Justicia para los Constitucionalistas

Por Juan Bolívar Díaz

            La nobleza del mayor general retirado Rafael Adriano Valdez Hilario pone sobre el tapete la situación de grave injusticia en que han vivido los militares que optaron por la defensa del orden constitucional en 1965, sometidos desde entonces a todo género de escarnio, desde la persecución y la muerte que tocó a muchos en los primeros tiempos, a la discriminación persistente 33 años después.

            El exsecretario de las Fuerzas Armadas, que tan brillante papel jugó en la transición democrática iniciada en 1978, dirigió el 3 de mayo pasado una carta al presidente Hipólito Mejía solicitándole que concluya el proceso de reconciliación entre los actores de la guerra civil de 1965 reparando la injusta discriminación de que han sido víctima quienes encarnaron el orden constitucional.

            Valdez Hilario plantea que la reciente disposición del presidente Mejía de reintegrar a las reservas de las Fuerzas Armadas a los combatientes constitucionalistas no es suficiente para hacerles justicia. Le pide al presidente que siga siendo coherente consigo mismo y ordene la reintegración de todos los soldados regulares combatientes de la guerra de abril, que los ascienda al grado inmediatamente superior, aunque en el mismo decreto disponga la pensión que disfrutan “los hijos de la casa”, es decir los que en la contienda del 65 se adscribieron al principio militar de la simple obediencia.

            La carta del general Valdez es impresionantemente conceptuosa y digna de la mayor atención, sobre todo al provenir de uno de los militares que no optaron por la defnesa del orden constitucional. Se trata de un gesto de nobleza que enaltece la figura del proponente, por cierto un militar originario del trujillismo que nunca fue ligado al latrocinio ni al crímen, sino más bien a la rectitud.

            Debemos esperar que el agrónomo Mejía se dote del valor necesario para reparar la injusticia en la medida en que ello es posible. Beneficiaría a unos 900 militares constitucionalistas que aún viven. Ya no se les podrá hacer justicia a otros 700 que han muerto en los 35 años que distan de aquellos acontecimientos.

            Esa injusticia no debió ser permitida por ninguno de los antecesores de Mejía en la Presidencia de la República. Desde el doctor Héctor García Godoy, investido como primer mandatario en virtud del “Acta deReconciliación Nacional y Acto Institucional”, suscrito el 3 de septiembre de 1965 para poner fin a la guerra civil con intervención militar extranjera.

            Ese documento histórico estableció en su octava disposición que “una vez instalado el Gobierno Provisional, las Fuerzas Armadas volverán a sus cuarteles y se pondrán bajo las órdenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Provisional. Aquellos militares que hayan participado en el conflicto actual, se reintegrarán a las Fuerzas Armadas, sin discriminaciones ni represalias”.

            En el punto 9 se agrega que ningún militar podrá ser castigado por su participación en la contienda y todo el que lo desee “podrá retirarse de conformidad con lo establecido en la ley orgánica y con las pensiones y jubilaciones correspondientes.”

            Los odios generados por aquella confrontación explican que García Godoy no cumplñiera el Acta Institucional y permitiera la persecución y la discriminación de los militares constitucionalistas. Balaguer traficaría con los sentimientos de los anticonstitucionalistas a quienes manipuló e instrumentó en la represión para perpetuarse en el poder, dirigida contra los constitucionaliistas y sus aliados políticos.

            Pasa todavía que Antonio Guzmán no se atreviera a hacer justicia a los soldados del honor, pues todavía no tenía plena seguridad de la lealtad de los más cavernarios, muchos de ellos todavía entonces vigentes en las Fuerzas Armadas.

            Pero ya Salvador Jorge Blanco pudo hacer justicia a los constitucionalistas. Y ni hablar de Leonel Fernández, el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el de Juan Bosch, por quien se hizo el pronunciamiento constitucionalsita de 1965.

            Ahora la bola está en la cancha del presidente Hipólito Mejía., el mismo que el 9 de agosto del 2001, promulgó la ley 137-01 que dispone la pensión para “todos los militares y policías que se encuentren fuera de las filas de cualquier rama castrense o policial, por haber participado en la gloriosa guerra constitucionalista”.

