Category Archives: Institucionalidad

Lo fundamental es la oportunidad

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

            Muchas críticas se han levantado por el bajo número de ciudadanos y ciudadanas que han gestionado el registro electoral para poder ejercer el voto en el exterior durante las próximas elecciones presidenciales, por lo cual algunos llegan a la precipitada conclusión de que no vale la pena y que es una inversión injustificada.

            Debe decirse que la Junta Central Electoral ha hecho ingentes esfuerzos durante los últimos tres años para hacer posible ese aspecto de la reforma electoral de 1997. Incluso por momentos pareciera que le han dedicado más energías de lo necesario, sin lograr una respuesta masiva de la población.

            Lo primero que concurre es la poca voluntad de los partidos mayoritarios, en contraposición con la frecuencia con que apelan a las comunidades del exterior en busca de financiamiento para precampañas y campañas electorales.

            En segundo lugar es la desconfianza que ha rodeado todo el proceso, fundada en la vocación nacional por la trampería y la manipulación. Hasta el punto que algunos han pretendido el absurdo de que las gestiones del empadronamiento se hagan al margen de las oficinas consulares, como es lo normal en todos los países que consagran el voto en el exterior.

            Como si la participación plural de los representantes de los partidos no pudiera velar por la limpieza y transparencia de un padrón que es público, colocado en el internet, y de una cédula revestida de múltiples garantías contra la falsificación, como se ha demostrado en las últimas dos elecciones.

            Se ha informado que apenas 12 mil ciudadanos están aptos para votar en el exterior. Y apenas unos cuantos miles más están en proceso. Como el padrón se cierra el 16 de diciembre, 5 meses antes de la votación, es probable que esta primera vez apenas 20 o 25 mil electores queden registrados en las concentraciones de la emigración dominicana.

            Cuando los empadronados iban por 8 mil 524, en Nueva York se hallaban 5,166. Le seguía Madrid con 1,388 y Barcelona 777. Luego San Juan con 492 y Miami 345. Venezuela y Canadá registraban 128 y 121 respectivamente.

            No es que los emigrantes dominicanos no estén interesados, aunque debe advertirse que una mayoría no tiene eso como su principal preocupación. Lo que es normal en otros países. En general, por las estadísticas que se conocen, el voto en el exterior casi nunca pasa del 1 por ciento del total. Aquí por primera vez tal vez no llegue ni a la mitad de esa proporción teniendo en cuenta que el padrón pasará de los 5 millones de electores.

            La poca respuesta se explica por el hecho de que no se ha podido emitir cédulas en el exterior. Sólo se ha habilitado a quienes ya la tenían y solicitaron cambio de mesa o colegio. O aquellos que tenían la constancia de haberla solicitado en el país, a quienes se les está enviando.

            Recuérdese que la nueva cédula se emitió para los anteriores comicios presidenciales, los del 2000, y la brega que dio obtenerla aún a los que vivimos en el país, razón por la cual una ínfima minoría de los residentes en el exterior pudo obtenerla en algún viaje vacacional. En otras palabras, no es que no quieran, es que están excluídos por la burocracia y la desconfianza.

            Pero como no hay mal que por bien no venga, a lo mejor sea positivo que esta primera vez sea limitado el número del voto en el exterior, para que opere como plan piloto y nadie pueda alegar que el voto en el exterior cambió el curso de la opinión pública nacional o se prestó para graves irregularidades.

            Es injusto que saquemos la cuenta de cuánto costará cada voto en el exterior. Siempre la primera vez hay que pagar un costo adicional. Según el Plan de Trabajo de la JCE se invertirían 31.5 millones de pesos en publicidad. Probablemente otros tantos en gastos diversos.

            Treinta y tres millones de pesos parece mucho dinero para las precariedades nacionales. Pero vista la contribución de la comunidad dominicana en el exterior, es una suma irrisoria, insignificante. Un millón de dólares de los 2 mil 100 que los residentes en el exterior enviaron al país tan sólo en el año 2002. Sin esas remesas cada año el país estuviera sumido en la total miseria y el atraso.

            ¿Y qué les damos en compensación a esos ciudadanos? Nada, los expoliamos en los consulados, cobrándoles las tarifas más altas del mundo y los discriminamos y apocamos cuando vienen al país.

            No sacaliñemos el que le devolvamos un millón de dólares a la comunidad dominicana del exterior. Lo fundamental es la oportunidad, no la cantidad. Y para los comicios del 2008 lo que deberíamos es darle la opción de sacar la cédula en los consulados. Con todos los controles que se quieran. Pero no negársela. Para que tengan derecho a reafirmarse una vez más como dominicanos y dominicanas.-

La pobre imagen de los legisladores

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Si a la mayoría de nuestros legisladores les importara la imagen que proyectan frente a los electores, seguro que no estaríamos presenciando el espectáculo de estos días cuando en ambas cámaras se desarrolla una sórdida lucha por las posiciones directivas a ser renovadas el 16 de agosto próximo, como cada año.

