Category Archives: Corrupción, Ética

El desconcierto dominicano

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo queda a flote después de 5 meses de debates sobre una reforma fiscal que hace tiempo devino en simple reforma tributaria es el desconcierto que domina la sociedad dominicana, el absoluto predominio de los intereses políticos y la crisis de liderazgo en todos los estamentos sociales.

Aunque la generalidad de las críticas por las dificultades para aprobar el proyecto de reforma tributaria se quedan a nivel del Congreso, la cuestión es mucho más profunda y abarca el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sociales y hasta el sacrosanto Diálogo Nacional.

En la perspectiva en que se encuentra el proyecto, hoy o la próxima semana podría ser aprobado por los diputados, sin que pueda vislumbrarse su composición final ni si podrá ser ratificado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo. La confusión reinante es total y la sensación es que “algo se aprobará aunque sea por cansancio”.

Resalta en primer lugar que este es un proyecto huérfano de padre y madre desde su concepción y nacimiento. Ni siquiera el gobierno quiso cargar con su paternidad. Por eso encargó a Monseñor Agripino Núñez Collado que convocara el Diálogo Nacional para que lo concertara, mientras algunos se preguntaban para qué fue creado el Consejo Económico y Social, luego también Institucional.

El principal partido de oposición se negó a participar reclamando que el gobierno presentara su proyecto y que el escenario de discusión fuera el Congreso Nacional. Le respondieron que nadie lo había invitado. No se partió, como era lógico, de un anteproyecto elaborado por los organismos de gobierno.  La opinión pública conoció varios anteproyectos, como los de CIECA-Juan Montalvo, consorcio León Jimenes, Centro Nacional de Investigaciones Tributarias, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pero estos no fueron considerados y se fue confeccionando un traje a base de retazos gubernamentales y empresariales.

Tras más de dos meses de ajetreos, no se pudo alcanzar la meta de tenerlo listo para que el presidente lo presentara al Congreso el 16 de agosto, pero ocurrió al comienzo de septiembre y se dijo que la pieza enviada era fruto del consenso, lo que rápidamente quedaría en entredicho.

Primero se desligaron de su paternidad los sectores sociales y sindicales, y cuando se creía que era un acuerdo gobierno-empresariado, esto también se fue desgajando. Saltaron los empresarios turísticos y agropecuarios, luego los de Herrera y finalmente hasta la Asociación de Industrias se ha retirado de las últimas sesiones de remiendos. En el taller apenas queda el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y esta última rechazando los últimos parches gubernamentales que revivieron el adelanto, como impuesto sobre la renta, del l.5 por ciento de las ventas brutas y la elevación del gravamen al gasoil.

Nadie debe extrañarse de que los diputados no hayan podido aprobar el proyecto con todo y sus remiendos, ya que no lo reivindican ni siquiera los que lo confeccionaron originalmente. Y ya hay quienes adelantan que salga pato o gallareta el año que viene, después de las elecciones, habrá que volver a discutir otra reforma que entonces esperan que pueda ser fiscal, integral, como tanto se planteó al principio.

El balance no puede ser más desgarrador y preocupante. Esta reforma deja dividido al sector empresarial, excluidos de la búsqueda de consenso a los sectores sindicales y sociales y mal parado el Diálogo Nacional y la capacidad de concertación de los diversos actores.

Resalta la incapacidad del liderazgo político y social para lograr acuerdos en aras del interés nacional, por encima de las mezquindades sectoriales y del inmediatismo político, así como la ausencia de líderes que con claros proyectos nacionales y planteamientos ideológicos tracen caminos de encuentros y transacciones.

El espectáculo es deprimente. Gobierno y oposición sólo piensan en las elecciones legislativas y municipales de mayo, y tan pronto pasen estas quedarán condicionados por las presidenciales del 2008, y así sucesivamente.

Llama la atención el que sólo se haya discutido de nuevas cargas impositivas, que desde luego ningún sector quiere asumir, y que se haya obviado todo esfuerzo por economizar vía la reducción del gasto corriente, del derroche y la corrupción que siguen caracterizando al Estado.