            Es inexplicable que esa ley del Congreso Nacional no se haya cumplido a un año y 9 meses de su promulgación. Ya nada lo puede justificar ni explicar, a no ser la ingratitud o la politiquería. Menos aún después que se puso a una representación de los militares constitucionalistas y a una comisión de la secretaría de las Fuerzas Armadas o seleccionar los beneficiarios.

            En las primeras jornadas de trabajo de la comisión 311 militares constitucionalistas quedaron depurados y aceptados como beneficiaros. Pero la labor se detuvo de repente y meses después todavía no ha sido pensionado el primero.

            ¡Que cese ya ese calvario y tan grande discriminación! ¡Que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, precisamente el que llevó a los militares al pronunciamiento constitucionalista, demuestra siquiera una mínima dosis de coherencia, gratitud, digndiad y valor!

            No es perdón ni caridad lo que se pide. Se trata de un acto de acatamiento al Acta institucional de 1965 y a la ley del 2001, y de elemental justicia para quienes defendieron el orden constitucional y la soberanía nacional.-

La Violencia del Poder

Por Juan Bolívar Díaz

Tuve el privilegio de asistir a una premier del último documental del cineasta dominicano René Fortunado titulado La Violencia del Poder, Los doce años de Balaguer, que se estrena esta semana en Santo Domingo y Santiago, y confieso que salí conmocionado al revivir fílmica y documentalmente el drama nacional de aquellos años primigenios del balaguerismo.

Debo haber resultado más impresionado por cuanto en el documental aparecen algunos fragmentos de mi propia vida profesional, demostrativos del costo que implicó la defensa de la libertad para la generación de dominicanos y dominicanas que emergimos a la vida pública tras la primavera libertaria de 1961.

 La Violencia del Poder se nos muestra con toda la crudeza y sin contemplaciones. Tal como se nos impuso tan bárbara e injustamente por fuerzas nacionales y norteamericanas desbordadas por el desafío de Fidel Castro y dispuestas a restaurar la insaciable sed de poder y dominación que se habían legitimado en las tres ominosas décadas del trujillismo.

El documental de Fortunato nos muestra la extraordinaria capacidad de Joaquín Balaguer para encabezar y dirigir aquellas fuerzas represivas que a veces parecían realmente incontrolables, pero que nadie como él supo modular, justificar y defender al nivel de las necesidades circunstanciales.

Durante dos horas reactualizamos una parte significativa del drama de los años 1966-74, no sólo con la extraordinaria violencia que lo caracterizó en la muerte de centenares de jóvenes, muchos de ellos, de lo mejor, más sano y soñador de la época, sino con las maniobras y manipulaciones de un régimen sin escrúpulos.

Revivimos la saña cruel que se encarnó en los palmeros de enero de 1972 encabezados por Amaury Germán, o frente al inmortal coronel Francisco Caamaño, héroe de la resistencia a la invasión norteamericana de 1965, y la criminalidad descarnada manifiesta en las innumerables tropelías de La Banda, entre 1970 y 1972.

Ciertamente que el Balaguer de los últimos años distó muchísimo del de los 12 años. Pero la impronta primigenia anula los reconocimientos que el oportunismo político y la falta de escrúpulos le confirieron en sus años finales.

Poco faltó para que entre 1966 y 1974 el régimen de Balaguer mereciera el título de dictadura. Se burlaron a diario casi todos los derechos básicos: el de la vida, con cientos de asesinatos; el de la libertad individual, con centenares de presos políticos; el de libre tránsito con miles de impedidos de retornar al país; el de organización política y sindical, pues todo reclamo reivindicativo era sinónimo de subversión que se pagaba hasta con la vida.

En La Violencia del Poder se nos recuerda que se llegó al grado de prohibir el uso de la radio y la televisión al profesor Juan Bosch, al doctor José Francisco Peña Gómez y a Pablo Rafael Casimiro Castro.

Por momentos la única diferencia con la dictadura la marcamos los periodistas que desde unas cuantas tribunas juramos impedir, a cualquier costo, que el reinado del silencio se impusiera de nuevo sobre la sociedad dominicana. Con razón Balaguer llegó a recomendar que escucharan la radio y leyeran alguos periódicos, a quienes le acusaban de encabezar un gobierno dictatorial.

