La majestad del Estado

Por Juan Bolívar Díaz

He defendido el derecho a la libre expresión del expresidente de Venezuela Carlos Andrés Pérez y tengo la impresión de que la acusación de corrupción contra el expresidente de Ecuador Gustavo Noboa es más espuma que chocolate, pero en ninguno de los dos casos se puede sobreponer el interés personal o las simpatías y la amistad sobre la majestad del Estado y las relaciones internacionales de la nación.

Carlos Andrés Pérez merece todas las consideraciones y la hospitalidad de los dominicanos, por el sentido de solidaridad latinoamericanista que ha ornado su vida política. Y particularmente con la República Dominicana, desde la Tiranía de Trujillo hasta las imposiciones fraudulentas de Balaguer.

Siendo presidente de Venezuela hace 25 años convirtió el Palacio de Miraflores en un gran escenario donde confluyeron las fuerzas políticas y sociales de esa nación hermana para abogar por el respeto a la voluntad popular que Balaguer y sus generales pretendían desconocer una vez más.

Sin embargo, frente a los alegatos del presidente venezolano Hugo Chávez de que Pérez conspira contra él desde territorio dominicano, debimos habernos manejado con mayor tacto. Si no íbamos a pedirle silencio al exmandatario, teníamos que ser más corteses frente a Chávez, aún cuando éste, como ha ocurrido a veces con el presidente Hipólito Mejía, se volara el procedimiento protocolar al presentar su queja.

Eso lo tendría que entender no sólo Pérez sino también cualquier ciudadano del mundo que tuviera suficiente información sobre los nexos que unen a los dos Estados, y que deben prevalecer sobre las coyunturas y circunstancias más diversas.

Pero donde la majestad del Estado ha quedado volando bajo es en lo relacionado con el expresidente ecuatoriano a quien se concedió asilo bajo la consideración fundamental de que es amigo del agrónomo Hipólito Mejía.

Es posible que Gustavo Noboa sea víctima de una simple retaliación política. La acusación de que perjudicó al Ecuador con 9 mil millones de dólares en la renegociación de la deuda externa, merece un buen fundamento que al menos hasta aquí no ha llegado.

 Pero la Suprema Corte del Ecuador dictaminó que se le abriera juicio al exmandatario. No hay indicios de que Noboa esté siendo perseguido a muerte ni para ser torturado. Ecuador, afortunadamente, no pasa por una dictadura, que en tal caso no se podría regatear la concepción del asilo político.

El asunto es más degradante por cuanto el gobierno dominicano no mostró el mínimo interés en conocer las razones del máximo tribunal ecuatoriano para procesar al ex.mandatario. Y se apresuró a anunciar el asilo pocos días después de solicitado el 28 de julio pasado, cuando pudo guardar siquiera las apariencias.

Todo eso es poco para lo que ha ocurrido una vez Gustavo Noboa llegó al país. La primera sorpresa es que fuera hospedado en la residencia presidencial de Juan Dolio. Y para colmo, el jueves se le ofreció un agasajo en el Palacio Nacional, como si estuviéramos empeñados en molestar a las autoridades ecuatorianas.

Si el presidente Mejía es amigo de Noboa y cree en su inocencia, nadie debe cuestionarlo. Pero también hay que tomar en cuenta la majestad y la dignidad del Estado dominicano.

Por el momento pareciera que estamos empeñados en homenajear a un expresidente que huye de una acusación de malversación de fondos públicos o de corrupción. A lo mejor injusta, pero es a la Suprema Corte del Ecuador a quien corresponde establecerlo.

El asunto tiene repercusiones internacionales que afectan la majestad y dignidad del Estado Dominicano. Pero también implicaciones al interior de este país, donde gran parte de la opinión pública está hastiada de la impune corrupción que pauta la vida pública.

Se inscribe en el criterio del presidente Mejía de que a los expresidentes no se les debe tocar ni con el pétalo de una rosa, que por cierto no tiene el menor fundamento jurídico ni moral, ni es compartido por una gran parte de la población.

