La reelección de George Bush

Por Juan Bolívar Díaz

La reelección del presidente George Bush en los comicios del pasado martes han significado un revés para la causa de los demócratas, no sólo de los Estados Unidos, sino también de todas partes del mundo, pero de ninguna forma puede ser equiparado al final de la civilización.

Es verdaderamente preocupante que la mayoría del electorado norteamericano haya hecho prevalecer una concepción de gobierno que defiende el derecho a la fuerza en cualquier parte del mundo al margen de los principios en que se ha fundado el avance de la convivencia internacional en por lo menos un siglo. Incluso por encima de los organismos que, como las Naciones Unidas, fueron forjados en nombre de la civilización y los supremos valores humanos.

Más deplorable por cuanto Estados Unidos fue de los forjadores de ese orden internacional, que si bien lo irrespetó cada vez que sus líderes lo creyeron conveniente, por lo menos no hicieron doctrina ni calificaron de irrelevante a los organismos internacionales ni de desfasados aún a sus aliados de la “vieja Europa”.

Hay temores generalizados de que el triunfo de los fundamentalistas norteamericanos, representados por Bush, Cheney y su grupo, ensanche la profunda brecha que los separa de gran parte del liderazgo democrático mundial y en los propios Estados Unidos, que lucen más divididos que nunca, tanto en los asuntos domésticos como internacionales.

Los temores a una reelección de Bush se habían expresado ampliamente por todas partes y especialmente en Europa y América Latina, basados en lo que su concepción de salvador del mundo representa para la supervivencia del orden internacional edificado en las últimas décadas.

El escritor británico John Le Carré lo sintetizó en un artículo reproducido el 21 de octubre por el diario madrileño El País: “Seguramente ningún presidente estadounidense en la historia ha despertado un odio tan generalizado en el extranjero como Geroge W. Bush: por su unilateralismo matón, su desprecio a los tratados internacionales, su indiferencia temeraria respeto a las aspiraciones de otras nacionales y culturas, su desdén por las instituciones de gobierno mundial y, sobre todo, por abusar de la causa del antiterrorismo para desencadenar una guerra ilegal –y ahora la anarquía- en un país que, como tantos otros en el mundo, sufría una dictadura espantosa, pero no había tenido nada que ver con el 11-S, ni poseía armas de destrucción masiva, ni tenía antecedentes de terrorismo salvo como aliado de Estados Unidos en una guerra sucia contra Irán”.

Frente al hecho consumado queda en primer lugar el consuelo de que casi la mitad de los norteamericanos, sobre todo los más vinculados al resto del mundo, los residentes en las dos costas, en las grandes ciudades del nordeste y del norte, en las mayores concentraciones urbanas, los intelectuales y artistas, coincidieron con la preocupación que fuera de los Estados Unidos llegó a abarcar al 70 por ciento.

Resalta nuevamente la capacidad de manipulación de las grandes masas humanas, ya que según encuestas más del 40 por ciento de los norteamericanos seguían creyendo que Irak fue responsable de os ataques del 11 de septiembre y que poseía armas que ponían en peligro la seguridad de los Estados Unidos.

Los grandes medios de comunicación escritos y la intelectualidad norteamericana no pudieron revertir las convicciones de que Bush y su política representan la salvación de la democracia y la sociedad estadounidense. En algunos de los reductos más aislados y conservadores del sur y el centro de Estados Unidos, el voto por las políticas de Bush abarcó hasta casi dos tercios.

La reelección de Bush, con una proporción de votos superior a la de hace 4 años, y con mayor control de las cámaras legislativas, es una peligrosa carta de legitimación a sus pretensiones de llanero solitario salvador del mundo, de la democracia y de la fe cristiana.

Pero no tiene que representar una catástrofe, porque tanto en Estados Unidos como en todo el mundo prevalecerán inmensas legiones en la lucha por un nuevo orden internacional más justo y basado en los principios que han sido fundamento de la democracia universal.

La crisis de los partidos políticos

Por Juan Bolívar Díaz

Durante el pasado fin de semana tuve el placer de participar en San José de Costa Rica de un Encuentro de líderes políticos y sociales para conocer y discutir un informe sobre Situación y Perspectivas de los Partidos Políticos en Centro América, Panamá y República Dominicana auspiciado por la Organización de Estados Americanos, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral.

El documento básico del evento es un inmenso libro de 582 páginas con una gran cantidad de información, cuadros y análisis en torno al partidarismo político en la región, fruto de una investigación de los consultores internacionales Diego Achard y Luis E. González.

La investigación abarca la imagen y percepción de líderes de opinión, políticos y sociales de la región, financiamiento de los partidos, las campañas electorales, la corrupción, clientelismo y rentismo, renovación del liderazgo y muchos otros aspectos que conforman la problemática del partidarismo político.

Como ha ocurrido con investigaciones similares realizadas en otras regiones latinoamericanas, el balance es bien preocupante y amerita la atención de cuantos se interesan en el proceso democrático que vive el continente, desde la perspectiva puramente política, como social y económica.

No es por accidente que el BID, como el Banco Mundial y otras entidades del ámbito económico se estén preocupando por la situación del partidismo político, pues del mismo depende en gran medida la gestión gubernamental y por tanto las posibilidades de impulsar el desarrollo económico social en el mundo y especialmente en zonas como la latinoamericana, donde hay tanta riqueza mal administrada y peor distribuida.

