La cara oculta de J.F. Kennedy

     Por Juan Bolívar Díaz

            Si hay un libro que los estudiosos de la política y el comportamiento humano deben leer es “La cara oculta de J. F. Kennedy, escrito por el reconocido periodista norteamericano Seymour M. Hersh, publicado originalmente en inglés en 1997 y en español al año siguiente por la Editorial Planeta de Barcelona, España.

            Se han escrito tantos libros sobre el Presidente Kennedy que este me pudo pasar desapercibido durante cinco años. Creo estar seguro de haberlo visto más de una vez en librerías, pero no llegó a mis manos hasta noviembre, como regalo de cumpleaños que he agradecido muchísimo.

            Se trata de una obra de absoluta seriedad que conllevó cinco años de investigación y más de mil entrevistas, en la que cada afirmación está sostenida, ya en testimonios de actores y participantes de los hechos que relata, como en la documentación oficial, gran parte de la cual permaneció bajo restricción durante más de un cuarto de siglo. El libro de Hersh tiene el mérito adicional de que revela importantes documentos.

        Este es un libro dramático por cuanto destroza el mito construido en torno a los hermanos John y Robert Kennedy, alimentado sin duda por la circunstancia de que ambos fueron víctimas de asesinatos. El primero cuando aún le quedaba más de un año de mandato y se abocaba a la búsqueda de la reelección, y el segundo en plena campaña electoral de 1968.

            Durante todos estos años una de las más abundantes bibliografías sobre un político contemporáneo nos había vendido a un personaje paradigmático, modelo del nuevo estadista de la democracia más fuerte del mundo, resumen de la honestidad y el éxito y portador de nuevas formas de concebir y realizar la política.

            Seymour Hersh destroza el mito Kennedy desde los orígenes de la fortuna del tronco familiar, Joe Kennedy, como contrabandista de licores en la época de la prohibición, traficante de influencia cuando embajador en Gran Bretaña, y asociado a la mafia de Chicago en numerosos negocios y hasta en las campañas para llevar al poder a John Fitzdgerald.

            El libro sustenta que Kennedy ganó las primarias del Partido Demócrata y luego la presidencia, recurriendo a todas las malas artes conocidas en la política tradicional. Desde el gasto descomunal de dinero no siempre bien habido, hasta la compra de voluntad de autoridades de distritos electorales y mal conteo de resultados, hasta la ayuda decisiva de Sam Giancana y sus mafiosos en el determinante estado de Chicago.

            Ya en el poder nos presenta a un presidente que se asocia a la mafia para tratar a toda costa de asesinar al presidente cubano Fidel Castro, sin más razón que quitarse de encima el estigma de indeciso que dejó su actuación cuando la locura de la invasión por Bahía de Cochinos de exiliados cubanos patrocinados por Estados Unidos que culminó en un espectacular fracaso.

            También nos encontramos con un presidente que inicia la escalada intervencionista en Vietnam con 16 mil soldados, y que llega a patrocinar el derrocamiento y asesinato del presidente sudvietnamita Ngo Dinh Diem, apenas 20 días antes de el ser víctima también de asesinato.

            Seymour sostiene que aquella intervención que costaría la vida a 58 mil estadounidenses y a varios millones de vietnamitas y camboyanos de todas las posiciones políticas hasta inocentes, ignorantes e indefensos pobladores, fue determinada en gran parte por el temor de John Kennedy de que si Vietnam del Sur caía bajo el comunismo él no podría lograr la reelección en los comicios que habrían de celebrarse un año después de su muerte.

            Hasta el papel de Kennedy en la crisis de los cohetes que a finales de 1961 puso al mundo al borde de la catástrofe nuclear queda deslucido en este libro terrible, por cuanto indica que el triunfo que se le atribuyó al mandatario de Estados Unidos correspondió en la práctica a Nikita Kruschov, quien logró no solo el compromiso norteamericano de no invadir a Cuba, sino también el retiro de cohetes nucleares de Turquía que la Unión Soviética consideraba amenazantes a su seguridad.

            La vida privada de Kennedy tampoco queda bien parada en estas 516 páginas, pues se nos presenta a un hombre “enfermo sexual” que no tenía contemplación para marcharle a cuanta mujer hermosa le pasaba por el lado y que llegó a convertir la piscina de la Casa Blanca en un lugar de orgías sexuales.

            Pero lo fundamental es que se nos muestra la dureza de la política aún en la mayor democracia mundial, y la recurrencia humana al fraude, a la trampa y al abuso del poder como forma de imposición y de hacer predominar partidos e intereses.

            Recomiendo la lectura de este libro a quienes creen que la recurrencia a las marrullerías políticas es monopolio de los “países atrasados” como la República Dominicana, a quien muchos consideran caso perdido cada vez que alguien pretende volver al fraude y el arrebato.

            Es cuestión de naturaleza humana que hay que combatir con la certeza de que nunca quedará del todo superada y que al menor descuido reaparecerá.-

Los 25 años de la democracia española

Por Juan Bolívar Díaz

            MADRID.- Un examen acucioso de la España del 2003 que celebra el 25 aniversario de la promulgación de su constitución democrática arroja crecimiento de la crispación política, del conservadurismo y la censura a la comunicación, con la conocida persistencia en proyectos separatistas y uso del terrorismo, además de fuertes expresiones de la corrupción en los ámbitos públicos y privados.

            Sin embargo, por encima de los lastres culturales y pese a los últimos años de crisis en las expresiones ideológico-políticas, es más que obvio para el más elemental observador que el balance de este cuarto de siglo de democracia española es altamente positivo.

            En el origen de la fundación democrática resalta la capacidad que demostraron los líderes españoles para conciliar y transar, y a la vez para establecer bases firmes sobre las cuales se ha sustentado la modernización del Estado, profundas reformas institucionales y sociales que situaron a España entre las naciones más avanzadas del mundo.

            Llegar a Madrid en estos días es llenarse de nostalgia, recordando los cantautores de la libertad, desde Raimon, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Luis Llach y Paco Ibáñez, hasta Luis Eduardo Aute, Patxi Andion, y José Antonio Labordeta. Fueron sembradores de libertad a través de la comunicación artística, cuando casi todos los caminos aparecían cerrados.

            Pero es imposible recordar los asombrosos cambios españoles de estos 25 años sin ponderar el realismo y la visión de estado con que los grandes líderes del momento afrontaron la transición a la democracia tras la muerte del caudillo Francisco Franco hace 28 años.