Aunque cuesta trabajo creerlo, la impresión que da el mandatario es que trata de establecer precedentes para beneficio propio, aunque en detrimento de la majestad del Estado.-

Perdimos la capacidad de asombro

Por Juan Bolívar Díaz

            En la campaña electoral de 1994 a unos de los observadores electorales extranjeros le llamó la atención la poca importancia que los medios de comunicación social y los dirigentes nacionales otorgaron al hecho de que uno de los partidos contendientes elaborara un vídeo para instruir a sus delegados en las mesas electorales sobre cómo crear incidentes para invalidar votos contrarios.

            El vió el vídeo proyectado por uno o dos canales de televisión, para el resto era intrascendente, y lo consideró escandaloso, pero al llegar a los escenarios políticos dominicanos nadie se lo mencionaba ni lo consideraba extraordinario. Concluyó en que los dominicanos parecían haber perdido la capacidad de asombro.

            Desde entonces he venido observando y reiterando esa conclusión. Y en algunos aspectos pareciera que vamos de mal en peor. Por ejemplo ya uno no puede asombrarse de las maniobras que se ven en cualquiera de las confluencias de mayor tráfico de vehículos de esta cuidad a cualquier hora del día y de cara a numerosos agentes del tránsito.

            Esta semana los abogados del presidente del quebrado Banco Intercontinental denunciaron que lo consumido mediante la famosa tarjeta de crédito del Baninter que se otorgó al coronel Pepe Goico no montaba 40 millones de pesos, como se denunció en noviembre pasado, sino “diez o quince veces más”.

            El doctor Marino Vinicio Castillo sostuvo que con la “Pepe-Card” se habrían gastado 20 millones de dólares, que a una tasa promedio de 17.50 que prevalecía en aquellos días equivaldrían a unos 350 millones de pesos.

            Según lo que han publicado los periódicos y se escuchó en radio y televisión, con esa tarjeta del Baninter se habrían comprado un avión, un helicóptero, así como sofisticados equipos de seguridad israelíes, que luego se habrían vendido a un gobierno extranjero, y más tarde llegarían a manos de la guerrilla colombiana.

            La publicación de tamaños cargos contra un alto oficial de la seguridad del Presidente dela República no asombró ni siquiera a los medios que le dieron cabida. Mucho menos al coronel Pepe Goico, ni a la secretaría de las Fuerzas Armadas, ni al gobierno. Ni un solo editorial reclamó esclarecimiento y responsabilidades. Como si no se hubiese dicho.

            Ni siquiera porque el doctor Castillo fue tan lejos como afirmar que Goico no será el funcionario de menos rango o categoría que acusarán del “fraude cometido contra el Baninter con la tarjeta de crédito que se utilizaba en los viajes internacionales del presidente Hipólito Mejía”.

            Es posible que muchos no se asombraran por la enorme imaginación que ha demostrado el doctor Castillo en su accionar como político y como abogado. Pero en este caso el jurista promete depositar ante el juez que instruye el fraude los correspondientes comprobantes de gastos de la aludida tarjeta.

            Si la acusación de los abogados de Báez Figueroa deja muy mal parado al gobierno, no pone en mejores condiciones a su defendido. Pero eso tampoco causará asombro. Lo que han dicho es que ese banco no sólo otorgaba tarjetas a altos funcionarios para que gastaran a su antojo, sino que no controlaba los montos. Y que mintieron cuando en comunicado público dijeron que lo gastado por Pepe Goico eran 40 millones de pesos.

            Nadie supone que con una tarjeta de crédito se compre un avión, un helicóptero y hasta equipos militares. Tampoco que un banco autorice gastos por 350 millones de pesos con una tarjeta que no se pagaba. De ser cierta la versión, sería una magnífica muestra de cómo se manejaron los recursos de los ahorrantes en ese banco. Con razón quebró.

            En cualquier caso, lo primero deseable es que el doctor Vincho Castillo cumpla su promesa y no solo entregue los comprobantes al juez, sino que los haga públicos para contribuir a establecer las responsabilidades de esta escandalosa quiebra bancaria.

