Category Archives: Corrupción, Ética

Urge cerrar la brecha de la discrecionalidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Para que este país pueda avanzar en el ordenamiento institucional, en la racionalidad en la inversión de los recursos públicos, en la transparencia y en la reducción de los agobios del rentismo y el clientelismo, es urgente que encuentre fórmulas que cierren la tremenda brecha de discrecionalidad con que actúan los gobernantes. Ese margen tan amplio de facultades para anteponer las conveniencias personales, grupales y partidarias a las más elementales reglas de la racionalidad y del supremo interés en los diversos niveles de la gestión pública tiene que ser modificado con suma urgencia.

Todo comienza por el artículo 55 de la Constitución de la República, cuyos 27 acápites conceden tan amplias facultades al Presidente, hasta para incursionar en ámbitos de los demás poderes del Estado, mientras queda virtualmente sin responsabilidad por las acciones de sus subordinados. De manera que todos los excesos son justificados en “las facultades presidenciales”.

Pero la discrecionalidad va mucho más allá en un país donde se relativizan tanto las leyes, desde las adjetivas hasta las virtuales como la de la oferta y la demanda y la misma ley de la gravedad.

A cerrar esa discrecionalidad deberían dedicarse las mayores energías de las instituciones nacionales, públicas y privadas, de las iglesias y sus mediadores, las de las organizaciones sociales y de los organismos internacionales.

Para que nunca más ningún gobierno pueda dedicar decenas, cientos y hasta miles de millones de pesos a comprar autobuses, automóviles, camiones y cabezotes para distribuir a su discreción y voluntad, aún entre organismos y entidades que les den uso legítimo. Brecha que suele ampliarse más para colar el aprovechamiento personal, grupal y partidista.

Eso fue lo que se hizo desde el primer momento con el Programa para Renovación de Vehículos (Renove), con un alto componente de tráfico, desde su concepción, contrataciones y compras, hasta la distribución.

Este programa nos parece más reprochable porque es el último, porque sus heridas están aún abiertas y de sus llagas todavía mana pus que contamina el ambiente y quita deseos de vivir. Pero todos sabemos que en casi todos los gobiernos anteriores se han implementado programas para distribución de vehículos. En el penúltimo se entregaron cientos de camiones a través del Inespre, y millares de pollitos amarillos y taxis turísticos, financiados con recursos públicos.

Y ¿cuál es la diferencia entre el Renove y los proyectos de apartamentos de lujo y de clase media alta construidos de grado a grado por gobiernos anteriores y luego distribuidos entre dirigentes y militantes políticos, familiares y allegados?

Parecerá más elegante repartir cargos-botellas y becas entre militantes y familiares, pero es igualmente un abuso de los recursos del Estado, interesado, político, discriminatorio y generador de corrupción.

Solo la impunidad predominante en el país puede justificar que el director de un organismo estatal como el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado pudiera defender el miércoles el otorgamiento de obras grado a grado, bajo el alegato de que los concursos se arreglan. Si se arreglan los concursos públicos, imagínense qué ocurrirá con los contratos sin ninguna transparencia.

Esa discrecionalidad fue la que utilizó esta semana el exsecretario de la Presidencia Pedro Franco Badía para justificar reparticiones del Renove. Mostró un fólder lleno de autorizaciones presidenciales, lo que para él es suficiente. Desde luego que él hizo su propia inversión, razón por la cual según sus declaraciones a Edith Febles en El Caribe, salió de la reciente detención “levantado como un héroe, cantando victoria, victoria, victoria”.Franco fue más franco aún y proclamó que tiene respaldo popular por haber cumplió con la militancia “porque yo creé muchas botellas cuando estaba en el gobierno”.

La modificación del artículo 55 por sí sola justifica una reforma a fondo de la Constitución de la República. Pero se requiere mucho más que eso, cambiar la cultura general de que al gobierno se va a repartir y sembrar; con los de abajo buscando votos, eso que llaman clientelismo; y con los de arriba buscando financiamiento, el rentismo. Sólo nos fijamos mucho en el primero, pero el segundo suele salir más caro, aunque los costos son menos visibles, porque los amarres son más discretos.

