ese día, página 19.

En cuanto al PRSC, HOY del miércoles 11, recoge en su página 11 declaraciones del presidente de su Comisión Organizadora, Joaquín Ricardo, donde afirma que tienen 31 mil 256 subdirectorios, con un total de inscritos que bordea los 400 mil, lo que implica un promedio de 13 por organismo de base.

Pero ya el lunes 9 El Nacional había recogido en su página 5 una denuncia de Angel Lockward, candidato a la presidencia del partido, donde sostenía que el padrón “está inflado con más de 10 mil subdirectorios fantasmas”, llegando a afirmar que en un colegio electoral de Villa Trina, donde el año pasado el PRSC sólo consiguió siete votos, se habrían formado ahora 25 subdirectorios.

Las denuncias en ambos partidos hablan de manipulaciones, fraudes, exclusiones, pero en cualquier caso parece que por lo menos prima la desconfianza. Puede ser que algunas estén determinadas por la conciencia de minoría, por la incapacidad de aceptar que otros tienen las mayores posibilidades de triunfo.

Las manipulaciones de los padrones y la recurrencia a rechazar los resultados electorales alegando fraude son parte de una cultura fraudulenta y expresión de renuencia a aceptar el imperio del veredicto democrático. Ciertamente que a veces la denuncia es manifestación de impotencia ante otro tipo de manipulación, la originada en la imposición del poder político y económico.

En cualquier caso, los problemas de los padrones en los partidos están expresando clara y contundentemente que ni siquiera en el propio seno de nuestras organizaciones políticas básicas hay confianza en el funcionamiento de la democracia. Lo que a su vez justifica las descalificaciones que se producen de un partido a otro y desde las instancias no partidistas.

La sanidad de la democracia dominicana clama por un cambio de la cultura del fraude, de la manipulación y la trampa. Si no es posible lograrlo en los torneos internos de los partidos, parece que será imposible imponerlo en la vida nacional.

Si los partidos no logran limpieza y consenso en la elaboración de sus padrones de militantes, jamás podrán satisfacer los reclamos y anhelos de transparencia en la administración de la cosa pública.

Y su descrédito proseguirá su “agitado curso” hasta que la paciencia nacional estalle para desgracia del proceso democrático, porque vendrá el caos político que hemos visto en muchos países de América Latina.

Deuda eterna con los héroes de Abril

Por Juan Bolívar Díaz

Por encima del recurrente pesimismo, justificado parcialmente por los tropiezos institucionales y la corrupción que ha predominado en la vida nacional, tenemos que rendir tributo a todos los héroes de la revolución constitucionalista iniciada hace hoy justamente 40 años.

Aunque esa gesta quedó cercada militarmente por la invasión militar de los Estados Unidos y derrotada políticamente por las imposiciones que le siguieron, representa en términos históricos uno de los capítulos más brillantes de la larga lucha del pueblo dominicano por construir una nación independiente bajo los principios democráticos y participativos que han enarbolado sus fundadores y sustentadores durante casi dos siglos.

Los constitucionalistas del 1963 fueron derrotados por las fuerzas más conservadoras y egoístas de la sociedad de aquellos días, que se negaban a reconocer el protagonismo del pueblo en el trazado de su destino histórico y los principios elementales de la democracia.

Pero esos sectores, militares, empresariales y religiosos, que vivían de espaldas a la evolución histórica, fueron los grandes perdedores del enfrentamiento bélico que ellos mismos desataron cuando se negaron a reconocer el derecho del pueblo dominicano a reinvidicar el voto del 20 de diciembre de 1962 que invistió al profesor Juan Bosch como presidente de la República.

Humillados, desconcertados y acorralados tuvieron que apelar a la invasión extranjera para salvar su predominio. Y lo lograron pero al costo del deshonor y el descrédito histórico. Tanto que ninguno de sus actores fundamentales ni de sus instrumentos políticos pudieron jamás constituirse en alternativa válida para las mayorías.