            De presentar esas pruebas, tal vez el gobierno se vea en la obligación de dar una explicación. Y a lo mejor hasta se anime a hacer transparente todo lo relacionado con el caso Baninter. Pero no nos hagamos muchas ilusiones. Ningún asombro causará que se muestren esas pruebas y el coronel Goico sea ascendido, y el secretario de las Fuerzas Armadas y el gobierno sigan como si nada ocurriera.

            Al fin y al cabo desde que se destapó el escándalo Baninter, en pleno Palacio Nacional y en presencia del presidente de la República y el secretario de las Fuerzas Armadas, el gobernador del Banco Central dijo que 70 generales cobraban en ese banco. Y nadie ha considerado necesario aclarar nada.

            ¡Algo grande tiene que ocurrir para que recuperemos la capacidad de asombro!

 

 

La pobre imagen de los legisladores

Por Juan Bolívar Díaz

Si a la mayoría de nuestros legisladores les importara la imagen que proyectan frente a los electores, seguro que no estaríamos presenciando el espectáculo de estos días cuando en ambas cámaras se desarrolla una sórdida lucha por las posiciones directivas a ser renovadas el 16 de agosto próximo, como cada año.

Encuestas y estudios de las más diversas categorías han mostrado en los últimos años que el Congreso Nacional es una de las instituciones que menos confianza genera en la ciudadanía, sólo superado por los partidos políticos.

Así quedó en evidencia en las tres encuestas nacionales de Cultura Política y Democracia, auspiciadas por la Universidad Católica Madre y Maestra dentro del Proyecto para el Apoyo a Iniciativas Democráticas, la última de las cuales fue publicada en febrero del 2002.

Cuando se preguntó a una muestra bien representativa de la sociedad dominicana sobre las isntituciones en que más confiaban, la Iglesia Católica, los medios de comunicación y la Iglesia Evangélica encabezaron con 60, 35 y 31 por ciento. En la cola se situaron el Congreso Nacional y los partidos políticos, con 12 y 6 por ciento, respectivamente.

Ambas instituciones también ocupaban los dos últimos peldaños en un índice de confianza elaborado en base a la encuesta. En el caso del Congreso, reduciéndose de 0.75, a 0.74 y 0.73 en las tres encuestas citadas, efectuadas en 1994, 1997 y 2001.

En la última encuesta Gallup para Omnimedia, recién publicada, los legisladores no quedan mejor parados. E.l 83.6 por ciento de los encuestados considera que van al Congreso a hacer política y enriquecerse. Sólo un 16 por ciento considera que dedican su tiempo a trabajar por el país, mientras el 80.8 por ciento lo niega. Y el 80.3 por ciento estima que los diputados y senadores no mantienen contacto con sus electores.

Esas estadísticas deberían motivar profundas reflexiones y mejores actuaciones de los legisladores. Pero no cuentan con que un día los electores se cansarán de ser burlados y se ausentarán de las urnas, como ha ocurrido ya en otras naciones de la región.

Esta semana, como ejemplo, ha sido devastadora. El presidente del Senado, Andrés Bautista, aspirante a la reelección, acusó a dos funcionarios gubernamentales y dirigentes de su propio grupo dentro del Partido Revolucionario Dominicano, el llamado PPH, de usar recursos estatales para apoyar a su contrincante Jesús Vásquez Martínez, quien ha sido respaldado por 15 senadores.

Lo más relevante es que Bautista regaló un anillo de oro a cada uno de sus colegas senadores, obviamente como parte de su campaña electoral. El costo se estimó en más de 200 mil pesos, sin que se explicara si lo financió de su propio peculio, de las arcas del Senado, o de “contribuciones”.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la reformista Rafaela Alburquerque, se adscribió al criterio de que “el poder no se entrega, que hay que arrebatarlo”, y se fue a buscar el apoyo del presidente de la República para mantenerse en el cargo. Allí casi se encuentra con otro de sus correligionarios, Víctor Bisonó, que andaba en lo mismo.

