Un nuevo año para la esperanza

En estos días festivos uno de mis apreciados sobrinos llegó a mi casa con la nota baja, proclamando que está trabajando intensamente y pretende ahorrar para irse a vivir lo antes posible a otro lugar.

Profesional competente, con postgrado en Europa, con buen empleo y presencia en la vida nacional, no podía ocultar su decepción y hasta me recordó “lo vana que ha sido la lucha” por hacer más habitable el país de sus padres y la mía, de la generación de los sesenta que irrumpió en el escenario universitario pretendiendo dar un giro radical al curso de la nación.

Mi respuesta no se hizo esperar: ninguna lucha por el bienestar colectivo resulta vana, como tampoco es cierto que el país no ha avanzado. Nosotros mismos, toda mi familia, proveniente del campo y del batey cañero, como muchos dominicanos y dominicanas, somos una muestra del avance. Hemos alcanzado altos niveles profesionales y somos ejecutivos nacionales. Nuestros hijos han accedido a postgrados en algunas de las mejores universidades del mundo. Hemos viajado por los continentes y disfrutamos de viviendas y automóviles confortables.

En otras palabras, que somos de ese 10 por ciento privilegiado de la sociedad dominicana, que no tiene razón para quejarse, aunque suframos apagones y desórdenes como el de la circulación vehicular. Porque a pesar del preocupante incremento de la delincuencia, todavía vivir aquí es más seguro que en la mayoría de los países latinoamericanos.

Compararnos en cualquier aspecto con Estados Unidos o Europa sólo es valido para seguir luchando por mejorar, pero no para la frustración. Nos llevan décadas de organización social y siglos de progreso integral.

El asunto es que los dominicanos y dominicanas hemos sido presas de una tendencia a la queja y a la huida, que abarca hasta a los privilegiados. Estamos consumiéndonos en el pesimismo, lo que nos empuja al individualismo, por un lado, y a la indiferencia por otro.

Este como todos los países es y será siempre el resultado de las luchas de sus hijos por hacerlo progresar. Lamentablemente el progreso social, el bienestar general, el desarrollo integral no se ha logrado en ninguna sociedad tan rápido como todos quisiéramos. Si fuera así la sociedad humana en general sería un paraíso. Si no comprendemos esa realidad, nos exponemos a la frustración.

La obligación de proseguir luchando por mejorar el país es un imperativo mayor para todos los que hemos alcanzado grados significativos de bienestar. Y debe ser un orgullo personal que esto no nos insensibilice ni nos empuje a la indiferencia y que resistamos y combatamos la corrupción.

Me alegró comprobar que el sobrino reaccionó positivamente. Más aún no creo que estuviera seriamente pensando en irse. Está consciente de que este es el único lugar donde no es extranjero y tiene plenos derechos. Pero, como muchos, pasaba por un momento de desaliento.

El mandato de “año nuevo, vida nueva” nos obliga a la reflexión en estas horas en que concluye el 2005 y nos sumergimos en el 2006, en primer lugar para que vivamos con intensidad este nuestro único tiempo en el difícil pero hermoso discurrir de la vida humana, apreciando lo que hemos logrado y renovando propósitos y metas para el inmediato, mediano y largo plazos.

Lo más sublime del ser humano no es su capacidad para la autosatisfacción ni la individualización, sino para relacionarse con los demás, para amarlos y preocuparse porque el bienestar sea un bien común. La acumulación es base de progreso, pero excesiva y obsesiva hace daño y cierra los poros de la sensibilidad humana.

Al comenzar este nuevo año los dominicanos y dominicanas tenemos que desafiarnos al optimismo y la esperanza. A la perseverancia en la lucha contra nuestros males y debilidades ancestrales. Al convencimiento de que tenemos un terruño habitable y somos una sociedad perfectible. Pero sólo en la medida en que luchemos por lograrlo, porque nada hermoso ni trascendente se nos regala, hay que ganárselo sembrando semillas, sino para nuestro disfrute, para nuestros descendientes que en su inmensa mayoría no podrán irse para ningún lado, aunque lo quieran.

El 2006 debe ser un nuevo año de luchas y esperanzas.

El fallo de la Suprema Corte

Por Juan Bolívar Díaz

Debo comenzar confesando mi pena y preocupación por la pobreza de la generalidad de los planteamientos formulados en torno a la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) sobre la constitucionalidad de la Ley de Migración. He echado de manos las opiniones de preclaros juristas y constitucionalistas dominicanos.

Comprendo que no quieran salir de su tranquilidad a enfrentar los insultos y calificativos que caracterizan las opiniones radiofónicas, televisivas, de Internet y periódicos de una mayoría -hay que reconocerlo- guiada por la emotividad y los prejuicios, incapaz de los mas elementales raciocinios, ya sean jurídicos, humanos o morales.

Entre las contadas reacciones jurídicas al fallo de la SCJ, hasta ahora la más completa y bien estructurada proviene de dos jóvenes abogados Ramón Emilio Núñez y Nassef Perdomo Cordero, a nombre del Instituto Caribeño para el Estado de Derecho (ICED), que ellos dirigen. No pretenden el monopolio de ninguna Biblia jurídica, y tal vez por ello argumentan y citan jurisprudencias.

Debo advertir que también he escuchado opiniones de reconocidos juristas dominicanos, quienes concuerdan en que el dictamen de la SCJ es penosamente político, hecho para complacer una corriente de opinión nacionalista, aunque para ello haya tenido que retorcer principios constitucionales e ignorar el muy reciente fallo de la Corte Interamericana de Justicia, la cual proclamó que la ilegalidad de los padres no puede ser heredada por los hijos.