            El Rey Juan Carlos y su primer presidente Adolfo Suárez, herederos del poder franquista, y los líderes de la izquierda socialista y comunista, Felipe González y Santiago Carrillo, dividieron diferencias históricas para dar el salto a la democracia, unos aceptando un régimen monárquico puramente representativo y arbitral y los otros comprendiendo que en la Europa de finales del siglo veinte era imposible mantener la proscripción de las ideas y las organizaciones políticas y sindicales.

            El protagonismo del Rey Juan Carlos y la audacia del presidente Suárez escribieron páginas reivindicativas del honor y la transacción política. Y, al igual que comunistas y socialistas, asimilaron las terribles lecciones históricas de la guerra civil (1936-39) para no reeditar el sectarismo, la exclusión y la violencia que inundaron a España de Sangre y luego la saturaron de represión, manteniéndola por varias décadas en el ostracismo de la modernización europea.

            Oto crédito que hay que darle a la generación de líderes españoles de la nueva democracia es que han tenido capacidad y resignación para interpretar los signos de los tiempos y retirarse a tiempo del poder y de la dirección de sus partidos. Lo hicieron Suárez, Carrillo y Felipe, y José María Aznar, en plena juventud y con posibilidades reales de prolongación, ya ha anunciado su partida para el próximo año.

            La constitución pactada hace 25 años abrió las puertas al reconocimiento de la diversidad española, instituyendo los conceptos de nacionalidades y regiones, que si bien no acaban de saldar radicalismos separatistas, han operado como válvulas de conciliación y convivencia, manteniendo la integridad del Estado español. Tras las cuatro autonomías fundamentales, las de Euskadi (País Vasco), Cataluña, Galicia y Andalucía, siguieron otras 13 que han contribuido a una gran descentralización, en la que el gobierno central vio reducido del 78 al 55 por ciento la proporción del presupuesto que maneja. Ahora un 32 por ciento corresponde a los regímenes autónomos y el 13 por ciento restante a los ayuntamientos.

            Con el poder de la Iglesia Católica hubo también soluciones pragmáticas. Sigue siendo reconocida constitucionalmente con privilegios. Pero en la práctica los poderes estatales son los determinantes y nada pudo contener la pluralidad educativa, y hasta la institución del divorcio, la planificación familiar y algunos géneros de aborto.

            En términos económicos sociales el progreso español no está en discusión. Esta nación recogió a sus emigrantes por toda Europa y otras partes del mundo y se ha convertido en receptora de mano de obra. Los estimados del Instituto Nacional de Estadísticas señalan que en el 2003 la población suma 42.6 millones, de los cuales 2.5 son inmigrantes, equivalentes a un 6 por ciento.

            Los indicadores del progreso económico social son visibles para cualquiera que haya seguido la evolución. España ya no es la cenicienta de Europa, a la que está integrada plenamente.

            Y aunque parezca traído por los cabellos, el sonado compromiso del Príncipe Felipe con la periodista Leticia Ortiz, no deja de ser un indicador de los cambios y adecuaciones que ejecuta esta nación y su régimen de transacciones. Joven moderna de clase media, trabajadora de la comunicación, divorciada, hija de madre sindicalista y cuyo padre convive con una compañera con la cual espera contraer matrimonio.

            Con razón algunos miembros de la nobleza no salen de su asombro ante lo que algunos han considerado como un nuevo cuento de hadas. Lo que no es un cuento es que España dio el salto definitivo hacia el desarrollo y la institucionalidad democrática durante este último cuarto de siglo.-

Diez años de Participación Ciudadana

Por Juan Bolívar Díaz

            Al conmemorarse este 31 de octubre el décimo aniversario de Participación Ciudadana conviene pasar revista al planteamiento de “Reformas para una sociedad democrática y participativa”, fruto de las reflexiones, encuentros y talleres que precedieron la fundación de este movimiento cívico-no partidista. Allí se puede comprobar cuánto ha avanzado la sociedad dominicana en esta última década, contrario a la percepción de los pesimistas y derrotistas.

            Es cierto que también hay muchas cosas pendientes de realizar y otras a medias, sin que faltare algún logro –como la prohibición de la reelección presidencial- que haya sido revocado. Hay también demasiado lacras, putrefacciones y limitaciones que extirpar para que podamos alcanzar siquiera medianamente el estadio de civilización, institucionalización y democratización que la mayoría soñamos. Incluyendo una dosis considerable de justicia social.

            Pero para esta tareas tenemos todos los años por delante y ojalá la encuentren bien avanzadas las primeras generaciones de este siglo. Sólo con plena conciencia de nuestras limitaciones de tiempo y espacios podremos seguir contribuyendo al mejoramiento social, manteniendo nuestras propias energías para ser capaces de movilizar las de los demás. Pues con discursos pesimistas no se reproducen ni los sueños ni las realizaciones.

            En el aludido documento se plantearon 24 reformas, de las cuales diez se han realizado y una fue revocada, mientras muchas de las otras 14 han sido objeto de profundas discusiones, algunas están en camino de realización, como la revisión de las leyes orgánicas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y las reformas para garantizar la autonomía de la Contraloría General de la República y la Cámara de Cuentas a fin de que puedan prevenir y perseguir la corrupción administrativa.

            Veamos a continuación los objetivos programáticos logrados:

            1.-Elecciones presidenciales separadas de las congresuionales y municipales.

2.- Institución de la segunda vuelta electoral para la elección presidencial con más del 50 por ciento de los votos.

3.- Reforma del sistema de elección de los legisladores para afianzar la representación.

4.- Prohibición la reelección presidencial consecutiva.

5.- Crear el Poder Municipal con mecanismos que aseguren la participación popular y su real autonomía.

            6.- Instituir el Consejo Nacional de la Magistratura y la carrera judicial como forma de garantizar la independencia y autonomía funcional del Poder Judicial.

            7.- Garantizar el ejercicio del voto a los dominicanos residentes en el exterior.

            8.- Establecer la posibildiad de la doble nacionalidad.

            9.- Crear mecanismos que aseguren a todos los ciudadanos y ciudadanas el disfrute de una auténtica seguridad social.

            10.- Modificación y actualización de los códigos Penal, Civil, Comercial y de Procedimiento.

            Participación Ciudadana fue el resultado del proceso de reflexión de un grupo de ciudadanos y ciudadanos tras el fraude electoral y la crisis económico-social de 1990. El primer objetivo era lograr elecciones democráticas. Y eso se ha conseguido ampliamente a partir de 1996, tras el trauma de 1994.

            No pretendemos que hemos llegado a la perfección en ningún aspecto. Persisten y persistirán por mucho tiempo tendencias al fraude que parecen debilidades inexorables de la condición humana. Pero decenas de miles de personas de todas las edades han participado en los talleres de Participación Ciudadana para el ejercicio democrático y la participación.