Alburquerque y Bisonó parecen ser los favoritos, atendiendo a que el agrónmomo Hipólito Mejía declaró que seguía favoreciendo a un reformista para presidir la cámara baja. Mientras a la doctora Liselot Marte de Barrios, una de las mejores políticas del país, no se le atribuye posibilidad alguna de presidir la cámara, pues al parecer no tiene capacidad de amarres. No regala canastas ni anillos, ni “resuelve”.

Y a pesar de que parecería ilógico esperar que a 9 meses de las elecciones presidenciales el partido de gobierno y el presidente Mejía priven a sus eventuales aliados reformistas de la presidencia de la cámara, el diputado perredeísta Alfredo Pacheco ha lanzado su campaña, con un libro de 131 páginas, almuerzo para periodistas y reunión con 121 diputados de todos los partidos.

Pacheco realiza una fuerte inversión, destinada obviamente a perderse. Su aspiración está divorciada de la razón política, de lo posible, y de espalda a los intereses de su partido, que es cosa secundaria.

La campaña electoral para ganar el voto de los 32 senadores o de 150 diputados se lleva a los medios de comunicación, como si se tratara de un asunto de alto interés nacional, que involucrara a millares de ciudadanos, en medio de una profunda crisis económica y creciente desesperanza.

Con actuacioens como esas se afianza la imagen desfavorable que tiene la ciduadanía sobre el Congreso Nacional y los legisladores. Y es deplorable por tratarse de la representación directa de los electores, de la entidad responsable de la legislación y de la vigilancia del Poder Ejecutivo, y una de las bases fundamentales de la institucionalidad democrática nacional.-

Urge adecentar el ejercicio político

Por Juan Bolívar Díaz

            Una de las conclusiones que sale a flote en todos los círculos donde se analiza el trauma nacional financiero que afecta al país es la necesidad de adoptar disposiciones jurídicas y realizar esfuerzos para adecentar el ejercicio de la política, antes que el descrédito en que está sumido arrase con los partidos y genere una crisis institucional que ponga en jaque nuestra incipiente democracia.

            Hace tiempo que en nuestro medio la política dejó de ser la ciencia más digna, después de la filosofía, de ocupar las mentes humanas, como la definiera el fundador de la República, Juan Pablo Duarte.

            Así lo han diagnosticado las tres encuestas sobre Cultura Política y Democracia, del Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas realizadas a partir de 1994, en las que ha quedado evidenciado el progresivo deterioro de la imagen de los partidos políticos, del Congreso Nacional y de las actividades políticas, concebidas como forma de enriquecimiento individual.

            En las Encuestas correspondientes a 1994, 1997 y 200l, los partidos políticos ocuparon la última posición entre 16 sectores o instituciones en el índice de confianza de la ciudadanía. No pudieron estar más abajo porque no había ni un solo escalón descendente más.

            En el escándalo de la quiebra del Banco Intercontinental resalta la tremenda complicidad y el maridaje que tiene lugar entre política-políticos-funcionarios públicos e intereses privados.

            Nadie podrá saber qué proporción de los 56 mil millones de pesos en que se ha cifrado el fraude bancario fue invertida para comprar la complicidad, el silencio y el paragua de cobertura de políticos y gobernantes. Pero por lo que se ha dicho es bien elevado.

            Se percibe en todos los ambientes que nuestros partidos están encaminados al descrédito total que alcanzaron los de muchos países latinoamericanos, como Brasil, Perú Guatemala y Venezuela, donde se produjeron vacíos institucionales que fueron llenados por los Collor de Melo, Alberto Fujimori, Serrano Elías y Hugo Chávez, que luego devinieron en estruendosos fracasos.

            Antes que sea demasiado tarde será preciso que por lo menos pongamos atención a las pautas de la ley electoral sobre el financiamiento de los partidos y determinemos las reformas que sean necesarias para establecer límites y para acortar los períodos de nuestras extensas campañas electorales.