Encuestas y estudios de las más diversas categorías han mostrado en los últimos años que el Congreso Nacional es una de las instituciones que menos confianza genera en la ciudadanía, sólo superado por los partidos políticos.

Así quedó en evidencia en las tres encuestas nacionales de Cultura Política y Democracia, auspiciadas por la Universidad Católica Madre y Maestra dentro del Proyecto para el Apoyo a Iniciativas Democráticas, la última de las cuales fue publicada en febrero del 2002.

Cuando se preguntó a una muestra bien representativa de la sociedad dominicana sobre las isntituciones en que más confiaban, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y la Iglesia Evangélica encabezaron con 60, 35 y 31 por ciento. En la cola se situaron el Congreso Nacional y los partidos políticos, con 12 y 6 por ciento, respectivamente.

Ambas instituciones también ocupaban los dos últimos peldaños en un índice de confianza elaborado en base a la encuesta. En el caso del Congreso, reduciéndose de 0.75, a 0.74 y 0.73 en las tres encuestas citadas, efectuadas en 1994, 1997 y 2001.

En la última encuesta Gallup para Omnimedia, recién publicada, los legisladores no quedan mejor parados. E.l 83.6 por ciento de los encuestados considera que van al Congreso a hacer política y enriquecerse. Sólo un 16 por ciento considera que dedican su tiempo a trabajar por el país, mientras el 80.8 por ciento lo niega. Y el 80.3 por ciento estima que los diputados y senadores no mantienen contacto con sus electores.

Esas estadísticas deberían motivar profundas reflexiones y mejores actuaciones de los legisladores. Pero no cuentan con que un día los electores se cansarán de ser burlados y se ausentarán de las urnas, como ha ocurrido ya en otras naciones de la región.

Esta semana, como ejemplo, ha sido devastadora. El presidente del Senado, Andrés Bautista, aspirante a la reelección, acusó a dos funcionarios gubernamentales y dirigentes de su propio grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, el llamado PPH, de usar recursos estatales para apoyar a su contrincante Jesús Vásquez Martínez, quien ha sido respaldado por 15 senadores.

Lo más relevante es que Bautista regaló un anillo de oro a cada uno de sus colegas senadores, obviamente como parte de su campaña electoral. El costo se estimó en más de 200 mil pesos, sin que se explicara si lo financió de su propio peculio, de las arcas del Senado, o de “contribuciones”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, se adscribió al criterio de que “el poder no se entrega, que hay que arrebatarlo”, y se fue a buscar el apoyo del presidente de la República para mantenerse en el cargo. Allí casi se encuentra con otro de sus correligionarios, Víctor Bisonó, que andaba en lo mismo.

Alburquerque y Bisonó parecen ser los favoritos, atendiendo a que el agrónmomo Hipólito Mejía declaró que seguía favoreciendo a un reformista para presidir la cámara baja. Mientras a la doctora Liselot Marte de Barrios, una de las mejores políticas del país, no se le atribuye posibilidad alguna de presidir la cámara, pues al parecer no tiene capacidad de amarres. No regala canastas ni anillos, ni “resuelve”.

Y a pesar de que parecería ilógico esperar que a 9 meses de las elecciones presidenciales el partido de gobierno y el presidente Mejía priven a sus eventuales aliados reformistas de la presidencia de la cámara, el diputado perredeísta Alfredo Pacheco ha lanzado su campaña, con un libro de 131 páginas, almuerzo para periodistas y reunión con 121 diputados de todos los partidos.

Pacheco realiza una fuerte inversión, destinada obviamente a perderse. Su aspiración está divorciada de la razón política, de lo posible, y de espalda a los intereses de su partido, que es cosa secundaria.

La campaña electoral para ganar el voto de los 32 senadores o de 150 diputados se lleva a los medios de comunicación, como si se tratara de un asunto de alto interés nacional, que involucrara a millares de ciudadanos, en medio de una profunda crisis económica y creciente desesperanza.

Con actuacioens como esas se afianza la imagen desfavorable que tiene la ciduadanía sobre el Congreso Nacional y los legisladores. Y es deplorable por tratarse de la representación directa de los electores, de la entidad responsable de la legislación y de la vigilancia del Poder Ejecutivo, y una de las bases fundamentales de la institucionalidad democrática nacional.-

¿Qué pasa en la Policía Nacional?