El documental de Fortunato deja una profunda tristeza. Por todos los que perdieron la vida en flor de juventud en aquel terrible período. Pero sobre todo porque sin bien los métodos se han refinado, todavía la sociedad dominicana está lejos de haber superado las mañoserías y manipulaciones del poder.

Cuando se nos muestran las sinuosidades y abusos electorales de las reelecciones balagueristas, y la valentía de José Francisco Peña Gómez y sus compañeros para enfrentarlas, no podemos menos que sentir tristeza en este presente que se antoja regresivo y donde se reniega tan alegremente de los compromisos históricos. A veces con la participación de actores o descendientes de actores de aquellos capítulos de resistencia. En ese sentido el documental parece haber sido previsor.

Recomiendo ver y reflexionar sobre esta nueva obra fílmica de René Fortunato. A los que vivieron esos años para que no olviden. Y a las nuevas generaciones para que comprendan las decepciones políticas que hay en la vida nacional y sobre todo para que retomen las banderas de lucha por la libertad, la democracia y la justicia.

Se nos escurren algunas lágrimas, pero no caben las frustraciones, sino el respeto y la gratitud por toda la sangre derramada, que si bien no han generado el grado de perfección social que sus sembradores anhelaban, fueron una ofrenda para desarraigar el germen de la tiranía y la opresión.-

Serio desafío para los reformistas

Por Juan Bolívar Díaz

            Hay muchas razones para desear que los reformistas sean capaces hoy de responder al desafío de elegir democráticamente su candidato presidencial para los comicios del próximo año.

            La primera y tal vez más importante es que siendo uno de los tres partidos más importantes del sistema político nacional, su fortaleza o debilitamiento incide sobre el proceso democrático nacional y repercute sobre los otros.

            En segundo lugar, porque este es el primer desafío de magnitud para el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) después de la desaparición de su caudillo, quien fuera incapaz, hasta los 96 años, de organizar la transición democrática de su liderazgo y de fortalecer los mecanismos institucionales de la organización.

            El éxito de los reformistas en el desafío de este día, ratificaría que el caudillismo y el autoritarismo son cosas del pasado y que los dominicanos y dominicanas estamos en capacidad de gestionarnos bajo mecanismos participativos, de decisión colectiva y mayoritaria, sin imposiciones, guardianes ni genuflexiones.

            Una razón adicional es que en ese, como en todos los partidos, hay personas empeñadas en hacer carrera política, que aceptan el juego democrático y quieren que tenga vigencia, como forma de organizar la totalidad de la sociedad dominicana.

            El empeño y la transparencia con que se ha organizado el certamen democrático de hoy son ponderables y merecen ser correspondidos por la totalidad de los dirigentes y militantes con un comportamiento democrático, acatando el resultado de las urnas, más allá de los prejuicios y las ideas preconcebidas.

            La coyuntura se presenta delicada, por cuanto es obvio que el electorado reformista se ha bipolarizado. Cuando eso ocurre, y si los resultados son estrechos, como en este caso vaticinan las encuestas, las posibilidades de divisiones son mayores. Se requiere entereza y grandeza de espíritu para evitarlas.

            La democracia es todavía incipiente en la cultura nacional. No sólo en los ámbitos políticos, sino también en todo género de entidades sociales, incluyendo a las de mayor magisterio moral, como las iglesias, las universidades y las asociaciones profesionales.

            Ni el Country Club de Santo Domingo, ni la Asociación Médica Dominicana, ni los colegios de Periodistas y Abogados, ni las entidades no gubernamentales, o las sindicales han estado libres de crisis derivadas de resultados electorales. De manera que no es un privilegio de los políticos, como algunos creen.

            Más allá de sus respectivos entornos, Jacinto Peynado y Eduardo Estrella son de las personalidades de mayor cultura democrática en el PRSC y cualquiera que no resulte favorecido por el voto mayoritario tendrá que dar un ejemplo.

            Debe reconocerse que le resultaría más fácil a Estrella, quien de cualquier forma está debutando en este tipo de lides, y ha tenido un desempeño extraordinario, proyectándose como un fenómeno de mercadeo político. El como quiera queda ganando.

