Por Juan Bolívar Díaz
En este año en que los dominicanos y dominicanas deberían estar celebrando, por primera vez en su historia, 25 años continuos de ejercicio democrático, afloran serias incertidumbres de cara a las próximas elecciones presidenciales programadas para mayo del 2004 en medio de crecientes dificultades económicas y sociales.
Una profunda crisis financiera que ha congelado una década de firme crecimiento económico, generando una gran desestabilidad, y la reaparición del empeño continuista de funestas consecuencias en la historia nacional y latinoamericana, configuran un panorama preocupante sobre el curso inmediato de la nación.
La crisis está acompañada de un profundo desencanto en el sistema de partidos que se han igualado en la corrupción, el clientelismo y el rentismo y especialmente en la desinstitucionalización del mayor de ellos, el gobernante Revolucionario Dominicano (PRD), a su vez la más antigua y arraigada organización política nacional.
Desestabilidad macroeconómica
Después de un borrascoso período 1986-90 en que el peso dominicano se devaluó en casi 400 por ciento y el continuismo balaguerista tambaleó la democracia dominicana, se inició en la República Dominicana un período de reformas económicas, sociales políticas
alentadas por la cooperación internacional.
Devino así un período de crecimiento económico sostenido hasta el 2002, con tasas de hasta 8 por ciento anual, alentado por el incremento del turismo y las exportaciones de zonas francas, en medio de un florecimiento de la economía internacional, especialmente de los Estados Unidos y las naciones europeas.
Sin embargo, a partir del 1999 con un despropoprcionado incremento del precio del petróleo que lo ha llevado desde entonces hasta sobre 30 dólares el barril, recesión en Asia y Europa y desaceleración económica en Estados Unidos, la economía dominicana comenzó a desestabilizarse.
La situación se complicó notablemente a partir de la ofensiva terrorista del 2001 que repercutió sobre el turismo y las zonas francas. En el caso dominicano el turismo decreció por primera vez en dos décadas. El Fondo Monetario Internacional estimó que la República Dominicana perdió 2 mil 300 millones de dólares a consecuencia del shock económico externo en el período 2000-02.
La reducción del crecimiento, exceso de gasto público, endeudamiento y déficits quedaron de manifiesto al final del gobierno del presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía pudo controlar en su primer año, pero que desbordó a partir del 2002, al gastar desproporcionadamente con claro interés electoral, por los comicios congresionales de mayo del 2002, cuando ganó en 29 de las 32 provincias.
El gobierno apeló excesivamente al endeudamiento externo e interno, mientras seguía rindiendo culto al clientelismo con incremento del empleo y el gasto público, poniendo presión sobre la tasa cambiaria, que de 15.50 pesos por dólar en el 2000, había pasado a 17.50 para septiembre del 2002, empezando entonces una escalada que la llevó sobre los 32 pesos por dólar prevalecientes un año después, con incremento de casi 100 por ciento.
Esa tasa de devaluación ha desatado un proceso inflacionario cercano al 40 por ciento en el mismo período, degradando abruptamente el nivel de ingreso y de vida de las mayorías, especialmente de los asalariados y las clases medias, y repercutiendo en agudización de la pobreza que afecta a la mitad de la población.
Descomunal quiebra bancaria
El shock económico internacional y el excesivo gasto gubernamental fueron sin duda generadores de inestabilidad y pudieron ser responsables de que el peso llegara al 20 por uno al final del 2002. Ya influía sobre la situación la desestabilización del Banco Intercontinental (BANINTER) al que el Banco Central tuvo que entregar 8 mil millones de pesos entre septiembre y marzo del 2003, en vano intento por evitar su derrumbe.
La quiebra de esa institución financiera, a finales de marzo, con un déficit de 56 mil millones de pesos, fue la hecatombe para la economía dominicana. Mucho peor, cuando el gobierno temiendo que la mismo pudiera arrastrar al resto del sistema financiero, tomó la cuestionada decisión de garantizar la totalidad de los depósitos de los ahorrantes, incluyendo los efectuados en apartados extraterritoriales (bancos offshore).