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Al revisar el expediente sobre los muertos por la Policía Nacional en “intercambios de disparos”, cualquiera termina preguntando qué pasa en esa institución donde todos los propósitos de renovación de métodos terminan en el naufragio, cualquiera que sea el comandante.

Cuando el general Jaime Marte Martínez llegó a la jefatura policial a comienzos del 2002 de inmediato se produjo una drástica reducción de los “intercambios de disparos”, fusilamientos, o ejecuciones sumarias como les llaman los organismos internacionales.

Pero además, el oficial lo pregonaba con entusiasmo. Tanto que a principios de mayo de ese año fui invitado a participar en una reunión de comandantes regionales y departamentales de la PN, donde se ponderó la drástica reducción de las muertes en “intercambios de disparos”, concomitantemente con la caída de las tasas de delincuencia.

En los primeros cuatro meses del 2002, los muertos en tales circunstancias apenas habían sido a ritmo de uno por mes, contrastando con el promedio de 13 mensuales que se había compilado en los tres años anteriores.

Allí escuchamos que en ese primer cuatrimestre los homicidios habían caído en 26.5 por ciento en relación al mismo período del 2001, al registrarse 103 menos, pasando de 388 a 285. Y los comandantes lucían sinceramente entusiasmados y felices.

En los últimos meses la Policía no sólo ha vuelto por los fueros del fusilamiento de delincuentes y presuntos delincuentes, sino que se está acercando a los récords impuestos por la jefatura del general Pedro de Jesús Candelier, cuando hubo meses con ritmo de uno por día.

Un reporte de Juan María Ramírez para HOY mostró el pasado jueves 26 que hasta esa fecha, a 5 días de completar el primer semestre del año, los muertos en “intercambios de disparos” sumaban ya 115, incluidos 16 agentes policiales, varios de los cuales cayeron en pleitos personales. Entre mayo y 25 días de junio se contaban 40, los últimos 4 en menos de 24 horas. Eso es 20 veces la tasa del primer cuatrimestre del 2002.

Así las cosas los próximos informes de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos tendrán que revocar el crédito que habían dado a la jefatura del general Marte Martínez, uno de los dos profesionales policiales que han llegado a la jefatura de la institución.

Con este oficial está ocurriendo lo mismo que con el general Candelier. Este también llegó a la jefatura barriendo escorias y poniendo bajo control a los que sólo saben matar, bajo el criterio de que “muerto el perro se acabó la rabia”, que en esta materia no parece haber dado resultados, puesto que aunque han fusilado cientos de delincuentes en los últimos años, la delincuencia galopa en todo su esplendor.

Con el general Candelier también me reuní al comienzo de su jefatura. Por igual resulté entusiasmado. Conocía las cualidades de este oficial y aunque no compartía algunos excesos, celebraba su esfuerzo por enderezar entuertos. Meses después todo se derrumbó y la PN volvió a su normalidad. Como ahora.

Entrevistando en días pasados a Virgilio Almánzar, ese adalid de los derechos humanos con toda la moral del mundo, puesto que su padre era policía y murió en el cumplimiento del deber, éste advirtió al general Marte Martínez que estaba siendo llevado a los viejos métodos que pregonan algunos estamentos policiales.

Según esa visión, a la delincuencia sólo se le erradica eliminando delincuentes. Y cualquier agente, un simple raso, semianalfabeto, está autorizado para quitar la vida sin el menor trámite a quien incurra en actividades ilícitas comunes, especialmente a los asaltantes y ladrones. Otras veces se sale a matar a delincuentes denunciados o a aquellos que han acumulado varias detenciones, aunque los tribunales los hayan descargado.

Se trata de verdaderos escuadrones de la muerte, que esta sociedad tolera y hasta celebra. Desde luego que esa terapia criminal sólo se aplica a los delincuentes comunes, en su mayoría pobres muchachos de 20 a 25 años, desorientados, sin horizontes ni perspectivas, que salen a buscarse “lo suyo” callejeramente. Los grandes delincuentes nacionales tienen celdas privilegiadas cuando es inevitable. La mayoría no llegan a las cárceles. Jamás se les quita la vida, como debe ser.

Y desde luego, con frecuencia se cometen dobles crímenes, barbaridades, cuando el fusilamiento se le aplica a un inocente. Y hemos vivido casos verdaderamente paradigmáticos, como el del padre Tineo.

La pregunta del comienzo tiene vigencia y queda sin respuesta: ¿qué pasa en la PN? ¿Por qué todos los comandantes vuelven al pasado?.-

Rindo testimonio sobre Eduardo Latorre

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

No sé si deba criticarle por haberse marchado tan temprano. Sobre todo en las actuales circunstancias nacionales, cuando estamos conteniendo rabias y padeciendo desesperanzas.

