Por Juan Bolívar Díaz

Después de leer los dos artículos del profesor Jesús de la Rosa publicados en HOY del 31 de julio y el 9 de agosto, me siento obligado a volver sobre el mío del 23 de julio, que él refuta, aunque sin citarme formalmente. Agradezco la atención del estimado académico y ojalá que otros se animen a participar en un debate sobre las reformas que requiere no solo la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sino también todo el sistema educativo nacional.

Concuerdo con el profesor de la Rosa en que en países tan atrasados como el nuestro la formación universitaria debería ser gratuita, y así debería consignarse en una próxima reforma constitucional. Pero para que se cumpla el precepto, no para un simple enunciado como el del inciso 16 del artículo 8 de la Constitución que preconiza que “Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrezca en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales de artes manuales y de economía doméstica, serán gratuitas”.

Pese a ese enunciado, de larga data en la Constitución, el Estado no ha sido capaz de garantizar la educación primaria a todos nuestros niños, ni siquiera en las aldeas más pobres y en los barrios que concentran la miseria urbana, donde proliferan precarios colegios y escuelitas privadas, de primaria y secundaria, comerciales vocacionales, que cobran cuotas muy superiores a las de la UASD.

Todavía no se cumple la Ley General de Educación que dispone para la tarea educativa el 16 por ciento del presupuesto anual o 4 por ciento del producto bruto interno. Apenas andamos por la mitad y esta ley data de 1997, pero hay otra mucho más vieja, de 1962, que establece el 5 por ciento del presupuesto para la UASD y ningún gobierno la ha cumplido, y parece que ya ni Jesús de la Rosa espera que alguno lo haga.

Que la UASD “es una de las más caras de la América española” debería demostrarse. Pero, ¿será caro en este país pagar 6 pesos por crédito, que es lo que aporta una gran mayoría de los 170 mil estudiantes que habrá allí en el semestre por comenzar? A 20 créditos promedio por alumno, serían 120 pesos semestrales, 20 por mes, suma que gasta cada día en transportarse un estudiante de cualquier barrio.

Eso estaría magnífico si la Universidad dispusiera de recursos para investigación y extensión, para laboratorios y materiales docentes a fin de impartir docencia acorde a los requerimientos del desarrollo, y para pagar salarios siquiera decentes a sus profesores y empleados. Es decir si no sobreviviera en la miseria.

Como en toda institución, en la Universidad es importante la estructura física, en la que el gobierno está invirtiendo 3 mil millones de pesos, pero no es lo que “sustentaría el proceso de reformas que sus autoridades pretenden llevar a cabo…”

El distinguido académico considera buena la tasa de egresados de la UASD, uno de cada 4.4 de los 139 mil 184 matriculados en el período 2000-2004, equivalente al 23 por ciento. Dice que los entendidos consideran alta la tasa de una universidad que “año tras año”gradúa un 15 por ciento o más de su matrícula. Pero en nuestro caso el 23 por ciento ha sido en 5 años.

Concuerdo en que uno de los graves problemas de la UASD es el bajo nivel con que llegan los bachilleres, fruto de las deficiencias de la educación pública, y con la solución parcial de los cursos de nivelación que implementan las nuevas autoridades académicas para ese 62 por ciento que en una prueba piloto demostró no estar capacitado para emprender la educación superior.

Pero sigue siendo injustificable que al terminar un semestre (en el 2004) hayan retirado el 47.8 por ciento de las asignaturas seleccionadas por los estudiantes de la UASD y que la aprobación haya sido de apenas el 42.5 por ciento. Tiene que haber mecanismos para corregir ese derroche. Que se den los cursos de nivelación, pero también que se exija un rendimiento siquiera mínimo.