De esa forma, la deuda privada de los ejecutivos del BANINTER, con miles de ahorrantes, pasó a ser una deuda pública a pagar por los y las contribuyentes dominicanos, llevando al Banco Central a una emisión monetaria superior a los 20 mil millones de pesos y de certificados de depósitos por una sunma similar. Al tiempo que se desataba una incertidumbre que generó una huida de capitales, responsable de que el peso se desvalorizara hasta el 37 por uno, como ocurrió en junio y julio.
Para entender la magnitud de la deuda de BANINTER asumida, hay que advertir que equivale a dos terceras partes del presupuesto de gastos del gobierno dominicano para el año en curso. La crisis arrastraría a mediados del año otras dos entidades financieras; el Banco Nacional de Crédito, al que el Estado le asumiría deudas por 15 mil millones de pesos, y al Banco Mercantil, por 6 mil millones.
Las deudas bancarias asumidas por el Estado totalizan por lo menos 77 mil millones de pesos, equivalentes a más del 90 por ciento del presupuesto nacional del 2003 y superiores a las recaudaciones fiscales del período.
Irónicamente este descalabro ha ocurrido cuando el turismo empezó una vigorosa recuperación, justo desde septiembre del 2002, superior al 20 por ciento. También han crecido las exportaciones de zona franca y hasta las tradicionales, lo que junto al mantenimiento de las remesas de los residentes en el exterior, configuran un cuadro que es definido como de “sanos indicadores externos”.
Consecuencia del descalabro, el gobierno no ha tenido más alternativa que acudir a un acuerdo con el Fondo Monterario Internacional para contener el deterioro, pero imponiéndose un programa de reducción del gasto, llamado a incrementar la pobreza y las precariedades. Se estima que la nación precisará de esfuerzos sostenidos por varios años para superar completamente el daño a su estabilidad macroeconómica.
Desgaste acelerado del gobierno
En medio de tal panorama el gobierno no ha podido contener un desgaste acelerado que ha disminuido las posibilidades electorales del PRD. Cuatro encuestas de las reconocidas firmas Hamilton, Penn & Schoen y Gallup han reducido a la tercera parte la aceptación del gobierno y relegado al partido oficial a un segundo y hasta a un tercer lugar (en la última de Gallup Dominicana para la revista Rumbo) en las preferencias del electorado.
Ese desgaste del mayor partido dominicano, que ganó los comicios presidenciales del 2000 en primera vuelta con el 49.85 por ciento del sufragio, no ha estado motivado tan sólo en la crisis económica, sino también en la corrupción y los desaciertos políticos, particularmente en las incoherencias y luchas internas que lo sacuden.
Las encuestas muestran que tres cuartas partes de la población estima que hay mucha corrupción en el gobierno y poca voluntad de combatirla, mucho más degradante por cuanto el propósito de reducirla fue parte del discurso fundamental del PRD frente a los gobiernos de Balaguer y de Leonel Fernández.
Si algo ha consternado a los sectores pensantes de la nación ha sido el nivel de corrupción implícito en la quiebra del Baninter, que ejemplifica la interrelación del sector privado con el público en la descomposición y desinstitucionalización. Las autoridades han evadido hacer transparente por completo el destino del dinero de los ahorrantes. Pero ha habido suficiente información de que una gran parte fue a parar a las cuentas y empresas de los propios banqueros, algunas de las cuales han sido intervenidas.
Pero también ha habido suficiente información de que con con parte de ese dinero se sobornó y compró la complicidad, el silencio o la indiferencia de gobernantes, funcionarios, legisladores, y líderes de todos los sectores, incluyendo a religiosos, sindicales, de la comunicación social y del empresariado.
En el curso del proceso se ha deteriorado aceleradamente la imagen del presidente Hipólito Mejía, cada vez más empeñado en un discurso de corte autoritario y agresivo, descalificador de todos los disidentes, incluso de su propio partido, y excluyente al grado máximo, que lo ha llevado a peleas con el liderazgo empresarial, religioso, civil y de los medios de comunicación.