Es obvio que no puedo aprobarlo, aunque también sería una grave injusticia que me diera por ofendido, puesto que soy testigo de que luchó por la vida hasta las últimas consecuencias, enfrentando una enfermedad que lo fue consumiendo clandestinamente, sin que ni en los centros de salud norteamericabnos pudieran identificarla a tiempo.

La última vez que nos juntamos, a fines de mayo donde Wenceslao, lo encontramos desmejorado, pero por igual firme participante de esas tertulias mensuales en las que estuvo inscrito desde la fundación de Los Parlanchines, allá por “los años difíciles”de 1977. Lo veíamos decaer, pero nadie pensó que se marcharía antes del encuentro de este 23 de junio.

Teníamos ya demasiado penas y desencantos como para que la muerte cruel nos privara en estos días de la compañía de Eduardo Latorre Rodríguez. No sólo por haberse llevado al compañero, sino también al hombre de familia, al ciudadano, al servidor público, al intelectual, a una persona útil, auténtica en tantas expresiones de la vida.

Lo traté justamente durante tres décadas, a partir de la fundación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y luego lo acompañé en su Consejo de Regentes, cuando era Rector, entre 1978 y 1984, por lo que soy testigo de todo lo que significó para la identificación, afianzamiento y crecimiento de esa prestigiosa universidad.

Era vigoroso y firme en sus posiciones, hasta el punto de que algunos lo consideraban autoritario. Desde la perspectiva izquierdosa en que algunos nos situábamos, él aparecía como “conservador”. Fue siempre prudente y ponderado, a veces se acercaba al conservadurismo.

Con el soberbio atrevimiento de aquellos años, en ocasiones lo enfrenté. Sin el menor esfuerzo por contener mi reconocida vehemencia. Pero muchas veces más me rendí ante su perseverancia y firmeza, ante su capacidad e integridad.

Una de las cosas que aprendí de Eduardo es que se puede ser dirigente y líder y crecer en esas dimensiones respetando la diversidad, sin intentar perpetuarse, promoviendo diversidad y alternabilidad. En diálogo y debate plural, de lo que disfrutaba. Por eso sólo los compromisos internacionales lo apartaban de Los Parlanchines.

Casi siempre fue de los primeros, y durante años también de los últimos que nos íbamos. Discutiendo hasta la madrugada sobre las formas en que podríamos impulsar los cambios en nuestra nación, sobre la ampliación de la democracia y el mejoramiento de la función política y administrativa.

Lo mejor es que Eduardo Latorre no era un simple teórico que iba a las reuniones a desahogarse. Era tremendamente consecuente. Lo vimos manejarse con eficiencia en el mundo académico como en la administración pública.

Pasó unos 4 años al frente del secretariado general de Geplacea, el Grupo de Países Productores y Exportadores de Azúcar, con asiento en México, donde dejó su impronta como funcionario digno, honesto a toda prueba, que buscaba servir y jamás gastaba tiempo en afanes para acumular fortuna.

Cuando el presidente Leonel Fernández lo escogió para dirigir la secretaría de Relaciones Exteriores, todos lo celebramos, puesto que estábamos conscientes de la necesidad que tenía ese ámbito gubernamental de un ejecutivo de sus capacidades. Y los cambios no se hicieron esperar, elevando la dignidad nacional en el ámbito internacional.

Me consta que la política no le permitió hacer todo lo que hubiese querido, pero él sintió que aún así estaba haciendo cosas positivas por el país, sin importarle que tenía menos ingresos que en otras posiciones y sin tratar de buscar compensaciones personales.

Cuando comenzó su gestión tuve que defenderlo de las embestidas de quienes lo señalaban como “perredeísta disfrazado”. Al final, contra quienes lo acusaban de “peledeísta contumaz”.

No fue una ni otra cosa. Luchó contra los traumas electorales, desde los años setenta, pero especialmente contra el de 1994, de lo que doy testimonio. Pero sirvió lealmente al gobierno que le permitió canalizar parte de sus energías.

Se entregó hasta la saciedad y quedó con tanto prestigio internacional que la Organización de Estados Americanos le encomendó dirigir la mesa del diálogo que buscó salidas a la crisis política que provocó el desmesurado continuismo y la corrupción de Alberto Fujimori en Perú.

Eduardo Latorre fue demasiado bueno, honesto y eficaz para tan poco tiempo. Firmemente coherente, pero lamentablemente una estrella fugaz en la función pública. Persistente concurrente al análisis político en los diarios y la televisión.