El análisis del ICED llega a las siguientes conclusiones sobre el dictamen de la SCJ:

Reconoce al Congreso la facultad (inexistente e inconstitucional) de decidir por vía legislativa el contenido de la Constitución, lo que representa un peligro para la seguridad jurídica y para la idea misma de la supremacía constitucional;

Aplica directamente en el país la constitución haitiana, con el consiguiente debilitamiento de la capacidad normativa de nuestra propia Constitución;

Confunde las categorías relativas a la migración, llegando incluso a cubrir legalmente la inmigración ilegal;

Desconoce el derecho de miles de niños a que se les reconozca la nacionalidad dominicana que constitucionalmente les corresponde;

Deja el problema jurídicamente más confuso de lo que lo encontró.

La esencia del asunto es que un grupo de instituciones sociales, no solo las integradas legítimamente por personas de ascendencia haitiana, como se quiere plantear para descalificarlo, sino también otras como la Comisión Jurídica de la Conferencia del Episcopado Dominicano, el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes y el Comité Dominicano de los Derechos Humanos, apelaron a la SCJ para que dijera si era constitucionales varios artículos de la Ley de Migración del 2004.

Fundamentalmente el párrafo 10 del articulo 36 el cual plantea que “Los no residentes son considerados personas en Tránsito, para los efectos de aplicación del Articulo 11 de la Constitución de la República”.

El ICED plantea que el Congreso carece de facultad para interpretar la Constitución, que la misma corresponde “exclusivamente” a la SCJ en virtud del articulo 67.1 de la carta magna, que es lo que hace al equiparar la categoría de los no residentes con las personas en tránsito, superando el texto constitucional.

La categoría persona en tránsito es legal y al que ingresa al país sin permiso se le considera ilegal, pero una interpretación arbitraria los equipara, sobrepasando el ámbito de lo migratorio para meterse en el de la regulación de la nacionalidad, que ya lo hizo con precisión la Constitución en su artículo 11.1.

De acuerdo con la interpretación de la legislación, ahora avalada por el máximo tribunal nacional, el acto de ingresar ilegalmente al país, es contagiado de padres a hijos. La constitución establece que es el nacimiento lo que determina la nacionalidad. El dictamen es contrario y atribuye a un recién nacido un segundo pecado original (el primero esta en la ortodoxia cristiana): llega a este mundo con un sello de ilegal.

Al equiparar la categoría de inmigrante ilegal con la de transeúnte, que es legal, la SCJ parece haber legalizado a todos los que entren al país sin documentación.

Dejo a los juristas establecer las consecuencias para la nación del hecho de que la SCJ desconoce el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con una sentencia localista para resolver un problema coyuntural al estilo dominicano. Reitero lo que escribí a raíz del dictamen de la CIDH, que solo una reforma constitucional resuelve el problema, cambiando el principio del jus soli. Aunque de ninguna forma podría ser retroactivo.

Prioridad para educación y salud

Por Juan Bolívar Díaz

En los ámbitos sociales relacionados con la educación y la salud se registra en estos días un sentimiento de frustración porque una vez más esos sectores fundamentales para el desarrollo humano serán preteridos en el presupuesto para el 2006 a punto de ser enviado al Congreso Nacional.

Circulan versiones de que un grupo de consultores y dirigentes sociales relacionados con el sector educativo estaba elaborando un documento para hacerlo público reclamando al presidente Leonel Fernández que atienda los requerimientos de la secretaría de Educación.

Después de ser redactado el comunicado, alguien “con mucho sentido político” les recomendó no hacerlo público, porque supuestamente podría perjudicar los esfuerzos de la titular de la cartera, la doctora Alejandrina Germán, quien de hecho ya se había quejado públicamente de que le habrían asignado sólo la mitad de lo requerido para el próximo año.

Según lo que ha trascendido, la Secretaría de Educación pidió para el 2006 una asignación oficial de unos 38 mil millones de pesos, cifra aproximada al 16 por ciento de lo que sería el presupuesto, estimado entre 220 y 230 mil millones de pesos. Le estarían asignando poco menos de la mitad, según lo declarado por la doctora Germán, es decir unos 18 mil millones de pesos.

Tal cifra apenas representaría el 8 por ciento del presupuesto nacional, la mitad de lo que indica la Ley General de Educación aprobada en 1997, fruto de años de seminarios y reclamos de los expertos nacionales e internacionales. Tal asignación sería la misma proporción que se dispuso para el año que termina, lo que quiere decir que no se da ni un paso adelante en el cumplimiento de la ley.

La salud pública, segunda prioridad señalada en todos los estudios, discursos políticos, programas de gobierno y propuestas, no queda tampoco mejor parada en el proyecto de presupuesto elaborado por el gobierno. Le tocarían unos 9 mil millones de pesos, equivalentes al 4 por ciento, proporción también similar a la asignación del 2005. Tampoco se adelanta un paso.

La frustración es inocultable en los predios del doctor Bautista Rojas, el titular de Salud Pública, quien al igual que la doctora Germán, es de los ministros estrellas del gobierno. Lo que se les promete a ambos apenas dará para la nómina, el desayuno escolar y algunos materiales y medicamentos.