            Hemos cumplido jornadas de lucha esplendorosas que culminaron en éxitos reconocidos. No solamente en la observación electoral y el conteo rápido de las votaciones, sino también en la reforma judicial y la elección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Y en otras que todavía no fructifican como la lucha por la prevención y sanción de la corrupción, y la asamblea constituyente para las reformas constitucionales.

            Los que fundamos Participación Ciudadana y hemos dado a la sociedad miles de horas de trabajo voluntario, tenemos que sentir satisfacción por estos primeros diez años. Sobre todo al recordar las suspicacias con que muchos nos veían; nos daban meses de existencia y nos vaticianaban burlonamente que nos convertiríamos en partido para pastularnos a cargos electivos.

            Hemos demostrado que se puede trabajar por tiempo indefinido sin esperar recompensas, cargos ni privilegios. Manteniendo en alto los sueños de justicia social y participación democrática. Y eso hay que proclamarlo y celebrarlo con alegría.-

Interrogantes sobre la estabilidad dominicana

Por Juan Bolívar Díaz

            En este año en que los dominicanos y dominicanas deberían estar celebrando, por primera vez en su historia, 25 años continuos de ejercicio democrático, afloran serias incertidumbres de cara a las próximas elecciones presidenciales programadas para mayo del 2004 en medio de crecientes dificultades económicas y sociales.

            Una profunda crisis financiera que ha congelado una década de firme crecimiento económico, generando una gran desestabilidad, y la reaparición del empeño continuista de funestas consecuencias en la historia nacional y latinoamericana, configuran un panorama preocupante sobre el curso inmediato de la nación.

            La crisis está acompañada de un profundo desencanto en el sistema de partidos que se han igualado en la corrupción, el clientelismo y el rentismo y especialmente en la desinstitucionalización del mayor de ellos, el gobernante Revolucionario Dominicano (PRD), a su vez la más antigua y arraigada organización política nacional.

Desestabilidad macroeconómica

            Después de un borrascoso período 1986-90 en que el peso dominicano se devaluó en casi 400 por ciento y el continuismo balaguerista tambaleó la democracia dominicana, se inició en la República Dominicana un período de reformas económicas, sociales políticas

alentadas por la cooperación internacional.

            Devino así un período de crecimiento económico sostenido hasta el 2002, con tasas de hasta 8 por ciento anual, alentado por el incremento del turismo y las exportaciones de zonas francas, en medio de un florecimiento de la economía internacional, especialmente de los Estados Unidos y las naciones europeas.

            Sin embargo, a partir del 1999 con un despropoprcionado incremento del precio del petróleo que lo ha llevado desde entonces hasta sobre 30 dólares el barril, recesión en Asia y Europa y desaceleración económica en Estados Unidos, la economía dominicana comenzó a desestabilizarse.

            La situación se complicó notablemente a partir de la ofensiva terrorista del 2001 que repercutió sobre el turismo y las zonas francas. En el caso dominicano el turismo decreció por primera vez en dos décadas. El Fondo Monetario Internacional estimó que la República Dominicana perdió 2 mil 300 millones de dólares a consecuencia del shock económico externo en el período 2000-02.

            La reducción del crecimiento, exceso de gasto público, endeudamiento y déficits quedaron de manifiesto al final del gobierno del presidente Leonel Fernández, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que el gobierno perredeísta de Hipólito Mejía pudo controlar en su primer año, pero que desbordó a partir del 2002, al gastar desproporcionadamente con claro interés electoral, por los comicios congresionales de mayo del 2002, cuando ganó en 29 de las 32 provincias.

            El gobierno apeló excesivamente al endeudamiento externo e interno, mientras seguía rindiendo culto al clientelismo con incremento del empleo y el gasto público, poniendo presión sobre la tasa cambiaria, que de 15.50 pesos por dólar en el 2000, había pasado a 17.50 para septiembre del 2002, empezando entonces una escalada que la llevó sobre los 32 pesos por dólar prevalecientes un año después, con incremento de casi 100 por ciento.

            Esa tasa de devaluación ha desatado un proceso inflacionario cercano al 40 por ciento en el mismo período, degradando abruptamente el nivel de ingreso y de vida de las mayorías, especialmente de los asalariados y las clases medias, y repercutiendo en agudización de la pobreza que afecta a la mitad de la población.

Descomunal quiebra bancaria

            El shock económico internacional y el excesivo gasto gubernamental fueron sin duda generadores de inestabilidad y pudieron ser responsables de que el peso llegara al 20 por uno al final del 2002. Ya influía sobre la situación la desestabilización del Banco Intercontinental (BANINTER) al que el Banco Central tuvo que entregar 8 mil millones de pesos entre septiembre y marzo del 2003, en vano intento por evitar su derrumbe.

            La quiebra de esa institución financiera, a finales de marzo, con un déficit de 56 mil millones de pesos, fue la hecatombe para la economía dominicana. Mucho peor, cuando el gobierno temiendo que la mismo pudiera arrastrar al resto del sistema financiero, tomó la cuestionada decisión de garantizar la totalidad de los depósitos de los ahorrantes, incluyendo los efectuados en apartados extraterritoriales (bancos offshore).

            De esa forma, la deuda privada de los ejecutivos del BANINTER, con miles de ahorrantes, pasó a ser una deuda pública a pagar por los y las contribuyentes dominicanos, llevando al Banco Central a una emisión monetaria superior a los 20 mil millones de pesos y de certificados de depósitos por una sunma similar. Al tiempo que se desataba una incertidumbre que generó una huida de capitales, responsable de que el peso se desvalorizara hasta el 37 por uno, como ocurrió en junio y julio.

            Para entender la magnitud de la deuda de BANINTER asumida, hay que advertir que equivale a dos terceras partes del presupuesto de gastos del gobierno dominicano para el año en curso. La crisis arrastraría a mediados del año otras dos entidades financieras; el Banco Nacional de Crédito, al que el Estado le asumiría deudas por 15 mil millones de pesos, y al Banco Mercantil, por 6 mil millones.

            Las deudas bancarias asumidas por el Estado totalizan por lo menos 77 mil millones de pesos, equivalentes a más del 90 por ciento del presupuesto nacional del 2003 y superiores a las recaudaciones fiscales del período.

            Irónicamente este descalabro ha ocurrido cuando el turismo empezó una vigorosa recuperación, justo desde septiembre del 2002, superior al 20 por ciento. También han crecido las exportaciones de zona franca y hasta las tradicionales, lo que junto al mantenimiento de las remesas de los residentes en el exterior, configuran un cuadro que es definido como de “sanos indicadores externos”.