Que el Congreso apruebe primero una nueva ley de compras y contrataciones del Estado y calculen también cuánto se economizará por ese concepto. A lo mejor descubren que es suficiente para cubrir la eliminación del recargo cambiario. Pero no se advierte tal preocupación. Tal vez por aquello de hoy por ti, mañana por mí.

El alto costo de la política

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Es absolutamente cierto que el fundamento de la democracia son los partidos políticos y que estos conllevan un costo operativo y por el sostenimiento de sus principales cuadros, dedicados a ellos a tiempo completo, pero en el país nos están imponiendo un sacrificio demasiado elevado.

Cuando se aprobó la reforma a la ley electoral de 1997 que instituye el financiamiento de los partidos se creó la expectativa de que la contribución de las finanzas públicas conllevaría una reducción de las del sector privado, fuente de tráfico, rentismo y corrupción.

En vez de esa reducción, es opinión generalizada que para cada campaña es mayor el financiamiento que se reclama a los empresarios o que una parte de estos ofrecen “generosamente” . Se entiende que el financiamiento público es para engordar la burocracia partidista y que las campañas hay que financiarlas con los aportes privados.

La situación se ha complicado después que se ha generalizado en nuestros partidos la realización de elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, pues ahora se realiza una doble campaña, la primera con muchos más aspirantes, cada uno de los cuales quiere hacer una gran promoción. Esto cobra dimensiones alarmantes, sin que se establezcan reglas limitativas.

La democracia dominicana está ampliando también sus costos en otras dimensiones. Cada cuatro años aumenta el número de los diputados y regidores a elegir, en razón de que éste depende del crecimiento poblacional. Ya se anuncia que el próximo año elegiremos 178 diputados, 28 más que en la actualidad. No sé todavía cuántos regidores más tendremos que elegir, pero a nivel nacional son casi un millar.

Esa inflación de diputados colma los espacios de las salas de sesiones que hay que remodelar continuamente, así como los de oficinas, y aumenta el volumen de recursos que se destina a sueldos y dietas, el número de exoneraciones, pasaportes oficiales y otras facilidades, algunas de las cuales abrirán las puertas para tráficos como los que escandalizan en estos días por los ámbitos de los regidores.

¿Para qué necesitamos más diputados? ¿No son bastantes los 150 actuales? Es obvio que tendremos que modificar el texto constitucional para congelar el número de esos representantes y mejor si para reducir la proporción. Incluso deberíamos tener una sola cámara legislativa, como corresponde a la democracia de un territorio tan pequeño como el dominicano.

Claro que los dirigentes políticos deberían ser los primeros en hacer conciencia del alto costo que están imponiendo a la democracia dominicana, lo que no contribuye a su fortalecimiento y sí al desprestigio de esa actividad, que según el fundador de la nación, es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas.

Como no podemos esperar una autorregulación de los líderes políticos ni de los legisladores, tiene que ser la ciudadanía la que tome conciencia y desarrolle iniciativas tendentes a reducir o por lo menos a congelar el alto costo que tiene la política en el país.

Hace poco leí un artículo del prestigioso abogado y dirigente social Francisco Alvarez donde proponía que observáramos el gasto de campaña y negáramos el voto a aquellos que hacen alardes de recursos, con costosas precampañas y campañas electorales en las que invierten mucho más de lo que van a ganar en salarios durante el período constitucional.

La propuesta es válida por muchos motivos. Primero porque a menudo los recursos derrochados en campaña han sido sustraídos al Estado, o son fruto de actividades ilícitas, cuando no inversión de empresarios que alienan la independencia de los representantes aún antes de que los elijamos.

La consigna debe ser no votar por los que derrochan en campañas, porque esos ya tienen amos, no representarán a los electores y tendrán que traficar para compensar lo gastado, propio o de otros.

Algo tenemos que empezar a hacer para reducir el costo de la política dominicana que supera con mucho el alza del costo de la vida.

El Plan Estratégico de Etica Pública

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

La Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción, creada mediante el decreto 101-05 emitido por el presidente Leonel Fernández el 16 de febrero pasado, se anotó un crédito esta semana con la presentación de su Plan Estratégico de Etica Pública, Prevención y Sanción de la corrupción.

Se trata de un magnífico plan de trabajo, fruto de varios meses de labor de la comisión que encabeza el doctor José Joaquín Bidó Medina, uno de los hombres que ennoblece la política nacional, y de la que forman parte otros distinguidos juristas y actuales funcionarios Francisco Domínguez Brito y César Pina Toribio.