Esas entidades expresan preocupación por el fortalecimiento de la democracia basada en las “libertades políticas y los derechos humanos, y en la necesidad de consolidar un ambiente de confianza política y seguridad jurídica como fundamento del desarrollo sostenible y equitativo que ayude a remontar los agudos déficits sociales y económicos”.

Una numerosa delegación dominicana estuvo presente en los dos días del encuentro, integrada por la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps, Fafa Taveras, Rafael Espinal, Ovín Saldívar y Deligne Ascensión del Partido Revolucionario Dominicano. Por el Partido de la Liberación Dominicana su secretario general Reinaldo Pared, Jaime David Fernández, Minou Tavárez Mirabal y Alejandrina Germán. Guillermo Caram, Federico Antún y Víctor Gómez Bergés por el Partido Reformista, y Pelegrín Castillo, de la Fuerza Nacional Progresista, completaban la representación partidista.

Compartí con Monseñor Agripino Núñez Collado y el doctor Flavio Darío Espinal, participante del proyecto, la representación de las instituciones sociales. Y lo celebré porque encontré un ambiente de comprensión y serio interés en el liderazgo político participante. Me llamó la atención el nivel de los políticos centroamericanos presentes. Aunque sospecho que, al igual que entre los dominicanos, predominaban los más preocupados, que lamentablemente casi nunca son quienes deciden el rumbo de la política.

Fue una excelente idea que el informe fuera compartido por dirigentes políticos y sociales, en un ambiente de tanta seriedad, impactados por los bajísimos niveles de credibilidad que registran los partidos en Centroamérica, Panamá y República Dominicana, pero conscientes de que se impone una cooperación bilateral para socializar esa situación y buscarle solución.

Toda la sociedad debe entender que sin partidos no hay democracia y que el colapso de los mismos no ha servido más que para originar situaciones de inestabilidad, autoritarismo y falsos mecías. Collor de Mello, en Brasil, Ernesto Fujimori en el Perú, Serrano Elías en Guatemala y Jean Bertrand Aristíde en Haití, son los mejores ejemplos de los resultados de la crisis del sistema partidista. Todos terminaron depuestos en medio del rechazo popular. Hugo Chávez en Venezuela y Alejandro Toledo en Perú sobreviven en precarias condiciones.

Sociedad civil y partidos deben desarrollar un diálogo sincero para una nueva relación sobre la base de que la corrupción no es monopolio de los políticos, sino que es compartida con los otros sectores sociales, y que el clientelismo que practican los dirigentes partidistas no es menos nocivo que el rentismo al que se adscriben los empresarios.

Por su parte los dirigentes políticos tendrán que entender que la democracia no termina, sino que comienza con el voto. Y que la participación de la sociedad organizada en la gestión del bien común es esencia de la democracia, que la sociedad civil no puede ser buena cuando se está en la oposición y despreciable desde el gobierno. Y que son ellos los que prometen, cuando buscan el voto popular, acabar con la corrupción y demás males de la sociedad y casi nunca cumplen.-

 

¿Serán aprendidas las lecciones?

Por Juan Bolívar Díaz


Cuando se lee en los periódicos que durante sus últimos meses de gestión el presidente Hipólito Mejía designó como generales a catorce oficiales de diversos cuerpos de bomberos, la primera impresión es que debe tratarse de una broma o de una denuncia infundada.

Pero al adentrarse en la crónica del veterano reportero Manuel Jiménez, la abundancia de detalles configura una realidad abrumadora. Hay generales de bomberos en Baní, San José de Ocoa, El Seibo y hasta Boca Chica. Además de Santiago, La Vega y San Francisco de Macorís. Incluso una generala de 80 años, la señora Nelly Altagracia Ortega, designada mediante el decreto 184-04. En contraste, el comandante de los bomberos del Distrito Nacional, donde radica la capital de la nación, quedó con rango de coronel.

Según un informe “de inteligencia” citado por el reportero de HOY, todos los ascendidos cuentan con escoltas militares, algunos portando fusiles M-16 y AK-47 y con salarios de 40 mil pesos mensuales, a nivel de los subsecretarios de Estado.

El relajo de los bomberos fue la culminación de una semana en la que se anunció que las Fuerzas Armadas habían revocado ascensos y nombramientos de unos 800 oficiales, dispuestos durante el último año y medio de la pasada gestión gubernativa.

Entre las revisiones se incluyó la supresión de la categoría de pilotos otorgada a varios oficiales de la Fuerza Aérea que no reunían las condiciones para ese rango. También la revocación de una veintena de nombramientos de oficiales que recayeron sobre profesionales de diversas disciplinas, en violación a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.

La primera impresión que se recibe de estas informaciones es que se trata de retaliaciones políticas, sobre todo por la costumbre de aceptar como hechos cumplidos tales desaguisados contra las instituciones, generalmente adoptados en los finales de los gobiernos.

Afortunadamente esta vez los relajos están siendo reparados y debe mantenerse la esperanza de que las lecciones sean aprendidas para que desaparezcan para siempre y les quede el sello de nunca más.

Es evidente que esas disposiciones al margen de las leyes orgánicas de las instituciones militares o de los bomberos, y hasta contra el más elemental sentido común, se han adoptado al amparo de un presidencialismo tradicional que debe desaparecer. Sobre todo porque los avances de la sociedad los repelen.