Quedaron tan degradados que irrespetaron los términos del Acta Institucional que puso fin al largo conflicto bélico y se vengaron de los constitucionalistas marginándolos definitivamente de las Fuerzas Armadas, persiguiéndolos y matándolos, cuando no exiliándolos.

No faltó, incluso, el intento de genocidio perpetrado el 18 de diciembre de 1965 en Santiago, cuando con alevosía y acechanza atacaron al liderazgo civil y militar de la revolución constitucionalista que fue a rendir homenaje a su ideólogo y héroe Rafael Fernández Domínguez.

Los constitucionalistas demostraron un valor extraordinario en la defensa de los principios que enarbolaron, enfrentando durante meses la fuerza militar inmensamente superior de la principal potencia de la tierra, sin capitular, reivindicando la dignidad del pueblo dominicano.

No pudieron predominar en 1965, pero dejaron un inmenso legado de heroísmo y entrega, y una lección inolvidable para aquellos que desconocieron la voluntad popular en 1963, proscribiendo para siempre de la vida nacional el golpe de Estado, y haciendo respetar el principio constitucional de la subordinación de los militares a las autoridades civiles legítimamente electas.

La nación dominicana tiene una enorme deuda con los héroes constitucionalistas, con las figuras relevantes del ámbito militar y civil, pero también con los miles de mujeres y hombres del pueblo que no se doblegaron, especialmente con los que entregaron sus vidas reivindicando el honor y la verguenza nacional.

Esa deuda tiene nombres particulares como los de los coroneles Francisco Alberto Caamaño Deñó, Rafael Tomás Fernández Domínguez y Juan Lora Fernández, que junto a sus compañeros de armas fueron decisivos para el inicio y la supervivencia del movimiento constitucionalista.

También deben ser recordados por siempre aquellos extranjeros que derramaron su sangre en las calles de la ciudad insurrecta en solidaridad con la nación dominicana, como Jacques Viaux, Illio Capocci y André de la Riviere.

La gratitud tiene que ser eterna para todos los protagonistas, incluyendo a los sobrevivientes, muchos de los cuales han sido objeto del olvido y la indiferencia de aquellos que se han dicho compromisarios de los valores democráticos y de justicia en que se fundó el movimiento constitucionalista.

No habrá mejor homenaje a tantos héroes que seguir levantando sus banderas, luchando por constituir una nación mejor organizada, con instituciones democráticas afianzadas, saneada espiritualmente y rescatando los derechos políticos, económicos y sociales para el disfrute de todos y todas.

El altivo y obstinado coronel Fernández

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que agradecer y felicitar a la eternamente joven y vital Arlette Fernández por el libro que acaba de editar con el largo título de “Coronel Rafael Fernández Domínguez, Soldado del Pueblo y Mártir de la Libertad”. Ella logra colocarse por encima de las emociones y vivencias de esposa y madre para documentar un libro de 442 páginas con decenas de fotografías, informes, cartas y artículos de prensa, muchos de ellos inéditos, obtenidos tanto en el país como en el exterior, especialmente del gobierno de Estados Unidos.

Tampoco es que olvide completamente la dimensión humana y las emociones, presentes en sus testimonios personales y de muchos de los compañeros de armas del joven militar tan tempranamente perdido por la nación. Las cartas del tórrido romance que los unió para siempre dan un toque de humana ternura a la obra.

El relato de Arlette pasa de amoroso a trágico y de quejumbroso a resignado, pero manteniendo una dignidad que impresiona, y logrando presentar integralmente a un ser humano fascinante desde las primeras manifestaciones de la juventud. Mantiene un hilo conductor que retiene la atención del lector y nos involucra con el personaje hasta el punto de compartir sus lágrimas por la tragedia de su equivocada muerte.

Los testimonios recogidos de los compañeros de generación de Rafael Fernández Domínguez dimensionan al joven oficial líder de la primera promoción de cadetes de la Academia Militar Batalla de las Carreras, que a los 27 años, en enero de 1962, arrestó al general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, abortando la Junta Cívico-Militar que este había impuesto al país, acción que recompuso el Consejo de Estado que gobernaba la nación. Se dibuja la recia personalidad, la valentía y el carisma del militar.