           Consecuencia del descalabro, el gobierno no ha tenido más alternativa que acudir a un acuerdo con el Fondo Monterario Internacional para contener el deterioro, pero imponiéndose un programa de reducción del gasto, llamado a incrementar la pobreza y las precariedades. Se estima que la nación precisará de esfuerzos sostenidos por varios años para superar completamente el daño a su estabilidad macroeconómica.

Desgaste acelerado del gobierno

            En medio de tal panorama el gobierno no ha podido contener un desgaste acelerado que ha disminuido las posibilidades electorales del PRD. Cuatro encuestas de las reconocidas firmas Hamilton, Penn & Schoen y Gallup han reducido a la tercera parte la aceptación del gobierno y relegado al partido oficial a un segundo y hasta a un tercer lugar (en la última de Gallup Dominicana para la revista Rumbo) en las preferencias del electorado.

            Ese desgaste del mayor partido dominicano, que ganó los comicios presidenciales del 2000 en primera vuelta con el 49.85 por ciento del sufragio, no ha estado motivado tan sólo en la crisis económica, sino también en la corrupción y los desaciertos políticos, particularmente en las incoherencias y luchas internas que lo sacuden.

            Las encuestas muestran que tres cuartas partes de la población estima que hay mucha corrupción en el gobierno y poca voluntad de combatirla, mucho más degradante por cuanto el propósito de reducirla fue parte del discurso fundamental del PRD frente a los gobiernos de Balaguer y de Leonel Fernández.

            Si algo ha consternado a los sectores pensantes de la nación ha sido el nivel de corrupción implícito en la quiebra del Baninter, que ejemplifica la interrelación del sector privado con el público en la descomposición y desinstitucionalización. Las autoridades han evadido hacer transparente por completo el destino del dinero de los ahorrantes. Pero ha habido suficiente información de que una gran parte fue a parar a las cuentas y empresas de los propios banqueros, algunas de las cuales han sido intervenidas.

              Pero también ha habido suficiente información de que con con parte de ese dinero se sobornó y compró la complicidad, el silencio o la indiferencia de gobernantes, funcionarios, legisladores, y líderes de todos los sectores, incluyendo a religiosos, sindicales, de la comunicación social y del empresariado.

En el curso del proceso se ha deteriorado aceleradamente la imagen del presidente Hipólito Mejía, cada vez más empeñado en un discurso de corte autoritario y agresivo, descalificador de todos los disidentes, incluso de su propio partido, y excluyente al grado máximo, que lo ha llevado a peleas con el liderazgo empresarial, religioso, civil y de los medios de comunicación.

            Al igual que ocurrió durante sus dos gobiernos del período 1978-86, los perredeístas se han fraccionado y mantenido feroces luchas grupales por el control del partido, dedicando gran parte de sus energías y recursos, propios y del Estado, a destruirse o reducirse políticamente, lo que se revierte en incoherencia e ineficiencia gubernamental.

Absurdo intento continuista

            Pese a unas perspectivas tan desalentadoras el presidente Mejía decidió lanzarse a la búsqueda de un nuevo período de gobierno en los comicios programados para mayo del 2004, lo que de inmediato ha sacudido al PRD que desde su fundación en La Habana en 1939 durante el exilio antitrujillista había tenido la no reelección como parte de sus principios básicos.

            Las encuestas y las percepciones de los analistas políticos indican que Mejía tiene escasas posibilidades de lograr la reelección dentro de 8 meses. Incluso la última investigación de Gallup indicó que la mayoría de los mismos perredeístas consideran que el mandatario debe revocar su proyecto continuista.

            En vez de ello, Hipólito Mejía sostiene un acalorado enfrentamiento con otros 7 precandidatos de su partido, unidos en un bloque de rechazo a la reelección presidencial. La confrontación cumple casi seis meses sin que el PRD logre reunir sus organismos para iniciar el proceso para la elección del candidato.

            La aspiración de Mejía ha tenido mayor rechazo, dentro y fuera de su partido, por el hecho de que durante más de dos años dijo unas 46 veces que de ninguna forma buscaría la reelección, aunque sus partidarios agrupados en el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH) removieron los simientos democráticos para imponer una reforma constitucional limitada al restablecimiento de la reelección presidencial que había sido prohibida tras el último gfraude electoral de Balaguer en 1994 que impidió a José Francisco Peña Gómez llegar al poder.

            Con absoluta hegemonía del poder, el PPH ha sustituído al PRD, imponiendo sus decisiones en múltiples ámbitos, sin que los organismos partidarios pudieran reunirse para deliberar o trazar cursos de acción política, lo que ha sumido esa organización en lo que podría ser su peor crisis. Muchos creen difícil que pueda mantenerse unida a menos que el presidente Mejía retire su aspiración.

            El Partido Reformista Social Cristiano también atravieza por una profunda división después de la votación primaria que el 30 de junio escogió al ingeniero Eduardo Estrella como candidato, por estrecho margen de 52 contra 48 por ciento de su contrincante el exvicepresidente Jacinto Peynado, quien denunció fraude.

            Al igual que el PRD sin Peña Gómez, el reformismo sin Balaguer carece de una fuerza centrífuga que lo mantenga unido y coherente lo que causa preocupación sobre el futuro de la democracia dominicana, aunque el PLD ha logrado elegir su candidato presidencial, Leonel Fernández, sin la menor dificultad y se configura como el partido a vencer.

            La crisis económica, la corrupción y un salvaje realismo político que degrada los programas y las palabras de los líderes políticos, empiezan a minar las ilusiones de los dominicanos y dominicanas, según estimados de los analistas socio-políticos.

             Se teme que en el intento de lograr su continuidad en el poder, el grupo del presidente Mejía pudiera apelar a los mecanismos extrademocráticos que han caracterizado el reeleccionismo desde Ulises Hereaux y Horacio Vásquez, hasta Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Por de pronto ya dos altos jefes militares han vuelto a formular pronunciamientos partidarios, al estilo de los balagueristas de los años sesenta y setenta.

              La última reelección en 1994 sumió al país en una profunda crisis política que lo mantuvo en ascuas durante tres meses, hasta que se pactó un acortamiento del período y reformas constitucionales que incluyeron la prohibición de la reelección.

              Tras ello se celebraron dos elecciones presidenciales libres, en 1996 y el 2000, e igual número de comicios congresionales y municipales, en 1998 y 2002, sin mayores cuestionamientos.