Por esas y muchas otras razones nos duele tanto esta partida en momentos en que precisamos de alientos para proseguir la lucha por un país mejor, más civilizado, más aproximado a los valores que representó Eduardo Latorre Rodríguez.-

Aterricemos el Sistema de Seguridad Social

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

 De nuevo se plantea un aplazamiento, que sería el tercero, para la puesta en marcha del Seguro Familiar de Salud del Régimen Contributivo, uno de los contenidos fundamentales de la ley 87-01, promulgada el 9 de mayo del 2001, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

 Según el artículo 7 de la ley, el Seguro de Salud Contributivo debió iniciarse el 1 de noviembre del 2002, a los 15 meses de la publicación de la ley, que ocurrió el 1 de agosto del 2001. pero luego se fijó para el 1 de mayo del 2003. El último aplazamiento lo remitió al 1 de junio, pero las asociaciones que representan a las administradoras de riesgos de salud, a las clínicas privadas y a los laboratorios privados, acaban de pedir un nuevo diferimiento, que sería el tercero.

Las prestadoras de servicios parecen coincidir con organizacions empresariales que también formulan diversos cuestionamientos y consideran que no se dan las condiciones para el arranque del seguro de salud como de otros contenidos del Sistema de Seguridad Social.

Aunque fundamentan su petición en diez motivos, incluyendo retrasos en la aprobación de algunos reglamentos, la motivación que reune mayor consenso parece ser el persistente diferendo en torno al artículo 165 de la ley, sobre el cual el sector gremial y profesional debió buscar una transacción hace tiempo.

La polémica por la interpretación de ese artículo comenzó poco después de la promulgación de la ley. El texo establece que “Durante un período de cinco años a partir de la promulgación de la presente ley, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS)conservará a todos los trabajadores privados que sesenta (60) dias antes de entrar en vigencia la presente ley, sólo estuviesen afiliados al régimen del seguro social, más sus familiares”.

Los gremios de la salud y los sindicatos, aferrados a posiciones anti-privatización y defendiendo al IDSS, interpretan al pie de la letra el artículo, en lo cual parecen tener razón. Pero ocurre que de ser así el artículo es un disparate, porque establece un límite mortal para dos meses antes de entrar en vigor la ley, es decir un efecto retroactivo. Equivale a no dar alternativa, a una imposición, que es como lo interpeta el sector empresarial. Un plazo muerto sobra, no tiene sentido en la ley.

Ocurre también que el asunto no sólo importa a los empresarios, sino también a esos trabajadores afiliados al IDSS, a quienes se les niega el derecho a escoger. Se les obliga por 5 años a mantenerse en un servicio, el del IDSS, del que pocos están satisfechos, precisamente una de las razones por la que se demandaba un nuevo sistema de asistencia de salud.

Los empresarios interpretaban, con sentido más lógico, que el plazo de sesenta días se refiere a la fecha que la ley señalaba para el arranque del Seguro Familiar de Salud, por lo que antes del 1 de noviembre dieron de baja a decenas de miles de trabajadores afiliados al IDSS para que ooptaran por los servicios privados. Ahora aducen que no pueden mantener la doble afiliación.

 Según lo que explicó el director del IDSS, William Jana, cuando estalló el conflicto hace casi un año, esas desafiliaciones no pasaban del 20 por ciento de los 500 mil asegurados que tenía esa institución. La dejaría con 400 mil afiliados. Pero como ahora incluirá los padres, hijos o dependientes directos, con un promedio de dos por cotizante, los afiliados al IDSS pasarían a ser un millón 200 mil.

Ese cálculo sepulta el argumento de que se quiere liquidar el IDSS en beneficio del sector privado. Tal vez sea lo contrario, con la interpetación gremial y el mismo promedio de asegurado por afiliado, llegarían al millón 500 mil. Es decir el instituto tendría que mostrar la eficiencia que no ha tenido con la tercera parte. En el plazo de los cinco años para liberar esos trabajadores del yugo del IDSS la institución podría irse a pique si no opera con eficiencia.

En conclusión, en vez de perjudicar al IDSS, la reducción del 20 por ciento puede que sea una descarga liberadora. Y como los empresarios contribuyentes y prestadores de servicios lo consideran fundamental, lo conveniente es una transacción para no seguir sembrando la discordia y obstruyendo el nacimiento del sistema por un asunto secundario.

De todas formas, el proteccionismo para el IDSS se mantendrá frente al 80 por ciento de sus afiliados. Bastante si tomamos en cuenta las deficiencias que históricamente le han afectado. Todavía recientemente los médicos internistas de esa institución protagonizaron una semana de paralización, denunciando no solo sus condiciones laborales, sino también las de la atención de los pacientes.