Hoy no voy a citar ninguno de los documentos y estudios que explican el atraso nacional en la escasa inversión en educación y salud pública. Son de conocimiento general. Tampoco los discursos del presidente Leonel Fernández, incluyendo el de su juramentación el 16 de agosto del 2004. Mucho menos sus planteamientos de campaña electoral ni su programa de gobierno.

Se trata de una práctica recurrente. Hace décadas que nuestros políticos y gobernantes reconocen que la educación es el pilar fundamental del desarrollo y la primera prioridad para la inversión. Pero entre el discurso y la práctica hay una distancia abismal.

El doctor Joaquín Balaguer sembró la semilla: durante sus prolongados años de gobierno demostró que la que trasciende, lo que reditúa políticamente es la inversión material, lo reluciente, lo que se puede mostrar en lo inmediato. Y lo que se invierte en educación y salud sólo da frutos a plazos más largos que los que distan entre una elección presidencial y otra.

Como Balaguer fue el mayor éxito político de nuestra historia, en cada uno de los gobernantes que lo han sucedido se ha desarrollado un pequeño balaguerito, con ansias de reproducirlo por encima de todo compromiso programático, de toda racionalidad y de todas las recomendaciones.

Ahora como antes se dirá que los acuerdos con el Fondo Monetario, que la crisis económica heredada y las múltiples demandas no permiten una mayor atención a la educación y la salud públicas. Aunque el gobierno destinará a una sola obra, la del discutido metro capitalino, tanto o más que a la salud pública y más de la mitad que a educación.

Quisiera esta vez estar bien equivocado. Me encantaría que la próxima semana, cuando se conozca definitivamente el proyecto de presupuesto, sus cifras me desmientan absolutamente. Estoy preparado para admitir mi equivocación y darle un crédito, por su coherencia, al ilustrado ciudadano Leonel Fernández Reyna. Que así sea.

El desconcierto dominicano

Por Juan Bolívar Díaz

Si algo queda a flote después de 5 meses de debates sobre una reforma fiscal que hace tiempo devino en simple reforma tributaria es el desconcierto que domina la sociedad dominicana, el absoluto predominio de los intereses políticos y la crisis de liderazgo en todos los estamentos sociales.

Aunque la generalidad de las críticas por las dificultades para aprobar el proyecto de reforma tributaria se quedan a nivel del Congreso, la cuestión es mucho más profunda y abarca el Poder Ejecutivo, los partidos políticos, las organizaciones empresariales y sociales y hasta el sacrosanto Diálogo Nacional.

En la perspectiva en que se encuentra el proyecto, hoy o la próxima semana podría ser aprobado por los diputados, sin que pueda vislumbrarse su composición final ni si podrá ser ratificado por el Senado y promulgado por el Poder Ejecutivo. La confusión reinante es total y la sensación es que “algo se aprobará aunque sea por cansancio”.

Resalta en primer lugar que este es un proyecto huérfano de padre y madre desde su concepción y nacimiento. Ni siquiera el gobierno quiso cargar con su paternidad. Por eso encargó a Monseñor Agripino Núñez Collado que convocara el Diálogo Nacional para que lo concertara, mientras algunos se preguntaban para qué fue creado el Consejo Económico y Social, luego también Institucional.

El principal partido de oposición se negó a participar reclamando que el gobierno presentara su proyecto y que el escenario de discusión fuera el Congreso Nacional. Le respondieron que nadie lo había invitado. No se partió, como era lógico, de un anteproyecto elaborado por los organismos de gobierno.  La opinión pública conoció varios anteproyectos, como los de CIECA-Juan Montalvo, consorcio León Jimenes, Centro Nacional de Investigaciones Tributarias, Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Pero estos no fueron considerados y se fue confeccionando un traje a base de retazos gubernamentales y empresariales.

Tras más de dos meses de ajetreos, no se pudo alcanzar la meta de tenerlo listo para que el presidente lo presentara al Congreso el 16 de agosto, pero ocurrió al comienzo de septiembre y se dijo que la pieza enviada era fruto del consenso, lo que rápidamente quedaría en entredicho.

Primero se desligaron de su paternidad los sectores sociales y sindicales, y cuando se creía que era un acuerdo gobierno-empresariado, esto también se fue desgajando. Saltaron los empresarios turísticos y agropecuarios, luego los de Herrera y finalmente hasta la Asociación de Industrias se ha retirado de las últimas sesiones de remiendos. En el taller apenas queda el gobierno y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y esta última rechazando los últimos parches gubernamentales que revivieron el adelanto, como impuesto sobre la renta, del l.5 por ciento de las ventas brutas y la elevación del gravamen al gasoil.

Nadie debe extrañarse de que los diputados no hayan podido aprobar el proyecto con todo y sus remiendos, ya que no lo reivindican ni siquiera los que lo confeccionaron originalmente. Y ya hay quienes adelantan que salga pato o gallareta el año que viene, después de las elecciones, habrá que volver a discutir otra reforma que entonces esperan que pueda ser fiscal, integral, como tanto se planteó al principio.

El balance no puede ser más desgarrador y preocupante. Esta reforma deja dividido al sector empresarial, excluidos de la búsqueda de consenso a los sectores sindicales y sociales y mal parado el Diálogo Nacional y la capacidad de concertación de los diversos actores.

Resalta la incapacidad del liderazgo político y social para lograr acuerdos en aras del interés nacional, por encima de las mezquindades sectoriales y del inmediatismo político, así como la ausencia de líderes que con claros proyectos nacionales y planteamientos ideológicos tracen caminos de encuentros y transacciones.