Además de que tales decisiones, a diferencia de lo que ocurría años atrás, ya no reditúan capital político ni votos, como lo demuestra el final que ha tenido el gobierno del presidente Hipólito Mejía.

Y en vez de favorecer a los beneficiarios de los aumentos y ascensos privilegiados, los ha perjudicado, en unos casos degradándolos ante sus propios compañeros y en cierta forma estigmatizándolos, y en otros humillándolos con el despido.

Tal vez estas revisiones tengan el efecto positivo de convencer a nuestros dirigentes políticos que los relajos que hacía Joaquín Balaguer con las instituciones y que les dieron resultados en décadas pasadas, ya no pueden repetirse, porque han cambiado tanto las circunstancias socio-políticas como la sociedad dominicana.

No deja de producir desazón e indignación el que el presidencialismo exacerbado haya llegado a esos extremos en un tiempo en que la sociedad dominicana trata de reivindicar algunos avances institucionales, aferrándose al optimismo y la esperanza.

Queda la esperanza de que las lecciones sean aprendidas esta vez para siempre, aunque persisten las dudas cuando se lee también que por lo menos tres oficiales retirados que hicieron campaña por el actual presidente de la República ya fueron reintegrados a las Fuerzas Armadas.

De cualquier forma parece que Hipólito Mejía llevó a los extremos su informalidad y el espíritu de relajo que por momentos impregnó a su gestión gubernativa. Y eso sí, por lo menos, debemos esperar que no se repita nunca más.

El recuerdo de Jacinto Peynado

Por Juan Bolívar Díaz

La concentración de la atención nacional en el cambio de gobierno no ha permitido una mayor ponderación de la pérdida que significa la partida de Jacinto Peynado para la transparencia del ejercicio político en el país.
No nos inscribiremos en la línea de quienes ven un dechado de nobleza y generosidad en los seres humanos sólo después que la inconmensurable levedad del ser se hace presente de forma irreversible como inapelable.
Este último Peynado de la política, senador dos veces, vicepresidente en un período reducido a dos años para dar salida al trauma político electoral, no fue ni un hombre perfecto ni un político inmaculado, que además no los hay ni de los unos ni de los otros, a no ser en la fantasía de los incondicionales.

Hizo carrera política al lado de Joaquín Balaguer, pero por su carácter y franqueza no correspondía a esa escuela. Por su temperamento susceptible de ser apoderado por la emotividad, más bien se inscribía en la escuela del profesor Juan Bosch o del doctor José Francisco Peña Gómez. Pero fue en el Partido Reformista y cerca de Balaguer donde le tocó ejercer la política, y donde terminó siendo víctima del más acendrado caudillismo y del mayor culto a la egolatría.

Llegaron a considerarlo irreverente porque no concebía la estulticia ni la doble cara, ni jugaba al juego de tirar la piedra y esconder la mano. Fue un hombre y un político de una sola pieza. Franco hasta la inmolación. Y por haber sido de los primeros en comprender que la vida de Joaquín Balaguer tenía también sus límites, al igual que la incondicionalidad que el caudillo demandaba, fue una de sus mayores víctimas.

Fue escogido candidato presidencial en 1996 fue por sus propios méritos, por su trabajo político y hasta por su inversión personal. Pero Balaguer, quien no soportaba la más leve sombra a su aureola caudillesca, le dio miserablemente la espalda y lo dejó solitario, gastando casi toda su propia fortuna en un lance electoral definido por la mezquindad.

De esa expresión de la aberración política, Jacinto Peynado quedaría herido para siempre. Como político y como ser humano. Hasta que sus energías fueron consumidas en un proceso lento pero irreversible, paralelo al virus que ha consumido la fuerza de su partido, en virtud del principio caudillista de que “después de mi el diluvio”.

Fue una pena que no encontrara un mejor escenario, porque Peynado tenía madera para la política. Durante varios años encabezó todas las encuestas como relevo de Balaguer, pero la ambición y la egolatría de este le cerraron definitivamente el paso.

Jacinto ingresó a la política siendo bien rico y salió de ella casi pobre. No necesitó nutrirse de los bienes públicos para hacer carrera. Su muerte convoca a la reflexión sobre la necesaria humanización de la política. Para que deje de consumir tempranamente las energías de los políticos. Sobre todo de los que son sensibles ante las trapisondas y los arrebatos.

No lo tratamos suficientemente para dar testimonios personales. Pero apreciamos la sinceridad y franqueza de Jacinto Peynado. Y en algunas ocasiones también compartimos con él esa afición tan suya a disfrutar de la comida o la buena bebida, en ofrenda de paz y amistad.

Hace tiempo que ya comenzamos a echarlo de menos en la política nacional. Y lamentamos que no sean los francos como él los que predominen. Donde quiera que se encuentre, que seguro será en un remanso de paz, saludamos su espíritu aguerrido y esa sonrisa suya a menudo irónica, con la que expresaba su fuerza y sus limitaciones.

Que los suyos, los que de verdad lo apreciaron, reciban en estos días el consuelo que necesitan para mitigar el vacío existencial de su partida, especialmente doña Margarita y sus hijos.-

Tiene que dolernos hasta el alma

Por Juan Bolívar Díaz

             Nos debe doler hasta el alma cada vez que un funcionario norteamericano o un diplomático de la Unión Europea nos dice que todavía los dominicanos no se han dado plena cuenta de las implicaciones que han tenido las quiebras bancarias en la crisis financiera y económica en que está sumida la nación y que tanto ha degrada el nivel de la vida de la mayoría de la población.