Por eso no establecemos normas firmes para las compras y contrataciones del Estado, y sustentamos que un decreto presidencial lo puede todo, hasta repartir lo ajeno.

Cumpleaños feliz: del Peme al Renove

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Puede que sean simples coincidencias, pero hay múltiples vasos comunicantes entre los procesos judiciales abiertos por el Plan de Renovación del Transporte (Renove) y el Programa de Empleos Mínimos Eventuales (Peme), y eso de entrada tiene mal augurio, pues presagia otra burla al sentimiento nacional que reclama sanción a la corrupción.

Lo primero es que los sometimientos del Renove se producen como para conmemorar el cuarto aniversario de los del Peme, abiertos al comienzo del gobierno de Hipólito Mejía el 23 de noviembre del 2000, pese a lo cual y aunque aquel fue un expediente bastante bien fundamentado, todavía no ha pasado de instrucción y los acusados están todos libres, algunos de ellos ocupando cargos públicos nuevamente.

Del nuevo expediente todavía no podemos entrar en profundidades, ya que no lo conocemos. Pero el Renove, al igual que el Peme, ha tenido desde su inicio un tufo de desorden, tráfico de influencia y comisiones que ha provocado indignación, reclamos de transparencia y sanciones.

Cuando se conozca el expediente podremos hacernos una idea clara de las responsabilidades involucradas en la administración de este discutido programa que ha supuesto un endeudamiento nacional de por lo menos 158 millones de dólares.

Del Peme lo conocimos todo, primero porque se entregó completo al día siguiente de los sometimientos. Después HOY publicó los interrogatorios a los implicados, y luego hasta un libro circuló con la documentación.

Hace 4 años fueron 13 los sometidos originalmente, entre exfuncionarios, dirigentes políticos y empresarios. Varios de ellos luego quedaron liberados de responsabilidad. Ahora son 10, también exfuncionarios, políticos y empresarios. En cada caso se involucra a  dos exsecretarios administrativos de la presidencia.  El escándalo del Peme involucró 1,458 millones de pesos. El del Renove todavía no se sabe con certeza, pero se habla de más de mil millones de pesos.

Tan pronto se iniciaron los sometimientos hace cuatro años, tanto el entonces expresidente Leonel Fernández, como los dirigentes del PLD y los acusados, alegaron que se trataba de persecución política, lo que han sostenido hasta la fecha. No esperaron a conocer los detalles del expediente y justo cuando éste se presentaba públicamente el 24 de noviembre del 2004, se presentaron ante la Procuraduría General en una airada manifestación que culminó en mayúsculo desorden, excesos policiales incluidos.

Ya lo vimos el jueves que por igual el expresidente Hipólito Mejía, dirigentes del PRD y los acusados aducen también que están bajo revancha política, que se trata de un show  y amenazan con responder proporcionalmente.

Ahora, al igual que hace 4 años, buena parte de la opinión pública recibe los sometimientos con satisfacción y alienta esperanza de sanciones, de justicia. También, como en el caso del Peme, los más responsables reclaman transparencia, toda la información, absoluto apego a las normas jurídicas, no utilización política del caso.

Alienta el que al frente de la Procuraduría General se encuentre ahora un abogado y político de las prendas morales del licenciado Francisco Domínguez Brito. Hace 4 años ocupaba el mismo cargo otro abogado y político impoluto y con el mérito de haber pasado muchos años en la vida pública, el doctor Virgilio Bello Rosa, quien hizo esfuerzos porque no se politizara el proceso, algo siempre difícil de lograr.

Ahora hay una razón adicional para alentar esperanza de justicia, y es que se supone que con el nuevo Código Procesal Penal los procesos judiciales serán más ágiles. Tal vez no lleguemos a cuatro años en instrucción ni se repita el hecho de que los acusados vuelvan al poder sin que siquiera se iniciara el juicio.