El espectáculo es deprimente. Gobierno y oposición sólo piensan en las elecciones legislativas y municipales de mayo, y tan pronto pasen estas quedarán condicionados por las presidenciales del 2008, y así sucesivamente.

Llama la atención el que sólo se haya discutido de nuevas cargas impositivas, que desde luego ningún sector quiere asumir, y que se haya obviado todo esfuerzo por economizar vía la reducción del gasto corriente, del derroche y la corrupción que siguen caracterizando al Estado.

Que el Congreso apruebe primero una nueva ley de compras y contrataciones del Estado y calculen también cuánto se economizará por ese concepto. A lo mejor descubren que es suficiente para cubrir la eliminación del recargo cambiario. Pero no se advierte tal preocupación. Tal vez por aquello de hoy por ti, mañana por mí.

Una real política migratoria

Por Juan Bolívar Díaz

Más que vivir de reacciones, en su mayor parte emotivas, que tratan de tapar el sol con un dedo e ignorar realidades reflejadas por todos los medios, los dominicanos y dominicanas tenemos que asumir con profundidad y seriedad el problema de la creciente inmigración haitiana.

Esas reacciones fueron desproporcionadas ante el reportaje de la periodista Ginger Thompson publicado el pasado domingo por el New York Times, a la que de inmediato se le atribuyó el propósito deliberado de desacreditar la nación y hasta se llegó a cuestionar si había visitado el país.

Aunque nos cueste admitirlo hay que decir que ella no podía desacreditarnos en esa materia, porque hace tiempo que carecemos de crédito en la misma, más allá de nuestras fronteras. Por reacciones como esa de ver planes macabros en cualquier cuestión que nos disguste.

El reportaje contenía algunas exageraciones, recogidas por la periodista Thompson, como esa de que donde hubiese dos haitianos debía matarse uno y dos de cada tres.

Pero la mayoría de sus denuncias de persecuciones, asesinatos y violaciones de derechos humanos han sido publicadas por los propios periódicos dominicanos, tal como reseñé en un trabajo publicado en HOY el 8 de octubre pasado bajo el título “Tensión con haitianos en su peor momento”

Para cualquier observador más o menos imparcial es obvio que la opinión pública dominicana está sobrecargada de emotividad frente a la problemática haitiana, que predomina un tono de impugnación, pelea y dramatización y pocos aportes a la búsqueda de soluciones. En algunos casos es notable que hay un incentivo a la confrontación que podría derivar en tragedias que en nada beneficiarán al país ni solucionarán los problemas de fondo.

Tal como lo propuso esta semana el movimiento cívico Participación Ciudadana lo que nos corresponde es analizar el problema de la inmigración haitiana“con ponderación y sin prejuicios, al margen de todos los intereses particulares, de grupos o sectores, sin ignorar que la misma ha sido incentivada por un tráfico de mano de obra barata, al margen de las leyes laborales, que no reclama horario ni derechos sindicales y que puede ser despedida sin ningún límite ni pago de prestaciones”.

Comparto plenamente que nadie está discutiendo el derecho soberano del Estado dominicano a restringir el ingreso de extranjeros, “sino la forma anárquica y reñida con los derechos humanos como a menudo se ejerce, y el acto hipócrita de auspiciar el ingreso de mano de obra barata, más explotable que la dominicana, para luego denunciar su presencia”.

El movimiento cívico, como lo hizo también esta misma semana el Servicio Jesuita para Refugiados e Inmigrantes, plantea la necesidad de “una real política migratoria, de empleos y salarios que, acorde con los principios constitucionales que nos rigen, con absoluto respeto a las leyes, tratados y convenios internacionales, y sin menoscabo de los derechos humanos, reduzca el peso socio-económico de una inmigración desproporcionada a los recursos nacionales que no alcanzan ni remotamente para atender las necesidades de todos los dominicanos y dominicanas”.

Se reclama la organización de esa inmigración, el prometido censo de los haitianos que residen en el país, el reconocimiento de los derechos de sus descendientes nacidos en el territorio nacional y que han residido por siempre aquí, el establecimiento de cuotas de ingreso, y la repatriación organizada de los que lo califiquen o ingresen ilegalmente.

Pedimos una política de migración, y que construyamos un ambiente de armonía que permita abordar el problema a fondo, con la cooperación de las autoridades de la nación vecina, que seguirá ahí por siempre y con la que estamos obligados a entendernos.

El griterío que hay en el país no contribuye a nada que no sea a desacreditarnos y la tragedia que algunos cultivan sólo servirá para aislarnos más del resto del mundo. Ya es tiempo de que lo entendamos. Es que desarrollemos un espíritu constructivo, creativo, que gritemos menos y tomemos decisiones racionales, ponderadas, sin hipocresías.

Como concluyó Participación Ciudadana: “Nuestra doble condición de país de inmigrantes y emigrantes y el peso que tienen las remesas de los dominicanos y dominicanas residentes en el exterior nos obligan a una mayor serenidad y ponderación en el tratamiento de este complejo problema”.

Mandela: paradigma político y humano

Por Juan Bolívar Díaz

(Dedicado a Ligia Minaya, Mu-Kien Sang Ben y Rafael D. Toribio)
No quiero esperar por su muerte para rendirle el homenaje que hace tiempo me inspira, como luchador por la libertad de su pueblo, como político, como estadista y como ser humano, libre de las mezquindades que confiere el poder, el mayor estadista de la actualidad, ejemplo de superación y desprendimiento: Nelson Mandela.