Tampoco se justifica el derroche de mantener 23 carreras con un total de 97 alumnos, para un promedio de 4.2. Y de los cuales sólo uno de cada 4.4 va a graduarse. ¿Cuánto cuesta cada graduado? Si algunas de esas carreras son fundamentales para el desarrollo, ¿cómo es que casi nadie quiere seguirlas? Sería mejor incentivarlas, mientras hacemos lo contrario con Derecho, que el año pasado concentraba 12 mil 680, en un país con más de 30 mil abogados, en su mayoría deficientemente formados. En última instancia, no hay que poseer un título universitario para salir adelante y contribuir al desarrollo. Pero la UASD no ha querido invertir en formación técnica. Y en los años 90 desperdició 50 millones de pesos que le asignó el proyecto BID-FUNDAPEC. Le desembolsaron 10 millones que se gastaron en consultorías, burocracia y oficinas para al final no hacer nada.

Muchos de la mayoría de estudiantes que no concluyen en la UASD podrían haberse graduado de carreras técnicas. Y a lo mejor yo hubiese encontrado uno que reparara mi máquina de caminar.

Para mí no hay dudas que la UASD requiere tantas reformas como la nación.

Por Juan Bolívar Díaz

Al transcurrir el primer año del gobierno del presidente Leonel Fernández su mayor logro es sin duda el haber podido recuperar la estabilidad macroeconómica, en términos que han superado las mayores expectativas, con crecimiento económico, y notable reducción de las tasas cambiarias y de intereses y control de la inflación.

Aunque la reforma fiscal que a fines del año pasado elevó impuestos, el desbordado aumento del costo del petróleo y las restricciones monetarias han impedido que esos logros sean percibidos por la población.

Una revisión del discurso inaugural del doctor Fernández arroja un balance pobre en el cumplimiento de sus planteamientos de lucha contra la corrupción, austeridad en el gasto y enfrentamiento de la crisis energética, del déficit cuasi-fiscal y de la criminalidad, así como en la política social, pendientes para su segundo año.

EL MAYOR DE LOS LOGROS

Ni los más mezquinos pueden regatear al gobierno su éxito en la recuperación de la estabilidad macro-económica en términos que no habían sido previstos ni siquiera por los exigentes negociadores del Fondo Monetario Internacional, aunque se pueden discutir las consecuencias de las restricciones monetarias que han generado una sobre valoración del peso, estimada entre 25 y 30 por ciento.

A un año del inicio del período gubernamental del presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana (PLD), resalta que la economía está creciendo a más de un 4 por ciento en la primera mitad del año, que la tasa de cambio cayó de un 42 al 29 por ciento y la inflación se encuentra por debajo del 1 por ciento. Las tasas de interés por certificados del Banco Central han caído a menos de la mitad del 36 por ciento en que se situaba a mediados de agosto del 2004.

Aunque la recuperación del peso, y la baja de los intereses y la inflación se habían iniciado desde que concluyó sin mayores problemas el proceso electoral del año pasado, la salida del poder del presidente Hipólito Mejía y el ascenso de Fernández implicaron una dilución de las incertidumbres que junto a los fraudes bancarios y el desbordamiento del gasto habían contribuido al descalabro económico nacional.

La tasa de crecimiento reportada por el Banco Central para lo que va del año es más sorprendente porque el gobierno ha constreñido la inversión y ejecutado un programa de control del sistema financiero que ha limitado los préstamos, lo que junto a la sobre valoración del peso ha afectado a sectores productivos como los exportadores, las zonas francas y el turismo, así como a los receptores de remesas, todo lo cual contribuye a la percepción de que “no hay dinero en las calles”.

Una meta económica que no ha podido alcanzar el gobierno es reducir el déficit cuasi-fiscal, que por el contrario se elevó de 90 mil a 140 mil millones de pesos, para un crecimiento superior al 50 por ciento. Parece haberse diluido el anuncio del presidente Fernández en su discurso inaugural de que empresas nacionales y extranjeras se habían comprometido a depositar divisas de futuras inversiones en los bancos del Estado a una tasa privilegiada, con los cuales esperaba desmontar el déficit del Banco Central fruto de haber asumido compromisos de los tres bancos quebrados en el 2003.