También sería de desear que el procesamiento del Renove arrastre al del Peme. Por elemental sentido de equidad y justicia. Aunque debe reconocerse que mientras el último tiene quien lo empuje, el primero parece huérfano. No lo recuerdan ni las entidades más preocupadas por la corrupción.

Y vale recordar que allí se documentó de todo, que a uno de los acusados le documentaron casas, apartamentos y vehículos y dinero efectivo por unos 20 millones de pesos provenientes del Peme, que los implicados confesaron en los interrogatorios que gran parte de los mil 458 millones de pesos se destinó a pagar dirigentes y activistas políticos, transporte para manifestaciones y otras “necesidades partidarias”.

Aquello se manejó como un programa clandestino, en locales ocultos, con cuentas bancarias irregulares. Se registraron 991 mil 439 cheques depositados en una misma cuenta secreta, y hasta préstamos a empresarios para adquirir un canal de televisión.      Definitivamente, mientras esperamos los detalles del Renove, algunos de los cuales ya han sido denunciados en una auditoría del pasado gobierno, hay que mantener la esperanza de que esta vez no nos tomen el pelo ni se burlen de nuevo de los anhelos de justicia de este pueblo.

Profilaxis justa en la Policía Nacional

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Ahora que el Consejo Superior de la Policía Nacional ha iniciado una labor de profilaxis, todos debemos cifrar esperanza de que el resultado sea una institución más limpia y en mayor capacidad de ejercer su responsabilidad de prevenir y combatir la delincuencia y mantener el orden público.

Tal como avanzó el Jefe de la PN, general Manuel de Jesús Pérez Sánchez, ese proceso debe estar revestido de la mayor transparencia y sentido de justicia, sin retaliaciones ni venganzas grupales o personales.

Tanto el jefe policial como muchos otros altos oficiales saben muy bien lo que hay que hacer para transformar esa institución en un organismo funcional y eficiente, capaz de responder al creciente desafío de la delincuencia.

Ese sentido de justicia y equidad no ha estado presente en el informe de la comisión que investigó el escándalo de los vehículos robados y usufructuados por oficiales de la PN. Tampoco en las declaraciones sobre el particular del ministerio público.

El informe busca concentrar la responsabilidad de la práctica en apenas 7 altos oficiales, aunque el mismo comienza indicando que esa práctica ilegal está vigente “desde tiempos que preceden a esta generación de oficiales de la Policía Nacional”, y lo atribuye a la insuficiencia de vehículos con que ha tenido que manejarse la institución. Sostiene que era parte de la “logística con la cual se había venido cumpliendo la misión principal de la Policía”…

Sin embargo, el informe carga la responsabilidad exclusivamente en los jefes departamentales que eran precisamente quienes tenían que cumplir la misión de la institución, dejando ignorando la que corresponde a los beneficiarios del usufructo de los vehículos, en su mayoría generales y coroneles, aunque también algunos mayores, capitanes, tenientes y hasta tres sargentos.

Peor fue la forma como se presentó la investigación a la opinión pública, junto al anuncio de que esos 7 oficiales serían procesados. Se les atribuyó a ellos el usufructo de 82 vehículos, lo cual es absolutamente incierto.

Por ejemplo, al exjefe de la PN, general Jaime Marte Martínez, se le atribuyen 15, al exgeneral Pedro A. Hernández Reyunoso, excomandante del departamento de vehículos robados 10 casos, y al excoronel Fausto Tiburcio Batista, quien también comandó el departamento de vehículos robados, nada menos que 20 casos.

Cuando se revisa caso por caso en el mismo informe se descubre  allí mismo que Marte Martínez solo tuvo asignada una camioneta Mitsubishi del 2000, Hernández Reynoso aparece con dos jepetas y Tiburcio Batista tenía atribuidos 5 vehículos.