            Jacinto Peynado, en cambio, perdería definitivamente. Porque quedaría liquidado si esta vez no obtiene el apoyo de la mayoría de sus compatriotas reformistas, después de una década encabezando las preferencias para la candidatura presidencial, después y a pesar de Balaguer.

            También lo merece por la traición de que fue objeto la única vez que encabezó la boleta colorada, para los comicios de 1996, cuando el caudillo lo dejó colgando y apostó por otro partido. En esa batalla Peynado perdió parte de su fortuna y sobrevivió políticamente con decoro y dignidad. Algunos de los que le engañaron hace 7 años alientan la candidatura con la que compite.

            Pero si el reformismo se inclina por Estrella, Peynado tendría que responder con igual o mayor dignidad que en 1996. Y aceptar el retiro de la actividad política, si fuere preciso. O esperar que cambien las circunstancias.

            Todos tenemos que aprender que al juego de la vida se asiste para ganar y perder. En la dicha y en la enfermedad, en las actividades políticas como en las sociales, en la vida empresarial y en la profesional. Vivir es luchar por triunfar, aceptando el riesgo de perder. Y todos los días vamos ganando y perdiendo.

            Ganamos en experiencias, sabidurías y gracias. Perdemos a los que van quedando detrás, a los que se marchan y a los que se frustran. Pero perdemos también una parte de nosotros mismos, la que se va cansando, vencida irremisiblemente por el peso inexorable del tiempo.-

El reeleccionismo y el tiempo perdido

Por Juan Bolívar Díaz

Por lo que se escuchó y leyó sobre las inauguraciones gubernamentales del pasado jueves en la provincia San Pedro de Macorís, el grupo político del presidente Hipólito Mejía persiste en su vano esfuerzo por promover una reelección presidencial que cada día se ve más como un sueño irrealizable.

De nada han servido las lecciones de las encuestas, ni siquiera la que esta misma semana situó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el tercer lugar de las preferencias electorales, con una caída que sólo tiene precedente en el período 1986-90, cuando, acorralado por las persecuciones y el descrédito, se dividió originando el Partido Revolucionario Independiente con Jacobo Majluta a la cabeza.

Creo que ese esfuerzo por imponer la reelección es de los factores que más daño han hecho a la imagen del perredeísmo, que llevaba 63 años sustentando el anticontinuismo como esencial para el desarrollo institucional y democrático de la nación.

Fueron 19 meses, desde diciembre del 2000, hasta julio del 2001, que los seguidores del agrónomo Hipólito Mejía gastaron hasta imponer la restauración constitucional del reeleccionismo que José Francisco Peña Gómez había vencido en la reforma de sólo 6 años antes.

Lo hicieron bajo presiones y compras de conciencias, dentro y fuera de su propio partido que se dividió profundamente al respecto, ignorando la opinión pública, contra los demás partidos y las organizaciones sociales, a cualquier precio.

Y lo peor es que todo eso se materializó mientras el presidente Mejía juraba y perjuraba que haría honor a su palabra y respetaría el credo anticontinuista del perredeísmo histórico.

¡Tremenda contradicción generadora de incertidumbres y desconfianza! Con razón todavía en la última encuesta más de la mitad de la población persiste en creer que el mandatario desea ser reelecto. Son sus partidarios más cercanos los responsables de esa falta de credibilidad en la palabra presidencial.

Esa incredulidad genera seria desconfianza e incertidumbres que abonan los problemas políticos, debido a que en la historia nacional la carrera releccionista implica desbordamiento y abuso del gasto público, manipulación de personas e instituciones y arrebatos electorales.

Lo que ha ocurrido a partir de septiembre con la Junta Central Electoral parece inscribirse en esa dirección. Esa institución se sumiría en una crisis más profunda si el presidente Mejía tuviera la debilidad de faltar a la palabra cien veces empeñada.

Pese a todos los indicadores en contra, me cuento entre quienes dan crédito a la palabra presidencial, no sólo por ella misma, sino y sobre todo porque no se ve cómo sería posible en las actuales circunstancias dar vida a un proyecto continuista.