             Ahora, en los finales del 2002, el fantasma del continuismo de que se impregnan los hombres que ascienden al poder en esta isla, amenaza de nuevo la democracia dominicana, ahora inducido por el mismo partido que hace 25 años inició un salto importante hacia la institucionalidad democrática.-

Lo fundamental es la oportunidad

Por Juan Bolívar Díaz

            Muchas críticas se han levantado por el bajo número de ciudadanos y ciudadanas que han gestionado el registro electoral para poder ejercer el voto en el exterior durante las próximas elecciones presidenciales, por lo cual algunos llegan a la precipitada conclusión de que no vale la pena y que es una inversión injustificada.

            Debe decirse que la Junta Central Electoral ha hecho ingentes esfuerzos durante los últimos tres años para hacer posible ese aspecto de la reforma electoral de 1997. Incluso por momentos pareciera que le han dedicado más energías de lo necesario, sin lograr una respuesta masiva de la población.

            Lo primero que concurre es la poca voluntad de los partidos mayoritarios, en contraposición con la frecuencia con que apelan a las comunidades del exterior en busca de financiamiento para precampañas y campañas electorales.

            En segundo lugar es la desconfianza que ha rodeado todo el proceso, fundada en la vocación nacional por la trampería y la manipulación. Hasta el punto que algunos han pretendido el absurdo de que las gestiones del empadronamiento se hagan al margen de las oficinas consulares, como es lo normal en todos los países que consagran el voto en el exterior.

            Como si la participación plural de los representantes de los partidos no pudiera velar por la limpieza y transparencia de un padrón que es público, colocado en el internet, y de una cédula revestida de múltiples garantías contra la falsificación, como se ha demostrado en las últimas dos elecciones.

            Se ha informado que apenas 12 mil ciudadanos están aptos para votar en el exterior. Y apenas unos cuantos miles más están en proceso. Como el padrón se cierra el 16 de diciembre, 5 meses antes de la votación, es probable que esta primera vez apenas 20 o 25 mil electores queden registrados en las concentraciones de la emigración dominicana.

            Cuando los empadronados iban por 8 mil 524, en Nueva York se hallaban 5,166. Le seguía Madrid con 1,388 y Barcelona 777. Luego San Juan con 492 y Miami 345. Venezuela y Canadá registraban 128 y 121 respectivamente.

            No es que los emigrantes dominicanos no estén interesados, aunque debe advertirse que una mayoría no tiene eso como su principal preocupación. Lo que es normal en otros países. En general, por las estadísticas que se conocen, el voto en el exterior casi nunca pasa del 1 por ciento del total. Aquí por primera vez tal vez no llegue ni a la mitad de esa proporción teniendo en cuenta que el padrón pasará de los 5 millones de electores.

            La poca respuesta se explica por el hecho de que no se ha podido emitir cédulas en el exterior. Sólo se ha habilitado a quienes ya la tenían y solicitaron cambio de mesa o colegio. O aquellos que tenían la constancia de haberla solicitado en el país, a quienes se les está enviando.

            Recuérdese que la nueva cédula se emitió para los anteriores comicios presidenciales, los del 2000, y la brega que dio obtenerla aún a los que vivimos en el país, razón por la cual una ínfima minoría de los residentes en el exterior pudo obtenerla en algún viaje vacacional. En otras palabras, no es que no quieran, es que están excluídos por la burocracia y la desconfianza.

            Pero como no hay mal que por bien no venga, a lo mejor sea positivo que esta primera vez sea limitado el número del voto en el exterior, para que opere como plan piloto y nadie pueda alegar que el voto en el exterior cambió el curso de la opinión pública nacional o se prestó para graves irregularidades.

            Es injusto que saquemos la cuenta de cuánto costará cada voto en el exterior. Siempre la primera vez hay que pagar un costo adicional. Según el Plan de Trabajo de la JCE se invertirían 31.5 millones de pesos en publicidad. Probablemente otros tantos en gastos diversos.

            Treinta y tres millones de pesos parece mucho dinero para las precariedades nacionales. Pero vista la contribución de la comunidad dominicana en el exterior, es una suma irrisoria, insignificante. Un millón de dólares de los 2 mil 100 que los residentes en el exterior enviaron al país tan sólo en el año 2002. Sin esas remesas cada año el país estuviera sumido en la total miseria y el atraso.

            ¿Y qué les damos en compensación a esos ciudadanos? Nada, los expoliamos en los consulados, cobrándoles las tarifas más altas del mundo y los discriminamos y apocamos cuando vienen al país.

            No sacaliñemos el que le devolvamos un millón de dólares a la comunidad dominicana del exterior. Lo fundamental es la oportunidad, no la cantidad. Y para los comicios del 2008 lo que deberíamos es darle la opción de sacar la cédula en los consulados. Con todos los controles que se quieran. Pero no negársela. Para que tengan derecho a reafirmarse una vez más como dominicanos y dominicanas.-

El continuismo comienza a cobrar su costo

Por Juan Bolívar Díaz

               Por momentos uno quisiera creer que ciertamente la nación se ha fortalecido tanto que estamos en capacidad de pasar la prueba de una repostulación presidencial sin que se vean afectados los logros de la última década en el orden democrático institucional. Pero la realidad es tan tercamente persistente que no deja espacio a las ilusiones.

               Dos acontecimientos ocurrieron esta semana que acentúan los temores generalizados de que una vez más el deseo de un presidente de prolongarse en el poder será confundido con el interés supremo de la nación y prevalecerá sobre la solemnidad del Estado.

               Uno fue el nuevo pronunciamiento reeleccionista formulado por el Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna, quien abogó por la continuidad del agrónomo Hipólito Mejía al frente del gobierno.

               Por segunda vez el militar incursiona en un área que la constitución y las leyes le tienen vedada, aunque ya en la primera ocasión el mismo presidente Mejía le había desautorizado, como volvió a hacerlo ahora.

               Para los que aducen que ya el país está en capacidad de aguantar una reelección sin mayores sobresaltos, vale recordar que estas deliberaciones militares no se producían desde la campaña electoral de 1978, cuando Joaquín Balaguer intentaba permanecer en el poder por tercer período consecutivo. Esa vez fracasó, pese a todos los abusos del poder en que incurrió junto a sus seguidores.

               Aunque en 1990 y 1994 Balaguer retornó por sus fueros abusando de los recursos estatales y los comicios volvieron a ser fraudulentos, hay que reconocer que los jefes militares no repitieron los excesos de los 12 años. Respetaron la despolitización ejecutada en las Fuerzas Armadas por el gobierno perredeísta del presidente Antonio Guzmán.

               El presidente Mejía, quien fuera un distinguido ministro de aquel gobierno, debía recordar perfectamente todo lo que costó y significó la despolitización militar. En consecuencia debería dar demostraciones más firmes y creíbles para evitar el desbordamiento del general Zorrilla y cualquier otro uniformado.