Es decir que de los 82 vehículos que se les asignan ellos sólo tenían 8, y los restantes 74 estaban “cargados” a otros oficiales, a los que la comisión y el ministerio público ha considerado inocentes, concentrando la responsabilidad sólo en 7 personas.

La realidad es que todos deben tener algún grado de responsabilidad en la irregularidad. Pero también los políticos y gobernantes que han pretendido que una Policía Nacional puede cumplir su misión patrullando a pies, como hace medio siglo.

Fuentes policiales que pretenden ser justas han confiado que tampoco se está tomando en cuenta circunstancias como que muchos de esos vehículos ya eran recuperados con los chasis borrados o alterados por parte de quienes los habían robado y si resultaba imposible establecer sus dueños, los oficiales les daban uso en actividades de la institución. Claro que en muchos casos eran dispuestos para servicio privado y familiar. ¿No hay distinción entre uno y otro?

Por supuesto que la justicia debe establecer responsabilidades y sanciones. Pero sin chivos expiatorios de una práctica vergonzosa, que no se daba sólo en la PN, sino también en la Dirección Nacional de Control de Drogas y hasta en cuarteles militares. Aún en la variedad de vehículos robados, además de incautados en las aduanas y la frontera, por contrabando, y como cuerpos de delitos.

Sería una pena que la PN desaprovechara la oportunidad de una profilaxis a fondo, requerida por toda la sociedad. O que la iniciara y realizara con injusticias, exclusiones y favoritismo. Hagamos voto porque lo del informe de la comisión investigadora sea enmendado.

Tiene que dolernos hasta el alma

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

             Nos debe doler hasta el alma cada vez que un funcionario norteamericano o un diplomático de la Unión Europea nos dice que todavía los dominicanos no se han dado plena cuenta de las implicaciones que han tenido las quiebras bancarias en la crisis financiera y económica en que está sumida la nación y que tanto ha degrada el nivel de la vida de la mayoría de la población.

            Más debería dolernos que en menos de dos semanas el subsecretario del tesoro norteamericano John Taylor, en dos ocasiones, y los embajadores de Francia, Italia y la Unión Europea, y la directora local de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo AID), también dos veces, hayan considerado prudente decirnos que la comunidad internacional espera que esos fraudes descomunales sean sancionados.

            El pasado jueves la directora de la AID concurrió al almuerzo semanal de los medios de comunicación del Grupo Corripio y comenzó su presentación expresando su preocupación por la corrupción y posible impunidad frente a unos fraudes que han costado al país alrededor de 100 mil millones de pesos, más que el presupuesto nacional del año pasado.

            La señora Elena Brineman extendió su franqueza hasta decirnos que la comunidad internacional tiene sus ojos puestos en el país, dando seguimiento al escándalo bancario y las acciones judiciales para concluir en que ella duda que de predominar la impunidad la nación pueda seguir recibiendo ayuda internacional.

            Consideramos conveniente preguntarle a la señora Brineman si estaba ocurriendo algo que los dominicanos no viéramos y que explicara la cadena de advertencias similares emitidas por el mundo diplomático en las últimas dos semanas.

            Ella enfocó sus expresivos ojos, revestidos de una aureola de tristeza y con una medio sonrisa, entre compasiva e irónica, respondió diciendo que todo estaba a la vista de todos. Como quisimos que fuera más explícita, evadió diplomáticamente aunque dejó caer la perla de que a veces en los períodos de transición conviene recordar estas cosas.

            No supimos si se refería a la transición por los que se van o por los que vienen, o por ambos a la vez. Porque en los corrillos políticos, diplomáticos, jurídicos y periodísticos existe la convicción de que en ninguno de los tres partidos mayoritarios predomina el propósito de llegar hasta las últimas consecuencias en este escándalo. Porque en todos hubo dirigentes claves beneficiarios de la repartición.