El anuncio de su liberación, tras casi 28 años de prisión, me sorprendió una noche de 1989 viendo la televisión en Munich, Alemania. Se produjo finalmente el 11 de enero siguiente. Había empezado a apreciarlo en los años setenta y ochenta cuando se convertía en símbolo universal de la libertad. El mundo no podría ser libre hasta que Mandela no saliera de la cárcel y Africa del Sur aboliera el Apartheid.

Ahora, con una década de retraso, acabo de leer su autobiografía “El Largo Camino hacia la Libertad”, y su figura se ha agigantado en mi alma. Después de leer estas 1012 páginas de su vida, que terminan cuando apenas se juramentaba presidente de su país en mayo de 1994, me resulta más difícil entender de dónde este hombre sacó tanta fortaleza para mantener la integridad y el hondo equilibrio humano que lo ha caracterizado, en medio de tanta y tan prolongada opresión.

Mandela nació en 1918 en la profundidad de la miseria rural de una tribus del sudeste de Africa del Sur. Al quedar huérfano de padre, fue protegido por un líder tribal lo que le permitió estudiar y el conocimiento lo llevó inexorablemente a la lucha por la libertad, que emprendió mientras recibía la educación secundaria.

A los 24 años se convirtió en cuadro y dirigente del Congreso Nacional Africano (CNA), fundado en 1912 para luchar por la liberación de los negros de Africa del Sur. Temprano selló su suerte como víctima de la más encarnizada represión, numerosos encarcelamientos y privaciones hasta ser condenado a cadena perpetua, junto a otros 7 compañeros, en junio de 1964, cuando llevaba más de dos años encarcelado.

Pasaría 28 años corridos en prisión, las primeras dos décadas en una cárcel de máxima seguridad en la isla de Robben, aislado al extremo de que en ocasiones sólo pudo ver a su esposa por media hora una vez al año, a través de un cristal. Sometido a un régimen de trabajo forzado, picando piedras en una mina hasta 12 horas al día, con vigilancia extrema noche y día y comiendo apenas harina de maíz, mientras fuera su esposa e hijos eran hostigados, agredidos y sometidos a prisión.

Sin embargo, fue bajo ese régimen carcelario, en condiciones absolutamente infrahumanas, en que Nelson Mandela fue convirtiéndose en el líder indiscutido del CNA, acumulando las energías espirituales suficientes para resistir toda represión e intentos de doblegarlo, hasta que la presión universal obligó a sus carceleros a conversar con él y a liberarlo sin condiciones en un proceso de negociación que culminaría en la liquidación del oprobioso régimen del Apartheid.

Tuvo la visión de detectar el momento justo en que había que iniciar conversaciones, primero con el presidente Pieter Botha y luego con su sucesor Frederick de Klerk, en momentos en que muchos de los suyos no lo favorecían y algunos lo veían con extrema suspicacia. “Amo profundamente mi libertad, pero amo aún más la vuestra… No amo menos la vida que vosotros, pero no puedo vender mis derechos ni estoy dispuesto a vender el derecho del pueblo a ser libre”, dijo a sus contradictores.

Diría al salir de la cárcel que su misión era “liberar tanto al oprimido como al opresor”, convencido de que “ser libre no es simplemente desprenderse de las cadenas, sino vivir de un modo que respete y aumente la libertad de los demás”.

Mandela asumió el poder con el 63 por ciento de los votos en la primera elección libre de su país en 1994. Se presentó ante todos “no como un profeta, sino como vuestro humilde servidor” y condujo el proceso de integración de negros, mestizos, indios y blancos, mientras sentaba las bases de un régimen democrático e integrador.

Sabía que en 5 años no podía resolver todos los problemas y desigualdades sociales de Africa del Sur, sino apenas señalar los caminos. Pero ya a la mitad del período había advertido que no buscaría reelegirse y que apoyaría al vicepresidente Thabo Mbeki, como efectivamente hizo.

Nelson Mandela se retiró en 1999 y ha intentado recuperar algunos pedacitos de dicha y felicidad personal, mientras se pasea por el mundo como símbolo, como paradigma de ser humano, de político y estadista. Ha mediado en conflictos africanos, y ha recibido galardones y homenajes en todos los rincones de la tierra.

Leer sus memorias es reconfortante en estos tiempos de orfandad de líderes, de pragmatismo salvaje en la política, de aferramiento al poder por el poder mismo, de ignominias y vergüenzas.

Como aliento a los que sienten legítimo cansancio, transcribo el último párrafo de su testimonio: “He recorrido un largo camino hacia la libertad. He intentado no titubear. He dado pasos en falso en mi recorrido, pero he descubierto el gran secreto. Tras subir a una colina, uno descubre que hay muchas más colinas detrás. Me he concedido aquí un momento de reposo, para lanzar una mirada hacia el glorioso panorama que me rodea, para volver la vista atrás hacia el trecho que he recorrido. Pero sólo puedo descansar un instante, ya que la libertad trae consigo responsabilidades y no me atrevo a quedarme rezagado. Mi largo camino aún no ha terminado”.

 

Sobre cómo construir este país

Por Juan Bolívar Díaz

Con el título de “Se necesita materia prima para construir un país” ha circulado en los últimos días un llamado a la conciencia de los dominicanos que concluye pidiendo su difusión, lo que muchos han tomado en serio puesto que ya lo he recibido varias veces por el correo electrónico.