La primera víctima sería el propio PRD, donde hasta la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch tendría que enfrentar el proyecto, dados sus conocidos criterios al respecto y sus propias posibilidades. La mayoría de los precandidatos, declarados antireeleccionistas y que hace tiempo vienen consumiendo sus recursos contando con la palabra de Mejía, pasarían al enfrentamiento y se vería el mayor desconcierto en la contradictoria historia del partido blanco.

Nadie que prevea mínimamente puede ignorar que el continuismo se autoliquidó por el momento y que persistir en ello es multiplicar el desconcierto y el descrédito en uno de los momentos más difíciles del perredeísmo, y cuando ya no cuenta con un Peña Gómez para rescatarlo, como ocurrió a partir de 1990.

Sólo en medio de un gran desorden que nadie debe descartar, podría “obligarse” al presidente Mejía a contradecir su palabra y repostularse para “salvar el partido”. Pero el costo de tal hipotética situación multiplicaría el descrédito de los perredeístas y la desconfianza en su capacidad para dirigir el país. Nada los salvaría, porque un intento de manipulación electoral sólo serviría para generar un formidable frente anticontinuista.

En ese escenario el deterioro económico se multiplicaría hasta términos inimaginables, incentivado por la desconfianza en la gestión política y en la institucionalidad democrática, lo que, a su vez, abonaría el descontento y la oposición.

No hay manera de entender la persistencia en el camino continuista, en momentos en que el gobierno hace encomiable esfuerzo por enfrentar el deterioro de los últimos meses, al menos en los ingredientes nacionales que pueden ser controlados. Porque los exteriores siguen afectando y amenazando ominosamente al país.

Viendo el cuadro se puede concluir en que la política nacional sigue siendo rudimentaria y repetitiva. Tal vez los hipolitistas estén esperando despertar a la realidad tan tarde como lo hicieron los guzmancistas en 1981, quienes tras fracasar en los intentos continuistas apoyaron muy tarde a Majluta.

O perder más tiempo que los continuistas del pasado período gubernamental que consumieron tantos recursos y energías y se sumieron en el descrédito persiguiendo el imposible de restaurar la reelección presidencial.

   ¡Oh reelección cuanto tiempo, oportunidades y recursos se pierden en tu nombre!

Hoy por ti, mañana por mi

Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría perredeísta y reformista de la Cámara de Diputados decidió formalmente esta semana mantener la inmunidad parlamentaria al legislador Radhamés Ramos García, a quien la Suprema Corte de Justicia le sigue un proceso por tráfico ilegal de inmigrantes chinos, en una nueva demostración de desprecio al sentimiento nacional que reclama energía y transparencia frente a todo género de corrupción.

No es que afirmemos que Ramos García es culpable de los cargos que pesan en su contra, lo que corresponde a la justicia. El mismo ofreció indicios suficientes, por lo menos para que un juez de la Suprema Corte de Justicia dispusiera su procesamiento y es en esa instancia judicial donde debe decidirse su culpabilidad o inocencia, sin ningun género de obstáculo, mucho menos aprobado en una cámara legislativa.

Se trata del excónsul en Cabo Haitiano que hace algunas semanas declaró que “se ganó” un millón y medio de dólares, ejerciendo esas funciones en la paupérrima ciudad del norte de Haití. Cuando se le detuvo a mediados del año pasado estaba comprometido directamente en el ingreso al país de unos 14 ciudadanos chinos.

Vale recordar que él mismo gestionó la apertura del paso fronterizo de Dajabón para que los orientales pudieran ingresar al país en horario ya nocturno, cuando ni siquiera había funcionarios inmigratorios para atenderlos, a tal punto que se comprometió a llevarlos de regreso al día siguiente para cumplir los trámites. Lo contó con lujo de detalles en una entrevista que le hiciéramos en esos días en el telediario de Teleantillas.

Ramos García se involucró directa y doblemente en el ingreso irregular. Primero porque les emitió visas a ciudadanos chinos sin previa autorización de la cancillería dominicana, como está estipulado para todos los orientales.

Pero al margen de su culpabilidad o inocencia, la carta de inmunidad parlamentaria es abusiva y se inscribe dentro de los ajetreos políticos por defender cualquier género de tráfico al amparo de las funciones públicas en contradicción con la mayoría ciudadana que reclama transparencia y honestidad. Al punto que en la última encuesta Hamilton para HOY el 90 por ciento dijo que hay corrupción en el actual gobierno y poca disposición para combatirla.