            Es cierto que las evidencias de la impunidad están a la vista de todos en las decisiones de jueces y fiscales, incluyendo al Procurador General de la República que esta semana fue acusado por los abogados del Banco Central de ser parte de una red que protege a los pocos acusados de los fraudes bancarios.

            En rueda de prensa, los abogados del Estado afirmaron que “diversos hechos y circunstancias ocurridos alrededor de la persona del Procurador General de la República ponen en evidencia sus condicionadas e interesadas actuaciones, tendentes a garantizar la impunidad de los acusados del fraude ocurrido en Baninter”.

            Por la otra parte, versiones circulantes que han llegado hasta el ámbito internacional, dan cuenta de la existencia de una comisión de tres allegados al próximo gobierno que realizan gestiones para una “solución pragmática” a los escándalos bancarios.

            La preocupación por la impunidad se ha extendido de nuevo en diversos sectores sociales, acicateados por las continuas llamadas de atención provenientes del ámbito internacional, y por la convicción de que ello hará mucho más difícil conseguir la asistencia internacional necesaria para superar la crisis financiera.

            La imagen que proyecta el liderazgo nacional es de profunda complicidad con la corrupción. Así se percibe en los ámbitos internacionales. Pero no sólo corrupción pública, sino también privada, como ha quedado evidente una vez más en los escándalos bancarios.

            Tiene que dolernos hasta el alma que tengan que condicionarnos la asistencia internacional a que establezcamos sanciones siquiera en los casos mayúsculos. Como nos dolía también cada vez que nos recordaban la necesidad de elecciones limpias para que el país no fuera irradiado de la comunidad internacional, con todas sus consecuencias políticas y económicas.

            ¡Cuántos silencios, cuántas complicidades y cuántas hipocresías se evidencian frente a este escándalo! Eso demuestra que el alma dominicana está enferma, la está debilitando la corrupción que contamina casi todas sus ramificaciones. Por eso tiene que dolernos hasta el alma.-

Contra la impunidad en los fraudes bancarios

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Hay que celebrar que esta semana la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad nos recordara que ya pasó un año del inicio del de velamiento de los fraudes bancarios que sumieron a la nación en una profunda crisis financiera que está pagando hasta el más pobre de los dominicanos y dominicanas.

El comunicado publicado en los diarios a mediados de semana es muy oportuno especialmente ahora cuando los acusados de las graves irregularidades que produjeron las quiebras de tres bancos se han envalentonado y pretenden convertirse en acusadores, amparados en una descomunal capacidad financiera para pagar los mejores abogados, infundir miedo e influir sobre las decisiones judiciales.

Integrada por 57 organizaciones que van desde el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias, hasta la Fundación Institucionalidad y Justicia, Participación Ciudadana, el Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales, y decenas de entidades sociales, religiosas y populares, la coalición lanza un grito de advertencia sobre la impunidad que una vez más amenaza prevalecer en la sociedad dominicana, a pesar de la envergadura de las quiebras de Baninter, Bancrédito y el Banco Mercantil.

“Queremos llamar la atención sobre las señales desalentadoras que se han visto, tanto desde el Ministerio Público, como desde el Sector Justicia. Una vez más parecen abrirse las puertas a la impunidad, ratificando la vieja tradición del sistema judicial dominicano de no llegar al conocimiento del fondo de los casos, ni decidir en función de las pruebas presentadas cuando se trata de grandes estafas contra la sociedad”, indica el comunicado.

Recuerdan que esa coalición nació el 2 de junio del 2003 cuando representantes de decenas de organizaciones se comprometieron a no silenciar sus voces para denunciar el fraude bancario mientras exigían que se llegara hasta las últimas consecuencias en las investigaciones y se publicaran las listas de los beneficiarios de la repartición del patrimonio de los ahorristas.

Esas entidades están recordando que las quiebras de los tres bancos representó aproximadamente el 22 por ciento del producto bruto interno, una suma mayor que el presupuesto nacional del año pasado. Lo que sumado al manejo inadecuado y con ribetes de ilegalidad que le dieron las autoridades se ha traducido en graves perjuicios económicos para la población.