            Por la salud de la democracia urge abaratar el costo de la política y reducir un sistema de complcidades e impunidades que no ha permitido siquiera que un diputado acusado de tráfico de inmigrantes sea procesado por la Suprema Corte de Justicia. El sistema político insiste en mantenerle una inmunidad que hace tiempo debió perder.

            En la Sección II de la ley electoral referente a la Contribución a los Partidos Políticos, el artículo 55 indica que “Sólo se considerarán lícitos los ingresos provenientes del Estado canalizados a través de la Junta Central Electoral y las contribuciones de personas físicas, quedando terminantemente prohibido la aceptación de ayudas materiales de grupos económicos, de gobiernos e instituciones extranjeras y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas”.

            Muy pocos parecen haber reparado en el contenido de ese artículo, y desde luego, ninguno de nuestros partidos ni de sus dirigentes. Obsérvese que prohibe específicamente recibir ayuda de grupos económicos.

             El párrafo II del artículo 52 de la misma ley dispone que la Junta Central Electoral “solicitará a la contraloría General de la República que audie los registros contables de cada partido para determinar las fuentes de ingresos y los gastos correspondientes”. Desde luego ello sólo será posible si se cumple otro mandato del mismo artículo que dispone “crear un sistema contable de acuerdo a los principios legalmente aceptados, en el que reflejen los movimientos de ingresos y egresos del partido”.

              Hace tiempo que en los círculos académicos de la política se viene clamando por una ley de partidos políticos que regule todas sus actividades. La Comisión Nacional de Reforma del Estado ha elaborado anteproyectos al respecto.

               Pero de nada valdría ninguna otra ley, si no cumplimos las que ya tenemos y si no surge una voluntad por establecer límites y cambiar el curso del deterioro que nos afecta.

               Hay muchas personas honradas en la política y sobre ellas debe recaer, junto a las instituciones sociales, la responsabildiad de poner un alto al derrotero que lleva el partidarismo político, y especialmente al derroche de recursos en precampañas y campañas interminables. Recursos que salen del Estado y del financiamiento privado que se ofrece generosamente para luego reclamar privilegios, facilidades e impunidades.-

Ante una crisis bancaria

Por Juan Bolívar Díaz

            Para los comunicadores sociales que pretendemos ejercer la profesión con responsabilidad y entereza resulta siempre difícil abordar temas como el de la crisis que ha afectado en los últimos tiempos al Banco Intercontinental que sin duda ha influído en la devaluación del peso que pagamos los dominicanos.

            El hecho de que las autoridades monetarias y gubernamentales hayan tenido que acudir en auxilio de esa entidad bancaria con redescuentos y adelantos que ya superan los 10 mil millones de pesos, según los informes extraoficiales, pero de fuentes acreditadas, convierte el problema en nacional, de sumo interés para el conjunto de la sociedad.

            El manejo de un banco, en este caso uno de los más grandes del país, no puede ser materia del ámbito privado, porque su eficiencia o ineficiencia, puede ser determinante para millares de personas y su ruina por mala administración o inversiones irresponsables puede costar a todo el sistema financiero y a la nación.

            La situación siempre será delicada, por cuanto hay que tener el fino tino de demandar responsabilidades, sin causar alarmas ni sembrar desconfianzas que pudieran complicar el panorama financiero y en consecuencia crear mayores problemas para el colectivo social.

            No es este el primer banco que quiebra en el sistema financiero nacional, y si no se trata con la debida responsabilidad, seremos todos cómplices de ineficiencia, derroche y quien sabe cuántas debilidades más que no pueden ser ocultadas bajo el argumento de que el problema fue ocasionado por rumores. Es que los rumores estaban más que fundados.

            Las autoridades del Banco Central han actuado con responsabilidad al abordar el problema del Baninter, al menos en su tramo final. Tras el fracaso de un intento de venta, decidieron rápidamente su intervención, y han puesto su administración en manos profesionales responsables y garantizado los ahorros de todos sus clientes.