Que se bajen ya los ímpetus luchistas y se aboquen todos los sectores a una transacción efectiva. Que no dilaten más la implementacción de la gran reivindicación que es el Sistema Dominicano de Seguridad Social.-

Justicia para los Constitucionalistas

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

            La nobleza del mayor general retirado Rafael Adriano Valdez Hilario pone sobre el tapete la situación de grave injusticia en que han vivido los militares que optaron por la defensa del orden constitucional en 1965, sometidos desde entonces a todo género de escarnio, desde la persecución y la muerte que tocó a muchos en los primeros tiempos, a la discriminación persistente 33 años después.

            El exsecretario de las Fuerzas Armadas, que tan brillante papel jugó en la transición democrática iniciada en 1978, dirigió el 3 de mayo pasado una carta al presidente Hipólito Mejía solicitándole que concluya el proceso de reconciliación entre los actores de la guerra civil de 1965 reparando la injusta discriminación de que han sido víctima quienes encarnaron el orden constitucional.

            Valdez Hilario plantea que la reciente disposición del presidente Mejía de reintegrar a las reservas de las Fuerzas Armadas a los combatientes constitucionalistas no es suficiente para hacerles justicia. Le pide al presidente que siga siendo coherente consigo mismo y ordene la reintegración de todos los soldados regulares combatientes de la guerra de abril, que los ascienda al grado inmediatamente superior, aunque en el mismo decreto disponga la pensión que disfrutan “los hijos de la casa”, es decir los que en la contienda del 65 se adscribieron al principio militar de la simple obediencia.

            La carta del general Valdez es impresionantemente conceptuosa y digna de la mayor atención, sobre todo al provenir de uno de los militares que no optaron por la defnesa del orden constitucional. Se trata de un gesto de nobleza que enaltece la figura del proponente, por cierto un militar originario del trujillismo que nunca fue ligado al latrocinio ni al crímen, sino más bien a la rectitud.

            Debemos esperar que el agrónomo Mejía se dote del valor necesario para reparar la injusticia en la medida en que ello es posible. Beneficiaría a unos 900 militares constitucionalistas que aún viven. Ya no se les podrá hacer justicia a otros 700 que han muerto en los 35 años que distan de aquellos acontecimientos.

            Esa injusticia no debió ser permitida por ninguno de los antecesores de Mejía en la Presidencia de la República. Desde el doctor Héctor García Godoy, investido como primer mandatario en virtud del “Acta deReconciliación Nacional y Acto Institucional”, suscrito el 3 de septiembre de 1965 para poner fin a la guerra civil con intervención militar extranjera.

            Ese documento histórico estableció en su octava disposición que “una vez instalado el Gobierno Provisional, las Fuerzas Armadas volverán a sus cuarteles y se pondrán bajo las órdenes de su Comandante en Jefe, el Presidente Provisional. Aquellos militares que hayan participado en el conflicto actual, se reintegrarán a las Fuerzas Armadas, sin discriminaciones ni represalias”.

            En el punto 9 se agrega que ningún militar podrá ser castigado por su participación en la contienda y todo el que lo desee “podrá retirarse de conformidad con lo establecido en la ley orgánica y con las pensiones y jubilaciones correspondientes.”

            Los odios generados por aquella confrontación explican que García Godoy no cumplñiera el Acta Institucional y permitiera la persecución y la discriminación de los militares constitucionalistas. Balaguer traficaría con los sentimientos de los anticonstitucionalistas a quienes manipuló e instrumentó en la represión para perpetuarse en el poder, dirigida contra los constitucionaliistas y sus aliados políticos.

            Pasa todavía que Antonio Guzmán no se atreviera a hacer justicia a los soldados del honor, pues todavía no tenía plena seguridad de la lealtad de los más cavernarios, muchos de ellos todavía entonces vigentes en las Fuerzas Armadas.

            Pero ya Salvador Jorge Blanco pudo hacer justicia a los constitucionalistas. Y ni hablar de Leonel Fernández, el primer presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el de Juan Bosch, por quien se hizo el pronunciamiento constitucionalsita de 1965.

            Ahora la bola está en la cancha del presidente Hipólito Mejía., el mismo que el 9 de agosto del 2001, promulgó la ley 137-01 que dispone la pensión para “todos los militares y policías que se encuentren fuera de las filas de cualquier rama castrense o policial, por haber participado en la gloriosa guerra constitucionalista”.

            Es inexplicable que esa ley del Congreso Nacional no se haya cumplido a un año y 9 meses de su promulgación. Ya nada lo puede justificar ni explicar, a no ser la ingratitud o la politiquería. Menos aún después que se puso a una representación de los militares constitucionalistas y a una comisión de la secretaría de las Fuerzas Armadas o seleccionar los beneficiarios.