               Pero es obvio que ya el propio mandatario está también desbordado y por tanto imposibilitado de establecer límites a sus subordinados. Porque fue él mismo quien incurrió en el otro exceso preocupante, al convertir la reunión del miércoles del Consejo de Gobierno en un mitin de su grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano.

               No se puede entender que el Presidente de la República confunda el ámbito del Consejo de gobierno con los escenarios intrapartidarios, para discutir problemas referentes a los mecanismos con que podrían escoger el candidato presidencial. A esa tarea dedicó la tercera parte del discurso, cuestionando las posiciones de sus contrincantes internos, incluidos la vicepresidente Milagros Ortiz Bosch, quien estaba en el acto y hubo de guardar prudente silencio.

               Ni siquiera los más acuciantes problemas nacionales, como la crisis financiera o la energética, ameritaron el tiempo que el mandatario dedicó a abonar la lucha interna de su partido, con las descalificaciones a las que nos tiene acostumbrados.

               Como es natural, casi todos los altos funcionarios de la nación tuvieron que aplaudir con entusiasmo los pronunciamientos partidarios del presidente Mejía. De esa forma, su interés dentro del PRD pasó a ser, virtualmente, el interés del gobierno.

               Y si eso ocurre ahora cuando la disputa política es entre pájaros del mismo plumaje, qué no ocurrirá si luego el agrónomo Mejía es investido como candidato presidencial y tiene que enfrentarse en campaña con aspirantes de otros signos partidarios.

               Aquí no valen las promesas, ni la palabra devaluada. Son los hechos los que están indicando que una vez más el reeleccionismo podría tener un costo desproporcionado para el proceso democrático nacional.

               Y si ese exceso ocurre en pleno Palacio Nacional, ante las cámaras de la televisión, habría que temer cosas peores cuando los partidarios de la reelección del presidente Mejía se desparramen por los ministerios y puedan disponer a discreción de los recursos públicos.

               Hasta prueba en contrario, sigo creyendo que la cultura democrática nacional no ha evolucionado suficientemente para soportar el desafío de una campaña reeleccionista. Para ello necesitaríamos al menos tres décadas con prohibición del continuismo, además de reformas profundas que impidan los abusos del poder en las campañas electorales, y órganos en capacidad de hacerlas cumplir.

               El continuismo ha comenzado a cobrar sus costos. Tenemos que prepararnos para ponerle límites y evitar que podamos sufrir un retroceso institucional.-

 

 

Crónica de un atrapamiento anunciado

Por Juan Bolívar Díaz

            Lo que le está ocurriendo a Estados Unidos en Irak es la crónica de un atrapamiento anunciado, con unos costos desmesurados en términos humanos, económicos y para la seguridad de la gran nación, como para el resto del mundo.

            Lo inconcebible es que Estados Unidos haya vuelto con el tema de Irak al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ahora con la pretensión de que la comunidad internacional le ayude a la “reconstrucción de Irak”, enviando soldados, equipos militares y financiamiento.

            Después de haber decidido la destrucción de Irak y su ocupación por encima de la ONU y de espaldas a todo lo que se había construído en materia de relaciones internacionales durante más de medio siglo, el gobierno de George Bush apela al mismo organismo en busca de ayuda.

            En efecto, el mismo Colin Powell, secretario de Estado a quien tocó cantar el réquien a la ONU en los primeros meses del año, se presentó el miércoles buscando que ese organismo le ayude a cargar con el peso de la ocupación de la nación iraquí.

            Por supuesto que Estados Unidos no hará ninguna autocrítica, ni explicará qué se hicieron las armas de destrucción masiva que “ponían en peligro a todo el mundo” y fueron la justificación para una de las guerras de mayor concentración destructiva de la historia, librada a miles de millas de distancia de sus costas y fronteras.

            La realidad es que el pretexto para la agresión y ocupación fue un montaje, como lo sostuvo gran parte de la opinión internacional. Se advirtió también que el problema no era tanto la guerra de conquista, sino el mantener la ocupación de un territorio grande en una zona extremadamente conflictiva, donde se anidan rechazos nacionalistas y radicalismos fundamentalistas de indiscutible signo anti-norteamericano.

            Cuatro meses después de la ocupación, la inseguridad prolifera para todo, todos y todas en Irak y el número de víctimas de Estados Unidos es ya mayor en el período post guerra, lo que ya se empieza a reflejar en la opinión pública de un país extremadamente celoso de su propia sangre.

            Irak es un volcán en erupción del que no se salvan ni la representación de las Naciones Unidas, ni las embajadas ni las mezquitas más sagradas de esa cultura milenaria. El odio sembrado por millones de toneladas de bombas derramdas sobre su territorio está germinando penosamente por todas partes.

            La petición a las Naciones Unidas es más inconcebible por cuanto Estados Unidos pretenden que se internacionalice la ocupación con todos sus costos, humanos militares y financieros, pero manteniendo esa nación el control militar y político.

            Todo ello bajo el eufemismo de que se trata de reconstruir a Irak, cuando en realidad tendrán que ir a combatir contra la resistencia a esa ocupación militar, más injustificada que la protagonizada por el régimen de Sadan Hussein en 1990 contra su vecino Kuwait y que originó la guerra declarada por la ONU que produjo la primera gran destrucción iraquí.

            Hasta ahora no se ha visto la labor de reconstrucción que realizan las tropas enviadas a Irak por una docena de países a petición de Estados Unidos. Lo que se sabe de los 300 dominicanos es que están siendo preparados para enfrentarse a quienes resisten la ocupación de su propio país.

            El Consejo de Seguridad de la ONU volverá ahora a ser escenario del debate sobre Irak, y ahora sí que sería justo dejar que Estados Unidos afronte con sus pocos aliados las consecuencias de su aventurera y agresiva política internacional, destructiva de las bases en que se había sustentado la convivencia entre las naciones.

            Lo menos que se puede exigir es que el mando militar y político pase a manos de la ONU, bajo un estricto programa de transición, que incluya un calendario para la desocupación del territorio iraquí y un financiamiento para la reconstrucción, que deben aportar básicamente los países que auspiciaron la destrucción.

            Ahora, como antes de la guerra, será difícil lograr consenso. Especialmente porque el interés de los conquistadores parecía básicamente la riqueza del subsuelo de esa nación del Medio Oriente. Y es poco probable que Bush y sus socios petroleros quieran compartir el botín. En tal caso deberán cargar con todas las consecuencias de su aventura.-

La propuesta del Presidente Mejía

Por Juan Bolívar Díaz

            La propuesta del Presidente Hipólito Mejía para resolver la crisis del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), de acuerdo a lo revelado este sábado por HOY, no puede ser rechazada por el resto de los pre-candidatos y difícilmente pueda aparecer otra que reúna más posibilidades de salvar la unidad de esa organización.