Entre los alegatos que se esgrimieron para justificar la protección se cuenta el que Ramos García no era todavía diputado cuando ocurrieron el hecho que se le imputa, lo que, por el contrario, debería ser una razón adicional para no protegerlo con ese manto. Si hubiera respeto por la dignidad del legislador, él no habría sido juramentado en el cargo hasta que un tribunal decidiera.

Tanto los diputados como el Procurador General de la República han extendido el alcance del artículo 32 de la Constitución que prohibe el apresamiento de senadores y diputados “durante la legislatura” sin la autorización de la cámara a la que pertenezca.

Tal mandato no pretende proteger delincuentes, sino simplemente evitar que por razones políticas o interés cualquiera de las autoridades se obstruya la función legislativa encarcelando a uno o varios diputados o senadores. Es obvio que tal circunstancia no se da en el caso y que el mandato de prisión ha sido fundamentado por un juez de instrucción, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia.

Ramos García ha gozado de progtección desde el principio, pues se le extendió el alcance de ese mandato constitucional desde antes de ser legislador y cuando no había comenzado ni siquiera el período para el que resultó electo.

Asistimos al espectáculo de ver que un legislador procesado por cargos criminales de delincuencia común sale de la cárcel para ir a decidir en materias legales. Alguien debería elevar una instancia para que la Suprema Corte decida si el espíritu y la letra del artículo 32 de la Constitución alcanza para tanta desverguenza.

Cuánta pena produce que 77 de 89 diputados hayan sumado sus votos a esa chapucería legal y política, cuando deberían ser los más interesados en hacer respetar la dignidad del legislador.

Y entre esos estaba la mayoría perredeísta, más empeñada en tender un manto de protección a un compañero de partido, que en entender las señales políticas de que el país se está cansando de tanto tráfico y enriquecimiento a la carrera al través de las funciones públicas.

¡Cuánta falta de respeto a la nación y a los principios fundamentales de la gestión pública! Pero también cuánta escasez de talento político en momentos en que las encuestas indican que este país está aprendiendo el juego de la alternabilidad en el poder, tal vez como forma de sancionar el mandato electoral.

Una de las crónicas periodísticas de la sesión del miércoles donde los diputados se autoprotegieron indica que la representante Octavia Medina había fundamentado su voto en la vieja máxima popular de “hoy por ti, mañana por mi”, un argumento verdaderamente contundente.-

Una guerra derrotada antes de comenzar

Por Juan Bolívar Díaz

            Me cuento entre la minoría de optimistas que persisten en sostener que la guerra contra Irak, al menos en los términos en que está planteada, no se dará finalmente. Porque es tan absurda y sería tan costosa para toda la humanidad, que es simplemente imposible. La vocación de paz que ayer se expresó en 300 ciudades del mundo se impondrá, incluso en el pueblo norteamericano, cuyas reservas morales están despertando del letargo en que las sumieron los terribles actos terroristas del 11 de septiembre del 2001.

            A menos que ocurra un acontecimiento que cambie el curso de la opinión pública internacional, Estados Unidos y Gran Bretaña con algunos aliados circunstanciales no podrán enterrar a las Naciones Unidas y desafiar a la mayor parte del mundo para meterse en un pantano del que pueden salir terriblemente ensuciados, física y moralmente, aunque para los inconmensurables intereses petroleros la moral no exista.

           Este viernes 14 dos tercios del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas volvieron a demostrar que el podería indiscutible de los Estados Unidos no es suficiente para llevarlos a dar su aprobación a una guerra preventiva que podría culminar en un inmenso holocausto humano.

            A lo largo de la semana la Organización del Atlántico Norte, la alianza militar liderada por Estados Unidos, no pudo lograr consenso para comenzar preparativos preventivos de la guerra. Afortunadamente Francia, Alemania y Bélgica, miembros de la entidad, como Rusia y China, han endurecido su resistencia a la aventura militar.

            Mientras los escasos gobiernos partidarios del guerrerismo se enfrentan a una tremenda orfandad de respaldo popular, hasta el punto de la soledad en que se encuentran gobernantes como el español José María Aznar, quien no ha podido convencer a nadie de las razones por las que una nación tan herida de guerras puede dar paso a esa aventura.