Otro fallo significativo de este primer año, siguiendo el discurso de juramentación, ha estado en no haber logrado enfrentar con éxito la crisis energética, que sigue sin horizonte de solución, agravada por los incesantes aumentos en los costos del petróleo, en más de un 50 por ciento de los predominantes hace un año. La energía se ha encarecido afectando las actividades productivas y la economía familiar y las tandas de apagones siguen generando frustraciones.

AUSTERIDAD Y CORRUPCIÓN

Tres de las mayores frustraciones, que explican en parte la inconformidad ciudadana registrada en la encuesta Gallup que ha publicado HOY esta semana, están en la ausencia de una real política de austeridad y reducción del gasto corriente, una pobre política social y falta de voluntad política para prevenir y combatir la corrupción.

En su discurso de juramentación, el presidente Fernández se comprometió a un período de austeridad, con reducción del gasto en no menos del 20 por ciento, a suprimir los cargos en exceso, a suprimir gastos superfluos y los privilegios de los cónsules a los cuales se asignaría sueldos. Nada de esto ha ocurrido.

Tampoco se ha cumplido la promesa de que no se comprarían nuevas jeepetas, si se mide por la categoría de los vehículos en que se mueven los funcionarios, y ni siquiera el desorbitado precio del petróleo ha generado una real austeridad gubernamental.

Aunque prometió designar sólo los subsecretarios señalados por las leyes orgánicas, a los pocos días los mismos alcanzaron volúmenes sin precedentes, hasta de docenas por secretarías. Lo mismo ocurrió con los vicecónsules designados en racimos, incluyendo más de una veintena en Nueva York.

La reducción del gasto ha afectado la inversión pública, pero no la reducción del empleo, lo que quedó evidente al firmarse a principios de año un nuevo acuerdo con el FMI. La meta en esa materia fue congelar los cargos públicos a nivel de octubre del año pasado. Inversiones como los 240 millones de pesos en mobiliario y decoración del nuevo edificio de la Suprema Corte de Justicia y más de un centenar de millones para remodelar la nueva biblioteca de la Universidad Autónoma, dejaron mal parada la prioridad en el gasto gubernamental.

En cuanto a la política social del gobierno, para nada ha podido paliar la miseria de la franja de indigentes. El programa “Comer es Primero”, diseñado para auxiliar a 200 mil familias, sólo recientemente ha alcanzado más de la tercera parte. Aunque el gobierno ha mantenido el subsidio al gas propano de las familias, y la energía de los barrios y el programa de desayuno escolar.

La promesa de enfrentar “con energía y de manera drástica” la corrupción, también ha quedado en la recámara del gobierno. Ello explica que el 85 por ciento de la población entiende que la impunidad predomina en el país, según la encuesta Gallup-HOY. El gobierno central ha seguido contratando las obras públicas y comprando sin concurso, una de las mayores fuentes de corrupción. Aunque el programa de medicamentos esenciales, donde se ha comprado mediante licitaciones, ha logrado reducir los costos hasta en 30 por ciento.

PARA EL SEGUNDO AÑO

Sin embargo, sólo ha transcurrido el primer año del gobierno peledeista y todavía quedan expectativas de un mejor desempeño, que debe incluir en primer lugar, una serie de reformas para instituir mecanismos de control y rendición de cuentas, aunque las tentaciones de la campaña electoral que ya se inicia prematuramente, conspiran contra los controles del gasto y la austeridad.

Para dar una firme demostración de voluntad en la prevención de la corrupción, el presidente Fernández tiene a mano un recurso efectivo, que además sería muy bien acogido por la opinión pública: el llamado decreto puente elaborado por la Comisión Nacional de Etica que establece concursos y licitaciones para las contrataciones y concesiones de obras y para las compras del Estado.

El proyecto lleva más de dos meses en manos del mandatario y regiría hasta que el Congreso apruebe una nueva ley al respecto. La Cámara de Diputados trata de conciliar el proyecto que ya tenía consensuado a principios del año, con otro que envió en febrero el presidente Fernández.