            Más debería dolernos que en menos de dos semanas el subsecretario del tesoro norteamericano John Taylor, en dos ocasiones, y los embajadores de Francia, Italia y la Unión Europea, y la directora local de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo AID), también dos veces, hayan considerado prudente decirnos que la comunidad internacional espera que esos fraudes descomunales sean sancionados.

            El pasado jueves la directora de la AID concurrió al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio y comenzó su presentación expresando su preocupación por la corrupción y posible impunidad frente a unos fraudes que han costado al país alrededor de 100 mil millones de pesos, más que el presupuesto nacional del año pasado.

            La señora Elena Brineman extendió su franqueza hasta decirnos que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en el país, dando seguimiento al escándalo bancario y las acciones judiciales para concluir en que ella duda que de predominar la impunidad la nación pueda seguir recibiendo ayuda internacional.

            Consideramos conveniente preguntarle a la señora Brineman si estaba ocurriendo algo que los dominicanos no viéramos y que explicara la cadena de advertencias similares emitidas por el mundo diplomático en las últimas dos semanas.

            Ella enfocó sus expresivos ojos, revestidos de una aureola de tristeza y con una medio sonrisa, entre compasiva e irónica, respondió diciendo que todo estaba a la vista de todos. Como quisimos que fuera más explícita, evadió diplomáticamente aunque dejó caer la perla de que a veces en los períodos de transición conviene recordar estas cosas.

            No supimos si se refería a la transición por los que se van o por los que vienen, o por ambos a la vez. Porque en los corrillos políticos, diplomáticos, jurídicos y periodísticos existe la convicción de que en ninguno de los tres partidos mayoritarios predomina el propósito de llegar hasta las últimas consecuencias en este escándalo. Porque en todos hubo dirigentes claves beneficiarios de la repartición.

            Es cierto que las evidencias de la impunidad están a la vista de todos en las decisiones de jueces y fiscales, incluyendo al Procurador General de la República que esta semana fue acusado por los abogados del Banco Central de ser parte de una red que protege a los pocos acusados de los fraudes bancarios.

            En rueda de prensa, los abogados del Estado afirmaron que “diversos hechos y circunstancias ocurridos alrededor de la persona del Procurador General de la República ponen en evidencia sus condicionadas e interesadas actuaciones, tendentes a garantizar la impunidad de los acusados del fraude ocurrido en Baninter”.

            Por la otra parte, versiones circulantes que han llegado hasta el ámbito internacional, dan cuenta de la existencia de una comisión de tres allegados al próximo gobierno que realizan gestiones para una “solución pragmática” a los escándalos bancarios.

            La preocupación por la impunidad se ha extendido de nuevo en diversos sectores sociales, acicateados por las continuas llamadas de atención provenientes del ámbito internacional, y por la convicción de que ello hará mucho más difícil conseguir la asistencia internacional necesaria para superar la crisis financiera.

            La imagen que proyecta el liderazgo nacional es de profunda complicidad con la corrupción. Así se percibe en los ámbitos internacionales. Pero no sólo corrupción pública, sino también privada, como ha quedado evidente una vez más en los escándalos bancarios.

            Tiene que dolernos hasta el alma que tengan que condicionarnos la asistencia internacional a que establezcamos sanciones siquiera en los casos mayúsculos. Como nos dolía también cada vez que nos recordaban la necesidad de elecciones limpias para que el país no fuera irradiado de la comunidad internacional, con todas sus consecuencias políticas y económicas.

            ¡Cuántos silencios, cuántas complicidades y cuántas hipocresías se evidencian frente a este escándalo! Eso demuestra que el alma dominicana está enferma, la está debilitando la corrupción que contamina casi todas sus ramificaciones. Por eso tiene que dolernos hasta el alma.-

Ese triunfo es del pueblo dominicano

Por Juan Bolívar Díaz

Desde la noche del 16 de mayo ha habido un notable empeño en reducir el éxito que representaron los comicios presidenciales de ese día, sobre la base de que se puso en marcha todo una conspiración para vulnerar la voluntad popular expresada en las urnas.

Es comprensible que muchos se dejaran sorprender por los dramáticos rumores puestos en circulación aquella noche que daban cuenta de cercos a centros de votación, robos de urnas y movilizaciones de militares y paramilitares para anular los cómputos.

Algunas de esas versiones estaban revestidas de realismo, como aquella que situaba al coronel Pepe Goico cargando con las urnas de un centro de votación de la autopista Duarte. Más aún cuando la transmitían a instituciones sociales, medios de comunicación, embajadas y jueces electorales dirigentes políticos reconocidos.

Se llegó a propalar que el secretario de Estado norteamericano Collin Powell, preocupado por el golpe de Estado electoral en marcha, había llamado al propio presidente Hipólito Mejía y que por es razón fue que el mandatario aceptó su derrota tan temprano.

Muchas personas serias han sido convencidas de que si prevaleció la voluntad popular fue por la intervención de Powell, del subsecretario general de la OEA y de monseñor Agripino Núñez Collado, quien obviamente preocupado por lo que la Comisión de Seguimiento a la Junta Central Electoral llamaría luego “un clima de incertidumbre”, demandó respeto a la voluntad popular, recordando la irrupción militar de 1978.

Sus palabras sembraron la certeza de que se intentaba vulnerar la voluntad popular y que si no hubiesen surgido esos chapulines colorados la elección hubiera naufragado.