Aludiendo a la próxima instalación de un nuevo gobierno, la Coalición por la Transparencia y la Institucionalidad recuerda el principio de la continuidad del Estado y la responsabilidad de éste en velar por los intereses de la nación, sin permitir que los casos de corrupción bancaria se diluyan en el desinterés o la complicidad.

Concluyen en que “si estos inmensos fraudes bancarios no son sancionados hasta las últimas consecuencia, la corrupción se extenderá aún más sobre el cuerpo social dominicano, debilitándolo hasta su disolución”.

La gravedad de las quiebras bancarias del año pasado y todas sus implicaciones no dejan lugar a otras conclusiones. Hay tanta gente influyente de alguna manera vinculada, con y sin conocimiento de causa, en la malversación de los ahorros de cientos de miles de personas, que el asunto amenaza con diluirse y olvidarse en medio de una manipulación de la opinión pública sin precedente.

Por razones políticas, por la incoherencia y la ilegalidad con que el gobierno afrontó la situación, el discurso de que esos bancos no quebraron, sino que fueron quebrados, ha ganado terreno en importantes segmentos de la población. Aunque se ha difundido bastante sobre la forma en que se sobornó a medio país mientras los ahorros ajenos eran desviados para financiar decenas de empresas deficitarias vinculadas a los banqueros, con una maraña de operaciones y manipulaciones que el promedio de los ciudadanos no puede entender.

Por si las voces nacionales que han denunciado esos fraudes no son suficientes, ahí están las de los organismos internacionales que, como el Fondo Monetario Internacional, han condicionado la asistencia al país a que se sancione la corrupción bancaria, o de los altos funcionarios norteamericanos que, como el encargado de Asuntos Hemisféricos, Roger Noriega, vinieron al país para proclamar que esas quiebras son el principal ingrediente generador de la grave crisis económica que sufrimos.

Nos han dejado claro que si la nación no sanciona los fraudes bancarios, no puede esperar ayuda del tesoro de los Estados Unidos como de otros organismos internacionales para salir del profundo foso de crisis económica en que nos encontramos.

Ciertamente que los vigilantes, los que debieron supervisar esos bancos durante tres gestiones gubernamentales, especialmente en las dos últimas, se durmieron y que las actuales autoridades aplicaron un correctivo abusivo al devolver los ahorros hasta a multimillonarios, a costa de todos los dominicanos y dominicanas. Pero eso no borra la responsabilidad de quienes dispusieron a su antojo del dinero ajeno.

Como la coalición, hay que seguir reclamando justicia y transparencia hasta las últimas consecuencias.

Dejen algo para el futuro, por si acaso

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Parece admirable la tenacidad con que el presidente Hipólito Mejía recorre el país de punta a punta, sin pausa ni reposo, levantando cada piedra en busca de votos para su proyecto continuista, en las condiciones más adversas que algún gobernante haya pretendido la reelección en el país y tal vez en toda América Latina.

Viendo los resultados de esa búsqueda a dos semanas de la elección presidencial, cualquiera tiene la tentación de pensar que tal tenacidad es digna de mejor causa, por ejemplo la de acopiar las energías nacionales para ponerlas al servicio de la superación de la crisis financiera que tanto ha reducido la calidad de vida de la población.

Pero en vez de eso, lo que se siente en los ambientes gubernamentales es la decisión de invertir importantes recursos en los días finales de esta desazonada campaña electoral, tratando de inducir el milagro que invierta las preferencias que han revelado casi todas encuestas reconocidas.

Ahí está por ejemplo el malhadado proyecto de adquisición de hasta 300 mil motocicletas, financiadas desde luego por el erario público, para incentivar esa absurda como original modalidad del transporte “colectivo” que es el motoconcho, que deja cada año más de un millar de muertos y miles de personas con lesiones y mutilaciones.