El gobierno también iniciaría con buen pie su segundo año, si completa el consenso para que esta vez la reforma fiscal no se quede sólo en lo tributario, e incluya una real política de austeridad y disminución del gasto corriente. Así mismo se impone una política agresiva de ahorro de energía como forma de enfrentar siquiera parcialmente los desorbitados precios del petróleo que llevarán la factura petrolera dominicana a cerca de 3 mil millones de dólares este año.

Fuentes palaciegas indican que el doctor Leonel Fernández no tiene programado un discurso formal para el inicio de su segundo año, pero podría aprovechar el escenario del Palacio de los Deportes donde la tarde del martes será instalado el nuevo comité central de su partido.

Sería una buena ocasión para atender los requerimientos de la opinión pública y plantear un compromiso firme con reformas institucionales para garantizar prioridades de inversión, para la transparencia y la rendición de cuentas, como una nueva ley de presupuesto, reforma del sistema de gestión financiera, y leyes de competencia, del crédito público y de protección del consumidor.

El sector empresarial ha venido reclamando esas legislaciones como complemento de la reforma fiscal. Incluyen también proyectos de leyes para otorgar autonomía a la Dirección de Impuestos Internos, para eficiencia tributaria, para modificar el título 1 del código tributario y para una ley de reorganización mercantil y de liquidaciones.

El gobierno conserva una buena tasa de aprobación, con un 42.4 por ciento que estima buena y muy buena su gestión, según la encuesta Gallup-HOY. Tal promedio es considerable en cualquier país latinoamericano donde la deuda social acumulada degrada en meses el apoyo con que se instalan los gobernantes.

La encuesta le ha indicado caminos a recorrer para evitar que prosiga el deterioro de su apoyo, que ha reducido la identificación de la población con el PLD a un 43 por ciento, 14 puntos menos que los que obtuvo en los comicios del año pasado. La inflación, la creciente inseguridad y la persistencia de los apagones, deben tener atención especial en la agenda para el segundo año del gobierno.-

Por Juan Bolívar Díaz

No sólo son las instituciones del gobierno central, el Congreso Nacional, los municipios, los partidos políticos y la Policía Nacional  que requieren urgentes transformaciones. También la Universidad Autónoma de Santo Domingo, reducto de intelectuales y profesionales de visión modernista y progresista.

La UASD está muy lejos de cumplir con su misión de academia crítica, de promotora de las transformaciones sociales y vanguardia del desarrollo integral de la sociedad dominicana. Para ello tendría previamente que auto transformarse, buscar nuevos rumbos.

La gran universidad nacional es apenas una fábrica de profesionales teóricos, en gran proporción deficientes, y ha olvidado dos de sus tres misiones. Lo que dedica a la investigación y la extensión hacia la comunidad no llega al 2 por ciento de su presupuesto. Y el 98 por ciento apenas alcanza para gastos corrientes, viviendo en permanente endeudamiento. La situación es tan crítica que no ha podido pagar el aumento salarial del 15 por ciento que por ley rige desde el primero de julio.

Su crecimiento es tan desproporcionado que castra sus posibilidades y consume sus energías. La matrícula para el primer semestre del 2005 ha sido de 156 mil 184 y con los que iniciarán en agosto se aproximará a los 170 mil. Por cierto que el 65 por ciento es del sexo femenino.

Pero una alta proporción de esos matriculados en realidad sólo están consumiendo los recursos del pobre pueblo dominicano. La tasa de graduación o investidura ronda apenas el 23 por ciento. En el período 2000-04 se matricularon 139 mil 267 estudiantes y sólo fueron investidos 31 mil 791, es decir uno por cada 4.4 estudiantes. En la facultad de Ingeniería y Arquitectura el promedio llega a uno por 7.9.