Sin embargo, no todos entramos en pánico aquella noche. Algunos habíamos sostenido a lo largo del proceso electoral que el PLD ganaría con un margen tan amplio como el que indicaban las encuestas acreditadas y que aquí no pasaría absolutamente nada.

No porque no hubiesen quienes quisieran imponerse por encima de la voluntad democrática de la nación. Que los había como ha ocurrido en cada elección nacional, de organizaciones políticas, sindicales y profesionales. Sino porque no podían, porque por encima de ellos estaba la voluntad decidida de gran parte del pueblo dominicano.

Por ejemplo en Participación Ciudadana, gracias a su red de observadores, se procedió a verificar las denuncias, y se fueron comprobando que todas eran falsas. No hubo ni un solo centro asaltado, ni urna robada ni perdida, ni cerco ni movililzación militar. También lo comprobamos mediante la red de reporteros que integraron Teleantillas y Telesistema Dominicano.

Posteriormente hemos averiguado en las más diversas fuentes si se puede mencionar un solo hecho concreto que indique que se puso en marcha una conspiración contra la voluntad popular. Nadie la ha aportado. A no ser que vayamos a creer la que escuchamos

en Santiago, de que se había constituido un comando con presos liberados de diversas cárceles.

Como si en esta época fuera posible vulnerar una elección con un grupo de bandoleros. O como si alguna vez los golpes de estado hubiesen ocurrido sin el concurso de grandes intereses económicos, de las Fuerzas Armadas, de los sectores conservadores de las iglesias, de los Estados Unidos. Y todos esos sectores de poder más la sociedad civil organizada estaban vigilantes en defensa de la transparencia y del ejercicio democrático.

En realidad lo único que pudo causar incertidumbre la noche del 16 de mayo fue la dilación en los cómputos, que en algunos centros y juntas municipales fue provocada por delegados de los partidos perdedores, que dilataban o se negaban a validar las actas.

Todo el que conoce el sistema electoral sabía que esa práctica es común, que incluso en las pruebas de la transmisión de los datos se señaló como el principal factor de dilación, y que desde 1990 para acá ha originado tapones en los mayores municipios, como el Distrito Nacional y Santiago, donde en el 2002 se validaron actas durante varios días.

Dilación no ha implicado conspiración ni antes ni esta vez. La realidad es que los perdedores no tenían nada que hacer. Que el sistema electoral que hemos ido construyendo tras los traumas de 1990 y 94, es bastante eficaz, que el padrón fotográfico es excelente y que decenas de instituciones nacionales de todos los niveles sociales han trabajado intensamente durante los últimos años para promover una cultura y conciencia democrática.

Una Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad integrada por más de un centenar de organizaciones, estaba respaldando la red de observadores electorales de Participación Ciudadana, que tuvo a más de 6 mil 500 personas siguiendo el proceso.

El informe final de esa red no deja dudas de que en estas elecciones triunfó el empeño por la transparencia y la limpieza, al indicar que “el escrutinio se realizó con normalidad en el 90 % de los colegios, que en el 5.6 % hubo confusiones en el manejo de los formularios, y en el 3 % algunos delegados dificultaban el desarrollo del cómputo”.

Le creo a la red de observadores más que a los rumores que nadie ha podido demostrar. E insisto en que el triunfo fue del pueblo dominicano que se empeñó en derrotar la reelección y en cerrar todas las puertas al arrebato.

Que la Junta Central Electoral, pese a su pecado original y otras fallas, realizó su papel el 16 de mayo, tampoco me cabe dudas. Como que el presidente Mejía tuvo la gallardía de establecer récord nacional en rapidez de aceptación de una derrota, para cualquier candidato y especialmente para uno que ejercía la presidencia, lo que permitió saber quién había ganado por primera vez antes de la medianoche.

Que me perdonen los que creen que nada de esto tiene importancia. Es que los tiempos han cambiado en el país y en la región. La Comisión de Seguimiento, Participación Ciudadana, los diplomáticos y los observadores internacionales ayudaron, pero el triunfo es del pueblo dominicano. No se lo arrebaten.

Expectativas electorales de hoy y mañana

Por Juan Bolívar Díaz

Después de 34 años dando seguimiento a los procesos electorales dominicanos, de 17 años consecutivos hablando de ellos en la televisión y de 11 años dando mi tiempo a la promoción de la democracia a través del movimiento Participación Ciudadana, creo que tengo derecho a tener algunas expectativas de cara a las elecciones de hoy y más aún, a las del futuro.

Por encima de todo estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestro pueblo ejercerá de nuevo el sufragio en orden, con paciencia y responsabilidad, evadiendo las garatas, confrontaciones e impertinencias que militantes y fanáticos de todos los signos políticos llevan hasta las urnas mismas.

Confío en que el avanzado sistema organizativo electoral dominicano no podrá ser vulnerado por los tramposos de ahora y de siempre, también lamentablemente ubicados en todos los estamentos políticos, aunque algunos tienen mala memoria y solo ven la paja en el ojo ajeno.

Tengo la esperanza de que los responsables del arbitraje electoral cumplirán sus deberes sin titubeos, sin mayor fidelidad que la de la voluntad de nuestro pueblo, acopiando energías espirituales suficientes para rechazar todo género de coacción y presión, que podrían provenir del poder y de quienes se sienten en desventajas, como siempre.