Parece increíble que el gobierno pueda embarcarse en la adquisición de siquiera algunos miles de esos vehículos, pero se engaña a la masa hambrienta, hasta el descaro de que uno de los promotores proclamara que ese “plan de renovación del transporte público” sólo será materializado si el presidente Mejía resulta reelecto.

En otras palabras, que se trata de una miserable compra de votos, con dineros públicos, a la vista de toda la sociedad, con olímpico rechazo de las expectativas de transparencia y limpieza en las luchas democráticas que anidan en segmentos significativos de la nación. Y, lo peor, con chantaje a los supuestos beneficiarios.

Despierta muchas incertidumbres la forma en que el perredeismo oficial ha abandonado los principios y las prácticas de decencia política que defendió durante décadas, la manera tan rotunda como se han ido abrazando al pragmatismo político que pretende poderlo y justificarlo todo. Hasta el crimen, como proclamó hace 4 años el doctor Euclides Gutiérrez, cuando eran los peledeístas los devotos de ese altar.

Por eso el fantasma del fraude ronda en las cabezas de muchos dominicanos y ha llegado a anidar también en las de una parte de los representantes de la comunidad internacional, que preguntan casi a diario cuál es la carta que tienen escondida los estrategas del perredeismo. Y la respuesta es que han jugado al aventurerismo político. Porque ni este país ni el mundo de hoy aceptarían una imposición o un arrebato político.

Podrían sumir la nación en una crisis más profunda y devastadora, pero no lograrían hacer predominar un proyecto antidemocrático en las actuales circunstancias nacionales y regionales.

Entiendo y defiendo que el sistema electoral dominicano ha mejorado significativamente, que tiene suficientes garantías para que se produzca una elección democrática, tantas que ni queriendo es fácil retorcerlo para crear un huracán electoral. A menos que los partidos de oposición resulten un fiasco en los colegios de votación y centros de computación.

Creo en la seriedad de los jueces electorales que conozco y que están conscientes de que el sistema ya no es manipulable como para invertir los resultados de las urnas. La elección hay que ganársela en la población. Aunque pienso que, si tuvieran que interpretar una ley, algunos podrían inclinarse al oficialismo, no los creo capaces de apadrinar un fraude.

Tampoco la compra de cédulas puede ser significativa, ya que se expiden duplicados hasta el 14 de mayo y no es posible sólo el día 15 adquirir una cantidad que pueda ser significativa a la luz de lo que marcan las encuestas. A no ser que pongan una mesa de compra en cada colmado.

Creo que hay sobreestimación en muchos dirigentes perredeístas. Más que mala intención. Y hasta el final esperaré que respetarán el balance de la consulta democrática.

Es cierto que fueron infectados por el virus histórico del reeleccionismo, que a veces parece arrasarlo todo. Como eso de empujar a Milagros Ortiz Bosch y a la profesora Ivelisse Prats Ramírez para avergonzarlas haciendo campaña reeleccionista, después de todo lo vivido y sufrido.

Aún así, espero que no arrasen con todo, que dejen algo para el futuro, por si acaso.

Las primeras reelecciones de Balaguer

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Con mucha frecuencia en los últimos meses se escuchan ponderaciones a las reelecciones logradas por el “genial estadista” Joaquín Balaguer, como si en verdad hubiesen sido procesos electorales democráticos, competitivos y transparentes. En realidad se trató de verdaderas mascaradas electorales, al amparo de la intensidad que alcanzó la guerra fría en la región del Caribe donde Fidel Castro se mantuvo contra viento y marea.

La primera reelección balaguerista se produjo en 1970, cuando faltaba muy poco al régimen para que pudiera ser catalogado plenamente como una dictadura. La represión limitaba o cercenaba los derechos fundamentales, incluyendo el de la vida. En aquel año se produjo un asesinato político cada 28 horas, como promedio.