El desperdicio se puede medir también por el hecho de que para el segundo semestre del 2004, los alumnos inscribieron 461 mil 425 asignaturas, pero antes de concluir el período habían retirado casi la mitad, 220 mil 937, equivalentes al 47.8 por ciento. Y la tasa de aprobación fue de apenas 42.5 por ciento del total seleccionado. En Ingeniería y Arquitectura retiraron el 51.2 por ciento y sólo aprobaron el 40 por ciento.

Otra grave irracionalidad es la concentración de la matrícula en carreras saturadas, como contabilidad, que encabezaba en del primer semestre de este año con 16 mil 446 alumnos (10.53 por ciento del total). Derecho tenía 12 mil 680 y Medicina 12 mil 545, para un respectivo 8 por ciento. Los 11 mil 235 estudiantes de Educación (7 por ciento) completaban la tercera parte de la matrícula, concentrada en esas cuatro carreras, que apenas representan el 3.8 por ciento de las 112 que se imparten.

Para colmo de la irracionalidad debe anotarse que en 4 de las carreras sólo había un matriculado y en otras cuatro 2. Las 23 carreras de menor matriculación apenas sumaban 97 alumnos, promediando 4.2 por ciento. La más elemental racionalidad recomienda cerrar todas esas carreras y otras 22 más con menos de 50 estudiantes cada una. Sobre todo si apenas uno de cada 4.4 terminará graduándose.

Claro que esta alta tasa de deserción y repetición guarda proporción con los bajos costos de la matriculación, y la ausencia de un programa de baja para los de menor rendimiento. La UASD es mucho más barata que los colegios y escuelitas privadas que abundan en los barrios marginales, donde este Estado fallado no ha podido garantizar la escuela pública.

El nuevo Rector de la Universidad Autónoma, Roberto Reyna, quien proporcionó las estadísticas antes citadas, recuerda que cuando fue vicerrector académico entre 1999 y 2002 se puso en práctica la baja estudiantil, que llegó a afectar a 14 mil en un solo semestre. Tal vez por eso las autoridades que le sucedieron la descontinuaron.

Reyna advierte que los problemas vienen de la educación básica y pasan por la secundaria. El 62 por ciento de los bachilleres son deficientes en las dos materias fundamentales: letras  y matemáticas. El resultado final con el 23 por ciento de los matriculados en la UASD que llegan a graduarse, no puede ser otro que la mediocridad.

Nadie debe sorprenderse, si sabe que el promedio de docencia diaria en nuestras escuelas básicas, es de 2 horas 36 minutos, de acuerdo a la encuesta Educa/Gallup publicada esta semana,

Desde luego, todo eso en un escenario nacional de pobreza que abarca el 60 por ciento de la población, con más de un 20 por ciento de indigencia. Círculo de fuego que castra las energías nacionales y que estamos condenados a romper si queremos dar el salto al desarrollo.

La Universidad del Estado debería estar a la cabeza del esfuerzo por las grandes transformaciones. Pero le será imposible si no comienza por sí misma y pronto. Sus nuevas autoridades saben lo que hay que hacer. Ojalá emprendan el camino. De lo contrario no se justificarán los más de 3 mil millones de pesos que el gobierno está invirtiendo en construcciones para la más antigua universidad americana.

Por Juan Bolívar Díaz

La comunidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) está convocada para elegir este martes 15 de febrero nuevas autoridades, las que deberán continuar y profundizar los cambios que se han venido operando en los últimos años y que tuvieron como epicentro la rectoría del ingeniero Miguel Rosado.

Hay que recordar que durante la anterior gestión de la UASD se sembraron definitivamente las bases para la estabilidad que hoy registra la academia, cuando las autoridades tuvieron el valor de realizar una reforma estatutaria, que entre otros aspectos, redujo del 33 al 5 por ciento la representación estudiantil en los organismos de decisión, estableció la maestría como condición para acceder a los cargos académicos y aplicó la evaluación profesoral y estudiantil.