            En las primeras jornadas de trabajo de la comisión 311 militares constitucionalistas quedaron depurados y aceptados como beneficiaros. Pero la labor se detuvo de repente y meses después todavía no ha sido pensionado el primero.

            ¡Que cese ya ese calvario y tan grande discriminación! ¡Que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, precisamente el que llevó a los militares al pronunciamiento constitucionalista, demuestra siquiera una mínima dosis de coherencia, gratitud, digndiad y valor!

            No es perdón ni caridad lo que se pide. Se trata de un acto de acatamiento al Acta institucional de 1965 y a la ley del 2001, y de elemental justicia para quienes defendieron el orden constitucional y la soberanía nacional.-

La transformación del INDOTEC

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

Desde hace por lo menos dos años se viene debatiendo el destino del Instituto Dominicano de Tecnología Industrial (INDOTEC), creado hace justamente tres décadas, por resolución de a Junta Monetaria del 26 de abril de 1973, aunque su reglamento orgánico vino a establecerse al año siguiente y sus operaciones comenzaron en 1975. De cualquier forma es mucho tiempo y experiencias acumuladas como para que a alguien se le pueda ocurrir su liquidación pura y simplemente.

El asunto es que el INDOTEC fue creado y se ha mantenido toda su existencia bajo el manto y el financiamiento del Banco Central de la República y justamente el Código Monetario y Financiero indica que esa dependencia debe cesar, resolución que ya ha adoptado el nuevo gobernador, José Lois Malkún. Nadie discute la procedencia de esa desvinculación.

Siendo el aparato tecnológico mejor dotado de laboratorios y equipos y de mayor experiencia en consultoría industrial y gestión de calidad en el país, esta institución no puede ser condenada a muerte ni aniquilada, precisamente en estos tiempos en que tanto se habla de investigación tecnológica y de apoyo a la competitividad industrial.

Hace casi dos años que el Banco Central contrató los servicios de una firma especializada, la Mullin Consulting Ltd, para una evaluación técnico administrativa del INDOTEC, así como para la formulación de propuestas para su transformación, independencia y autosostenibilidad financiera.

El amplio informe de la consultora no deja dudas sobre la necesidad de transformaciones profundas en la concepción, institucionalidad y operación del instituto. Y propone tres opciones: una corporación pública, una corporación mixta de derecho privado, y una organización autónoma no lucrativa y de patrimonio propio.

Los actuales ejecutivos del INDOTEC, encabezados por uno de los dominicanos mejor formado en el área de la ciencia y la tecnología, el ingeniero Antonio Almonte, favorecen su transformación en “una entidad de carácter independiente, con autonomía técnica, administrativa y financiera, dotada de personalidad jurídica y de patrimonios propios”.

Tendría un consejo de dirección integrado por representantes de las tres secretarías de Estado más relacionadas a sus funciones, (Industria y Comercio, Educación Superior, Ciencia y Tecbnolíga y Recursos naturales). También por otros tres delegados del sector empresarial, un rector universitario y dos personalidades designadas por el Presidente de la República.

Se parte del supuesto de que el patrimonio de laboratorios y equipos del instituto no debe ser dispersado y se le traspasaría a la nueva corporación. Y se propone que sea financiada con parte de los recursos del fondo para estímulo y apoyo al ahorro de energía y al desarrollo de energías alternativas, instituído por la Ley 112-00 sobre impuesto a los hidrocarburos.

Hay razones para dudar que dicho fondo esté en proceso de constitución, pero bien podría este ser un motivo justo para iniciarlo. Al mismo tiempo INDOTEC tendría que comprometer gran parte de su gestión a la creación de un programa nacional de investigación y promoción de fuentes alternas y ahorro de energía.

Se propone que el nuevo instituto sea creado por decreto presidencial y se encargue a su primer consejo directivo la misión de elaborar un proyecto de ley orgánica, para lo cual deberían tenerse en cuenta innumerables experiencias de organismos similares en todas partes del mundo.

En realidad el Estado y las universidades dominicanas dedican muy pocos recursos a la investigación y la experimentación científica. El INDOTEC, con todas las limitaciones que pueda haber tenido, es un organismo casi único en el país.

La evaluación citada indica la necesidad de renovarlo, de insuflarle más talentos jóvenes, de innovar en materia de producción y autofinanciamiento, vendiendo sus productos en el mercado.

Su labor en el análisis de los productos nacionales, accesible a las pequeñas y medianas empresas, no puede ser anaquilada ni suspendida. Menos en estos tiempos que tanto se habla de transformación industrial, de reingenierías de sistemas y cuando nos abocamos a la elaboración de un plan nacional de competitividad.