Crédito especial en la elaboración del documento corresponde a la unidad técnica de la Comisión, coordinada por el licenciado Gustavo Montalvo e integrada por los también funcionarios Octavio Líster y Julio Aníbal Fernández, así como por Celso Marranzini, Ramón Tejada Holguín y Cristóbal Cardoza, en representación de la Sociedad Civil.

Lamentablemente la mayoría de los medios de comunicación dejaron en un segundo plano el contenido del Plan Estratégico, opacado por el discurso del presidente Leonel Fernández dedicado a responder el calificativo de estado fallido que otorgara al país la revista norteamericana Foreign Policy.

Es posible que en esa subestimación del documento influyera la extendida sensación de que nos sobran los diagnósticos, proyectos y planes, así como consensos, reglamentos, decretos y leyes para enfrentar los problemas nacionales, pero que no pasan de buenos propósitos, de libros y folletos que nutren la bibliografía nacional.

El marco conceptual del Plan parte del reconocimiento del grave peso que tiene la corrupción en la vida pública nacional, que ha trascendido nuestra geografía al punto de que Transparencia Internacional nos ha colocado en lugar relevante de su Indice de Percepción de la Corrupción. Se nos recuerda que en la campaña electoral de 1996 el presidente Fernández estimó el costo anual de la corrupción pública en 30 mil millones de pesos, suma casi similar al Presupuesto Nacional de aquel año.

El Plan recorre los compromisos nacionales en materia de lucha anticorrupción, resaltando la suscripción de la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1996, pasando a enumerar las 25 consideraciones en que se fundamenta.

Los objetivos de largo plazo parten de la necesidad de “consolidar una cultura ciudadana que incremente capital social y establezca reglas de juego transparentes, compartidas, legitimadas y referenciadas por el conjunto de la población como la oportunidad común para crecer comunitaria e individualmente”. Se plantea la prevención y la sanción de la corrupción como política de Estado.

Para el corto y mediano plazo la Comisión propone 9 pilares de acción, comenzando por el fortalecimiento del Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, la puesta en marcha de la ley 120-01 que instituye el Código de Etica del Servidor Público, y la eficiencia del régimen de presentación de las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos.

El tercer pilar plantea la aplicación de la ley 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa, señalando como meta inmediata un decreto presidencial que reinstale el principio del concurso como norma general e inalterable para garantizar la carrera y profesionalización administrativa.

Un pilar fundamental es el cuarto que preconiza compras y contrataciones transparentes, teniendo como meta inmediata la promulgación de un decreto presidencial, ya redactado por la misma Comisión de Etica, que establecería un nuevo Sistema Nacional de Compras y Contrataciones del Estado.

Otros pilares proponen metas para lograr una gestión, control y administración financiera eficaz, para la “vigencia real” de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, así como para promover una “política limpia y competitiva” mediante una revisión del financiamiento de los partidos políticos.

Los dos pilares finales no son de menos importancia: plantean el “relanzamiento” de la reforma judicial, con un “mapa de transparencia y eficacia judicial”, y la instauración de un régimen de rendición de cuentas del Estado.

Este primer aporte específico de la Comisión Nacional de Etica y Combate a la Corrupción es un documento trascendente, con especificidades concretas, que debe ser ponderado por la opinión pública.

Como la Comisión es uno de sus esfuerzos anticorrupción, debe esperarse que el gobierno del presidente Fernández sea el primero en acoger las acciones concretas sugeridas. Ya desaprovechó el escenario del lanzamiento del Plan Estratégico, que debió engalanarse con la promulgación de los decretos sobre compras y contrataciones y para garantizar la carrera y profesionalización administrativa del Estado.

El desastre del aeropuerto La Isabela

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el gobierno dominicano ha firmado un contrato para la construcción de una isla artificial que pondría pegotes de cemento frente al malecón de Santo Domingo sin que se hayan discutido los proyectos de factibilidad ni de impacto ecológico, conviene airear la auditoría efectuada por la Cámara de Cuentas a la construcción del Aeropuerto Internacional La Isabela (AILI).