Paralelamente esas autoridades enfrentaron el tigueraje con expulsiones y otras sanciones y libraron el campus central de los tarantines que la habían convertido en un mercado. El terror que imponían los anarquistas y la manipulación política que se escondía detrás de la amplia representación estudiantil, quedaron definitivamente vencidos y permitieron a las autoridades que encabeza el rector saliente, Porfirio García, dar otros pasos adelante, como el cobrar una mayor cuota de matriculación a los bachilleres provenientes de colegios y en proporción a lo pagaban en estos.

Vale señalar que ahora el claustro elector de autoridades de la Universidad del Estado está integrado por 1,902 profesores, más 95 delegados estudiantiles (5 por ciento) 19 de los empleados (1 por ciento) y otros tantos de los ayudantes de profesores con más de dos años. La responsabilidad recae definitivamente sobre el profesorado.

Son muchas las reformas específicas que requiere la Universidad Autónoma para cumplir su misión en esta sociedad. Debería lanzarse otro movimiento renovador, como el que sacudió sus aulas tras la intervención norteamericana de 1965. Pero lo fundamental es que pueda cumplir su triple función docente, de investigación y extensión hacia la comunidad nacional.

Es de todos sabido que hace muchos años la UASD se ha limitado a la docencia en condiciones cada vez más precarias, sin mayores recursos pedagógicos, y que sus ingresos apenas dejan centavos para la investigación y la extensión.

El principal problema que enfrenta la Universidad autónoma es la masificación y el hacinamiento. No puede seguir absorbiendo entre 10 y 15 mil estudiantes más por año. Por la simple razón de que no hay recursos para mantener ni siquiera los niveles académicos.

Hace tres años, cuando el rector Porfirio García fue electo, la matrícula era de 122 mil estudiantes. Ahora ya son 156 mil 184, excesivamente concentrados en cinco carreras. Pedagogía, administración, contabilidad, derecho y medicina suman 91 mil alumnos, el 58 por ciento del total. Se justifican los 30 mil 287 que estudian pedagogía, pero no 16 mil 446 en contabilidad ni 12 mil 680 en derecho.

Lo peor es que una alta proporción de sus estudiantes no concluyen las carreras y se mantienen ocupando puestos al amparo de las bajas tarifas de matriculación, o simplemente desertan, distrayendo recursos en una universidad que destina el 85 por ciento de sus ingresos al pago de nómina.

La UASD debería auspiciar una investigación para determinar el destino que tienen sus egresados, una bajísima proporción a la luz de los 17 mil graduados que reivindica el rector García en tres años. Si el promedio de las carreras, incluyendo los postgrado anda por cuatro años, los egresados deberían ser anualmente la cuarta parte de sus 156 mil alumnos. ¿Y cuántos ejercen sus profesiones? ¿Cuántos emigran?

Enfrentar la masificación es fundamental para aprovechar mejor los escasos recursos que la sociedad entrega a la Universidad, que debe seguir abierta hasta a los más pobres, pero también obligada a una mayor racionalidad en el gasto y en el cobro de sus servicios.

Todos los que hemos valorado la Universidad pública, dedicándole parte de nuestras vidas estamos desafiados a reclamar y ejecutar un nuevo programa de reformas para mostrarla como ejemplo de lo que debemos hacer a nivel nacional. Si allí donde todavía nadie se ha hecho millonario con los recursos de la institución, no podemos ser eficientes, careceremos de moral para reclamarlo en la administración del Estado.

Casi nunca he participado en las campañas electorales de la UASD. Ahora tampoco y no promuevo candidato alguno. Aunque por los programas que han presentado los candidatos y por las entrevistas que he hecho en los últimos años, me parece que dentro de los aspirantes a Rector Roberto Reyna es el que ofrece más garantías de continuidad en las transformaciones.

Por Juan Bolívar Díaz

En la última edición del diario El Día del año recién concluido, la del 31 de diciembre para mayor precisión, se publica la información de que en los planes del Ejército Nacional para este 2005 figura el reclutamiento de otros 5 mil miembros para elevar a 32 mil los integrantes de ese instituto castrense. El mayor general José Ricardo Estrella Fernández, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, informó que los primeros mil de esos nuevos efectivos ya están siendo entrenados en San Isidro.