            Pero hasta los chinos de Bonao saben que los volúmenes comprometidos son de magnitud y que hace meses ya están costando al conjunto de la sociedad dominicana, razón más que suficiente para que llegado el momento se haga transparente todo el asunto, con las debidas responsabildiades, atendiendo al Código Monetario y Financiero. Sin excesos, pero también sin lenidad.

            En la presente etapa, tras la intervención y las garantías a los ahorrantes, lo primero que corresponde es que las autoridades concentren el mayor empeño en recuperar los activos del grupo financiero, muchísimos de ellos fuera del sector, para disminuir la magnitud del hueco o déficit.

            Posteriormente las lecciones que deja esta crisis, tanto para el sector público como para el privado, deben ser compartidas por la opinión pública. De esa forma contribuiremos a disminuir los riesgos para el futuro. Hay demasiado hechos injustificables que deberán ser dilucidados, no ocultados.

            Resalta la irresponsabilidad de quienes en los últimos años ejercieron la Superintendencia de bancos. Obviamente que sostenemos un inmenso aparato burocrático que no sirve al interés de supervisar las instituciones financieras y evitar desenfrenos.

            En el caso que nos ocupa los excesos estaban a la vista de todos y hace años que algunos observadores preguntaban cómo era posible tanta abundancia. Pero los llamados a supervisar y a reclamar enmiendas no se dieron ni por aludidos.

Para abonar el disgusto y el asombro, el Presidente de la República acaba de premiar a su Superitendente de Bancos, ascendiendolo al cargo de secretario administrativo de la presidencia.

            El caso replantea una vez más el problema de la política, de una enfermedad mucho peor que el clientelismo, pero de la que poco se discute. Le llaman rentismo, es decir las inversiones de grandes capitales en las candidaturas, que luego se cobran de mil maneras.

            La crisis del Baninter no es nada fácil, y por lo que trasciende se puede temer que estamos ante un escándalo de grandes proporciones, que de ninguna forma podrá ser ocultado. Por más generosos que hayan sido –y lo fueron- los gerentes de esa organización financiera.

            Hay que reconocerle un amplísimo apoyo a las actividades artísticas y deportivas. Y su enorme inversión en publicidad, hasta constituirse en el mayor anunciante del país. Pero probablemente eso formó parte del caldo en que se cultivó su lamentable derrumbe.-

 

El reeleccionismo y el tiempo perdido

Por Juan Bolívar Díaz

Por lo que se escuchó y leyó sobre las inauguraciones gubernamentales del pasado jueves en la provincia San Pedro de Macorís, el grupo político del presidente Hipólito Mejía persiste en su vano esfuerzo por promover una reelección presidencial que cada día se ve más como un sueño irrealizable.

De nada han servido las lecciones de las encuestas, ni siquiera la que esta misma semana situó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) en el tercer lugar de las preferencias electorales, con una caída que sólo tiene precedente en el período 1986-90, cuando, acorralado por las persecuciones y el descrédito, se dividió originando el Partido Revolucionario Independiente con Jacobo Majluta a la cabeza.

Creo que ese esfuerzo por imponer la reelección es de los factores que más daño han hecho a la imagen del perredeísmo, que llevaba 63 años sustentando el anticontinuismo como esencial para el desarrollo institucional y democrático de la nación.

Fueron 19 meses, desde diciembre del 2000, hasta julio del 2001, que los seguidores del agrónomo Hipólito Mejía gastaron hasta imponer la restauración constitucional del reeleccionismo que José Francisco Peña Gómez había vencido en la reforma de sólo 6 años antes.

Lo hicieron bajo presiones y compras de conciencias, dentro y fuera de su propio partido que se dividió profundamente al respecto, ignorando la opinión pública, contra los demás partidos y las organizaciones sociales, a cualquier precio.

Y lo peor es que todo eso se materializó mientras el presidente Mejía juraba y perjuraba que haría honor a su palabra y respetaría el credo anticontinuista del perredeísmo histórico.