De acuerdo a revelaciones confidenciales, el primer mandatario propone que el candidato presidencial sea electo por la mayoría absoluta de los votos de los perredeístas. Eso obligaría a una segunda ronda entre los dos más votados, si en la primera ninguno obtiene la mitad más uno de los sufragios.

Esa fórmula impediría que el candidato perredeísta pudiera ser fruto de una minoría del universo de la militancia, en virtud de la multiplicidad de competidores. Y permitiría alianzas para la segunda ronda, con lo cual los opositores a la reelección tendrían la oportunidad de hacer causa común.

Un candidato de minoría, cualquiera que fuere, en las actuales circunstancias de dispersión del PRD, implicaría casi automáticamente una o más divisiones, o por lo menos la inhibición de una parte del partido, lo que terminaría por dar el palo de gracia a las expectativas de mantenerse en el poder más allá del 16 de agosto próximo.

Lo que debería rechazar la mayoría de los aspirantes a la candidatura es la otra parte de la propuesta, según lo que ha trascendido. Eso de que el poder se reparta entre los precandidatos en proporción a los votos que obtengan. Reivindica un criterio patrimonialista del Estado que esta nación tiene que rechazar.

Asumiendo que la mayoría de los perredeístas son contrarios al reeleccionismo, como han indicado las encuestas, terminaría imponiéndose el principio sustentado por la organización desde su fundación en 1939.

Los siete precandidatos que recientemente firmaron un pacto para cerrar el paso al continuismo y reivindicar los principios perredeístas tendrían todavía la opción de sumar fuerzas desde la primera votación, lo que tendería a fortalecer su posición.

Esto último parece sumamente difícil en un partido donde cualquiera monta una campaña para presidente y se cree con posibilidades de ganar, aunque no quede registrado en una sola encuesta, o sus índices de popularidad anden en un solo dígito.

El único reparo que podrían presentar los precandidatos antireeleccionistas es que la fórmula del presidente Mejía deja abierta la posibilidad de contradecir el principio que defienden, reafirmado por numerosas convenciones de la organización, aunque no está expresamente consignado en sus estatutos.

Pero no es suficiente argumentación. En última instancia sería la mayoría de la militancia la que decidiría. La propuesta de plebiscito también deja abierta la posibilidad de que la mayoría diga sí al continuismo.

Como Milagros Ortiz Bosch, Hatuey de Camps, Rafael Suberví Bonilla, Enmanuel Esquea, Ramón Alburquerque, Rafael Abinader y Rafael Flores Estrella están convencidos de que la mayoría de los perredeístas rechazan la reelección, la propuesta de Hipólito Mejía permite demostrarlo.

De lo contrario tendrían que admitir que su partido se transformó en el poder, y si no lo aceptan construir otro que reivindique el principio. Al fin de cuentas algunos de ellos no hicieron nada o muy poco para oponerse a la burlesca reforma constitucional del año pasado que restableció la posibilidad de la reelección, prohibida por el propio partido apenas 8 años antes.

Queda el reparo de que la maquinaria gobiernista se impondría en primera o segunda votación. Pero ¿ no ocurriría también en el plebiscito que proponen los siete precandidatos?

Después de todo, lo que propone el presidente Mejía es una fórmula de transacción. Es un paso importante que él esté dispuesto a someterse al mandato de la mayoría de los militantes de su partido. No aceptar esa fórmula podría conducir a la división, con la que pierden todos, y tal vez hasta el país. Sería sugestivo que alguno piense que podría doblar el brazo por completo a un Presidente de la República.

Por priemra vez en meses de disputa, los perredeístas tienen una oportunidad de poenrse de acuerdo. Tienen que apresurarse, porque ya hay bastante cansancio de sus querellas y enfrentamientos. El tiempo se les está agotando y hay quienes creen que ya puede ser demasiado tarde.

Y si vuelven a perder el poder por incpacidad de ponerse democráticamente de acuerdo, que se preparen para la dispersión y para enterrar ese partido que ha sido símbolo de la democracia. Pero como ésta en la situación nacional, más pretensión que realidad.-

Con La Rabia en el Corazón

Por Juan Bolívar Díaz

             Volví a sentirme con La Rabia en el Corazón al leer la entrevista de Iban Campo (El Caribe, 5 de julio, páginas 1-2) con la jovencita de 17 años Melanie Delloye Betancourt, reclamando el derecho de volver a ver a su mamá, Ingrid Betancourt, la increíble senadora colombiana secuestrada por las guerrillas el 23 de febrero del año pasado, cuando se internó en territorio peligroso dentro de su campaña por la presidencia de su país.

            Imposible no sentirse impresionado al leer la madurez y profundidad con que esta muchacha ha asumido la lucha de su madre y los retos que la vida le ha impuesto, y al mismo tiempo la confesión de sus carencias maternales al reclamar la ternura del reencuentro.

            Hace un par de años tuve la oportunidad de conocer a Ingrid Betancourt, al leer su libro La Rabia en el Corazón (Editorial Grijalbo, 2001), donde cuenta la intensidad de vida y propósitos que la llevaron a ganar una curul de diputada en 1994, y cuatro años después de senadora, luchando casi sola, sin partido y contra la corrupta y criminal burocracia política colombiana.

            Ingrid fue un fenómeno de mujer, con una capacidad comunicativa excepcional, que hizo su campaña para diputada repartiendo condones en las esquinas encomendando a sus compatriotas “presérvense de la corrupción, que es el SIDA de la política”. Las burlas iniciales se trocaron en admiración y ganó.

            Hay que imaginarse el espectáculo. Una bellísima mujer de 33 años, hija de un exministro de Educación, don Gabriel Betancourt, repartiendo preservativos a los automovilistas. Cuatro años después utilizaría una máscara antipolución para su campaña a senadora, resultando la más votada entre todos los contendientes.

            Creó su propio movimiento político con el simbólico nombre de Oxígeno, mientras en el Congreso libraba una intensa campaña de denuncias contra la mafia y la narcopolítica, habiendo encabezado la lucha por el procesamiento del presidente Ernesto Samper, en cuya campaña se utilizó dinero del narcotráfico.

            De manera que el próximo paso de Ingrid Betancourt fue lanzarse a la búsqueda de la presidencia y las encuestas no la dejaban mal parada cuando al adentrarse, conscientemente, en la zona desmilitarizada para las negociaciones de paz con la guerrilla, fue víctima de secuestro por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

            Más de 16 meses han transcurrido desde entonces y nada se ha sabido oficialmente de la joven política, ahora con 42 años. Aunque para la mayoría de los colombianos ella sigue viva. Nadie puede esperar que el final de una vida tan brillante pueda precipitarse en la oscuridad y el anonimato de la selva, a manos de quienes deberían verla como aliada, si no fuera porque hasta la guerrilla ha degenerado en Colombia.