Al igual que ocurrió durante sus dos gobiernos del período 1978-86, los perredeístas se han fraccionado y mantenido feroces luchas grupales por el control del partido, dedicando gran parte de sus energías y recursos, propios y del Estado, a destruirse o reducirse políticamente, lo que se revierte en incoherencia e ineficiencia gubernamental.
Absurdo intento continuista
Pese a unas perspectivas tan desalentadoras el presidente Mejía decidió lanzarse a la búsqueda de un nuevo período de gobierno en los comicios programados para mayo del 2004, lo que de inmediato ha sacudido al PRD que desde su fundación en La Habana en 1939 durante el exilio antitrujillista había tenido la no reelección como parte de sus principios básicos.
Las encuestas y las percepciones de los analistas políticos indican que Mejía tiene escasas posibilidades de lograr la reelección dentro de 8 meses. Incluso la última investigación de Gallup indicó que la mayoría de los mismos perredeístas consideran que el mandatario debe revocar su proyecto continuista.
En vez de ello, Hipólito Mejía sostiene un acalorado enfrentamiento con otros 7 precandidatos de su partido, unidos en un bloque de rechazo a la reelección presidencial. La confrontación cumple casi seis meses sin que el PRD logre reunir sus organismos para iniciar el proceso para la elección del candidato.
La aspiración de Mejía ha tenido mayor rechazo, dentro y fuera de su partido, por el hecho de que durante más de dos años dijo unas 46 veces que de ninguna forma buscaría la reelección, aunque sus partidarios agrupados en el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) removieron los simientos democráticos para imponer una reforma constitucional limitada al restablecimiento de la reelección presidencial que había sido prohibida tras el último gfraude electoral de Balaguer en 1994 que impidió a José Francisco Peña Gómez llegar al poder.
Con absoluta hegemonía del poder, el PPH ha sustituído al PRD, imponiendo sus decisiones en múltiples ámbitos, sin que los organismos partidarios pudieran reunirse para deliberar o trazar cursos de acción política, lo que ha sumido esa organización en lo que podría ser su peor crisis. Muchos creen difícil que pueda mantenerse unida a menos que el presidente Mejía retire su aspiración.
El Partido Reformista Social Cristiano también atravieza por una profunda división después de la votación primaria que el 30 de junio escogió al ingeniero Eduardo Estrella como candidato, por estrecho margen de 52 contra 48 por ciento de su contrincante el exvicepresidente Jacinto Peynado, quien denunció fraude.
Al igual que el PRD sin Peña Gómez, el reformismo sin Balaguer carece de una fuerza centrífuga que lo mantenga unido y coherente lo que causa preocupación sobre el futuro de la democracia dominicana, aunque el PLD ha logrado elegir su candidato presidencial, Leonel Fernández, sin la menor dificultad y se configura como el partido a vencer.
La crisis económica, la corrupción y un salvaje realismo político que degrada los programas y las palabras de los líderes políticos, empiezan a minar las ilusiones de los dominicanos y dominicanas, según estimados de los analistas socio-políticos.
Se teme que en el intento de lograr su continuidad en el poder, el grupo del presidente Mejía pudiera apelar a los mecanismos extrademocráticos que han caracterizado el reeleccionismo desde Ulises Hereaux y Horacio Vásquez, hasta Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Por de pronto ya dos altos jefes militares han vuelto a formular pronunciamientos partidarios, al estilo de los balagueristas de los años sesenta y setenta.
La última reelección en 1994 sumió al país en una profunda crisis política que lo mantuvo en ascuas durante tres meses, hasta que se pactó un acortamiento del período y reformas constitucionales que incluyeron la prohibición de la reelección.
Tras ello se celebraron dos elecciones presidenciales libres, en 1996 y el 2000, e igual número de comicios congresionales y municipales, en 1998 y 2002, sin mayores cuestionamientos.
Ahora, en los finales del 2002, el fantasma del continuismo de que se impregnan los hombres que ascienden al poder en esta isla, amenaza de nuevo la democracia dominicana, ahora inducido por el mismo partido que hace 25 años inició un salto importante hacia la institucionalidad democrática.-