¡Tremenda contradicción generadora de incertidumbres y desconfianza! Con razón todavía en la última encuesta más de la mitad de la población persiste en creer que el mandatario desea ser reelecto. Son sus partidarios más cercanos los responsables de esa falta de credibilidad en la palabra presidencial.

Esa incredulidad genera seria desconfianza e incertidumbres que abonan los problemas políticos, debido a que en la historia nacional la carrera releccionista implica desbordamiento y abuso del gasto público, manipulación de personas e instituciones y arrebatos electorales.

Lo que ha ocurrido a partir de septiembre con la Junta Central Electoral parece inscribirse en esa dirección. Esa institución se sumiría en una crisis más profunda si el presidente Mejía tuviera la debilidad de faltar a la palabra cien veces empeñada.

Pese a todos los indicadores en contra, me cuento entre quienes dan crédito a la palabra presidencial, no sólo por ella misma, sino y sobre todo porque no se ve cómo sería posible en las actuales circunstancias dar vida a un proyecto continuista.

La primera víctima sería el propio PRD, donde hasta la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch tendría que enfrentar el proyecto, dados sus conocidos criterios al respecto y sus propias posibilidades. La mayoría de los precandidatos, declarados antireeleccionistas y que hace tiempo vienen consumiendo sus recursos contando con la palabra de Mejía, pasarían al enfrentamiento y se vería el mayor desconcierto en la contradictoria historia del partido blanco.

Nadie que prevea mínimamente puede ignorar que el continuismo se autoliquidó por el momento y que persistir en ello es multiplicar el desconcierto y el descrédito en uno de los momentos más difíciles del perredeísmo, y cuando ya no cuenta con un Peña Gómez para rescatarlo, como ocurrió a partir de 1990.

Sólo en medio de un gran desorden que nadie debe descartar, podría “obligarse” al presidente Mejía a contradecir su palabra y repostularse para “salvar el partido”. Pero el costo de tal hipotética situación multiplicaría el descrédito de los perredeístas y la desconfianza en su capacidad para dirigir el país. Nada los salvaría, porque un intento de manipulación electoral sólo serviría para generar un formidable frente anticontinuista.

En ese escenario el deterioro económico se multiplicaría hasta términos inimaginables, incentivado por la desconfianza en la gestión política y en la institucionalidad democrática, lo que, a su vez, abonaría el descontento y la oposición.

No hay manera de entender la persistencia en el camino continuista, en momentos en que el gobierno hace encomiable esfuerzo por enfrentar el deterioro de los últimos meses, al menos en los ingredientes nacionales que pueden ser controlados. Porque los exteriores siguen afectando y amenazando ominosamente al país.

Viendo el cuadro se puede concluir en que la política nacional sigue siendo rudimentaria y repetitiva. Tal vez los hipolitistas estén esperando despertar a la realidad tan tarde como lo hicieron los guzmancistas en 1981, quienes tras fracasar en los intentos continuistas apoyaron muy tarde a Majluta.

O perder más tiempo que los continuistas del pasado período gubernamental que consumieron tantos recursos y energías y se sumieron en el descrédito persiguiendo el imposible de restaurar la reelección presidencial.

   ¡Oh reelección cuanto tiempo, oportunidades y recursos se pierden en tu nombre!

Hoy por ti, mañana por mi

Por Juan Bolívar Díaz

La mayoría perredeísta y reformista de la Cámara de Diputados decidió formalmente esta semana mantener la inmunidad parlamentaria al legislador Radhamés Ramos García, a quien la Suprema Corte de Justicia le sigue un proceso por tráfico ilegal de inmigrantes chinos, en una nueva demostración de desprecio al sentimiento nacional que reclama energía y transparencia frente a todo género de corrupción.

No es que afirmemos que Ramos García es culpable de los cargos que pesan en su contra, lo que corresponde a la justicia. El mismo ofreció indicios suficientes, por lo menos para que un juez de la Suprema Corte de Justicia dispusiera su procesamiento y es en esa instancia judicial donde debe decidirse su culpabilidad o inocencia, sin ningun género de obstáculo, mucho menos aprobado en una cámara legislativa.