El libro es particularmente valioso en la reconstrucción de los factores que lanzaron a Fernández Domínguez a la lucha por la democracia, la que asumió con irrefrenable obstinación. Su “conversión” parece originada en el gesto supremo de los expedicionarios del 14 de junio de 1959, a quienes le tocó perseguir infructuosamente.

Su compañero de aquella misión, Rafael Quiroz Pérez, dice que aquél le preguntó sin esperar respuesta, “¿Por qué esta juventud se inmola de esta manera?, ¿quién les habrá dicho que triunfarían en una empresa tan imposible? Estos hombres tienen un valor que raya en la temeridad y nos avergüenza su arrojo y pericia en todas sus acciones”.

Una muestra del temprano coraje y la decisión del entonces mayor Rafael Fernández Domínguez es que personalmente le rechazó a Ramfis Trujillo la designación como subdirector del Servicio de Inteligencia Militar (SIM) en aquellos días de julio de 1961 en que el hijo del tirano vengaba encarnizadamente la muerte de su padre.

Los estertores de la tiranía fueron templando el ánimo del soldado y su dedicación al estudio y la reflexión lo llevaron al convencimiento de que había que transformar las fuerzas armadas. Por eso sintoniza con el presidente Juan Bosch cuando asume el poder en 1963 y trata a toda costa de evitar el golpe de estado que 7 meses después devolvió la nación a la ignominia.

Rafael Fernández Domínguez, con otros 11 jóvenes oficiales, intentó rescatar a Bosch y su gobierno en la madrugada del 25 de septiembre, cuando fue derrocado, convencido de que “los militares no tienen que estar cambiando gobiernos y menos este, que ha sido electo por el pueblo”. El mismo presidente se opone a aquel intento que tenía ribetes de suicida. Pero él y el grupo que lideraba quedaron comprometidos hasta lograr la revolución constitucionalista que en 1965 depuso al gobierno golpista pero se vio frustrada por la invasión militar norteamericana.

La circunstancia de que el movimiento constitucionalista estalla con su ideólogo fuera del país, y que éste se ve imposibilitado de unirse a sus hermanos de armas al quedar varado junto al profesor Juan Bosch en Puerto Rico, crearía las circunstancias subjetivas en que naufragaría su vigorosa y hermosa vida.

En el relato subyace un sino trágico en la vida del líder constitucionalista, tal vez desatado por la trágica muerte de su padre, el general Ludovino Fernández, a quien estaba muy atado emocionalmente, y que tal vez en el subconsciente buscaba reivindicar. Una gran tragedia fue su muerte en la batalla por el Palacio Nacional, el 19 de mayo de l965, apenas cinco días después que pudo ingresar al país.

Al leer el libro de Arlette la tristeza se va apoderando del lector, por la forma tan dramática como termina la vida de un líder militar que pudo haber hecho grandes contribuciones al avance democrático de la sociedad dominicana. Y por la torpeza y brutalidad de la política norteamericana frente a aquellos hombres que luchaban por estadios superiores de vida para dominicanos y dominicanas.

Es vergonzoso que a Fernández Domínguez lo llegaran a considerar miembro de una célula comunista. Aunque para Bosch los estrategas estadounidenses no lo aceptaban “porque se daban cuenta que no lo iban a poder manejar”, como se acostumbraba en aquellos terribles tiempos de la guerra fría. De ese coronel de la dignidad decían que era “altivo, arrogante y enormemente obstinado”.

Reformas a la ley de elecciones primarias

Por Juan Bolívar Díaz

Cuanto antes el liderazgo de los partidos políticos se convenza de que la ley de elecciones primarias promulgada el 15 de agosto pasado es inaplicable, al menos en los niveles legislativo y municipal, será mejor para el sistema político y la institucionalidad democrática. El movimiento Participación Ciudadana ha tomado iniciativas para la reforma de la ley, incluso sometiendo un anteproyecto a discusión de dirigentes políticos, partiendo del criterio de que la esencia de la misma es positiva para la democratización de los partidos.