El escrito formula una dramática descripción de los atavismos y defectos de los dominicanos y dominicanas, cuya superación se considera fundamental para que podamos “construir un país”.

Aprecio el esfuerzo del escritor anónimo y hasta me gustaría entrar en contacto con él. Comparto su rechazo a la “viveza criolla… donde hacerse rico de la noche a la mañana es una virtud más apreciado que formar una familia a largo plazo basada en valores y respeto a los demás”.

También comparto la denuncia de la propensión a la deshonestidad, la trampa y el robo, incluyendo la energía eléctrica, el agua y el telecable, y el rechazo de una sociedad donde es generalizada la evasión de impuestos y se compran las licencias de conducir, los certificados médicos y hasta los exámenes escolares.

Concuerdo en que en nuestro país la impuntualidad es un hábito y que “no existe la cultura por la lectura y no hay conciencia ni memoria política, histórica ni económica”. También en que disfrutamos criticando a nuestros gobernantes sin hacer conciencia de que somos todos, como pueblo, los que tenemos que cambiar.

Repito que valoro el manifiesto, pero disiento en algunas de sus conclusiones, especialmente cuando descarga de responsabilidad a los que nos han gobernado, porque ellos han sido el fruto de esta misma sociedad, y cuando pregunta si necesitamos un dictador que nos haga cumplir la ley con la fuerza y el terror.

Dictadores es lo que más hemos tenido desde el mismo nacimiento de la República. Creo que los Santana, Lilí, Báez, Trujillo y Balaguer tienen una alta cuota de responsabilidad en lo que somos como pueblo. Y aún los que han gobernado en los pocos períodos democráticos que registra nuestra historia.

En realidad tenemos tantos defectos y propensión a la deshonestidad como cualquier otro pueblo. Los que son más organizados son aquellos que han logrado desarrollar las capacidades humanas, elevando los niveles educativos para vencer el primitivismo. Y muchos de estos lo han conseguido sometiendo a la expoliación, la esclavitud y el despojo a los que tuvieron menos dominio de la naturaleza, o eran menos poblados y de menor territorio.

El desarrollo ha llegado a una minoría de los países del mundo a través de intensos procesos educativos que les han permitido concebir y crear las instituciones y mecanismos para controlar las vivezas y pasiones humanas, que también en ellos se manifiestan.

El manifiesto tiene un fondo fatalista al plantear que mientras no cambie la cultura no tendremos buenos gobernantes. Me parece que deberíamos plantearlo al revés: mientras no cambien nuestros líderes, en especial los que nos gobiernan, será difícil o imposible que cambie la “viveza criolla”.

Es que los que buscan constituirse en líderes de todas nuestras instituciones prometen cambios profundos, comenzando por dar prioridad absoluta a la educación, al cumplimiento de las leyes  y al fortalecimiento de las instituciones de forma democrática y participativa.

En las campañas electorales se hacen los mejores diagnósticos y se proclaman los programas que nos permitirían comenzar a superar el atraso y el primitivismo. Pero una vez en la dirección del Estado, en el Congreso, los ayuntamientos y de las más diversas instituciones y organizaciones se dedican a multiplicar la corrupción y la compra de conciencias, a reproducir la dominación y la ignorancia, a burlar los principios y estatutos, la constitución y las leyes.

Con mucho sacrificio nuestro pueblo ha ido construyendo un proceso democrático y dando mandato para que los líderes cambien el curso del país.

Pero estos no han podido lograr que pasemos de una educación promedio del quinto grado de la primaria, distrayendo en beneficio propio y de sus asociados gran parte del ingreso

Durante los últimos 50 años hemos sido el país de mayor crecimiento económico en toda América Latina. Pero una perversa concentración del ingreso mantiene a más de la mitad de la población en la pobreza y la ignorancia. Es obvio que si fuéramos un pueblo con alto nivel educativo ya habríamos mejorado la convivencia social. Somos los que asumimos responsabilidades de liderazgo en todos los niveles, comenzando por los máximos gobernantes, y los que hemos logrado oportunidades de desarrollo personal y social los que tenemos que dar el salto y educar, imponernos el respeto a las normas y las instituciones, persistir en sueños y hasta utopías. Es así que comenzaremos a construir este país.

Penas y alegrías del metro

Por Juan Bolívar Díaz

Desafiando un vigoroso rechazo de la opinión pública el gobierno inició esta semana la construcción de un sistema de transporte soterrado y elevado en dirección norte sur de la capital, sin haber satisfecho las inquietudes sobre su financiamiento, costo, diseño y factibilidad en todas sus dimensiones.

No es el mismo metro rechazado en los primeros meses del año. Ni aquel que el Consejo Económico, Social e Institucional creado por el presidente Leonel Fernández recomendó abandonar tras considerar que para mejorar el transporte urbano había otras opciones más conciliables con la situación económica del país y más favorecidas por los expertos que ese organismo consultó.

El proyecto iniciado ahora es más ambicioso todavía. Agrega dos elementos nuevos, que son precisamente por donde parece haber comenzado la construcción, como son su prolongación hasta Villa Mella mediante un puente sobre el río Isabela, y el saneamiento de sus riberas y las del río Ozama, incluyendo una vía a lo largo de sus cursos hasta empalmar con la avenida del puerto.