Espero también que aquellos que se sienten victoriosos se armen del sentido común y el tacto político necesarios para hacer suave esta nueva prueba para el proceso democrático dominicano.

El liderazgo político nacional, en su conjunto, está desafiado a actuar con la madurez y la responsabilidad que demanda la fidelidad de nuestro pueblo a las consultas democráticas. La inmensa mayoría siempre cumple con el orden y la limpieza. Quienes ponen los ingredientes del desasosiego y los intentos de arrebatos son los dirigentes políticos.

El pueblo, por propia experiencia, sabe que a las elecciones, como a todas las competencias, se va a ganar o perder. Una buena parte del liderazgo político, en cambio, acostumbrado al disfrute de bienes y riquezas no ganados, no concibe la idea del tropiezo y el sudor.

Para hoy espero una reafirmación de los avances logrados en las últimas 5 elecciones nacionales, a partir de 1996, tras el inmenso trauma de 1994, cuando el arrebato, la complicidad con el despojo y los prejuicios raciales y sociales predominaron sobre la razón y la voluntad mayoritaria.

Porque contrario a lo que piensa algunos, me cuento entre quienes creen firmemente que esas últimas 5 elecciones han registrado avances extraordinarios para el proceso democrático dominicano, que como el de cualquier otra nación, no asciende por elevador, sino por escaleras.

Es cierto que en los comicios del 2002 hubo algunos “palitos” y otras irregularidades que debemos combatir. Como en 1996, en el 98 y el 2000 hubo compras de cédulas. Para la segunda vuelta del 96 el presidente Balaguer llevó de nuevo a la jefatura policial al general Pérez y Pérez, bajo cuyas sabias orientaciones fueron arrebatadas miles de cédulas de humildes ciudadanos. Pese a ello ese certamen fue un gran avance y se le ha considerado libre y transparente.

En los comicios de 1998 y el 2000 se pintaron del color gobernante hasta las piedras de las montañas y los puentes de las carreteras, los camiones del Inespre y, como ahora, el presidente de turno recorrió el país en campaña con todo el aparato del Estado y, como ahora, se gastó una fortuna pública en el pago de activistas y actividades políticas y en la repartición de vehículos, zinc y madera. Aún así la democracia registró avances.

Tenemos que condenar y combatir esos comportamientos antidemocráticos pero sin hipocresías ni acomodamientos coyunturales. También sin dejarnos frustrar por la persistencia con que se repiten y por el hecho de que los denunciantes de ayer sean los practicantes de hoy y viceversa.

Definitivamente espero ver el día en que no necesitemos redes de observadores nacionales ni delegaciones de observadores internacionales para nuestros comicios. Que nadie tenga que venir a recordarnos las reglas del juego democrático ni a amenazarnos con el aislamiento o la cuarentena.

Hace tiempo que anhelo el día en que los jerarcas eclesiásticos concentren sus energías en la misión que escogieron y no tengan que promover mediaciones ni sustituir instancias estatales para evitar que estallen las confrontaciones.

Ciertamente espero ser testigo de procesos electorales sin sobresaltos ni intentos de arrebatos, sin campañas sucias ni abuso de los recursos estatales, sin recursos sucios ni marrullerías. Pero estoy claro que para lograrlo todavía tenemos que trabajar mucho, no sólo en las instancias partidarias, sino en el seno de la sociedad para engendrar y afianzar la cultura democrática.

El aporte del general Soto Jiménez

Por Juan Bolívar Díaz

La carta del secretario de las Fuerzas Armadas, general José Miguel Soto Jiménez, al candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, doctor Leonel Fernández Reyna, debe haber disipado las últimas incertidumbres, justificadas o sobreestimadas, sobre las elecciones presidenciales del próximo domingo.

Se trata de una importante contribución al clima de seguridades y firmezas institucionales que debe rodear todo proceso de elección de las autoridades de la nación, dentro de un régimen democrático como el que ha predominado en el país en los últimos años.

No podía esperarse otra cosa de un militar de los conceptos y principios de Soto Jiménez, expuestos en numerosos libros que forman ya parte de la mejor bibliografía militar dominicana.

No debían ser necesarias las precisiones que formula el titular de la secretaría de las Fuerzas Armadas, dados los claros preceptos constitucionales sobre los roles de los cuerpos castrenses, entre los cuales no se cuenta la deliberación política ni la participación en las contiendas y debates electorales.

Sin embargo, fueron oportunas ante el hecho de que por lo menos tres altos oficiales formularon declaraciones y adoptaron actitudes que con alguna razón fueron interpretadas con matices políticos, aunque no tanto como algunos consideraron.

No faltaron quienes llegaron a considerar que la nación estaba retrocediendo a aquel período que clausuró el presidente Antonio Guzmán en 1978, cuando los jefes militares eran activistas del partido de Joaquín Balaguer, formulaban declaraciones partidarias, participaban en reuniones políticas y reprimían a los opositores.

A decir verdad, esa etapa ya no puede ser reeditada. Con muchos tropiezos y dolores la sociedad dominicana, sin embargo, ha registrado avances que ya no pueden ser revocados porque algunos militares o políticos se emborrachen de poder.

Es que además el militarismo latinoamericano ha entrado en reflujo y luce cada vez más obsoleto, especialmente después del fin de la guerra fría. Los primeros promotores de esa nueva etapa son aquellos que en las décadas pasadas instrumentaban las fuerzas armadas para la acción política represiva y contrainsurgente.