Como se recordará tal obra fue iniciada en 1999 por el gobierno anterior del doctor Leonel Fernández, a través de la Secretaría de Obras Públicas que dirigía el ingeniero Diandino Peña, y desde el principio fue objetada por especialistas. El costo original informado a la prensa fue de 200 millones de pesos, luego de 300 millones.

El gobierno terminó el 16 de agosto del 2000, habiendo invertido 600 millones de pesos y aquello no estaba ni cerca de la mitad. El nuevo secretario de Obras Públicas, Miguel Vargas Maldonado, dijo que serían 1,100 millones de pesos y terminó en 1000 millones de pesos, pero más 32 millones 233 mil 691 dólares, que a una tasa de 40 por uno, generosa al momento de su inauguración el 27 de enero del 2004, sumaba 1,289 millones 347 mil 640 pesos. En total entre pesos y dólares, lo equivalente a 2 mil 289 millones 347 mil 640 pesos, once veces lo anunciado por Diandino Peña.

Como todos sabemos, hasta el momento del dichoso aeropuerto no ha podido despegar el primer avión, y todavía no ha tenido la aprobación de las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales para ser operado.

Este verdadero desastre económico, lo es también en términos de planificación, contratación e ingeniería como demuestra la auditoría de la Cámara de Cuentas concluida en octubre pasado, copia de la cual cayó en nuestras manos recientemente. No se ha publicado ni se ha iniciado ninguna acción legal, como correspondería ante tantas violaciones a los procedimientos legales como queda especificado.

Es muy difícil resumirla en este espacio, pero por lo menos veamos los aspectos básicos, especialmente los referentes a la improvisación, a la violación de los preceptos legales e irregularidades en la ejecución:

1.- Los contratos se firmaron sin previa autorización del Poder Ejecutivo, otorgados de grado a grado y sin la aprobación del Congreso, sin ser registrados en la Contraloría General de la República, sin pólizas de seguro ni fianzas de anticipo.

2.- Un 40% de los contratistas ejecutaron trabajos sin elaborar presupuesto y sin antes haber suscrito contrato, en violación del reglamento de contratación de obras. A 12 de los 29 contratistas del proyecto se le hicieron pagos por más de 69 millones de pesos, sin previa contratación.

3.- La SEOPC hizo caso omiso de las advertencias de los especialistas sobre la cantidad de aves en la zona y las recomendaciones expresadas en el estudio de impacto ambiental realizado por el Instituto Dominicano de Tecnología Industrial, que advertía que la obra en El Higuero tendría un impacto negativo alto.

4.- Se inició la construcción del aeropuerto sin consultar al respecto ninguno de los organismos oficiales competentes, tales como la Comisión Aeroportuaria, la Junta de Aeronáutica Civil, Departamento Aeroportuario y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

5.- La obra se inició sin un diseño definitivo y luego se contrató a una empresa especializada en acueductos y alcantarillado para realizar un diseño aeronáutico y aeroportuario.

6.- El monto total de los trabajos en algunos contratistas alcanzó un incremento promedio del 229% del valor original contratado. Cinco de los contratos para las obras por 162 millones de pesos, fueron luego incrementados en 2l6 millones de pesos.

7.- Los 5.14 Kms. de la carretera de acceso al AILI salieron por 478 millones 560 mil 628 pesos, equivalentes al 48 por ciento del costo total de las obras de ingeniería civil del proyecto. El alto costo se atribuye en parte a que en un tramo tan corto hubo que variar el diseño en cuatro ocasiones, después de haberse iniciado sin ninguna planificación, contratos y estudios técnicos.

8.- El Estado pagó o permutó a favor del CEA y particulares 271 mil 220 metros cuadrados demás sobre los terrenos recibidos por un monto de 45 millones 22 mil 636 pesos.

Después de leer estas conclusiones, parece que es más urgente que el gobierno, no los beneficiarios del contrato de la isla artificial, explique a los gobernados la naturaleza del proyecto, las etapas, los servicios y todas sus implicaciones.

Es particularmente urgente que la secretaría de Medio Ambiente informe si se han presentado y aprobado los estudios de impacto ambiental del proyecto, que si bien implicaría unos 4560 millones de dólares de inversión, conlleva demasiado riesgos para la ciudad de Santo Domingo.