Hay que dar aliento a los esfuerzos que se hacen en estos días por garantizar la supervivencia del INDOTEC, con las transformaciones que demandan los nuevos desafíos y la eficiencia que debe mostrar una institución del género.-

La gestión de Miguel Tineo en Imposdom

by Juan Bolívar Diaz Santana

Por Juan Bolívar Díaz

            No parece tan difícil establecer quiénes fueron los responsables de la precariedad por la que atravieza el Instituto Postal Dominicano, lo que debería ser un desafío para los periodistas amantes de la investigación y de la verdad. De antemano me atrevo a apostar que la culpa no recae sobre don Miguel Tineo, quien dirigió el correo entre el 30 de octubre del 2001 y el 17 de enero en curso, es decir durante los últimos 14 meses y medio.

A Miguel Tineo lo conozco hace muchos años como un ejecutivo del área financiera. Más por referencias de amigos comunes que por el trato personal, que ha sido muy poco. De haber sido su amigo hace tiempo que le habría conminado a hablar de la situación del Imposdom. Con todo lo llamé varias veces en las últimas dos semanas que estuvo en el cargo pidiéndole una entrevista para Uno más Uno.

El hombre no quería airear la situación del correo ni denunciar las responsabilidades de sus antecesores en el cargo. Finalmente el viernes 17 convenimos en que estaría el lunes 20 en la entrevista principal del telediario. La tarde de ese día fue sustituido por decreto presidencial, y como no teníamos su teléfono personal, hasta el lunes a las 7.30 no sabíamos si se presentaría, ya en condición de exdirector del Instituto Postal.

Tineo acudió a la entrevista con un montón de papeles y reveló que en varias oportunidades había condicionado su permanencia en el puesto a que le ofrecieran los recursos financieros necesarios para rescatar la entidad, siquiera para pagar a sus empleados. Las repetidas promesas de su amigo personal y socio en negocios privados Hipólito Mejía nunca se cumplieron.

Y el guardó silencio todo ese tiempo y cargó las responsabilidades que le echaban empleados y periodistas que no investigan suficientemente, por no crear más escándalos ni aparecer acusando a sus antecesores.

Resulta que Tineo recibió el Imposdom endeudado hasta la tasa. El no pudo endeudarlo más porque ya no tenía crédito. Lo más revelador es que la mayor parte de las deudas que lastran el correo corresponden a la gestión que la prensa ha presentado como modelo, la de Modesto Guzmán, que lo dirigió entre 1996 y el 2000 y lo dejó con una pesada carga financiera.

Las gestiones de Emilio Rivas y José del Carmen Marcano la siguieron elevando entre otras razones por las prestaciones que los tribunales dictaminaron en beneficio de 447 empleados cancelados para colocar a compañeros de partido, por un monto de 42 milllones de pesos. Se pagaron 20 millones, y al 31 de diciembre pasado, el endeudamiento ascendía a 304 millones 323 mil pesos.

Según las cuentas presentadas por Tineo, del total de esa deuda, 129 millones de pesos corresponden a los dos primeros administradores que tuvo el correo en el actual gobierno, y 175 millones a la del gobierno anterior.

Entre las razones por las que Tineo no encontró comprensión entre muchos periodistas está el hecho de que él no pagaba relaciones públicas ni colocaba anuncios en los medios. No le alcanzaba el presupuesto ni siquiera para pagar los sueldos y demás gastos fijos. De la deuda que encontró, un millón 986 mil pesos corresponde a publicidad.

En Teleantillas Tineo presentó documentos escritos de las líneas aéreas American e Iberia, que manejan la gran mayoría del correo internacional dominicano, donde testimonian que al 16 de enero no tenían sacas de correspondencia por despachar, hacia fuera o hacia dentro. Demostrativo de que eran falsas las versiones que contaban montones de paquetes postales varados.

Al romper su silencio, el exfuncionario fue firme en sostener que el problema del correo es financiero y presupuestario. Por el endeudamiento que le cerró múltiples puertas y porque el presupuesto no le alcanza.

Tineo, al no ser dirigente ni militante político resultó una víctima de los activistas que medran en el Imposdom, como en casi todas las instituciones estatales. Le responsabilizaron y acosaron poque no actuaba con ataduras políticas ni clientelistas.

Sólo una extrema paciencia y la discreción del amigo del presidente Mejía pudo haber determinado que Miguel Tinelo aceptara que le echaran encima el muerto del Imposdom. Su entrevista y los documentos que entregó lo relevan de las mayores responsabilidades.-