Cientos de opositores llenaban las cárceles y miles estaban impedidos de retornar al país. Los ejercicios de la libertad sindical, de la libre expresión, de manifestaciones públicas y libre asociación política conllevaban graves riesgos para la seguridad individual. Hasta al profesor Juan Bosch, a José Francisco Peña Gómez y Pablo Rafael Casimiro Castro se le prohibió hablar por radio y televisión en los años setenta.

Si en aquellos años el gobierno de Balaguer no fue una real dictadura, fue porque muchos periodistas y algunos propietarios de medios de comunicación, especialmente en la radio, resistieron hasta las embestidas para reducirlos. Y porque el mismo Balaguer sabía que esos medios eran un canal de desahogo. El también podía señalarlos como “prueba” del carácter “democrático” del régimen.

Para la campaña electoral de 1970 Balaguer lo manipulaba todo. No sólo el Congreso y la justicia, sino también la Junta Central Electoral, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, instrumentos políticos a su servicio. Los generales controlaban las actividades políticas en todo el interior de la nación, algunos como Jáquez Olivero en la Línea Noroeste, estableciendo verdaderos cacicazgos, donde nada se movía sin su consentimiento.

En aquella época no había padrón electoral a disposición de los partidos. Los listados eran el secreto mejor guardado hasta que llegaban a las urnas y se votaba lo mismo con cédula que sin ella. Como cada candidatura tenía boleta separada, era fácil comprarlas.

Las instituciones del Estado, desde secretarías hasta direcciones generales, las entidades autónomas y descentralizadas y las empresas públicas pagaban los activistas del partido de gobierno y la publicidad en los medios de comunicación. Las órdenes y posteriormente los cheques se recibían en los medios de comunicación con absoluta normalidad.

En 1970 la principal fuerza de oposición, el Partido Revolucionario Dominicano, y todos los de la izquierda, se abstuvieron de presentar candidatos. Era una lucha muy desigual y que costaría decenas de vidas. También por el rechazo que predicó Bosch a la “mentada representativa” tras la intervención militar de 1965 y los comicios de 1966, cuando Balaguer fue impuesto por las fuerzas de ocupación.

Como Balaguer había sido electo la primera vez bajo el supuesto antirreeleccionista, su repostulación de 1970 dividió su partido y generó en Francisco Augusto Lora el principal contrincante para aquellos comicios. Hubo continuidad.

El cuadro se reprodujo en términos similares en 1974. Nada más que para entonces el PRD, ya sin Juan Bosch, que lo abandonó en noviembre de 1973, decidió participar en el proceso electoral. Peña Gómez, con sus habilidades tácticas, orquestó un frente electoral denominado Acuerdo de Santiago, donde juntó su partido con el Quisqueyano Demócrata, el Revolucionario Social Cristiano y el Movimiento Popular Dominicano.

Al principio el régimen toleró aquella competencia, que le lavaba la cara dándole un barniz democrático. Pero en la medida en que esa coalición ganaba posibilidades de éxito se acentuó la represión. La tapa al pomo fue el desfile de vehículos militares adornados con la bandera del Partido Reformista y de soldados con banderitas coloradas en las bocas de los fusiles y fotografías de Balaguer.

El Acuerdo de Santiago, que postulaba a don Antonio Guzmán a la presidencia, tuvo que retirarse del proceso tres días antes de la votación, para no dejarse utilizar como comparsa de carnaval y economizarse la vida de muchos de sus militantes.

El excontralmirante Homero Lajara Burgos fue el único contrincante que tuvo Balaguer en aquellos comicios. Porque entonces ni Francisco Lora se atrevió a participar en la mascarada electoral. De nuevo Balaguer se impuso en forma antidemocrática.

El tercer intento consecutivo, en 1978, traería sorpresa. La guerra fría había amainado en Estados Unidos con el gobierno de Jimmy Carter, que preconizó el respeto a los derechos humanos, y la Iglesia y el empresariado comenzaron a sensibilizarse por la democracia y la participación electoral fue reivindicada por José Francisco Peña Gómez.