            Ya desde antes de su desaparición, Ingrid había tenido que separarse de sus hijos, Melania y Lorenzo, este ahora de 15 años, porque las continuas amenazas contra su vida se extendieron a sus dos prendas humanas. Ambos han vivido en Santo Domingo durante varios años, al amparo de su padre, un diplomático francés. En su libro se puede comprobar el sufrimiento de la separación, pero la determinación de luchar por otra Colombia ha sido más fuerte que el sentimiento maternal.

            En verdad la Ingrid Betancurt de La Rabia en el Corazón es una mezcla de mujer dura e inflexible en la lucha por la decencia y la vida y frágil y tierna en los sentimientos. Dijo que “voy a vivir constantemente con la anguistia de que papá muera lejos de mi”. Su angustia debe haber terminado, puesto que se le supone enterada de que efectivamente don Gabriel Betancourt murió hace algunos meses, hambriento de su ternura.

            Soñando con la Colombia de mañana, Ingrid Betancourt concluye su libro con estas palabras: “Mi relación con la muerte se equipara a la que puede tener con ella un equilibrista. Tanto él como yo hacemos cada cual una actividad peligrosa, evaluamos los riesgos, pero nuestro amor por el arte es más grande que el miedo. Amo la vida apasionadamente, no tengo ganas de ser ninguna mártir, todo lo que construyo en Colombia es también para poder tener la felicidad de envejecer aquí. Para tener el derecho de vivir aquí en este, nuestro país, sin temer por todos aquellos que yo amo”.

            A Ingrid la he llevado en el corazón durante estos meses de su cautiverio. Sabía que sus hijos vivían aquí, entre nosotros. Pero nunca intenté entrevistarlos, respetando su anonimato. Pero ahora que Melanie ha hablado, celebro sus palabras y encuentro en ellas a su madre.

            Habló al marcharse a París para estudiar ciencias políticas. La suerte de su madre en vez de escarmentarla la incentiva. Porque “Colombia está sufriendo y necesita ayuda. Cuando uno tiene dos nacionalidades siempre va a sentir algo muy especial por el país que está en dolor, que más sufre. Hay como una pasión que lo llama a uno hacia ese país. Me siento colombiana completamente”.

            Melanie no llora, espera por su madre. Todos debemos acompañarla exigiendo que aparezca pronto para que siga siendo sembradora de sueños, de esperanzas, de inmensa ternura, como la que se reproduce en su hija.-

Urge adecentar el ejercicio político

Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las conclusiones que sale a flote en todos los círculos donde se analiza el trauma nacional financiero que afecta al país es la necesidad de adoptar disposiciones jurídicas y realizar esfuerzos para adecentar el ejercicio de la política, antes que el descrédito en que está sumido arrase con los partidos y genere una crisis institucional que ponga en jaque nuestra incipiente democracia.

            Hace tiempo que en nuestro medio la política dejó de ser la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas, como la definiera el fundador de la República, Juan Pablo Duarte.

            Así lo han diagnosticado las tres encuestas sobre Cultura Política y Democracia, del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas realizadas a partir de 1994, en las que ha quedado evidenciado el progresivo deterioro de la imagen de los partidos políticos, del Congreso Nacional y de las actividades políticas, concebidas como forma de enriquecimiento individual.

            En las Encuestas correspondientes a 1994, 1997 y 200l, los partidos políticos ocuparon la última posición entre 16 sectores o instituciones en el índice de confianza de la ciudadanía. No pudieron estar más abajo porque no había ni un solo escalón descendente más.

            En el escándalo de la quiebra del Banco Intercontinental resalta la tremenda complicidad y el maridaje que tiene lugar entre política-políticos-funcionarios públicos e intereses privados.

            Nadie podrá saber qué proporción de los 56 mil millones de pesos en que se ha cifrado el fraude bancario fue invertida para comprar la complicidad, el silencio y el paragua de cobertura de políticos y gobernantes. Pero por lo que se ha dicho es bien elevado.

            Se percibe en todos los ambientes que nuestros partidos están encaminados al descrédito total que alcanzaron los de muchos países latinoamericanos, como Brasil, Perú Guatemala y Venezuela, donde se produjeron vacíos institucionales que fueron llenados por los Collor de Melo, Alberto Fujimori, Serrano Elías y Hugo Chávez, que luego devinieron en estruendosos fracasos.

            Antes que sea demasiado tarde será preciso que por lo menos pongamos atención a las pautas de la ley electoral sobre el financiamiento de los partidos y determinemos las reformas que sean necesarias para establecer límites y para acortar los períodos de nuestras extensas campañas electorales.

            Por la salud de la democracia urge abaratar el costo de la política y reducir un sistema de complcidades e impunidades que no ha permitido siquiera que un diputado acusado de tráfico de inmigrantes sea procesado por la Suprema Corte de Justicia. El sistema político insiste en mantenerle una inmunidad que hace tiempo debió perder.

            En la Sección II de la ley electoral referente a la Contribución a los Partidos Políticos, el artículo 55 indica que “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizados a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.

            Muy pocos parecen haber reparado en el contenido de ese artículo, y desde luego, ninguno de nuestros partidos ni de sus dirigentes. Obsérvese que prohibe específicamente recibir ayuda de grupos económicos.

             El párrafo II del artículo 52 de la misma ley dispone que la Junta Central Electoral “solicitará a la contraloría General de la República que audie los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes”. Desde luego ello sólo será posible si se cumple otro mandato del mismo artículo que dispone “crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados, en el que reflejen los movimientos de ingresos y egresos del partido”.

              Hace tiempo que en los círculos académicos de la política se viene clamando por una ley de partidos políticos que regule todas sus actividades. La Comisión Nacional de Reforma del Estado ha elaborado anteproyectos al respecto.

               Pero de nada valdría ninguna otra ley, si no cumplimos las que ya tenemos y si no surge una voluntad por establecer límites y cambiar el curso del deterioro que nos afecta.

               Hay muchas personas honradas en la política y sobre ellas debe recaer, junto a las instituciones sociales, la responsabildiad de poner un alto al derrotero que lleva el partidarismo político, y especialmente al derroche de recursos en precampañas y campañas interminables. Recursos que salen del Estado y del financiamiento privado que se ofrece generosamente para luego reclamar privilegios, facilidades e impunidades.-