Hay que hacerlo, pero con seriedad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Cada vez que concluye un gobierno nos pasamos meses escuchando denuncias sobre los tráficos de influencia, reparticiones, apropiaciones y desfalcos en que incurrieron los predecesores en el ejercicio del poder. Pero muy pocas veces se traducen en serios expedientes tramitados ante la justicia. La generalidad de las veces se escucha a los salientes aducir que los recién llegados carecen de fuerza moral para procesarlos judicialmente porque ellos también hicieron de las suyas cuando estuvieron antes en el poder, ahora incluso porque algunos tienen expedientes en curso judicial.

Desde luego no faltan hoy, como ayer, quienes aduzcan que todo esfuerzo por traducir a la justicia a quienes abusan de los bienes públicos es una forma de persecución política.

Incluso se reclama respeto a la figura presidencial recién salida del poder, recordándose la reiterada proclama de que los ex mandatarios merecen consideraciones, que es una forma bastante descarada de consagrar la impunidad.

Se llega a invocar el sosiego y la tranquilidad pública, la necesidad de mantener la gobernabilidad y concentrarnos en la solución de los graves problemas nacionales como excusas para olvidar y mantener el reino de la impunidad que es el mejor caldo de cultivo para el incremento de la corrupción pública y privada.

Los dilemas son tan serios que alcanzan a personas preocupadas por el adecentamiento de las funciones públicas y la contención de la corrupción que se apodera de gran parte de los ámbitos y las actividades nacionales, casi siempre en público maridaje entre servidores públicos y agentes privados.

Por ejemplo, en estos tiempos se enfrenta el dilema de si quienes ayer se distribuyeron apartamentos de lujo, becas, autobuses, taxis y camiones pueden llevar a la justicia a los que más tarde se repartieron minibuses, autos, buses e invernaderos.

El problema es bien complejo, porque si hoy justificamos la impunidad por falta de calidad moral de los incumbentes, mañana tendríamos que hacer lo mismo y así sucesivamente hasta que no quede renglón de la vida pública y las actividades privadas sin ser regido por la ley de la apropiación.

En algún momento hay que comenzar y cuando eso ocurra seriamente habrá que darle todo el apoyo de la inmensa mayoría de la ciudadanía que rechaza las más diversas expresiones de la corrupción que enriquecen a muchos de los que reciben la encomienda del manejo de la cosa pública, ya en el poder ejecutivo, como en el legislativo, el judicial o el municipal.

Hemos sostenido que en la recién pasada gestión gubernamental se produjeron muchos actos escandalosos de corrupción, como también en las que le precedieron, incluido el famoso Programa de Empleos Eventuales, que consumió clandestinamente mil seiscientos cincuenta y seis millones de pesos, el cual lleva cuatro años y 4 meses en manos de la justicia sin haber pasado del nivel de instrucción.

Las denuncias que constantemente escuchamos de los actuales funcionarios deben traducirse en hechos judiciales, pero seriamente. Porque si quedan en el aire o se festinan sólo servirán para sembrar más frustraciones y seguir consagrando el reinado de la impunidad.

Uno de los méritos que tuvo el expediente del PEME fue que implicó una gran elaboración, que fue precedido de un proceso minucioso de investigación y se publicaron los interrogatorios y los fundamentos.

En materia de persecución de la corrupción tiene que predominar la transparencia para que no se le confunda con la mezquindad política. Y eso hay que hacerlo ahora con los invernaderos, con el programa de Renovación de Vehículos, con los contrabandos aduanales, con los contratos turbios, con toda la podredumbre.

Pero sin dislates como el de buscar invernaderos en una oficina privada o incautarse una mochila para luego tener que devolverla, como si allí pudiera hallarse las pruebas de la corruptela. Eso en nada sirve la causa del combate a la corrupción. Como tampoco la amenaza de publicar auditorías.

Se reclama acción contra la corrupción. Pero con aplomo y eficiencia, sin bullanguerías políticas que desacreditan hasta las mejores intenciones. Que prosigan los procesos de ayer y se hagan todos los sometimientos que procedan, sin corruptos favoritos. Pero por algún lado debe comenzarse. Y lo más lógico es que se inicie por lo que está caliente. Aunque lamentablemente algunos de los que tienen procesos pendientes en la justicia ya están de nuevo en cargos públicos. Aún así, que comiencen con seriedad. Para que dentro de cuatro años no estemos en las mismas condiciones.