Pero dentro del pesimismo dominicano cualquier tropiezo es magnificado y a menudo visto como un retroceso. Y la circunstancia de un intento reeleccionista ha despertado los fantasmas que han acompañado el continuismo gubernamental en la historia política dominicana y latinoamericana.

También hubo políticos del ámbito gubernamental que alimentaron incertidumbres, con insinuaciones malévolas de que podían ganar “como quiera” o de que “el poder es para ser usado”.

La carta del general Soto Jiménez da la razón a quienes creemos firmemente que nada ni nadie podría torcer el rumbo democrático de la nación en ocasión de la nueva elección presidencial.

Siempre quedarán quienes estén dispuestos a apelar al arrebato y el fraude, que son consubstanciales a la naturaleza humana, tanto en el ámbito público como privado, en los negocios como en la política. Pero otra cosa es que puedan imponer su voluntad a toda la sociedad.

“Las Fuerzas Armadas apoyarán, como es su deber constitucional, los resultados de la voluntad popular y nada ni nadie deberá ponerlo en duda”, dejó por escrito el secretario militar.

La carta de Soto Jiménez es extensa y abundante en planteamientos institucionalistas, en rechazo a los “odiosos expedientes de un pasado contaminado con la beligerancia política de nuestras gloriosos Fuerzas Armadas”, en apego a los principios del orden constitucional.

Y esos planteamientos no solamente comprometen al titular de las Fuerzas Armadas, sino a toda una generación de altos oficiales con puestos relevantes en el actual estamento militar. Oficiales de una nueva visión institucional.

Definitivamente la carta de Soto Jiménez debe convencer a todos los sectores que no hay más alternativa que el juego democrático transparente. Es lo que marca la hora dominicana y continental. Cualquier desaguisado está condenado al fracaso y al rechazo general.

Dejen algo para el futuro, por si acaso

Por Juan Bolívar Díaz

Parece admirable la tenacidad con que el presidente Hipólito Mejía recorre el país de punta a punta, sin pausa ni reposo, levantando cada piedra en busca de votos para su proyecto continuista, en las condiciones más adversas que algún gobernante haya pretendido la reelección en el país y tal vez en toda América Latina.

Viendo los resultados de esa búsqueda a dos semanas de la elección presidencial, cualquiera tiene la tentación de pensar que tal tenacidad es digna de mejor causa, por ejemplo la de acopiar las energías nacionales para ponerlas al servicio de la superación de la crisis financiera que tanto ha reducido la calidad de vida de la población.

Pero en vez de eso, lo que se siente en los ambientes gubernamentales es la decisión de invertir importantes recursos en los días finales de esta desazonada campaña electoral, tratando de inducir el milagro que invierta las preferencias que han revelado casi todas encuestas reconocidas.

Ahí está por ejemplo el malhadado proyecto de adquisición de hasta 300 mil motocicletas, financiadas desde luego por el erario público, para incentivar esa absurda como original modalidad del transporte “colectivo” que es el motoconcho, que deja cada año más de un millar de muertos y miles de personas con lesiones y mutilaciones.

Parece increíble que el gobierno pueda embarcarse en la adquisición de siquiera algunos miles de esos vehículos, pero se engaña a la masa hambrienta, hasta el descaro de que uno de los promotores proclamara que ese “plan de renovación del transporte público” sólo será materializado si el presidente Mejía resulta reelecto.

En otras palabras, que se trata de una miserable compra de votos, con dineros públicos, a la vista de toda la sociedad, con olímpico rechazo de las expectativas de transparencia y limpieza en las luchas democráticas que anidan en segmentos significativos de la nación. Y, lo peor, con chantaje a los supuestos beneficiarios.

Despierta muchas incertidumbres la forma en que el perredeismo oficial ha abandonado los principios y las prácticas de decencia política que defendió durante décadas, la manera tan rotunda como se han ido abrazando al pragmatismo político que pretende poderlo y justificarlo todo. Hasta el crimen, como proclamó hace 4 años el doctor Euclides Gutiérrez, cuando eran los peledeístas los devotos de ese altar.

Por eso el fantasma del fraude ronda en las cabezas de muchos dominicanos y ha llegado a anidar también en las de una parte de los representantes de la comunidad internacional, que preguntan casi a diario cuál es la carta que tienen escondida los estrategas del perredeismo. Y la respuesta es que han jugado al aventurerismo político. Porque ni este país ni el mundo de hoy aceptarían una imposición o un arrebato político.

Podrían sumir la nación en una crisis más profunda y devastadora, pero no lograrían hacer predominar un proyecto antidemocrático en las actuales circunstancias nacionales y regionales.

Entiendo y defiendo que el sistema electoral dominicano ha mejorado significativamente, que tiene suficientes garantías para que se produzca una elección democrática, tantas que ni queriendo es fácil retorcerlo para crear un huracán electoral. A menos que los partidos de oposición resulten un fiasco en los colegios de votación y centros de computación.

Creo en la seriedad de los jueces electorales que conozco y que están conscientes de que el sistema ya no es manipulable como para invertir los resultados de las urnas. La elección hay que ganársela en la población. Aunque pienso que, si tuvieran que interpretar una ley, algunos podrían inclinarse al oficialismo, no los creo capaces de apadrinar un fraude.