Junto a la promesa de que extirparán todo lo que esté dañado en esa unidad militar, el comandante Estrella Fernández justifica el aumento de sus efectivos en el increíble hecho de que asumió el cargo en agosto pasado encontrando más oficiales que soldados.

Ese dato ya lo había revelado el mismo oficial cuando participó hace tres meses en uno de los almuerzos del Grupo de Comunicaciones Corripio junto al secretario de las Fuerzas Armadas y los titulares de los demás institutos castrenses. Ya en esa oportunidad le pedimos que ratificara el dato y lo hizo.

Efectivamente, en materia de clientelismo y politiquería estamos estableciendo récords mundiales. Tenemos más oficiales que soldados en el Ejército Nacional, algo verdaderamente insólito, que seguramente no tiene parangón en la historia universal.

Pero no es porque tengamos pocos militares, porque 42, mil incluyendo los de la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea, son mucho más de lo que necesita esta nación insular, sin ninguna amenaza militar exterior ni interior.

La totalidad de los efectivos militares sumaban 29 mil en 1996, cuando dejó el poder el presidente Joaquín Balaguer, y desde entonces su número se fue incrementando, especialmente en el gobierno del agrónomo Hipólito Mejía, aunque se inició en el anterior del doctor Leonel Fernández.

En otras palabras que los partidos posttrujillismo, los fundados por el inmenso civilista Juan Bosch, los que criticaban la utilización política de las Fuerzas Armadas por parte de Balaguer en época de confrontaciones externas e internas, han resultado más militaristas.

Ese crecimiento, del 45 por ciento, es mucho más significativo y contradictorio, por cuanto se ha dado justo en los momentos en que la nación vecina, Haití, clausuraba sus fuerzas armadas para quedarse sólo con una fuerza policial y cuando casi todos los países del mundo reducían su inversión militar, tras el final de la guerra fría.

Mientras se daba ese crecimiento de los efectivos militares, las fuerzas policiales se mantenían en unos 27 mil miembros, cantidad absolutamente insuficiente para el cumplimiento de su misión, cada vez más complicada a la vista del sostenido incremento de casi todas las expresiones de la delincuencia.

Es probable que no sólo en el Ejército tengamos el hecho insólito de más oficiales que clases, y que en la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea se argumente también que requieren más soldados para corregir el error u horror. En tal caso pronto tendremos más de 50 mil hombres y mujeres sobre las armas, listos para defender la soberanía nacional. Aunque como siempre, una buena proporción estarán en cualquier cosa menos en entrenamiento ni servicio militar.

No logro entender por qué en esta época en que se pregona tanta transparencia en los asuntos del Estado, sin ningún peligro de orden militar, pasemos por alto una situación como la denunciada sin que se levante un coro para gritar no más militares, por favor.

Eso es tremendamente injusto en un país donde aún faltan muchos maestros, médicos, enfermeras y policías, adecuadamente pagados, con mejores condiciones de vida y de trabajo.

En cuanto al desbalance entre oficialidad y soldados hay que esperar que los recientes retiros de cientos de los primeros contribuya por lo menos a equilibrar la balanza, y que los próximos vuelvan al Ejército a la normalidad.

Pero si es necesario que pasen algunos años con ese desequilibrio, lo mismo da. Tendremos la ventaja de disfrutar de ese récord mundial. Y a lo mejor, si el destino nos depara una guerra, indeseada como improbable, estaremos en mejores condiciones de vencer al intruso enemigo. Puesto que un ejército integrado en su mayoría por oficiales, debe ser insuperable e invencible, ya que el clásico pelotón de combate, ha estado siempre constituido en más de un 80 por ciento de soldados.

Cinco mil efectivos más para el Ejército Nacional constituyen una ofensa nacional en medio de la crisis económica que sufre el país, cuando el Estado no puede pagar sueldos algo decentes. No sólo a los médicos, enfermeras, maestros y policías, sino tampoco a los mismos oficiales militares.