Sin embargo, la iniciativa parece corresponder a la Junta Central Electoral (JCE), que tendría que discutir con la mayor transparencia las implicaciones de la ley que pretende que ese organismo se haga cargo de la organización y computación en un mismo día de las elecciones de todos los candidatos de cada uno de los partidos reconocidos, los cuales para el último torneo electoral sumaban 22.

Baste recordar que ninguno de los partidos mayoritarios ha logrado concluir el cómputo de su elección de un solo candidato, el presidencial, el mismo día de la votación. Ni siquiera el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que tardó 24 horas al escoger su candidato presidencial para los comicios de mayo pasado, pese a su alto nivel organizativo y disciplinario, y aún cuando sólo hubo dos precandidatos.

Imagínese lo que supone escoger y proclamar por cada partido 32 candidatos a senadores, 150 para diputados, unos 140 para síndicos y varios cientos de regidores, cuando para cada uno de esos cargos habrá numerosos aspirantes.

Algunos partidarios de la ley promulgada dicen que habría que limitar el número de precandidatos, pero eso remite a una complicación adicional: cada partido tendría que hacer una pre-primaria, a menos que dejen a las cúpulas seleccionar, lo que vulneraría el espíritu de la ley que es precisamente evitar las imposiciones. Celebrar pre-primaria implicaría prolongar el período de pre-campaña y elevar aún más el costo de las elecciones.

La principal modificación que se impone a la ley de primarias es que sea cada partido el responsable de su organización y computación, previa reglamentación acordada por la JCE, la que a su vez tendría un rol más protagónico que el tradicional en la supervisión para evitar adulteraciones, reservándose su función contenciosa para decidir sobre las impugnaciones.

Si el organismo electoral no puede cumplir eficientemente el rol de reglamentación y supervisión así como de tribunal de apelaciones, mucho menos podrá salir airoso de la responsabilidad de organizar todas las convenciones y realizar sus respectivos cómputos en una misma jornada, para luego dictaminar sobre las impugnaciones en un plazo de 5 días, como establece la ley de primarias.

Una reforma en tal dirección también reduciría el costo de las elecciones primarias con cargo al presupuesto nacional. La JCE cubriría el costo de la supervisión, incluyendo las dietas para miles de supervisores que tendría que preparar y aportar. Pero cada partido sería responsable del costo logístico, que para eso ya reciben financiamiento estatal.

Para simplificar el proceso y atendiendo a la tradición de las alianzas, la ley debe ser modificada para que los partidos que formalicen pactos hagan una sola convención, lo que también reduciría los costos. O para dejar un porcentaje del 20 al 25 por ciento de las postulaciones a los cargos legislativos y municipales en manos de los organismos directivos de los partidos tanto para fines de alianzas como para llenar la cuota legal en beneficio de las mujeres, imposible de garantizar plenamente mediante votación universal.

Si cada partido organiza sus elecciones primarias, es obvio que la ley debe ser modificada para que sean limitadas a los militantes previa elaboración de un padrón que tendría que ser sometido con anticipación a la JCE. Se evitarían alegatos posteriores de que se haya llevado militantes de otros partidos a votar por determinados precandidatos. Y quedaría sin efecto un recurso de inconstitucionalidad sobre este aspecto del que ha sido apoderada la Suprema Corte de Justicia.

Para reducir los largos períodos electorales y el costo de las pre-campañas la ley debe facultar a la JCE para establecer calendarios. La democracia no solo reclama que se disminuya el poder de las cúpulas partidarias en la selección de los candidatos, sino también el de los que tienen grandes fortunas, muchas veces sustraídas del Estado, y los de mayores recursos financieros provenientes del sector privado.

Ojalá que pronto los defensores de la ley de primarias se convenzan de la necesidad de estas modificaciones para evitar un caos que podría generar una crisis institucional por liquidación de la JCE.