Tampoco la compra de cédulas puede ser significativa, ya que se expiden duplicados hasta el 14 de mayo y no es posible sólo el día 15 adquirir una cantidad que pueda ser significativa a la luz de lo que marcan las encuestas. A no ser que pongan una mesa de compra en cada colmado.

Creo que hay sobreestimación en muchos dirigentes perredeístas. Más que mala intención. Y hasta el final esperaré que respetarán el balance de la consulta democrática.

Es cierto que fueron infectados por el virus histórico del reeleccionismo, que a veces parece arrasarlo todo. Como eso de empujar a Milagros Ortiz Bosch y a la profesora Ivelisse Prats Ramírez para avergonzarlas haciendo campaña reeleccionista, después de todo lo vivido y sufrido.

Aún así, espero que no arrasen con todo, que dejen algo para el futuro, por si acaso.

Las primeras reelecciones de Balaguer

Por Juan Bolívar Díaz

Con mucha frecuencia en los últimos meses se escuchan ponderaciones a las reelecciones logradas por el “genial estadista” Joaquín Balaguer, como si en verdad hubiesen sido procesos electorales democráticos, competitivos y transparentes. En realidad se trató de verdaderas mascaradas electorales, al amparo de la intensidad que alcanzó la guerra fría en la región del Caribe donde Fidel Castro se mantuvo contra viento y marea.

La primera reelección balaguerista se produjo en 1970, cuando faltaba muy poco al régimen para que pudiera ser catalogado plenamente como una dictadura. La represión limitaba o cercenaba los derechos fundamentales, incluyendo el de la vida. En aquel año se produjo un asesinato político cada 28 horas, como promedio.

Cientos de opositores llenaban las cárceles y miles estaban impedidos de retornar al país. Los ejercicios de la libertad sindical, de la libre expresión, de manifestaciones públicas y libre asociación política conllevaban graves riesgos para la seguridad individual. Hasta al profesor Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez y Pablo Rafael Casimiro Castro se le prohibió hablar por radio y televisión en los años setenta.

Si en aquellos años el gobierno de Balaguer no fue una real dictadura, fue porque muchos periodistas y algunos propietarios de medios de comunicación, especialmente en la radio, resistieron hasta las embestidas para reducirlos. Y porque el mismo Balaguer sabía que esos medios eran un canal de desahogo. El también podía señalarlos como “prueba” del carácter “democrático” del régimen.

Para la campaña electoral de 1970 Balaguer lo manipulaba todo. No sólo el Congreso y la justicia, sino también la Junta Central Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instrumentos políticos a su servicio. Los generales controlaban las actividades políticas en todo el interior de la nación, algunos como Jáquez Olivero en la Línea Noroeste, estableciendo verdaderos cacicazgos, donde nada se movía sin su consentimiento.

En aquella época no había padrón electoral a disposición de los partidos. Los listados eran el secreto mejor guardado hasta que llegaban a las urnas y se votaba lo mismo con cédula que sin ella. Como cada candidatura tenía boleta separada, era fácil comprarlas.

Las instituciones del Estado, desde secretarías hasta direcciones generales, las entidades autónomas y descentralizadas y las empresas públicas pagaban los activistas del partido de gobierno y la publicidad en los medios de comunicación. Las órdenes y posteriormente los cheques se recibían en los medios de comunicación con absoluta normalidad.

En 1970 la principal fuerza de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano, y todos los de la izquierda, se abstuvieron de presentar candidatos. Era una lucha muy desigual y que costaría decenas de vidas. También por el rechazo que predicó Bosch a la “mentada representativa” tras la intervención militar de 1965 y los comicios de 1966, cuando Balaguer fue impuesto por las fuerzas de ocupación.

Como Balaguer había sido electo la primera vez bajo el supuesto antirreeleccionista, su repostulación de 1970 dividió su partido y generó en Francisco Augusto Lora el principal contrincante para aquellos comicios. Hubo continuidad.

El cuadro se reprodujo en términos similares en 1974. Nada más que para entonces el PRD, ya sin Juan Bosch, que lo abandonó en noviembre de 1973, decidió participar en el proceso electoral. Peña Gómez, con sus habilidades tácticas, orquestó un frente electoral denominado Acuerdo de Santiago, donde juntó su partido con el Quisqueyano Demócrata, el Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento Popular Dominicano.

Al principio el régimen toleró aquella competencia, que le lavaba la cara dándole un barniz democrático. Pero en la medida en que esa coalición ganaba posibilidades de éxito se acentuó la represión. La tapa al pomo fue el desfile de vehículos militares adornados con la bandera del Partido Reformista y de soldados con banderitas coloradas en las bocas de los fusiles y fotografías de Balaguer.

El Acuerdo de Santiago, que postulaba a don Antonio Guzmán a la presidencia, tuvo que retirarse del proceso tres días antes de la votación, para no dejarse utilizar como comparsa de carnaval y economizarse la vida de muchos de sus militantes.

El excontralmirante Homero Lajara Burgos fue el único contrincante que tuvo Balaguer en aquellos comicios. Porque entonces ni Francisco Lora se atrevió a participar en la mascarada electoral. De nuevo Balaguer se impuso en forma antidemocrática.

El tercer intento consecutivo, en 1978, traería sorpresa. La guerra fría había amainado en Estados Unidos con el gobierno de Jimmy Carter, que preconizó el respeto a los derechos humanos, y la Iglesia y el empresariado comenzaron a sensibilizarse por la democracia y la participación electoral fue reivindicada por José Francisco Peña Gómez.