No, yo digo no, tú di no, digamos no

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Me cuento entre quienes sugirieron que el Encuentro Ciudadano por los Valores Patrios, Contra la Corrupción y la Impunidad fuera celebrado en un local con capacidad para varios miles de personas. Carecía de valor que la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad que agrupa a más de un centenar de organizaciones e instituciones, muchas de ellas con miles de miembros, volviera a auspiciar una manifestación contra la corrupción con ocho o novecientos personas. Como el celebrado en el 2003, después de las quiebras bancarias que hundieron la economía nacional.

Es que los escándalos de corrupción han continuado en todas las modalidades y dimensiones y pareciera que la nación ha sido sumida en una espiral de descomposición que amenaza con arrasar hasta sus cimientos.

Y lo que es todavía más grave: la justicia se manifiesta cada vez más alejada de su misión, incapaz de sacar adelante innumerables procesos. Se ha denunciado que sólo en relación a las quiebras bancarias hay unas 32 decisiones judiciales pendientes, algunas de ellas con más de un año en manos de los jueces, incluidos los de la Suprema Corte de Justicia.

El manto de impunidad y de olvido en que han caído las fraudulentas quiebras bancarias que han costado a la nación más de 100 mil millones de pesos es más que suficiente para provocar indignación y levantar los espíritus de todos los ciudadanos y ciudadanas sensibles.

Por eso el encuentro contra la corrupción y la impunidad ha sido convocado para el sábado 26 de febrero a las 10 de la mañana en el Club San Carlos, donde caben más de 5 mil personas. Se trata de una convocatoria provocativa, llamada a demostrar si en este país no aparecen 5 mil personas para reclamar freno a la corrupción y cese de la impunidad.

La coalición justifica la convocatoria en tres párrafos:

“La corrupción se ha extendido en las instituciones públicas y privadas, dañando seriamente la economía e impidiendo el crecimiento y desarrollo nacional, fomentando la inequidad y la pobreza.

“Observamos con preocupación que el Poder Judicial y el Ministerio Público no hayan actuado con toda la profundidad y rapidez que se requiere para perseguir y castigar a los culpables de estos hechos.

“El daño causado en la economía nacional por el colapso acaecido en tres importantes bancos nacionales en el 2003-04, el irrespeto a la Ley en el manejo de la crisis y los actos de corrupción cometidos en los últimos 20 años han perjudicado directamente a los principales sectores nacionales, por lo que las autoridades estatales y judiciales deben asumir su responsabilidad en la prevención, persecución y castigo de los responsables de estos actos de corrupción”.

Para que nadie alegue ignorancia, se están invirtiendo recursos y energías en la promoción del encuentro, que deberá marcar el inicio de nuevas expresiones de lucha contra la corrupción pública y privada y contra la cultura de impunidad e indiferencia que ha prevalecido en el país.

Hay que rebosar el Club San Carlos y prepararnos para llenar el Estadio Olímpico en una próxima convocatoria. Soy de los que creo que la mayoría de nuestro pueblo quiere realizarse bajo los principios de la honestidad y la transparencia. Lo que falta es que rompamos la inercia.

Cuando en Caracas se llamó a los “pendejos” a manifestarse contra la corrupción, aparecieron decenas de miles. Lo mismo ocurrió en Lima, tras las revelaciones de los vídeos de Vladimir Montesinos. Y aquella sociedad hizo su catarsis y el gran bribón, como muchos de los que recibieron el dinero sustraído al Estado, han sido procesados y condenados.

Lo que se pide a los dominicanos y dominicanas preocupados es que den un par de horas a la lucha contra la corrupción, que acompañen y fortalezcan los esfuerzos que vienen haciendo algunos cientos de personas por hacer sentir que no todo es indiferencia ni impotencia en esta sociedad.

El próximo sábado estamos desafiados a decir no con la energía con que lo proclamó el cantor catalán Raimon en los años sesenta, apelando a los recursos espirituales de la sociedad española, entonces oprimida: “No, yo digo no, tu di no, digamos no, nosotros no somos de ese mundo”.