Se trata del excónsul en Cabo Haitiano que hace algunas semanas declaró que “se ganó” un millón y medio de dólares, ejerciendo esas funciones en la paupérrima ciudad del norte de Haití. Cuando se le detuvo a mediados del año pasado estaba comprometido directamente en el ingreso al país de unos 14 ciudadanos chinos.

Vale recordar que él mismo gestionó la apertura del paso fronterizo de Dajabón para que los orientales pudieran ingresar al país en horario ya nocturno, cuando ni siquiera había funcionarios inmigratorios para atenderlos, a tal punto que se comprometió a llevarlos de regreso al día siguiente para cumplir los trámites. Lo contó con lujo de detalles en una entrevista que le hiciéramos en esos días en el telediario de Teleantillas.

Ramos García se involucró directa y doblemente en el ingreso irregular. Primero porque les emitió visas a ciudadanos chinos sin previa autorización de la cancillería dominicana, como está estipulado para todos los orientales.

Pero al margen de su culpabilidad o inocencia, la carta de inmunidad parlamentaria es abusiva y se inscribe dentro de los ajetreos políticos por defender cualquier género de tráfico al amparo de las funciones públicas en contradicción con la mayoría ciudadana que reclama transparencia y honestidad. Al punto que en la última encuesta Hamilton para HOY el 90 por ciento dijo que hay corrupción en el actual gobierno y poca disposición para combatirla.

Entre los alegatos que se esgrimieron para justificar la protección se cuenta el que Ramos García no era todavía diputado cuando ocurrieron el hecho que se le imputa, lo que, por el contrario, debería ser una razón adicional para no protegerlo con ese manto. Si hubiera respeto por la dignidad del legislador, él no habría sido juramentado en el cargo hasta que un tribunal decidiera.

Tanto los diputados como el Procurador General de la República han extendido el alcance del artículo 32 de la Constitución que prohibe el apresamiento de senadores y diputados “durante la legislatura” sin la autorización de la cámara a la que pertenezca.

Tal mandato no pretende proteger delincuentes, sino simplemente evitar que por razones políticas o interés cualquiera de las autoridades se obstruya la función legislativa encarcelando a uno o varios diputados o senadores. Es obvio que tal circunstancia no se da en el caso y que el mandato de prisión ha sido fundamentado por un juez de instrucción, nada menos que de la Suprema Corte de Justicia.

Ramos García ha gozado de progtección desde el principio, pues se le extendió el alcance de ese mandato constitucional desde antes de ser legislador y cuando no había comenzado ni siquiera el período para el que resultó electo.

Asistimos al espectáculo de ver que un legislador procesado por cargos criminales de delincuencia común sale de la cárcel para ir a decidir en materias legales. Alguien debería elevar una instancia para que la Suprema Corte decida si el espíritu y la letra del artículo 32 de la Constitución alcanza para tanta desverguenza.

Cuánta pena produce que 77 de 89 diputados hayan sumado sus votos a esa chapucería legal y política, cuando deberían ser los más interesados en hacer respetar la dignidad del legislador.

Y entre esos estaba la mayoría perredeísta, más empeñada en tender un manto de protección a un compañero de partido, que en entender las señales políticas de que el país se está cansando de tanto tráfico y enriquecimiento a la carrera al través de las funciones públicas.

¡Cuánta falta de respeto a la nación y a los principios fundamentales de la gestión pública! Pero también cuánta escasez de talento político en momentos en que las encuestas indican que este país está aprendiendo el juego de la alternabilidad en el poder, tal vez como forma de sancionar el mandato electoral.

Una de las crónicas periodísticas de la sesión del miércoles donde los diputados se autoprotegieron indica que la representante Octavia Medina había fundamentado su voto en la vieja máxima popular de “hoy por ti, mañana por mi”, un argumento verdaderamente contundente.-