            Los partidos españoles, a excepción del de Aznar, están a favor de la paz, al igual que la casi totalidad de la opinión pública. Y no es para menos, entre las 300 ciudades del mundo donde ayer se producían manifestaciones por la paz, 54 eran de España.

            Lo mismo ha venido ocurriendo con el pueblo británico, dejando casi solo a Tony Blair en su esfuerzo por respaldar a su colega George Bush, pese a que las encuestas muestran que los ingleses como los europeos en general rechazan esa guerra en una proporción tan impresionante como el 80 por ciento, según una reciente de Gallup.

            También en los Estados Unidos crece el sentimiento pacifista, que ha concentrado a cientos de miles de personas en Washington, Nueva York, San Francisco y otras urbes. Y alrededor de la mitad de los norteamericanos se cuentan entre quienes consideran que no hay razones suficientes para desatar el pandemonium de la guerra, que de antemano se sabe que cobrará cientos de miles de víctimas, en su mayoría inocentes, tan solo en Irak.

            Pese a la prepotencia política que explota el sentimiento nacional y el complejo de superioridad, que cuenta hoy con un respaldo pocas veces visto hasta en muchos medios de comunicación de “tradición liberal”, el pueblo norteamericano seguirá reaccionando y sumándose a la corriente universal que se niega a aceptar esta guerra preventiva que enterraría definitivamente todo el sistema de valores y principios en que se fundan las Naciones Unidas y las relaciones internacionales.

            Porque hay que repetirlo, si Estados Unidos y Gran Bretaña se lanzan a esa guerra en el actual contexto internacional, darían al traste con más de dos siglos de esfuerzos para crear el código universal de los derechos humanos y sociales en que se fundamentan las relaciones entre los pueblos y las personas.

            Buena parte del mundo ya hace rato que está pagando el costo económico de una guerra que todavía no ha comenzado. Esta semana el petróleo que compramos en la región llegó a cotizarse sobre los 36 dólares el barril, en una tendencia que afianza los vaticinios de que podría llegar a los 80 dólares si la confrontación finalmente se desata.

            Y lo que más indigna a los seres sensibles del mundo es saber que esa ofensiva carece del más elemental fundamento o principio que no sea el interés de las grandes empresas petroleras norteamericanas, británicas y holandesas por apropiarse de los 112 mil millones de barriles de petróleo en que se estiman las reservas de Irak, como quedó evidenciado en un informe del Foro de Politícia Global, divulgado en estos días por Europa Press.

            Se documenta que mientras los norteamericanos y británicos se empeñaron en mantener aislado al gobierno de Saddan Hussein en los últimos 13 años, empresas petroleras francesas, rusas y chinas lograron posesionarse contratando exploración y explotación de hidrocarburos en condiciones ventajosas para la competencia internacional.

            No, digamos no. Esa guerra no puede estallar. Nadie duda que Estados Unidos tiene capacidad para imponerse, pero las interrogantes del costo espantan. Como escribió el español Antonio Caballero de ella saldría “un mundo fragmentado, hostil, de todos contra todos, peligroso para cualquiera, y duramente golpeado en términos económicos, en todas partes. Y eso no es ganar una guerra”. –

 

El costo de la guerra contra Irak

Por Juan Bolívar Díaz

            Cualquiera que sea el tiempo de duración de la guerra que Estados Unidos y Gran Bretaña quieren desatar contra Irak tendría un costo inconmensurable para todos, aunque muy especialmente para el pueblo iraquí, integrado por unos 25 millones de seres humanos, los cuales tendrían que pagar demasiado en bienes y vidas “para ser liberados del dictador Saddan Hussein”.

            Hay quienes quieren acallar sus conciencias aceptando la excusa de que la guerra que se pregona como si fuera una feria mundial será corta y rápida y hasta de bajo costo, pensando en la del 1991 que duro 5 semanas. Pero sin calcular las diferencias abismales entre aquella que fue más que nada contra posiciones militares para obligar al repliegue de un ejército que ocupaba Kwait.

            Tan pronto se consiguió la retirada del ejército iraquí, la guerra concluyó y todavía hay quienes cuestionan por qué el presidente George Bush (padre) no prosiguio hacia Bagdad para ocupar la capital iraquí y poner fin al gobierno de Hussein.