Es por esos agregados por donde se ha comenzado la construcción del metro de Santo Domingo, según las explicaciones del secretario de Estado Diandino Peña, que los ha presupuestado en 195 millones de dólares y unos 700 millones de pesos, que harían un total de 7 mil 525 millones de pesos, si calculamos los dólares al 35 por uno.

Por el momento, el ingeniero Peña se ha reservado el costo que tendría la mayor parte del metro, es decir la que uniría el puente sobre el Isabela con el Centro de los Héroes, por debajo de la avenida Máximo Gómez.

Las obras anunciadas se ejecutarían en 30 meses, según lo informado. Es decir, casi todo lo que resta de tiempo a la presente administración gubernamental. De ahí se podría deducir que la segunda etapa se emprendería en un nuevo período gubernamental.

Pero todo está sujeto a especulaciones, puesto que ya se trabaja en tres puntos diferentes de lo proyectado, incluyendo uno que podría corresponder a la parte subterránea de la Máximo Gómez. Nadie lo sabe ni se puede creer en lo que se diga, que mañana puede cambiar drásticamente. Al fin y al cabo los trabajos se iniciaron sin previa información y sin la aprobación de las salas capitulares de los ayuntamientos de Santo Domingo Norte y Distrito Nacional.

Justamente el jueves se iniciaron las gestiones para que los ediles del DN le den su aprobación al proyecto, lo que sugiere que no sólo se emprenderá la etapa correspondiente a Santo Domingo Norte, sino también la original. Pero nadie sabe.

No importa que allí haya bastantes reparos a la obra. Ya se conseguirá de alguna manera convencer a los ediles para que levanten su mano aprobatoria, como ocurrió en el municipio Santo Domingo Norte. Si hay que pasar por encima de cualquier precepto tampoco importa, pues lo fundamental es iniciar uno de los sueños del presidente de la República.

Pese al costo adicional del nuevo diseño, por lo menos hay que celebrar que se haya tomado en cuenta a los cientos de miles de residentes al norte del río Isabela, que tantas crujías pasan cada día para transportarse hacia el centro de la capital. Se trata de una parte considerable de la marginalidad urbana de Santo Domingo.

El tramo anunciado del metro es válido. Es urgente mejorar la comunicación vial hacia el norte de la capital y el elevado podría ser una solución.

Lo que apena es la forma en que se conduce la inversión pública, el misterio, la falta de transparencia. Y la convicción de que se nos está imponiendo un metro por encima de toda consideración. Obra que puede ser útil, pero no guarda relación con ninguna prioridad en un país sin energía eléctrica y con dos mil obras paralizadas. Donde faltan acueductos y alcantarillados para una buena proporción de la población.

Hay que formular votos porque esta obra no se convierta en una rémora para el gobierno del presidente Fernández. Que pueda concluirla en los 30 meses anunciados y con los costos estimados. Si lo logra habrá que hacerle un reconocimiento. Los meses por venir también nos dirán si el metro va como quiera o nos quedamos en el elevado para mejorar la comunicación hacia el norte de la ciudad.

El alto costo de la política

Por Juan Bolívar Díaz

Es absolutamente cierto que el fundamento de la democracia son los partidos políticos y que estos conllevan un costo operativo y por el sostenimiento de sus principales cuadros, dedicados a ellos a tiempo completo, pero en el país nos están imponiendo un sacrificio demasiado elevado.

Cuando se aprobó la reforma a la ley electoral de 1997 que instituye el financiamiento de los partidos se creó la expectativa de que la contribución de las finanzas públicas conllevaría una reducción de las del sector privado, fuente de tráfico, rentismo y corrupción.

En vez de esa reducción, es opinión generalizada que para cada campaña es mayor el financiamiento que se reclama a los empresarios o que una parte de estos ofrecen “generosamente” . Se entiende que el financiamiento público es para engordar la burocracia partidista y que las campañas hay que financiarlas con los aportes privados.

La situación se ha complicado después que se ha generalizado en nuestros partidos la realización de elecciones primarias para escoger los candidatos a los cargos electivos, pues ahora se realiza una doble campaña, la primera con muchos más aspirantes, cada uno de los cuales quiere hacer una gran promoción. Esto cobra dimensiones alarmantes, sin que se establezcan reglas limitativas.

La democracia dominicana está ampliando también sus costos en otras dimensiones. Cada cuatro años aumenta el número de los diputados y regidores a elegir, en razón de que éste depende del crecimiento poblacional. Ya se anuncia que el próximo año elegiremos 178 diputados, 28 más que en la actualidad. No sé todavía cuántos regidores más tendremos que elegir, pero a nivel nacional son casi un millar.

Esa inflación de diputados colma los espacios de las salas de sesiones que hay que remodelar continuamente, así como los de oficinas, y aumenta el volumen de recursos que se destina a sueldos y dietas, el número de exoneraciones, pasaportes oficiales y otras facilidades, algunas de las cuales abrirán las puertas para tráficos como los que escandalizan en estos días por los ámbitos de los regidores.

¿Para qué necesitamos más diputados? ¿No son bastantes los 150 actuales? Es obvio que tendremos que modificar el texto constitucional para congelar el número de esos representantes y mejor si para reducir la proporción. Incluso deberíamos tener una sola cámara legislativa, como corresponde a la democracia de un territorio tan pequeño como el dominicano.

Claro que los dirigentes políticos deberían ser los primeros en hacer conciencia del alto costo que están imponiendo a la democracia dominicana, lo que no contribuye a su fortalecimiento y sí al desprestigio de esa actividad, que según el fundador de la nación, es la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas.

Como no podemos esperar una autorregulación de los líderes políticos ni de los legisladores, tiene que ser la ciudadanía la que tome conciencia y desarrolle iniciativas tendentes a reducir o por lo menos a congelar el alto costo que tiene la política en el país.

Hace poco leí un artículo del prestigioso abogado y dirigente social Francisco Alvarez donde proponía que observáramos el gasto de campaña y negáramos el voto a aquellos que hacen alardes de recursos, con costosas precampañas y campañas electorales en las que invierten mucho más de lo que van a ganar en salarios durante el período constitucional.

La propuesta es válida por muchos motivos. Primero porque a menudo los recursos derrochados en campaña han sido sustraídos al Estado, o son fruto de actividades ilícitas, cuando no inversión de empresarios que alienan la independencia de los representantes aún antes de que los elijamos.

La consigna debe ser no votar por los que derrochan en campañas, porque esos ya tienen amos, no representarán a los electores y tendrán que traficar para compensar lo gastado, propio o de otros.

Algo tenemos que empezar a hacer para reducir el costo de la política dominicana que supera con mucho el alza del costo de la vida.

Los reales alcances de Petrocaribe

Por Juan Bolívar Díaz

El gobierno debe publicar los detalles relativos al Acuerdo de Petrocaribe recién suscrito con Venezuela para disipar confusiones y evitar falsas expectativas que a la vuelta de unos meses podrían tornarse en frustración.

La mayor parte de la opinión pública ha asumido que, a diferencia de los acuerdos de San José y Caracas, el último pacto con Venezuela está acordando al país un financiamiento inmediato de una parte de la elevada factura petrolera, lo que tiende a restar gravedad a la crisis que implican los precios del petróleo sobre los 60 dólares el barril.

Un primer error gubernamental fue condicionar el programa de ahorro de combustibles a los resultados de la reciente cumbre de mandatarios caribeños con el presidente venezolano Hugo Chávez, lo que fortaleció el criterio de que el acuerdo podría aliviar en lo inmediato la carga financiera del petróleo.

Sin embargo, un experto dominicano en energía hidroeléctrica y exfuncionario de la Corporación Dominicana de Electricidad, el ingeniero Bernardo Castellanos, nos ha llamado la atención sobre los reales alcances del Acuerdo Petrocaribe, sosteniendo que las diferencias con los anteriores es que éste ofrece financiamientos para obras de desarrollo a una tasa de interés más baja, 1 por ciento anual, y pagadero en 25 años, en vez del 2 por ciento y 15 años.

El nuevo pacto amplía hasta 50 mil barriles diarios el volumen de importaciones que estaría sujeto a financiamiento. También que éste podría ser pagado en especies, es decir con productos dominicanos que puedan interesar a Venezuela, como se consignó en principio en el Acuerdo de San José que data de 1980, pero este aspecto nunca pudo ser materializado.

Según la interpretación del ingeniero Castellanos, el mecanismo operativo de Petrocaribe es similar al de los acuerdos anteriores. Es decir, que el país tiene que pagar su factura petrolera al contado, mediante apertura de cartasde crédito con cada embarque, y se le va acumulando un fondo sobre el que podrá someter proyectos de desarrollo. Precisa que el Estado dominicano no importa combustibles, sino la Refinería de Petróleo, empresa mixta bajo regencia de la Shell, y otras entidades privadas que incluyen generadoras de electricidad.

Con los acuerdos anteriores materializar los financiamientos ha tomado de uno a tres años para iniciar los desembolsos. El Secretariado Técnico de la Presidencia identifica un proyecto y lo somete a consideración del Banco Nacional de Desarrollo de Venezuela (BANDES). Si éste lo aprueba se procede a convocar una licitación internacional con el condicionamiento de que por lo menos un 70 por ciento de los bienes y servicios tienen que provenir de Venezuela. El gobierno dominicano tiene que poner una contrapartida de por lo menos el 10 por ciento.

Los desembolsos venezolanos serán a presentación de facturas o cubicaciones, todo ello en un proceso lentísimo. En el caso de México, con quien también suscribimos el Acuerdo de San José, hace tiempo que tenemos disponible un fondo de 150 millones de dólares, pero no ha habido forma de acceder al mismo, aunque el asunto ha sido tratado en regiones presidenciales bilaterales por varios mandatarios dominicanos.

En cualquier caso, hay que reconocer que Petrocaribe es un acto de solidaridad del gobierno de Venezuela, en una época en la que hasta los países más ricos han restringido su ayuda para el desarrollo. Más relevante si se tiene en cuenta que todavía una alta proporción de los venezolanos vive bajo niveles de pobreza.

Sin embargo, si la interpretación del ingeniero Castellanos es correcta, Petrocaribe no nos quita de encima la enorme presión que representan los actuales precios del petróleo, que por año implicarían más de tres mil millones de dólares.

Se trata de una carga desproporcionada para nuestras exportaciones de 900 millones de dólares al año, equivalente a los aportes de la industria turística, con un alto potencial desestabilizador. Implica mayor pobreza y precariedades en los años por venir.

De ninguna forma el gobierno debe auspiciar falsas ilusiones, que serían cobradas posteriormente. La realidad debe ser transparente, inequívoca, si se quiere que la población asuma un programa de ahorro energético.

El que juegue con esos combustibles no saldrá quemado, sino achicharrado.

Ojalá se aclaren cuanto antes los alcances de Petrocaribe.