            Es que hay una diferencia enorme entre aquella guerra y la que se preconiza en estos momentos. Ahora se trataría de una guerra de ocupación para desplazar un gobierno con un ejército de más un millón de personas y para construir y mantener otro, sobre bases políticas muy frágiles, en una región tan conflictiva como el Medio Oriente y en el corazón mismo del mundo árabe y musulmán, con todos los odios y prejuicios acumulados contra quienes serían sus ocupantes.

            Se trata de ocupar un país de más de 435 mil kilómetros cuadrados, nueve veces la extensión de la República Dominicana, y con una población estimada sobre los 25 millones de habitantes, tres veces la dominicana. Su histórica capital Bagdad es una cuidad de más de 5 millones de habitantes, depositaria como sus alrededores de tesoros históricos, parte de los cuales ya fueron destruídos por los bombardeos inmisericordes que le afectan desde hace 12 años.

            Cuando con sentido pragmático preguntamos en qué medida esa guerra hundirá la economía de los países que importan todo el petróleo que requieren y más aún si afecta la seguridad internacional y en consecuencia el turismo, se nos responde que será una guerra corta. Algo planificado para una destrucción contundente que allanará rápidamente el camino de la infantería de ocupación.

            Se está engañando al mundo. No habrá guerra de ocupación corta ni fácil en Irak. Considérese que la guerra contra Afganistán duró varios meses y 14 meses después todavía los marines no han podido abandonar aquel territorio, donde tienen que cuidar hasta las espaldas de los mandatarios instalados. Y aquello puede ser un rolin al pitcher en relación a Irak.

            Solo una masiva deserción del ejército de Hussein podría “abaratar” los costos de esta guerra. Y nadie lo vaticina tan simple, tomando en cuenta la acumulación de odios contra los que llevan 144 meses bombardeando el territorio iraquí, cobrando miles de víctimas inocentes en la población civil, consecuencia directa de la violencia y de sus secuelas en destrucción y miseria.

            Más allá de los decenas de miles de soldados iraquíes, que también deberían ser considerados víctimas de Hussein, ¿cuántos habitantes de Bagdad, Basora y otras ciudades tendrán que morir en los bombardeos que abrirán campo a la ocupación territorial y en a batalla terrestre en una ciudad de millares de altas edificaciones?

            Dos son los motivos fundamentales que se aducen en el inútil esfuerzo por justificar esta guerra. El primero es que el régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Para ello las Naciones Unidas han mantenido durante el último mes una misión de expertos registrando todas las instalaciones que han querido, y todavía no han encontrado esas armas peligrosas, que por cierto poseen sin ninguna duda todos los integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

            Los organismos internacionales involucrados, como la Agencia Internacional de Energía Atómica, han reclamado de Estados Unidos y Gran Bretaña que ofrezcan los informes de inteligencia en que se basan sus presunciones, pero nada se concreta. No ayudan a encontrar las armas de destrucción masiva, pero en cambio siguen acumulando tropas en la región y preparando la destrucción.

            El segundo pretexto es que debe liberarse al pueblo iraquí del criminal dictador que es Hussein. Y entonces surge una pregunta obligada. ¿Liberarán posteriormente a los pueblos de Araba Saudita, Irán, Turquía, y de casi todos los países árabes, de las dictaduras, militares o monárquicas que les oprimen? La turca con gran apoyo norteamericano ha cobrado la vida de cientos de miles de kurdos, al igual que Saddan Hussein.

            Si se fuera a deponer a todos los dictadores del mundo, habría que desatar algo más que una guerra de civilizaciones o una cruzada religiosa que arrasaría casi toda Asia y Africa.

            Por más vueltas que se de a esta guerra que nos amenaza, no hay manera de justificarla ni lavarse las manos. Sería una catástrofe para todos, probablemente incluídos Estados Unidos y Gran Bretaña. Sembraría inseguridad en el mundo por mucho tiempo, más del que duraría la ocupación, que probablemente sólo se saldaría cuando esté bien asegurada la enorme riqueza petrolífera de Irak, cifrada en unos 115 mil millones de barriles de petróleo.-